ETA. La tapadera. Por José García Domínguez

Como si las organizaciones nazis morasen fuera de la ley en todo el mundo por los asesinatos presuntos que cometería un hipotético cuarto Reich, no por los reales y concretos que en su día llevó a cabo el tercero.

Después de tanto alarde vano de laicismo, resulta que nuestra socialdemocracia doméstica compartía con Roma la premisa mayor, a saber, que la fe encarna la primera de las virtudes teologales. Al respecto, si fe es creer con rendida devoción en lo nunca visto, ¿acaso cabe superior testimonio de piedad que festejar unos estatutos, los de la enésima reencarnación de Batasuna, por nadie conocidos aún? Pues eso que el Iglesias del PSOE ya ha dado en proclamar "mejora notable", de momento, yace escrito en tinta invisible. E igual cabe certificar de la prensa gubernativa, tan comecuras ella, repentina presa ahora de la fe del carbonero. Y es que, a fin de cuentas, todo lo que hay en ese asunto es el verbo tosco de cierto Rufino, un montaraz franco de servicio mientras dure el asueto táctico de su partida.

Así, el tal Rufino se dice presto a repudiar ahora mismo los crímenes que no han sucedido. Pero solo ésos. Otros venden parcelas de la Luna, Rufino, más audaz, reparte certificados de buena conducta prendido a la máquina del tiempo. Como si las organizaciones nazis morasen fuera de la ley en todo el mundo por los asesinatos presuntos que cometería un hipotético cuarto Reich, no por los reales y concretos que en su día llevó a cabo el tercero. Ya en otro orden de perplejidades, los creyentes, víctimas de una muy oportuna amnesia, pretenden desconocer letra y música de la Ley de Partidos.

Olvido, el suyo, que exoneraría a Rufino de tener que expulsarse fulminantemente a sí mismo de la nueva tapadera. Sépase que celebrar a terroristas, único empleo conocido del interfecto, supone factor expreso de prohibición. Tampoco, en fin, las sentencias todas de los tribunales –las del Supremo, las del Constitucional, la definitiva de Estrasburgo– dejan demasiadas rendijas a la infamia. Recuérdese la meridiana claridad de ésa última, cuando resuelve que la ilegalización no se fundamentó exclusivamente en la pertinaz renuencia de los rufinos de turno a condenar las carnicerías de sus pares. "El comportamiento de los políticos", prescribe tajante, "engloba de ordinario no solo sus acciones o discursos, sino igualmente, en ciertas circunstancias, sus omisiones o silencios, que pueden equivaler a tomas de posición y hablar más incluso que toda acción de apoyo expreso". Tan abyectos, Rufino, los silencios.

Libertad Digital - Opinión

Que no. Por Ignacio Camacho

Demasiada prisa y poco arrepentimiento. No pueden volver sin pedir perdón como si no hubiese pasado nada.

QUE no, que no cuela la pantomima. Que estos etarras sin capucha no engañan más que a quien esté dispuesto —¿queda alguien aún?— a dejarse engañar. Que tienen demasiada prisa para tan poco arrepentimiento. Que hace falta mucho tiempo para cauterizar las heridas de tantos años de plomo. Que no pueden volver disfrazados de hijos pródigos y sin pedir perdón como si aquí no hubiese pasado nada.

Porque han pasado muchas cosas, y porque aún tienen que pasar muchas más. Tienen que pasar años de sedimento del dolor, que no de olvido. Tienen que transcurrir muchas lunas sin violencia, sin intimidación, sin terror, sin coacción y sin muerte. Tiene que cumplirse la justicia sin la que no hay reconciliación posible. Tiene que disiparse de manera categórica todo atisbo de dependencia y de continuismo respecto al delirio autoritario de dominación armada. Tiene que quedar demostrada de forma fehaciente la voluntad de reinserción en el sistema que tan cruelmente han combatido sin compasión ni piedad. Tiene que ser patente la contrición y explícita la autocrítica. Tiene que mediar una petición expresa y convincente de perdón a las víctimas. Tienen que existir pruebas claras de un desistimiento convencido que vaya más allá del tacticismo pragmático y del ventajista principio de la oportunidad. Y, sobre todo, y previamente, tiene que desaparecer por completo la amenaza sobre la que desde hace años respaldan su chantaje político. Tiene que rendirse ETA y hacerlo sin condiciones expresas ni sobrentendidas. Tiene que reconocer su fracaso y disolverse a cambio de nada.

A cambio de nada es a cambio de nada. Ni impunidad penal ni indulgencia moral ni tolerancia social ni contrapartida política. Nada. Primero nada, después nada y luego ya veremos. Pero luego es mucho más tarde, cuando la sociedad agredida pueda asimilar con dignidad y honor el final del sufrimiento y acaso sentirse en condiciones de ser lo generosa o lo compasiva que no han sabido ser sus enemigos. Antes, nada. Nada de agradecimientos, nada de amnesia, nada de subterfugios. Sólo silencio. Y firmeza. Y ley.

Después de 870 asesinatos no pueden venir con urgencias, recién maquillados para la ocasión y sin arrepentirse. El dilema no consiste en creerles o no creerles, sino ceder o no ceder. Si de veras quieren romper con el terrorismo es menester darles tiempo para mostrar la autenticidad de su abandono. Mayo no es mañana: es casi ayer a efectos de esta difícil recomposición moral que ha de presidir la normalización política. No al revés. Después de mayo tendrán un año hasta las generales y cuatro hasta las nuevas locales y forales que tanto les interesan; un plazo suficiente para asentar su recién adquirida vocación de retorno a la civilidad democrática. Antes no puede ser, salvo que además de inventar la democracia bonita queramos patentar la democracia tonta.

ABC - Opinión

Otra farsa de ETA

Ninguna sorpresa: los secuaces de ETA escenificaron ayer su enésima pantomima al Estado de Derecho al presentar una nueva franquicia de Batasuna con el objetivo de presentarse a las próximas elecciones municipales. Prueba de ello es que las voces y los rostros de la nueva marca –Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Jon Petrikorena y Tasio Erquicia– presentan las credenciales de pleitesía a los etarras, además de participar activamente en generar recursos para sus extorsiones y asesinatos a través de su presencia en las instituciones, algo que se logró erradicar con la Ley de Partidos y con las distintas sentencias del Supremo que fueron ilegalizando a la propia Batasuna y después a sus «herederas» Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas e Iniciativa Internacionalista.

El nuevo órdago al Gobierno, a la Justicia y a la sociedad española bebe de las fuentes de Batasuna aunque utilice, –e incluso manosee en función de su conveniencia– otras palabras. Algunos, entre ellos el PNV, están tentados de creerse esta farsa ante la «novedad» de que incluya en sus estatutos un «rechazo a la violencia, incluyendo la de ETA si la hubiera», como si ésta no existiese en la actualidad. Es obvio que los etarras no van a actuar contra la línea de flotación de su nuevo proyecto político con un atentado en los próximos meses, tan obvio como que el entorno etarra vuelve a la escaramuza dialéctica para decir a la sociedad que «rechaza» la violencia, pero no la «condena», como sería deseable y pertinente. Tampoco han pedido a ETA lo que solicitan todos los demócratas: su disolución sin ninguna contrapartida, incluso ayer hablaron de un proceso de diálogo y negociación, asumiendo así que la desaparición de la banda debe ir acompañada de algún gesto de magnanimidad. No condenaron los atentados de los etarras de las últimas décadas, como si interpretaran que hay que hacer tabla rasa, lo que sería un insulto inaceptable para las víctimas, y se ampararon en los principios del senador Mitchell, que contempla un escenario con dos partes en conflicto, una vieja aspiración de ETA, que siempre ha querido que sus crímenes sean considerados como parte de un enfrentamiento político entre España y el País Vasco que no es tal.

Es de esperar que este nuevo partido no encuentre ningún resquicio legal para estar presente en las urnas la próxima primavera. Porque no hay lugar para el engaño: ETA sigue viva y Batasuna continúa siendo su ramificación política que busca desesperadamente un hueco en la escena política vasca. Ante esta nueva treta, el Gobierno tiene que responder con contundencia buscando pruebas con las que se las pueda llevar ante los tribunales, como anunció ayer Pérez Rubalcaba, que remitirá a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado los estatutos junto a los informes de la Policía. Este escenario no debería erosionar la firmeza con la que el PSOE y el PP han amparado las condiciones de la Ley de Partidos que tan buenos frutos ha dado en el pasado, al desactivar políticamente cualquier iniciativa del entorno etarra. Sabemos cuál es el camino para derrotar a los asesinos. Cualquier desvío al albur de esta nueva estratagema de los esbirros etarras supondría cometer un error que los demócratas no nos podemos permitir.

La Razón - Editorial

¿Seguirá el Estado siendo el "tonto útil" de los proetarras?

Tras décadas de tolerada representación y subvención pública de los proetarras, ya no hay trampas en las que la estupidez de nuestras élites pueda ampararse sin despertar sospechas de complicidad.

