miércoles, 24 de marzo de 2010

Seis años después. Por Gabriel Moris

A nosotros las víctimas sólo nos queda el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos y las heridas físicas y psicológicas de los que seguimos vivos. No hay médico que nos pueda curar las heridas que dejó en nosotros el once de marzo de 2004.

Coloquialmente se dice que "después de la tempestad viene la calma". Y en ello parecen confiar los representantes del pueblo y sus fieles medios de comunicación. Hace unos días vivimos una tormenta de informaciones y de actos del estilo más variopinto que podríamos imaginar. Me refiero a los actos organizados en torno al aniversario del 11-M. El objeto de todos ellos no tendría que ser otro que el recuerdo y el homenaje a los que perdimos y a los que, a duras penas, hacemos por vivir y contribuir a que nuestra sociedad recupere la dignidad perdida desde aquellos luctuosos atentados. La exigencia de aclarar y hacer justicia a los que los cometieron no debía estar ausente en las conmemoraciones.

Por citar algunos de los actos, hemos de resaltar la audiencia que SM el Rey concedió a algunos representantes de las asociaciones de víctimas. Si mi información es correcta, creo que es la primera que la concede a las víctimas de los trenes de cercanías. Vaya por delante mi agradecimiento. No puedo por menos que manifestar mi deseo de haber podido participar en la audiencia. Creo que las víctimas cursaron al jefe del Estado algunas peticiones que suscribo: la continuidad de las investigaciones para esclarecer totalmente los atentados, la no prescripción de las responsabilidades en materia de terrorismo y el cumplimiento íntegro de las penas. Según mis conocimientos sobre la Constitución, creo que el monarca carece de atribuciones para dar respuesta práctica a dichas peticiones; no obstante, y acogiéndonos a su papel moderador, sí podría instar al resto de los poderes del Estado a que iniciaran las acciones oportunas para dar respuesta a las peticiones de las víctimas de la peor masacre que han sufrido los españoles.

Otro de los actos oficiales tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. En el mismo, celebrado casi a puerta cerrada, se procedió a la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se recordaron los nombres de todos los fallecidos utilizando las enternecedoras voces de unos niños; y como colofón, el presidente de la Cámara anunció una primicia, el cambio del día de las víctimas del terrorismo al 27 de Junio, fecha en que perdió la vida una niña a manos de ETA. Teniendo en cuenta que el principal derecho humano es el derecho a la vida, echamos en falta una alusión expresa de la Cámara al deseo de esclarecer el mayor atentado contra los derechos humanos cometido en la España democrática y del que muchos de nuestros representantes salieron beneficiados. No podemos olvidar en este capítulo los premios y medallas otorgados a los que no evitaron el atentado y a los que contribuyeron a obstruir la investigación del mismo.

Recuerdo al Sr. presidente del Congreso que el 11 de marzo de 2004 fue declarado día europeo en memoria de las todas las víctimas del terrorismo, precisamente en recuerdo de la masacre de Madrid. Espero y deseo que la coherencia del Parlamento Europeo no se vea truncada por inconfesables deseos de nuestro Parlamento. Ignoro si las asociaciones de víctimas y nuestros representantes legales han previsto presentar alguna petición para impedir que el 11-M pase al olvido de la memoria colectiva. Al menos para varios miles de españoles –y al margen de lo que pretendan nuestros políticos– dicha fecha quedará grabada a sangre y fuego en nuestros corazones y en nuestra memoria.

Aunque no pretendo que esta improvisada crónica del sexto aniversario de los atentados sea un relato exhaustivo de los actos celebrados, no puedo dejar de reseñar los diferentes actos protagonizados por las víctimas. Un año más hemos podido contemplar con dolor y con tristeza que dichos actos han estado marcados por la división. Me atrevería a afirmar que desde el momento del atentado, alguien ya planificó la desunión de las víctimas. Causa tristeza comprobar cómo el carácter eminentemente político del atentado y los hechos posteriores al mismo, tienen más fuerza que la unidad que sin duda debía haber generado el dolor por la pérdida y los sufrimientos de los que de una forma u otra "íbamos en los trenes".

