El Pacto del Lunes Negro: ¿a qué -o quién- le tiene miedo el PP?. Por Federico Quevedo

El pasado domingo, durante la Convención del PP en Sevilla, me acerqué un momento al diputado popular y portavoz en la Comisión de Cultura, José María Lasalle, para informarme sobre cómo iban las negociaciones con el Gobierno respecto de la Ley Sinde y si iba a producirse algún acuerdo. “Yo estoy aquí”, me dijo, dándome a entender que había pocas probabilidades para el pacto mientras el Gobierno no se aviniera a las condiciones que, aparentemente, estaba poniendo el PP, que no eran otras que la garantía de una tutela judicial absoluta en todo el proceso y la supresión del canon digital o ‘compensación por copia privada’, que es como muy eufemísticamente llaman el Gobierno y los cuatreros de la SGAE a este impuesto preventivo, que parte de la base de que todos los que compramos tecnología somos unos ladrones y lo hacemos para estafar a los autores.

Eso era el domingo, y más o menos seguía siendo así el lunes por la mañana, según mis fuentes en el PP, aunque ya entonces estaban haciendo efecto las presiones que sobre el Partido Popular venían haciendo editores, autores y productores para que cambiara de postura y aceptara la Ley Sinde. Quiero recordarles a ustedes, para que a nadie se le olvide que, por ejemplo, la supresión del canon digital fue un compromiso adquirido personalmente por el propio Mariano Rajoy, líder del PP y candidato a presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales.

De hecho, en la enmienda que el Partido Popular presentó a la Ley de Economía Sostenible en la que iba anexa la disposición sobre el cierre de páginas web también conocida como Ley Sinde, el PP exigía la supresión, sin condiciones, del Canon Digital. En aquel momento lo que el Partido Popular pretendía era que se negociara otro mecanismo de compensación, porque lo que no tenía, ni tiene, sentido era que al penalizar la copia privada y privar, por lo tanto, al usuario de ese derecho, se mantuviera vivo este impuesto preventivo que engorda las arcas nada transparentes y sí muy sospechosamente corruptas de la SGAE y los amigos de Teddy Bautista. Sin embargo, entre los partidarios de la Ley Sinde, es decir, de cerrar páginas web sin tutela judicial y seguir cobrando el canon, se encontraba en aquel entonces el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia. Pero después de que el Congreso rechazara, con los votos del PP y de los nacionalistas, la Ley Sinde y ‘apeara’ esa disposición de la Ley de Economía Sostenible, comenzaron las presiones a los partidos políticos por parte de los editores y productores y, sobre todo, por parte de la Embajada de Estados Unidos ya que lo que más se descarga en nuestro país es producto americano cien por cien.

«El caso es que Álex de la Iglesia comprendió que las razones de los internautas eran de peso, y mientras él se acercaba a las posiciones de un colectivo de millones de personas, en el Partido Popular se empezaba a recorrer el camino contrario.»

A su vez, De la Iglesia se reunía con los internautas en un intento por comprender sus posiciones, que no eran otras que la garantía de que no se pudiera cerrar ninguna página web sin que la tutela judicial estuviera presente a lo largo de todo el proceso, de principio a fin, lo que dejaba fuera del mismo a la Comisión Administrativa prevista en la Ley por tratarse de un organismo de clara significación política y sospechoso de actuar de modo arbitrario, y la supresión del canon digital hasta que se pudiera encontrar otro mecanismo que compensara a los autores sin que eso significara tratar a todos los ciudadanos como delincuentes en potencia. El caso es que Álex de la Iglesia comprendió que las razones de los internautas eran de peso, y mientras él se acercaba a las posiciones de un colectivo de millones de personas, que es verdad que resulta difícil de coordinar fuera de la Red, pero que en Internet puede ser muy activo y, si quieren, peligroso, en el Partido Popular se empezaba a recorrer el camino contrario. ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo en este cambio de postura?

Porque, seamos sinceros: una vez leída la enmienda conjunta PSOE-PP con detenimiento, hay que concluir que el PP se la ha envainado, como se dice popularmente, y se ha dejado llevar al terreno en el que se mueve como pez en el agua la ministra de Cultura, facilitándole a ésta una victoria que nunca debería de haberse producido, y ofreciendo los populares, sin embargo, la imagen de una bajada de pantalones sin precedentes, y sin que nadie entienda a cuento de qué. Y es que donde antes decía digo, ahora el PP dice Diego y se ha quedado tan pancho: la tutela judicial es de risa porque, al final, la batuta del proceso sigue quedando en manos de una Comisión Administrativa cuyos integrantes va a nombrar el Gobierno, y donde antes pedía que se retirara el canon digital ahora se limita a darle tres meses al Gobierno para que lo modifique, supuestamente adaptándolo a la sentencia de los tribunales europeos, pero tampoco eso queda claro. O sea, que el único partido con posibilidades de hacer naufragar la intención del Gobierno de practicar y aplicar la censura previa, de vulnerar el artículo 20 de la Constitución y de llevarse por delante la inviolabilidad constitucional de la propiedad privada, se ha bajado del caballo y se ha subido al carro de los enemigos de la libertad. ¡Manda huevos!, que diría Trillo.

¿Tenía algo que ver el Pacto del Lunes Negro con la entrevista que ese mismo día, por la noche, le iba a hacer -y le hizo- Gloria Lomana a Mariano Rajoy en Antena 3? No lo sé, eso dicen por ahí, pero si es así no llega ni a plato de lentejas y se queda en un aperitivo de kilos. Lo que me pregunto es por qué el PP siempre se deja seducir por los mismos… ¿Qué tienen los editores? ¿Qué tienen los de la FAPE? ¿Qué tienen los de la SGAE? ¿Por qué les dan tanto miedo al PP? ¿De verdad piensa Mariano Rajoy que este pacto le va a dar un solo voto de quienes nunca jamás van a votarle ni a él ni al PP? ¿Por qué la derecha siempre cede ante los mismos, por qué lo hizo Aznar con PRISA, y por qué lo hace ahora Rajoy con Lara y sus amigos editores, productores y autores?

Me consta que lo ocurrido el pasado lunes ha generado mucho malestar en el PP, porque una gran parte de los dirigentes, y ya no digamos de los militantes, de ese partido no lo entienden. Por eso, desde estas líneas, y dado que todavía queda tiempo en la tramitación parlamentaria, animo a todos ellos a que exterioricen ese malestar para que el PP de marcha atrás y vuelva a la senda de la que nunca debió haber salido y que, aunque no lo crea, puede causarle un serio disgusto.

El Confidencial - Opinión

Pensiones. Méndez, Toxo y ZP nos hacen un "chamosa". Por Pablo Molina

Queremos que Chamosa gestione nuestra jubilación y luego nos escandalizamos de la magnitud del latrocinio, una reacción absurda porque es lo que ocurre invariablemente cuando entregamos a los políticos la capacidad de decidir sobre nuestras finanzas.

El régimen público de previsión social, eso que los pusilánimes llaman "uno de los vértices del Estado del Bienestar", es una estafa piramidal en función de la cual el Gobierno te roba una parte de tu salario para pagar los subsidios actuales, a cambio de la promesa de que cuando tú te jubiles habrá los suficientes pardillos en activo como para hacer lo propio contigo. En el proceso desaparece el ochenta por ciento de todo lo que has pagado a lo largo de tu vida laboral, pero asombrosamente es un robo que el español medio acepta con la mejor de sus sonrisas, porque encargarse de su propia jubilación le produce un pánico insuperable.

Queremos que López i Chamosa gestione nuestra jubilación y luego nos escandalizamos de la magnitud del latrocinio, una reacción absurda porque es lo que ocurre invariablemente cuando entregamos a los políticos la capacidad de decidir sobre nuestras finanzas. Si, además, en el conciliábulo parlamentario en que se decide la cuantía del robo una de las voces autorizadas es la de la oronda académica del PSC, el resultado no puede ser otro que el que finalmente han rubricado los sindicatos y ZP tras la tradicional cena copiosa y los dos paquetes reglamentarios de tabaco.

Es preocupante que los chamosas decidan cuándo tenemos que dejar de trabajar y a cambio de cuánto dinero, pero mucho más lo es que el borrador de intenciones surgido de la comisión parlamentaria de la que forman parte deba ser validado por los sindicatos llamados mayoritarios. Méndez y Toxo, junto al presidente del "sindicato de productores" y ZP, acuerdan la reforma del sistema público de pensiones aumentando la intensidad del robo institucional, y asombrosamente no hay una manifestación espontánea de los dieciocho millones de cotizantes actuales exigiendo a los cuatro que saquen sus sucias manos de nuestro dinero.

Está visto que la estafa de las pensiones públicas va a perdurar en España durante muchas generaciones, por eso lo único que cabe exigir es que nos dejen fuera del sistema a los que no queremos permanecer en él ni un segundo más. Queremos sufrir los rigores del capitalismo y depositar nuestro dinero únicamente en planes de ahorro privados como ZP, que los contrata a pares. Y si nos arruinamos lo asumiremos con gallardía. Preferimos compartir el destino financiero de ZP a continuar sometidos al despojo solidario del clan de los chamosas. Cuestión de gustos.