No deja de ser tristemente elocuente el hecho de que los mismos partidos y medios de comunicación que han silenciado la protesta de Voces contra el Terrorismo del pasado sábado hayan puesto ahora el altavoz al más reciente intento de los proetarras de volver a burlar la Ley de Partidos con la fundación de una "nueva" formación que asegura "rechazar" la violencia, "incluyendo la de ETA si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones".

Además de que el más elemental sentido de la responsabilidad y de la decencia exigiría poner en cuarentena cualquier declaración procedente del entorno etarra, cabe señalar que lo que han declarado históricos de Batasuna, como Echevarria o Iruin, respecto a los estatutos de esta última tapadera política de ETA, en modo alguno constituye ni una petición de perdón a las víctimas del terrorismo, ni una condena a ETA, ni menos aun una renuncia a los delirantes y totalitarios objetivos por los que los etarras han declarado numerosa treguas a lo largo de su criminal historial de "lucha armada". Lo único que suponen estas declaraciones, en plena tregua de los pistoleros, es un no menos estratégico y utilitario rechazo genérico a la violencia, con el que en realidad se está equiparando la violencia de los terroristas con la violencia legitima de un Estado de Derecho que, como tal, no debería admitir intermitencias en su lucha por preservar la ley y la libertad de los ciudadanos.

"Incluyendo la violencia de ETA, si la hubiera", dicen estas apenas disimuladas correas de transmisión de la banda terrorista. Vamos, como si la tregua de la banda no fuera eso, un mero cese temporal y condicionado de una violencia que, por esos mismos motivos, permanece amenazante, implícita y latente mientras los terroristas y sus voceros no asuman su derrota y declaren su irreversible disolución.

ETA ya ha demostrado hasta la náusea para qué ha declarado sus treguas y para qué ha permitido que su brazo político cambie de siglas en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo. Aquí quien tiene que demostrar que no va a ejercer de "tonto útil" de los terroristas, por primera vez y desde la creación por parte de ETA de Herri Batasuna, es el Gobierno y su dependiente Fiscalía, la única, desgraciadamente, que puede instar los procesos de ilegalización.

Sencillamente, tras décadas de tolerada representación y subvención pública de los proetarras, ya no hay trampas en las que la estupidez de nuestras élites pueda ampararse sin despertar sospechas de complicidad.

MEDIO - Opinión

Batasuna y su caballo de Troya

Lo realmente decisivo es la realidad de esta formación. En concreto, si su creación responde o no a la estrategia institucional de ETA.

LA izquierda proetarra presentó ayer los estatutos de una nueva formación política, con la que pretende recuperar espacio político y presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo. La supuesta novedad es que, según los portavoces que explicaron las bases del proyecto, los estatutos rechazan el uso de la violencia, incluida la de ETA. Claro que si esos portavoces son Rufino Exteberría e Íñigo Iruin, la novedad suena a trampa, al enésimo disfraz con el que ETA quiere volver a colarse en las instituciones con un «caballo de Troya». También los estatutos de Acción Nacionalista Vasca rechazaban la violencia y acabó ilegalizada y disuelta por el Tribunal Supremo. La nueva máscara de Batasuna rechaza la violencia en medio de una tregua de ETA, pero bastará que ETA reanude sus actos terroristas con la excusa de que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de la tregua para que el nuevo partido justifique en el «conflicto político» su negativa a condenar el terrorismo. La cuestión esencial no es la condena a ETA. Ni Batasuna fue ilegalizada por no condenar el terrorismo ni el nuevo partido pasará los filtros legales solo por rechazar —que no condenar— la violencia venga de donde venga. Lo realmente decisivo no es lo que digan los estatutos, sino los hechos y la realidad de esta formación. En concreto, si su creación responde o no a la estrategia institucional de ETA. Y mientras entre sus fundadores estén personas judicialmente vinculadas con los terroristas y no haya una clara segregación de este partido respecto de los fines de ETA, la obligación del Gobierno es actuar legalmente contra él.

Tal actuación debe empezar inmediatamente, suspendiendo la inscripción del partido político, bien porque lo considere una asociación ilícita, en cuyo caso deberá comunicarlo al fiscal para que presente la querella correspondiente; bien porque lo considere sucesor de un partido ya ilegalizado. Y si finalmente este partido es inscrito, porque no hay posibilidad legal para impedirlo, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal son las únicas instituciones que pueden pedir al Tribunal Supremo su ilegalización. Cualquiera que sea la opción contra esta nueva Batasuna, es el Gobierno de Rodríguez Zapatero el único que puede promover, en plazo breve, los procesos legales para que los Tribunales impidan su constitución como partido legal o, en todo caso, su actuación como instrumento de ETA. No hay que engañarse. Tras esta iniciativa está ETA, como director de una orquesta terrorista en la que unos matan y otros se hacen pasar por políticos.

ABC - Editorial

Pronúnciese «elegetebé». Por Arturo Pérez-Reverte

Hay varios cantamañanas convencidos de que la lengua no pertenece a quienes la hablan, sino a quienes deciden retorcerla a su antojo a golpe de guía y decreto. Me refiero a esos individuos de ambos sexos -ellos dirían individuos e individuas de ambos géneros- que se atreven, con la osadía de su ignorancia, a lo que ni siquiera pretende la Real Academia Española; que hace ortografías y gramáticas para ordenar y clarificar la parla castellana, pero no establece prohibiciones o valores morales -más allá de las marcas informativas vulgar, despectivo, peyorativo, culto o coloquial- sobre lo que la peña debe decir por la calle, en el bar donde no fuma, o en su casa. Pero hay gente, como digo, segura de que basta poner etiquetas de incorrección política o publicar guías normativas para que el habla de la sociedad se ajuste, sin más, al objetivo buscado. Y como en este país de tontos del ciruelo eso da votos, raro es quien no acaba apuntándose por iniciativa propia -el récord de imbecilidad socialmente correcta, aunque muy disputado, lo tiene de momento la Junta de Andalucía- o bajo presión del qué dirán, financiando verdaderos disparates; que luego, presentados con mucha gravedad y esmero, reservan al político de turno, cargo paniaguado o talibán de pesebre -a menudo se hacen la foto juntos, encantados de haberse conocido-, un lugar en los informativos regionales, o en los telediarios.

La penúltima es valenciana, a cargo del Consejo de la Juventud de allí; que con la colaboración del ayuntamiento local presentó hace un par de semanas su Guía del lenguaje no heterosexista: curioso documento donde, junto a reflexiones oportunas sobre la diversidad sexual y la necesidad de su reconocimiento social, los autores también se meten sin rubor a resolver, en cuatro líneas, complejas honduras de la lengua y su uso. Por ejemplo, manifestando que su objetivo es ser, modestia aparte, «herramienta útil y directa de lucha contra el patriarcado y el heterosexismo a través del lenguaje», a fin de que la creencia de que la gente suele ser heterosexual y adscrita a un sexo determinado -la guía, por supuesto, dice género- «vaya desapareciendo de la sociedad»; por ejemplo, evitándose «esquemas que presupongan la existencia de un padre y una madre». Con especial atención, teniendo presente la diversidad de situaciones familiares actuales, a «rechazar la presunción de heterosexualidad» en las personas. Lo que, dicho en corto, significa dirigirse siempre al prójimo en términos ambiguos y poco comprometidos sobre el sexo de su presunto padre y su señora madre, aunque los tenga. Por si acaso. Y aunque el interlocutor aparente ser varón o hembra -quizá porque lleve bigote o luzca unas tetas de la talla 98-, no dar nunca por sentado que es una cosa u otra, no vayamos a ofenderle la sensibilidad. Etcétera.

Estoy seguro de que esa pandilla de bobos socialmente correctos, que se extiende cual mancha de aceite de oliva virgen, no se da cuenta del lío en que está metiendo a la gente -recuerden a la pobre mujer que habló en la radio de subsaharianos afroamericanos-. De la confusión a que nos expone cuando mezcla conceptos lógicos y respetables con desvaríos de género y génera, con radicalismos idiotas que camuflan la entraña del asunto: la necesidad indiscutible de orientar a la sociedad hacia un cambio de mentalidad y actitudes, haciendo justicia a colectivos sometidos al ninguneo y al desprecio. Sin embargo, para eso hacen falta cultura e inteligencia, elementos poco habituales en la clase política y sus clientes subvencionados. Es más fácil apuntarse dos capotazos en plan caricatura, tachando de reaccionario, machista y homófobo a quien discrepe de las maneras o, con toda la razón del mundo, se chotee del negocio. Ya me dirán ustedes qué suerte puede correr una causa, por noble y razonable que sea, cuando se aliña con estupideces como que es necesario proscribir la expresión «relaciones entre chicos y chicas», por excluyente, cambiándola por «relaciones sexuales»; o cuando se afirma que la palabra homosexual se usa de forma limitadora e «invisibilidad» a las lesbianas, y debe sustituirse de inmediato, por escrito y en el habla cotidiana, por las siglas LGTB. Que engloban a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y además queda más corto y manejable «por economía lingüística».

