lunes, 28 de febrero de 2011

¿Revolución o revuelta?. Por José maría Carrascal

Occidente va a pagar muy cara tal negligencia. Ya la está pagando con la subida del petróleo. ¡Y es sólo el empezar!

GADAFI puede matar todavía muchos libios, pero terminará cayendo, esperemos que antes que tarde. Un dirigente que tiene que defenderse a tiros de su pueblo está condenado en un mundo testigo de sus atrocidades, en el que occidente ya no puede ocultar su hipocresía y los libios han descubierto su poder.

Resulta innegable que en el mundo árabe está en marcha una «revolución», que pongo entre comillas porque aún no sabemos si es una revolución auténtica —quiero decir, un cambio de la entera estructura de un país— o una revuelta contra la actual clase dirigente, para ser sustituida por otra de parecidas características. Pues aunque los acontecimientos que sacuden el norte de África y el Oriente Próximo fueron desencadenados por mensajes en Internet e imágenes televisivas, denunciando la corrupción y ensañamiento de sus líderes, un nuevo estado no se monta virtualmente. Se necesita organización, planes, objetivos. Y en esos países sólo hay dos fuerzas que los poseen: el ejército y la religión. El ejército, con sus cuadros de mando, su disciplina y sus armas. La religión, con sus imanes, sus mezquitas y sus redes sociales. En medio, sólo hay una clase media finísima y una intelectualidad muy occidentalizada, y por tanto lejos de una masa ocupada en sobrevivir.


El problema de esos ejércitos es que sus altos mandos se han dejado corromper por la clique gobernante. El de la religión, que se ha dejado arrastrar por el islamismo radical. Ni unos ni otros sienten simpatías por la democracia, pese a sus manifestaciones de «escuchar a sus pueblos». Lo que han hecho, sin embargo, es enviarle a casa por las buenas o las malas.

Cómo va a acabar esto, nadie lo sabe. Por lo que estamos viendo, allí donde el ejército es fuerte, Túnez, Egipto, se ha convertido en garante de la «revolución». Mientras en Libia, donde Gadafi había destruido todos los resortes del estado para asumirlos, lo que se impone son los «consejos populares», de carácter comunal o tribal y fuerte arraigo religioso. Lo que puede conducir a la desintegración del estado o a una república islámica.

Oigo y leo por doquier que occidente debe de fomentar por todos los medios a su alcance una democracia en esos países. Está muy bien, pero llega un poco tarde. Una democracia no se improvisa, como se ha visto en Afganistán e Irak, ni puede imponerse desde fuera por la fuerza. Eso tendría que haberse hecho antes, presionando para la reforma de aquellas sociedades, en vez de hacer grandes negocios con sus líderes y pasando allí nuestras vacaciones invernales. Occidente va a pagar muy cara tal negligencia. Ya la está pagando con la subida del petróleo, que se lleva todos los recortes en el gasto social. ¡Y es sólo el empezar!


ABC - Opinión

Concierto. Soy anticatalán. Por José García Domínguez

Una extravagancia feudalizante, la del concierto, gracias a la que la Comunidad Autónoma Vasca sigue hurtando en torno a dos mil millones de euros anuales al erario por el muy quinqui recurso de falsificar a conciencia las cifras del llamado cupo.

Acaso por si alguien aún lo dudara, al joven Oriol Pujol le ha faltado tiempo para demostrar que es hijo de su padre. Tal que así, a la primera de cambio, se ha lanzado a expedir carnés de buen y mal catalán, empleo vocacional en cuyo desempeño entusiasta ha ocupado la mayor parte de su existencia quien lo trajo al mundo. Es sabido, a unos les da por el fútbol, a otros por la Playstation, a los de más allá por el humo de zanahorias, y a éstos por marcar con orín retórico las sagradas lindes de la identidad pedánea. En fin, ya lo advirtió el Guerra cuando fue puesto en antecedentes de que Ortega era filósofo: "Tiene que haber gente pa to".

Consecuente, pues, con su código genético el patriota Oriol acaba de sentenciar que "quien se quede al margen de la defensa de un nuevo pacto fiscal, se quedará al margen de la defensa de Cataluña". Sepan, por cierto, los no avisados que eso del nuevo pacto fiscal es aséptico eufemismo que sirve para designar el concierto económico, la última cantinela vindicativa del catalanismo político tras el sonado fiasco del Estatut. Al respecto, el artículo 339 de la Constitución de Cádiz, aquélla que solo parecen recordar en el departamento de marketing de El Corte Inglés, prescribía lacónico: "Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles en proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno".

Aunque algo ha llovido desde entonces, pero no lo suficiente, según parece. De ahí que los constituyentes, con la Alianza Popular de Fraga a la cabeza, se apresurasen a reimplantar ese derecho de pernada tributario que ahora reclaman para sí los nanonacionalistas de CiU. Una extravagancia feudalizante, la del concierto, gracias a la que la Comunidad Autónoma Vasca sigue hurtando en torno a dos mil millones de euros anuales al erario por el muy quinqui recurso de falsificar a conciencia las cifras del llamado cupo. No como acostumbra a proceder su igual, el Gobierno navarro, que, más condescendiente con el resto de los españoles, se contenta con sisar apenas algo más seiscientos sesenta millones cada doce meses. Huelga decir que por parejo modus operandi, como en su día bien demostró el catedrático Mikel Buesa. Ese otro anticatalán de libro.


Libertad Digital - Opinión

Anatomía de un fracaso. Por Ignacio Camacho

A su diferencial negativo de desempleo y renta, Andalucía ha añadido la corrupción, el clientelismo y la dependencia.

DE aquella esperanza a este desencanto han pasado 31 años de incuria. Aquel 28 de febrero de 1980, cuando una sacudida de rabia y de agravio quebró en Andalucía el modelo de una España de dos velocidades, la autonomía era un sueño de igualdad solidaria en el que los andaluces veían una salida al subdesarrollo. Rara vez este pueblo se ha comportado con tanta fe en sí mismo, con tanto optimismo histórico; aquel ramalazo de determinación rebelde cambió el proyecto de convertir la nación en un Estado confederal disimulado. Tres décadas después, aunque la inversión de decenas de miles de millones de pesetas y euros —procedentes de fondos comunitarios y transferencias de renta interna— ha corregido parcialmente los desequilibrios de partida, Andalucía sigue muy por debajo de la media de crecimiento española y europea. El fracaso del régimen autonómico es patente en su falta de influencia en el concierto nacional y en las preocupantes tasas de desigualdad que continúan dominando su horizonte social y económico; y a su diferencial negativo de desempleo, riqueza, educación y productividad ha añadido inquietantes señas de identidad que amenazan con convertirse en un nuevo estereotipo: la corrupción, el clientelismo y la dependencia.

El escándalo clientelar de los EREs ensombrece la autocomplaciente fiesta oficial que conmemora aquel referéndum decisivo. La autonomía apenas es hoy para los andaluces una inmensa máquina de poder al servicio de la hegemonía de un monocultivo político. El recién descubierto método de fraude masivo en los fondos de desempleo retrata el sistema de trustsocial con que la Junta y el PSOE han establecido su longeva supremacía: un procedimiento de compra de voluntades mediante el manejo opaco de fondos públicos distribuidos a discreción con criterios de estricta complicidad y sumisión al padrinazgo partidista. Sindicatos, asociaciones, patronales, y hasta cofradías; el mundo universitario y cultural, la vida laboral y cualquier forma de sociedad civil han sido anestesiados a través de un complejo tejido de subvenciones y ayudas que ha diluido toda energía de regeneración, emancipación o independencia.

La dureza de la recesión ha provocado, empero, un sentimiento generalizado de frustración que el régimen ya no puede paliar por falta de recursos con que sostener su derrama. Al pairo de esa amarga decepción se incuba un visible cansancio que ha cuarteado la estructura institucional y proyecta en los sondeos de opinión pública un creciente deseo de cambio. Anclada en un marasmo sesteante que presagia el severo retroceso de los precarios standardsde bienestar relativo logrados por la ahora rota cohesión autonómica, Andalucía se enfrenta a un período crucial en el que la voluntad de ganar el futuro colisiona con la inercia de un monopolio de poder en estado terminal que se resiste al desmoronamiento con estertores de paquidermo herido.


ABC - Opinión

La singular batalla del PSOE contra los sondeos. Por Antonio Casado

“Un mapa demasiado azul será insoportable para el electorado socialista”. Se lo oigo decir a un ministro del estado mayor de Rodríguez Zapatero, en referencia al paisaje político del día después de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo ¿Supone que Moncloa deposita en la ley del péndulo la última esperanza de recuperación electoral?

Algo así. Tiene sentido si, como sabemos, el hundimiento de los socialistas en las encuestas se debe básicamente al desistimiento de sus propios votantes y no al irresistible ascenso del PP, cuya enorme ventaja sobre el PSOE se basa en el alto índice de fidelidad del votante propio unido al desapego del votante socialista.

En esas condiciones, la previsible barrida del PP en las elecciones de mayo, junto a la anunciada autoexclusión de Zapatero del cartel electoral para las generales de 2012 (en ese trance postelectoral ya no tendrá dudas de que su figura resta y no suma a la causa electoral de su partido), deberían despertar a un electorado socialista al borde del desfallecimiento. Sin perjuicio de que Zapatero continúe de presidente del Gobierno hasta el final de la Legislatura (cuando toca, en marzo de 2012) y de secretario general del PSOE hasta la celebración del próximo congreso federal (probablemente este mismo verano).

«Todo eso está ocurriendo en medio de una previsión de bancarrota electoral socialista congruente con lo que dicen los sondeos pero no con el resto de los indicadores habitualmente utilizados para medir la salud política de un gobierno: cohesión interna, mayoría parlamentaria y paz social.»
Esa dinámica se desencadenará cuando hayan ocurrido dos cosas. Una, confirmación de que el azul persil del PP domina en el mapa del poder territorial diseñado por las urnas de mayo. Y otra, el anuncio de Zapatero ante el comité federal del PSOE de que no repetirá candidatura a la Moncloa, junto a la convocatoria del XXXVIII congreso federal, el ordinario, el que toca (el anterior fue en julio de 2008), del que saldría un nuevo secretario general y candidato a las elecciones generales de 2012.