Libertad Digital - Opinión

El Congreso de los privilegiados

Desde hace meses se aprecia una corriente creciente e inquietante de desapego de los ciudadanos con la clase política. Los barómetros del CIS han reflejado el aumento de esa brecha entre representantes y representados. El de diciembre pasado consolidó a los políticos como la tercera preocupación para casi el 20% de los españoles, por detrás del paro y los problemas económicos. No es un asunto menor, sino que se trata de una fricción en uno de los engranajes clave de toda democracia. Quién sabe si el síntoma de una patología larvada a la que no se está prestando la atención debida. De hecho, resulta sintomático que esa notoria desafección no haya merecido al menos una reflexión pública de los directamente señalados por los ciudadanos. Como si la cosa no fuera con ellos y estuvieran por encima de lo divino y de lo humano. El desencuentro representa un reproche a la clase dirigente en una época especialmente complicada para una sociedad sometida a exigentes pruebas. En tiempos de sacrificios y recortes sociales, el liderazgo moral de los gobernantes resulta una cualidad imprescindible para afrontar las adversidades y los desafíos nacionales. No se puede ni se debe reclamar lo que no se está dispuesto a afrontar en primera persona. Las pensiones son un campo de pruebas en el que se ha demostrado que los políticos se resisten a ponerse al frente de la manifestación. Como publica hoy LA RAZÓN, diputados y senadores han rechazado no ya revisar su privilegiado sistema de pensiones de 2006, sino incluso discutirlo, llegando hasta entorpecer las iniciativas parlamentarias de la diputada Rosa Díez en ese sentido. Mientras, la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años para el resto de españoles se da por hecha. Desde luego, no cuestionamos la necesidad de esta reforma como garantía de futuro para las nuevas generaciones, y asumimos también como inevitables los ajustes consiguientes con la convicción de que no existe una mejor solución por dolorosa que resulte. Otra cosa muy diferente es que entendamos que nuestros parlamentarios pretenden pasar por este amargo trago como miembros de un club selecto de auténticos privilegiados, que conservarán un sistema de protección exclusivo que les asegura la pensión máxima por haber ocupado un escaño durante dos legislaturas. El Letrado Mayor de las Cortes ha argumentado para defender lo indefendible que merecen un «tratamiento digno», que otros Parlamentos tienen más beneficios y que el modelo es «económicamente moderado y viable». En cuanto a recurrir al juego de las comparaciones, sin duda los jubilados españoles salen mucho peor parados que diputados y senadores. Y en cuanto a la viabilidad, el sistema podría salir muy beneficiado si se reconsideraran, por ejemplo, las multimillonarias subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Obviamente, el debate es otro. A ninguno de sus señorías se le coaccionó en su momento para entrar en política. Son servidores públicos, que gozan ya de extraordinarios beneficios, y cuya autoridad moral, tan esencial como la legal, debe basarse en el ejemplo y la coherencia.

La Razón - Editorial

Acuerdo en el desacuerdo sobre la jubilación a los 67 años. Por Antonio Casado

Decía el otro día Rubalcaba que renunciar a que te entiendan es el fin de la política. Aplíquense el cuento los 38 representantes de la voluntad popular que ayer aprobaron las 21 recomendaciones (la cifra es de histórica resonancia en la memoria del socialismo español, dicho sea de paso), orientadas en este caso a la reforma del sistema público de pensiones, que viene a ser el espinazo del Estado del bienestar, seriamente amenazado por los acreedores de la economía española.

Lo aprobado en la comisión parlamentaria del llamado Pacto de Toledo no puede ser más ambiguo. Que lo compre quien lo entienda. Pero alguien tendrá que explicarlo. Se anuncia lo de ayer como el logro del consenso mayoritario de los diputados de la comisión. Así es si miramos el resultado de la votación: 36 síes y los dos 2 noes de la izquierda. Sin embargo, basta una primera lectura del documento, que irá al pleno del Congreso el 25 de enero, para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.

Por tanto, de consenso nada. El consenso se convierte en una recomendación más al Gobierno, junto a otras 20 apoyadas por el PSOE y por el PP, para que Zapatero deje la edad legal de jubilación como está, en los 65 años (la real, en 63). O en la censura mayoritaria a la congelación de las pensiones contributivas para 2011, que es una medida ya decidida por el Gobierno en su famoso tijeretazo de mayo.

«Basta una primera lectura del documento para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.»

De nuevo ataca el camuflaje semántico tan propio de la clase política. Lo cierto es que hay consenso para levantar acta de que el PP está en contra de subir la edad de jubilación. Y eso, aparte de desorientar a la opinión pública, es una mala noticia para la medida estrella de la reforma. No tiene sentido adoptar una medida de ese calado con la enemiga del principal partido de la oposición, salvo que sea un farol electoralista del PP y quiera desmarcarse ahora de una decisión que asumirá encantado cuando Mariano Rajoy esté en la Moncloa.

Es la hipótesis más probable. “Es bueno trabajar más allá de los 65 años”, decía Rajoy en septiembre de 2007. “El sistema de pensiones está condenado a la quiebra si cada vez trabajan menos personas en España y son más las que cobran pensiones”, decía el ex presidente, José María Aznar, en mayo de 2009.

Por lo tanto, lo previsible es que el Gobierno tire por la calle del medio el 28 de enero y fije la nueva edad de jubilación en los 67 años, con excepciones para oficios penosos y largos periodos de cotización. Así se hará en el proyecto de ley que ese día aprobará el Consejo de Ministros, en contra de la izquierda (IU, BNG, ERC) y del principal partido de la oposición al que, salvo cambio de posición en el pleno del 25 de enero, le estará adelantando el trabajo sucio si como, según parece, Rajoy conquista la Moncloa en mayo de 2012.

Da igual. “Cueste lo que cueste. Y nos cueste lo que nos cueste”, según esa doctrina de Zapatero que sirve para ganar la confianza de los mercados y perder la de los electores. En este caso, el palo por la prolongación de la vida activa del trabajador hasta los 67 años va a recaer en la quinta del 59 y siguientes. Con la oposición de la izquierda más izquierda y la derecha más derecha. Qué curioso.

El Confidencial - Opinión

Pensiones. Cómo salvar el socialismo. Por Emilio J. González

La comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo.

A estas alturas de la película ya sabemos muy bien que los políticos españoles viven encerrados en sus propias torres de marfil, completamente ajenos a la realidad de este país. Pero, en el caso de las pensiones, ya rizan el rizo y no sólo no quieren aceptar que el sistema público español es inviable, sino que, encima, se empeñan en pretender salvar la ‘utopía’ socialista, de izquierdas y de derechas, que lo ha condenado a muerte y que revela también los graves problemas de desempleo que tiene nuestro país. Me explico.

Como todos ustedes saben, nuestro sistema de pensiones se basa en el modelo de reparto, esto es, los ingresos por cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales. Ese sistema va bien mientras la pirámide de población tenga forma de pirámide, valga la redundancia, y fracasa en cuanto cae la natalidad y adquiere forma de rombo, que es lo que sucede en nuestro país. Vamos, que el sistema funciona si hay cada vez más gente pagando a quienes les llega el momento de recoger sus beneficios y quiebra en cuanto esto no es así. En el mundo financiero, a esto se le conoce como ‘esquema Ponzi’ y es lo que hacían Madoff, Gescartera, el Fórum Filatélico o Afinsa, con los resultados que todos ya conocen y con sus responsables en la cárcel o sentados en el banquillo. En el mundo de la previsión social se le llama sistema de reparto y aquí nadie paga por los platos rotos, sobre todo cuando se sabía desde hacía más de quince años que iba a ocurrir lo que ya está pasando, esto es, que el modelo es inviable y empobrece dramáticamente a los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que propone la comisión del Pacto de Toledo? Pues nada de liquidarlo, que sería lo lógico, y pedir cuentas a quienes nos han llevado a esta situación porque, al fin y al cabo, son los mismos partidos políticos que forman la susodicha comisión. Lo que propone es incrementar las cotizaciones sociales, ampliar el periodo de cómputo de la pensión e incentivar, porque no se atreven a recomendar, el retraso en la edad de jubilación. Es decir, trabajar más tiempo y pagar más para cobrar menos, todo con tal de mantener la ‘solidaridad’ del sistema.

La obsesión fundamental de las recomendaciones de la comisión es recaudar más y, para ello, entran en temas sociolaborales sin entender lo más mínimo acerca de los mismos y de cómo nuestra política socialista del mercado de trabajo explica los altos niveles de paro y, con ello, los problemas de la Seguridad Social. El documento, por ejemplo, critica las prejubilaciones, sin entrar en el problema de por qué las empresas optan por desprenderse de los trabajadores de más edad, en muchos casos para sustituirles por jóvenes, cuando tienen que abaratar sus costes laborales para poder sobrevivir. Y el problema sencillo de entender: estriba en esos pluses por antigüedad –trienios, sexenios y demás– que perciben los trabajadores de más edad debido al tiempo que llevan en la empresa y que, en muchos casos, su montante supera el salario base. Este es un sistema de retribución pernicioso por el cual se liga la misma no a la productividad, como sería lo lógico, sino al tiempo de permanencia en la empresa y al final se vuelve en contra de sus beneficiarios porque los manda a casa o los condena al paro. Si se quieren evitar las prejubilaciones, que tanto daño hacen al sistema de reparto, hay que acabar con este modelo de retribución salarial instaurado en los tiempos de Franco. La comisión del Pacto de Toledo no dice nada al respecto.

