La falacia de la copia privada. Por Antonio José Chinchetru

El derecho de copia privada no es algo que nos pueda otorgar o quitar el Estado. Contra lo que contempla la legislación, es tan sólo una expresión más del elemental derecho de propiedad que no debería ser restringido de forma alguna desde el poder.

La SGAE y la patronal tecnológica, Aemetic, por fin parecen ponerse de acuerdo en algo: la indisoluble vinculación entre el canon y el derecho de copia privada. Aunque ahí empiezan las diferencias. Desde la entidad de gestión la defienden para justificar la existencia del canon, mientras que los empresarios propugnan la eliminación del primero para acabar con la segunda. Esta postura parece lógica, puesto que el legítimo objetivo de ellos es terminar con el encarecimiento de sus productos para engordar las cuentas de unas organizaciones (no sólo la de Teddy Bautista, hay más) que viven del negocio de la "gestión colectiva" de los derechos de autor.

Este argumento, por tanto, resulta comprensible. Tiene, sin embargo, un problema. Cae en lo que podríamos denominar la "falacia de la copia privada". Este supuesto derecho, que es el que justifica el canon, se fundamenta en que el Estado otorga a un ciudadano la potestad de hacer una copia de una obra (musical, audiovisual o literaria) que ha comprado previamente por si se le estropea el original. Parte de una idea absurda: que con dicha copia el autor, los intérpretes y la editorial (discográfica, cinematográfica o de libros) pierden dinero debido a que tan sólo se compre un ejemplar en vez de dos. Y con este argumento se justifica que haya que compensar económicamente a todos ellos por esa supuesta pérdida.

Lo anterior se basa en una negación del legítimo derecho de propiedad, puesto que se niega a cada persona la capacidad de utilizar libremente, sin previa autorización estatal y como quieran, los bienes que ha adquirido de forma legítima. Así, en nombre de la ficción denominada "propiedad intelectual" se proscribe que un ciudadano pueda usar su ordenador u otros dispositivos para copiar sin limitación jurídica el contenido almacenado en soportes físicos (incluido el disco duro de su ordenador o un libro) de los que también es propietario.

El derecho de copia privada no es algo que nos pueda otorgar o quitar el Estado. Contra lo que contempla la legislación, es tan sólo una expresión más del elemental derecho de propiedad que no debería ser restringido de forma alguna desde el poder. Y por cuyo ejercicio nadie debería poder cobrarnos.

Libertad Digital – Opinión

SGAE. Pillados en bragas. Por Pablo Molina

Si hay justicia en España, el tribunal incluirá en la sentencia las bragas de ocasión de la tropa de la SGAE como lo que son, un agravante por ensañamiento. Al menos estético.

Las informaciones que, si bien con cuentagotas, van surgiendo del sumario contra la SGAE nos permiten comprobar que, al margen de las responsabilidades penales que en su día hayan de afrontar, los integrantes de la banda que gestionaba a la entidad trincona son eminentemente horteras.

Los datos de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permiten a los peritos afirmar que el desvío de fondos para uso privado podría rondar los 30 millones de euros, más o menos lo de Roldán corregido por el coeficiente actualizador del IPC, pero en uno y otro caso los protagonistas del episodio no han podido evitar comportarse como lo que son, unos cursis redomados incapaces de sacudirse el pelo de la dehesa.

La compra de lencería es una de las aficiones que los dirigentes de la trama han cultivado con el dinero de los asociados y, por extensión, de todos los españoles. Pero qué lencería, señoras y señores. Nada de grandes marcas, de esas a las que acudimos los maridos para salvar el expediente del cumpleaños de la esposa o el aniversario de bodas en el último momento dejándonos un pastón, sino bragas de algodón y sostenes sin aros de a menos de 50 euros el conjunto, como las chonis del polígono cuando se van de fiesta a la discoteca del extrarradio y quieren ir cómodas para pasar la noche pegando saltos con el yónatan.

Sólo hay una cosa más cutre que llamar lencería a la ropa interior barata y es alojarse de gañote en un hotel lujoso simplemente porque paga la SGAE. Con la escasa elegancia que esta tropa ha demostrado en las facturas trincadas por la policía, es fácil suponer el espectáculo bochornoso que habrán protagonizado cada vez que han salido al extranjero, porque en la hostelería de alto nivel no deben estar muy acostumbrados a recibir según qué embajadas.

Son como el alto cargo autonómico que la primera vez que viaja a Madrid hace una parada técnica en una venta para volver a su tierra con un pan de carrasca de media tonelada en el maletero del coche oficial. Enternecedor a la par que nutritivo pero, en último término, mucho más presentable que las bragas de ocasión de la tropa de la SGAE. Si hay justicia en España, el tribunal las incluirá en la sentencia como lo que son, un agravante por ensañamiento. Al menos estético.

Libertad Digital – Opinión

El patrioterismo digital. Por Daniel Rodríguez Herrera

Hay que proteger la industria cultural española como sea, que sabemos que es el método preferido de nuestro pronto expresidente Zapatero. Hay que darles subvenciones a los pobrecitos, que si no vienen los de fuera y les comen los piececicos.

Hay que proteger la industria cultural española como sea, que sabemos que es el método preferido de nuestro pronto expresidente Zapatero. Hay que darles subvenciones a los pobrecitos, que si no vienen los de fuera y les comen los piececicos. Hay que protegerlos de la invasión extranjera, sea con cuotas o las trabas que se nos ocurran y la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio no encuentren demasiado ilegales. Porque han de sobrevivir.

Les ponemos una pasta encima de la mesa para que hagan todo tipo de web musicales, pero como están protegidos frente a todo y tienen de su lado, según Ramoncín, hasta al CNI, lo usan para hacer una porquería que usan tres y cuesta cuatro duros y sirve a sus gestores para forrarse sin término. Pero las ventas siguen cayendo y quien se está llevando el gato digital al agua es la industria tecnológica extranjera, con nombres como Apple o Spotify a la cabeza.

Ponemos pasta sin término para hacer películas que no ve nadie, cuyos presupuestos se inflan para justificar una subvención que pague todo el presupuesto y que luego se estrenan en un oscuro cine al que no va nadie y al que le compramos entradas. Luego hacemos una web con "ayudas" de la Unión Europea para ver cine por internet, pero lo limitamos a esas películas subvencionadas que nadie quiere ver. El año que viene llegará Netflix y se quedará con todo el pastel. Nos quejaremos y pediremos más dinero para competir con el malvado extranjero, empeño en el que fracasaremos miserablemente.

Nos negamos a entrar en el negocio del libro electrónico. Cuando empiezan a venderse cacharros pese a la nula oferta de contenidos que ponemos en internet empezamos a pensar que a ver si nos va a pasar lo que a la música, pero en lugar de apostar fuerte nos limitamos a hacer uno de los sitios web más absurdos jamás ideados por la mente humana, incluyendo la página personal de Sala i Martín: Libranda. Al final tendrán que pasar por el aro, pero por el aro de Amazon, esa compañía norteamericana a la que han dado tiempo de llegar a España.

Hay que proteger la industria cultural española como sea, que está muy malita por la malvada competencia exterior. Seamos patriotas, y tal. A nadie parece ocurrírsele que lo único que puede ayudar de verdad es obligar a competir de verdad, sin leyes del libro, sin leyes de exhibición, sin subvenciones. Pero aunque se haga, ya será demasiado tarde para los Spotify españoles que podrían haber surgido en este tiempo. Que inventen ellos.

