Aborto libre, año uno

Un año hace hoy que entró en vigor la ley del aborto en virtud de la cual se pasó de una normativa que despenalizaba la interrupción del embarazo en unos casos muy concretos a su legalización sin restricciones durante las 14 primeras semanas. Otra novedad introducida fue que las chicas menores de 16 y 17 años no requerían permiso paterno para abortar. A falta de datos oficiales, ha surgido estos días la polémica en torno al impacto de la ley y, mientras los representantes de las clínicas abortistas aseguran que ha descendido el número de intervenciones, otras asociaciones, como Red Madre, sostienen lo contrario y que se ha disparado el volumen de embarazos no deseados. Sería muy conveniente que el Ministerio de Sanidad, tras recabar la información pertinente de las comunidades autónomas, avanzara datos contrastados y depurados. En este punto, será de gran utilidad saber cómo ha afectado a las estadísticas la disminución de la inmigración y la dispensación sin receta de la píldora del día después. También es imprescindible saber cuántas adolescentes han abortado sin conocimiento de los padres y qué volumen económico se ha generado, tanto a favor de las clínicas privadas como a cuenta de los centros sanitarios públicos. Por otro lado, el primer aniversario de la ley nos recuerda que el Tribunal Constitucional sigue sin resolver el recurso interpuesto por el Partido Popular. Dada la especial naturaleza de esta ley, que afecta directamente a la vida de seres humanos no nacidos, los magistrados del TC tienen la obligación de actuar con celeridad, pues si son capaces de sustanciar en pocas horas una legalización como la de Bildu, que al Tribunal Supremo le llevó mucho más tiempo, bien podrían haber sentenciado en todo un año una ley sobre la que ya existe jurisprudencia en el propio tribunal. De no haberse suprimido el llamado recurso previo, mecanismo que permitía suspender la entrada en vigor de una ley recurrida por afectar a derechos fundamentales, se entendería la pachorra del TC, pero no es el caso, y deberían ser esos tres magistrados que hicieron amago de dimitir hace algunas semanas los primeros interesados en juzgar una ley que afecta a la vida y la muerte de miles de seres humanos. También está sin resolver de modo satisfactorio el alcance de la objección de conciencia, pues mientras las feministas radicales y el Gobierno sostienen que ese derecho está limitado a los médicos y personal sanitario que interviene directamente en la operación abortiva, diversas asociaciones médicas, ONG sanitarias y movimientos pro vida aseguran que es extensible a toda la cadena, desde el médico de atención primaria hasta el cirujano. Hasta ahora, los tribunales han emitido sentencias contradictorias y es de suponer que no habrá una doctrina fijada en tanto el contencioso no llegue al Supremo y el Constitucional resuelva. Por lo demás, que esta ley cumpla un año sólo puede satisfacer a quienes han hecho del aborto un lucrativo negocio y han logrado que un gobierno socialista se lo facilitara eliminando restricciones legales y aumentando el espectro de la clientela potencial.

La Razón - Editorial

La píldora del fracaso

El 28 de septiembre se cumplirá un año de la decisión del Gobierno de permitir la venta de la píldora del día después en farmacias sin necesidad de receta médica. La polémica que desató aquella actuación política no ha decrecido, porque, entre otras razones, el seguimiento de las consecuencias de la iniciativa ha demostrado la tremenda equivocación que supuso. El balance de las cifras reales de venta en estos doce meses, a las que ha tenido acceso La Razón, describen un tan notable como sintomático aumento del consumo de un fármaco con importantes efectos secundarios. De hecho, se ha convertido en el producto que más ha crecido en las farmacias. De las 935 diarias que se despachaban hace un año se ha pasado a las 2.100 unidades después de que el Ejecutivo marginara a los médicos en la prescripción, lo que supone un crecimiento del 139%, cuando era un fármaco en claro decrecimiento, según las estimaciones del sector. Para los profesionales del mercado farmacéutico, los espectaculares números son sólo comparables proporcionalmente a los del lanzamiento de un medicamento estrella, pero lamentablemente hablamos de un cóctel hormonal de impredecibles consecuencias.