Lo mismo sucede en lo que se refiere a los jóvenes. La comisión insiste en la formación como vía para que puedan conseguir un empleo y, en cierto modo, tienen razón. Si aquí no nos empeñáramos en que todo el mundo tiene que ir a la universidad, con independencia de su valía, y limitáramos este derecho a quien de verdad tiene capacidad para ello, con independencia de sus circunstancias económicas, al tiempo que se dignifica y se potencia la formación profesional; si los planes de estudio se desideologizaran y se centraran en formar verdaderamente personas y en adecuarse a las necesidades de las empresas, además de promover las vocaciones empresariales, otro gallo nos cantaría. Pero también hay otra cuestión que explica que, en estos momentos, casi la mitad de los jóvenes españoles estén en paro y no es otra cosa que el salario de contratación que imponen los convenios colectivos sin tener en cuenta que una persona sin experiencia laboral y con una formación deficiente produce mucho menos que alguien con esa formación y experiencia que, dadas las actuales circunstancias, sólo puede aportar la empresa. Esto se arreglaría con contratos de aprendizaje, que impliquen salarios más bajos durante su vigencia, pero la comisión del Pacto de Toledo tampoco dice nada al respecto, porque aquí lo que importa es que todos seamos iguales, con independencia de lo que aporte cada cual al proceso productivo o de la retribución que obtenga por su participación en el mismo.

Para más inri, la comisión del Pacto de Toledo insiste en la promoción de la previsión social complementaria, esto es, que los trabajadores suscriban planes privados de pensiones para complementar la prestación pública cuando llegue el momento de la jubilación. Decir esto es decir que el sistema no da más de sí y que hay que ir hacia un modelo de capitalización –las cotizaciones individuales de hoy pagan la pensión individual de mañana– o, al menos, a uno mixto. O sea, reformar el sistema. Pues ya lo podían haber hecho hace quince años en vez de insistir en mantener el modelo de reparto a cualquier precio. Además, ¿de dónde van a salir esos recursos adicionales para contribuir a un plan privado de pensiones? Porque para una familia con, al menos, uno de sus miembros en paro eso es un lujo que no se puede permitir. Lo mismo que quien esté pagando una hipoteca a veinte, treinta o cuarenta años, que se les ve y se las desea para llegar a fin de mes. Y, encima, suben los impuestos, sube el recibo de la luz, sube el petróleo y, con él, subirán los alimentos y otros productos... pero los sueldos se quedan congelados o, peor aún, se recortan para que puedan sobrevivir las empresas y mantener los empleos que generan; o quien se ha ido al paro y tiene la suerte de encontrar un nuevo puesto de trabajo probablemente va a ganar menos que en su empleo anterior. ¿Cómo se puede ahorrar para un plan privado de pensiones en estas circunstancias? De ninguna manera. A esto es a lo que nos ha llevado la legislación de inspiración socialista que regula tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones, como la política antinuclear de ZP, como la política de intervención del suelo, como la política de gasto público de este país... Y la comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo, probablemente porque son diputados y a ellos ni los problemas salariales de los españoles ni los del futuro de su pensión les afectan.

Libertad Digital - Opinión

Pensiones de urgencia

El Gobierno fijó el 28 de enero como fecha tope para presentar su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. Con ese límite obligó al Pacto de Toledo a acelerar sus trabajos para contar en plazo con un documento sobre sus recomendaciones. Los grupos se quejaron de un «procedimiento de vértigo» forzado por las urgencias de un Ejecutivo apremiado por nuestros socios europeos y por la necesidad de calmar a los mercados. Y tienen razón. Las prisas del Gobierno han condicionado los trabajos y han dificultado un consenso, que finalmente no se ha dado por primera vez. La Comisión del Pacto aprobó ayer sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG. El documento, sin embargo, plasma también las desavenencias de fondo planteadas por los populares en asuntos fundamentales como la edad de jubilación. El texto tampoco cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado, y rechaza la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar «sin la consulta y el debate» previo del Pacto de Toledo.

El texto peca, por tanto, de una ambigüedad medida que dará al Gobierno un margen de maniobra para actuar en los aspectos más polémicos, lo que acentuó el escepticismo de los grupos sobre cómo se plasmarán las recomendaciones en el proyecto de ley. Estas dudas parecen más que justificadas porque el propio Rodríguez Zapatero ya anunció hace unos días que sacaría adelante la jubilación a los 67 años de forma progresiva y con «factores de flexibilidad razonables», aunque no existiera consenso. La impresión generalizada es que el Ejecutivo tiene su propuesta ya elaborada, con las directrices más o menos conocidas –jubilación a los 67 años y periodo de cálculo de 20 o 25 años– y que los postulados del Pacto de Toledo serán abordados casi como un trámite que cumplir. Otra prueba de cómo los socialistas son arrastrados por los acontecimientos y de que sus políticas son un mix de improvisaciones y urgencias, lo que ni genera confianza ni tampoco estabilidad.

España necesita cambios en su sistema de pensiones. El actual es insostenible. Una fórmula de reparto como la nuestra, sumada a una estructura demográfica condicionada por el envejecimiento acelerado de la población, depara una ecuación imposible y nos aboca a un colapso irremediable. Esa emergencia demanda altura de miras de los grupos políticos y perspectiva para legislar con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones. Por eso, el consenso ha resultado siempre imprescindible por encima de coyunturas y estrategias partidistas. Que Zapatero haya dejado transcurrir el tiempo para afrontar a contrarreloj un debate de tanta trascendencia ha sido una irresponsabilidad más. Que contemple sacar adelante la reforma sin el principal partido de la oposición será otro grave error. La impresión es que las prisas pueden llevar a la precipitación y ésta a los errores. Las pensiones no admiten parches, sino intervenciones con rigor y alcance. Y eso es lo que cabe exigir al Gobierno y a la oposición.

La Razón - Opinión

El Pacto de Toledo, el pacto de la irresponsabilidad

Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo-, no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento el retraso en la edad de jubilación que ahora no se atreven a recomendar en el Pacto de Toledo.

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha aprobado por mayoría sus recomendaciones para la "reforma" de las pensiones, con la oposición de ERC, IU, ICV y BNG. Estos partidos de izquierda han justificado su negativa a suscribir las recomendaciones del informe alegando que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma de las pensiones que desea sin incumplirlo.

El problema, sin embargo, está en que el texto es, efectivamente, tan sumamente ambiguo que el Gobierno podría incluso no hacer reforma alguna, también sin incumplirlo. Nos referimos, naturalmente, a una reforma encaminada a evitar –y no a adelantar– la quiebra del ineficiente y coactivo sistema público de pensiones que padecemos, que es a lo que se supone que iban dirigidas estas recomendaciones. Y lo decimos porque de las 21 que integran el informe de marras, las únicas que concretan y se comprometen a algo son las dirigidas a solicitar la ampliación de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años. Eso, por no hablar de las recomendaciones encaminadas a estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones.

Como ven, todas estas sugerencias, y otras que nos dejamos en el tintero, lejos de solucionar o de paliar el problema de nuestro sistema de pensiones, no vendrían sino a agravarlo. Y es que el problema no es otro que el hecho de que cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas), por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados.

Se supone que, ante este problema, las recomendaciones de reforma para hacer sostenible el ineficiente sistema público de reparto, al contrario de las señaladas, deberían de pasar por reducir la cuantía de las pensiones y por retrasar el momento de su percepción. A ello iban dirigidas, aun de manera insuficiente, las propuestas de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 15 a los últimos 20 años de vida laboral, o la de retrasar la edad de jubilación a los 67 años de edad.

Sin embargo, ninguna de estas dos medidas, o de naturaleza parecida, ha sido incluida en el informe que nos ocupa. La recomendación que más se aproxima a una de ellas es la que se muestra favorable a algo tan bochornosamente ambiguo como que el cómputo de la pensión "se modifique para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajo". ¿Y esto cómo se traduce o se cifra?

En cuanto, a lo del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, ni se mienta. A este respecto, y dentro del bochornoso espectáculo que ha vuelto a dar nuestra clase política en la Comisión del Pacto de Toledo, especialmente vergonzosa ha sido la actitud del PSOE: mientras Zapatero había anunciado una voluntad firme de aplazar la edad de jubilación "con todas sus consecuencias", este miércoles el grupo socialista lo ha rechazado. Su portavoz en la citada comisión ha tratado de justificar semejante espectáculo diciendo que "creemos que la edad legal de jubilación debería alargarse a los 67 años pero ponemos en valor, por encima de todo, el alcanzar un consenso aquí en el Pacto de Toledo".