Libertad Digital – Opinión

Navegante. Los ladrones. Por Daniel Rodríguez Herrera

Los de la SGAE eran unos piratas de tomo y lomo. Y de la peor especie.

Al bueno de Julio Alonso lo han machacado en los tribunales por haber informado en su blog de que si buscabas "ladrones" en Google te salía como primer resultado la web de la SGAE. Ni siquiera faltaba al honor de tan honorable institución calificándola él mismo de ladrona, pero ya se sabe lo que pasa con ciertos jueces en España, que se pasan la ley por el forro de sus caprichos, especialmente si una de las partes es de los buenos.

El caso es que además de las muchas razones que ahora podemos tener para calificarles de ladrones, hay una especialmente divertida, por llamarlo de alguna manera. Y es que, utilizando la expresión que sus gerifaltes han utilizado con gran éxito de crítica, aunque no de público, los de la SGAE eran unos piratas de tomo y lomo. Y de la peor especie.

Tanto la ley como el sentido común diferencian entre dos formas de copiar un contenido protegido por derechos de autor. La más habitual, la que no está en el código penal, es cuando coge usted un CD del vecino y se hace una copia, o se descarga una película de internet. No tiene más objetivo que disfrutarla, o sufrirla si es española. Cosa distinta es que coja usted y la ponga en internet pidiendo un dinero a quienes se la quieran bajar. Incluso a quienes más dudas tenemos acerca de la justicia y utilidad del concepto de propiedad intelectual nos chirría que alguien gane dinero a costa de la labor de un tercero. Aunque el tercero sea uno de la ceja.

Pues bien, resulta que la SGAE tenía un servicio de descarga de pago de contenidos, y que dicho servicio, como si fuera una administración pública cualquiera, no pagaba a sus proovedores. Como si fuera un Pelisyonkis cualquiera, vamos. El dinero del canon digital y de las licencias que pagan las peluquerías de barrio para poder enchufar la radio se empleaba para evitar que quebrara la filial SDAE, la cual a su vez pagaba religiosamente a Microgénesis para que gestionara La Central Digital. Pero la cadena se paraba ahí. Microgénesis no pagaba.

¿Qué hacía con el dinero? ¿Dárselo al bueno de Iñaki Urdangarín? Pues no, ni siquiera se usaba para mejorar la delicada situación de la familia real. Básicamente se lo llevaba crudo el amigo de Teddy Bautista que dirigía el cotarro.

Pero los malos, no lo duden, son Julio Alonso y otras decenas de periodistas y publicaciones, en internet y fuera de ella, que a lo largo de los años han sido denunciados por la SGAE. La Asociación de Internautas, sin ir más lejos, está en peligro de desaparecer por una denuncia de esta buena gente. Y eso que lo que deben pagar no es más que una fracción insignificante de lo que se robó en la SGAE. Pero es que ellos no cobran canon.

Libertad Digital – Opinión

¡Pobre Arniches! Por Alfonso Ussía

Se hallaban reunidos en un café de la calle de Alcalá don Carlos Arniches, don Pedro Muñoz-Seca, don Pedro Pérez Fernández, don Antonio Paso y don Enrique García Álvarez. Celebraban la presidencia de la SGAE de don Pedro Muñoz-Seca. Lo tiene contado García Álvarez en un artículo del tiempo pasado. En aquellas calendas, la presidencia de la SGAE la ocupaban sin sueldo ni prebendas personas decentes. Las siglas SGAE respondían a la Sociedad General de Autores de España, y el presidente se comprometía a gestionar con honestidad el dinero de los autores. Sociedad de gestión, nunca de inversión. «Lo único que funciona bien en España es la Sociedad de Autores», comentó Arniches. ¡Pobre don Carlos! La gestión de la SGAE era muy sencilla. Recaudaba el dinero de los teatros y las salas de música, y con una escuálida cifra de gastos de gestión, guardaba el dinero de los autores para que éstos dispusieran de él cuando les viniera en gana. Dinero recibido, dinero repartido, dinero adjudicado, dinero custodiado. En los tiempos posteriores a la Transición, la SGAE perdió el significado de la «E». Se sabe la terrible alergia que padece la retroprogresía con la palabra «España», para mí la más bella de nuestro idioma. Y se convirtió en la Sociedad General de Autores y Editores. Muy pronto, esa Sociedad que don Carlos Arniches consideraba inmaculada y perfecta en su labor de gestión, se convirtió en una guarida de extraños inversores. Con el dinero de los autores y editores se invertía, se hacían negocios, y aumentaban hasta porcentajes más que sospechosos los gastos de gestión. Perdió la SGAE la «E» de España y la confianza de muchos de sus socios. Se celebraban elecciones continuamente para que siempre siguieran mandando los mismos, Eduardo Bautista a la cabeza. Los sueldos millonarios volaban de amigo a amigo, de correligionario a correligionario. El último Presidente de la SGAE –todavía «Española»–, en su despacho, el maestro Torroba, nos aleccionó a un grupo de socios con su pesimismo. Estaba con nosotros quien había sido un gran Presidente, Juan José Alonso Millán, también gestor y no inversor, y que ganó mucho dinero con sus derechos de autor en el Teatro. Torroba, a un paso del final, lo advirtió: «Esto se nos va de las manos y el cielo está colmado de buitres».

La SGAE, ya de editores y no de España, quedó en poder de un grupo muy próximo al PSOE. Se celebraban periódicamente elecciones, de acuerdo con sus estatutos y reglamento interno, pero eran elecciones a la búlgara. Teddy Bautista se convirtió en su director eterno, su mandamás perpetuo, y nadie ajeno a su círculo de amistades pudo meter la mano en sus cuentas. La SGAE que nació con la sencillez de una empresa de gestión se convirtió en un antipatiquísimo conglomerado de enchufes, inversiones dudosas, sueldos altísimos y gastos inaceptables, olvidando su origen y su función fundamental. Gestionar –que no administrar–, y repartir –que no invertir–, el dinero de sus socios.

La SGAE cuenta con casi cien mil socios, de los que ocho mil tienen derecho al voto. En los últimos años, mi exiguo derecho –un voto–, nunca lo he utilizado. ¿Para qué si siempre ganaban los mismos? Ahora sobrevuelan sobre la SGAE toda suerte de denuncias, querellas y actuaciones judiciales. Se desmoronan los inversores, que no gestores, que han hecho lo que han querido durante decenios. La honestidad y la decencia en la gestión y su perfecto funcionamiento es memoria histórica.
Se han llenado bolsillos con el esfuerzo de los demás. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Me consuela que la «E» de España haya desaparecido de esa sociedad perseguida por sus propias irregularidades. La ceja se está quedando sin pelos.

La Razón – Opinión

Esa insoportable levedad de ser González Sinde. Por Federico Quevedo

En este país llamado España hemos tenido toda clase de ministros de Cultura, de izquierdas, de derechas, mejores unos, peores otros… Dentro de la mediocridad general de la que se han caracterizado los sucesivos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, destacaba por su aportación intelectual César Antonio Molina. Por eso, y porque durante su breve mandato demostró que era posible conciliar el cargo con un comportamiento tolerante. Hubo incluso quien llegó a decir que podría haber sido ministro del PP… No sé si eso influyó en Zapatero a la hora de cambiarlo, pero desde luego, si fue así, lo que consiguió con el nombramiento de Ángeles González Sinde fue dejar el pabellón del Ministerio de Cultura a la altura del betún: nunca ha habido un ministro/a tan profundamente sectario, tan increíblemente inútil y tan espantosamente mediocre.

