La guerra de Irak fue legal y la del Golfo ilegal, según el Gobierno Zapatero. Por Raúl Vilas

Noviembre de 2004. El Gobierno Zapatero elabora un Decreto-Ley para indemnizar a los participantes en misiones en el exterior. Lo firman siete ministros. En él figura que la intervención en Irak de 2003 estaba avalada por tres resoluciones de la ONU; y la guerra del Golfo de 1990, no.

Sólo habían pasado unos meses de las elecciones del 14 de marzo de 2004. El PSOE de Zapatero había llegado al poder aupado por las algaradas callejeras que sucedieron a los atentados del 11-M, culpando al Gobierno de los crímenes por haber apoyado la guerra de Irak. Antes, la oposición socialista durante esa segunda Legislatura de José María Aznar ya había estado centrada en la denuncia de la ilegalidad de la intervención aliada en Irak para derrocar a Sadam Husein. Se acusaba al Gobierno de implicar a España en una guerra injusta e ilegal, pese a que nuestros soldados no participaron en misiones de combate. Nada más llegar a La Moncloa y sin avisar a los aliados, Zapatero ordenaba la precipitada retirada de nuestras tropas, irritando a EEUU y los otros países presentes en el país asiático.

Por ello cobra especial relevancia este Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, elaborado por el Ministerio de Presidencia de María Teresa Fernández de la Vega. Está firmado por siete ministros del primer Gobierno Zapatero. Además de la vicepresidenta, vemos las firmas del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes; el de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el de Defensa, José Bono; el de Interior, José Antonio Alonso; el de Trabajo, Jesús Caldera y el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

En la Memoria Justificativa que acompaña al Decreto se incluye un listado de las operaciones del Ejército español en el exterior, en las que figura por un lado aquellas que están amparadas por resoluciones de las Naciones Unidas. Aparecen Bosnia, Burundi, Sudán, entre otras. Hasta ahí normal. Pero la sorpresa llega al ver: Abril 2003. Operación Libertad Iraquí en Irak. Y dice textualmente:

* La participación española, amparada por las Resoluciones 1441 (2002) y 1483 (2003) y 1511 (2003), se concretó el envío de dos diferentes tipos de unidades con la misión de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad.

Por tanto, estos siete ministros del primer Gobierno Zapatero, algunos de ellos presentes sólo un año antes en las manifestaciones contra la guerra ilegal e injusta de Aznar, estamparon su firma en un Decreto que reconoce la legalidad de la intervención en Irak. Es más, ni ilegal ni, en lo que a España atañe, guerra, ya que se dice claramente que las dos misiones eran de "ayuda humanitaria" y "restablecimiento de la seguridad". Términos idénticos a los que utiliza ahora el Gobierno para negar que en Afganistán nuestras tropas estén en misión de guerra.

El Decreto nos ofrece una sorpresa más. En el apartado otras operaciones, no amparadas por Resoluciones Internacionales, se incluye la Operación Golfo Pérsico en 1990 en apoyo a la primera guerra del Golfo con una fragata de la Armada Española. Esta sí fue una guerra ilegal, según el propio lenguaje utilizado por los socialistas, de acuerdo con el Decreto elaborado por De la Vega. Entonces gobernaba Felipe González y la oposición apoyó al Gobierno, pese a que existía una gran diferencia: el PSOE envió soldados de reemplazo, no profesionales como los que se movilizaron en la segunda guerra de Irak. La hipocresía socialista queda perfectamente retratada.

El apoyo de España a la Operación Libertad Iraquí de 2003 contó, además, con el respaldo del Congreso de los Diputados que aprobó con 184 votos secretos (uno más de los que disponía el PP) la participación del Ejército español en la misión. Esto desmonta otra de las falacias que repite el Gobierno Zapatero: "ahora es el Parlamento el que, por primera vez, aprueba el envío de militares fuera de España". Es más, en aquel momento no era necesario por ley consultar al Parlamento. Ahora, el Gobierno Zapatero sí ha elaborado una ley en este sentido, cuando, en la práctica, este mismo Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el envío de tropas a Afganistán antes de que se pronuncie el Congreso. En la injustísima e ilegalísima guerra de Irak fue al revés, sí tenía el visto bueno de la cámara.