La génesis de aquella decisión del Ministerio de Sanidad puso de manifiesto que al Gobierno le interesó más que se vendiera la píldora que preservar la seguridad médica de las usuarias, la mayoría jóvenes que necesitaban del consejo médico. Ese propósito fue evidente cuando se desoyeron las protestas reiteradas de los farmacéuticos y las advertencias de distintas instancias médicas y científicas sobre su uso excesivo o cuando se ocultó un informe de la Agencia Española del Medicamento que detectaba problemas de seguridad en el principio activo de la píldora. Incluso cuando se alteró el protocolo farmacológico, que determinaba que esa sustancia en concreto debía ser prescrita por un facultativo. Se ignoraron todas las razones científicas que desaconsejaban esta especie de «barra libre» para ese medicamento y se sortearon las trabas administrativas con piruetas como clasificar la píldora como «medicamento ético» para facilitar la venta libre y con publicidad.

Hoy, un año después de la controvertida decisión, el Gobierno saca pecho de los 3.000 abortos menos practicados el pasado año y lo atribuye a la dispensación de la píldora del día después. Pero más allá de que ese discutido descenso en el número de interrupciones sea cuestionado hasta por las propias clínicas o que el número de 112.000 abortos sea dramático en sí mismo, el país no puede acompañar al Ejecutivo en su entusiasmo por una política global contra el derecho a la vida, en la que la «Ley Aído» y la libre comercialización de las píldoras postcoitales son instrumentos fundamentales, y que atenta contra principios básicos de toda sociedad justa. Detrás de ese uso indiscriminado de estos fármacos, fomentado desde la Administración de manera temeraria e irresponsable, se esconde además un potencial problema de salud para miles de mujeres a las que no sólo no se ha informado adecuadamente, sino que se las ha hecho creer que lo que tomaban era inocuo.

La Razón - Editorial

La ética contra el aborto

Si no hay más remedio, existe el deber moral de retirarse del órgano de gobierno de los hospitales antes que contribuir a la aplicación de una norma cuya legalidad depende todavía del TC.

LA opinión pública ha recibido con lógica inquietud y perplejidad la noticia de que la Iglesia forma parte del patronato de dos hospitales catalanes que practican abortos. El Foro de la Familia califica de «incoherente» y «escandaloso» el hecho de que los representantes eclesiásticos no hayan mostrado una firmeza absoluta en defensa del derecho a la vida. Ante el silencio oficial de la jerarquía catalana, muchos millones de fieles necesitan explicaciones por una actitud que choca con la doctrina inequívoca de la Iglesia sobre la condición del «nasciturus» como ser vivo y la exigencia ética y jurídica de que se proteja su derecho a nacer. En casos tan evidentes no sirven los argumentos posibilistas como la teoría del mal menor, y tampoco es aceptable —por supuesto— que desde las instituciones sanitarias se ofrezcan explicaciones en el sentido de que «solo» se practican abortos legales, ya que lo contrario sería tanto como reconocer un delito. El hecho de que la Iglesia no tenga mayoría en los patronatos correspondientes no debe ser obstáculo para exponer en términos absolutos su oposición a tales prácticas. Si no hay más remedio, existe el deber moral de retirarse del órgano de gobierno de los hospitales antes que contribuir —aunque sea de forma indirecta— a la aplicación de una norma cuya legalidad depende todavía de la decisión del Tribunal Constitucional.