Sí, lo sé, es una pasada por mi parte, pero es lo que siento ante una ministra que de manera sistemática actúa bajo un prisma tan estrechamente cerrado y tan tozudamente partidista que le lleva a perder los papeles y a demostrar su incapacidad para ostentar el cargo allá donde va. La razón de este desahogo tiene que ver con lo ocurrido el jueves en el Museo del Prado, a saber, la pinacoteca española recibía proveniente del Vaticano la obra de Caravaggio El descendimiento, un gesto hacia Madrid por acoger este mes de agosto la Jornada Mundial de la Juventud y contar con la presencia de Benedicto XVI. La pintura de Caravaggio forma parte de una muestra específica que El Prado ha organizado coincidiendo con la JMJ, titulada La Palabra hecha imagen. Pinturas de Cristo en el Museo del Prado, una iniciativa sin duda muy interesante que va a permitir a los madrileños y turistas contemplar otras 13 pinturas más de contenido religioso.

No hay que olvidar que en todas las culturas la religión ha aportado un enorme patrimonio histórico-artístico, y el cristianismo lo ha hecho de manera singular allá donde está presente. Bien, nada de esto tendría mayor relevancia si no fuera porque, como siempre, en el acto de recibimiento de la pintura del maestro italiano, la ministra hizo lo que suele hacer: demostrar que nunca sabe estar y miccionar fuera del tiesto. Habló primero Rouco Varela en representación de la Iglesia que, en definitiva, es la que hace la cesión temporal de la pintura, y como cabe esperar de un prelado se refirió al sentido religioso tanto de la obra como del acontecimiento por el que nos visita durante dos meses. Y le tocó el turno a la ministra de Cultura. Lo lógico era esperar un discurso mínimamente respetuoso con quien acaba de tener un gesto hacia nuestro país cediendo una de las obras más importantes del arte religioso mundial, unas palabras de agradecimiento y, si no quería entrar a valorar el hecho que motiva esta cesión por su militancia laicista, un simple repaso a la importancia de la obra de Caravaggio y en general de la aportación a la cultura universal del arte sacro.

«Hace ya más de un año que Sinde debía haber dejado el Ministerio, desde que empezó su lucha sin cuartel contra la libertad en la Red.»

No necesitaba extenderse mucho más, ni hacer grandes aspavientos… Se trataba solo de recibir el cuadro. Pero, lejos de eso, la ministra optó por tocarle los bemoles al cardenal que estaba presente y, por extensión, a quienes habían cedido la obra para que se pudiera contemplar en Madrid, y se dedicó a hacer un panegírico de la condición homosexual de Caravaggio… Oiga, que yo no tengo nada contra el hecho de que Caravaggio fuera homosexual, entre otras cosas porque probablemente eso le dotaba de una sensibilidad especial que se traducía en la hermosura de su obra, y también es un hecho que siendo homosexual nos dejó un legado de arte sacro imposible de valorar… Pero no era el momento ni el lugar… No era esa la razón de que la obra visite estos días nuestro país... Se podría haber hecho una exposición centrada en la obra de artistas homosexuales y entonces las palabras de Sinde tendrían sentido, pero en aquel momento sobraban.

Miren, la cuestión es que esta mujer no tiene ni la altura intelectual ni la talla política que se requiere para un cargo de esas características… Hace ya más de un año que debía haber dejado el Ministerio, desde que empezó su lucha sin cuartel contra la libertad en la Red, siguiendo por su obsesión por declararnos a todos culpables de piratería, y concluyendo por su empatía con una organización que se ha demostrado fraudulenta y cuyos responsables acabarán sentados en el banquillo. También en eso hay una responsabilidad política, en la medida que o se ha sido complaciente con el delito, o se ha sido indolente en el deber de control de un organismo que gestionaba dinero público. Todo, absolutamente todo, le ha salido mal a la ministra Sinde, y ha dejado, como decía, el pabellón de ese Ministerio por los suelos… Dimita ya, señora Ministra, aunque a este Gobierno le quede poco, sería un gran gesto por la cultura y por la higiene de este país.

El Confidencial - Opinión

Otra SGAE

Los nuevos gestores deben introducir los cambios necesarios para transmitir confianza.

Si hace tiempo que era evidente que la gestión de los derechos de autor debía revisarse a fondo, el desmantelamiento de una presunta trama corrupta y la imputación a altos directivos de la SGAE de delitos por apropiación indebida y administración fraudulenta imponen urgencia a esta revisión. Y no solo por higiene societaria. También porque los autores han de tener mecanismos para defender sus legítimos derechos, unos mecanismos claros en su concepción y transparentes en su gestión. No tendría ningún sentido que se aprovechara la depuración de responsabilidades para fragilizar la ya de por sí difícil gestión de los derechos de propiedad intelectual en el nuevo mundo tecnológico.

Los abusos y deficiencias del actual sistema habían sido documentados por organismos públicos nada afectos a discursos líricos sobre la piratería. Ahora los actuales gestores de la SGAE tienen ante sí una tarea descomunal. Deben poner orden y transmitir confianza. Y una de sus urgencias debería ser cambiar un sistema electoral que el propio juez que lleva el caso ve, como mínimo, oscuro, y que da derecho de voto apenas a 8.000 de los 100.000 socios.

Parece obvio que fallaron los controles por parte del Gobierno, que ha esgrimido excusas competenciales para eludir su responsabilidad respecto a lo ocurrido en la SGAE, la entidad de gestión de autores más importante de España, y excusar la desidia de su gestión. Tiene, por ejemplo, dormida una imprescindible revisión de la Ley de Propiedad Intelectual, que requiere más que una actualización. La mayor parte de los grupos parlamentarios pidió ayer a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, una reforma profunda de dicha ley.

Y esa misma dejadez provoca situaciones como la de esta semana. En febrero, el PSOE obtuvo el apoyo del PP para proseguir con la llamada ley Sinde a cambio de una reforma del canon digital para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que lo había rechazado por estimar que es abusivo obligar a pagar a Administraciones y empresas. La Audiencia Nacional, además, sentenció que la orden ministerial que establecía las tarifas contenía un "vicio radical". A pesar de todo ello, el Gobierno no hizo a tiempo la enmienda y el PP ha presentado esta semana una proposición no de ley, que votaron el resto de grupos, incluido el socialista, por el que debe sustituirse el canon "por otras fórmulas menos arbitrarias" de remuneración.

Lo esperpéntico del asunto es que el PSOE interpreta esa proposición como la necesaria revisión del canon, mientras el PP considera que supone su supresión. A la incuria socialista se suma la demagogia del PP, que no detalla las alternativas. Uno de los temas que debería aclarar el PP es qué pasa con la copia privada si desaparece toda compensación, algo que si sucede en el mundo anglosajón es precisamente porque no se permite la copia privada. Los cambios en los usos digitales provocan la rápida obsolescencia normativa y los partidos, sobre todo si están en el Gobierno, deberían responder a ella.