Más allá de la marea especulativa, este es el único relato que se ajusta a la normalidad estatutaria. Eso sí, igual de perturbador que los alternativos que circulan por los corrillos políticos y mediáticos, propios y ajenos, si tenemos en cuenta que nos distrae a todos de la ambiciosa operación reformadora del gobierno en los mercados del capital y del trabajo, básicamente.

Todo eso está ocurriendo en medio de una previsión de bancarrota electoral socialista congruente con lo que dicen los sondeos pero no con el resto de los indicadores habitualmente utilizados para medir la salud política de un líder, un partido o un Gobierno. A saber: cohesión interna, mayoría parlamentaria y paz social. En el PSOE, por dentro, hay desencanto pero no dispersión, y el Gobierno, que acaba de concertar la paz social con empresarios y sindicatos, cuenta con suficientes apoyos en el Congreso para culminar una ambiciosa operación reformista que goza del reconocimiento internacional.

Enfrente del PSOE, un adversario obligado a ganar por mayoría absoluta por sus dificultades para entenderse con el nacionalismo, que es lo que siempre falta para el duro de la estabilidad parlamentaria. Y un líder peor valorado que Zapatero en el ranking de valoración ciudadana.

Con todas esas coordenadas, cuando aún falta un año para las elecciones, el PP debería tentarse la ropa antes de vender la piel del oso.


El Confidencial - Opinión

Hipotecas y demagogia

El repunte del euribor en este mes de febrero, que supondrá un incremento medio de las hipotecas superior a los 350 euros anuales, es una mala noticia para multitud de personas que a duras penas pueden hacer frente a sus obligaciones con el banco. Todo apunta, además, a un encadenamiento de subidas en los próximos meses debido a la crisis energética, que tendrá efectos directos en la inflación y, por consiguiente, en los tipos de interés. De ahí que, lejos de descender, el volumen de embargos pueda dispararse hasta límites preocupantes. Como es natural, este problema ha saltado del terreno estrictamente económico al debate político y judicial, sobre todo a raíz de que la Audiencia de Navarra sentenciara hace varias semanas que basta con entregar las llaves al banco en caso de impago para saldar la hipoteca. La libérrima interpretación que ha hecho este tribunal de la Ley Hipotecaria ha suscitado un amplio movimiento de apoyo entre la izquierda, desde IU hasta asociaciones de jueces y fiscales progresistas, pero también de organismos controlados por los socialistas, como la FEMP que preside el polémico Pedro Castro y portavoces de CiU. Y aunque es cierto que tanto el PP como el PSOE han votado en contra en el Congreso, varios dirigentes de estos partidos se han manifestado, a título personal, proclives a una reforma legal en virtud de la cual se contemple la llamada dación en pago, de modo que se exima a los deudores de responder con todo su patrimonio. Así, aunque el valor del piso caiga por debajo de la deuda contraída, el deudor quedaría exonerado de cualquier responsabilidad sólo con entregar las llaves. No cabe duda de que a simple vista parece una propuesta atractiva y razonable, pero sólo aparentemente. Sus defensores arguyen que así se hace en algunos países, como en determinados estados de EE UU, pero no cuentan la letra pequeña, a saber, que ese tipo de hipotecas son muchos más caras y más draconianas que el resto. Convendría en este delicado asunto no dejarse llevar por impulsos populistas ni aprovechar la proximidad de los comicios municipales y autonómicos para meter la cuchara electoral, que es lo que ha hecho el presidente de la FEMP. La legislación española en materia hipotecaria regula satisfactoriamente el mercado y, aunque sea perfectible, como todas, sería una frivolidad ponerla patas arriba para combatir supuestas prácticas abusivas de las entidades financieras. Lo cierto es que el complejo mecanismo legal ofrece las garantías jurídicas necesarias para que el ciudadano pueda comprar una vivienda en condiciones crediticias asequibles. Ahora bien, si los bancos, como insisten en reclamar ciertos demagogos políticos, han de asumir más riesgos y exponerse más a los vaivenes del mercado, la consecuencia lógica será que los créditos resultarán mucho más caros, más escasos y a más corto plazo. En suma, quien saldrá gravemente perjudicado será el propio comprador, en particular, y el mercado inmobiliario en general. Además, una reforma de este calado provocaría un fuerte deterioro de la seguridad jurídica. Y no parece que estén los tiempos para tales aventuras.

La Razón - Editorial

Más allá de los coches oficiales

Si el PP quiere ser una decente alternativa de gobierno en las generales de 2012 y si tiene la intención de evitar que el país se dirija hacia el abismo, deberá comenzar por meterle un serio tijeretazo al Estado autonómico.

Hace bien el PP en tratar de regenerar su imagen de partido austero y responsable de cara a las elecciones autónomas y municipales. No en vano, el ayuntamiento y la comunidad autónoma con más deuda por habitante de toda España llevan más de quince años bajo la administración de los populares. Es cierto que frente a esta turbia imagen el PP puede acreditar ante sus votantes indiscutibles éxitos de gestión como el de la Comunidad de Madrid –la región con menor déficit público y que con mucha diferencia menos ha aumentado su deuda durante esta crisis–, pero, por desgracia, la extraordinaria gestión de Aguirre puede no consolar demasiado a los potenciales votantes de otros políticos más dispendiosos como Gallardón o Camps.

También acierta el PP al recortar el gasto de la casta política –consejerías, altos cargos, coches oficiales…–, la única que hasta el momento no se ha apretado en absoluto el cinturón durante esta crisis, sino que ha continuado dilapidando el cada vez más escaso dinero de los ciudadanos en conservar sus privilegios y sus redes clientelares.


Se equivoca el PP, sin embargo, en limitar sus promesas de austeridad a la parte más visual y por ello escandalosa del Estado autonómico. Las medidas cosméticas son ciertamente imprescindibles por cuanto el ciudadano no puede estar sufriendo en sus carnes las inclemencias de la crisis mientras ve que las prebendas de los políticos no dejan de aumentar. Pero las medidas cosméticas no bastan para resolver los problemas de fondo: la hipertrofia de las autonomías, con sus carísimas duplicidades, con sus miles de funcionarios redundantes, con sus inflados gastos presupuestarios destinados a construir pequeños Estados al margen o en contra de España, con sus caciques regionales obsesionados en pasar a la historia merced a gastos faraónicos y con sus fundaciones y empresas públicas convertidas en pantallas para canalizar masivos e inconfesables despilfarros.

El Estado central ha ajustado tímidamente sus gastos y deberá hacerlo mucho más si espera volver a generar algún superávit que nos permita amortizar toda nuestra deuda pública. Pero las autonomías ni siquiera han comenzado a reducir sus derroches, pese a que ya manejan un volumen de recursos superior al de la Administración central. Si el PP quiere ser una decente alternativa de gobierno en las generales de 2012 y si tiene la intención de evitar que el país se dirija hacia el abismo, deberá comenzar por meterle un serio tijeretazo al Estado autonómico. De momento, se ha hecho más hincapié en la fotografía y en el slogan que en los planes concienzudos para reconducir los déficits autonómicos. Esperemos que los recortes vayan más allá de lo anunciado este domingo; aunque con Rajoy al frente, probablemente no despejaremos la incógnita antes de los comicios de mayo y, después de ellos, sólo descubriremos que los populares manirrotos seguirán siéndolo y que las populares austeras continuarán dando ejemplo de qué principios deberían inspirar a todo el Partido Popular.


Libertad Digital - Editorial

El PSOE pierde Andalucía

Durante 30 años, el PSOE ha tejido en Andalucía una tupida red de intereses creados, clientelismo corrupto y amiguismo. Llega la factura de las urnas

EL «Estudio de la situación en Andalucía 2011», realizado para ABC por el Instituto de Investigación, Marketing y Comunicación, consolida las opciones de gobernar el PP en Andalucía, que hoy superaría al PSOE en 7,1 puntos si se celebraran elecciones autonómicas. Según este sondeo, el PP obtendría 57 escaños en el Parlamento andaluz, dos por encima de la mayoría absoluta, de modo que por primera vez en democracia los socialistas pasarían a la oposición e, incluso, sus votos no alcanzarían siquiera el 40 por ciento, algo inédito en una comunidad erigida en tradicional feudo del voto cautivo socialista. No en vano, durante sus casi 30 años de gobierno, el PSOE ha tejido una tupida red de intereses creados y clientelismo corrupto, un régimen de amiguismo subvencionado, contratación pública abusiva y lealtades compradas, que hasta ahora convertían en impensable un vuelco electoral tan profundo como el que pronostica el sondeo de ABC.

Tres factores son determinantes: primero, el agotamiento de una sociedad hastiada de tres decenas de años de Gobierno monocolor e incapaz de ilusionarse con un PSOE carente de liderazgo firme, pues José Antonio Griñán genera serias dudas incluso dentro de su propio partido; segundo, la pésima imagen de José Luis Rodríguez Zapatero, de la dirección federal del partido y de un Manuel Chaves con nula presencia pública y asumiendo en la práctica un papel de mera comparsa en el Ejecutivo; y tercero, la gestión de la crisis económica por parte de Moncloa. Si está resultando nociva para toda España, en Andalucía las consecuencias de la recesión son particularmente demoledoras e insostenibles. De hecho, esta comunidad reúne el triste demérito de tener a uno de cada cuatro parados en España, lo que convierte al PSOE en un proyecto carente de mensajes creíbles y en un lastre para la recuperación. Frente a estos factores, se impone el liderazgo que pacientemente ha fabricado Javier Arenas en el PP andaluz, en una difícil labor que durante años ha sabido transmitir por todos los pueblos y capitales. La única puerta abierta a la duda que favorecería al PSOE en las urnas es el alto índice de indecisos —uno de cada cuatro consultados—, pero los socialistas incurrirían en un ingenuo optimismo si se apuntasen como seguros los votos de ese porcentaje de dubitativos. Sin duda, el PSOE tendrá sus opciones; pero hoy su progresivo deterioro apunta a un claro fin de ciclo.

