Bondades nefastas. Por Hermann Tertsch

Poner coto a una delincuencia de gitanos balcánicos no es maldad, ni fascismo.

HAY que tener mucho cuidado hoy en día con lo que se dice. Hay que ser muy bueno y comprensivo y tolerante y amante del amor multirracial. Forzosamente. Si no se quiere uno convertir en un apestado que se merece lo peor. Por racista, xenófobo o nazi. Todos estamos advertidos. Ayer le tocó el turno al bueno de Esteban González Pons en la «televisión pública», que podría llamarse «TeleLukashenko». Sólo en Bielorrusia hay en Europa una televisión que rezuma tanto paleoizquierdismo como la casita de Oliart. González Pons tenía que responder a una pregunta sobre el debate abierto en toda Europa sobre la inmigración y en este caso sobre la política hacia la comunidad gitana llegada a Europa occidental desde los Balcanes orientales. González Pons no se batió mal frente a una pregunta, por supuesto malintencionada, que en síntesis venía a plantearle la sospecha de que el PP podría ser tan xenófobo y perverso como Sarkozy. Y el político del PP, consciente de que todo lo que dijera podría ser utilizado en su contra, recurrió a su zurrón de bellas palabras para hablar de las infinitas bondades de la integración, la convivencia y los derechos humanos. Es decir de todos los lugares tan comunes que nadie cuestiona. Sólo al final, con boca algo pequeña, aludió a los derechos de todos, «también de los españoles», y al cumplimiento de la ley por todos. Ahí, en el cumplimiento de las leyes, es donde está la cuestión a la que los políticos no quieren entrar. Por eso hay ya bolsas de inmigración para las que las leyes no parecen regir. Siguen hablando de «los casos aislados de delincuencia», de los éxitos de la integración y de otras quimeras que hace tiempo gran parte de la población sólo percibe para irritarse aún más. Nuestros políticos siguen minimizando u ocultando un problema que, como ya ha sucedido en Alemania o Francia, les acabará estallando bajo sus indolentes poltronas. Parecen estar esperando a que irrumpan en la política racistas de verdad y a éstos obtengan sus primeros éxitos de reclutamiento y votos entre ciudadanos hartos de ser tachados de racistas por expresar sus temores y hablar de realidades cotidianas.

En nuestro país, gracias a la hegemonía mediática de una izquierda simplista y manipuladora, puede existir la impresión de que Francia y Europa se han levantado indignadas contra las medidas de Sarkozy. ¡Quiá! Los doce mil manifestantes que protestaron contra ellas el pasado sábado en París reflejan mejor la realidad. La fotografía de Jane Birkin encabezándola, el prototipo de la «pijoprogre» que vive en el centro de París, en Saint Germain de Prés, donde no verá a un gitano rumano ni buscándolo, habrá confirmado a millones de parisinos de extrarradios —expertos en la convivencia con esta inmigración— que nada se les había perdido en aquella manifestación. Cierto, la cuestión es muy compleja y las medidas de Sarkozy pueden gustar o no. Pero poner coto a una delincuencia de gitanos balcánicos, que existe, y a su falta de voluntad de integración y cumplimiento de las leyes, que también, no es maldad ni fascismo. Temeridad es esa supuesta bondad, simple y mentirosa, que oculta los problemas con nefastas consecuencias.

ABC - Opinión

Beneméritos, pero mal pagados. Por M. Martín Ferrand

Solivianta el ánimo que un centenar de guardias civiles se manifiesten para reclamar algo que la Nación les debe.

YA sabemos que Alfredo Pérez Rubalcaba, gran señor de urdimbres y maquinaciones, tiene mucha tarea por delante. En los últimos días hemos podido verle, en sustitución de los tres vicepresidentes que adornan el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena negociación con el PNV de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos y, en el lugar del vicesecretario general y de la secretaria de Organización del PSOE, dedicado al zascandileo para favorecer a su colega ministerial, Trinidad Jiménez, en perjuicio de Tomás Gómez en el divertido vodevil que ha estrenado el socialismo madrileño de cara a su futuro enfrentamiento electoral autonómico con Esperanza Aguirre. Es mucha la capacidad del cántabro que tiene demostrada su potencialidad polimórfica, poliédrica y hasta polisémica; pero un violín, aunque sea Stradivarius, no soporta más de cuatro cuerdas.

