Racionamiento privado y despilfarro público

Salvo que queramos avanzar a pasos agigantados por el camino de la servidumbre, a quien le corresponde decidir qué debe hacer el ciudadano con su renta disponible, en qué gastarla y cuánto ahorrar es al propio ciudadano.

No contento con su liberticida ocurrencia de limitar la velocidad máxima en carretera a 110 Km/h como medida de ahorro forzoso en gasolina, el Gobierno baraja, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, otra colectivista medida de ahorro energético como sería la de poner una tasa por acceder en coche al centro de las ciudades. De esta forma, y según ha explicado el presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, sólo los vehículos con matrículas pares podrían circular por los centros urbanos los días pares, mientras que los de matricula impar lo harían el resto de días. Por si esto fuera poco, el PSOE también ha analizado la posibilidad de limitar todavía más la velocidad en los cascos urbanos, pasando del máximo actual de 50 a 30 Km/h.

Parece evidente que, con estas disparatadas medidas, las autoridades públicas no buscan sino nuevos medios para satisfacer su voracidad fiscal mediante nuevas tasas y multas. Con todo, y aun concediendo que fuese una inédita preocupación gubernamental por el ahorro lo que las motiva (algo que, por cierto, no parece compartir el keynesiano secretario de Estado de Economía) habría que señalar que, con ellas, el Ejecutivo invade esferas que no le competen. Y es que, salvo que queramos avanzar a pasos agigantados por el camino de la servidumbre, a quien le corresponde decidir qué debe hacer el ciudadano con su renta disponible, en qué gastarla y cuánto ahorrar es al propio ciudadano. Ese es un derecho de toda persona tanto como es un deber de las administraciones públicas hacer un uso austero y eficiente de los recursos que extraen del contribuyente.

Si tanto le preocupa al Gobierno el ahorro en energía, en lugar de disparatadas y liberticidas medidas de racionamiento, que empiece por liberalizar el modelo energético; pues ahora impone barreras a ciertas formas de producción de energía, como la nuclear, y fija los precios, distorsionando su irremplazable función de informarnos de su demanda y escasez relativa.

Esta nueva cantinela del ahorro es, por otra parte, tanto más insultante para el ciudadano cuando las administraciones públicas siguen gastando mucho más de lo que ingresan, como deja en evidencia sus casi cien mil millones de déficit. Aunque esta cifra, que supone un 9,2% del PIB, cumpla con la promesa que el Gobierno le hizo a Bruselas, no por ello deja de situar a España en el vagón de cola de la UE. Eso, por no hablar de que esta reducción en conjunto del déficit público se debe exclusivamente al Estado central, pues los ayuntamientos y, sobre todo y a gran distancia, las comunidades autónomas siguen incumpliendo de manera creciente sus compromisos en este terreno.

Bien está que las diversas administraciones hagan esfuerzos por un consumo más eficiente de la energía que ellas consumen, siempre y cuando no pongan en peligro al ciudadano (por ejemplo, con una reducción de la iluminación en carreteras). Pero incluso el más plausible y legítimo ahorro estatal en energía será el chocolote del loro comparado con otro tipo de despilfarro público contra el que no se quiere meter tijera.

Libertad Digital - Editorial

Crisis energética. Un escenario energético dantesco. Por Emilio J. González

No sé si los riesgos potenciales que amenazan a nuestro país en materia de energía llegarán a materializarse o no. Pero basta con que uno de ellos se haga realidad para que a la grave crisis económica que ya padecemos se superponga una segunda.