Echando la vista hacia atrás, seis años después, creo que cualquier víctima, por distinta que sea su ideología o su filiación política, no podría encontrar una explicación racional de lo ocurrido si analizamos los resultados de la Comisión Parlamentaria de Investigación, del proceso judicial y de las investigaciones policiales. En cambio, creo que a ninguna de ellas pasa inadvertido el pacto de silencio y el pasar página de todas las instancias del Estado. Parece como si hubieran acordado: "Entre todos podemos tapar el 11-M".

A nosotros las víctimas sólo nos queda el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos y las heridas físicas y psicológicas de los que seguimos vivos. No hay médico que nos pueda curar las heridas que dejó en nosotros el once de marzo de 2004. Y para mayor pena, los que podrían haberla evitado, aclarado y castigado, lejos de cumplir con su deber, están consiguiendo la desactivación total de las víctimas en nuestro papel de referente moral de la sociedad, llegando, en ocasiones, a manejarnos como a marionetas.

Cada país y cada pueblo tienen a los dirigentes que se merece. Ellos nos han vencido en todos los terrenos.


Libertad Digital - Opinión

Que recorten ellos. Por José María Carrascal

¿RECUERDAN la fábula? Todos los ratones estaban de acuerdo en que había que poner un cascabel al gato. El problema surgió al decidir quién se lo ponía.

Discutiendo sobre ello, llegó el gato y se los zampó. También doña Elena Salgado y los consejeros de Economía de las distintas Comunidades están de acuerdo en que hay que recortar el gasto para atajar la crisis. Pero al no haber acuerdo sobre quién, cómo ni cuánto se recorta, se ha dejado la decisión a cada uno. Puede suponerse lo que decidirán: que sean los demás quienes recorten. El primero en hacerlo ha sido el que hubiera tenido que dar ejemplo, el Gobierno, que advierte que los gastos sociales se mantendrán. No sólo se mantendrán, sino que aumentarán, al aumentar el paro. El año pasado, los subsidios por desempleo se llevaron 31.000 millones de euros. Este año la suma será mayor al haber más parados. Mientras los ingresos del Estado seguirán disminuyendo debido a la desaceleración de la actividad económica. ¿Cómo va a recortarse el déficit del 11,2 por ciento del PIB al 3 por ciento de aquí al 2013, como pretende el Gobierno? Nada de extraño que Bruselas califique esas cuentas de excesivamente optimistas y los sindicatos, sencillamente, de imposibles.

Pero no es sólo en «gasto social» por donde se le va el dinero al Gobierno. Se le va también en reuniones de alto copete aprovechando que somos presidentes de turno de la Comunidad Europea, en las ONGs más diversas, con tal de que sean de izquierdas, en pagos millonarios de rescates a piratas y terroristas, en la reconstrucción de Haití, en ayudas a Chile, en subvenciones a Andalucía y otros damnificados, etc., etc. Lo que está muy bien. Pero así ni se reduce el gasto ni se da ejemplo. ¿Quién va a reducirlo, sobre todo si es el PP, viendo al Gobierno seguir gastando en faustos viajes, amigos dentro y fuera de casa? «¿Por qué voy a ser yo? ¡Que recorten ellos!», se dirán, como los ratones ante el gato. El fin de la fábula ya lo conocen. El fin de la crisis en España puede vaticinarse que no será muy distinto.

No sé lo que pensarán ustedes, pero yo no creeré los planes económicos del Gobierno hasta que no le vea anunciar un corte draconiano de sueldos, viajes, ministerios, direcciones generales, consejeros áulicos, asesorías externas y demás extras, a las Autonomías hacer otro tanto y los ayuntamientos recortar sus presupuestos de fiestas. Tal vez entonces los españoles podríamos empezar a creer que los sacrificios que exige salir de la crisis no iban a caer sólo sobre nuestras espaldas y bolsillos. Pero no lo veo por ninguna parte. Lo que veo son planes tras planes, comisiones tras comisiones, acuerdos tras acuerdos sin el menor contenido. Mientras el gatazo de la crisis se relame los bigotes. Ni los ratones se lo habían puesto tan fácil.


