Faisán, compromiso para la Justicia

Un acto de colaboración policial con terroristas no puede ni debe quedar impune. Solo nos queda la Justicia para reparar el daño causado.

LA decisión del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de no llamar a declarar como testigo en el «caso Faisán» al secretario de Estado del Interior, Antonio Camacho, ha causado extrañeza, e incluso disgusto, en las asociaciones de víctimas que ejercen la acusación popular en ese sumario. En principio, parecería justificado, con un criterio estrictamente investigador, que quien es identificado como usuario de un teléfono móvil implicado en unos hechos delictivos comparezca ante el juez, como testigo si el instructor lo cree adecuado, para que ofrezca su versión. El juez Ruz ha considerado que no es necesario el testimonio de Camacho, porque el tráfico de llamadas que afecta a su móvil encaja en las relaciones normales con sus subordinados. Pero las decisiones que se toman en una instrucción penal no son definitivas. Por eso, la actuación del juez Ruz deberá valorarse en conjunto, cuando finalice el sumario. Hasta entonces, debe contar con el margen de confianza que requiere una investigación tan delicada, siendo oportuno recordar que Garzón dejó este caso empantanado y que el Ministerio Fiscal presionaba para que se le diera carpetazo. El juez Ruz lo ha reactivado con diligencias que demuestran que aún quedaba espacio para investigar y para determinar definitivamente quiénes fueron los traidores que avisaron a una banda de terroristas —aviso que el juez califica como «delación policial»— de que la Policía iba a actuar contra ellos.

El ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, reaccionó tras el auto del juez Ruz exigiendo que se disculpen con Camacho quienes lo habían señalado por el «caso Faisán». No debe precipitarse Rubalcaba, porque él mejor que nadie sabe que los sumarios que se adentran en «las cloacas del Estado» están plagados de sorpresas y si requiere disculpas a Camacho tendría que asumir, o hacer asumir, las consecuencias de que varios subordinados de su secretario de Estado se encuentren imputados por —léase despacio— colaborar con la banda terrorista ETA. Visto que, como ha sido norma habitual en los gobiernos socialistas, no existe responsabilidad política alguna por infringir la ley en la lucha contra ETA, sea en un sentido o en otro, el «caso Faisán» es un compromiso para la Justicia ante la sociedad y las víctimas del terrorismo. Un escándalo infamante como este, un acto de colaboración policial con terroristas, no puede ni debe quedar impune. Solo nos queda la Justicia para reparar el daño causado a la confianza en el Estado, como sucediera en su momento con los GAL.

ABC - Editorial