Gasto público. Que empiecen por los contratados laborales. Por Emilio J. González

Antes de congelar el sueldo de los funcionarios, lo que habría que hacer es limpiar la Administración de todos aquellos que han entrado a dedo o han visto transformados sus contratos laborales en otros de funcionarios por razones políticas.

Los socialistas están abandonando el poder dejando tras de sí un panorama de ruina y desolación donde han gobernado, habiéndose gastado todo lo que tenían y lo que no tenían y dejando la Administración Pública llena de sus amigos y correligionarios, todo ello en medio de una crisis fiscal como no ha vivido España otra desde los días previos al Plan de Estabilización de 1959. En consecuencia, se impone un ajuste de caballo en las cuentas públicas tanto de las autonomías como del Estado, porque lo que se puede encontrar allí el PP si gana las elecciones generales del 20-N puede ser una situación similar o peor que la que ha descubierto al llegar al poder en lugares como Castilla-La Mancha o Baleares. ¿Por dónde empezar? El Gobierno francés acaba de indicar el camino a seguir al anunciar el recorte de 30.000 efectivos en la función pública, una medida similar a la que impuso Cameron en el Reino Unido nada más llegar al poder. El PP debería hacer lo mismo aquí en España, antes de plantearse la congelación del sueldo de los funcionarios. ¿Por qué?

Muy sencillo. Recientemente visitó España una delegación del FMI, en parte para conocer la evolución de nuestra crisis de deuda, en parte para elaborar el capítulo correspondiente a España de su informe de otoño. En una reunión con un grupo de empresarios, uno de los miembros de la misión del Fondo señaló que si en nuestro país se redujese el número de efectivos de la Función Pública al nivel de 2004, cuando ZP llegó al poder, el sector público ahorraría una cantidad equivalente al 4% del PIB que es, aproximadamente, entre el 50% y el 70% del recorte en el déficit público que hay que llevar a cabo para equilibrar el presupuesto. La cifra puede parecer desorbitada, pero hay que tener en cuenta que con la desaparición de un puesto de trabajo en la Administración no sólo se ahorra un sueldo sino también todo el gasto corriente asociado a ese empleo, desde un lugar para trabajar hasta electricidad, teléfono o papel, por poner sólo algunos ejemplos. Quizá el ahorro real no sea tan elevado como estima el FMI pero, desde luego, sí sería importante.

Además, hay que tener en cuenta que el crecimiento del número de efectivos de la Administración se ha hecho a golpe de contratados laborales cuyo principal y único mérito es tener carnet del partido de turno o ser amigo o familiar de alguien relacionado con el poder. Lo cual supone no sólo una caída drástica del nivel de profesionalidad de los empleados públicos sino una discriminación ostentosa hacia quienes han ganado limpiamente su plaza preparando una oposición y, por tanto, cualificándose para el puesto que desempeñan o que deberían desempeñar. Por ello, creo que antes de hablar de la congelación del sueldo de los funcionarios, muchos de los cuales apenas llegan o sobrepasan los mil euros mensuales, lo que habría que hacer es limpiar la Administración de todos aquellos que han entrado a dedo o han visto transformados sus contratos laborales en otros de funcionarios sólo por razones políticas. Por ahí es por dónde tiene que empezar el ajuste. Como en Francia y Reino Unido.

Libertad Digital – Opinión

Hacen falta políticos que recorten

Décadas de propaganda machacando con la idea de que todo servicio público, sea el que sea, mejora cuanto más dinero pones en él han logrado convencer a muchos, pese a claros contraejemplos como el de la educación.

Lo que es virtud en el hogar: gastar menos de lo que se ingresa, hacer más con menos, parece ser el peor de los pecados en la administración pública. Décadas de propaganda machacando con la idea de que todo servicio público, sea el que sea, mejora cuanto más dinero pones en él han logrado convencer a muchos, pese a claros contraejemplos como el de la educación, en la que un constante incremento en el gasto por alumno ha ido acompañado de un generalizado descenso en su calidad, gracias en buena medida a la LOGSE del candidato Rubalcaba.

Pero por más que se empeñen, el gasto público siempre tiene un gran porcentaje de derroche. Ya lo dejó claro Milton Friedman cuando explicó que de todas las formas de gasto, la peor es aquella en que para sufragar algo que no disfrutaremos nosotros tampoco gastamos nuestro propio dinero: ni cuidamos que la adquisición sea satisfactoria ni que sea al mejor precio posible. Lo vemos, por ejemplo, en el conflicto de los profesores de la enseñanza pública en Madrid: dan menos horas de clase que sus colegas de la concertada, cobrando más y con peores resultados. Y hacen huelga cuando se les incrementa una hora y media a la semana.

Poco a poco, algunos de los políticos salidos de las urnas del 22 de mayo, aun por necesidad, están empezando a sacar la tijera. Bauzá, Monago, Cospedal o Aguirre están tomando medidas imprescindibles para que España no se convierta en una segunda Grecia. Acostumbrados a que se nos digan cosas como "el dinero público no es de nadie" o "yo soy presidente autonómico, no un contable", es de agradecer que haya quien se tome su trabajo en serio.

España está en una situación límite, y sólo hemos empezado con los recortes. Serán necesarios políticos capaces de tomar decisiones difíciles, y que sean capaces de mantenerse firme en ellas pese a las protestas. Lo que ha sucedido hasta ahora no es más que un aperitivo de lo que pasará si Rajoy gana las elecciones y tiene que acometer las nunca especificadas reformas estructurales. Si ahora cualquier gobernante del PP se echa para atrás, podemos temer lo peor para nuestro futuro.

Libertad Digital – Editorial