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Libertad Digital

Digno de celebración. Por José A. Sanchidrián

Según desveló José Mª. de Areilza en su diario, el Rey habló por teléfono con Giscard d’Estaing y Walter Scheel, presidentes de Francia y de la República Federal de Alemania, y con Henry Kissinger, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, para ofrecer explicaciones acerca del nombramiento de Arias Navarro como Presidente del Gobierno. Que el Jefe del Estado acudiera presto a rendir cuentas a tan sonados líderes occidentales, muestra a las claras cómo el posfranquismo asumió que el remozado de la monarquía habría de satisfacer una exigencia foránea.

Así lo atestigua el viaje de Adolfo Suárez a París, sustituto del defenestrado Arias, apenas una semana después de su nombramiento. El primer número del diario EL PAÍS (4 de mayo de 1976) nos había revelado más del asunto, al titular a tres columnas: “El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en Europa”. Pero, su editorial del 2 de julio de 1977, resulta contundentemente definitivo: “(…) el tema del ingreso español en la CEE, tema que a partir de ahora es posible, pues con las pasadas elecciones -las generales a Cortes del 15 de junio- nuestro sistema político es homologable al que rige en los países de la Comunidad.” Dicho y hecho, el 29 de julio, el ministro Oreja realizaba la solicitud formal de adhesión, y el 21 de septiembre de aquel año, el Consejo de Ministros de AA.EE. de la CEE concedía el “sí” a la negociación, admitiendo con ello nuestra equiparación política.

El elevado designio de la Transición por fin se había logrado. Faltaba un pequeño detalle sin importancia:

¡no había constitución!

¿Cómo era entonces posible convalidar el “sistema político”? ¿Acaso no corrieron un riesgo las altas instancias europeas por no esperar la respuesta de los españoles? Ciertamente no. España ya era un Estado de partidos por la unanimidad de estas fuerzas; y éstas podrían discutir de lo que quisieran, pero, fuera cual fuese la letra de la futura constitución otorgada, las instituciones políticas continuarían siendo las mismas: las del Estado de partidos, o sea, sustancialmente un gobierno elegido en una cámara cuyos asientos se reparten, en proporción a los votos obtenidos, entre las listas de los partidos subvencionados por el Estado, con cuantías también en similar proporción.

Finalmente y más de un año después, el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español, auténtico protagonista del cambio político, refrendó, con libertad dentro del camino acotado, la Constitución de los partidos; contradiciendo, con semejante muestra de madurez democrática, el sondeo que publicara EL PAÍS en vísperas de las elecciones de junio del año anterior, el cual arrojó el sorprendente dato de que solamente el 26 por 100 de los encuestados sabía para qué votaba.

República Constitucional

La Constitución en ruinas. Por Pio Moa

Tenemos un Gobierno y una oposición ilegítimos, que han destruido la ley fundamental y han legalizado, justificado y premiado el asesinato terrorista y el crimen en general como forma de hacer política en España.

Lo más graves que ha pasado en España desde comienzos de la transición no ha sido el persistente terrorismo, ni el 23-F, ni el 11-M, sino la liquidación de la Constitución por un Gobierno delincuente, en combinación con la ETA y los separatistas. Digo delincuente porque lo es, y sólo puede serlo, un Gobierno que torpedea la ley fundamental del Estado, que colabora para ello con la ETA y con los disgregadores de la unidad nacional.

