Todos calladitos. Por Cristina Losada

Convenza a la comunidad solidaria de Barcelona de contratar a seguratas como los embarcados en los pesqueros, para que una vez acabada la temporada del atún en el Índico, empiece la del besugo sin fronteras en Mauritania.

Difícil saber si el apagón informativo impuesto en torno al secuestro de tres activistas del turismo solidario tendrá alguna eficacia a la hora de resolverlo. El Gobierno ha sufrido un ataque de responsabilidad tardío. Prudencia y discreción reclama a la prensa, aunque no estaría de más que también callaran otros. Como algunos compañeros de los alterturistas capturados, que a su regreso a Barcelona hicieron declaraciones fuera de tiesto. María Jesús López, presidenta de la ONG Asomobe, anunció que volverán, porque es "una sociedad segura" de gente "amable y agradable" y "por un secuestro tramado por tres individuos no debemos dejar de viajar a Mauritania, al igual que por un atentado de ETA, nadie debería dejar de visitar España". Vale.

Todo muy bonito, pero López debería emprender una campaña pedagógica para ilustrar sobre la bucólica serenidad de ciertos transeúntes del desierto mauritano al Gobierno de ese país, alguno de cuyos soldados fue afablemente degollado, a los organizadores del rally Paris-Dakar, que marcharon con sus coches a otra parte, y a los servicios secretos españoles. Aunque si persiste en regresar con su caravana, dado que allí se goza de idéntica seguridad que aquí, tal vez tendría que adoptar algunos cambios. Convenza a la comunidad solidaria de Barcelona de contratar a seguratas como los embarcados en los pesqueros, para que una vez acabada la temporada del atún en el Índico, empiece la del besugo sin fronteras en Mauritania. En caso contrario, si sufren un secuestro, que se encarguen de negociar y pagar ellos mismos. Sin gobiernos de por medio, como conviene a "no gubernamentales".

Dolida por el trasiego de anuncios sobre la suerte de los cautivos, López se encaró con los periodistas. "En estos casos, mejor que os calléis", le dijo a uno. O sea, que nos piden optimismo antropológico, dinero y silencio. Hombre, no demanden las tres cosas a la vez. Silencio exigen a la prensa los turistas oenegeros. Chitón le reclama el Gobierno, que pretende echarle la carga de sus yerros en el Alakrana. Y mutis hace la consejera de Sanidad de Canarias, que responsabiliza a los plumillas del error de culpar a Diego Pastrana de la muerte de su hijastra. Según Mercedes Roldós, del PP, los médicos no tuvieron arte ni parte. Un chivo expiatorio vaga por el desierto moral español arrastrando un kiosko de prensa.

Libertad Digital - Opinión

Y de los puestos de trabajo, ¿qué?. Por José María Carrascal

SI usted sale a la calle y pregunta cuál es el primer problema de España, la contestación será, no importa dónde se encuentre o a quién pregunta, el paro. Los que están sin empleo, por haberlo perdido. Los que lo conservan, por temer perderlo. No existe preocupación mayor que ésta. Sin embargo, la creación de empleo figura al final del plan presentado por el gobierno para salir de la crisis, cuya plena puesta en marcha se deja para el 2020. ¡Cuán largo me lo fiáis!, podrían decir los parados. Y el resto de los españoles, pues resulta evidente que esa Ley de la Economía Sostenible carece de soluciones para el paro, no ya a corto, sino a medio plazo. Sin embargo, el presidente, con una sangre fría que desborda la cara dura para entrar en el cinismo, se atreve a decir que «el final de la recesión está próximo» y a anunciar que empezará a crearse empleo a finales del año que viene, como hace un año nos anunció que empezaría a finales de éste. Cuando las estimaciones más optimistas lo sitúan a finales de 2011, más probable para 2012 ó incluso para 2013. Con un número de parados que sobrepase holgadamente los 20 millones.

Siendo eso grave, no es lo peor. Lo peor es que ni esta crisis económica es como las anteriores, ni tampoco lo será la recuperación. Cuando el tsunami haya pasado y las aguas se estabilicen, el nivel de empleo que se alcance no será igual al anterior. Muchas empresas se habrán ido al garete, y con ellas, sus puestos de trabajo, desaparecidos para siempre. ¿Qué empresas serán ésas? Las que no tengan la tecnología, la productividad, el dinamismo y la experiencia necesarias para sobrevivir en el mercado global de nuestros días. Que son muchas de las españolas, lastradas por la triple normativa estatal, autonómica y municipal, condenadas a depender de la tecnología extranjera al invertirse poquísimo en investigación y frenadas por un insano mercado laboral, que da todas las ventajas a los que tienen un contrato indefinido y castiga al paro forzado a quienes no lo tienen.