El País - Editorial

Beautiful. Por Ignacio Camacho

El escándalo de la SGAE ha averiado la imagen de la elitista y millonaria jet-set cultural del zapaterismo.

MÁS allá de los vericuetos del sumario penal, el escándalo de la SGAE ha venido a poner en entredicho a la beautiful people del zapaterismo, esa alegre élite millonaria de artistas y cantantes que durante los últimos años ha arropado al presidente del Gobierno como adalid de la izquierda y el progreso. Teddy Bautista era el capataz que administraba los intereses de esa tribu de gauche caviar y gestionaba sus copiosos ingresos desde una proximidad al poder que los detalles de la investigación sitúan en los linderos del tráfico de favores. El patético estupor de la directiva ante las providencias del juez Ruz revela el desconcierto de una camarilla que como mínimo ha omitido su deber de controlar a los gestores de sus propios beneficios, limitándose a figurar como panel decorativo del jerarca que manejaba los hilos con maneras de cacique del sindicalismo vertical y despachaba con familiar anuencia los asuntos que dependían del amparo administrativo: el canon, las subvenciones, la ley antidescargas y otras regalías que colocan las simpatías políticas del llamado «clan de la ceja» bajo la sospecha de un amistoso y poco presentable quid pro quo.

La evidencia de que una sociedad de recaudación de impuestos y tasas estaba haciendo de su capa un sayo en las narices de los Ministerios de Industria y de Cultura obliga a preguntarse por la responsabilidad de quienes, teniendo el deber de vigilancia de las actividades que delegaban por autorización, se mostraban tan sensibles a las demandas legales de este lobby privilegiado. Hay demasiados testimonios gráficos del sonriente alborozo con que los dirigentes zapateristas —empezando por el propio líder— se fundían junto a los risueños músicos y cineastas en gestos de complicidad y afecto que iban mucho más allá de los rituales de protocolo. El propio nombramiento de la ministra Sinde fue un claro guiño cooperativo hacia los intereses de un sector que se sentía desoído por la firmeza displicente de César Antonio Molina. Esa especie de jet-setdel progresismo ilustrado, que ha monopolizado ante la opinión pública la representación de la cultura española bajo el beneplácito de un poder connivente, queda ahora averiada en su imagen colectiva al aparecer como patrocinadora de una antipática trama de manejos financieros.

Y le van a soplar malos vientos porque la debilidad política de la socialdemocracia no permite devaneos impopulares. El candidato del PSOE coquetea abiertamente con la retirada del canon digital y no parece muy dispuesto a volver a confraternizar en público con ese exquisito círculo endogámico que, pese a su reciente intento por capitalizar el descontento de la izquierda, permanece en el imaginario colectivo como soporte cultural del ahora denostado zapaterismo. Quienes pretenden apretar las tuercas a los banqueros no pueden mostrar demasiada complacencia hacia algunos de sus mejores clientes.

ABC - Opinión

Caso SGAE y la desidia de un Gobierno que tocó el violín. Por Antonio Casado

La lectura del auto del juez Ruz sobre el caso SGAE es el camino más corto para hacerse un sitio entre los indignados del 15-M. Por el masivo fraude a los creadores. Y por la desidia de los ministerios afectados (Cultura, Industria y Justicia), que tocaban el violín mientras por el sumidero de la corrupción se escapaba tanto el dinero privado de los creadores como el dinero público empaquetado en forma de subvención (ay, la burbuja cultural). Ha funcionado la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Pero no ha funcionado la Administración, obligada a vigilar el funcionamiento de la SGAE como entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Especialmente bochornoso es el episodio referido a la planeada reintegración de la SDAE (la SGAE digital) en la SGAE matriz. Con rapidez, por expreso deseo de Teddy Bautista, el presidente de la entidad. Antes de las elecciones internas, que se celebraron la semana pasada. Y con opacidad, sin dar cuartos al pregonero y aprovechando que los del Gobierno ahora están “histéricos”. Causa sonrojo comprobar cómo se esforzaron en hallar la forma de distraer una deuda de dos millones de euros con el Ministerio de Industria en subvenciones. La contrariedad la explica José Luis Rodríguez Neri (en prisión eludible con fianza junto a Rafael Ramos) ante la previsible reacción en los Departamentos afectados (Industria, Justicia y Cultura). No les divertiría saber que “toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira”, en palabras de Neri intervenidas telefónicamente por orden judicial.

«El Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de esta trama parasitaria.»

Pero lo que los implicados en esta trama pensaban de este acreedor concreto, el Gobierno, dinero público, al fin y al cabo, queda claro en otro pasaje recogido en el auto del juez en el que Neri propone la fusión para agosto, “cuando todos están de vacaciones”, y Maria Antonia García Pombo, su compañera sentimental y otra de las implicadas en la “trama parasitaria” de la SGAE, añade que no será difícil engañarles: “Entre que son funcionarios, que son del Ministerio de Cultura, que son idiotas, que están de elecciones, que están de vacaciones…. pues imagínate”.

Lo imaginamos. Y si no bastaba con esta aberrante aportación de la novia de Neri, les remito a la excelente información de Sandra Remón, ayer en El Confidencial. Así hemos sabido de los estudios sobre la gestión de la SGAE encargados a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, bajo epígrafe no menos rimbombante: “Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad industrial”.

Nombres muy largos para resultados muy cortos. No se detectó ninguna irregularidad, más allá de recomendar “una mayor transparencia en los mecanismos de recaudación y asignación”. Todo lo cual nos viene a confirmar que, aunque por suerte han funcionado los mecanismos de defensa del Estado de Derecho frente a la corrupción (Fiscalía, Judicatura, Guardia Civil…), el Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de la trama “parasitaria” descrita en el auto firmado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

El Confidencial - Opinión

SGAE. Teddy como síntoma. Por José García Domínguez

De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático", "ha sido condenado a la pena de telediario"...

Prueba de la definitiva pérdida del sentido del decoro en nuestra vida pública, aquí, en España, lo sustancial ya no es qué sucede sino a quién le sucede. Sin ir más lejos, he ahí el recital de sonrisas y lágrimas suscitado por lo de Teddy. Tan es así que uno anda tentado de imitar en sus columnas aquel método para redactar media docena de novelas a la semana que ingenió la gran Corín Tellado. Una técnica que, por cierto, no esconde arcanos misterios. Basta con procurarse un exhaustivo inventario con todas las peripecias que quepa imaginar entre un galán en celo y su amada. Luego, una vez catalogadas y numeradas las escenas, se puede poner en marcha la máquina de hacer churros.

"Quince, cuatro, treinta y dos, nueve", daba en dictar Corín a su secretaria. Al punto, otra irresistible historia de pasión, deseo, celos, concupiscencia, amor y créditos hipotecarios estaba lista para arrasar en los quioscos. Después, a barajar de nuevo las situaciones, y vuelta a empezar: "siete, veintiuno, tres, quince...". Pues otro tanto, digo, procedería hacer con el análisis político. De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático"; "ha sido condenado a la pena de telediario"; "no se está respetando, circunstancia gravísima, la presunción de inocencia".