ABC - Editorial

domingo, 27 de febrero de 2011

¿Será Gadafi a Zapatero lo que Sadam Hussein fue a Aznar?. Por Federico Quevedo

Sin pies sobre la mesa del Despacho Oval, sin foto en Las Azores, sin esa relación de privilegio que tuvo entonces el Gobierno de España con Washington, pero lo que está pasando en Libia empieza a parecerse, y mucho, a la situación que llevó a Estados Unidos y al Reino Unido a invadir Iraq con el voto favorable en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de España. También entonces la cosa empezó por sanciones y acabó en intervención armada. También había una crisis del petróleo de fondo -Sadam estaba poniendo en riesgo el suministro mundial de crudo-, y también entonces había un dictador que masacraba a su pueblo, aunque lo que no había era una revolución en todo el mundo islámico. El anuncio de Arabia Saudí de que va a aumentar su producción de petróleo relajó ayer un poco los mercados, pero la mayoría de los expertos siguen augurando una escalada que puede llegar a ser muy seria y amenazar a todas las economías europeas, y no digamos la nuestra, frenando la incipiente recuperación.

De entrada, las gasolinas se han disparado y ayer ya rondaban el diesel y la súper normales los 1,3 euros -cuando no los superaban en algunas gasolineras-. Llenar el depósito en plena crisis y con la que está cayendo se está volviendo una verdadera cuesta de enero, febrero, marzo, abril… Y al Gobierno solo se le ocurre que vayamos más despacio… Para eso no hace falta ni que se reúna el Consejo de Ministros, porque solo la subida del precio del carburante y la crisis están actuando ya como desincentivadores del consumo de gasolina, y eso que todavía no han empezado las protestas de los autónomos y transportistas, que no tardarán en llegar. En buen lío se está metiendo el Gobierno, y ya veremos como sale.
«Ni ustedes ni yo nos creemos que Rodríguez le vaya a dar una negativa por respuesta, más bien al contrario creo que si Obama le pide que colabore, lo hará entusiasta, incluso enviando tropas si fuera menester. ¿Saldrán entonces los del ‘No a la Guerra’ a la calle, o eso solo se lo tienen reservado para cuando gobierna la derecha?.»
Pero no iba por ahí mi reflexión. ¿Cuánto más van a aguantar Europa y Estados Unidos sin intervenir en Libia? No creo que mucho. Dependerá de la capacidad de resistencia del régimen de Gadafi, pero si lo que ya se ha convertido en una guerra civil se alarga más de la cuenta, los ‘aliados’ no van a tener más remedio que intervenir si Occidente no quiere que el precio del petróleo supere, como ya vaticinan los más pesimistas, los 200 dólares el barril, un precio que nos conduciría a todos al precipicio. Pongámonos en el peor de los escenarios, porque en estos casos es lo que hay que hacer y si luego no se cumple, pues bendito sea Dios, pero tal y como están hoy las cosas las probabilidades de una intervención armada en Libia empiezan a ser muy serias. Imaginemos que Washington nos pide colaboración, del tipo que sea… Ni ustedes ni yo nos creemos que Rodríguez le vaya a dar una negativa por respuesta, más bien al contrario creo que si Obama le pide que colabore, lo hará entusiasta, incluso enviando tropas si fuera menester. ¿Saldrán entonces los del ‘No a la Guerra’ a la calle, o eso solo se lo tienen reservado para cuando gobierna la derecha? No lo se, la verdad, y me da igual. Lo que me preocupa es la doble vara de medir de este Gobierno y el hecho de que se haya instalado en la mentira permanente y en el engaño sistemático a la opinión pública, y que demás trate de exprimirnos como a limones convirtiéndonos en los paganinis de su propia incompetencia.

Miren, la posibilidad de una intervención armada en Libia y un conflicto largo que además pueda extenderse a otros escenarios no me la invento yo, sino que forma parte de los escenarios con los que trabajan los gobiernos occidentales estos días y buena parte de los expertos. Si llega a producirse, pondrá de nuevo de manifiesto la obscena demagogia que en su día utilizó la izquierda para arremeter contra Aznar haciendo gala, además, de una absoluta irresponsabilidad, aunque ya la situación en Afganistán ha dejado bastante al aire las vergüenzas de este Gobierno.

Pero, al margen de eso, lo que está ocurriendo en Libia y, en general, en todo el mundo islámico, ha evidencia la tremenda carencia de aptitudes de este Gobierno para afrontar estas situaciones, así como su absoluta capacidad previsora. Dicho de otro modo, que estaban a por uvas. ¿Y para esto ha servido la tan costosa Alianza de Civilizaciones, uno de los proyectos estrella del señor Rodríguez Zapatero, hoy enterrada bajo los escombros de una revolución que nadie sabe a dónde conduce? Y encima tienen que ser otros países europeos, y una empresa privada, quienes le hagan el trabajo al Ministerio de Exteriores para sacar de allí a nuestros compatriotas, para mayor vergüenza ajena del Gobierno que tenemos. Eso sí, para limitarnos la velocidad al volante han estado prestos… Y, ¿cuánto van a ahorrar? ¿Más o menos de lo que despilfarran en subvenciones y gastos superfluos? Estos, como siempre, jodiendo al sufrido ciudadano…


El Confidencial - Opinión

El tocino y la velocidad. Por José María Carrascal

«Bajar la velocidad máxima en autovía de 120 a 110 es un pellizco de monja al depósito de gasolina»

ANTE la última disposición de nuestro Gobierno me ha venido a la memoria un editorial del «Financial Times» de principios de 2009: «Cuanto más tarde Zapatero en tomar las medidas que necesita la economía española para enderezar su curso —decía—, más difícil, costoso y doloroso le resultará enderezarla», y me pregunto si esa nueva disposición de tráfico no está confundiendo el tocino con la velocidad. Pues si lo que se busca es ahorrar gasolina por los acontecimientos en Libia, poco ahorro significan los diez kilómetros menos de velocidad máxima en autopista, y si es por ahorrar dinero, el impacto en la crisis general será aún menor. Todo apunta, por tanto, a que estamos ante otra de esas medidas de relumbrón, pero de apenas efecto en el curso de nuestra maltrecha economía, como el cheque-bebé o el arreglo de las aceras, que encantan a un gobierno especializado en hacer que hace mientras pasa el chaparrón.

Que es lo que ha venido haciendo Zapatero desde que, al no poder seguir negando la existencia de la crisis, se trazó la estrategia de ir poniéndola parches, en espera de que los demás saliesen de ella y tirasen de nosotros. Estrategia que ha resultado nociva por partida doble: a los demás les está resultando más difícil de lo esperado salir y los pocos que salen no están dispuestos a tirar de los que no han hecho el esfuerzo para lograrlo. Fue como Zapatero se encontró la primavera pasada con el ultimátum de sus socios comunitarios de que o tomaba las medidas necesarias para corregir los defectos estructurales de la economía española o le dejaban caer en la bancarrota, donde de hecho ya estaba. Con esa cara de niño bueno que pone cuando le han pillado con el bote de mermelada, nuestro presidente lo prometió. Pero llega otra primavera y siguen sin verse los brotes verdes tantas veces anunciados. ¿Causas? Pues que las medidas tomadas han sido a medias, con dejadez y llenas de agujeros. Como ésta, la última. Bajar la velocidad máxima en autovía de 120 a 110 es un pellizco de monja al depósito de gasolina. Si quisieran de verdad ahorrarse combustible, la bajarían a 90, que es, según todos los expertos, la ratioóptima velocidad/consumo. Pero ese tipo de medidas contundentes no van con un gobierno que ha hecho del amagar y no dar la clave de su gobernanza.

A no ser, naturalmente, que el verdadero objetivo sea aumentar la recaudación con las multas que se va a hinchar de poner hasta que el pie de los conductores españoles se acostumbre a no pisar tanto el acelerador. Capaces, desde luego, son. Si se dieran tanta maña en hacer las cosas bien como en engañarnos, estaríamos ya eligiendo el destino de nuestras próximas vacaciones, en vez de preguntándonos si podremos hacerlas.


ABC - Opinión

Prohibir y recaudar. Por Jesús Cacho

Será difícil encontrar en el último siglo de historia de España un Gobierno más dañino para el bienestar de los ciudadanos y más lesivo para sus derechos y libertades que el que hoy maneja Alfredo Pérez Rubalcaba (APR), con Rodríguez Zapatero en la sombra. En una situación de estancamiento económico que no deja de producir paro y cierre de empresas, el estado anímico de los españoles, lastrado por la falta de confianza, debe hacer frente con regularidad a las humoradas y ocurrencias, cuando no los simples disparates, de un Gobierno que hace mucho tiempo dejó de representar los intereses de la mayoría. Ocurrencias y disparates. No de otra forma cabe calificar la decisión del Ejecutivo de limitar la velocidad en autovía y autopistas a 110 km/hora, iniciativa convertida en perfecta metáfora de la situación española: una tal velocidad de 110 km en autopista es la que naturalmente corresponde a un país que se ha quedado literalmente parado, parado y empobrecido, achicado por el paro, la pobreza y el paulatino recorte de libertades al que tan aficionado es este Gobierno liberticida. Velocidad tortuga para el país cangrejo. ¡Muerte al progreso!

No estamos aquí para discutir la efectividad de la nueva parida del ministro bombilla, Miguel Sebastián, al parecer padre de la idea, en lo que a ahorro de combustible se refiere, ahorro real que técnicos y expertos sitúan en menos del 3%. Estamos para denunciar que el Gobierno lleva años empeñado en recortar la velocidad, cuando de lo que se trata es de gestionar –palabra maldita para el Ejecutivo- la velocidad, lo que equivale, entre otras cosas, a adecuarla a la calidad de trazado y estado de conservación de la vía, de forma que en una autopista moderna y bien señalizada se pueda circular a 140, y en aquellos tramos de autovía vieja se imponga la restricción de los 110. La tendencia en Europa no es a reducir los límites de velocidad, sino al contrario: 130 en Francia; hasta 150 en algunos tramos en Italia; a 140 en Polonia desde hace pocas semanas, y a 130 en Holanda. Alemania, con tramos sin limitación, cuenta con el índice de siniestralidad más bajo de Europa, debido, entre otras cosas, a la eficiente red de helicópteros medicalizados con que cuenta, variable que completa la trilogía de “mejores infraestructuras, mejores coches y mejor asistencia sanitaria, igual a menos muertes en la carretera”.