De manera que, señoras y caballeros, ha nacido otra estrella. Según la guía valenciana, usted y yo deberemos decir en adelante, so pena de ser llamados fascistas homófobos, «Día del orgullo LGTB» -pronunciado elegetebé, ojo-, «comunidad LGTB» y «LGTBfobia». El puntazo, sin embargo, viene al final, cuando la guía se refiere a condenables «expresiones heterosexistes com ara donar per cul». Lo que significa que, a partir de ahora, tampoco podremos utilizar la gráfica, rotunda y siempre útil -especialmente en España- expresión «vete a tomar por culo». Por elegetebefóbica.

XL Semanal

El 5 a las 5. Los partidos políticos contra la sociedad civil. Por Agapito Maestre

Los partidos políticos españoles son un peligro para el desarrollo de la democracia. Basta ver el comportamiento miserable de los dos grandes partidos, e incluso de los pequeñitos, ante la manifestación convocada por Voces contra el Terrorismo.

La sociedad civil ha vuelto a movilizarse por la democracia. La manifestación del sábado de Alcaraz y su buena gente nos da a los españoles un poco de vidilla democrática, es decir, de ser genuinos ciudadanos. Los españoles que se manifestaron el sábado pasado no sólo prestaban "apoyo solidario", o como se diga, a las víctimas de ETA, sino que, en verdad, trataban de darles las gracias a las víctimas por movilizarnos para ejercer nuestra ciudadanía. O rehabilitamos a la víctima en el espacio público político, exactamente en el lugar donde fue asesinada sólo por ser española, o la "democracia" queda reducida a un nombre para que la casta política siga engañando al pueblo. No hay una tercera opción. O estamos con la víctima o apoyamos el cambalache con los terroristas y los nacionalistas.

Los partidos políticos, excepto Ciudadanos, parece que están por lo segundo. O sea, los partidos políticos españoles son un peligro para el desarrollo de la democracia. Basta ver el comportamiento miserable de los dos grandes partidos, e incluso de los pequeñitos, ante la manifestación convocada por Voces contra el Terrorismo contra los cambalaches del Gobierno y ETA para saber que este país es inviable con esta casta política. Independientemente de que ETA muera de "muerte natural" o de los líos entre los bandidos de ETA y el Gobierno, resulta obvio que si no apoyamos políticamente a la víctima del terrorismo es imposible crear un imaginario democrático, o sea, "algo" sobre lo que anclar un mínimo tejido político de carácter nacional.

Sin embargo, las elites de los partidos políticos no quieren saber nada de un asunto central de la vida democrática: la víctima del terrorismo. Prefieren moverse en la oscuridad de la ideología y los intereses a corto plazo. El PSOE y el PP no se definen con claridad y distinción sobre el asunto de cómo acabar con ETA. Se mueven en la retórica. O peor, en el cambalache antidemocrático. En todo caso, es ya hora de dejarnos de planteamientos lastimeros, o moralizantes, a favor de las víctimas y dejar claro de una vez por todas que son ellas las grandes mediaciones morales y políticas que nos posibilitan ejercer la ciudadanía. La democracia. Los partidos políticos comparados con ese esfuerzo de las víctimas pierden toda su legitimidad política. Son un escollo para el desarrollo de esta sedicente democracia.

Sí, sí, excepto este tipo de actuación democrática en la calle, de participación en el espacio público, reivindicando a la víctima del terrorismo como centro neurálgico de la democracia española, el resto es filfa. Ideología. Engaño. Los ciudadanos de bien, los ciudadanos que ejercen la ciudadanía antes como una tarea moral que jurídica, saben que sin este tipo movilización la democracia languidece sin solución de ser resucitada.

Libertad Digital - Opinión

La rendición de ZP. Por César Alonso de los Ríos

ZP tiene el apoyo del poder económico, de los líderes europeos y del Gobierno de EE.UU.

ZP tiene en contra a la inmensa mayoría de los españoles —según las encuestas— pero tiene el apoyo del poder económico, de los líderes europeos y del Gobierno de EE.UU. Aún resuenan las declaraciones de Botín sobre los aciertos del Gobierno; acabamos de vivir el apoyo de Angela Merkel a quien la había identificado como una encarnación del «fracaso» y lo único que desazona de ZP a Sarkozy es la altura corporal. Por si fuera poco ZP ha tenido la suerte de tener en Washington un presidente partidario del multilateralismo. En definitiva, en estos momentos la situación española podría resumirse como la de un gobierno de izquierdas que, al aceptar una serie de soluciones conservadoras, cuenta con el apoyo de los poderes económicos y de los políticos que asumen la hegemonía real de aquel. Por todo ello será muy interesante la respuesta electoral que pueda tener un Gobierno de izquierdas que ha aceptado el dictado del los poderes económicos.

ZP ha sido lo suficientemente frío, descreído y oportunista para abandonar los requerimientos de sus electores ante esta situación de crisis. Es verdad que actuó tarde pero ¿acaso no ha sido llamativo que un gobierno de izquierdas haya tomado al fin las medidas que le recomendaban los alemanes, la UE como institución y el propio Obama? Aun tardíamente lo que hizo me pareció propio de quien se hace el haraquiri, y así lo dije en esta columna. Tardíamente vino a reconocer que la izquierda tiene la batalla perdida frente a los mercados. Él venía siguiendo el modelo económico que funcionaba con Aznar y aun antes: improductivo, no competitivo e inconsciente de la situación creada por la globalización. Pensaba que en tal situación su papel era el de hacer una política «cultural» de izquierdas. A partir de la crisis ha caído en la cuenta de que para subsistir, tiene que rendirse de modo manifiesto al poder económico. Y lo ha hecho.

ABC - Opinión

Rubalcaba entre dos sondeos y el drama político de Zapatero. Por Antonio Casado

De nuevo el fuego amigo. Desde el diario El País, poco adicto al zapaterismo, se machaca el clavo: Rubalcaba for president. La metodología consiste en atrapar al todavía presidente del Gobierno en sus propias palabras. Las ha dicho más de una vez a modo de compromiso ante personas de su primer círculo de confianza. Expresan su intención a dar un paso atrás si llega al convencimiento de que su figura ya no favorece sino que, por el contrario, perjudica la causa electoral del PSOE.

Se trata de ayudarle a llegar cuanto antes a ese convencimiento. Para eso están los sondeos de encargo. El de ayer era inequívoco. Con Zapatero, el PSOE perdería ahora mismo por 15 puntos de diferencia. Con Rubalcaba, solo por 4, superables de aquí a un año con la impagable colaboración de la derecha furiosa, el quietismo de Mariano Rajoy y una cierta esperanza de recuperación económica.

También los medios de comunicación reinventan la popular fábula de Samaniego, el Cuento de la Lechera, para adaptarla a lo querido o a lo temido, personalizado en este caso en la figura del vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior. No hay más que cotejar la encuesta de El País con la de El Mundo. Si su hipotética candidatura reduciría la desventaja a solo 4 puntos en el caso del diario más vinculado al PSOE, en el más próximo al PP no habría grandes diferencias entre Zapatero y Rubalcaba. Ambos sufrirían un revolcón similar. Zapatero por 16 puntos, Rubalcaba por 12. Mayoría absoluta del PP en ambos casos.

«De nuevo el fuego amigo. Desde el diario El País, poco adicto al zapaterismo, se machaca el clavo: Rubalcaba for president.»

Los dos diarios dan por amortizado a Zapatero, pero así como uno propone la figura de Rubalcaba como única posibilidad de tercera victoria consecutiva de los socialistas en elecciones generales, el otro le augura la misma suerte negra que a su jefe. Aquél expresa un deseo. Éste, un temor. Solamente un proceso de intenciones a los dos diarios madrileños que mejor expresan el bipartidismo político nacional nos excusa de preguntarnos cómo es posible tanta disparidad sobre la hipotética candidatura de Rubalcaba en relación con la de Zapatero.

Mas coincidencia se advierte en registrar el nulo o en todo caso negativo impacto del reciente Acuerdo Social y Económico firmado por el Gobierno con patronal y sindicatos, en las expectativas electorales del PSOE. Aquí topamos de nuevo con el verdadero drama político de Zapatero, obligado a elegir entre los mercados y sus votantes. A sus votantes no les gusta el A.S.E por ser de derechas. Ya los votantes del PP no les gusta por ser de Zapatero. Resultado: el PSOE no remonta, e incluso sigue cayendo en las encuestas, mientras empeora la imagen del presidente, también entre sus electores.

En este punto procede aplicar la teoría de los vasos comunicantes. Cuando Zapatero baja, Rubalcaba sube. Y al revés. Ahora le toca subir a Rubalcaba, preparado para frenar el nuevo intento de blanqueo que los amigos de Eta preparan para las próximas horas. Y lo hará con la saludable complicidad del PP. Del PP de Mariano Rajoy, claro, que hace bien en desmarcarse de quienes este sábado llevaron a la calle la tóxica doctrina Mayor Oreja: “Zapatero necesita a ETA y ETA necesita a Zapatero”. Qué barbaridad. La mitad de lo mismo se puede decir del propio Mayor Oreja, que necesita a ETA para hacerse visible y no acelerar su conversión en un personaje sobrante de la política nacional.