"No olvidemos que imputado de ningún modo significa condenado"; "todos conocemos al juez menganito: solo busca protagonismo"; "detrás de esto se esconde una mano negra"; "no hay duda de que se trata de una campaña orquestada", "es una burla al Estado de Derecho", etc. Cada argumento, una cartulina; cada cartulina, un número. Y cuando el baranda resulte ser de los otros, lo mismo. "Todo el mundo sabía que éste se lo estaba llevando crudo"; "lo han pillao con el carrito del helao"; "es intolerable que todavía no haya presentado su dimisión "; "no puede seguir ahí ni un minuto más"; "en España la justicia es un cachondeo"... Qué placer entonces enfrentarse al artículo del día. Que el inculpado es de los buenos: cinco, doce, cuatro, y a otra cosa. Que por el contrario es de los malos: seis, once, dos, y aire. El Nirvana.

Libertad Digital - Opinión

La SGAE delata al Gobierno

El auto del juez Pablo Ruz sobre el «caso SGAE», basado en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es tan demoledor y revela tal grado de corrupción en la primera sociedad gestora de derechos de autor, que difícilmente el Gobierno socialista puede soslayar su responsabilidad, por varias razones. Primero, porque la Ley de Propiedad Intelectual deposita en la Administración central el deber y la obligación de supervisar el correcto funcionamiento de estas gestoras. Segundo, porque las arcas públicas han destinado generosos fondos a la SGAE, bien directamente bien a financiar sus actividades. Tercero, porque la centenaria institución es la que se embolsa prácticamente todo lo que el Estado recauda mediante el canon digital. Y cuarto, porque se ha cuarteado seriamente la credibilidad de España, ya muy deteriorada, en la lucha contra la piratería. Si nuestro país ya es señalado como el segundo del mundo en prácticas ilegales contra la propiedad intelectual, ¿a qué puesto habremos llegado tras destaparse que la primera gestora de derechos de autor era un nido de presuntos corruptos, con un presidente que autorizaba, consentía e impulsaba el desvío de fondos? Resulta inaceptable el hermético silencio que ha mantenido el Gobierno, como si no se tratara de una sociedad de derecho público y no estuviera comprometido el destino de nuestros impuestos. Pero resulta aún más lacerante, de un cinismo irrespetuoso, que ministros como Caamaño y González-Sinde se hayan sacudido sus obligaciones desviando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Mal que le pese al Gobierno, el «caso SGAE», aparte de su vertiente penal y fiscal, se ha convertido en un grave asunto político que salpica directamente a cuatro ministerios: Cultura, Justicia, Industria y Administraciones Públicas. Es decir, concierne muy directamente al vicepresidente primero, Pérez Rubalcaba, cuyo mutismo es muy elocuente de la dimensión del escándalo y de la proximidad ideológica de los imputados al PSOE. Además, como ministro del Interior, Rubalcaba tendría que haber ordenado ya una investigación sobre las irregularidades en las elecciones de la SGAE pues, según asevera el auto judicial, la candidatura oficial ocultó el censo electoral, distribuyó información engañosa y presionó a los votantes. ¿No son causas suficientes para anular esas elecciones? Tal vez Rubalcaba tenga previsto abandonar en breve todas sus carteras ministeriales y calcule que no le conviene como candidato chapotear en las aguas movedizas de la SGAE. En todo caso, este cúmulo de anomalías que asoma como la pequeña punta de un iceberg obliga a plantear la necesidad de que el Gobierno intervenga la gestora para salvaguardar los intereses de sus cien mil socios y los derechos de los consumidores y de la propia Administración. La Ley ofrece los mecanismos precisos para hacerlo en salvaguarda del interés general. Por lo demás, si le da tiempo, el vicepresidente Rubalcaba tiene otro urgente interrogante que despejar: si piensa suprimir o no el canon digital para satisfacer al movimiento del 15-M, con el que coquetea cada vez más abiertamente. Si así fuera, tendría que explicar cómo piensa cumplir la legislación europea en materia de propiedad intelectual.

MEDIO - La Razón

SGAE: opacidad y corporativismo

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para perpetrar delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo.

El corporativismo y la opacidad parece que siguen imperando en el seno de la SGAE a pesar del monumental escándalo que ha causado en la opinión pública el conocimiento de la trama para desviar fondos por la que su presidente, Teddy Bautista, y dos de sus directivos han sido imputados por delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Así, en lugar de cesar de manera fulminante a quienes están bajo tan grave sospecha, la dirección de la SGAE ha anunciado este martes la creación de una "comisión rectora" que mantendrá a Bautista en su cargo de presidente y que se encargará de llevar a cargo una "investigación interna" cuyas conclusiones quedarán reflejadas en un informe que se comprometen a entregar a la Audiencia.

Causa sonrojo tener que recordar que, respecto a la SGAE, no estamos ante una empresa o compañía como las demás. Se trata de un organismo, supuestamente sin ánimo de lucro, al que se le ha concedido, en nombre de una abusiva concepción de la defensa de los derechos de autor, un estatus político y al que se le otorgan cuantiosas subvenciones públicas mientras se le permite esquilmar a todos los ciudadanos mediante el cobro de cánones cuya legalidad está en cuestión. Al tratarse de una especie de "agencia tributaria de los derechos de autor", el estándar de responsabilidad debería ser el mismo que cabe exigir a un político bajo sospecha de haber cometido delitos tan graves como los que presuntamente perpetró Bautista. Eso, por no hablar de la necesidad de repetir unas elecciones que también han quedado bajo sospecha en el auto judicial.

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para que puedan perpetrarse delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo. No otra cosa puede decirse del hecho de que mantengan a Bautista en su cargo o de que la "investigación interna" corra a cargo, no de un grupo al margen de la actual directiva, sino de miembros de la misma, íntimamente relacionados con su presidente.

Seguramente, esta impresentable reacción se deba al hecho de que la actual directiva de la SGAE haya gozado de la protección del Gobierno de Zapatero, a quien muchos de los artistas que han salido a la palestra en defensa de Bautista ayudaron en sus pasadas campañas electorales. Es más: según revelan varias conversaciones telefónicas del cabecilla de la red fraudulenta, el director de la filial digital de la SGAE (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, contenidas en el auto del juez Ruz, la trama podría salpicar a varios Ministerios como el de Industria, Justicia y Cultura. Tiempo habrá para esclarecerlo. Pero lo que parece evidente es que el Gobierno tiene una indiscutible responsabilidad in vigilando, pues suyo es el deber de control respecto de un dinero que, al fin y al cabo, los ciudadanos hemos pagado con la misma coerción con la que pagamos un impuesto.

Libertad Digital - Editorial

SGAE, explicaciones políticas

Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda pidan que los políticos imputados sean inelegibles, y mantengan a directivos encausados en sus cargos.

EL auto del juez sobre la trama de sociedades que se lucraron con fondos de la SGAE se mueve en el terreno de los indicios, como es lo propio de la fase de investigación en la que ha sido dictado. Por tanto, no sobran los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. Esos indicios se irán verificando cuando se analicen los documentos y ordenadores incautados y el juez tome decisiones acordes con los resultados de la investigación. Entretanto, la SGAE debe asumir la situación en la que se encuentra. Y no parece que la junta directiva haya comenzado muy bien este análisis si nos atenemos a que, si bien ha decidido poner al frente de la entidad a una junta gestora, no aparta a Eduardo Teddy Bautista de la presidencia ni al resto de los imputados de sus cargos, salvo al principal sospechoso, Rodríguez Neri. Todos quedan a disposición del nuevo ente. Los gravísimos delitos que se les achacan, penados con hasta diez años de cárcel, hacen prudente que se desvinculen de la entidad mientras se despeja ese horizonte penal. Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda hayan exigido que los políticos imputados no vayan en las listas electorales y ahora blinden a sus dirigentes inculpados.