El pasado mes de junio, el Congreso aprobó por unanimidad (también el PSOE) una proposición no de ley instando al Gobierno a revisar, por obsoletos, los límites de velocidad, evidencia de que el debate está sobre la mesa en España. La web Movimiento140.com ha recabado casi 175.000 firmas pidiendo una subida de los límites de velocidad, algo que piensa acometer el nuevo Gobierno de la Generalitat, elevando los límites a 130 en autopistas y eliminando la absurda limitación a 80 en las autovías de circunvalación a Barcelona decretada por el Tripartito de triste memoria, algo que podría dejar en evidencia la política de seguridad vial impuesta por la DGT en el resto de España, basada en la represión pura y dura y en el eslogan torticero de que “la velocidad mata”, mensaje permanente, constante, machacón de los últimos seis años, que esconde la realidad (Anuario Estadístico de Accidentes de la GDT, año 2008) de que la velocidad excesiva es responsable de sólo el 1,92% de las muertes en carretera.

¿Limitar la velocidad o recaudar?

No es aventurado suponer que el ahorro energético perseguido se quedará en nada, y ello por la sencilla razón de que la mayoría de conductores –el 93% de las 11.420 personas que a las 8 de la tarde de ayer habían respondido la encuesta de este diario- tenderán de forma natural a no respetar una norma que consideran disparatada e injusta. Y si el conductor desprecia la norma, el corolario es sencillo: las sanciones por tráfico tenderán a crecer de forma exponencial, que es el objetivo que muchos españoles se malician late detrás de la iniciativa. Recaudar a palo seco, para lo cual es preciso seguir llenando las carreteras de radares, tres cuartas partes de los cuales se instalan paradójicamente en lugares donde apenas se produce el 18% de los accidentes mortales. El director general de la DGT, Pere Navarro, se encargó hace poco de aclarar el misterio con la desfachatez que le caracteriza: “colocar un radar en una carretera secundaria no es rentable”.

Curioso personaje este Pere Navarro, antiguo inspector de Trabajo, típico ejemplar del gen intervencionista, liberticida y meapolítico (el partido es la religión; la propaganda, su profeta) que distingue al socialismo metomentodo que, si no es capaz de convencer, tratará de someter acogido al paternal “por vuestro bien”. Navarro es el guardián entre el centeno que concibe al conductor como un ciudadano de segunda, un tipo sospechoso cuyos derechos conviene limitar y cuya libertad debe ser permanentemente vigilada, y, por tanto, administrada, regulada. Prohibir, prohibir y prohibir. Para los Peres de este mundo derechos como la presunción de inocencia o el de defensa son estorbos intolerables que ralentizan el crecimiento de una cuenta de resultados cuyos ingresos él ha multiplicada por cinco desde que llegó a la DGT: por eso, en el trámite parlamentario de la última reforma de la Ley de Tráfico, don Pere deambulaba triste por los pasillos de Congreso, asegurando ante sus señorías que “lo que yo quiero es la misma capacidad ejecutiva que Hacienda o la Seguridad Social”. ¡Todo por la pasta!

Estamos, en definitiva, ante un problema de libertades, como ocurre siempre con los partidos socialistas empeñados en la igualdad por decreto en detrimento de la libertad. Es la esencia de la mayoría de las medidas legislativas emprendidas por el Gobierno Zapatero. Como advirtiera Hayek, nos hallamos ante otro caso de involución liberticida, una nueva demostración de cómo una democracia puede perfectamente atentar contra las libertades individuales. Padre de la teoría del “orden espontaneo”, Hayek destacó la importancia del imperio de la ley, del sometimiento de todos los individuos –del Rey abajo- a esas normas surgidas de los usos y costumbres a través del tiempo y que evolucionan conforme lo hace la propia sociedad. El problema del momento radica en la perversión de la ley, en lo que alguien ha llamado la "hiperinflación legislativa" que acaba con el valor ejemplarizante de la misma y la devalúa y desvirtúa al responder a los intereses de grupo o partido al margen de las demandas sociales. Razón por la cual el derecho consuetudinario yace hoy postrado, víctima de un cúmulo de arbitrariedades legales fruto del juego de las élites y los caprichos del legislador liberticida, siempre dispuesto a restringir nuestra libertad y preservar sus privilegios.

Deslumbrante paradoja de la pesadilla Zapatero

El resultado es que el individuo está hoy discrecionalmente restringido en el uso de su libertad, dramáticamente podado por los caprichos de los Rubalcabas de turno, gente que, en el caso que nos ocupa, han descubierto en el uso del automóvil y en la siniestralidad inherente al mismo un caladero fácil de demagogia política -quizá la única muesca de la que puede presumir este Gobierno-, y una fuente inagotable de pasta. Recaudar para después repartir, se supone, olvidando la máxima de Plutarco según la cual “el verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquel que reparte botines, donaciones y regalos”. Se trata, por eso, de meter mano en el bolsillo de los ciudadanos y freírlos a multas, como si no supieran ellos cómo y cuándo gastar su dinero mejor que el Estado. Las libertades dañadas y el principio de equidad jurídica hecho añicos. “¡Dadme la libertad o dadme la muerte!”, que dijera Patrick Henry, uno de los más influyentes defensores de la Revolución americana

En un discurso pronunciado en 1964 ante la Convención Republicana, el ex presidente Ronald Reagan planteó la cuestión de las libertades individuales en estos términos: “Se trata de saber si creemos en nuestra capacidad para el autogobierno o si abandonamos la Revolución americana y confesamos que una pequeña élite intelectual en una capital distante puede planear nuestras vidas mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo”. Casi 50 años después, ésta sigue siendo la esencia del problema español. Como señalara Tocqueville en su Democracia en America, el viejo socialismo despótico del pasado ha sido sustituido por otro mucho más sibilino y peligroso, más soft: en el altar del talante y el buen rollo los españoles han cedido libremente grandes cuotas de libertad -deslumbrante paradoja de la pesadilla Zapatero-, sin que perciban el uso coercitivo de la fuerza. Los efectos de las cesiones y concesiones de los españoles desde 2004 han dañado seriamente nuestra prosperidad y restringido peligrosamente nuestra libertad. ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a consentir que una minoría absurdamente ideologizada que ni de lejos representa ya los intereses de la mayoría del pueblo español actúe por nosotros, restrinja nuestros derechos, coarte nuestra libertad de movimientos y meta impunemente mano en nuestros bolsillos? Quosque tandem abutere, José Luis, patientia nostra?


El Confidencial - Opinión

La esencia del Zapaterismo. Por M. Martín Ferrand

El presidente no parece dueño de sus actos y parece un resorte que salta con la más mínima presión.

UNA sociedad con hambre de futuro y vocación de progreso no puede permitirse el lujo de que sus mejores cabezas, sus más preclaras y fecundas inteligencias, se dediquen a la política. En lo que a selección de personal respecta es prioritario dotar de talento los territorios de la investigación y la enseñanza, las áreas de la iniciativa emprendedora e, incluso, las buhardillas de la creación artística. La política, en una democracia asentada y verdadera, tiene suficiente con la aportación de los funcionarios y el impulso de los, literalmente, elegidos que no debieran destacar por su extravagancia y en quienes es exigible la prudencia y rechazable la astucia, que suele ser tramposa. Tampoco es deseable, como ahora parece que nos ocurre, que se dediquen a la política, y lo hagan «profesionalmente», quienes no parecen servir para otra cosa y solo son producto de la partitocracia imperante.

No sé, ni creo que nadie lo sepa, si la decisión gubernamental de rebajar a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en las vías en las que hasta ahora se permitía circular a 120 es buena o mala; si la incomodidad y el disgusto que produce serán superados por un importante ahorro energético o, como suele suceder, haya que clasificarla en el largo catálogo de ocurrencias con las que José Luis Rodríguez Zapatero suele disimular su escasez y, de paso, entretenernos con la provocación de polémicas estériles entre quienes, por socialistas, tienden a ver como bueno, sin mayores análisis, todo cuanto avalan el puño y la rosa o, por populares, a entender que la gaviota nunca se equivoca.

A juzgar por las apariencias, cada amanecer, Zapatero y los suyos se desperezan diciéndose: veamos qué se nos ocurre hoy y, ¡zas!, a falta de un plan bien trazado, dan por buenas las primeras ideas que les vienen al magín, como si fuera posible que lo fácil coincida con lo útil. Se echa en falta, en cuanto a la crisis económica se refiere, un concepto global que alcance todas las aristas del problema y, sobre todo, evite que el parche de hoy sea la génesis del mal de mañana. La improvisación de Zapatero invita a la desconfianza. Más atento a las apariencias que al fondo de los asuntos que nos inquietan, el presidente no parece dueño de sus actos y toma la apariencia de un resorte que salta con la más mínima presión. «Improvisar» algo que no está bien pensado y elaborado es peligroso en el mundo de las artes y resulta suicida en la economía porque una «buena idea» puede resultar contradictoria con otras igualmente buenas y, en su conjunto, resultar todas demoledoras. Esa es la esencia del zapaterismo.


ABC - Opinión

Para fastidiar. Por Alfonso Ussía

No tengo dudas al respecto. Saben que van a perder con holgura las elecciones. Entonces se reúnen, y Zapatero pregunta: «¿A quienes fastidiamos esta semana?». Rubalcaba, muy agudo, reparte el juego. «Esta semana le toca a Elena Salgado». Y Elena Salgado toma la decisión con su acostumbrada ligereza: «A los que tienen coche». Y rebajan la velocidad admitida en autopistas y autovías a 110 kilómetros a la hora.