Parte de la Iglesia catalana parece anclada en un tiempo de excesiva comprensión hacia el nacionalismo identitario que, aunque sea una contradicción, se confunde a veces con un supuesto «progresismo». Lo mismo que se han producido cambios sustanciales en la jerarquía vasca, el conjunto de la Iglesia española debería reflexionar sobre la necesidad de renovar también en Cataluña algunos planteamientos contrarios al ecumenismo que es propio de una institución de alcance universal. La Conferencia Episcopal Española mantiene sin excepción posturas congruentes con la doctrina católica. No es admisible que una supuesta singularidad regional altere el mensaje universal en defensa de los más desfavorecidos, precisamente aquellos que se ven privados de la propia vida en nombre de una ideología trasnochada y radical. La Iglesia catalana no debe contribuir de ninguna manera a este atentado contra las reglas más elementales de la moral cristiana. Si no lo hace, no debe sorprenderse de la evidente disminución del número de fieles y de vocaciones religiosas, puesto que los mensajes incongruentes impiden identificar a una institución que ha sabido siempre estar por encima de las coyunturas.

ABC - Editorial

Una ley injusta y cara

La ley del aborto no era objeto de ninguna demanda social y solo contribuye a romper el consenso en una cuestión de conciencia.

LA nueva ley del aborto promovida por Rodríguez Zapatero es una norma injusta que vulnera frontalmente el derecho a la vida del nasciturus, reconocido por la Constitución y por la jurisprudencia del TC. Además de los argumentos éticos y jurídicos que cabe invocar en su contra, el informe que hoy publica ABC desvela que la ley tiene también un notable coste económico para la sanidad pública. Sin embargo, el Ejecutivo no parece dispuesto en este caso a aplicar recortes ni planes de austeridad, porque se trata de financiar una operación de ingeniería social al servicio de un falso progresismo ideológico. La «economía» del aborto tiene un núcleo de referencia en el interés de algunas clínicas privadas que hacen negocios a costa del drama personal y moral que supone la interrupción del embarazo. Por una u otra vía, la nueva ley tendrá un coste estimado de cincuenta millones al año, que se acumulan sobre un sistema sanitario que sufre ya un déficit de 12.000 millones de euros.

Así pues, el presidente del Gobierno piensa gastar el dinero de todos los ciudadanos en beneficio exclusivo de una operación oportunista para hacer guiños ideológicos a ciertos sectores radicales. En efecto, la ley impulsada por Bibiana Aído no era objeto de ninguna demanda social y solo contribuye a romper el consenso en una cuestión de conciencia sumamente delicada. Sin embargo, todos los contribuyentes van a sufragar el coste de unas prestaciones públicas que muchas personas rechazan por razones éticas. Cuando le interesa al PSOE, el Ejecutivo no tiene inconveniente en promover gastos innecesarios. Ello hace que crezca la indignación social ante una ley que vulnera el derecho a la vida, fundamento lógico de todos los Derechos Humanos.

ABC - Editorial

Aborto. ¿La diferencia son vidas?. Por Guillermo Dupuy

No conozco un solo caso de una mujer que alegando "perjuicios psíquicos" no haya podido abortar con total tranquilidad. La diferencia está en que ahora esos abortos se podrán perpetrar sin tener que recurrir al coladero de la hipócrita ley anterior.

Los partidarios de la suspensión de la nueva ley del aborto durante el tiempo en el que el Tribunal Constitucional decide si es o no acorde a nuestra Carta Magna alertan sobre el "daño irreparable" que supondría aplicar esta ley si luego el Alto Tribunal dictaminara su inconstitucionalidad. Lo cierto es que, con excepción de los abortos que ahora se pudieran perpetrar en embarazadas menores de edad sin conocimiento de sus padres, no hay ninguna diferencia respecto a la ley anterior en lo que a la protección de la vida del no nacido se refiere.

Hasta la entrada en vigor de la nueva ley, a cualquier mujer le bastaba alegar que el nacimiento de su hijo le podía acarrear "perjuicios psíquicos" para poder acabar con su vida en el seno de su vientre. Yo no conozco un solo caso de una mujer que alegando este motivo no haya podido abortar con total tranquilidad. La diferencia está en que ahora esos abortos se podrán seguir perpetrando sin tener que recurrir al coladero que les permitía la hipócrita ley anterior. Vamos, que la diferencia está en si hay que rellenar o no casillas en el momento en el que se solicita ese criminal eufemismo que constituye la "interrupción voluntaria del embarazo".