La Ley de Economía Sostenible no aborda ninguno de esos capítulos, como no los abordaron ninguna de las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno Zapatero. Pero al menos, las anteriores suponían alguna ventajilla para los más débiles: prolongación del subsidio de paro, 400 euros por aquí, 600, por allá. Pero esta ley es puro escaparate, un globo, unas bambalinas, como han dicho los portavoces de los distintos partidos, aunque al final, algunos de ellos, los vascos, los canarios, le darán su voto, eso sí, haciéndoselo pagar muy bien. O sea que, encima de no servir para nada, esta ley nos saldrá muy cara. Pero esto es el gobierno de Zapatero: caro, vacío e inútil. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pues algo muy sencillo: elegirlo. Así que no nos quejemos.

ABC - Opinión

Feijóo, seguimos esperando. Por Raúl Vilas

Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde.

Nadie daba un duro por la victoria de Núñez Feijóo en las elecciones gallegas del pasado 1 de marzo. Ni siquiera en Génova –en privado– confiaban en ello. Prácticamente ninguna encuesta daba el PP gallego la mayoría absoluta imprescindible para desalojar de la Xunta a la coalición nacional-socialista de Touriño y Quintana. Finalmente Feijóo logró 39 escaños, uno más de los necesarios para gobernar, y el PP recuperó el Gobierno gallego.

No pretendo suplantar el papel de los sociólogos. Pero no hace falta ser un lince para atribuir el vuelco electoral a dos factores fundamentales: el despilfarro de un Gobierno con modos de nuevo rico –sillas de 3.000 euros, audis por doquier, paseos en yate– y el descontento generado por las políticas de imposición del gallego, sobre todo en la enseñanza. Un malestar que supo catalizar Galicia Bilingüe, capitaneando una auténtica rebelión cívica secundada por otras organizaciones como la Mesa por la Libertad Lingüística.

Feijóo, que de tonto no tiene un pelo, supo ver lo que estaba pasando y situó este asunto como uno de los ejes de su campaña. Esto se tradujo en tres promesas electorales: los padres elegirán el idioma de las asignaturas troncales, habrá una casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula y los alumnos tendrán libertad para utilizar oralmente y por escrito cualquiera de las dos lenguas.

Han pasado ya ocho meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno y el decreto que impone el gallego sigue vigente. Los nacionalistas –no sólo el BNG, el PSOE actúa como ellos– han redoblado la presión durante este tiempo, y el silencio de la Xunta comienza a ser inquietante, como mínimo. Más aún tras asistir a episodios como la burda manipulación de una sentencia del Supremo para deslegitimar el derecho de los padres a elegir, que fue incluso celebrada por el portavoz del PP en el Parlamento gallego.

Hace unas semanas entrevistamos en Sin Complejos –el programa de los fines de semana en esRadio que dirige y presenta Luis del Pino– a Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. Por primera vez percibí en ella cierto desánimo que contrasta con su carácter batallador y optimista. Mala señal. Pero Lago no se rinde, tampoco me sorprende. Esta semana han enviado a Feijóo una detallada y ponderada propuesta –como punto de partida hacia un verdadero sistema de libre elección–para que en el próximo curso escolar sus promesas sean una realidad. Consiste en un razonable reparto de las asignaturas entre las dos lenguas oficiales, preponderando siempre la elección del alumno. Nadie se puede sentir agredido, ni se vulnera ningún derecho. Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. Si no lo hace será un felonía de muy graves consecuencias. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde. Seguimos esperando, Alberto.

Libertad Digital - Opinión

A chapuza diaria

RODRÍGUEZ Zapatero rizó ayer el rizo del despropósito y la falta de responsabilidad en relación con el cierre anunciado de los enlaces de internet que puedan afectar a los derechos de autor. Abrumado por la respuesta contundente de los usuarios, el presidente del Gobierno no dudó a la hora de desautorizar a sus ministros y mostrar su faceta de político oportunista que sólo actúa en función de la coyuntura. A lo largo del día, el Ejecutivo pasó del negro al gris y luego al blanco total. La ministra de Cultura tiene un escaso bagaje político, y sólo parece interesada en satisfacer el interés particular de los sectores afines. De ahí su rechazo a cualquier modificación del criterio gubernamental sobre la disposición adicional de la ley de Economía Sostenible, a pesar de la rebelión ciudadana en un legítimo ejercicio de esa democracia participativa que al PSOE sólo le gusta cuando le conviene. Horas después, el ministro de Justicia, acostumbrado ya a la arbitrariedad presidencial, dejaba una puerta abierta al admitir la posibilidad de supuestos que exigirían autorización judicial. También a lo largo de la mañana el PP reaccionó con agilidad ante el clamor de los internautas, al comparar el cierre administrativo previsto con el secuestro de un medio de comunicación.