El Confidencial - Opinión

El 5 a las 5. La marcha de la dignidad. Por José García Domínguez

Toda tentación, pues, de reincidir en las vías claudicantes, sea cooptando a Batasuna en las instituciones, fuera a través de amnistías encubiertas, chocaría de frente, ahora sí, con la opinión pública.

A no dudar, esa nota a pie de página que está llamado a ocupar el presidente del Gobierno en la Historia de España dará para un par de líneas. En la primera debería glosarse su suprema hazaña como estadista: haber logrado resucitar los herrumbrosos odios cainitas tan caros a la añeja bilis negra peninsular que todos creíamos difunta. La otra apelará a la más sangrante de las muchas cesuras que su bisoña torpeza provocó en la sociedad. Me refiero, claro, a la entente con ETA y su inesperado corolario, la conversión de las víctimas del terrorismo en protagonistas activas del debate político. Una distorsión de papeles que jamás había acontecido bajo Gobierno alguno, igual con los socialistas que con los varios de la derecha.

Y es que a ningún gobernante anterior se le pasó siquiera por la cabeza incurrir en temeridad semejante. Al respecto, y consecuencia tan tardía como imprevista del proceso, la fase agónica del zapaterismo viene hoy lastrada por la hipoteca moral que contrajo durante aquellos días de infamia. Ocurre que en el tránsito final hacía la grapización, hacia la efectiva marginalidad, de la facción criminal del nacionalismo vasco, Zapatero ha logrado atarse de pies y manos con ineptitud digna de mejor causa. Así, la extrema virulencia del acoso contra las victimas durante la primera legislatura, que alcanzaría los tintes más rastreros entre los apéndices periodísticos del Poder, suscitaría, a la larga, un efecto no deseado.

A saber, empujados desde La Moncloa a bajar al foro público, los depositarios del dolor más íntimo han devenido en el genuino baluarte ético de los españoles, por encima de cualquier otra instancia. Casi tan clamoroso como el silencio de cierta prensa dizque conservadora en las vísperas, el éxito de la marcha del sábado pasado fue muestra, otra más, de que ya nada podrá maquinarse a espaldas de esas vidas rotas. Toda tentación, pues, de reincidir en las vías claudicantes, sea cooptando a Batasuna en las instituciones, fuera a través de amnistías encubiertas, chocaría de frente, ahora sí, con la opinión pública. Porque cualquier otro dispondría de margen maniobra, por magro que fuese, ante un eventual adiós a las armas. Cualquier otro, menos Zapatero. He ahí, perentoria, la factura a pagar por tanta miseria.

Libertad Digital - Opinión

Via Crucis festivo. Por Ignacio Camacho

Zapatero tiene poco que celebrar. Si no hace reformas se hunde el país, y si las hace se hunde su Gobierno.

EL principal rasgo que define el estilo zapaterista es el entendimiento de la política como un ejercicio de marketing, en el que la comunicación, la gestualidad y la puesta en escena prevalecen sobre cualquier perspectiva de fondo y a menudo en detrimento de ella. El zapaterismo imagina la gobernanza a partir de sus posibilidades de expresión simbólica y toma las decisiones en función de su potencia escenográfica. Esta técnica esencialmente superficial ha tenido éxito al aplicarse sobre cuestiones poco significativas para el conjunto de la sociedad y en épocas de relativa prosperidad económica, pero en una situación de grave crisis estructural se revela en toda su insuficiente vacuidad como una especie de reflejo automático, un verdadero ticcondicionado que emerge de la propia naturaleza del proyecto político.

Sólo así se entiende que el Gobierno haya sido capaz de celebrar con impostada solemnidad el doble fracaso que para sus intereses políticos supone la asunción de las reformas del Estado de bienestar impuestas por la presión alemana. Reformas en todo punto necesarias para reconducir la quiebra social y financiera del país, pero que de ningún modo pueden ser presentadas a los ciudadanos más que como un doloroso esfuerzo imprescindible. Venderlas como la jubilosa consecución de un objetivo cuando todo el mundo sabe que se trata de una forzosa exigencia reclamada desde el exterior —y por si alguien lo ignoraba aún, Angela Merkel no se recató en proclamarlo añadiendo más deberes a su condicional visto bueno— constituye un disparate descomunal propio de quien ha perdido el sentido de la realidad en una nube de ensimismamiento.

Preso de los errores de siete años de proteccionismo clientelista, el presidente está atenazado por una contradicción insalvable. Si no hace reformas se hunde el país, y si las hace se hunde el Gobierno. Para mantenerse en el poder Zapatero trata de lucir como un éxito de responsabilidad la reconversión diametral de sí mismo, pero su electorado natural no percibe más que un continuo recorte de sus derechos y no entiende que tenga que celebrarlos. Menos cuando delante de sus ojos sucede un espectáculo de sumisión tan evidente como el de la visita de la canciller germana para examinar los ajustes y exigir más sacrificios. El próximo es el de los salarios. En vez de sincerarse con la nación para pedirle unas renuncias penosas pero inevitables, el Gobierno ha intentado presentar ese via cruciscomo un acontecimiento festivo de alta política. Lo que ha logrado es un ejercicio patético de insensato autobombo, tratando de soslayar con hueca publicidad política la evidencia de que se dirige cantando hacia un cadalso electoral. Por no convocar elecciones ante el miedo de perderlas va a tener doble penitencia: primero hará lo que no desea hacer y luego perderá inevitablemente por haberlo hecho.

ABC - Opinión

Las trampas de ETA

Batasuna oficializa hoy su penúltimo intento de burlar la legalidad para poder concurrir en las próximas elecciones municipales y forales. Los proetarras presentarán en un acto público en Bilbao y registrarán el miércoles en el Ministerio del Interior los estatutos de un nuevo partido político.

Lo esencial no es lo que Batasuna pretenda para esa formación, sino la respuesta del Estado de Derecho ante el enésimo desafío. Es una buena noticia que el Gobierno y el PP se mantengan firmes en las condiciones inalterables, establecidas en la Ley de Partidos, a los sucedáneos de Batasuna para que puedan participar en la vida política. Y es positivo además que, según todos los indicios, las nuevas siglas de la vieja Batasuna parezcan condenadas a seguir los pasos de todas sus predecesoras.

En lo fundamental, más allá de una mera retórica tacticista contra la violencia, Batasuna no ha convencido con la nueva marca, porque no podía hacerlo. Quienes hoy se presentan en Bilbao son los mismos cabecillas proetarras de siempre, los mismos que han jaleado y justificado los asesinatos durante los últimos años. Un colectivo que ha sido incapaz de condenar el terrorismo y de repudiar a ETA, e incluso de exigir a la banda su desaparición, carece de credibilidad y legitimidad algunas.

Ellos saben, como sabemos los demócratas, que mientras los pistoleros se mantengan en sus puestos, el control de ese mundo será absoluto y que de paso los vascos no serán enteramente libres. Por esa razón, todo debe pasar por que ETA desaparezca, lo que ni ETA ni los batasunos desean de verdad.

Como era casi imposible que este nuevo partido prosperara, la sospecha es que se trata de un reclamo, una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones de la banda. LA RAZÓN publica hoy que el Gobierno baraja la posibilidad de que ETA emita un nuevo comunicado que podría convertir la tregua en «indefinida e irreversible» antes de las municipales. Se trataría de alimentar un caldo de cultivo que pudiera allanar el camino a Batasuna. Otra vuelta de tuerca en la tregua trampa que, de alguna forma, constataría la trascendencia que tiene para la supervivencia de ese mundo que los proetarras vuelvan a las instituciones.

Las palabras no están ni pueden estar por encima de los hechos. Y sería muy grave que los demócratas se prestaran de alguna forma al juego de ETA. Como temen las víctimas del terrorismo, no se puede descartar que sectores del PSOE defiendan la opción de permitir esa presencia en las urnas. Queremos pensar, no obstante, que el Gobierno se mantendrá firme en la defensa de la legalidad y que no se prestará a contubernio alguno.

Las condiciones están muy claras y no admiten lecturas sesgadas. Con ETA presente y viva, su entramado no puede beneficiarse de una legalización fraudulenta. Para la democracia resulta esencial que los etarras o sus acólitos estén fuera de las instituciones y prosiga el proceso que debe acabar con su derrota final en un escenario con vencedores y vencidos. La actual política antiterrorista ha demostrado su eficacia, y mantenerla debe ser una cuestión de Estado para los grupos políticos, sin espacio para las componendas ni los falsos atajos.

La Razón - Editorial

Una ausencia que les pasará factura

Tras dar la espalda a las víctimas, no podemos tener la convicción de que nuestros representantes, incluyendo a la actual dirección del PP, no van a anteponer el ventajismo político de rendirse ante la ETA a la prevalencia del Estado de Derecho.

El 5 a las 5 no sólo sirvió para mostrar la mejor parte de la sociedad civil española. Si bien es cierto que con su presencia decenas de miles de ciudadanos nos recordaron que seguimos siendo una nación que no está dispuesta rendirse frente a quienes la quieren destruir, las ausencias también permitieron poner nombres y apellidos a los personajes más serviles dentro de la clase política.