Decía John Lennon que la vida es lo que te pasa mientras haces planes. Es lo que le está ocurriendo a Zapatero con la economía. El presidente del Gobierno llegó a La Moncloa en 2004 con la cabeza llena de planes de corte ideológico para cambiar España de arriba abajo, entre ellos el de convertirnos en el país ‘verde’ por excelencia, firmando la sentencia de muerte de la energía nuclear y apostando, a cambio, por transformarnos en el paraíso de las energías renovables. De esta forma, se embarcó en una política energética que, lejos de atacar de raíz los problemas en este sentido de nuestra economía, y sin tener en cuenta los principios básicos de toda estrategia energética sensata en el siglo XXI, se dedicó a planificar y ejecutar lo que tenía en mente, sin querer asomarse lo más mínimo a la realidad. Ahora, esa realidad autónoma de la voluntad de ZP ha seguido su curso y puede poner a España en una situación energética y económica más difícil de lo que ya está.

Nuestro país tiene una dependencia del petróleo y del gas muy elevada. El 75% de la energía que consumimos tiene ese origen, pero en España no producimos ni petróleo ni gas, con lo que nuestra dependencia del exterior es, también del 75%, frente al 50% del promedio de la Unión Europea. Esto no es nuevo; siempre ha sido así porque el modelo de desarrollo económico español ha sido intensivo en el consumo de energía, lo mismo que en el resto de Europa. Pero mientras al norte de los Pirineos tuvieron muy claro que había que reducir la dependencia del ‘oro negro’ y apostaron por la energía nuclear, aquí llegaron los socialistas al poder en 1982 y pararon todos los planes. Y mientras en el resto de la UE ya se están construyendo nuevas centrales nucleares, aquí seguimos cerrándolas aunque todavía tengan vida útil, para sustituirlas por los molinos y las placas solares que, ni de lejos, aportan en conjunto tanta energía como las centrales nucleares.

Pues bien, con este panorama, ahora llegan las revueltas políticas que están teniendo lugar en Oriente Medio y el norte de África, donde se encuentran nuestros principales abastecedores de petróleo y gas. Y las incertidumbres en torno al resultado de los acontecimientos que se están desarrollando en esas naciones está disparando el precio del petróleo, sin que nadie tenga nada claro qué va a pasar allí al final. Pero, mientras tanto, las amenazas ya empiezan a cernirse sobre la economía mundial en general y la española en particular. La primera cuestión es si los hechos que están teniendo lugar en Egipto van a implicar un posible cierre del Canal de Suez. Si se materializa esta posibilidad, el coste para la economía española será de medio punto que se restará al crecimiento, a causa de los mayores costes de transporte derivados de que los petroleros tengan que circunvalar todo África para llegar a nuestras costas. Ese coste puede devolvernos a la recesión y acelerar nuevamente la destrucción de empleo. A ello hay que añadir que si el petróleo no ya sigue subiendo sino que tan sólo se mantiene a los precios que ha alcanzado estos días, el impacto inflacionista será inmediato, lo que provocará o nuevas pérdidas de competitividad si los salarios se adaptan a ello, lo cual sería un grave error, o menos poder adquisitivo y menores resultados empresariales y, por tanto, menos consumo, menos inversión, menos empleo, menos crecimiento económico y más paro. Y, además, con la amenaza de que el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos de interés para atajar cualquier presión inflacionista, lo que no sólo agravará nuestros problemas de naturaleza macroeconómica, sino que colocará nuevamente a muchas familias endeudadas hasta las cejas con su hipoteca en una situación muy difícil que puede suponer todavía más duros golpes a un sistema financiero español ya de por sí bastante maltrecho. Vamos, que nos metemos de nuevo plenamente en la segunda oleada de recesión y de crisis de las cajas de ahorros cuando todavía no hemos terminado de superar la primera. Y eso por no hablar de cómo vamos a pagar la energía que importamos con los problemas tan serios que tenemos de balanza de pagos.