ABC - Opinión

Mayor Oreja o el deber de desconfiar

Las declaraciones que más alimentan las sospechas de que podemos asistir a "un segundo tiempo", no son las de Mayor Oreja, sino las que han hecho recientemente los propios representantes del Ejecutivo y de la banda terrorista.

Imaginemos que, tras el final de la última tregua de ETA, el Gobierno de Zapatero hubiera derogado la infame resolución parlamentaria aprobada poco antes del comunicado de alto el fuego que permitía formalmente al Ejecutivo negociar con la organización terrorista un eufemístico "final dialogado de la violencia". Imaginemos también que Zapatero se hubiera comprometido públicamente a no volver a circular jamás por la senda que, al margen del Estado de Derecho, le llevó a tener como compañeros de viaje a criminales prófugos de la Justicia y a adquirir compromisos con ellos en favor de "un nuevo marco jurídico-político" en el Pais Vasco, donde "todo tendrá cabida tenga el alcance que tenga" y en el que "se respetará las decisiones que los vascos adopten libremente". Imaginemos que Zapatero hubiera corregido a Rubalcaba cuando éste se refirió a la reactivada lucha policial contra ETA como "fase de confrontación", y hubiera dejado claro que no se trata de una "fase" sino de una voluntad irrevocable y definitiva de lucha contra el terrorismo, que ya no va a volver a admitir diálogo alguno con ETA. Imaginemos, así mismo, que el Gobierno de Zapatero no se hubiera limitado a aplicar la Ley de Partidos a las siglas ya conocidas de los proetarras, sino que también hubiera aplicado la legislación vigente para disolver a los ayuntamientos que aun gobiernan los representantes políticos de la banda gracias a su pasada e infame condescendencia.

Aun entonces, los españoles tendríamos todo el derecho a desconfiar de un Gobierno que ha hecho un uso tan sistemático de la mentira y que ya negociaba con ETA durante la "vigencia" del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, antes y después de la última tregua terrorista. Ese derecho a desconfiar se convierte, sin embargo, en deber cuando el Gobierno de Zapatero no ha dado ninguno de los pasos anteriormente mencionados y que servirían para reducir las dudas sobre si este Gobierno ha vuelto o no a las andadas.

Es cierto que el futuro siempre está abierto, para bien y para mal, y que no hay dique u obstáculo alguno para quien se halla dispuesto a reincidir en el error o en la infamia. Sin embargo, a la vista, no de los diques, sino de las puertas que Zapatero ha dejado abiertas al diálogo con ETA es perfectamente legítimo plantearse la posibilidad, tal y como ha hecho Mayor Oreja, de que ese diálogo entre el Gobierno y sus antiguos compañeros de viaje ya se haya restablecido.

El relativismo y el nihilismo de Zapatero ya han demostrado que son capaces de llegar con ETA a lo que en su día calificamos de "pacto entre la mentira y el crimen", que en el caso de los terroristas suponía acercarse a los objetivos políticos por los que ha venido matando y declarando treguas y que, en el caso de Zapatero no es otro que perpetuarse en el poder como sea, incluida la generación de un anestesiante espejismo de paz que le ayude a ganar las próximas elecciones.