Al cabo, ningún socialista ni casi ningún popular quisieron acompañar a las víctimas en la denuncia del proceso de rendición que Zapatero y Rubalcaba están perpetrando ante la ETA. Porque, en última instancia, de lo que se trataba era de impedir la consumación de la traición a la Nación, al Estado de Derecho y a las víctimas que supondría que, tras casi mil asesinatos, la banda terrorista prevaleciera sobre la justicia.

Ayer, tras ignorar el rotundo éxito del sábado, PP y PSOE coincidieron en rechazar la posibilidad de que ASB, la marca blanca de Batasuna –es decir, de ETA–, concurriera a las elecciones municipales del próximo mes de mayo y "regresara" a las instituciones. Unas posiciones de firmeza que, como poco en el caso del PSOE y no sabemos si también en el del PP, se antojan mera representación de un tira y afloja destinado a ocultar a la opinión pública las auténticas componendas que tienen lugar detrás de los focos.

Pues no olvidemos que la ETA, por obra y gracia de un Gobierno que se niega a aplicar la Ley de Bases de Régimen Local, no ha abandonado en ningún momento las instituciones: sigue presente en numerosos consistorios vascos y navarros a través de la fachada de ANV. La denuncia y la oposición a cualquier atisbo de cesión por parte del Ejecutivo a la banda terrorista debieron haberse hecho el sábado en la calle junto a las víctimas y no un día después de despreciar la manifestación.

Todo ello en especial después de que el viernes el juez Ruz anunciara que no llamaría a declarar al secretario de Estado del Interior, Antonio Camacho; inaudita decisión que no sólo muestra nuevamente la escasa calidad de nuestra justicia, sino que además levanta lógicas sospechas de que el mismo Gobierno que jura no estar negociando con ETA –y al cual el PP cree a pies juntillas al menos hasta los comicios de mayo– intenta ocultar uno de los frutos más podridos del anterior proceso de rendición. Los políticos y ciudadanos realmente preocupados por que prevalezca la democracia sobre la ETA deberían haber acudido sin pensárselo a la manifestación del sábado tras la decisión de Ruz, como sí hicieron, por ejemplo, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz y María San Gil.

Tras dar la espalda a las víctimas, simplemente no podemos tener la convicción de que nuestros representantes públicos, incluyendo a la actual dirección del PP, no van a anteponer el ventajismo político de rendirse ante la ETA y ante el nacionalismo a la prevalencia del Estado de Derecho. Porque, en el fondo, ya lo han hecho: su ausencia el 5 a las 5 los delata.

Libertad Digital - Editorial

La quiebra catalana

La imagen de una Cataluña bien gestionada se desmorona ante unos datos que evidencian el descontrol de determinadas cuentas autonómicas.

LA crisis financiera de la Generalitat de Cataluña protagonizará el encuentro que hoy van a mantener Rodríguez Zapatero y Artur Mas. Las cifras son dramáticas. En 2012, el endeudamiento de Cataluña llegará a los 40.000 millones de euros. Su déficit actual asciende a 7.200 millones de euros, muy superior al que fijó el equipo del anterior presidente catalán, José Montilla, en el traspaso de poderes a los convergentes. La imagen de una Cataluña bien gestionada se desmorona ante unos datos que ponen en evidencia el descontrol que existe en la gestión económica de determinadas autonomías. Sin embargo, Artur Mas quiere nuevas competencias y va a pedir autorización para emitir deuda, con el respaldo de un plan de austeridad que prevé recortar un 10 por ciento el gasto público. Como telón de fondo de esta quiebra financiera de la Generalitat, queda aquel reclamo electoral de un pacto fiscal para Cataluña, similar al Concierto Económico Vasco, que debería recibir un no rotundo por parte del Gobierno, porque si algo es preciso en este momento es la armonización fiscal de España, como parte de una estrategia europea común de estabilidad. La solución para la crisis financiera catalana no es dar soberanía fiscal a la Generalitat, sino requerirle que gestione mejor los recursos que tiene. La crisis económica ha mermado los ingresos de todas las autonomías. Pero en el caso catalán, sus gobernantes deberían auditar la financiación de tanto desparpajo soberanista en los últimos años y medir también los costes de la corrupción. Lo primero que se debe hacer en situaciones deficitarias es recortar gastos innecesarios. El PP de Cataluña los ha cifrado en 1.800 millones de euros, sumando partidas como el gasto de teléfonos móviles, los alquileres de oficinas, el mantenimiento de «embajadas» o la contratación de informes externos, muchos de ellos inverosímiles.

Ante esta situación, es necesario la aplicación de techos de gasto y límites al endeudamiento. Es hora de implantar políticas basadas en la cohesión y la solidaridad. Estas medidas de control de deuda, aplicables no solo a Cataluña, no deberían quedar al arbitrio político del Gobierno central, sino que, como solicita el PP, deberían recuperar el rango legal que los socialistas suprimieron de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Sería una forma de convencer a Bruselas de que España va en serio en el control de sus cuentas, después de que Alemania reformara en 2009 su Constitución para limitar el endeudamiento del Estado. Los planes de Mas no son de este tiempo.

ABC - Editorial

Renovarse y vivir. Por M. Martín Ferrand

No es un asunto ideológico, es una medida de urgencia a la que solo se oponen los anacrónicos sindicatos.

EUROPA es, además de un pasado glorioso, una necesidad para los países que integran la Unión y, especialmente, para los de la eurozona. En ese entendimiento, no conviene olvidar lo que suele recordar Joaquín Almunia. Mientras en los últimos cinco años Europa y USA han crecido un cinco por ciento, el resto del mundo ha engordado ocho veces más. La crisis no es cósmica, se concentra en el viejo solar europeo en el que el bienestar se ha hecho rutina, la inteligencia ha pasado de moda, el esfuerzo no cotiza, el mérito está mal visto y abundan más los derechos que las obligaciones. Por eso es importante la labor acometida por Angela Merkel, bien secundada por Nicolas Sarkozy, para zarandear el puzzle continental en el que han florecido los grandes imperios del pasado y del que se deriva, Atlántico por medio, el último del presente.

El Pacto por la Competitividad que predica la canciller alemana y disgusta a muchos de los integrantes de la UE, tanto más cuanto mayor resulta su peso socialdemócrata, no es un capricho, una treta con que mantener el liderazgo que las circunstancias le han otorgado al eje franco-alemán. Es lo que marca el instinto de conservación en tiempos de mercado y consumo que, globalizados, obliga a asumir circunstancias tan indeseables como el dumping y la competencia desleal que promueven los países emergidos —ya han dejado de ser emergentes— de toda Asia. Pero nos ocurre, como a los niños a los que sus papás les cambian el pañal para limpiarles la caquita, que nos molesta la higiene social y, mientras los pequeños lloran, nosotros pataleamos y manifestamos nuestra indignada oposición a un progreso que es, además, el único posible en el marco mundial vigente y limitador de nuestros respectivos deseos nacionales. No digamos nada de los delirantes caprichos nacionalistas.

Guste o no, habrá que eliminar la indexación de los salarios con la inflación y cuantas medidas concomitantes y consecuentes puedan frenar la iniciada decadencia europea. No es, básicamente, un asunto ideológico, como no lo es el masaje cardiaco a un desvanecido en la vía pública. Es una medida de urgencia a la que, en profundidad, solo se oponen los anacrónicos sindicatos que mantiene la tradición española y que se perfeccionaron en mañas y estructuras durante el franquismo. Es oportuno recordar lo que, durante su exilio mexicano, reflexionaba Indalecio Prieto: «Los sindicatos, como arma de defensa contra la explotación capitalista, son magníficos; utilizados contra el bien público, intolerables». Y más ahora, cuando la «explotación capitalista» procede del comunismo chino.

ABC - Opinión

Rubalcaba pierde el primer set. Por Jesús Cacho

El 27 de Junio del pasado año, Juan José Millás publicó en la revista semanal de El País una extensa entrevista con el Alfredo Pérez Rubalcaba (APR), vicepresidente y ministro del Interior. “Rubalcaba privado”. El escritor recorre los aposentos privados del búnker de Interior en un retrato al óleo donde Don Alfredo se perfila como un héroe de nuestro tiempo, un hombre dispuesto a entregar su tiempo, incluso su vida si menester fuere, por la tranquilidad de los españoles, en la que habla con prodigalidad de todo (menos del bar Faisán): de su infancia (“Fui un chaval muy religioso hasta los 14 o 15 años”); de ETA (“Pensar que puedes acabar con la banda y acelerar los ritmos es un error”), y naturalmente de Gürtel, capítulo que aprovecha para zurrar a los peperos que le acusan de falsificar pruebas (“Ese es un modo mafioso de amenazar a la policía. Dedícate a la delincuencia común, vienen a decir, pero a mí ni me toques que te doy. Y la policía dice: ¿Qué culpa tenemos de que exista Correa? A la policía y a la Guardia Civil les da igual de qué partido seas…”) Pero el momento tierno llega cuando el escritor pregunta:

-¿No aspira entonces a ser vicepresidente?

-Me hace mucha gracia cuando dicen eso. ¡Dios mío, volver a La Moncloa! Ya estuve allí y no quiero volver.