Es cierto, tal y como ya reconocí, que la diferencia entre ambas leyes sí se puede cifrar en vidas si tenemos en cuenta los abortos en embarazadas menores de edad sin consentimiento y conocimiento de sus padres. Sólo por esas vidas estaría justificada la suspensión de la nueva ley. Sin embargo, no por ello me resulta menos hipócrita la actitud de un partido como el PP que ha terminado siendo condescendiente con una ley que sí permitía acabar con los no nacidos cuando sus madres eran mayores de edad. Estas criaturas son "abortables" aunque el Constitucional hubiera suspendido la nueva ley, como lo seguirían siendo aunque luego la declarara inconstitucional. Sólo basta alegar, insisto, en que el nacimiento de la criatura constituye un riesgo para la salud psíquica de quien la engendró para poder acabar con su vida.

Por otra parte, me parece sorprendente que el PP, si cree que lo que está en juego son vidas, todavía confíe en que el mismo tribunal, que evidentemente no las ha tenido en cuenta al no querer suspender la nueva ley, termine declarándola contraria a nuestra Ley de Leyes. Claro que, bien pensado, no será la primera vez que vemos cómo, en una sentencia del Constitucional, el vicio rinde homenaje a la virtud.

Libertad Digital - Opinión

Aborto irreversible

El derecho a la vida proclamado por la Constitución e interpretado por la propia jurisprudencia del TC es el fundamento previo a cualquier otro derecho.

EL TC ha perdido una nueva oportunidad para demostrar su independencia y capacidad de aplicar la Constitución atendiendo a su espíritu genuino y no solo a criterios formalistas. Al rechazar la suspensión cautelar de la ley del aborto con el argumento de que no está prevista para las leyes estatales, el TC desconoce la finalidad del recurso de inconstitucionalidad como garantía en un asunto de máxima relevancia moral y jurídica como es la defensa de la vida del nasciturus. Es evidente —y así lo reflejan los votos particulares— que los efectos de la puesta en marcha de esta ley serán irreversibles, aunque en su día el Tribunal llegue a declarar su inconstitucionalidad. Un asunto de naturaleza patrimonial puede ser objeto de reparación, pero nadie podrá devolver la vida a unos seres indefensos. Por lo demás, las dilaciones excesivas a la hora de dictar sus sentencias y el proceso de renovación de los magistrados, con resultados todavía inciertos hacen prever que pasará demasiado tiempo antes de que se dicte una decisión jurisdiccional.

El derecho a la vida proclamado por la Constitución e interpretado por la propia jurisprudencia del TC es el fundamento previo a cualquier otro derecho. Su protección jurídica debe tener en consideración esas características especiales que alteran en este caso específico la presunción de constitucionalidad que se aplica a otras leyes del Estado. El deterioro que sufre el Tribunal solo podrá superarse si los magistrados hacen honor a la alta responsabilidad que les atribuye el ordenamiento jurídico. En efecto, no se trata de un órgano administrativo obligado a aplicar la ley de forma mecánica, sino de un intérprete supremo que debería haber considerado los sólidos argumentos de un recurso que pretendía paralizar una ley injusta.

ABC - Editorial

Aborto: una ley abiertamente inconstitucional

El Tribunal Constitucional ha sido irremediablemente prostituido por los partidos y sus pronunciamientos han dejado de ser jurídicos para convertirse en una patética plasmación de lo que ordenan los políticos a quienes deben el puesto los magistrados.