Con todo, las declaraciones que más alimentan las sospechas de que podemos asistir a "un segundo tiempo" en las componendas entre el Gobierno y ETA, no son las de Mayor Oreja, sino las que han hecho recientemente los propios representantes del Ejecutivo y de la banda terrorista. Empezando por estos últimos, ahí están las declaraciones de alguien tan destacado como Arnaldo Otegui favorables a "reanudar el proceso" con el objetivo de que Zapatero cumpla los compromisos adquiridos y a favor de la autodeterminación de Euskal Herria. Ahí esta también el último comunicado de la propia banda terrorista, en la que si bien todavía no se muestra favorable a interrumpir su "lucha armada", sí muestra su "total disposición a dar los pasos que sean necesarios para favorecer el cambio político". No menos relevantes, y preocupantes, son las declaraciones públicas de hace unos días del ministro del Interior que, tras señalar que "no hay duda de que aun queda espacio para que la policía arrincone a ETA", afirmó a renglón seguido que "después se hará un ajuste político, pero eso lo tendrán que decidir los vascos y los españoles".

¿Qué "ajuste político" es ese que queda en suspenso en función de lo que hagan o dejen de hacer los terroristas, en función de lo mucho o lo poco que los haya arrinconado la policía?

Hace cuatro años Zapatero descalificó una foto en la que aparecía Rosa Díez con unas víctimas de ETA considerándola una "foto retrasada de quienes todavía no han empezado a salir por la carretera que vamos a transitar". Al tiempo, alababa una instantánea en la que aparecía la diputada socialista Gemma Zabaleta con la batasuna y abogada de ETA, Jone Goiricelaya, considerándola "una foto que se adelantaba a su tiempo".

En lugar de matar al mensajero y dedicar descalificaciones a Mayor Oreja, bien le valdría a este Gobierno asegurar que el futuro será siempre el de estar al lado de las victimas y no volver a transitar por esa infame senda que Mayor Oreja nos ha hecho hoy recordar.


Libertad Digital - Editorial

Sin ideas frente al déficit

LA reducción del enorme déficit de las Administraciones Públicas es un objetivo con el que están de acuerdo el Gobierno y las Comunidades Autónomas, pero la propuesta presentada por el Ministerio de Economía a los gobiernos regionales no ha aprovechado este consenso de partida y ha defraudado las expectativas. Pasar del 11,2 por ciento de déficit actual al 3 por ciento en 2013 requiere unas medidas drásticas y un calendario de ejecución inmediata. El Gobierno no ha ofrecido nada de esto, salvo fijar en 10.000 millones de euros el importe de la reducción del déficit autonómico y crear una comisión que concrete los planes de ajuste en el mes de junio.

Por otro lado, el Gobierno vuelve a demostrar que una de las razones de la gravedad de la crisis económica española es su incapacidad para diseñar una estrategia política que resista más de tres meses o una evaluación externa mínimamente rigurosa. Hace una semana, Bruselas recibía con escepticismo el plan de ajuste remitido por el Gobierno español, destacando la imprecisión de sus medidas y el excesivo optimismo de sus previsiones. Pero es que no han pasado tres meses desde que el Congreso aprobó unos Presupuestos Generales del Estado cuyo cuadro macroeconómico estaba desfasado aún antes de ser votados, y hoy son papel mojado. Ahora, el Gobierno pide a las Comunidades Autónomas que reduzcan su déficit en 10.000 millones de euros, que es el importe que el Gobierno debería aportar para ejecutar el incremento de la financiación autonómica en los próximos años. Porque hay que recordar que el pasado año, en plena crisis y sin posibilidad de esquivarla, el Gobierno de Rodríguez Zapatero pactó un nuevo sistema de financiación autonómica en contra de un elemental sentido común que alertaba de los riesgos de asumir compromisos financieros para un Estado cuyos ingresos estaban cayendo en picado. Ayer mismo, el Ministerio de Economía certificó la mala tendencia de los ingresos públicos en los dos primeros meses de este año. El superávit de la Seguridad Social se redujo en febrero el 16 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2009.

La crisis no puede esperar a más comisiones ni pactos de mínimos. El Gobierno, que empieza a jugar con la idea de culpar a las autonomías de la falta de recuperación, intenta eludir decisiones que son severas, pero que antes o después habrá que explicar a los ciudadanos y adoptarlas. La alternativa -seguir como hasta ahora- es mucho peor.


ABC - Editorial