Entre las tareas pendientes, descuidadas, por Rubalcaba no es la menor la de poner al día las condiciones y medios de trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es una responsabilidad que, mirando hacia atrás, puede compartir con sus predecesores en Interior —Alonso, Acebes, Rajoy, Mayor Oreja, Belloch...—, pero que ofende al sentido de un Estado en el que sus equivalentes autonómicos gozan de mejor retribución, mayor respeto y más adecuadas herramientas de trabajo. La Policía Nacional y especialmente, por su naturaleza militar, la Guardia civil tienen demostrada su eficacia y capacidad de servicio y entrega. Por eso solivianta el ánimo ciudadano que, a pesar de jugarse el empleo y empujados por el estado de necesidad, un centenar de guardias civiles hayan tenido que manifestarse para reclamar algo que la Nación les debe.

No vale, como justificación gubernamental, la invocación a la escasez de recursos disponibles. Bien está el ahorro en lo accesorio; pero, en lo fundamental, en lo que afecta a la columna vertebral del Estado, no caben recortes. La Guardia Civil —y la Policía Nacional— merece salarios dignos y no el agravio comparativo frente a sus colegas vascos y catalanes, necesita equipos de trabajo y material que no resulte anacrónico y, sobre todo, tiene derecho a un mayor reconocimiento ciudadano del que tienden a privarles una larga serie de circunstancias, entre las que destacan los complejos instalados entre quienes, sumergidos en la mentecatez plurinacional española, parecen incapaces de valorar adecuadamente lo que es la Nación y lo que deben ser los servicios del Estado que han de protegerla y hacerla funcionar. En cuanto Rubalcaba aligere su carga multifuncional debiera tomarse en serio esta tarea.

ABC - Opinión

BBC. Los altavoces del terror. Por Cristina Losada

Se adoptan definiciones menos negativas, más aceptables y benignas. Y, así, el muy honorable principio de preservar la imparcialidad conduce a ser parciales... en beneficio de los terroristas.

La discusión sobre el tratamiento informativo del terrorismo genera grandes dosis de hipocresía. Todo el mundo (serio) está de acuerdo en que los medios no deben de servir de vehículos a la propaganda terrorista. Sin embargo, helos ahí, tantas veces, en el papel de abrecartas y altavoces, y hasta de figurantes –nunca pescados al azar– en la tramoya publicitaria de alguna banda criminal de esa clase. Se ha especulado sobre los motivos por los que ETA entregó su último vídeo a la BBC y, al calor del fuego, se han contado bonitas historias de reporteros. Pero, navaja de Occam mediante, no parece que estemos ante un gran misterio. A través de la BBC pudo colocar su mercancía en las mejores tiendas de la aldea global y hacerlo de la manera que más le favorecía.

En sus primeros despachos, la cadena permitía inferir que ETA anunciaba el abandono de las "acciones armadas" para siempre. Era, como ha escrito Rogelio Alonso, una tergiversación que facilitaba una interpretación benévola de las intenciones de la banda. Será el síndrome de la primicia: a ver quién está dispuesto a quitarle octanos. O –de nuevo Alonso– sucumbió a las imágenes sensacionalistas ofrecidas por los criminales. Luego, como de costumbre, empleaba el tippex clásico: el término "terrorista" está proscrito por su carga emocional y subjetiva. Por tanto, se adoptan definiciones menos negativas, más aceptables y benignas. Y, así, el muy honorable principio de preservar la imparcialidad conduce a ser parciales... en beneficio de los terroristas.

La prensa británica ya nos regaló, en su día, un reportaje sobre De Juana Chaos, foto montaje incluido, que movía a la compasión con el autor de 25 asesinatos: "Esposado y demacrado, un asesino de ETA aboga por la paz en su lecho de muerte". Pero no se achaquen estas prácticas sólo a un desconocimiento de la naturaleza de la banda y a los residuos de viejas sospechas sobre nuestra democracia. Algo de eso hay, pero la complacencia con los terroristas traspasa fronteras. La propia BBC originó algún escándalo por sus accesos de simpatía hacia el IRA. Y en un caso en que el Gobierno pidió la censura de una entrevista, los periodistas hicieron huelga en protesta por la injerencia. Para encontrar las causas del buen trato a los terroristas en la prensa conviene seguir las huellas de la ideología.

Libertad Digital - Opinión

Política Ni-Ni. Por Ignacio Camacho

La educación no vende, no gana votos, y últimamente ya no es necesaria siquiera para triunfar en política.