Si este panorama ya es de por sí bastante deprimente –¿qué no lo es con la economía española en la era ZP?– pensemos ahora en lo que puede ocurrir si, simplemente, alguno de los protagonistas de los conflictos de estas semanas deja de exportar petróleo o gas, o si los problemas se extienden a Argelia, de donde procede alrededor del 50% del gas que consumimos. Este escenario dantesco no sólo implicaría precios astronómicos de los hidrocarburos, con sus terribles consecuencias macroeconómicas; implicaría también incluso un posible desabastecimiento del mercado español hasta que se encontraran proveedores alternativos, lo cual no es tan sencillo ni lleva tiempo. El peor de los escenarios posibles, por tanto, es terrible, infernal. Pero nada de esto tendría por qué suceder si Zapatero hubiera seguido los dictados que marca la política energética internacional del siglo XXI.

Esa política se caracteriza por la combinación de tres principios: la seguridad en el abastecimiento, precios que no estrangulen el crecimiento económico y respeto al medio ambiente. La energía nuclear cumple perfectamente con los tres. Sin embargo, a Zapatero no le ha preocupado nada más que el tercero, y de forma ideológica y sesgada, y en lugar de dedicarse a trabajar por la reducción de nuestra dependencia energética del exterior a través de una apuesta clara por el átomo, como está haciendo el resto de la Unión Europea, se ha dedicado a jugar al ecologismo mal entendido con la promoción de las energías más caras de todas, las renovables, que no constituyen, ni de lejos, alternativa válida alguna a la nuclear.

No sé si los riesgos potenciales que amenazan a nuestro país en materia de energía llegarán a materializarse o no. Pero basta con que uno de ellos se haga realidad para que a la grave crisis económica que ya padecemos se superponga una segunda de igual magnitud. Esperemos que no sea así. Esperemos, también, que ahora que estamos viendo de verdad las orejas al lobo los políticos se dejen de demagogias de una vez por todas y apuesten abiertamente por la energía nuclear, ya que Zapatero se niega a hacerlo.

Libertad Digital - Opinión

La factura ecológica. Por Gabriel Albiac

Aquellos bucólicos ecologistas, tan monos ellos, vuelven a mi memoria cada vez que me llega la factura eléctrica.

SUS devotos lo llamaban «el rey Ludd», King Ludd. Puede que, en realidad, ni haya existido aquel legendario Ned (otros dicen que John) Ludd sobre cuya leyenda cristaliza, en el final del siglo XVIII, la primera investidura del santoral obrero que marca al naciente socialismo, antes de que Karl Marx haga añicos sus ensoñaciones. Existieron los ludditas, en todo caso. Fueron una expresión extrema de la desesperación que produce siempre ver desaparecer el mundo propio. Y no saber qué hacer con el que ya lo ha reemplazado. Soñar —o alucinar, no hay tanta diferencia— con invertir el giro despiadado de los relojes ha sido siempre uno de los más conmovedores anhelos humanos. Y el más trágico. Walter Benjamin, al final de su vida, le daba imagen grandiosa en el absurdo de los revolucionarios que disparan contra los relojes de las torres. Pero el tiempo es más despiadado que cualquier bala.

La idea de los ludditas, a partir sobre todo de 1811, era de una emotiva sencillez: las máquinas destruyen el bello saber hacer del artesano; destruyamos las máquinas. Lo hicieron. A lo largo de dos décadas, en los telares mecánicos cifraron ellos la huella de Satán contra los hombres. Nottingham, Lancashire y Yorkshire vivieron una guerra civil que dio al ejército británico más ocupación que las guerras napoleónicas. Del saldo deja melancólica cuenta Marx en la sección cuarta del libro I del Capital: «La destrucción masiva de máquinas en los distritos manufactureros ingleses durante los 15 primeros años del siglo XIX, a consecuencia de la explotación del telar a vapor, ofreció, bajo el nombre de movimiento luddita, al gobierno el pretexto para aplicar las medidas represivas más reaccionarias». Con las máquinas, los ludditas destruían la única posible fuente de supervivencia obrera.