El relato judicial de las irregularidades es muy grave y enlaza con las dudas que dentro y fuera de la SGAE se habían formado sobre la limpieza de su gestión. La investigación se dirige contra tramas familiares, sociedades de pantalla, facturaciones por servicios no prestados; y apunta a la directiva de la SGAE —es decir, Bautista—, de la que el juez presume que tenía que conocer estas irregularidades porque era la única fuente de ingresos de la trama societaria de Neri. Ya nada podrá seguir igual en la SGAE. Tampoco puede esperar el debate político por este escándalo. El Gobierno debe dar explicaciones. No hay que olvidar que la SGAE basa su capacidad recaudatoria en una autorización administrativa. Además, el Ejecutivo no ahorró gestos hacia los artistas, encarnadas en la SGAE, como el canon digital —quizás en sus últimos días— o el nombramiento de González-Sinde como ministra, que dio nombre a una ley «antidescargas» ampliamente contestada entre los internautas. Y para el candidato Rubalcaba esta operación puede suponerle un muy oportuno apaciguamiento de la red, tan hostil al Ejecutivo socialista. Sí, claro que hay motivos para explicaciones políticas por parte del Gobierno.

ABC - Editorial

Una ilusión compartida. El Manifiesto. Por José García Domínguez

Nadie se extrañe, pues, de que Sabina y Ramoncín okupen el hueco de Marx y Engels en la formación del imaginario progresista.

Leer Una ilusión compartida, el último manifiesto de los abajofirmantes de guardia, es como comerse un melocotón: al acabar, uno siente la necesidad imperiosa de lavarse las manos para liberarse de ese pringue dulzón y pegajoso que se aferra a los dedos con apenas rozarlo. Y es que, ya puestos a reconstruir la izquierda, al menos, que recuperen a Stalin. A fin de cuentas, con los viejos comunistas podríamos entendernos, pero con ¡Federico Mayor Zaragoza! Mary Poppins dirigiendo el asalto al Palacio de Invierno, ¿se puede caer más bajo por la pendiente del kitsch? Acaso sí. Repárese al respecto en que entre esos ilusionistas desilusionados con el PSOE figura cierto Antonio Gutiérrez, por más señas parlamentario... del PSOE.

Ocurre que el desolado Gutiérrez ha renunciado a la ilusión, pero no al acta de diputado. Eso nunca. Al parecer, el hondo abatimiento doctrinal que abruma al compañero se desvanece cada primero de mes, al serle transferida la soldada a su cuenta bancaria. Terapia ocupacional le dicen los sanitarios a lo suyo. Por lo demás, comienza a resultar algo cargante la afición que le ha entrado a la Cofradía de los Tabiques Nasales Perjudicados por darnos lecciones de moralina. Sin duda, la más grotesca de las consecuencias tras la rotación de las jerarquías entre los ingenieros de almas. Así las cosas, primero, se postergó a los curas en beneficio de los nuevos clérigos, los intelectuales; santones laicos que, a su vez, habrían de acabar desplazados por los roqueros ágrafos y artistillas comprometidos que pastan en el Olimpo mediático.

Nadie se extrañe, pues, de que Sabina y Ramoncín okupen el hueco de Marx y Engels en la formación del imaginario progresista. Que quieren compartir una ilusión, proclaman ahora. Ah, las ilusiones. Nunca el cerebro. Siempre el corazón, que por algo es la víscera que cae más cerca de la cartera. Aunque frente a quien en verdad parecen sublevados es ante la sintaxis. Degústese, si no, la siguiente perla: "La corrupción democrática se ha mostrado como la mejor aliada de la especulación, separando los destinos políticos de la soberanía cívica". ¡Átenme esa mosca por el rabo! Si Sokal, el de Las imposturas, supiera de los airados anacolutos de Manolito Rivas & Cía. Qué best seller nos estamos perdiendo.

Libertad Digital - Opinión

Tormenta en la SGAE.

La entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detención de nueve personas, entre ellas sus principales directivos, en una investigación sobre apropiación indebida y delitos societarios, reabre de manera dramática el debate sobre la transparencia de esta entidad. La presunción de inocencia protege por ahora a los sospechosos de estas supuestas conductas, pero la misma existencia de la investigación plantea interrogantes que, lamentablemente, no son nuevos.

Este grueso episodio alimenta nuevamente la necesidad de una reflexión urgente sobre el oligopolio de las sociedades de gestión en España, que ya fue denunciado el año pasado y no precisamente desde los márgenes de la sociedad. La Comisión Nacional de la Competencia defendió en un documento la necesidad de corregir el marco legal que ampara a estas sociedades para "evitar abusos e ineficiencias". La Comisión no suponía la comisión de delitos, pero mostraba preocupación por su opacidad.

La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de autorizar la creación de estas entidades -en un sentido que "favorezca los intereses generales"-, de fiscalizar sus conductas y, en su caso, retirar la autorización de gestionar los derechos de los creadores. La primera reacción de Cultura ha sido recordar que una sentencia del Constitucional, a raíz de un recurso de los Gobiernos vasco y catalán, consagró que la fiscalización era competencia autonómica. Ya es chocante que se reclamen competencias para luego no ejercerlas, pero el Gobierno español, en 2008 y 2009, encargó dos informes sobre las sociedades de gestión a la Agencia de Evaluación que no detectaron nada sospechoso. El mismo viernes, un ejecutivo de la SGAE recurría a estos informes para defender que "siempre hemos salido limpios" y apuntar a una tesis conspirativa sobre la investigación en marcha.

El registro se produjo el día en que se conocían los resultados de las elecciones a la entidad. La mecánica electoral se basa en un insólito sufragio censitario. La candidatura que obtuvo el 43% de los votos no tendrá ningún representante en la directiva. Una sociedad que administra 365 millones de euros al año y lo hace sin ánimo de lucro, debe ser particularmente escrupulosa. Sobre todo cuando una fuente de sus ingresos se basa en la recaudación del canon digital, discutido por internautas e industria del sector y cuyo carácter abusivo obligará al Gobierno a cambiar su normativa tras una sentencia del Tribunal Europeo.

El origen del caso está en una denuncia, de 2007, de organizaciones opuestas al canon, que pedía esclarecer presuntas y graves irregularidades de la SGAE. Lo solicitaron aquí y en Bruselas. Ahora, no bastará con castigar, si así ha ocurrido, a administradores fraudulentos. Han de cambiar tanto personas como un trasnochado statu quo sobre la gestión de los derechos de autor.

El País - Editorial
Libertad Digital

SGAE. El milagro de P Punto. Por Maite Nolla

Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal.

Uno de los pocos elementos que quedaban de vertebración de España se está derrumbando. La entidad de gestión más poderosa y más odiada, esa especie de agencia tributaria para los asuntos culturales, puede estar viviendo el principio de su desaparición, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora; eso sí, para satisfacción de mucha gente a la que le aplicaron la apisonadora gracias a la colaboración de todos nuestros queridos poderes públicos. De todas formas, en este asunto les recomiendo precaución en las valoraciones porque no sería la primera vez que vemos grandes despliegues policiales, con maleteros llenos de cajas de cartón y ordenadores, para que meses después los jueces deriven los asuntos caminito del archivo o de la nada. Y los que cuajan, duran tanto que los perjudicados tienen la sensación, muy real, no sólo de que han sido estafados, sino de que al estafador la cosa le ha salido muy barata. Al menos aquí –de momento– no consta que la policía se haya incautado de bolsas con sangre, aunque no sería de extrañar.