A la vista de la marea imparable, Rodríguez Zapatero anunció sin pestañear que las palabras de González Sinde y de Caamaño son papel mojado. Ahora resulta que nadie va a cerrar ninguna página en la Red, lo que supone un giro radical sobre los planes iniciales, aunque incomode a los «amigos» del mundillo cultural. Votos son votos, y el líder del PSOE ha recibido una lección acelerada sobre el poder de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Lo peor de todo es que el presidente anuncia la modificación de un proyecto de ley que acaba de presentar en el Congreso y que en rigor todavía no existe. Es una chapuza en grado superlativo y una falta de respeto a los ciudadanos en general, a los usuarios de internet y -por supuesto- a sus propios ministros, desautorizados y sin capacidad alguna de decisión. Por lo demás, la ley de Economía Sostenible es muy capaz de deparar ésta y otras sorpresas similares.

ABC - Opinión

Enrique Múgica, un patriota. Por José García Domínguez

¿Desde cuándo lo "progresista" consiste en resucitar fantasmagóricos derechos medievales y defender el concepto de soberanía emanado de la Revolución Francesa deviene sinónimo de rancio "conservadurismo"?

Al tiempo que Zapatero predica su respeto hacia el editorial trabucaire, Montilla no pierde ocasión de calumniar al hombre que creó el PSOE en la clandestinidad mientras él visionaba La mula Francis en un televisor de Iznájar. Así, tras recordársele en el sucedáneo local de 59 Segundos que también el defensor del pueblo ha repudiado el Estatut ante el Constitucional, el Muy Presuntamente Honorable, haciendo honor a su fama de erudito jurisconsulto, sentenció, impertérrito: "El defensor del pueblo fue nombrado por José María Aznar, y ha estado actuando al servicio del Partido Popular".

Aunque uno, en su ignorancia enciclopédica, andaba persuadido de que a Múgica lo habían elegido Congreso y Senado, en ambos casos, además, por mayorías cualificadas de tres quintos. Pero se ve que no, que ese catalanófobo compulsivo sigue en su cargo sólo porque La Moncloa no concede cesarlo. Será que también Zetapé conspira contra la dignidad de Cataluña a sueldo de FAES. Por lo demás, ha hecho falta la proverbial torpeza del Mudito con tal de poner ante el espejo de sus contradicciones topográficas a los albaceas del Estatut. Y es que Rajoy, desaparecido en combate, ha devenido incapaz de señalar a Múgica durante tres años. Elemental gesto que, por sí mismo, hubiese refutado la falacia de que el contencioso contrapone una cosmovisión conservadora frente a otra progresista.

La conversión de las cuatro provincias en nación; la atribución a la recién nacida de la liturgia simbólica propia de tal rango; la brumosa apelación al pueblo catalán como sujeto de la soberanía; unos enigmáticos derechos históricos que nadie acierta a comprender ni concretar; esa rocambolesca financiación específica pero genérica, diferenciada aunque común y particular si bien ordinaria; la alegre usurpación de competencias estatales; la expulsión sin mayores miramientos del defensor del pueblo; la proscripción definitiva del teórico bilingüismo que todavía se arrastraba, moribundo, por el papel mojado de las leyes; la flamante bilateralidad, en fin, como principio rector de la ficción confederal...

¿Qué demonios tendrán que ver todas esas usurpaciones con derechas o izquierdas? ¿Desde cuándo lo "progresista" consiste en resucitar fantasmagóricos derechos medievales y defender el concepto de soberanía emanado de la Revolución Francesa deviene sinónimo de rancio "conservadurismo"? Quizá habría que preguntárselo a Enrique Múgica, que ése es su verdadero talón de Aquiles, y no las señoritas del PP.