El caso es que el retraso de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de las pensiones no es tanto una opción de Zapatero, como una exigencia tanto del propio sistema público de pensiones como de Bruselas. Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo– no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento lo que ahora no apoyan como recomendación en el Pacto de Toledo. Eso, o arriesgarse a que nuestros socios nos expulsen del euro, por no hablar de las consecuencias devastadoras que también tendría no hacerlo para el sistema de pensiones a un, cada vez más menguante, largo plazo.

Lo que queda patente, en cualquier caso, es la ilimitada irresponsabilidad de una clase política que no tiene más fijación que el cortoplacista cálculo electoral, sin importarle las devastadoras consecuencias que ello tenga incluso para el ineficiente y coactivo sistema de reparto por el que dice abogar.

Libertad Digital - Opinión

«Pensionazo» a la fuerza

El Gobierno apura ante su último año de mandato la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis.

LA Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer una serie de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones sin un consenso preciso y elaborado sobre los principales aspectos de este pilar del Estado de bienestar. La prolongación o no de la edad de jubilación y del cómputo de la vida laboral necesaria para cobrar una pensión discurre por el documento parlamentario envuelta en fórmulas muy genéricas, sin que finalmente se sepa a ciencia cierta cuál es la opción defendida por la Comisión. Las consideraciones generales sobre la conveniencia de reformar el sistema de pensiones dan al Gobierno el argumento suficiente para tener por cumplido el trámite del debate previo en este órgano y por concedido el aval para hacer lo que ya tiene decidido hacer el próximo 28 de enero: prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años, salvo las excepciones apropiadas a trabajos penosos, y ampliar el plazo mínimo de vida laboral para percibir pensión. El debate sobre estas cuestiones no tiene intriga alguna sobre cómo finalizará. De hecho, Zapatero ya anunció en Bruselas —donde se alecciona al Gobierno sobre su política económica— que la edad de jubilación aumentaría dos años. Por tanto, el loable esfuerzo de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo no se corresponde con la atención que va a prestar el Gobierno a sus recomendaciones. Y esta desafección es una mala noticia, porque las pensiones eran la única materia sobre la que existía realmente un pacto de Estado y así debería seguir siendo. El problema de este consenso blando alcanzado en la Comisión es que se produce pese a la coincidencia casi unánime de los grupos políticos sobre la inviabilidad financiera del sistema de pensiones en sus condiciones actuales. Una vez más, la falta de una agenda política hecha con rigor responsabiliza al Gobierno de que las medidas necesarias para salir de la crisis no se tomen a tiempo, de forma planificada y con el acuerdo político suficiente para comprometer también a los ciudadanos, a los que se les priva de un mensaje constructivo sobre la razón de los sacrificios.

El Gobierno apura así ante su último año de mandato efectivo la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis. Medidas inconexas que comenzaron siendo unos derroches de gasto público para terminar asaltando los bolsillos de los españoles y recortando el estado de bienestar como nunca antes en treinta años de democracia.

ABC - Editorial

El agravio de las pensiones. Por Martín Ferrand

Por primera vez los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios. ¿Estaremos reaccionando?

SUPONGO que no hay un solo español sensato, sean cuales fueren su posición política y su situación laboral, que no asuma, al menos en la intimidad —como José María Aznar hablaba en catalán—, la urgente necesidad de abordar una reforma profunda del actual sistema de pensiones. Aún así el asunto se presenta como especialmente conflictivo y cabe pensar que inauguraremos el 2011 con algaradas defensoras del insostenible sistema en vigor. Es así porque la Historia acredita que el español utiliza un sistema lógico para el análisis y el raciocinio y otro muy diferente, antagónico, para establecer los cauces de su conducta. Es algo que puede parecer diabólico a un espectador sobrevenido, pero forma parte de la sorda demanda de justicia distributiva y repulsa de los agravios comparativos que anidan en el corazoncito de los ciudadanos comunes.

Consciente de ese estado anímico, el Gobierno del que sigue siendo titular José Luis Rodríguez Zapatero, más lánguido cada día, trata de aplazar el tiempo de las reformas, lo que es temerario, y de producirlas de poco en poco, como los fascículos con los que nos vendieron las enciclopedias o, mejor, tal que los folletines que ilustraban a la mesocracia española antes de que la basura televisiva con patente italiana tratase de secarnos el cerebro con sus abyectos programas en los que la insidia alterna con el mal gusto y el despropósito con la impostura.

Posiblemente el escenario para el debate sobre las pensiones —de paro, jubilación o cualquier otra naturaleza— deberá ser el Pacto de Toledo; pero la degradación que establece la talla mínima de los representantes de los partidos en esa comisión parlamentaria —¡Isabel López i Chamosa es la portavoz del PSOE!— invita a otros marcos y consideraciones. Tampoco importa mucho. La clave de la solución del problema reside en una previa rebaja de la privilegiada situación de los senadores, diputados y altos cargos de la Administración en todo lo que afecta a sus derechos pasivos. Sin ella como pórtico de una reforma sustancial, con sus correspondientes drásticas rebajas, no hay nada que hacer. Ya se advierte la temible ira del español sentado en todo cuanto afecta al caso. El ejercicio de desfachatez de nuestros representantes, que se han apresurado a mejorar su situación en perjuicio y agravio de la nuestra, no es de recibo y puede llegar, con o sin protagonismo sindical, a una movilización colectiva de imprevisibles consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios previa a la inevitable reducción de derechos adquiridos. ¿Estaremos reaccionando?

ABC - Opinión

Propaganda. La reforma socialdemócrata de las pensiones. Por Guillermo Dupuy

No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema que padecemos.

Algunos podrán ridiculizar al secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, por defender como "medida socialdemócrata" la propuesta de retrasar la edad de jubilación y la de reducir el importe medio de las pensiones mediante una ampliación del periodo de contribución para el cálculo de las mismas. También algunos podrán criticar al PSOE, en general, por telefonear a sus tertulianos afines para que "vendan" la necesidad de acometer dichas reformas y para que hagan "pedagogía" a favor de ellas.

Sin embargo, nada debería tener de extraño que, en una democracia –sistema que se basa consustancialmente en la opinión pública–, los políticos socialdemócratas salgan en defensa de un modelo esencialmente socialdemócrata, como es el sistema colectivista y estatalizado de reparto que nos ocupa, ni tampoco que traten de que los ciudadanos asuman como necesarios los enormes perjuicios a los que, ciertamente, nos obliga su sostenibilidad. Y es que, por mucho que el introductor de este ineficiente y liberticida sistema de previsión para la vejez fuera Bismarck –en España fue Franco–, en tiempos en que la esperanza de vida apenas superaba los 65 años de edad, este sistema se adecua a esos modelos de planificación centralizada característicos de los "socialistas de todos los partidos", que diría Hayek.

Lo que no tiene, desde luego, sentido alguno es que formaciones supuestamente liberales, como el PP, se muestren partidarias de un sistema de pensiones que nada tiene de liberal, y cuya única forma de evitar la quiebra total es la introducir progresivas quiebras parciales, que se disfrazan como reformas, pero que no son otra cosa que paulatinos perjuicios en contra de los supuestos beneficiarios del sistema. Y eso, en el mejor de los casos, porque no faltan en el PP quienes, al igual que los sindicatos, se instalan en el más irresponsable de los inmovilismos.

La auténtica disyuntiva, sin embargo, no debería consistir entre no hacer nada o hacer reformas que no tienen más objetivo que hacer sostenible una estafa en perjuicio de los ciudadanos. La auténtica alternativa debería ser transitar a un sistema de capitalización individual, en el que los ciudadanos tuvieran soberanía sobre su retiro del mercado laboral y sobre esa parte de su renta que les confisca la Seguridad Social; un sistema en el que ellos pudieran tener la libertad de elegir como y donde se invierte sus ahorros. El objetivo, pues, no debería ser la sostenibilidad del sistema público de pensiones sino la posibilidad de huir de él.

Sin embargo, ni la derecha política ni incluso la mediática se atreven a abogar por un cambio auténticamente sostenible y beneficioso para los pensionistas como sería el sistema de capitalización privado. Son muy pocos los medios de comunicación que, como libertad digital, hacen auténtica pedagogía y se atreven a denunciar "las mentiras de la reforma de las pensiones".

Movidos por el prejuicio de la "medicina amarga", la mayoría de los medios de comunicación creen que su sentido de la responsabilidad pasa por defender unas perjudiciales reformas dentro del sistema que nos abocan, en el mejor de los casos, a un retraso forzoso de la jubilación a los 70 años y cobrando un 30 por ciento menos. No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a los trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema de reparto que padecemos.