Ocurrió que el presidente del Gobierno decidió cambiar de arriba abajo su Gobierno el pasado octubre, y de tal cambio emergió con luz propia la figura de APR como incontestable heredero al trono crepuscular de Rodríguez Zapatero. Y Millás sintió que nuestro Fouché, “el genio tenebroso” que dijo Stefan Zweig, le había tomado el pelo en la entrevista de junio. Se desquitó a final de año, también en El País Semanal. “El caso es que después de escuchar su respuesta [de junio] y valorar el tono en el que me la dio, que rebosaba una sinceridad sin límites, me di cuenta de que me había dejado llevar una vez más, ¡maldita sea!, por mis putos prejuicios, lo que me torturó muchísimo”, escribía Millás. ”Recuerdo que nada más llegar a casa, preso como me encontraba de un ataque de culpa, se lo dije a mi mujer:

–Tengo mal sabor de boca porque pensaba de Rubalcaba cosas que no son.

–Pues discúlpate y santas pascuas –dijo ella.

Es lo que hice, aunque de forma implícita, a lo largo del reportaje. Ahora estoy esperando a que se disculpe él conmigo, pero todavía no me ha llamado”.

Ahora aspira a ser Presidente del Gobierno, aunque lo niega con la misma convicción con que negó a Millás su intención de volver a la Moncloa. El afectado, siempre tan directo, tan entrañable, tan cercano en el cara a cara, suele estos días tirar de móvil para llamar a periodistas de postín ante los que se excusa y protesta con franciscana humildad: “yo no quiero, pero me están empujando. Llevo ya muchos años en esto y pretendo descansar. Además mi salud, ya sabes, pero son tan terribles las presiones, fulano…” Y cuando tal dice, la figura de porcelana del hombre que lo sabe “todo de todos” se agita nerviosa mientras vierte disculpas cual tinta de calamar que a pocos logran despistar. El episodio recuerda al general Armada del abracadabrante capítulo del 23-F: la situación era tan confusa, desesperada incluso, que aun en contra su voluntad no iba a tener más remedio que hacerse cargo de la situación. Los salvadores de la patria siempre suelen aparecer empuñando su candil a la vuelta de la esquina del desconcierto colectivo.

«A lo largo de enero y de forma calculada se fueron sucediendo tales pronunciamientos que, oh sorpresa, en general solían coincidir con entrevistas o visitas del afectado al barón de turno.»

El diseño de APR para alcanzar la cima es sencillo y desde luego propio de situaciones de crisis con cambio de ciclo político incluido. Se trata de extender el certificado de defunción de Zapatero por acumulación de una serie de pronunciamientos progresivos de barones del partido: si ZP decidiera no ser candidato a las próximas generales, la mejor solución para el partido sería APR. A lo largo de enero y de forma calculada se fueron sucediendo tales pronunciamientos que, oh sorpresa, en general solían coincidir con entrevistas o visitas del afectado al barón de turno. Si se veía con Patxi López, era el vasco quien veía en Alfredo a “un extraordinario cabeza de cartel". Si el recibido era Fernández Vara, el extremeño no tenía empacho en manifestar su predilección por “tres candidatos: Alfredo, Pérez y Rubalcaba”, añadiendo, para regocijo de incautos, que esa era “una opinión personal, sin hablarla con nadie”. En el cogollo de la operación está Manuel Chavés y su “miniyo”, Gaspar Zarrías, un apparatchik puro cuyo trabajo consiste en hacer de correveidile entre su jefe y los barones. Naturalmente José Blanco y también gente de Ferraz y de la propia Ejecutiva, caso de Elena Valenciano y Antonio Hernando, protagonistas, por “mandaos”, del intento de defenestración del secretario general de PSM, Tomás Gómez.

Un error garrafal de Ramón Jáuregui

El efecto bola de nieve fue inmediato: APR es la mejor solución -en realidad la única, vienen a decir- en caso de descarte de Zapatero. Se trata de que en el momento en que el presidente tire la toalla, se produzca una “proclamación por aclamación”, en expresión de un miembro de la Ejecutiva a este diario, de Rubalcaba como sucesor. Los cauces formales de convocatoria de primarias quedarían respetados, aunque a las mismas solo se presentaría un candidato. Incluso podría celebrarse un Congreso del que APR saldría sin problema investido de la doble condición de secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno. El resto del partido calla, asombrado por la potencia de fuego de la maniobra, y a menudo otorga, con excepción de unos pocos: José María Barreda, José Antonio Griñán, el citado Gómez…

«Al cierre de la convención, y con APR muy en un segundo plazo, ZP hace una irónica referencia al contento que le produce el que “todos estemos centrados en lo que debemos estarlo”.»

Pero en la última semana de enero se produce un error garrafal protagonizado por Ramón Jaúregui. Falto de tablas bastantes, el vasco se reúne a comer el miércoles 26 con un grupo de periodistas en uno de esos off the records que definen mejor que un tratado la enfermedad del periodismo español y allí se lanza a tumba abierta: “Tenemos una hoja de ruta trazada. Zapatero anunciara su decisión de no presentarse después del verano. Alfredo será el sucesor: tendrá cierta oposición, pero será de poco recorrido…”.

Pero los off the records son armas que carga el diablo y pueden llegar a explotar si caen en manos de un periodista de verdad, caso de Pedro J. Ramírez, que decide pasarse el secreto por la entrepierna y exige a su periodista abrir El Mundo al día siguiente con los gritos y susurros del ministro de la Presidencia. La aludida salva su honor avisando al resto de medios presentes en la conversación: sepan vuesas mercedes que mi señorito ha decidido publicarlo mañana a toda mecha. Y es así como otros medios salen al día siguiente con la nueva. La Vanguardia en portada: “El Gobierno trabaja ya con el escenario de que Rubalcaba será el candidato en 2012”.

La “exclusiva” colectiva del jueves 27 provoca una verdadera conmoción en el partido. Aquello es “un golpe de Estado dentro del PSOE, que pretende enterrar en vida a Zapatero”, asegura una fuente cercana a la Junta andaluza, y precisamente la misma semana en que ZP acaba de anunciar la firma de un dizque Pacto Social con sindicatos y empresarios. El impacto es brutal: “Esto es una indecencia; desde el punto de vista electoral, nosotros mismos nos estamos pegando un tiro en los huevos”. Y hay una reacción en cadena cuya consecuencia inmediata es que nuestro Fouché suspende, fulminante, su asistencia a la Convención socialista celebrada el pasado fin de semana en Zaragoza, porque “tenía que cerrar algunos flecos del Pacto Social”. Naturalmente clausura la cena triunfal que el sábado 29 tenía previsto celebrar con sus barones, así como una comparecencia en dolor de multitudes que pensaba mantener en el mismo escenario. Al cierre de la convención, y con APR muy en un segundo plazo, ZP hace una irónica referencia al contento que le produce el que “todos estemos centrados en lo que debemos estarlo”.

Un APR muy preocupado con el “caso Faisán”

La Guardia Civil todavía debe estar midiendo la traza dejada frente a Castellana 5 por el frenazo protagonizado por la “operación Rubalcaba” esta semana. ¡Quietos todos, que nadie se mueva, que tal vez hemos ido demasiado lejos, demasiado de prisa, demasiado pronto! El silencio de los conjurados ha sido total en los últimos días. Incluso un aliado coyuntural tan importante como Blanco, amigo personal de ZP, ha hecho un comentario revelador en COPE, donde ha manifestado que “en el PSOE hay banquillo de sobra”, lo que da pie a pensar que para muchos socialistas puede que Don Alfredo no sea la única solución. Precipitada marcha atrás de los conjurados, pues, con un APR que, en una semana de fastos, con la señora Merkel por bandera, se ha mantenido en un notorio segundo plazo.

Se trata, en todo caso, de un repliegue puramente estratégico. Estamos ante una lucha descarnada por el poder dentro del Partido Socialista y el hombre con más poder del momento en España no va a cejar en su empeño de cerrar con el broche de oro de la Presidencia su dilatada carrera política. El caso Faisán es la nube que empaña su horizonte, “algo que está viviendo de forma muy intensa, como una amenaza cierta, preocupadísimo, moviéndose como una anguila en los ambientes judiciales para pararlo”. Ni aunque quisiera podría APR dar marcha atrás. El grupo Prisa y todo lo que él representa no se lo permitirían, decidido Cebrián, Felipe et alii a acabar con el de León por la vía rápida, cobrándose el precio de las ofensas recibidas en estos años, en particular la ruptura del statu quo que el difunto Polanco había establecido con el PSOE desde el 82 y que ZP ha hecho añicos creando grupo de comunicación propio con Roures y compañía. Cebrián no se conforma con acabar con ZP: quiere, además, humillarlo. Porque de humillación califica el capo de Prisa episodios como que el Presidente acceda a ser entrevistado en una cadena de TV marginal como VEO7 (Unidad Editorial, El Mundo) por el vicedirector de Ramírez. Puro intercambio de humillaciones. Volverán contra Zapatero para rematarlo en el momento procesal oportuno. Hablamos de lucha por el Poder, con mayúscula. “Humano, demasiado humano”, que decía Nietzsche. Malos tiempos para espíritus libres.