Cuando se alega que hay leyes que deberían derogarse porque "no han conseguido nada" a la hora de reducir el comportamiento que castigan, se suele responder que no por el hecho de que se siga asesinando debe legalizarse este crimen. Sin embargo, eso es precisamente lo que se ha hecho con el aborto en España. Tras el escándalo que supuso la revelación de que algunas clínicas abortistas mataban nasciturus de hasta ocho meses perfectamente viables con técnicas tan brutales como la de aplastar cabezas, el Gobierno de Zapatero decidió impulsar una nueva ley que redujera los riesgos legales que afrontaban... esas clínicas.

Esta ley socialista, cuya base argumental parece reducirse a los sesudos "nosotras parimos, nosotras decidimos" y aquello de que el feto "es un ser vivo, pero no un ser humano", incumple la famosa sentencia 53/85 del Tribunal Constitucional al eliminar la necesidad de ajustarse a los tres supuestos que ésta contemplaba para despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Al relajar las condiciones por las que se puede abortar legalmente cabe esperar que los casos aumenten; si se reduce el precio, que en este caso es el riesgo legal, aumenta la demanda. Por tanto, era razonable pedir la suspensión de una ley cuya constitucionalidad, por decirlo suavemente, está en entredicho y cuya aplicación produciría daños irreversibles, y más cuando éstos afectaban al derecho, que este sí lo es, a la vida.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la petición de que se suspendiera la aplicación de la ley. A la espera de los autos y votos particulares, parece claro que los magistrados han aceptado el argumento de la Abogacía del Estado de que, tras la derogación del recurso previo de constitucionalidad de las leyes orgánicas, el TC sólo podía suspender una ley aprobada en el Parlamento en casos muy tasados, entre los que no se encontraba éste. Sin embargo, esta ley afectaba a derechos fundamentales, en concreto el derecho a la vida, y sus consecuencias son claramente irreversibles, no sirviendo los argumentos empleados en casos como el del traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña.

En cualquier caso, sólo hay que emplear el sentido común para lamentar la decisión del Constitucional. Si, para horror de Zapatero y Aído, encontrara inconstitucionales preceptos como el que permite abortar libremente antes de las 14 semanas o el que permite a menores de 16 y 17 años no informar a sus padres siempre y cuando lo justifiquen –precisión que se añadirá al supuesto de "salud psíquica de la madre" como el fraude de ley más habitual en España–, ¿cómo podrá reparar todas las vidas perdidas desde el 1 de julio hasta que lleguen a esa conclusión?

Los cuatro años que han transcurrido hasta la sentencia del estatuto catalán y esta lamentable decisión deben servirnos para concluir la conveniencia de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, mediante el cual las leyes orgánicas aprobadas en el parlamento no se aplicaban hasta que el TC no resolviera. De este modo se evitaba que leyes que afectaran a derechos fundamentales o a la estructura del Estado se pusieran en funcionamiento sin haber sido examinadas por el tribunal.

En cualquier caso, quizá valiera de poco ante la constatación de que el Tribunal Constitucional ha sido irremediablemente prostituido por los partidos, y que sus pronunciamientos han dejado de ser jurídicos para convertirse en una patética plasmación de lo que ordenan los líderes políticos a quienes deben el puesto los magistrados. Si alguna duda quedaba, la sentencia del estatuto la habrá disipado ya. Poca esperanza hay, por tanto, de que el TC considere inconstitucional incluso aquellos puntos que contradicen abiertamente su propia jurisprudencia. Ya encontrarán excusa.

Libertad Digital - Editorial

Aborto. De la obediencia a las leyes. Por José García Domínguez

En su condición de mera prosopopeya, Murcia no puede rehuir las normas del Parlamento. Sí le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos: la dimisión.