Libertad Digital - Opinión

Pensiones y mercados

La OCDE ha irrumpido con fuerza en el debate español sobre las pensiones que enfrenta al Gobierno con el resto de las fuerzas políticas y con los sindicatos. El diagnóstico del organismo internacional no difiere del de otras instituciones económicas, desde el FMI hasta el Banco de España, y se puede resumir en esta aseveración: el sistema público de pensiones quebrará inexorablemente si no se alarga la edad de jubilación al menos hasta los 67 años y no se amplía el periodo de cotización para calcular la percepción. En resumen, o se bajan las cuantías y se estira la vida laboral, o en quince años el sistema se colapsa. Así lo cree también el Gobierno de Zapatero, que ha reiterado su voluntad de empezar la reforma el 28 de enero, haya o no acuerdo del Pacto de Toledo. Por el contrario, los sindicatos y la izquierda se oponen frontalmente, hasta el punto de que amenazan con convocar otra huelga general. Como tampoco los partidos de centroderecha parecen dispuestos a avalar íntegramente la reforma, cabe preguntarse si se trata de un empecinamiento del Gobierno y si es tan urgente abordar un cambio que produce honda preocupación social. Es evidente que si los mercados y las instituciones internacionales no le hubieran presionado de manera implacable, el socialdemócrata Zapatero no se habría embarcado en un recorte social tan opuesto a la tradición socialista. Pero eso no quita, sino todo lo contrario, para que se le reconozca su sentido de la responsabilidad y su compromiso con los pensionistas del futuro. A ningún gobernante, sea del color que sea, se le ocurriría meter la tijera en el avispero de las jubilaciones si no fuera de todo punto imprescindible. Y nos tememos que en España lo sea, además de urgente. Cuando todos los analistas y centros de investigación coinciden en que el aumento de la esperanza de vida, sumado a una incorporación cada vez más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo, condena a muerte el actual sistema de pensiones, lo responsable es adelantarse a la debacle y corregir el rumbo. Los partidos de centroderecha, empezando por el PP, están de acuerdo en el diagnóstico, pero discrepan de que sea necesario retrasar dos años la jubilación, pues bastaría con que se cumpliera estrictamente la edad de los 65 años, no menos. La propuesta es razonable, pero no es incompatible con la del Gobierno y parece más una excusa para no apoyar a Zapatero, por más que en el fondo compartan su reforma. Tampoco tienen razón los sindicatos cuando vinculan el alargamiento de la vida laboral a más paro juvenil, tesis que resulta poco verosímil cuando hoy el 43% de los jóvenes ya está desempleado. Si alguna censura merece el Gobierno es que se ha visto abocado a esta reforma por su propia debilidad y su nula fiabilidad. Si hubiera hecho antes las reformas profundas necesarias, como la del mercado de trabajo, la fiscal y la del gasto público, hoy no estaría España en el ojo del huracán y sus gobernantes asediados para que den más garantías de futuro a los mercados. Un Gobierno fuerte y con credibilidad habría gestionado sus propios tiempos, en vez de ir a rebufo de quienes desde el extranjero le dictan lo que tiene que hacer.

La Razón - Editorial

Reforma gradual

La propuesta del Gobierno sobre pensiones es más prudente que el cambio planteado por la OCDE.

La reforma del sistema español de pensiones vivió ayer un cruce intenso de propuestas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe completo sobre España en el que plantea una reforma radical. Propone que la edad de jubilación vaya dilatándose en función de la esperanza de vida de la población, lo cual equivale a situarla progresivamente más allá de los 67 años, y ampliar el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicaba la reforma más gradual que pretende el Gobierno: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar paulatinamente el plazo de cómputo de la pensión desde los 15 últimos años hasta los 20 años primero y después hasta los 25. Los sindicatos, a su vez, amenazaron con una segunda huelga general porque el retraso de la jubilación "marca la frontera entre el acuerdo y el desacuerdo".

Las posiciones en el debate necesitan una interpretación. La OCDE dibuja en el informe un futuro bastante probable en el que todos los servicios públicos (desde el agua hasta la sanidad) se pagan o aumentan de precio. En el caso de las pensiones, defiende la posición de un actuario de seguros; no otra cosa es aproximar lo percibido a lo cotizado. Así debe ser en los manuales, pero la gestión política tiene sus propias reglas. No es prudente pasar desde el sistema actual a otro que fije la edad de jubilación en función de la esperanza de vida sin correr el riesgo de una protesta social. Si de lo que se trata es de afianzar el sistema público, lo más sensato es corregir el sistema de cálculo de las cotizaciones en función de ese déficit e ir revisando periódicamente el balance del sistema en función del empleo, las cotizaciones y la población.

Poco hay que oponer a la OCDE en su reclamación de una reforma laboral que favorezca la creación de empleo cuando haya recuperación. Pero recomienda al Gobierno que suba impuestos para ayudar a corregir el déficit (señala con el dedo el IVA y los impuestos especiales) y pide que se reduzcan el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales para favorecer la creación de empleo. Las subidas fiscales son la última carta de un Gobierno cuando han fallado todas las demás. Si según la propia OCDE, en 2010 y 2011 se cumplirán los objetivos de déficit, se entiende que el Gobierno prefiera esperar a que la subida de impuestos sea necesaria. La OCDE se sorprendería si supiera que el tipo efectivo que pagan las empresas por Sociedades en pocas ocasiones supera el 15%.

La obligación y la oportunidad política de los sindicatos es negociar; es decir, asegurar a sus afiliados que las reformas se hacen por razones válidas y cuidar de que se ejecuten de forma justa. Pero se han empeñado en una táctica de confrontación. No es eso lo que quieren sus afiliados; más les gustaría que sus representantes fuesen parte activa de la negociación. Resulta chocante que UGT y CC OO sugieran una segunda huelga general después de los magros resultados de la primera.

El País - Editorial

Pensiones, la agonía de un sistema insostenible

Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda.

Las vías de agua abiertas en el casco de nuestro sistema de pensiones son ya tantas que los políticos –principales interesados en que el barco no naufrague– no alcanzan a taponarlas todas. El modelo de reparto, implantado en España durante la dictadura de Franco hace más de cuatro décadas, ha llegado a su previsible conclusión. Por de pronto los españoles podemos ir descontando que, gracias a este sistema injusto, insolidario e ineficiente, tendremos que trabajar muchos más años y cobrar después una cantidad bastante menor.

Y no, no es una consecuencia de la crisis económica tal y como los políticos nos están intentado hacer ver, sino la lógica consecuencia de un modelo que, dejando su injusticia intrínseca al margen, sólo puede funcionar en un escenario de parámetros muy delimitados. Como en todo esquema de Ponzi, nombre técnico de los sistemas piramidales, para que los de arriba puedan obtener rentas, el número de los de abajo tiene que crecer eternamente. Un modelo semejante no puede funcionar a perpetuidad, ni aquí ni en ningún otro sitio.

El descenso en la tasa de natalidad que empezó a registrarse en España a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hacía prever que, más tarde o más temprano, el maná que alimentaba el sistema de pensiones se agotaría. Así ocurrió veinte años después, a mediados de los noventa, cuando por vez primera se atisbó la crisis final del sistema. Entonces se produjo una ola inmigratoria de dimensiones desconocidas. Cinco millones de cotizantes, casi todos muy jóvenes, han entrado en España a lo largo de los últimos diez años. Esta imprevista prórroga generó la ilusión de que, a pesar de todo, el sistema podría mantenerse sine die.

Pero no, el flujo migratorio se ha detenido, no así el creciente envejecimiento de la población. Cada año la nómina de la Seguridad Social es mayor y el número de cotizantes menor. La natalidad, por su parte, no ha aumentado, sino todo lo contrario. España tiene una de las tasas de hijos por mujer más bajas de todo el mundo. En un futuro próximo las pensiones serán tan gravosas que los cotizantes dedicarán una parte considerable de su renta a mantener pensionistas con la esperanza puesta en que, llegado el momento, otros trabajen para mantenerlos a ellos.

Es un circulo vicioso insostenible. En lugar de ahorrar para nuestra vejez, nos obligan a dilapidar en ese mismo momento la riqueza recién creada convirtiéndonos en esclavos de un sistema que nos empobrece hoy, nos impide capitalizar las rentas de nuestro trabajo y, para colmo, nos hace dependientes del Estado y de los caprichos de los políticos durante la última etapa de nuestra vida. Entretanto ellos, los políticos, viven separados del sistema con el que nos hacen comulgar al resto. Muy ilustrativo sin duda.

Ante tal estado de cosas, a los artífices del sistema y principales beneficiarios del mismo, sólo les queda estirar tanto como puedan la ficción de una jubilación segura y bien remunerada. En esas están en estos momentos. El hecho es que, aún con eso, llegará un momento en que, rendidos ante la realidad, nos veremos obligados a efectuar la transición del actual sistema de reparto a uno de capitalización, camino que ya han transitado –a la fuerza– otros países como Alemania, donde el tránsito se produjo parcialmente hace diez años pilotado por el Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder.

Quedarán entonces varios millones de españoles atrapados por edad en la trampa del reparto mientras otros, más jóvenes y afortunados, podrán ser dueños de su retiro desde los inicios de su carrera profesional. Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían incesantemente sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda. Esta misma reforma podría haberse hecho hace una década, cuando la entrada de cinco millones de nuevos trabajadores hubiese amortiguado y hecho más llevadera la transición, pero no, los que gobernaban entonces se empeñaron en mantener con vida y acrecentar un modelo del que ya sabían que tenía fecha de caducidad.