El Confidencial - Opinión

¡Es Alemania, idiota!. Por José María Carrascal

Nuestro hombre nunca ha tenido miedo de ir demasiado lejos, siempre que sea al socaire de los grandes.

SUELE ocurrir e incluso tiene nombre: «fe del converso». Nadie defiende con más ardor una doctrina que quien antes defendía la contraria. Como si Ángela Merkel le hubiese abierto los ojos a la verdad con sus lecciones o Sarkozy le hubiera animado a seguir el camino de perfección con sus palmaditas en la espalda, Zapatero, el un día adalid europeo de los derechos sociales y de la política de izquierdas, se ha pasado con armas y bagajes al campo conservador. En la reunión que ayer mantuvieron en Bruselas los líderes de la Comunidad para debatir el «Pacto de Estabilidad» propuesto por el eje franco-alemán, Zapatero se puso claramente a su lado, sin importarle, no ya que los sindicatos y su propio ministro de Trabajo se hubieran opuesto a esas tesis —¿qué le importan a él uno de esos ministros que quita y pone a conveniencia?—, sino a otros socios europeos, como Bélgica y Austria, convencidos de que París y Berlín están yendo demasiado lejos con sus demandas y no respetan la libertad que el concierto comunitario concede a cada uno de sus miembros. Pero nuestro hombre nunca ha tenido miedo de ir demasiado lejos, un sentido u otro, siempre que sea al socaire de los grandes y en su propio beneficio. Ahora toca Merkel, pues merkeliano hasta las cachas.

Ya ha conseguido la jubilación a los 67 años propugnada por la canciller, un poco borrosa, eso sí, pero tampoco puede pedirse demasiada precisión a un hombre que vive, políticamente, a salto de mata.

El establecer por ley un límite al déficit gubernamental, otro de los puntos que quita el sueño a la canciller, no se lo quita a él en absoluto: «Si lo que me preguntan es si estoy dispuesto a dar más pasos desde el ordenamiento jurídico para fortalecer el control del déficit, la respuesta es sí», dijo con convicción de converso, quien no ha mucho se pasaba los déficit por el arco del triunfo.

En cuanto al punto más controvertido, el que levanta ampollas en los sindicatos y se consideraba anatema en su propio partido hasta ayer mismo —desligar el aumento de los salarios del índice de inflación—, nuestro presidente volvió a mostrar su habilidad de contorsionista al aceptar «un modelo con flexibilidad suficiente, capaz de adaptarse a las circunstancias, buscando siempre una mejora de la productividad». Lo que se esconde bajo esa hojarasca retórica es que él no ve problemas en que los salarios se adapten a la productividad, como quiere la canciller, en vez de a la inflación, como ocurre en España y exigen los mismos con quienes acaba de firmar lo que se ha llamado «pacto histórico» y, por ese camino, va a quedarse en histérico.

En fin, Frau Merkel ha encontrado en Zapatero el más aplicado de sus discípulos y Zapatero ha encontrado en Frau Merkel la lámpara para salir del túnel. Hasta que se meta en otro, su entretenimiento favorito.

ABC - Opinión

La caja negra. Por Ignacio Camacho

Una trama de saqueo encastrada en el régimen andaluz manejaba el dinero sagrado de la solidaridad social.

LA trama estaba en el corazón del sistema. No en los aledaños ni en la periferia, en ese espacio indeciso de la Administración donde pululan los conseguidores y traficantes de influencias; esta vez se trataba de una «caja B», una contabilidad oculta que financiaba un gigantesco fraude en los fondos de Empleo de la Junta de Andalucía. El caudal de socorro a las empresas en crisis, el dinero sagrado de la solidaridad social. Lo transferían en cuentas opacas para eludir la publicidad obligatoria y se lo repartían entre «personas de confianza» (sic) a través de beneficiarios ficticios, de jubilados de paja; más de seiscientos millones de euros en diez años. Y todo ello «con el conocimiento indiciario de la autoridad laboral», dice la jueza instructora, es decir, con la complicidad presunta de responsables políticos del régimen socialista andaluz.

Esta vez no pueden mirar para otro lado. Al margen de los cargos intermedios vinculados directamente al saqueo, al menos dos ex consejeros de la Junta están irremediablemente afectados por la responsabilidad política. Y dos presidentes, Griñán y Chaves, obligados sin excusa posible a dar explicaciones de lo ocurrido bajo su mando directo. No valen las evasivas conspiranoicas ni las coartadas irrelevantes; se trata de seiscientos millones de euros administrados —malversados, en este caso— por sus Gobiernos, por sus colaboradores directos, por los miembros de su equipo y de su organigrama. Se trata de una red de financiación ilegal organizada desde la propia Junta, desde el aparato de poder que durante treinta años funciona como una máquina clientelar de enchufes, favoritismos, manejos partidistas y corruptelas enquistadas. Y afecta a una de las parcelas más sensibles ante la opinión pública en plena recesión: la de la protección social y las ayudas a expedientes de regulación de empleo. El dinero de los despidos y prejubilaciones, desperdigado en desaprensivos bolsillos de conseguidores, oportunistas y jugadores de ventaja encastrados en los pasillos de la administración autonómica.

La respuesta, sin embargo, ha sido decepcionantemente sectaria. Nada de dimisiones, nada de disculpas, ni siquiera nada de exculpaciones. La única reacción oficial registrada hasta ahora ha sido la apertura de un expediente de expulsión del PSOE…¡al ex director general que ha denunciado la trama ante el juzgado! Es decir, al único socialista que, aunque bajo imputación procesal, se ha atrevido a tirar de la sucia manta que cubría la caja negra del fraude. Pero el enroque sectario no servirá. Hay varios detenidos y hay una juez independiente dispuesta a desenredar el hilo que surgió del escándalo de las subvenciones de Mercasevilla, un auténtico cenagal. El régimen viciado por abuso de poder se desmorona y el hieratismo de Griñán, político de moqueta, no basta para contener los escombros.

ABC - Opinión

Fundido en negro

La presentación de los nominados a los Premios Goya de este año sirvió también para que el presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia, esbozara la alarmante realidad del sector y apremiara a sus compañeros de profesión a quebrar con la tónica victimista habitual. Su tono crítico era el presagio de unas cifras anuales para el cine español realmente malas. «No lo hemos hecho demasiado bien. No hemos conectado con el público. No hemos conseguido llegar a la taquilla como deberíamos haber hecho. Lo sentimos. No nos quejemos más. Tenemos que preguntarnos por qué y espabilar», dijo entonces en un breve y taciturno discurso con el que coincidimos.

Lo cierto es que los números del cine nacional no dan pie a la sonrisa y sí a la lágrima. El balance de 2010 deja 10,7 millones de espectadores para las cintas españolas, lo que supone un retroceso de nada menos que 6,7 millones con respecto al año anterior. Esa cifra se traduce en una taquilla de 69,7 millones de euros, muy inferiores a los 104 recaudados en 2009. Hablamos, en general, del peor dato para nuestra industria desde 1996. En contraste, el comportamiento de las películas extranjeras ha mejorado, con una recaudación de 575 millones de euros en 2010, frente a los 566 millones de 2009, si bien el número de espectadores descendió el pasado año.

Las razones del retroceso de la cinematografía nacional deben ser necesariamente varias. Puede que los profesionales lo atribuyan a la crisis o a la piratería salvaje, que, obviamente, habrán tenido un impacto no menor. Pero quedarse únicamente con esa lectura supondría acomodarse a la actitud complaciente que ha generado en buena medida el problema.

Lo evidente es que, más allá de la crisis económica que atraviesa el país y del muy grave problema de las descargas ilegalesy la violación de los derechos de autor, al distanciamiento de la producción nacional con el espectador medio ha contribuido decisivamente la equivocada política de subvenciones, que afecta a la calidad del producto y a su interés como bien cultural y comercial y que produce un retroceso real de la competitividad. El hecho es que la mayoría de películas españolas no logra recuperar en la taquilla la inversión realizada. El balance habla por sí solo. Las películas españolas recibieron del Fondo de Protección a la Cinematografía 89,39 millones en 2010 y recaudaron 69,7 millones. Un agujero negro que absorbe la imaginación de los creadores y entumece el sector.

Aunque sea cierto que el cine español sufre un déficit estructural y padece carencias en difusión, distribución y promoción, los profesionales deben plantearse la reflexión hacia dentro en lugar de buscar culpables fuera, además de encuadrar el sector en la realidad del mercado en lugar de engordarlo artificialmente con dinero del contribuyente. La industria debe hacer un ejercicio de autocrítica, escapar del victimismo y del elogio fácil. Está obligada a aprender cómo sintonizar con el espectador con un producto de calidad que sea capaz de generar beneficios.

La Razón - Editorial

Cara y cruz

En Egipto se juega la ruptura o la consolidación de la tenaza entre islamismo y dictadura.