Es en el estatuto catalán donde la ruina de la Constitución resulta más plenamente manifiesta. El estatuto no sólo deja en un residuo el Estado en Cataluña, es decir, deja en un residuo la unidad de España, como se jactaba Maragall, sino que va más allá, inventa una nueva nación, es decir, una nueva soberanía, idea que implícitamente se ha trasladado a los estatutos valenciano y balear, con gobiernos del PP, y explícitamente al de Andalucía (aquí, acompañada de irrisorias loas a España), con Gobierno del PSOE y apoyo del PP. Su inconstitucionalidad no hace falta que la decida ningún tribunal, Constitucional o no: es algo que entiende perfectamente cualquier ciudadano normal que conserve un mínimo de sentido común. Para más inri, el Tribunal Constitucional al que se ha encargado la perogrullesca labor de dictaminar está presidido por una juez política próxima al PSOE y simpatizante del separatismo vasco, entre otras prendas. Hasta ahí ha llegado la agresión a Montesquieu desde los tiempos de Mienmano.

La mezcla de frivolidad, de corrupción y de impulso delincuente en la mayoría (sí, la mayoría) de nuestros políticos, ha llevado a eso. La democracia salida del franquismo con las mejores condiciones sociales y económicas que nunca tuvo régimen español alguno desde la invasión napoleónica, la han echado abajo estos farsantes –o cosa mucho peor que farsantes–, han convertido el sistema en una democracia bananera o algo también peor. Con ello han quedado deslegitimados. Tenemos un Gobierno y una oposición ilegítimos, que han destruido la ley fundamental y han legalizado, justificado y premiado el asesinato terrorista y el crimen en general como forma de hacer política en España (en el caso del PP rajoyano, no oponerse es ser cómplice de todo ello). No por nada ese Gobierno se identifica con los bandidos (como observaron Marañón, Pérez de Ayala y Ortega) del Frente Popular, empezando por Negrín.

Ciertamente, la Constitución era contradictoria y ambigua, menos que mediocre, al nivel de quienes la elaboraron; pero era la ley básica y hecha por consenso, y aceptar que la pisoteen los políticos es aceptar la delincuencia como manera de hacer política. Esta es la situación actual del país.

Libertad Digital

Deslealtad institucional. Por Pedro M. González

República de leyes.

El vacuo concepto de Estado de Derecho contrasta con la precisión de la República de Leyes. La definición del primero, articulada por Von Mohl ordena el autocumplimiento estatal de la norma dada por los cauces establecidos en la Ley Suprema o Constitución, que funciona como límite o tope de su injerencia en la individualidad, quedando así definido por eliminación el espacio para el libre albedrío.

La República de Leyes según la articulación que de la misma realiza Adams no se para en la autolimitación estatal, sino que lleva ínsito el requisito inexcusable de que la producción normativa provenga de legisladores independientes del ejecutivo elegidos por la ciudadanía y que sea interpretada por Jueces también independientes de ambos poderes. La conceptuación del Estado de Derecho es negativa, definiéndose por eliminación de lo que éste no puede hacer según las normas de que se dota. La de la República de Leyes es claramente positiva por cuanto diseña no sólo el sometimiento estatal a la Ley, que también, sino adicionalmente la exigencia de cauces eficaces de actuación del individuo en la producción normativa a través de legisladores representativos y separados del gobierno que elaboren el cuerpo legal. Por eso la Razón de Estado es guía y norte de la actuación de los poderes públicos en el Estado de Derecho partitocrático, funcionando al unísono como rodillo de una sola voluntad y haciendo acomodaticio lo jurídico a lo particular, mientras que en la República de Leyes el supuesto de hecho concreto se tamiza a través del filtro de la legalidad y de una justicia independiente y separada en origen, sin excepcionalidad.