Libertad Digital - Editorial

Pensiones. Lo indiscutible, sus alternativas y las clavijas de ZP. Por José T. Raga

El resultado de la mezcla ideológica es una población envejecida, con escasa juventud y también escasa población activa. Añadan a eso la torpeza de los gobernantes en generar oportunidades para la actividad económica.

No quiero yo hoy remover el fango en el que el pasado miércoles se embadurnaba el llamado principio de acuerdo para la reforma de las pensiones en España, que no era otra cosa que una gran falacia para aparentar que se hace algo en el Pacto de Toledo, cuando realmente no se hace nada.

Me explico; hablar hoy de la reforma de las pensiones, a la que la Unión Europea lleva urgiendo a nuestro país cada vez con mayor insistencia, es hablar en esencia de dos aspectos fundamentales: edad a la que, tras la cotización en años requerida, se adquiere el derecho a la percepción de la pensión plena de jubilación, sea cual fuere la que corresponda a cada persona según su base de cotización; y, por otro lado, cuál es el período de cotización que debe de considerarse para el cálculo de la base reguladora, del que derivará matemáticamente la cuantía de la pensión apercibir.

Hoy, en el régimen general, estos dos parámetros están bien definidos, siendo para el primero de ellos los sesenta y cinco años de edad, y siendo el segundo, es decir el período a considerar para el cálculo de la base reguladora, el de los últimos quince años de cotización. No se nos olvide que este período fue en su momento de cinco años, y en una reforma acaecida bajo la presidencia de don Felipe González se elevó a quince, lo que equivale a multiplicar por tres el período anterior.

En el momento presente, la discusión, si alguna, deja insatisfechos a muchos –yo soy uno de ellos– porque adolece de todos los vicios que imaginarse puedan, en cosa tan seria y de tanta trascendencia. El pasado miércoles, entre los padres de la patria a quienes se ha confiado el estudio del problema, ocurrió de todo y nada bueno. Unos, como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, abandonaron la reunión, y los que permanecieron, tuvieron la desfachatez de declarar a los medios y al pueblo en general, que habían llegado a un consenso, si bien no se había tratado de a qué edad debe de adquirirse el pleno derecho a la pensión, ni tampoco cuál es el tiempo que debe entrar en el cálculo de la base reguladora.

Es decir, que si la declaración final responde a la verdad, ya me dirán ustedes de qué pudieron hablar, pues lo único que había que decidir eran esas dos magnitudes temporales, que son la esencia y el núcleo del problema para encontrar una solución realista y satisfactoria. Mientras tanto, al presi en Bruselas le aprietan las clavijas, teniendo que optar por poner cara de palmera, por refugiarse en ese acuerdo que se ha consensuado entre los grupos políticos, o echar mano de su vena dictatorial y decidir qué hacer, con independencia de opiniones. Esta última es la preferente, conociendo su talante dialogante y, así, ha decidido que el Gobierno apruebe el 28 de enero la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años en lugar de los 65 actuales.

Lo indiscutible es que el sistema de pensiones de la Seguridad Social tiene un problema de insolvencia, ya a medio plazo, que requiere una solución urgente. Es más, la requería hace ya algunos años. El sistema está montado bajo la hipótesis de una población permanentemente creciente y a tasas elevadas, con una tasa también elevada de ocupación.

El crecimiento de la población se ha visto frenado por dos ideologías, ambas de funestas consecuencias. Una, la que corresponde a la izquierda de rumbo perdido, y que se expresó a través de elocuentes proclamas como "nosotras parimos, nosotras decidimos" o la más reciente "con mi cuerpo hago lo que quiero", sin apercibirse de que no es su cuerpo el que está en juego, sino el de un niño indefenso.

La otra ideología es la consumista, que se da tanto en la derecha como en la izquierda, para la cual el niño es un estorbo para ese "vivir la vida" que sólo toma en cuenta un aspecto: el lúdico del gastar y disfrutar en una espiral de enloquecimiento colectivo. El resultado de la mezcla ideológica es una población envejecida, con escasa juventud y también escasa población activa. Añadan a eso la torpeza de los gobernantes en generar oportunidades para la actividad económica, lo que resulta evidente por los cinco millones de parados, y la conclusión es, sencillamente, la quiebra del sistema.

¿Qué hacer ante ese problema? A cualquiera se le ocurre una solución primaria: pagar menos de pensión anual y empezar a pagarla más tarde. Y ahí se sitúa la discusión, que por lo visto no ha afectado al consenso del pasado miércoles, respecto a los dos plazos ya indicados, pero que el presidente parece tener tomada la decisión. Pero la pregunta del que lleva cotizando treinta años, por ejemplo, no puede ser más interpelante: ¿no hay otra solución que restringir mis derechos?

Sí, hay otra solución de la que por lo visto se prefiere no hablar. La solución pasaría por que el Gobierno redujese drásticamente el gasto inútil e ineficiente, para nutrir la caja de las pensiones con los recursos necesarios para garantizar los derechos que en este momento están en peligro. ¿Se acuerdan que algo así hizo el presidente Aznar? Pero el Gobierno de ZP ha hecho justo lo contrario. Ataque a la familia y a la procreación y, cuando se ha visto en apuros, meter la mano en la caja de las pensiones, no para nutrirla sino para sangrarla.

Y ahora, alegando necesidad urgente, le resulta más cómodo negar derechos expectantes de los ciudadanos que limitar las veleidades de gasto injustificado con gobiernos dictatoriales y con asociaciones marginales. Sólo que éstos, al presidente le caen simpáticos y justifica eso que llama progresismo, que no es otra cosa que el regreso a tiempos muy pretéritos.

Libertad Digital - Opinión

Sólo política. Chamosa y las pensiones. Por Cristina Losada

En una de las crisis económicas más profundas de cuantas España ha padecido, se supone que un Gobierno ha de contar con los más cualificados y capaces a fin de acometer tarea tan compleja y, además, explicarla.

Como la diputada López i Chamosa, yo tampoco entiendo nada. Si un cráneo previligiado cual la portavoz socialista en materia de pensiones reconoce francamente que no comprende el acuerdo por ella misma negociado, ¿quién podría? Aceptemos, pues, nuestras limitaciones y vayamos a lo comprensible. El Gobierno envió en febrero a Bruselas un Plan de Estabilidad que incluía una reforma del sistema de pensiones. Horas después de expedirlo, sus portavoces aseguraron que el papel sólo contenía "ejemplos". Nada definitivo, por supuesto. ¿Hay algo que lo sea? Desde entonces, y a pesar del tremendo susto de marzo, la tal reforma ha ido apareciendo y desapareciendo del escenario, siempre envuelta en brumas y velos. No quiere el Gobierno darles a los españoles, sin atenuantes, la noticia de que habrán de jubilarse más tarde y, muchos, con pensiones más bajas. Y no para evitarles una depresión, sino para evitar que sea aún mayor la suya. En términos electorales, claro, que en lo otro, allá cada uno.

Eso es lo que se esconde en la trastienda del ininteligible documento pergeñado en el pacto de Toledo: cálculos y cálculos del coste político. Una aritmética que ocupa y preocupa tanto al Gobierno como a la oposición, ahora paladín de las "políticas sociales" que va arrojando por la borda el presidente. Bandera populista que el PSOE deja caer, bandera que el PP recoge al punto. Y aún hay quienes piensan, como los de Rajoy, que la salida de este callejón del Gato pasa por el zoco de una campaña electoral a lo grande. No habría ahí tenderete sin charlatán presto a vender soluciones milagrosas e instantáneas y todo barato, barato. Cuesta imaginar hasta qué extremo se ocultará la realidad y se harán promesas imposibles de cumplir en vísperas de unas elecciones generales. Pero será así, a menos que los dos grandes partidos sufran una súbita metamorfosis. Y dado el material, el material humano, esa transformación es improbable.

Pongamos, por caso, a Chamosa. En una de las crisis económicas más profundas de cuantas España ha padecido, se supone que un Gobierno ha de contar con los más cualificados y capaces a fin de acometer tarea tan compleja y, además, explicarla. Sin embargo, ahí tenemos, como negociadora de la reforma de las pensiones, a una diputada con dificultades de cumunicación y tendencia a pelearse con la ortografía, por no abundar en otras tachas. Y lo malo es que se entiende. Pues no hay ninguna razón, ningún incentivo, para que los partidos elijan a los mejores. Al contrario.

Libertad Digital - Opinión

«Pensionazo», pero para todos

Gobierno y oposición no pueden tratar un asunto de esta gravedad sin transparencia, sin empatía hacia los ciudadanos y sin renunciar a privilegios.