Al margen de lo que realmente haya pasado y de lo que se descubra que se hacía con el dinero que se cobraba, el verdadero problema de la SGAE es que toda su actividad recaudatoria era legal. Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal. Las entidades de gestión eran medio públicas cuando les convenía y medio privadas cuando les daba la gana. La persecución de peluquerías, bares, bodas, comuniones, actos benéficos, ayuntamientos o peñas no se hacía de forma impune: se hacía porque era legal. Acudir a un bar a pedir un pago anual por no se sabe qué, a cambio de evitar un juicio carísimo y con todas las de perder, se hacía porque lo permitía la Ley. Y en la duda, los jueces de toda España daban sistemáticamente la razón a la SGAE en todo tipo de procedimientos. Así, resulta que teníamos una legislación civil y penal desproporcionada, seguramente inconstitucional y ciertamente contraria a la legislación europea, y una interpretación judicial de la misma siempre favorable a estas entidades y a sus intereses. Sólo un heroico juez de Granada y algún que otro despistado consideraban fuera de lugar que un mantero pagara con un año de cárcel lo que no debería ser más que una infracción administrativa. Otra cosa es que a partir de la famosa sentencia sobre el canon indiscriminado haya cambiado algo; pero no tanto por su propia voluntad, sino obligados por lo que dicen en Europa.

Por eso, no piensen ustedes que la eventual desaparición de la SGAE va a ser poco menos que un milagro obrado por "Alfredo P punto". Mientras el sistema siga vigente, otros vendrán que ocuparán su lugar; y si no, al tiempo.

Libertad Digital - Opinión

La Cueva de Alí Babá y el jefe de los ladrones. Por Federico Quevedo

Establezcamos de antemano todas las cautelas pertinentes hasta conocer el auto del juez por el que el viernes se procedía al registro de la sede la Sociedad General de Autores, SGAE, el Palacio de Longoria, y la detención de su presidente, Teddy Bautista, por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos. Digo que habrá que conocer el auto porque, vaya usted a saber, a lo mejor luego todo esto se queda en nada, pero la verdad es que hay que reconocer que ayer, quienes llevamos años luchando contra el abuso de poder que ha venido ejerciendo la SGAE con el amparo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, nos llevamos una alegría inmensa. No es que yo le desee mal alguno al señor Bautista, pero hay gente que se merece a veces que le receten un par de cucharadas de su propia medicina, y eso es exactamente lo que ha pasado.

Algunos venimos advirtiendo desde hace tiempo del modo de actuar de esta especie de mafia siciliana que, desde su sede en Madrid, ha ido extendiendo sus tentáculos por toda España, sin que haya rincón, café, bar, peluquería, comercio, boda-bautizo-comunión, etcétera que no haya sido visitado, y saqueado, por los inspectores de la SGAE, que en algunos casos recuerdan a aquellos camorristas del Chicago de los años 20 que iban de comercio en comercio cobrando a cambio de protección. Una vez me contó un amigo que había visto como dos inspectores de la SGAE intentaban cobrarle derechos de autor a un pobre mendigo que tocaba con su guitarra canciones de toda la vida para sacarse unas perrillas… Me resultó increíble, pero mi amigo insistía en la veracidad de la anécdota.

O no tan anécdota, porque casos de inspectores de la SGAE acudiendo incluso a peluquerías a cobrar derechos de autor por poner música en una radio portátil hemos visto unos cuantos, hasta el punto de que el gremio de peluquerías se negó en redondo a pagarle ni un euro más. Hasta ahí podríamos llegar, hombre, que buenas son las peluqueras… El afán recaudatorio de la mafia de la SGAE no conoce límites: incluso se atrevieron a llevarse el 10% de la recaudación de un concierto benéfico ofrecido por David Bisbal a un niño con Síndrome de Alexander. Al final lo devolvieron bajo amenaza de colapso por parte de miles de personas indignadas.

«La SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Zapatero.»

Y hablando de indignados, fue precisamente una ley aprobada en otoño pasado por el Gobierno con el apoyo del PP, que permite a la SGAE denunciar a aquellas páginas web que la propia sociedad asegure que vulnera los derechos de autor, para que se proceda a su cierre, lo que sirvió de germen al movimiento 15M, que ayer celebraba como una victoria casi propia la acción de la Guardia Civil. Esa prerrogativa censora era lo que ya le faltaba a esta cueva de ladrones que se lucra con el famoso canon digital que el Gobierno recauda a beneficio de inventario de la SGAE, pero sin que luego se fiscalice en modo alguno el destino de esos fondos. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. Era inevitable: todo ese dinero, que sale de nuestros bolsillos, no podía ir a parar a causas benéficas, ¡hombre, por Dios…! No, ha ido a parar sabe el Señor a qué bolsillos y con qué espurios fines, y eso es lo que esperamos que nos aclare la Justicia, que es verdad que actúa tarde, y muchas veces mal, pero actúa al fin y al cabo, que es de lo que se trata.

Dejemos, por tanto que esa vía siga su camino. Lo que nos atañe a nosotros es otro asunto, y es que la SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión –porque para mí tanto el modo de cobrar el canon como el de exigir los derechos de autor son formas de chantaje y de extorsión-, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en especial, la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, quien, sobre todo este asunto, lleva un carrerón que ni les cuento. De entrada, el Ministerio está obligado a hacer dimitir a Bautista por la gravedad de las acusaciones sobre las que el juez ha fundamentado el registro y su detención, pero además debería de poner bajo sospecha todas las actividades de la SGAE.

Y si este fuera un país serio y normal, el Gobierno, con el apoyo de la oposición, debería de llevar al Parlamento una ley que, sin perjuicio de los derechos de autor, que nadie niega que deben ser protegidos, imponga unas normas de funcionamiento a las sociedades de autores y, sobre todo, fiscalice sus cuentas para evitar casos como éste. Convendrán conmigo en que aquí solo caben dos soluciones: o se eliminan el canon y se pone límite al cobro abusivo de derechos de autor y los poderes públicos se limitan a aplicar la ley en aquellos casos de descargas ilegales con ánimo de lucro, o si se mantiene se permite sin limitaciones la copia privada pero, además, se somete a las sociedades de autores al control político en la medida en que están siendo financiadas con un impuesto preventivo, y se obliga a que la elección de sus órganos directivos se produzca en el marco de una estricta observancia que garantice la limpieza democrática de la misma.

Es decir, que no haya un ‘pucherazo’ como el del jueves.

El Confidencial - Opinión

Aprovechen ahora para casarse. Por Pablo Molina

Se presentan unos meses venideros muy apropiados para las celebraciones familiares sin peligro de que aparezca el cobrador del pentagrama a cobrar la tasa por poner música de Georgie Dann.

La detención de la cúpula de la Sociedad General de Autores de España, con su presidente a la cabeza, no puede ser valorada en términos delictivos hasta que el juez encargado de la instrucción del caso decida sobre las distintas imputaciones a que haya lugar llegado el momento procesal oportuno. Ahora bien, no cabe duda de que el desprestigio de la SGAE va a aumentar notablemente con esta operación policial contra una supuesta trama delictiva en el seno de la organización.