Como es fama, "se acata pero no se cumple", fue la fórmula retórica acuñada por los virreyes del Imperio en las Indias con tal de burlar la soberana voluntad del monarca vertida en leyes y reglamentos. Y "ni se acata ni se cumple" pudiera ser la versión corregida y aumentada con que algún cantonalismo moral diera en reavivar esa tradición tan española, la de ponerse el mundo por montera. Castizos arrebatos que suelen tener más de teatral simulacro escénico que de efectiva insubordinación. Así, Zapatero y Montilla cuando fantasean con soslayar los efectos quirúrgicos de la sentencia del Estatut por medio de ignotas tretas leguleyas.

Y es que, al canónico modo de las parejas de trileros que frecuentan Las Ramblas de Barcelona –"¿dónde está la bolita, señores?"–, el uno embauca a los membrillos y su compinche, el gancho, simula dejarse engañar. Por cierto, vistosa variante de la misma comedia bufa es la representada estos días por los munícipes de aldeas y villas catalanas que se dicen "desvinculados" de la Constitución española. Otro brindis al sol sin mayor consecuencia que la propia charlotada, tal como acontece en esas pedanías que gustan declararse territorio no nuclear o evacuan solemnes proclamas de similar calado peregrino. No obstante, espectáculos circenses al margen, en un Estado de Derecho las leyes, todas, sin excepción alguna, han de ser cumplidas. Y punto.

Al respecto, el margen único a fin de eludirlas en muy restringidos supuestos, la objeción de conciencia, apela a los individuos, jamás a las instituciones. De ahí que, en su condición de mera prosopopeya, la Región de Murcia no pueda rehuir las normas del Parlamento. Sí, en cambio, le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos; a saber, el de la dimisión. Como hiciera, por ejemplo, Nicolás Salmerón en su día, al renunciar a la presidencia de la República por no firmar una pena de muerte. O Balduino de Bélgica, cuando rehusó sancionar la ampliación del aborto. Igual que Don Juan Carlos hubiese procedido a abdicar sin mayor demora en la eventualidad de que nuestra nueva Ley colisionase con alguno de sus principios éticos. Nadie lo dude.

Libertad Digital - Opinión

Recurso oportuno y necesario

EL Partido Popular va a presentar de forma inmediata su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de ampliación del aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio.

Mariano Rajoy cumple así su compromiso de impugnar esta ley ante el Tribunal Constitucional y de defender hasta sus últimas consecuencias el respeto a la vida humana, que es un principio fundamental de toda ideología liberal-conservadora. La libertad, como bien supremo del hombre, es una utopía si no se defiende el derecho a vivir para poder ejercerla. El aborto libre es una negación radical del sistema de Derechos Humanos sobre el que se han construido las democracias y los ordenamientos jurídicos. Por eso, la privación de la vida de un ser humano en su fase gestacional es incompatible con el reconocimiento de Derechos Humanos absolutos. Ninguno de tales derechos puede serlo si se niega la premisa de todos ellos, que es el derecho a vivir.

Si políticamente Mariano Rajoy ha demostrado la coherencia de su partido en oponerse a una reforma letal para la sociedad española, jurídicamente esta ley se enfrenta a una doctrina constitucional consolidada que desde 1985 está declarando que no es aceptable la eliminación del «nasciturus» por la sola voluntad de la madre, porque el ser humano, concebido y no nacido, es en sí mismo un bien jurídico digno de protección.

El salto que da la nueva ley del aborto llega a ese aborto libre, incondicional, puramente voluntarista, que permite a la mujer -en muchas ocasiones bajo presión e intimidación de su entorno- decidir sobre la vida o la muerte de quien ya es, aparezca o no esta palabra en el diccionario abortista del Ministerio de Igualdad, un ser humano. Su hijo, para ser más precisos. En este aborto libre, el feto no provoca ningún conflicto específico, no causa daño comprobable. Simplemente molesta. El recurso del PP propone una medida que no está prevista en la ley. Pide la suspensión cautelar de la ley para que no se aplique hasta que haya sentencia. Los fundamentos de esta petición son claros, de sentido común y, sobre todo, de una justicia material inapelable. Por un lado, la nueva ley contradice abiertamente la doctrina del TC, por lo que no tiene esa «presunción de constitucionalidad» con la que cuenta de partida toda ley del Parlamento. Por otro, si esta ley injusta se aplica, una posible sentencia de inconstitucionalidad llegaría demasiado tarde para evitar los miles de abortos que ya se habrían cometido en virtud de una norma ilegal. Nunca antes se le había planteado al TC una disyuntiva tan dramática y necesaria.