Libertad Digital - Opinión

El Gobierno tiene un problema: no entiende nada de Internet

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha cosechado su primer fracaso incluso antes de comenzar su tramitación parlamentaria. El mundo de Intenet se ha amotinado contra una norma que convierte a los proveedores de información y contenidos en la Red -medios de comunicación, empresas, blogueros o instituciones sin ánimo de lucro- en sospechosos con carácter preventivo.

Una comisión ad hoc creada por el Ministerio de Cultura -y por lo tanto bajo la esfera del Gobierno- podrá cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial. Si hasta el momento esa potestad sólo podía ejercerse con carácter excepcional e inmediato cuando había razones fundadas ante la comisión de algún delito de carácter general (orden público, defensa nacional, protección de la salud ciudadana o integridad de la infancia), ahora el Gobierno pretende extender ese especial nivel de protección a la propiedad intelectual. Como si esta materia -por importante que sea- tuviera la misma transcendencia que un delito contra la seguridad del Estado.

El sector se ha levantado en armas, aunque sean virtuales. Y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que estamos ante un atropello del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva es una garantía constitucional, y parece evidente que una resolución de carácter administrativo no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información. Lo contrario sería algo muy parecido a la censura previa, erradicada desde hace muchos años de nuestro orden constitucional.

Más allá de consideraciones jurídicas, lo que es relevante es la incapacidad del Gobierno para entender el fenómeno de Internet en toda su amplitud. En El Confidencial sabemos de qué hablamos. La fantasmagórica reunión de ayer entre la ministra de Cultura y un grupo de internautas que se representan a sí mismos, revela hasta qué punto el Gobierno ni si siquiera es capaz de contactar con interlocutores válidos.

«La tutela judicial es una garantía constitucional y una resolución administrativa no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información»

Probablemente, eso tenga que ver con la bisoñez política de la propia ministra, que intentó colar por la puerta de atrás una medida de tanta transcendencia. El cambio legal ni siquiera aparecía en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Ahora, según se anuncia extraoficialmente, es muy probable que decaiga el polémico artículo, lo cual supone un auténtico récord guinness. Se cambia una ley en fase de anteproyecto, antes incluso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Un problema de seguridad jurídica

No se está hablando de cualquier modificación legal, sino de una nueva norma que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de empresas y particulares que constituyen el núcleo de la sociedad de la información, y que de la noche a la mañana podrían verse abocadas al cierre simplemente porque un autor sintiera que la propiedad intelectual de su obra ha sido violada. Ya sea por la publicación de una foto sin autorización expresa o la emisión de una canción sin consentimiento. Es evidente que la legislación debe amparar el derecho de los autores a monetizar su obra, pero es el propio Estado quien debe articular fórmulas sin que sean pisoteados derechos fundamentales.

Ahora que se habla tanto de economía sostenible, no estará de más recordar la importancia económica de Internet, y por eso alguien debería mencionar a la ministra González-Sinde (¿por cierto, donde está Sebastián?) que en 2008 las transacciones de bienes y servicios realizadas a través de la Red generaron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Es decir, medio punto del PIB.

Parece obvio que el Gobierno cometería un grave error si para contentar a su base electoral (la SGAE y sus adláteres) pone en peligro el futuro de esta industria, cuya capacidad de crecimiento es colosal. ¿Quién se atrevería a invertir en una empresa que puede ser cerrada durante varios días por una simple decisión administrativa tras la denuncia de un autor?

La era del control previo se ha acabado, e Internet no sería nada sin los enlaces -los célebres hipervínculos- que posibilitan un caudal de información casi infinita. Y si se corta ese cauce se mata la Red, y con ella muere la economía española. Se trata de un asunto demasiado serio como para estar en manos de una ministra que no entiende nada de Internet y de lo que está detrás de la Red. Probablemente como el propio Gobierno, obsesionado con compensar a quienes avalaron a Zapatero para llegar a la Moncloa. Lo que deberían hacer los autores que recientemente firmaron un manifiesto es negociar nuevos sistemas de remuneración en lugar de etiquetar como ‘piratas’ a medio mundo por el hecho de prestarse canciones o películas sin necesidad de utilizar una copia física.

Alguien ha dicho que la patada en la puerta de Corcuera ha sido sustituida por la patada en el router. Esperemos que a la ley González-Sinde le apliquen la misma medicina.