LA reforma del sistema de pensiones ya tiene un principio de acuerdo entre el Gobierno y el PP, con el que se ha abordado una de las asignaturas pendientes del Estado de bienestar. La estructura demográfica española hace insostenible la situación actual, en la que cada trabajador ha de responsabilizarse progresivamente de un mayor porcentaje del gasto en pensiones. El camino hacia el colapso estaba recorrido en buena medida y ha llegado el momento de asumir decisiones dolorosas, necesarias e inaplazables. Por eso, el acuerdo entre Gobierno y PP requiere un discurso político y social que lo legitime ante los ciudadanos, que son los que tienen que asumir las consecuencias de un descenso de la población activa y un incremento de la pasiva. El resultado final, se llegue por el aumento de la edad de jubilación o del período de vida laboral computada, va a ser el mismo: cobrar menos pensión. Dado este paso por el Gobierno y la oposición, el discurso legitimador es imprescindible, porque los sacrificios que se piden a los ciudadanos son muy gravosos.

Y no sólo hace falta un discurso de compromiso nacional con la superación de la crisis. Hacen falta también medidas de regeneración de la clase política, precisamente en esta materia de pensiones y compensaciones a cargos públicos. A la inmensa mayoría de los ciudadanos que trabajan no les llegan las indemnizaciones de los altos directivos del mundo financiero. Pero tampoco el trato privilegiado que reciben muchos cargos públicos cuando cesan. En ciertos supuestos está justificada una cantidad indemnizatoria, temporalmente limitada, hasta que se recupere la vida profesional del político. Pero si al ciudadano se le anuncia que su pensión se va a calcular no sobre quince años, sino sobre veinte o veinticinco, es necesario que el pacto político sobre pensiones incluya una revisión de las que cobran, en su cuantía máxima, muchos altos cargos de la esfera pública después de pocos años de actividad. No se trata de un reajuste demagógico que busque castigar a la clase política, sino de demostrar con hechos que los esfuerzos contra la crisis incumben a todos y que la ejemplaridad contra privilegios que muchos ciudadanos consideran abusivos o inmerecidos es la mejor manera de recabar el sacrificio de los ciudadanos. Es necesario revisar en profundidad el sistema de pensiones, modificar plazos de computación y edades máximas y mínimas. Pero el Gobierno y la oposición no pueden tratar un asunto de esta gravedad sin transparencia, sin un sentimiento básico de empatía hacia los ciudadanos y sin ejemplaridad.

ABC - Editorial

Reducir las pensiones para no cambiar el modelo

A la vista del nada claro "principio de acuerdo" alcanzado en la comisión del Pacto de Toledo, no sabríamos decirles con seguridad si nuestra clase política sigue instalada en no querer ver el problema o sólo pretende parchearlo con reformas insuficientes.

La gente no puede llamarse a engaño: todos los organismos, estudios e informes coinciden en que si el actual sistema público de pensiones no se reforma quebrará antes de 2025. El porqué es muy simple: cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas) por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados. Ante este horizonte, caben dos posibilidades: hacer el avestruz y negarse a ver el problema, o bien afrontarlo. Claro que el problema se puede afrontar, a su vez, de dos maneras diferentes.

Por una parte están los que pretenden hacer sostenible el actual sistema público de reparto, para lo cual no hay más remedio que sacrificar a pensionistas y cotizantes con mayores impuestos, una menor cuantía de las pensiones, un retraso en la edad de jubilación o una combinación de ambas cosas.

Por otra, estamos los que abogamos por la paulatina pero decidida transición de un sistema público de reparto a un sistema de capitalización privado, cuya sostenibilidad no pasa, a diferencia del anterior, por el persistente perjuicio de sus supuestos beneficiarios.

A la vista del nada claro "principio de acuerdo" alcanzado este miércoles por la comisión del Pacto de Toledo, no sabríamos decirles con seguridad si nuestra clase política sigue instalada en no querer ver el problema o sólo pretende parchearlo con insuficientes reformas que, no por reducir las pensiones de los futuros jubilados, van a lograr hacer sostenible el ineficiente, colectivista y coactivo sistema de reparto. Lo decimos porque el único cambio que se han atrevido a anunciar –sin cuantificar– es la ampliación del periodo de cálculo del importe de las pensiones, que no es otra cosa que una rebaja encubierta de la inmensa mayoría de ellas. Y esto es así porque casi todos los trabajadores alcanzan sus mayores retribuciones y, por tanto, sus mayores cotizaciones, al final de su vida laboral. Hasta ahora, para calcular la pensión se tomaban en cuenta los últimos quince años de trabajo, pero al ampliar el periodo a 20 ó 30 años –hay quien habla de toda la vida laboral– las pensiones sufrirán una rebaja media no inferior al 10%.

Por otra parte, no hay que olvidar que, aunque se trate de un secreto a voces, en Bruselas ya se ha llegado a la conclusión, y desde hace meses, de que no sólo es necesario ampliar el periodo de cálculo de las pensiones para poder rebajarlas, sino también retrasar la edad de jubilación por lo menos hasta los 67 años. Sin embargo, el Gobierno sólo se ha atrevido a deslizar esa posibilidad, sin que nadie se atreva a defenderla claramente por el coste electoral que ello conllevaría. Y en esas estamos: sin que nadie se atreva a defender lo que en cualquier caso no son sino parches para sostener un sistema ineficiente que rehúye la auténtica solución que no es otra que la transición a un sistema competitivo de capitalización individual. A diferencia del actual y obligatorio modelo colectivista de reparto, en el modelo de capitalización individual, propio de los planes de pensiones privados, el dinero que cualquier contribuyente –mejor dicho, cliente– aporta a su plan de pensiones no es utilizado para pagar a los que ya están jubilados. El dinero aportado por cada cliente está a su nombre, invertido en lo que él elige, y el día que se jubile su pensión procederá de ese dinero que ha ido aportando durante su vida laboral más los rendimientos que les ha generado.

Se trata sin duda de una transición que ha de ser necesariamente paulatina y compleja, puesto que hay que respetar los derechos adquiridos, pero eso no debe ser impedimento para acometerla, vistos los exitosos resultados que se han alcanzado en los países que se han atrevido a llevarla a cabo. Lo que no podemos es sacrificar en el altar de la falsa sostenibilidad del sistema público de pensiones el bienestar de los futuros pensionistas. Es el sistema el que ha de estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del sistema.

Libertad Digital - Editorial

Pensiones. De vuelta a la pobreza. Por Emilio J. González

Todo esto es el resultado de eso que se llama progresismo, o proceso por el cual todos avanzamos con firmeza hacia la pobreza general, en lugar de disfrutar de niveles adecuados de vida y bienestar.

En este país cada vez que los políticos se ponen de acuerdo en algo, lo mejor que puede hacer el ciudadano es echarse a temblar, sobre todo si se trata de cuestiones económicas porque el asunto, por norma, termina con alguna suerte de pérdida monetaria para el sufrido españolito de a pie. Es lo que va a suceder si la ponencia del Pacto de Toledo amplía finalmente de 15 a 20 años el periodo de computo para el cálculo de la pensión porque eso se va a traducir en una prestación futura sensiblemente inferior a la que percibirá cualquier persona que se retire hoy mismo de la vida laboral activa.

¿Por qué ocurre esto? Porque los políticos se han puesto de acuerdo para que sea de ese modo, amparándose en la consideración de que el Pacto de Toledo es algo así como la panacea para todos los males del sistema público de pensiones y en la pretensión de que los ciudadanos nos creamos, o nos tengamos que creer, que un acuerdo entre los socialistas, los ‘populares’ y los sindicatos es la solución a nuestros problemas y que no hay más alternativa que esa. Pues el que aquí firma niega la mayor. En primer lugar, el Pacto de Toledo es un pacto miserable desde su primer artículo hasta el último porque se empeña en mantener contra viento y marea el sistema de pensiones en manos del Estado, que es lo mismo que decir en las manos del Gobierno de turno al que siempre le gusta hacer política con él.

Esa obstinación en que una prestación tan importante como la que se percibe cuando llega la jubilación siga siendo estatal se debe tanto a razones ideológicas como de cobardía. Ideológicas, porque su origen es una ponencia socialista para uno de los congresos del PSOE y está trufada de ideología. Con razón los sindicatos la apoyaron. Y como muchos en el PP siguen pensando como en los tiempos de Cánovas, que mira que ya son pretéritos, que el Estado es una entidad moralmente superior al hombre, pues estamos en la que estamos. Ya lo decía en su momento Esperanza Aguirre cuando, refiriéndose a su partido, recordó aquello de Hayek de que hay socialistas de izquierdas y socialistas de derechas. Pero es que, además, en el PP, cuando estuvo en el Gobierno con José María Aznar, hubo personas en el ámbito económico y con responsabilidades de poder que preferían el paso a un sistema de capitalización, lo cual, si se hubiera hecho entonces, hubiera evitado muchos de los problemas de ahora con las pensiones. Sin embargo, cuando se les preguntaba por qué no lo hacían su respuesta era que no querían ‘problemas sociales’ que les pudieran costar votos, como si la nueva rebaja de la pensión que nos aguarda, conjugada con la ampliación de la edad de jubilación, no fuera un problema social. Y de primera magnitud, además.