Más multas y un ahorro ridículo. La cosa es robar al que sea. Los ecologistas «sandía» están encantados con la nueva prohibición. Supongo que el ministro Sebastián obligará a partir de ahora a las fábricas de automóviles a retroceder en el tiempo. La SEAT fabricará de nuevo el «seiscientos», la Renault el 4.4, y Citroën el «Dos Caballos». Así no habrá manera de superar los miserables 110 kilómetros por hora en las autopistas. Con los coches que hoy se venden, y me refiero a los más modestos, se alcanzan los noventa kilómetros por hora con la primera marcha.


La cosa es fastidiar, prohibir, molestar y hacer el imbécil. Lo tienen perdido y se desahogan.
Hay algo más peligroso que un tonto. Un tonto malo. Y este Gobierno, el más tonto e inculto de cuantos hemos padecido los españoles, tiene muy malas intenciones. No hay más accidentes en Alemania que en España, y allí la velocidad en las autopistas es opcional. No hay más accidentes en Italia que en España, y allí el límite de velocidad es de 130 kilómetros por hora. Prohibido fabricar coches con cuarta y quinta velocidad. Volvamos a la romántica y limpia época de las diligencias y los coches de caballos. Lo malo es que lo que ahorraríamos en petróleo lo gastaríamos en tiempo perdido y en cuadras, que hay que ver lo que cuesta mantener un caballo. Que fue así, no lo duden. ¿ Vamos a perder cuatro millones de votos? Pues se van a enterar.

Pero me parece injusto que limiten la velocidad a 110 por hora y a los motoristas de Tráfico no les obliguen a circular en vespinos. No tiene sentido. Esas motos enormes y formidables que usan nuestros agentes son exageradas para perseguir tortugas. Las autoridades en Vespino, y los policías municipales en «Velosólex», aquellos artilugios en los que había que pedalear y alcanzar una mínima velocidad antes de accionar el motor. En las bajadas superaban los cuarenta por hora, pero en las subidas, con motor y todo, era necesario darle a los pedales para no terminar abrazado al primer árbol de la cuneta. Lo que no puede hacer un Gobierno es cobrar treinta mil euros de impuestos a quien compre un Ferrari y obligarle a circular a 110 por hora como máximo, que es como exigir a los de la Ceja que rueden sus películas en blanco y negro con No-Do incluido.

Y por supuesto, los Audi de los ministros a los garajes oficiales. A partir de ahora, los ministros en SEAT 1500, que estaban muy bien y lucían aparentes. Porque rodar a 110 kilómetros rumbo a Benidorm y experimentar el adelantamiento del Audi de Leire Pajín a 160 kilómetros por hora porque la nena quiere llegar a tiempo a la cena que le han preparados sus padres, se me antoja muy poco edificante. Si nos tenemos que fastidiar, hagámoslo todos.

En mi caso particular, no tengo problema. No me gusta la velocidad y me preocupa la carretera. Pero no se trata de eso, como la soviética ley del tabaco. A este paso, Elena Salgado va a obligar a los aviones a volar muy despacio y muy bajito. ¡Tontooooss!


La Razón - Opinión

El terrorista reversible. Por Ignacio Camacho

La complacencia con Gadafi ha sido tan obscena, obsequiosa y evidente que no deja resquicio al disimulo.

EL tipo que puso la bomba que mató a 260 personas en un avión que volaba sobre Lockerbie cumplió tan sólo diez años mal contados de cárcel: Gran Bretaña lo devolvió el año pasado a su país, Libia, por compasivas «razones humanitarias». El hombre que ordenó el atentado, el coronel Muammar El Gadafi, no sólo no cumplió pena alguna sino que recibió durante años atenciones preferentes de los grandes líderes europeos, que lo agasajaron con reiteración, le pasaron la mano por la espalda y se rieron mucho con él agradecidos porque les vendía petróleo, les compraba armamento y contenía a los integristas islámicos plantado con su jaima como un dóberman en el patio de atrás del Magreb. Era tanta la mutua satisfacción y tan preclara la amistad recíproca que Europa sacó a Libia de la lista de países terroristas y le entregó en 2003… ¡la presidencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU! Ahora esos dirigentes tan estupendos de esas naciones tan serias, incluida España, acaban de descubrir que aquel socio tan simpático y estrafalario era en realidad un conspicuo malhechor que usaba para asesinar a su pueblo las armas que ellos mismos le suministraban. Con alborotada contrición y enorme alharaca diplomática se han llamado a escándalo y proponen juzgarlo como criminal de guerra, hondamente decepcionados por tan patente abuso de confianza.

Ni siquiera ante China, cuyo régimen totalitario es sistemáticamente soslayado por Occidente dada la rentable pujanza comercial de que hace gala como cliente comprador de bienes, deuda y servicios, ha sufrido la dudosa ética de la realpolitik una humillación tan flagrante como en el caso libio. La complacencia con Gadafi ha sido tan obscena, obsequiosa y evidente que no deja resquicio al disimulo. No sólo porque las democracias han ignorado adrede su continuo y reiterado apoyo al terrorismo, amnistiando por dos veces su incontestable participación en graves crímenes cometidos en suelo europeo, sino porque han armado hasta ayer mismo su tiranía y le han mostrado sumisa gratitud con visitas aduladoras y sonrojantes recepciones. Una coba indisimulada, un vergonzoso doble rasero que en plena guerra civil libia inhabilita a las naciones europeas como cómplices morales del sátrapa al que con tardía e impostada pesadumbre pretenden volver airadamente la espalda.

Lo sabe el pueblo en armas y lo sabe Gadafi. Lo sabe tan bien que se cree autorizado a resistir desde la confianza en que si eventualmente aguanta el pulso podrá por tercera vez obtener, para él o para su hijo aprendiz de tirano, un relativo silencio de conveniencia. En su sangriento delirio megalómano conoce bien las claves de un mundo al que desprecia por débil, por pusilánime, por medroso y por hipócrita. Y porque le ha demostrado que sus farisaicas condenas son tan reversibles como interesadas sus absoluciones.


ABC - Opinión

La velocidad y el tocino

Tras la sorpresa y el estupor inicial, ha llegado la nada disimulada irritación de los conductores ante el cosmético plan de ahorro energético que presentó el viernes el Gobierno con una medida estrella, o más bien cabría decir estrellada, como es la reducción del límite de velocidad máxima en las autopistas y autovías de 120 a 110 km/h. Según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, este anuncio es rechazado por los ciudadanos en un 55,7%, mientras que un 68,7% cree lo evidente: que esta iniciativa responde más a un afán recaudatorio del Ejecutivo que a un intento serio y con fundamento de ahorrar gasolina en un momento en que las revueltas en varios países árabes hacen zozobrar el mercado del petróleo, con la amenaza en el horizonte de que su precio se vaya a encarecer significativamente. Lejos de acometer una reforma en profundidad, con sólidos pilares que permitan proyectarse al futuro sin que se vea sacudida por cualquier contingencia, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha vuelto a optar por las ocurrencias y la improvisación, sacando de la chistera una medida que tiene hechuras de parche por cuanto tiene de endeble. Reducir la velocidad no es directamente proporcional a ahorrar gasolina, al menos no en los porcentajes que maneja Economía. Así lo han subrayado las asociaciones de automovilistas, que le han recordado algo básico que sabe cualquier conductor de una gran ciudad que viva un día sí y otro también un atasco: un automóvil parado y acelerando puede estar consumiendo como si fuese a 120 km/h. Sea como fuere, esta iniciativa se corresponde con el espíritu cortoplacista e impulsivo de este Ejecutivo y de su titular de Economía, que gobierna a golpes de efecto, con el consiguiente sobresalto de los ciudadanos. El poso de esta imposición de reducir la velocidad en las autovías también encuentra su sentido en la única política sólidas que es capaz de ofrecer el Gobierno: la recaudatoria. Además de ser un atropello para los ciudadanos, no se puede confiar parte de la bonanza de las arcas públicas al dinero que se obtenga por las multas. Ésa es una política errática y desafortunada. Y no vale la coartada del ahorro porque, como ya se indicó ayer desde varias asociaciones de consumidores, los conductores gastarán más en multas de lo que ahorrarán en gasolina.No se puede obviar que con esta medida emerge una vez más el talante prohibicionista de este Ejecutivo, que parece empecinado en gobernar atando en corto a sus ciudadanos, restringiendo sus derechos y libertades. Ocurrió con la ley antitabaco, en cuyos inicios también estuvo presente Salgado, y ahora con esta obligación de conducir más lento si no se quiere pasar por taquilla para pagar una multa. Se deberían imponer la seriedad y el rigor, desechar a las prohibiciones con carácter punitivo –que no es más que pan para hoy y hambre para mañana–, abordar de una vez por todas el problema desde la raíz y presentar un plan de ahorro energético bien articulado que no esté a merced de coyunturas ni de las pulsiones coercitivas. Una vez más, el Gobierno socialista ha vuelto a confundir la velocidad con el tocino.

La Razón - Editorial

¿Le queda a Zapatero algo por prohibir?

El socialismo sedicentemente democrático ha de travestir su esencia con la farfolla metafísica que intenta convencer a los ciudadanos de que su ataque a la libertad es, en realidad, la manera de extender unos novedosos "derechos de ciudadanía" (sic).

La base del socialismo es restringir las libertades individuales, porque este es la único modo de ver convertidos en realidad unos principios constructivistas diametralmente contrarios a la naturaleza humana. Desde esta perspectiva, está fuera de toda duda que para ser socialista hay que tener primero una fuerte inclinación totalitaria y vocación de ingeniero social.

Esta evidencia primordial choca, sin embargo, con la opinión mayoritaria de la sociedad moderna, en última instancia refractaria al recorte de derechos, por lo que el socialismo sedicentemente democrático ha de travestir su esencia con la farfolla metafísica que intenta convencer a los ciudadanos de que su ataque a la libertad es, en realidad, la manera de extender unos novedosos "derechos de ciudadanía" que, por otra parte, nadie ha logrado hasta el momento identificar adecuadamente.