Entendido esto, no debe sorprender que el Ministro Caamaño, ante la comprometida situación política creada por el recientemente finalizado secuestro del Alakrana, se descolgara reclamando a los Tribunales, a cuya disposición se encuentran aún los piratas capturados, una solución “ad hoc”. Así, declaró sin rubor que el supuesto de hecho exige “apartarse de la generalidad de la ley y buscar soluciones concretas”, recordando para ello que los detenidos “son delincuentes que han atacado a ciudadanos de nuestro país y hay que conseguir que los secuestrados sean liberados explorando todas las vías legales que existen”. Cabe pensar ahora qué relación tiene la aplicación de la Ley española con la liberación de los secuestrados, a no ser que se condicionara ésta a retorcer la interpretación de la norma procesal en ejemplar interpretación del Estado de Derecho. La vergüenza de su indignidad exige el pacto de silencio manifestado en la siguiente “perla” de Caamaño: Lo lógico no es tratar ni ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado, como es el Poder judicial, van a aplicar las leyes. España es un Estado de Derecho y sus Tribunales forman parte de él por lo que hay que dejar que las instituciones funcionen con la normalidad necesaria.

República Constitucional

LAS CUENTAS B DE ANDALUCÍA. Por PEDRO DE TENA

Gif de e-pesimo

La Junta dispone de 5.300 millones en su tela de araña de empresas públicas ruinosas. Hay una Junta A, conocida, presupuestada y controlada y hay una Junta B que no es conocida, que no es presupuestada parlamentariamente y que no está controlada. Cómo será el descontrol que ni siquiera hay acuerdo entre la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Junta acerca de su número y carácter.

Pues bien, cuenta este lunes el ABC que la Junta ha inyectado en 2008 casi un billón de las antiguas pesetas, 5.300 millones de euros en este tipo de entidades que albergan gran cantidad de irregularidades en contratación de personal, en adjudicación de contratos y en control interno -además de otras muchas cosas -, sin que nadie si esta cifra es la verdadera y sin control de nadie.

Lo único que se sabe es que este tinglado en B ha servido a los intereses partidistas del PSOE y que el Parlamento andaluz no ha logrado tener información precisa a pesar de las peticiones de IU y PP y de las denuncias de ambos.

Tras haber estado años colocando a dedo a decenas de miles de empleados en la Junta de Andalucía por el método de contratación de interinos y otros más o menos sofisticados, llegó un momento en que el PSOE y la Junta apenas tenían ya libertad de movimientos porque la Administración andaluza, mal que a su pesar, se iba consolidando y reglando.

Los sindicatos, a pesar de sus connivencias con el régimen, también querían participar en el control de las pruebas de acceso, lo que dejó a la Junta maniatada respecto a la colocación sin control practicada hasta entonces. Por eso fue con la llegada de Manuel Chaves a la Junta en 1990 cuando el mecanismo "B", de las empresas y organismos públicos paralelos a la Junta, comenzó a desarrollarse con toda su amplitud.

Por eso tiene sentido la pregunta que se hace ABC: "¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008?

Al parecer, para poco, porque la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas —según denuncia el PP— que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita. Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP."

En 2008, la tela de araña de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111, 13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso ABC, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización.

La cifra se obtiene mediante la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007. De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009.

La Junta financia a estas empresas directamente mediante subvenciones de explotación, encomiendas de gestión. ampliaciones de capital o solicitudes de servicios. Hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta.

Hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta le pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a la que le ha abonado un 18 por ciento o Verificaciones Industriales de Andalucía que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento.

La Cámara de Cuentas ha denunciado sistemáticamente el funcionamiento de estas empresas, la última, Sandetel, dirigida por el primo de Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo y el amigo íntimo de Manuel Chaves, Rafael Camacho Ordóñez, además de otros gerifaltes de la Junta andaluza. Y los tribunales de justicia, sobre todo el TSJA, ha rechazado sus sistemas de funcionamiento por duplicar el costo de la Administración andaluza sin sentido del interés general.