La miserable actitud de los políticos españoles no concluye ahí, qué más quisiéramos. Ya que se empeñan en mantener el sistema en el ámbito de lo público, en lugar de ir hacia pensiones privadas, lo menos que podían hacer era una reordenación del gasto de todas las administraciones, con el fin de dar prioridad a la política de pensiones, en lugar de despilfarrar tanto dinero como despilfarran todas ellas. Ellos dicen que esos gastos son necesarios, pero lo cierto es que podemos prescindir tranquilamente de la mayor parte de ellos, empezando por los Ministerios de Igualdad y Vivienda, siguiendo por la Secretaría de Estado de Cooperación, continuando por las subvenciones a partidos, sindicatos, artistas de ‘La Zeja’ y allegados y concluyendo por coches oficiales, gastos de representación y un sinfín de políticas costosas que carecen de toda justificación que no sea otra que la ideológica o la del apego al poder. Políticas costosas que además se desarrollan en detrimento de las políticas sociales, como la de pensiones o la de prestaciones por desempleo, para las que no hay recursos suficientes y así estamos en la que estamos: con más de un millón de familias que ya no cuentan con ingreso alguno, con los jubilados actuales con la pensión congelada y con los futuros retirados que ven como van a tener que trabajar más años para luego cobrar menos. A esto, nuestros políticos lo llaman ‘Estado social’ y ‘Estado del bienestar’. Pues menos mal que es social y del bienestar.

Lo malo es que, además, esto ocurre cuando la inmensa mayoría de los españoles no tiene medios de defensa contra la que se avecina con sus pensiones. En otros tiempos uno diría algo así como "voy a ahorrar para la jubilación suscribiendo un plan de pensiones", "pensaré en contratar una hipoteca inversa para obtener una renta del banco a cambio de mi casa cuando llegue el momento del retiro"... El problema es que eso de ahorrar, hoy por hoy, se antoja un imposible para la clase media y, mucho menos aún, para los trabajadores. De entrada, unas familias endeudadas hasta las cejas a causa de la burbuja inmobiliaria –que los políticos no se molestaron en detener a su tiempo porque generaba mucho crecimiento económico y mucho empleo, aunque no fuera sostenible en el tiempo–, se las ven y se las desean para pagar la letra del piso y llegar a fin de mes, con lo que eso de ahorrar para la pensión es algo así como un sueño, y eso suponiendo que uno de los dos cónyuges no esté en paro porque entonces la cosa es todavía peor. Y en este contexto tenemos a nuestro Zapatero, ese que se vanagloriaba de su sensibilidad social, ahogando todavía más a las economías domésticas con sus subidas de impuestos, su política energética que hace que el recibo de la luz esté por las nubes, etc. Así es que eso de ahorrar es imposible para tres cuartas partes de los ciudadanos. Además, muchos de ellos, que creían que con lo cara que habían comprado su casa se habían poco menos que garantizado el futuro, ahora ven o sospechan que su precio va a caer en picado y no va a volver a subir en años, perdiendo de esta forma en torno a la mitad del valor de ese patrimonio con el que contaban para el futuro. Y eso por no hablar de la situación económica, porque todo apunta a un largo periodo de crisis, con altas tasas de paro y, muy posiblemente, con reducciones de sueldo en más de un caso. Todo esto es el resultado de eso que se llama progresismo, o proceso por el cual todos avanzamos con firmeza hacia la pobreza general, en lugar de disfrutar de niveles adecuados de vida y bienestar, sobre todo cuando llegue el momento de la jubilación.

Evidentemente, las cosas cambiarían para muchos si se hiciera la verdadera reforma del sistema de pensiones, esto es, su privatización, asumiendo el Gobierno los compromisos que tuviera que asumir según el camino elegido para hacer la transición de un sistema a otro y cortando drásticamente tanto derroche de recursos públicos como se produce en nuestro país. En esto último, incluso, tendrían que poner un énfasis especial si se empeñan en que la Seguridad Social siga en manos del Estado. Lo que ya no puede ser es que sigan tirando como tiran a manos llenas el dinero de los contribuyentes y encima les reduzcan su pensión para poder seguir haciendo de las suyas con los presupuestos, porque ese es el camino de vuelta a la pobreza.

Libertad Digital - Opinión

Los políticos apuntalan una estafa

La clase política se empeña en apuntalar un ineficiente y coactivo sistema de reparto cuya única forma de hacerlo sostenible es mediante paulatinos perjuicios a sus supuestos beneficiarios.

La comisión del Pacto de Toledo ampliará la base de cálculo de las pensiones de 15 a 20 años. Así, al menos, lo ha anunciado la diputada socialista Isabel López Chamosa, quien ha asegurado que "es uno de los consensos que hay, porque no perjudica a nadie".

De confirmarse la noticia, los políticos ciertamente no se verán perjudicados, pues gozan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años. El resto de ciudadanos, sin embargo, sufriremos una rebaja media en las pensiones que ronda el 5 por ciento.

La razón de fondo de esta reforma es que el sistema público de pensiones está en quiebra, en el sentido de que ya no puede atender sus compromisos: con las cotizaciones de los trabajadores presentes ya no se va a poder abonar las actuales pensiones, por lo que es obligado incrementar esas cotizaciones, retrasar coactivamente la edad de jubilación, reducir la cuantía de las pensiones, o combinaciones de las tres medidas antes descritas.

Descartado un incremento de las cotizaciones por su efecto letal para el empleo, y aparcada (de momento) el retraso de la jubilación a los, al menos, 67 años, parece que la clase política, empeñada en sostener este sistema piramidal que sólo es sostenible mediante paulatinos perjuicios al ciudadano, ha optado por una reducción de la cuantía de las pensiones. Y es que, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores cobran más según avanzan en su carrera laboral, la ampliación de la base de cálculo de los 15 a los últimos 20 años de cotización no es otra cosa que una encubierta reducción generalizada en la cuantía de las pensiones.

En lugar de acometer una auténtica reforma que suponga la paulatina transición a un sistema capitalización en el que el ciudadano conserve la propiedad de lo que ahorra, se beneficie de los intereses que genere y decida libremente a qué edad se jubila, la clase política se empeña en apuntalar un ineficiente y coactivo sistema de reparto cuya única forma de hacerlo sostenible es mediante paulatinos perjuicios a sus supuestos beneficiarios.

Incapaz de crear empleo y de reducir el gasto público, requisitos esenciales tanto para transitar a un sistema de capitalización individual como para posponer algún tiempo más el problema que constituye el sistema público de pensiones, el Gobierno no tiene más remedio que afrontarlo ya, aunque sea con parches como éste. Dado que ningún partido político tiene la valentía de plantear el debate en sus auténticos términos, no será el último recorte que nos espera. El coactivo retraso en la edad de jubilación está a la vuelta de la esquina.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero vuelve sobre sí mismo

La posibilidad de retirar el plan de reforma de las pensiones es la enésima prueba de la contradicción y el oportunismo político del Gobierno socialista.

LA primera entrevista del presidente del Gobierno tras la huelga general, concedida a una emisora de radio pública, demostró que Zapatero sigue haciendo frente a la crisis económica y a su propia crisis política con argumentos oídos mil veces. No se mueve de sus ofertas de diálogo social, sin concretar en qué aspectos puede tener margen de maniobra, sobre todo si se refieren a la reforma de las pensiones y a la edad de jubilación. A este respecto, Zapatero debería de dejar de lanzar mensajes contradictorios y reconocer abiertamente que su Gobierno no tiene claro, 48 horas después del paro general, si se echará atrás con su propuesta estrella. La decisión del PSOE —como informa hoy ABC— de plantearse la retirada del documento presentado al Pacto de Toledo, en el que se preveía elevar la edad de jubilación de los 65 actuales a los 67 años, es la enésima prueba del grado de contradicción de un Ejecutivo sobrepasado por su propia impericia y que vive del regate en corto y del puro oportunismo. Cuando Bruselas y los organismos internacionales siguen tutelando la política económica española y su futuro depende no ya de engancharnos a la recuperación de los grandes Estados europeos, sino de evitar ser arrastrados por nuevas crisis «griegas» (Irlanda, Portugal). Zapatero sigue empeñado en lanzar al exterior mensajes confusos que solo pueden acarrear nuevos castigos de los mercados internacionales. Zapatero sabe que la supervivencia de su Gobierno, aunque la tenga arrendada al PNV, necesita tiempo, y quiere ganarlo generando la apariencia de expectativas; por eso volvió ayer a hablar de «un crecimiento sólido en dos años», defendiendo la corrección de las previsiones de su Gobierno para el 2011, pese a que no han pasado 72 horas desde que tuvo que aumentar la del desempleo para este mismo 2010.

El problema de este discurso es su falta de proyecto y el mensaje de resignación que transmite por fuerza de su inveracidad. Es el mensaje de los presupuestos generales del Estado para 2011, calificados por el Gobierno como los de la recuperación, aunque estén elaborados sobre una previsión de crecimiento prácticamente nulo del empleo. Las propuestas que en este sentido le hacía la oposición cuando aún estaba a tiempo de evitar cirugías drásticas eran despachadas con la condena de antipatriotismo. Por más que ahora se ponga al frente de la manifestación, Zapatero no puede eludir sus responsabilidades políticas.

ABC - Editorial