José Luis Rodríguez Zapatero resulta ser, bajo esta perspectiva, el perfecto socialista, y lo único que lo diferencia de sus colegas es su mayor ineptitud a la hora de enfrentarse a los retos cotidianos que las sociedades modernas exigen de sus gobernantes. Incapaz de entender cómo funcionan las interacciones sociales y víctima de un sectarismo ideológico inveterado, Zapatero se nos muestra cada vez más insolente en su afán de imponernos todo tipo de trabas a los ciudadanos, tal vez con la esperanza de que su proyecto revolucionario en lo social disimule su inverecundia en lo político y su fracaso absoluto en lo económico.

Y es que al Gobierno apenas le quedan ya actividades que prohibir habida cuenta de que prácticamente en todos los sectores de la vida cotidiana ha metido sus zarpas coactivas. El consumo de tabaco en locales privados, la ingesta de dulces y otros alimentos hipercalóricos en los colegios, las opiniones supuestamente discriminatorias a criterio de la autoridad gubernativa, los toros en alguna región española, los crucifijos en las aulas o el uso de internet como herramienta para compartir información son algunos de los ejemplos que nos indican con gran fidelidad el apego real que los socialistas de Zapatero tienen por la libertad individual.

En cambio, todas las restricciones que su Gobierno impone a los ciudadanos honrados contrastan con las facilidades que constantemente otorga a quienes deciden incumplir la ley atentando contra nuestros derechos. En España, delinquir sale muy barato y si el responsable no ha cumplido aún dieciocho años, entonces resulta casi gratis, aunque haya acabado con la vida de otro ser humano de la forma más cruel. Por su parte, los que atentan contra la propiedad ajena, ya sea por vagancia como los "okupas", o por afán de lucro como las bandas de desvalijadores, gozan también de una serie de ventajas legales que convierten su actividad delictiva en una forma de vida más bajo el paraguas de la impunidad.

Y en esta tesitura llega Rubalcaba y anuncia a todos los españoles su decisión de restringir más aún la velocidad en las carreteras aprovechando los disturbios de Oriente Próximo para, según asegura, ahorrar divisas. Una astracanada que bien hubiera merecido del personaje haberla presentado en sociedad como otra ampliación de los "derechos de ciudadanía" prometidos por Zapatero.


Libertad Digital - Editorial

El injustificable abandono de Libia

La ONU y la Unión Africana sienten ahora cómo chirrían sus estructuras ante los tardíos debates abiertos en su seno sobre el destino de Gadafi.

DURANTE muchos años, los libios van a reprochar al mundo libre su injustificable falta de coherencia y su inacción en estos tristes momentos en los que Gadafi destruye su propio país. A pesar de la evidencia inapelable de los hechos, el mundo libre ha faltado a sus principios y está abandonando a todos los libios que hoy luchan por la libertad, aunque con ello corramos el riesgo de dejarlos en el futuro en manos de los extremistas islámicos, y de provocar una suerte de éxodo hacia Occidente de miles de musulmanes descontentos en busca de otro modo de vida. Es necesario pasar por alto los convencionalismos de salón y tomar las decisiones que puedan evitar, precisamente, escenarios indeseables que mañana resultarían mucho más peligrosos y costosos de afrontar. En estas mismas páginas ya se ha evocado la posibilidad de que en Libia se pueda reproducir el modelo de Somalia, cuya sola mención debería bastar para no seguir mirando hacia la costa sur del Mediterráneo como si lo que allí sucede no fuera más que un desastre meteorológico. Pese a ello, si la ONU y la Unión Africana sienten cómo chirrían sus estructuras ante los tardíos debates abiertos en su seno sobre el destino de Gadafi y su familia, se debe, sobre todo, a la incapacidad de Estados Unidos y Europa para liderar un movimiento claro y activo de condena contra un tirano cuyo innoble comportamiento era de sobras conocido desde hace mucho tiempo.

Libia es sólo un elemento —y ni siquiera el más grande— de un conjunto de escenarios que pueden causar abruptamente un daño terrible a nuestro confiado modo de vida. Es imposible predecir lo que puede suceder, por ejemplo, en Irán, cuya influencia en los mercados energéticos es mucho mayor que la de Libia y está dirigido por una versión persa y mucho más agresiva que la que representa el sátrapa norteafricano. ¿Qué pueden esperar de Occidente los partidarios de la democracia cuando salgan a manifestarse a las calles de Teherán bajo las balas de Ahmadineyad? Es evidente que la fragilidad de las sociedades modernas frente a un entorno inestable no se resuelve cultivando cierto tipo de relaciones que, a la postre, equivalen a rodearse de un campo de minas, sino preparándose concienzudamente para hacer frente a los riesgos y trabajando con decisión para eliminarlos cuando sea posible, no mirando para otro lado.


ABC - Editorial

sábado, 26 de febrero de 2011

El alcalde de Zalamea. Por Tomás Cuesta

Reinterpretada por José Bono, la pieza, ¡menuda pieza!, se descuelga desdeel drama al sainete.

JOSÉ Bono se supone víctima de un montaje de la ultraderecha mediática, de una conspiración cuyo único objetivo sería desestabilizar el sistema y dejar las instituciones en barbecho. «Tengo los bolsillos de cristal», afirma la tercera autoridad del Estado. Nadie lo pone en duda, pero de la incomodidad de los fiscales con el expediente del presidente del Congreso se deduce que el vidrio es tan diáfano como las ventanillas de los vehículos blindados, por poner un ejemplo. Escudriñar los interiores de Bono, en esas condiciones, es una encomienda que requiere grandes dosis de empecinamiento y arrojo, cualidades que deben asistir a la juez de Toledo que ha decidido admitir a trámite una querella por delito societario y falseamiento de cuentas en la hípica del ínclito jinete. Que tal resolución se haya tomado en contra del criterio de la Fiscalía es la prueba del nueve del modelo de justicia vip que se aplica en supuestos como el de que el afectado sea socialista, condición previa en el caso de Bono a la de socio de referencia de un picadero.

Si llegara a darse el caso, a Bono no habría que recordarle que tiene derecho a un abogado y aún menos que si no dispone de posibles se le proporcionaría uno, porque la Fiscalía ya actúa de oficio en defensa de sus intereses y de una presunción de inocencia que, carné socialista en mano, no es precisamente una fórmula retórica. Sólo por comparar, al imputado Camps ya se le considera culpable sin que nadie haya advertido en el entorno del presidente de la Generalitat valenciana el más leve rastro de conspiración alguna entre filtración y filtración. Sin embargo, el tiro por elevación de la estrategia de defensa del presidente del Congreso tiene consistentes efectos secundarios sobre la propia esencia del cargo que ostenta. Además de la grosera confusión entre lo público y lo privado, las constantes apelaciones a la virginidad de sus bienes han convertido al histórico dirigente socialista, embarcado también en la sucesión de Zapatero, en un trasunto romo, avieso y garbancero de aquel legendario edil (un punto extremoso, además de extremeño) que inmortalizara Calderón en «El alcalde de Zalamea».

En la obra original, como recordarán ustedes, el protagonista es Pedro Crespo, regidor de un municipio de la comarca de la Serena que, amparándose en que los ultrajes a la honra no discriminan entre nobles y plebeyos, se toma la justicia por su mano y da garrote vil al capitán que ha privado a su hija de las galas de doncella. Y recordarán también que, a la hora de rendir cuentas, («¿Sabéis que estáis obligado/ a sufrir, por ser quien sois,/ estas cargas?»), el encrespado Crespo apela con voz tonante al Tribunal Supremo: «Con mi hacienda,/ pero con mi fama no./ Al rey, la hacienda y la vida/ se ha de dar, pero el honor/ es patrimonio del alma,/ y el alma sólo es de Dios…».

Reinterpretada por José Bono, la pieza, ¡menuda pieza!, se descuelga desde el drama al sainete y el trémolo grandioso de la moral barroca acaba convertido en un ínfimo aspaviento. ¡El honor, el honor! ¿Nos haría el honor su señoría de darnos referencias acerca de su hacienda? El alcalde de Zalamea, en suma, pero a la viceversa.


ABC - Opinión

Rubalcaba. Prohibido prohibir. Por Emilio J. González

Esta medida van a aumentar las multas de tráfico, que son una fuente nada desdeñable de entradas de dinero en las arcas estatales y, sobre todo, en las municipales.

Como un partido político concurriera a las próximas elecciones con aquel eslogan del 68 de "Prohibido prohibir" se lleva la victoria de calle, porque a este Gobierno tan socialista que tenemos, y tan amigo de meterse en la vida de todos, lo único que se le ocurre es restringir una y otra vez la libertad a la menor excusa que se le presente. Ahí tenemos, sin ir más lejos, la cruzada antitabaco de Leire Pajín y, desde este viernes, los nuevos y absurdos límites a la velocidad de circulación de los automóviles. Dice Rubalcaba, que es a quien le ha tocado dar la cara, que esta medida es para ahorrar petróleo, ya que su precio se ha puesto por las nubes. Sin embargo, las razones son otras.

En contra de lo que dice el Ejecutivo, no hace falta reducir la velocidad para que disminuya el consumo de combustible. Basta con que suba su precio para que los ciudadanos pongan menos litros de gasolina en sus coches, más que nada porque entre lo cara que está gracias a tantos impuestos como soporta y lo apuradas que se encuentran las economías familiares, en el presupuesto de los hogares ya no hay margen para dedicar más dinero a llenar el depósito del coche, sobre todo porque la subida del petróleo también tiene un impacto directo en los precios de los alimentos. Además, cuanto más suba el precio del petróleo, más tipos de biocombustibles van a empezar a ser rentables, incluso sin ayudas públicas. Lo lógico, por tanto, hubiera sido dejar que las cosas sigan su curso, de acuerdo con los principios básicos de funcionamiento de los mercados. Y si quieren un ejemplo de que las cosas efectivamente son así, no tienen más que observar qué sucede con las compañías aéreas. Éstas, en cuanto se encarece el petróleo, trasladan los mayores costes de combustible al precio de los billetes y en seguida se reduce el número de viajeros, lo cual las lleva a cancelar vuelos para ahorrar dinero y queroseno. Pues con los automóviles particulares sucede lo mismo.