Lo que podrían hacer los funcionarios no lo hacen y sin embargo, se contratan a miles de personas para hacer lo que hay que hacer. Es en síntesis lo que dice la sentencia del caso Sadesi, gran victoria del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía. Sadesi ha sido una de las auditadas por la Cámara de Cuentas y donde se encontraron muchas irregularidades. Esta empresa subcontrataba servicios que la Consejería de Innovación podría hacer directamente con sus propios funcionarios.


Libertad Digital

"Eta es una banda paramafiosa, que trafica con cocaína". Por Roberto Saviano

El autor de "Gomorra", Roberto Saviano, ha dicho este lunes que ETA es una banda "paramafiosa, que trafica con cocaína" para financiarse, aunque ha asegurado que esto es "algo que no quiere mostrar", porque al considerarse una organización "moralista", la droga "es un pecado y algo inmoral".

Saviano, que esta semana imparte un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha explicado a los periodistas que esta "idea" la ha obtenido de una investigación del departamento antimafia de la Policía italiana en los años noventa, que relaciona a ETA con los clanes mafiosos (Genovesi) de la provincia de Avelino.

En una conferencia de prensa en italiano, con traducción al español, el escritor, que vive escoltado desde 2006 por estar amenazado por la Camorra napolitana, ha explicado que ETA obtiene la droga de las FARC colombianas "para conseguir, a cambio, apoyo y armas de la Camorra italiana".

"Cuando cuento estas cosas aquí en España, no encuentro una referencia", ha añadido Saviano, quien ha insistido en que en España se "tiende a no creer" la relación de ETA con el narcotráfico porque la banda terrorista "se plantea como una organización moralista y ella no acepta, evidentemente, traficar con droga".

Para Saviano, la relación entre la mafia y ETA es "un filón a descubrir", de cara a conocer cómo se financia la organización terrorista para controlar "un territorio". "Es algo que ETA no quiere demostrar y eso es una característica que comparte con las organizaciones mafiosas. Para ellas es un pecado relacionarse con la droga, porque es algo inmoral, pero trafican con ella", ha aseverado.

Pero ha aclarado que esta banda terrorista no es la única que "actúa como una organización mafiosa y se justifica como una organización política", ya que ha asegurado que lo mismo pasa en Afganistán con los talibanes.

De hecho, en su intervención en el curso, ha apostillado que los talibanes son "simples traficantes de droga", que utilizan la ley islámica "para motivar que Afganistán está sometido totalmente al cultivo del opio", aunque ha considerado "increíble" que en Occidente cuando se habla de los talibanes "nadie hable de droga".

En el curso, Roberto Saviano ha rechazado que ETA sea como la mafia, ya que al contrario que las bandas del denominado Sistema, la organización terrorista vasca "trabaja siempre muy mal". "No tienen consenso, matan a pequeños policías, matan a inocentes. Aunque actúan como una mafia no son una mafia, no existe otro grupo que le pueda asesinar y actuar de otra forma", ha aclarado.

El escritor se ha referido, también, al blanqueo de dinero de la mafia italiana en España, que ha asegurado que ha "infectado" el país, aunque ha opinado que la Policía española aún no se está ocupando de este asunto. "El día en que en España la Policía se dé cuenta de que el país está totalmente infectado por este lavado de dinero será un mal día", ha afirmado Saviano, que ha estado acompañado en todo momento, y en todos los lugares del Palacio de la Magdalena, sede de la UIMP, por cuatro personas de seguridad.

Roberto Saviano ha asegurado que la idea sobre la cantidad de dinero que blanquea la mafia en España se puede obtener del hecho de que en diez años han sido detenidos en el país diez jefes de esta organización.

Aunque, además, ha denunciado que hay más mafiosos rusos e italianos que "están huidos de la Justicia" y viven sin problemas y con normalidad en España, pero que parecen no ser un problema porque "no han hecho ningún daño aparente".

"Cuando decidan matar, España actuará de forma más contundente contra ellos y se conocerá hasta qué punto las organizaciones mafiosas están presentes en este país", ha advertido.

El Imparcial