El confidencial

El pasaporte. Por Alfonso Ussía

No tengo el gusto de conocer personalmente al señor cónsul de Marruecos en Canarias, Abderramnán Leibek. Tampoco disfruto del placer de conocer al señor cónsul de Marruecos en Bilbao. Y entregado a la sinceridad, lamento comunicar oficialmente que no he conocido en toda mi vida a ningún cónsul de Marruecos, circunstancia que mengua de manera considerable mi capacidad de análisis. De ahí mi desconcierto. Sí reconozco que de, casi cuarenta años hacia acá, el contencioso del Sahara me mantiene en una perenne situación de duda. Creo sinceramente que el Sahara no es Marruecos. El Reino de Marruecos es una cosa demasiado moderna para reivindicar territorios establecidos y reconocidos con anterioridad a su fundación. En el caso del Sahara, inicialmente colonia y finalmente provincia española. También creo que el Frente Polisario se equivocó en los planteamientos iniciales, y que su comportamiento hostil contra España supuso un grave error de estrategia. También su ideología, que no compartían todos los saharauis.

Pero el Sahara jamás ha sido Marruecos. Me comentaba días atrás un ilustre e inteligente embajador de España, ya retirado, que el más acusado acierto del régimen franquista fue el de establecer las pautas y distancias con Marruecos. Secuelas del africanismo y de la experiencia. Marruecos es una nación nueva reinada por una dinastía escrupulosamente dedicada a su patrimonio. Es cierto que también se ha erigido en el tapón del fundamentalismo islámico, y que defiende los intereses del mundo occidental. A los saharauis los dejamos abandonados a su suerte, y esa carísima organización que responde al nombre de ONU, no ha sabido, hasta la fecha, proyectar una solución. La ONU es como el Tribunal Constitucional, pero a lo bestia, como diría Gila. Una buena parte de los saharauis quieren ser marroquíes, y otra sólo saharauis. Los españoles nos fuimos sin garantizar el futuro del Sahara. En nuestra política exterior siempre han chocado dos intereses respecto a Marruecos.
Las buenas relaciones y Ceuta y Melilla. También el Sahara. Los partidos de izquierdas siempre se mostraron totalmente partidarios de los saharauis cuando no estaban en el poder, y absolutamente favorables a los intereses de Marruecos cuando gobernaban. Es el caso actual. Una sola persona es capaz de provocar un terremoto político. La llamada «activista» saharaui –ignoraba que ser y sentirse saharaui fuera una actividad–, permanece en Lanzarote en huelga de hambre. Le han retirado el pasaporte marroquí y no acepta el español. Para unos, la «Ghandi» del Sahara. Para otros, una agente de Argelia y del Frente Polisario. Para los españoles, un asunto de conciencia. Pero lo ridículo del asunto, es la última oferta marroquí, trasladada a Aminatu Haidar por el cónsul de Marruecos en Canarias: «Pida usted perdón al Rey de Marruecos y en media hora tiene el pasaporte». ¿Qué se ha creído el Rey de Marruecos, dueño y señor de los bienes y las vidas de ese gran país? En España, se queman fotos del Rey, se publican postales con un lazo de horca en torno al cuello del Rey, se insulta al Rey, y el Rey no exige que se le pida perdón. Los pasaportes no dependen del perdón del Rey. Si España, Marruecos y el Frente Polisario no son capaces de arreglar un simple problema humano, que lo haga la ONU. Pero la situación, por ridícula y dramática al mismo tiempo, empieza a ser insostenible. Insostenible, Zapatero, usted tan polisario siempre. De pacotilla, claro.

La Razón - Opinión

Hacia el secuestro de internet

Los internautas han reaccionado a tiempo y han hecho dar un paso atrás a los políticos. Pero como muchos de sus pasos atrás, será sólo para volver a intentar que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos.

Internet es uno de los mecanismos que más ha abaratado a lo largo de la historia la transmisión de información; esa mercancía tan costosa durante tanto tiempo que hoy resulta accesible y casi gratuita para todo el mundo.

Tal revolución en las comunicaciones, que adquiere su verdadera dimensión cuando la ponemos en perspectiva histórica, supone sin duda alguna una oportunidad muy clara no sólo para enriquecernos, sino también para divertirnos, cultivarnos, relacionarnos y defender nuestras libertades. Gracias a internet, nunca ha sido tan sencillo que personas con motivaciones comunes aúnen esfuerzos en un mismo proyecto (incluyendo los de tipo ideológico); nunca ha sido tan fácil que todo ciudadano que así lo desee pueda convertirse en un periodista que investigue y denuncie los abusos del poder político.