Lo que le pasa al Gobierno es que después de siete años de política energética desastrosa ahora se encuentra con las consecuencias de no haber hecho nada por reducir la elevada dependencia energética exterior de nuestro país, cosa que se hubiera conseguido ya de haber apostado desde un primer momento por el átomo, en lugar de empeñarse en cerrar centrales nucleares porque eso, según el modo de entender las cosas de Zapatero, era lo progresista. Y así nos encontramos con que el país que tenía el déficit de balanza de pagos más alto del mundo antes de que estallara la crisis, va a volver a conocer el mismo problema, sólo que ahora en medio de una depresión económica que se va a agudizar como consecuencia de ese estrangulamiento del sector exterior que provocan nuestras elevadas importaciones de petróleo y gas y sin saber cómo se va a financiar ese ‘agujero’ exterior.

Además, por aquello de "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid", el Gobierno ha encontrado en el petróleo la excusa que necesitaba para incrementar los ingresos presupuestarios tanto del Estado como de los ayuntamientos sin tener que subir los impuestos. Porque con esta medida van a aumentar las multas de tráfico, que son una fuente nada desdeñable de entradas de dinero en las arcas estatales y, sobre todo, en las municipales. Son razones presupuestarias, en última instancia, las que explican, en parte, por qué ahora al Ejecutivo se le ha ocurrido tan brillante idea en vez de dejar que sea el mercado quien ponga las cosas en su sitio.

Al mismo tiempo, al Gobierno le molesta todo lo que implique individualismo, porque del individualismo nace la libertad. Pocos símbolos representan mejor ese carácter en España que el automóvil. Este Ejecutivo, sin embargo, se ha empeñado en acabar con ello y en llevarnos por la senda del colectivismo. En este caso, como la reducción de la velocidad de circulación en las ciudades, sobre todo de las grandes, va a suponer un aumento considerable de los atascos, ahí está, piensa el Gabinete, el transporte público como alternativa a quien quiera escapar de ellos y como medio para diluir la personalidad individual en lo social, en lo común, que resulta tan querido para Zapatero. El transporte público está, sin embargo, para quien quiera utilizarlo libremente, no para que el Gobierno nos meta en él como a un rebaño de ovejas en un redil, sin emplear la fuerza pero si la coacción. Eso, en definitiva, es lo que también buscan ahora y así se meten una vez más en nuestras vidas.

Insisto: mi voto para el partido que adopte como lema "Prohibido prohibir", que ya está bien de tanto agobio a la personalidad individual, de tanta restricción y de tanto decidir por nosotros.


Libertad Digital - Opinión

La Europa patética. Por Hermann Tertsch

Por iniciativa alemana y tras una reunión de su ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, con su homólogo italiano, Franco Frattini, se han anunciado las primeras medidas de la UE contra el régimen de Gadafi. ¡Ya era hora! dirán los optimistas. Tranquilos. Se tomarán la próxima semana. Nadie crea que son medidas para poner freno a las atrocidades. Se trata de un veto a entrada en territorio de la UE de la familia Gadafi —como si ahora fuera a pedir asilo en París—, la congelación de sus bienes y la prohibición de ventas de armas. Patético papel el nuestro. La Representante para Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, es ya la versión europea de nuestra Ministrini de Asuntos Exteriores. Cuando un gobierno laborista de Tony Blair le concedió un título de baronesa, no debió ser por diligencia ni eficacia. Si los españoles han estado a punto de fundar colonias en Libia mientras esperaban a que les socorriera en la evacuación nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, los libios llevan diez días muriendo sin sacar a la representante europea de la flema británica.

El daño para la imagen de la UE en el mundo árabe será ingente. Si su impasibilidad siempre molesta, cuando se trata de responder a una matanza que se prolonga sin fin, es indignante y deshonroso. La falta de rapidez y contundencia europea en condenar de manera inequívoca desde un principio las atrocidades de Gadafi y lanzar un mensaje de apoyo al levantamiento tiene mucho de impotencia y bastante de indignidad. Los libios saben no tienen marcha atrás. Que afrontarían un infierno si Gadafi lograra revertir la situación. Lo que no sería impensable, si por la actitud exterior fuera. Otros muchos sátrapas pueden estar pensando que con un buen Tiananmen a tiempo pueden evitar lo peor. Lo mismo Lady Ashton ni se entera.


ABC - Opinión

La calle tomada. Por Alfonso Ussía

Otro fin de semana sin salir de casa. La culta y solidaria izquierda tomará la calle. José Antonio Vera, en estas páginas, se ha preguntado por el paradero de la izquierda española. Y la izquierda ha dado su respuesta. Tomará las calles de Madrid para protestar con multitudinarias y abigarradas manifestaciones en contra de los crímenes de Ghadafi. La gran pancarta la portarán los representantes de la izquierda mediática. El Gran Wyoming no ha podido conciliar el sueño cuando se ha enterado que Ghadafi, el gran revolucionario, se ha cepillado a un millar de libios impertinentes que pedían una reforma hacia la democracia en su país. Y Zerolo, que insulta a los judíos, únicos demócratas del Medio Oriente, y acepta con ejemplar resignación que en Irán sean ejecutados los homosexuales con el objeto de limpiar la sociedad de elementos degenerados, según palabras del revolucionario Ahmadineyad.

La culta y solidaria izquierda tomará la calle, pero aún se ignora qué calle, y de ahí el despiste general. Con el entusiasmo que les caracteriza, los de la Ceja han decidido manifestarse. El problema es que Aznar nada tiene que ver con lo que sucede en Libia, en Irán, en Venezuela, en Cuba y en Afganistán, y están desnortados. Pueden manifestarse en la Puerta del Sol contra Esperanza Aguirre. Reponerse en un par de días de una operación de cáncer es una demostración palpable de la chulería y prepotencia de la derecha. Indignante desde cualquier punto de vista. Guillermo Toledo y Alberto Sanjuán están organizando la nueva flotilla en beneficio de Hamás que partirá rumbo a Gaza, y han renunciado a la manifestación. Además, que tanto el uno como el otro, con toda la razón del mundo, quieren saber en qué esquina se reunirá la izquierda para protestar lo que tenga que protestar. Existen dos posibilidades. Que lo hagan contra Ghadafi por matar a mil libios que piden democracia, o que lo hagan contra los mil libios por pedir una cosa tan rara y poco recomendable. Se espera la decisión, que adoptarán al unísono Carmen Machi y María Antonia Iglesias, aunque a la segunda le haya prohibido Vasile que se manifieste contra Ghadafi por la gran amistad que une al ilustre revolucionario libio con Berlusconi, el salido Primer Ministro italiano y dueño de Tele-5 que al fin y al cabo, aunque se mueva por la ultraderecha, es el que paga. No obstante, y si no saben contra quién manifestarse, pueden contar con la recta opinión de Almudena Grandes y el poeta García Montero, siempre que no coincida la manifestación con la reunión de uno cualquiera de los mil jurados de Premios de Poesía a los que ambos pertenecen, con toda justicia, digo yo.

La calle a elegir para ser tomada podría ser alguna inmediata o cercana a la embajada de Israel en Madrid, porque si no hay chicha contra la que manifestarse siempre se puede terminar insultando a los hebreos y poniendo en duda el Holocausto, que es duda muy propia de la izquierda española, tan inclinada a favor de los adorables terroristas de Hamas. Con los Bardem que no cuenten porque están en Los Ángeles preparando la revolución comunista que cambiará el rumbo de los Estados Unidos en unos pocos años, unos doscientos cincuenta más o menos. Además, que han tenido la desgracia de que a Pe le empezaron las contracciones allí, y no pudieron tener al niño donde querían, en un hospital público de Madrid como los que visita Esperanza Aguirre para ser operada de cáncer, que hay que ser tonta y de derechas. Bueno, pues eso, que van a tomar la calle, pero no saben cuál.


La Razón - Opinión

Aguirre. La vida te lleva por caminos raros. Por Maite Nolla

Lo mejor que ha podido hacer Esperanza Aguirre es ir con la verdad por delante; para lo bueno y para lo malo, porque al fin y al cabo confesar públicamente su enfermedad tiene también un riesgo político.

Si algo se debe aprender cuando te dedicas, ni que sea a tiempo parcial, a la opinión política es que ya puedes currarte un tema que, al final, cada uno acaba teniendo la suya propia y contra eso nada se puede hacer. Por ejemplo, cuando Esperanza Aguirre sobrevivió al tiroteo en Bombay, el que no la criticó por lo de los calcetines, se creyó la mentira del pobre Guardans –que actualmente habita en el limbo político, por chaquetero– de que Esperanza Aguirre había huido dejando al resto de españoles, o españoles de ocho a tres, abandonados a su suerte. Y no faltan los que la critican ya por haberse operado en un hospital público y te lo mezclan con las listas de espera, aunque no tengan ni idea de cómo funciona el asunto. Y si se hubiera operado en un hospital privado la hubieran criticado por pija y elitista. Y otros están con el teclado afilado para cuando empiece la campaña electoral en la que no tardarán en atizarla y le atribuirán el intentar sacar partido de su enfermedad, como si para derrotar a Tomás Gómez fuera necesario demasiado esfuerzo.

Lo mejor que ha podido hacer Esperanza Aguirre es ir con la verdad por delante; para lo bueno y para lo malo, porque al fin y al cabo confesar públicamente su enfermedad tiene también un riesgo político: no sabemos hasta qué punto eso influye en el voto. Es más, viendo el proceder en casos precedentes en los que se han ocultado enfermedades de políticos de primera fila, lo que se podría pensar es que si lo ocultan es, precisamente, porque el efecto no es o debe ser muy positivo en el votante. Por ejemplo, en el caso de Pasqual Maragall todo el mundo se llegó a creer que Zapatero le había traicionado con Mas y que Montilla era parte de esa traición, hasta que Toni Bolaño reconoció en el 59 segundosde Cataluña que si Maragall no había sido candidato en 2006 era única y exclusivamente porque ya estaba enfermo. Pero cuando se tienen principios –tres o cuatro, no hacen falta más– es mucho más sencillo actuar. Vamos, que no hace falta ver el episodio de El Ala Oeste de la Casa Blanca llamado Las dos catedrales, con Brothers in Arms de fondo.