TENEMOS una generación ni-ni tan numerosa (la segunda de la UE, por detrás de Italia) que ya se ha instalado hasta en la política. En la nomenclatura de los partidos emerge una pléyade de jóvenes que apenas ha terminado los estudios superiores e ignora lo que es cotizar a la Seguridad Social fuera del amparo de las nóminas de cargos públicos. En Andalucía, Griñán ya le ha dado el poder del PSOE a un par de ellos, cuya principal —y provechosa— escuela ha sido el nido del aparato orgánico; son audaces, agresivos y corajudos, pero les falta formación incluso en su propia ideología porque han llegado a la política en una época en la que la única ideología es el poder. No son ni serán los únicos; el fenómeno se está extendiendo por una vida pública que al fin y al cabo no es sino el trasunto de la propia sociedad. Y una sociedad intelectualmente desarmada no tiene más remedio que regirse por dirigentes modelados con el mismo perfil.

El problema es que llegados al poder no son sensibles con el problema educativo porque no lo perciben como tal; puesto que les va bien andan encantados de haberse conocido. La (mala) educación no sólo es el principal lastre de la competitividad española sino que lo va a seguir siendo porque la política le ha vuelto la espalda, ensimismada en la bronca, el clientelismo y las tácticas de corto plazo. Las inversiones educativas no proporcionan frutos inmediatos, rentabilizables cada cuatro años a vuelta de elecciones, pero es lo que suministra musculatura a un país y garantiza su desarrollo a futuro. En España los gobiernos modernos han construido escuelas y universidades —de éstas quizá demasiadas— pero no se han preocupado de la calidad de la enseñanza ni de la estructura del conocimiento; hemos estabulado en las aulas a varias generaciones pensando en su educación como un asunto estadístico. Y ni siquiera podemos presumir de cifras.

Van algunas, de antier mismo. Estamos 25 puntos por debajo de la media europea en educación posobligatoria y 14 en titulados de formación profesional de grado medio. Los universitarios de hasta 29 años con un trabajo inferior a su cualificación son un 44 por 100 frente al 23 medio de la OCDE. Y luego están los famosos ni-nis, emblema de una frustración social amenazadora. ¿Hace falta seguir o basta con pasearse por aulas y claustros? La retórica política sobre la innovación, el I+D y otros mantras es pura farfolla; nos falta conocimiento, masa crítica de estudios que aseguren una formación competitiva, y no hay programa de gobernanza que tenga de veras en cuenta esa carencia esencial en una nación contemporánea. La educación no vende, no gana votos, no tiene el tirón inmediato de las subvenciones ni el gancho de los dicterios dialécticos. Y últimamente ni siquiera sirve de requisito para triunfar en la propia política.

ABC - Opinión

Una cita clave en Cataluña

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

Cataluña empieza el curso con la mirada puesta en su principal examen: las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 28 de noviembre, cuatro años justos después de que José Montilla tomara posesión como presidente de la Generalitat. Pero no se trata de unos comicios que sólo interesen a los catalanes, sino que también incumben al resto de los españoles por obvias razones políticas, económicas e institucionales. Tras ocho años gobernada por una coalición de izquierdas e independentistas, la comunidad catalana se enfrenta a un cambio de ciclo que va más allá del presumible regreso de CiU al Palau de la Generalitat para afectar al modelo de sociedad y a la convivencia. La coyuntura es especialmente delicada: aguda crisis económica, desafección política de la ciudadanía a causa de unos dirigentes desacreditados, aumento sin control ni adaptación de inmigrantes, creciente fracaso escolar y un sinnúmero de conflictos derivados del malogrado Estatuto que, lejos de favorecer el encaje institucional, ha exacerbado las tensiones. Ante este escenario altamente volátil, sería demoledor que los partidos y sus dirigentes no enmendaran la forma de hacer política y se entregaran a una campaña barriobajera, pasional y demagógica, dando así alas a los tres principales enemigos de los catalanes: el abstencionismo ciudadano, fruto de la decepción; el abusivo intervencionismo gubernamental, que asfixia a la sociedad abierta; y el separatismo político, que envenena la convivencia entre los propios catalanes y con el resto de los españoles. Los políticos de Cataluña se engañan a sí mismos cuando ocultan la creciente distancia que les separa de los ciudadanos y aprueban normas que apenas si son demandadas o apoyadas por ellos. Un ejemplo nítido es el Estatuto: pese a que su reforma sólo la pedía una ínfima minoría, se embarcaron en una aventura que ha terminado mal y, para colmo, sin el apoyo de la gran mayoría del censo electoral, dudosa representatividad que los dirigentes se han empeñado en ocultar para no reconocer su propio fracaso. Pues bien, el cambio de ciclo que se aproxima también debe conllevar un cambio de gestión en las relaciones del Gobierno catalán con el Gobierno de la nación basado en las relaciones constructivas, el sosiego institucional y la solidaridad interregional. Las reglas del juego, establecidas en la Constitución y garantizadas por el Tribunal Constitucional, están para cumplirse con lealtad, no para burlarlas mediante subterfugios y argucias. En este envite se pone en juego la prosperidad del conjunto de España, pero en especial de los catalanes, cuyas principales preocupaciones no son los experimentos soberanistas, sino el paro, la formación de las nuevas generaciones, la competitividad, el sistema de bienestar y el reto inmigratorio. Todos los dirigentes políticos han coincidido en que Cataluña se enfrenta a unas elecciones históricas. Pues bien, es de esperar que hagan honor a esa cita con la historia y estén a la altura. O cuando menos, que actúen con lealtad a los ciudadanos y lealtad constitucional, que es lo mínimo que se le debe exigir a todo servidor público.