La SGAE se ha labrado una muy merecida fama como organización paraestatal que usufructúa el esfuerzo ajeno gracias a una gabela institucional de difícil justificación en un Estado de Derecho. La exacción parafiscal a la que somete a todos los consumidores de productos informáticos o de reproducción audiovisual y la opacidad en el reparto de unos derechos cobrados de forma abusiva justifican sobradamente la protesta y el desprecio a que se ha hecho acreedora. Ahora además surge la sospecha de que podrían estar desviándose fondos de manera irregular, que es lo que suele ocurrir en las organizaciones que manejan cantidades ingentes de recursos sometidos a unos escasos niveles de control administrativo y financiero.

Por desgracia, no parece que la operación judicial contra la SGAE vaya a modificar su estatus de empresa privada con competencias estatales ni su capacidad de meter la mano en el bolsillo del consumidor, pero probablemente sí quepa esperar que rebaje su grado de coacción institucional al menos hasta que a sus dirigentes, hoy corneados por la justicia, se les pase el susto.

En todo caso, se presentan unos meses venideros muy apropiados para las celebraciones familiares sin peligro de que aparezca el cobrador del pentagrama a cobrar la tasa por poner música de Georgie Dann, porque no parece probable que haya recaudadores de la SGAE con las agallas necesarias para presentarse próximamente en una comunión con el talonario de recibos. Y por supuesto este verano es el momento ideal para contraer matrimonio, evento que por sus características jaraneras y la euforia de sus participantes constituye la pieza de caza más deseada. Este verano los concejales del ramo y los curas se quedan sin vacaciones. Dios se lo pagará.

Libertad Digital - Opinión

La SGAE se topa con la Ley

Pocas horas después de que la Sociedad General de Autores (SGAE) hubiera celebrado elecciones a su junta directiva, ganadas muy holgadamente por el mismo equipo que gobierna la institución desde hace años, la Guardia Civil detuvo ayer a su presidente, Teddy Bautista, y a otras ocho personas tras realizar a lo largo de todo el día un minucioso registro de la sede central y de 17 domicilios siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional. Las detenciones están relacionadas con un presunto delito de apropiación indebida denunciado hace un año por varias asociaciones de internet e informática. Según los indicios, una trama interna habría desviado cientos de miles de euros de la SGAE a empresas particulares, delito del que supuestamente tendrían conocimiento varios altos cargos, entre ellos el polémico presidente del consejo de dirección. Como es natural, al señor Bautista y a los demás directivos que pudieran estar implicados en este oscuro asunto les asiste la presunción de inocencia y ello debemos atenernos. Sin embargo, no se puede decir que la SGAE, una institución necesaria y centenaria que cuenta con más de cien mil socios y gestiona más de 350 millones de euros al año, salga indemne de este lamentable episodio. Su prestigio y su credibilidad, ya muy mermados en los últimos años a los ojos de los ciudadanos, han sufrido un golpe tan contundente que la jornada de ayer marcará un punto de inflexión en la gestora. Hasta ahora, por torpeza y por una voracidad recaudatoria que no respetaba ni a las víctimas del terrorismo, la SGAE del señor Bautista se había forjado la imagen caricaturesca de una sociedad dedicada a emboscarse en las fiestas populares y hasta en las celebraciones familiares con el propósito de dar el sablazo al incauto de turno. La percepción más extendida es que, de la mano de sus sempiternos directivos, la SGAE se ha extralimitado en sus funciones, ha abusado de los mecanismos judiciales, ha amedrentado a sus críticos y hasta ha incurrido en apuestas políticas e ideológicas impropias, amén de embarcarse en operaciones inmobiliarias más que discutibles. No es de extrañar, por todo ello, que diferentes colectivos celebraran ayer, a las puertas de la sede central, la intervención policial. Si los indicios delictivos se confirman, sería impensable que el Gobierno siguiera de brazos cruzados y no impulsara las medidas legales para garantizar la transparencia, pluralidad y limpieza de las gestoras de los derechos de autor, que son tan sagrados e inviolables como cualquier derecho intelectual y comercial. Los artistas, creadores, autores y ejecutantes tienen derecho a recoger los frutos de su esfuerzo y talento, y a que las leyes les protejan frente a la piratería y el fraude. También necesitan de instituciones que gestionen eficazmente sus derechos y defiendan limpiamente sus intereses. Todas las sociedades libres y democráticas ponen especial cuidado en regular este sector porque de ello depende su vitalidad creadora y una parte importante del PIB nacional. Mucho tendrá que trabajar la SGAE para recuperar la honorabilidad y para ganarse el respeto de la sociedad y de todos los creadores.

La Razón - Editorial

Los negocios sucios de la SGAE

Algunos de los peores rasgos de la SGAE se han mantenido porque los gobiernos de PP y PSOE –aunque especialmente los de Zapatero– le otorgaron carta blanca para cometer toda clase de abusos.

La ministra de Cultura ha pedido que se respete "la presunción de inocencia" de Teddy Bautista y la SGAE tras los registros y las detenciones de este viernes. Sin embargo, ni él ni Teddy Bautista ni ninguno de los diversos portavoces que ha tenido la Sociedad General de Autores y Editores tuvo nunca en cuenta la presunción de inocencia a la hora de cobrar el canon digital. Esa es una de las muchas razones por las que la entidad investigada por el juez Ruz es una de las más odiadas de España, tanto que la operación de la Guardia Civil ha sido celebrada y no lamentada por la mayoría de los españoles.

Teddy Bautista y otros ocho directivos de la SGAE y varias empresas afines han sido detenidos por apropiación indebida y delitos societarios. La SGAE disfruta de privilegios tales como poder recaudar dinero a modo de impuesto siendo una sociedad privada, pero a cambio tiene alguna contrapartida, como la de carecer de ánimo de lucro. Sin embargo, en la última década la SGAE ha creado numerosas empresas fundadas con dinero que debería haber sido repartido entre los autores, y es el posible fraude cometido por la directiva de la SGAE a través de las mismas lo que está siendo investigado por la Justicia, visto el poco interés de los poderes públicos –especialmente el Ministerio de Cultura– por fiscalizar las opacas cuentas del entramado dirigido por Teddy Bautista.

Aún cuando esta investigación llegue a buen puerto y con gran parte de los responsables de la SGAE frente a un tribunal, eso no tendría que significar el final de la SGAE, que ya tenía una larga historia cuando Bautista comenzó a dirigirla. Pero sí podría significar un cambio imprescindible, tanto en la dirección como en los modos de una organización que se dedicaba constantemente a homenajear el robo que cometiera Roldán del dinero del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, exigiendo a todos los actos benéficos celebrados en España el diezmo de los derechos de autor.

No obstante, algunos de los peores rasgos de la SGAE se han mantenido porque los gobiernos de PP y PSOE –aunque especialmente los de Zapatero– le otorgaron carta blanca para cometer toda clase de abusos. La entidad dirigida por Teddy Bautista ha sido la cabeza visible de un lobby cultural al que se ha mimado constantemente desde el poder a costa de los demás ciudadanos. Porque la directiva de la SGAE podrá acabar entre rejas, pero la Ley Sinde, por citar el último de esos abusos, seguirá vigente.

Libertad Digital - Editorial