Incluso los buenos políticos acaban limitados por la realidad, por las circunstancias o por unos compañeros de partido ingratos. Y, oigan, hasta aquellos a los que Esperanza Aguirre no les cae nada bien, estarán de acuerdo conmigo que ha demostrado que en las situaciones difíciles siempre tiene claro lo que debe hacer. Aunque sea para equivocarse, a veces.


Libertad Digital - Opinión

Zapatero, «Yira Yira». Por M. Martín Ferrand

Las relaciones bilaterales se fraguan con constancia y lealtad, dos ingredientes que escasean en el zurrón del leonés.

CON la jactancia con la que José Luis Rodríguez Zapatero suele presentarnos sus nimiedades como grandezas, la trompetería monclovita anuncia que mañana, domingo, el presidente del Gobierno —lo que queda de él— emprenderá una rápida visita a Túnez, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Puede y debe valorársele el esfuerzo, la voluntad de servicio; pero la política exterior, el mayor de todos sus muchos y grandes fracasos, nunca es fruto de un gesto o una frase. Las relaciones bilaterales se fraguan con constancia y lealtad, dos ingredientes que escasean en el zurrón del leonés como ya nos demostró, recién sobrevenido presidente, al tirar por la borda un largo proceso de aproximación y entendimiento con Washington que inició Felipe González, apalancó Javier Solana en sus días de la OTAN y perfeccionó José María Aznar. Algo que, dicho sea de paso, analiza con finura el ex embajador de España en USA, Javier Rupérez, en sus recientes Memorias de Washington.

Insisten los voceros zapateristas, para ponerle alzas a la estatura del líder, que será el primer dirigente europeo que aterrice en Túnez después de la caída de Zine El Abidine Ben Alí. Pues que bien. Quizá porque somos tierra y patria de navegantes y descubridores nos gusta presumir de ser pioneros; pero, a estas alturas de la Historia, es preferible incluirse en el grupo de los mejores que en el de los primeros. La calidad es sustancial y, en cambio, lo segundo —lo de Zapatero en Túnez— es meramente ordinal y, además, hay que forzar el concepto para que lo sea porque sin ser, en puridad, «un dirigente» hasta la muy inútil y también socialista Catherine Ashton ya estuvo allí. Y David Cameron visitó El Cairo a la caída de Hosni Mubarak.

Lo más notable del viaje de Zapatero es que se produzca, que el desánimo no cunda en él cuando los suyos, con evidente desapego, han empezado la carrera de la sucesión. Algo que sería obsceno de no ser acostumbrado en los rituales de la partitocracia en los que es más importante y decisivo el favor de los apparatchikque la voluntad y el aprecio de los ciudadanos. Carlos Gardel, gran conocedor de la miseria humana, podría cantarle al decadente líder socialista aquello tan expresivo del tango de Enrique Santos Discépolo: «Cuando manyés que a tu lado/ se prueban la ropa/ que vas a dejar...». Puestos a no tirar la toalla, como aconsejarían la prudencia y el patriotismo de consuno, es imprescindible salvar el tipo y, en ese sentido, buen destino es Túnez. Cualquier pueblo es bueno para un olvido o un disimulo y, no puede negarse, la actualidad es el más eficaz de todos los pretextos. Buen viaje.


ABC - Opinión

Rubalcaba. El Gobierno que iba a ampliar derechos. Por Pablo Molina

Dejemos sentado, una vez más, que el socialismo es una ideología totalitaria dispuesta para ser llevada a la práctica por tiranos vocacionales como ZP.

José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a las elecciones de 2008 con dos promesas centrales, basadas respectivamente en ampliar "los derechos de ciudadanía" y alcanzar el pleno empleo, no necesariamente por ese orden. Con esos dos pilares y la inteligentísima apuesta del PSOE por los molinillos de viento y las placas solares subvencionadas, lo que la hermenéutica zapateril dio en llamar "economía verde" o "sostenible", el banco socialista quedó apuntalado con las tres firmes patas que finalmente llevaron a Zapatero a repetir su victoria en las urnas ante el asombro general.

El pleno empleo ha acabado convirtiéndose en el paro absoluto y la economía sostenible ha devenido la imbecilidad más insostenible, por ruinosa, que jamás se le pudo ocurrir a un gobernante europeo. Pero vayamos al otro pilar programático del programa de ZP; ese con el que Zapatero prometió llevar a cabo una vasta "ampliación de los derechos de ciudadanía".


En realidad seguimos sin saber exactamente a qué derechos se refería el redactor del programa socialista salvo al de las niñas de 16 años a acudir a los abortorios sin conocimiento de sus padres, porque lo cierto es que la España de Zapatero es el país que más prohibiciones ha implantado en un más corto espacio de tiempo.

Aquí está prohibido fumar en los negocios privados de hostelería o fabricar hamburguesas más grandes de lo que determina el departamento ministerial competente. Hablando de comidas, si tiene hijos no puede meterles en la mochila un producto de los calificados como bollería industrial, y si tiene un medio de comunicación deberá evitar la publicidad de la llamada "comida basura" ante el riesgo de que los niños la vean y la administración le meta un multazo de mucho progreso. Si tiene un negocio abierto al público, además de vigilar constantemente a los clientes para que no enciendan un pitillo a escondidas, deberá comprobar con frecuencia el termostato para no sobrepasar los 21 grados en invierno ni los 26 en verano, que son los límites establecidos por la autoridad, "socialista por supuesto". Ah, y si vive en Cataluña, además de todo lo anterior olvídese de ir a una corrida de toros o de intentar que su hijo se eduque en castellano, porque el gobierno de "la ampliación de derechos de ciudadanía" ha decidido que eso no es libertad sino libertinaje. El colofón es que ahora, además, no se podrá superar en las autovías y autopistas el límite de velocidad que Rubalcaba, gran experto en tráfico, ha improvisado esta mañana mientras acudía a su cita con la prensa tras el Consejo de Ministros.

Solemnicemos lo obvio en honor al presidente y dejemos sentado, una vez más, que el socialismo es una ideología totalitaria dispuesta para ser llevada a la práctica por tiranos vocacionales como ZP, un tipo que siente una tendencia irresistible hacia a la metafísica más pedante porque resulta incapaz de aportar un análisis riguroso sobre cualquier circunstancia concreta de la política, la economía o la sociedad y tomar decisiones al respecto, que es precisamente para lo que le pagamos. Sin embargo, en un país tan lanar como España es el tipo de político que gusta al espectador medio del telediario de la Primera. ¿A que gana las elecciones de 2012?


Libertad Digital - Opinión

La prohibición sostenible. Por Ignacio Camacho

Un mundo progresista y feliz sin centrales nucleares, sin coches, sin corridas de toros. Y sin tabaco, claro.

PODRÍAN probar a prohibir los coches. De hecho ya lo han propuesto en algunas ciudades; cierto progresismo contemporáneo considera al automóvil el paradigma sinóptico de los males que afligen a la sociedad posindustrial. Contamina, consume combustibles fósiles y provoca accidentes, atascos y crispación nerviosa. Es un monstruo posmoderno, el enemigo natural del buen salvaje rousseauniano, un artefacto siniestro cuya abolición constituiría un salto cualitativo en la revolución adanista del mundo feliz. Un mundo sin centrales nucleares, sin coches, sin armas, sin corridas de toros, entregado a la bondad fraterna, a la alianza de civilizaciones y al ansia infinita de pazzzzzzz. Y sin tabaco, por supuesto.

Lejos queda el tiempo en que la mentalidad progresista consideraba al automóvil un símbolo de autonomía individual y de desarrollo. La época en que el Manifiesto Futurista de Marinetti proclamó que un coche a toda velocidad era más bello que la Victoria de Samotracia. Reliquias de la Historia; no hay nada más antiguo que un moderno pasado de moda. Ahora el mester de progresía reviste un estilismo peatonal y ecológico; el buen progre moderno se desplaza andando o en bicicleta, envuelve sus compras en bolsas reutilizables y se alumbra con bombillas de bajo consumo subvencionadas por el Gobierno. En esa utopía antimaquinista, en ese ambientalismo de atrezzo, el automóvil representa un rancio vestigio del pretérito industrialismo burgués, un anacronismo de humo y chatarra, una antigualla prescindible. Como las corbatas cuya supresión preconizaba el ministro Sebastián --el autor intelectual de la reducción de velocidad para ahorrar petróleo-como panacea contra el gasto en aire acondicionado. No era, al igual que este plan energético de sainete, una broma traviesa ni un chiste de Lepe ni un invento del profesor Frank de Copenhague; en su delirio de ingeniería social este Gobierno toma esta clase de ocurrencias absolutamente en serio.

Por eso es perfectamente verosímil que un día se atrevan a prohibir los coches, o al menos sacarlos a la calle; han prohibido fumar sin atreverse a vetar el tabaco, y han prohibido los toros sin suprimir la ganadería brava. Podrían incluir la medida en un plan de choque contra la siniestralidad vial o contra el cambio climático o contra el dispendio de combustible; disponen del mantra-comodín de la sostenibilidad para amparar el acto de poder que más les gusta, que es la prohibición, epítome supremo de la facultad de mandar. Y contra el pequeño inconveniente de los efectos en la industria automotriz y en el desempleo, ya han ensayado en los ERES de Andalucía la fórmula mágica de la reconversión sin bajas colaterales. Está al caer la subvención de bicicletas, y quizá antes de rendir mandato alumbren como gran innovación del transporte público sostenible la recuperación de la diligencia.


ABC - Opinión