La Razón - Editorial

Salgado rectifica una rectificación de Salgado

Con su irresponsable política de gasto público, Gallardón no sólo está endeudando hasta las cejas a los madrileños,sino que está neutralizando la propia crítica de su partido al Gobierno por su escasa determinación a la hora de apretarse el cinturón.

Los irresponsables bandazos en política económica del Gobierno no cesan: después de que el ministro de Fomento, José Blanco, se llevara este verano la palma en este terreno al anunciar que consideraba "excesivo" el recorte de 6.400 millones en infraestructuras que él mismo había aprobado escasos meses antes, ahora nos sale la ministra de Economía y Hacienda rectificando el Decreto de Medidas de Contención del Déficit que había aprobado el pasado mes de mayo, y que ya contenía, a su vez, una importante rectificación respecto a lo que había aprobado días antes el Gobierno en Consejo de Ministros.

Para que los lectores no pierdan el hilo con tanto bandazo, debemos recapitular: tras reconocer que estábamos en crisis y, se supone, que de aceptar más tarde que de esta no salíamos disparando el déficit y el endeudamiento con ruinosos Planes E, parecía que el Gobierno iba a tomarse en serio las advertencias de nuestros socios comunitarios sobre la necesidad de ajustar los gastos a los ingresos públicos. De ahí vienen, entre otros, el plan de recorte de infraestructuras de Blanco y el plan de contención del Déficit de Salgado, anunciados ambos en mayo. En este último plan, el Consejo de Ministros había decidido prohibir de forma inmediata a todos los ayuntamientos la solicitud de nuevos créditos. Sin embargo, tras las protestas de no pocos ayuntamientos renuentes a apretarse el cinturón, el Gobierno rectificó la fecha de entrada en vigor de dicha prohibición posponiéndola al 1 de enero de 2011. Esta irresponsable modificación, que Salgado tuvo la desfachatez de atribuir a un error del BOE, ha servido para que no pocos ayuntamientos se lanzaran a pedir nuevos créditos, sabiendo que a partir del año que viene ya no podrían hacerlo.

Sin embargo, ahora Salgado nos anuncia una nueva y aun más irresponsable rectificación de su plan, por la que los ayuntamientos con una deuda inferior al 75% de sus ingresos sí podrán seguir pidiendo créditos. Aunque, entre las grandes ciudades, sólo Barcelona y Sevilla están por debajo de ese umbral de endeudamiento, esta rectificación no deja de ser un coladero para que los ayuntamientos prosigan por la suicida senda de vivir por encima de sus posibilidades, endeudando todavía más a sus ciudadanos y obstaculizando las posibilidades de recuperación económica.

Si la imagen del Gobierno, modificando constantemente y a peor, su política económica es patética, no menos lamentable es la imagen que, desde el PP, está dando, sobre todo, Alberto Ruiz-Gallardón. El consistorio que preside este "verso suelto" del PP es el más endeudado de España. Sólo él acapara el 50% de la deuda total de las capitales de provincia, con una deuda que supera nada más y nada menos que el 148% de sus ingresos. Con esta irresponsable política de gasto público, Gallardón no sólo está endeudando hasta las cejas a los ciudadanos madrileños, al tiempo que les causa no escasas molestias con sus faraónicas obras, sino que está neutralizando la propia crítica de su partido al Gobierno por su escasa austeridad y determinación a la hora de apretarse el cinturón.