ABC - Editorial

Mikel Buesa: “En el embrión concebido por dos seres humanos hay una vida humana”

Mikel Buesa, de UPyD, nos ha hecho llegar su postura personal sobre el proyecto de ley del aborto del gobierno de Zapatero.

El Catedrático de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid. D. Mikel Buesa Blanco, ex-presidente del Foro de Ermua, premio HazteOír 2007 en la categoría de Sociedad Civil, y actualmente miembro de la directiva de UPyD, ha atendido la solicitud de Derecho a Vivir y nos ha hecho llegar su postura personal sobre el proyecto de ley del aborto del gobierno de Zapatero a través del siguiente mensaje:

* Desde mi punto de vista el aborto constituye una tragedia para la mujer que aborta y un fracaso para la sociedad, que no ha sido capaz de evitarlo. También considero que, tal como ocurre en la actualidad, el aborto debe ser recogido en el Código Penal y tipificado como un delito. Y de la misma manera, entiendo que ese delito debe estar despenalizado en aquellos supuestos en los que se puede entender que la colisión entre los derechos de la madre y los derechos del niño no nacido, se inclina en favor de aquella.
* La ley actualmente vigente responde a este planteamiento y ha proporcionado un marco que podríamos haber considerado equilibrado si, en su aplicación, los principios establecidos en ella no hubiesen sido bastardeados por la presión de unos negociantes de la muerte interesados en ganar mucho dinero a costa de las mujeres y de las minorías pro-abortistas que quieren establecer el derecho femenino a matar. Esta situación ha sido también propiciada por unos gobiernos autonómicos que han renunciado a ejercer sus competencias de inspección sanitaria y han dejado hacer a su antojo al negocio privado de las clínicas abortistas. Y no debe olvidarse que de esos gobiernos son responsables políticos, principalmente, del PSOE y del PP. Por ello, me parece que hay que denunciar la hipocresía de estos últimos.
* Que la ley actual haya sido reiteradamente conculcada señala que, seguramente, debería ser reformada. Pero no para establecer el derecho femenino a matar en determinados supuestos, sino para evitar que las soluciones reales a la colisión entre los derechos de la madre y del niño no nacido estén desequilibradas en perjuicio de estos últimos. Tal vez la solución a este dilema esté en la fijación de un plazo rígido e inapelable, como ocurre en una buena parte de los países que han regulado este asunto. No lo sé muy bien, pues no creo tener los suficientes conocimientos sobre el asunto. Pero, en cualquier caso, me parece que este es el debate en el que, seriamente, deberíamos estar metidos; y no en el debate radical en el que nos ha metido el Gobierno y su demagogia.
* Dicho esto, también he de señalar que nadie me tiene que convencer de que en el embrión concebido por dos seres humanos hay una vida humana. Me parace que debatir sobre esto es superfluo por más que algunos lo nieguen como coartada para reconocer el derecho femenino a matar. Más bien, insisto, lo que se ha de discutir es acerca de los límites morales y jurídicos en los que se ha de desenvolver la solución al dilema entre los derechos de la madre y los del hijo no nacido.
* Comprendo que este asunto levante pasiones. Pero muchas veces la pasión no es buena consejera cuando a lo que nos enfrentamos es a un asunto cuya solución siempre constituirá una tragedia y un fracaso.

Desde Derecho a Vivir agradecemos el mensaje y la opinión de D. Mikel Buesa, que responde a la solicitud realizada desde esta plataforma.
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