De ahí que los gobernantes siempre hayan observado la red con un cierto recelo. Demasiados ojos y demasiadas voces vigilando y criticando un mundo –el político– tradicionalmente caracterizado por la opacidad y las intrigas. A un mandatario le puede ser relativamente fácil controlar a los grandes grupos de comunicación, que en buena medida dependen de las licencias y de los favoreces que se les conceda desde el Estado, pero sin duda le resulta prácticamente imposible someter a millones de ciudadanos que, de motu proprio, bregan por promocionar sus propias ideas, inquietudes y hallazgos.

He ahí toda la explicación que requiere ese movimiento gubernamental, cada vez más extendido por Europa y que ha terminado por prender en España, que con la excusa de proteger la propiedad intelectual otorga a la Administración la potestad para cerrar páginas web.

Una práctica que no por saberse inconstitucional –el art. 20.5 reza claramente que "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial"– y no por ser conscientes de que atenta contra algunos de los derechos humanos más fundamentales, hará cambiar de idea a los gobiernos sobre la necesidad de regular y poner coto esa gran amenaza para su poder omnímodo llamada internet.

Corresponde a los tribunales de justicia –supuestamente despolitizados, independientes e imparciales– controlar si en la red, como en cualquier otro ámbito de la vida social, se comete algún delito. No es necesario ningún tipo de nueva normativa adicional que, pretendiendo actualizar las leyes a los tiempos, sirva para limitar nuestras libertades. Pero eso es exactamente lo que pretenden nuestros gobernantes: arrogarse la capacidad de censurar páginas web con cualquier excusa.

González Sinde es una política sin experiencia cegada por la codicia y el muy socialista ímpetu prohibicionista. No ha sabido manejar los tiempos y se ha ganado algo parecido a una reprimenda por parte de Zapatero y Caamaño. Esta vez los internautas han reaccionado a tiempo y parece que la avanzadilla intervencionista ha dado un paso atrás. Pero como muchos otros de sus pasos atrás, será sólo para coger impulso, para volverlo a intentar más adelante hasta que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos. Una vez consigan justificar las primeras regulaciones de excepción sobre internet, las siguientes vendrán a manadas. Es una batalla que no se puede perder.

Libertad Digital - Editorial

El casco de De la vega. Por M. Martín Ferrand

LA moda y su condición femenina le impiden a María Teresa Fernández de la Vega, siempre esmerada con su atuendo, usar un casco pinchudo y brillante como el que solía adornar la cabeza de Otto von Bismark, el Canciller de Hierro. La vicepresidenta que manda, a diferencia con la que obedece, es inasequible al desaliento y tiene el ánimo de la victoria incrustado en el alma, lo que constituye una gran virtud política. Ahora, con la que está cayendo e instalados en el furgón de cola del tren europeo, ha dicho De la Vega que «estamos mejor que hace un año». En ese año en el que, según ella, tanto hemos mejorado, el número de parados ha crecido en casi novecientas mil personas y, aunque no he hablado con todas ellas, sospecho fundadamente que no comparten el triunfal diagnóstico vicepresidencial.

Estamos peor y salvo que cursen fenómenos taumatúrgicos, peor estaremos dentro de un año. Los males que nos afligen son estructurales, no meramente contingentes, y esos no se remedian, como el catarro, después de unos días de toses y estornudos. Necesitan y exigen medidas enérgicas, algunas de ellas claramente impopulares y con potencial coste electoral, y por ahí no pasa la voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero, optimista patológico, escasamente sensible en la percepción de la realidad y adorador de su propio ombligo.

Aquí todo se reduce, desde el Gobierno, a decir que no se abaratará el despido, algo que nadie solicita, y con ello se da por cerrada la negativa a una reforma laboral que, al margen del despido potencial, sea capaz de favorecer la creación de empleo y, de paso y fundamentalmente, mejorar la competitividad de nuestras empresas en el marco de la UE.

Se puede entender en De la Vega que, en función de su responsabilidad, trate de edulcorarnos la realidad. Entra en las funciones del Gobierno el mantenimiento de la moral ciudadana; pero, y eso me preocupa, creo que no nos miente. Está convencida, de tanto respirar el incienso de las alabanzas de sus paniaguados, que España va bien. Aquí los malos son los del PP y los empresarios y por eso los sindicatos preparan una manifestación contra los empleadores del corte y el estilo de las demostraciones sindicales que José Solís promovía para el Primero de Mayo. En eso hay coincidencia, el entendimiento de la libertad de unos y otros es parejo. Y, además, a De la Vega le favorecería el casco de Bismark.

ABC - Opinión