Claro que no menos bochornosas han sido, en este sentido, las declaraciones del secretario de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, quien, en lugar de denunciar el irresponsable coladero que conlleva esta última modificación de Salgado, da la impresión de que le parece insuficiente. Así, Moreno ha acusado a Salgado de "faltar a la verdad" porque la "mayoría" de los municipios grandes "no se va a beneficiar" de la modificación del decreto. Asimismo, Moreno ha explicado que una gran mayoría de los municipios de más de 100.000 habitantes tienen un nivel de endeudamiento de más del 75% por lo que no podrán pedir nuevos créditos. Vamos, como si lo deseable fuera que no hubiera límites al endeudamiento de las administraciones (¿dónde quedó toda la saludable retórica favorable al déficit cero del PP?).

Por mucho que a estos políticos, que piensan más en el bolsillo de los administradores que en los de los ciudadanos, les parezca un "beneficio" seguir endeudándonos, lo que es un hecho es que los ayuntamientos no pueden quedar al margen de los planes de austeridad y de control del gasto que pide a gritos nuestra economía. Que los consistorios puedan seguir viviendo por encima de sus posibilidades, puede ser un provecho para los políticos y sus redes clientelares, pero no lo es en absoluto para los ciudadanos. Sin embargo, ya ven, aquí el PP y el PSOE parecen que compiten para ver quien es el más irresponsable.

Libertad Digital - Opinión

El factor Zapatero

La previsible derrota del PSC en las elecciones del 28-N alcanzaría de lleno a Rodríguez Zapatero a cinco meses del resto de comicios autonómicos y locales.

LAS elecciones catalanas del 28 de noviembre tienen una serie de valores políticos añadidos que harán que sus resultados trasciendan a la política nacional, además de constituirse en el juicio ciudadano sobre la tormentosa legislatura que ahora acaba. Quiera o no el PSOE, el 28-N es la primera prueba de fuego para Rodríguez Zapatero, porque a estas elecciones llegan en mal estado dos de sus invenciones políticas más críticas: el Estatuto de 2006 y la fórmula del tripartito socialnacionalista. Estos ejes de la política catalana son producto de la ingeniería de partido puesta en marcha por Zapatero en 2003 para sentar las bases de una consolidación del poder de izquierda en España, lo que exigía un pacto extremista con los nacionalismos radicales contra el PP y una subversión de los principios del Estado de las Autonomías. Ambos objetivos han sido un fracaso, como se vio en Galicia y el País Vasco, donde, respectivamente, el PP gobierna y permite a los socialistas gobernar; y como se ha visto en la sentencia del Tribunal Constitucional, que desmontó buena parte del tinglado confederal urdido por Zapatero. Además, se añade el balance, puro y simple, de la gestión del tripartito de Montilla, lo que pone a los socialistas catalanes en puertas de una derrota previsiblemente abultada, una derrota que alcanzaría a Zapatero a cinco meses del resto de elecciones autonómicas y de los comicios locales, lo que explicaría los mensajes escépticos o críticos de algunos barones territoriales del PSOE sobre la deriva del Ejecutivo central y sus llamamientos bien a una crisis de Gobierno, bien a una mejor comunicación con los ciudadanos. En ambos casos, se trata de síntomas claros de desconfianza, más o menos incipiente, en el factor Zapatero como estímulo electoral.

En relación más inmediata con el electorado catalán, la situación del PSC resulta claramente contraindicada para afrontar unas elecciones tan comprometidas como las del 28-N. Aparte de abandonos sonados, como el del consejero Antoni Castells, la llegada del aún ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no ha propiciado mensajes o imágenes positivas para el futuro candidato Montilla. Por el contrario, ha sido una decisión que garantiza complicaciones para los socialistas en una campaña en la que la economía y el desempleo van a estar muy presentes. Un candidato con el marchamo de una tasa del 20 por ciento de paro es muy vulnerable, y aún le queda la huelga general. El estado del socialismo catalán es manifiestamente defectuoso, internamente inestable y externamente asociado al fracaso de Rodríguez Zapatero en el Estatuto de 2006 y en la gestión de la crisis económica.

ABC - Editorial