La situación en Egipto parece estancada, pero solo porque los movimientos políticos de fondo ya se han producido y lo único que se aguarda es que afloren a la superficie. Mubarak es un presidente que ni gobierna ni podrá gobernar en lo que le resta de mandato, a no ser a golpes de represión. La estrategia que intentó desarrollar esta semana, sembrando el caos con ataques de sus partidarios contra los manifestantes y la prensa internacional, ha sido un órdago en el que ha perdido la última baza de la que disponía: ofrecerse como el dirigente que podía llevar al país hasta unas elecciones democráticas. Tras los sucesos, la Casa Blanca ha endurecido el tono contra Mubarak, consciente de que este se ha descalificado para desempeñar ningún papel en una eventual "transición pilotada".

Ni siquiera apelando a su vieja condición de baluarte contra el islamismo ha conseguido retener el régimen de Mubarak sus apoyos diplomáticos. Los Gobiernos que lo respaldaron al inicio de las revueltas, como los de Israel o Arabia Saudí, han quedado fuera de juego, al aparecer como defensores de la autocracia, y los que intentaron propiciar un cambio real que no implicara la salida inmediata de Mubarak han tenido que corregir la apuesta por el endurecimiento de la represión, que ha puesto de manifiesto la nula voluntad de cambio. El Ejército, entre tanto, ha mantenido la neutralidad pese a algunos tímidos vaivenes que reflejan las tensiones internas en su cúpula.

En Egipto se está jugando una nueva configuración de Oriente Próximo que podría romper la tenaza entre islamismo y dictadura que ha marcado su historia reciente, hasta colocar a la región al borde de la catástrofe. Si Egipto evoluciona en un sentido democrático, puede que en otros países del entorno estallen revueltas como las que se iniciaron en Túnez. E, incluso, si no estallan, es previsible que los Gobiernos que logren mantenerse tengan que llevar a cabo las transiciones políticas siempre pospuestas.

La pérdida de la excepcionalidad democrática por parte de Israel podría forzar cambios sustanciales en su relación con los palestinos. Y tampoco cabe descartar que, lejos de verificarse la comparación del Egipto de hoy con el Irán de la revolución, hubiera que establecer los paralelismos en dirección opuesta: el régimen de los ayatolás, ya seriamente contestado, no estaría a salvo de revueltas como las de Egipto si estas triunfaran.

Pero este desenlace optimista no permite descartar en ningún caso el pesimista, que es la cruz de la moneda que sigue dando vueltas sobre la plaza de la Liberación. Si Mubarak sobrevive a las revueltas y queda aislado de sus propios ciudadanos y de las potencias democráticas que verían con buenos ojos su salida, la confrontación entre islamismo y dictadura acelerará el rumbo suicida en el que estaba embarcada la región. Más sufrimiento para la población y más inestabilidad internacional sería el horizonte.

El País - Editorial

Éxito rotundo del cinco a las cinco

Nunca como el cinco a las cinco ha habido tanta distancia entre la sociedad española y su clase política, entre quienes dicen no a una negociación en los vertederos de la indecencia y entre quienes sólo hacen cálculos electorales.

Decenas de miles de personas han abarrotado el centro de Madrid para denunciar la negociación con ETA, las "facilidades" judiciales con las que cuenta el Gobierno para excarcelar terroristas, para tapar el auténtico sesgo de sus contactos con la banda, el célebremente triste chivatazo del bar Faisán, y la complicidad activa de la oposición encarnada por una dirección del PP que ha eludido la responsabilidad de estar al lado de las víctimas.

La presencia en la manifestación de líderes políticos como Esperanza Aguirre, de dirigentes como Jaime Mayor Oreja, de hombres y mujeres como Carlos Iturgáiz, María San Gil, Ortega Lara, Regina Otaola, Pilar Elías, Salvador Ulayar y Teresa Jiménez Becerril y muchos otros ha puesto de relieve que aún quedan en la política o en sus aledaños personas con memoria, gentes con dignidad que reclaman Justicia, que no quieren pagar un precio político por la paz, que aspiran a una libertad plena, sin adjetivos.

De los testimonios recogidos por esRadio, por Libertad Digital Televisión y por los periodistas de este diario se desprende un clamor muy definido: debe haber vencedores y vencidos; los terroristas deben pagar por sus crímenes y los terroristas del escaño no deberían estar presentes en las instituciones. En 43 ayuntamientos vascos y navarros gobierna ETA, sus pistoleros viven de los fondos públicos que les suministran sus portavoces y están dispuestos a seguir matando y extorsionando. Ante una situación así, el Gobierno y la oposición han aceptado negociar, emitir señales inconfundibles de claudicación con el acercamiento y la liberación de asesinos, con el desprecio a las víctimas expresado de forma palmaria. El PSOE y el PP han dado la espalda a quienes deberían tener siempre presentes, a quienes han perdido familiares y amigos, a quienes verdaderamente configuran el alma de una España digna.

Cualquier intento de acabar con el terrorismo, además de la Ley, debería tener presente a las víctimas. No se trata de que sean ellos quienes orienten las acciones del Ejecutivo o de la oposición. No es eso. Bastaría con tener en cuenta que el objetivo de la paz es inasumible si las víctimas no se sienten confortadas y reparadas. Sería suficiente con no olvidarlas y con actuar con un mínimo sentido de la moralidad pública, de la honradez política y de la legalidad. Lejos de ello, el Gobierno prefiere fijar su atención en Batasuna y celebrar con indisimulado gozo que algunos terroristas con micrófono banalicen el asesinato de casi mil personas con teorías sobre la existencia de un "conflicto político" y vagas y falsas promesas sobre el fin de los tiros y las bombas. Les da igual que ETA festeje abiertamente la disposición del PSOE a aceptar cualquier vómito en forma de comunicado como un paso en firme hacia el fin de la pesadilla. Les importa más, en suma, no ofender a los Otegi, Ternera y Txelis que lo que digan o sientan quienes aún muestran las heridas abiertas de una pesadilla que empeora cada vez que el Gobierno acepta los atajos y señuelos que coloca ETA entre una campaña de bombas lapa y otra de tiros en la nunca.

Como la voz de las víctimas les resulta incómoda, la mayoría de los partidos ha decidido mirar para otro lado, presionar a los medios de comunicación para que no se hicieran eco de la convocatoria, menospreciar a quienes no se someten a los dictados de los estrategas de la conciliación, de los Eguiguren de turno. En suma, han intentado hacer creer a la sociedad española que no pasa nada. Sin embargo, decenas de miles de españoles han dicho que no de una forma rotunda en Madrid, arropando a las víctimas que ya no se fían de las promesas de un Gobierno cuyas antenas están fijas en el próximo aquelarre batasuno, previsto para este lunes. Nunca como el cinco a las cinco ha habido tanta distancia entre la sociedad española y su clase política, entre quienes dicen no a una negociación en los vertederos de la indecencia y entre quienes sólo hacen cálculos electorales.

Libertad Digital - Editorial

Faisán, compromiso para la Justicia

Un acto de colaboración policial con terroristas no puede ni debe quedar impune. Solo nos queda la Justicia para reparar el daño causado.

LA decisión del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de no llamar a declarar como testigo en el «caso Faisán» al secretario de Estado del Interior, Antonio Camacho, ha causado extrañeza, e incluso disgusto, en las asociaciones de víctimas que ejercen la acusación popular en ese sumario. En principio, parecería justificado, con un criterio estrictamente investigador, que quien es identificado como usuario de un teléfono móvil implicado en unos hechos delictivos comparezca ante el juez, como testigo si el instructor lo cree adecuado, para que ofrezca su versión. El juez Ruz ha considerado que no es necesario el testimonio de Camacho, porque el tráfico de llamadas que afecta a su móvil encaja en las relaciones normales con sus subordinados. Pero las decisiones que se toman en una instrucción penal no son definitivas. Por eso, la actuación del juez Ruz deberá valorarse en conjunto, cuando finalice el sumario. Hasta entonces, debe contar con el margen de confianza que requiere una investigación tan delicada, siendo oportuno recordar que Garzón dejó este caso empantanado y que el Ministerio Fiscal presionaba para que se le diera carpetazo. El juez Ruz lo ha reactivado con diligencias que demuestran que aún quedaba espacio para investigar y para determinar definitivamente quiénes fueron los traidores que avisaron a una banda de terroristas —aviso que el juez califica como «delación policial»— de que la Policía iba a actuar contra ellos.

El ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, reaccionó tras el auto del juez Ruz exigiendo que se disculpen con Camacho quienes lo habían señalado por el «caso Faisán». No debe precipitarse Rubalcaba, porque él mejor que nadie sabe que los sumarios que se adentran en «las cloacas del Estado» están plagados de sorpresas y si requiere disculpas a Camacho tendría que asumir, o hacer asumir, las consecuencias de que varios subordinados de su secretario de Estado se encuentren imputados por —léase despacio— colaborar con la banda terrorista ETA. Visto que, como ha sido norma habitual en los gobiernos socialistas, no existe responsabilidad política alguna por infringir la ley en la lucha contra ETA, sea en un sentido o en otro, el «caso Faisán» es un compromiso para la Justicia ante la sociedad y las víctimas del terrorismo. Un escándalo infamante como este, un acto de colaboración policial con terroristas, no puede ni debe quedar impune. Solo nos queda la Justicia para reparar el daño causado a la confianza en el Estado, como sucediera en su momento con los GAL.

ABC - Editorial