Así nosotros. Nuestro mundo vive, desde el inicio de los setenta, en la certeza de que el petróleo no puede seguir siendo la base energética del planeta. Monopólico, caro, insuficiente, es una fuente de energía llamada a extinguirse, a la manera en que dejó de ser rentable el carbón. Y no existe más que una alternativa racional al petróleo: las centrales nucleares. A nuestro lado, Francia, que apostó por ellas, posee la electricidad más barata de Europa. Y no depende de nadie. Nosotros dependemos de Francia que nos vende esa electricidad nuclear, de la Argelia en permanente amenaza islamista y de la gangsteril Rusia de Putin, que nos venden gas y crudo, además, claro está, de la compartida dependencia mundial respecto de las atroces tiranías que controlan el petróleo del Golfo.

La peculiaridad es que aquí el desarrollo de las centrales nucleares lleva tres décadas paralizado. Desde que ETA consiguió, con el asesinato de Ryan y el cierre de Lemóniz, la mayor victoria de su historia, tal vez la única. Y nuestra mayor ruina.

Allá por los setenta les reíamos las gracias a aquellos bucólicos ecologistas, tan monos ellos, con sus florecillas y sus infantiles carteles de «¡Nuclear no!» Treinta años después, vuelven a mi memoria cada vez que me llega la factura eléctrica. No con una sonrisa. Dice el clásico que quien quiere hacer el ángel acaba haciendo el bestia. Y alguien paga. ¿Quién? Nosotros.

ABC - Opinión

Tarifas en crisis

La enorme subida del recibo de la luz obliga al Gobierno a reformar la regulación eléctrica.

La decisión del Gobierno de subir la tarifa eléctrica en el 9,8% para unos 20 millones de consumidores obedece a la lógica aceptada en una economía de mercado: en un sistema regulado, los precios tienen que recoger los aumentos de los costes. Si además se sabe que en estos momentos los consumidores españoles deben unos 20.000 millones de euros a las compañías eléctricas en concepto de déficit de tarifa, que tienen que pagar porque así lo dice la ley, la subida de la luz en enero era inevitable. Pero los efectos políticos son otro cantar. Una subida de esta magnitud, sin precedentes en la historia energética española, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2011 probablemente será necesario aprobar nuevos aumentos, contribuirá a reducir la renta de las familias (sobre todo sumada a los encarecimientos del gas, casi el 4%, o del transporte) y aumentará el malestar social en un periodo recesivo.

El espinoso problema de las tarifas eléctricas suscita dos preguntas: cómo se ha llegado a esta situación y qué soluciones existen para rebajar una deuda de 20.000 millones que, además de cuestionar la solvencia de las empresas que la soportan en sus balances, pesa como una losa sobre el mercado español de deuda. A la primera pregunta, la respuesta es que el PP fabricó un método de cálculo de la tarifa que derivó hacia el futuro todos los aumentos imprescindibles. Embalsó los precios (una muestra de la política económica favorita del PP) para que los pagaran los consumidores del futuro y se colgó la medalla de no subir la luz. Los Gobiernos del PSOE han sido incapaces, en más de siete años, de deshacer ese entuerto. Conocían los riesgos de una deuda creciente, pero demoraron en varias ocasiones las subidas necesarias y se negaron a enfrentarse a una reforma en profundidad del sistema. El resultado es que el recibo de la luz carga hoy con facturas insoportables; sobre el usuario pesan desde las ineficiencias del sistema (la disparatada subvención al carbón nacional) hasta la obligación de primar energías renovables cuyos beneficios, en algunos casos, no son evidentes.

Las soluciones requieren una capacidad política que, hasta ahora, brilla por su ausencia en Industria. El decreto de la semana pasada, que recortaba los costes reconocidos a las empresas y reducía las primas a las fotovoltaicas, es una gota en un océano; ahorrará, si todo va bien, 4.600 millones en tres años. Pero solo en 2011 el déficit de tarifa aumentará en otros 5.000 millones. Para hacer frente a la crisis, el Gobierno tiene que elaborar un calendario de subidas, conocido por consumidores e inversores; negociar con empresas y bancos una reestructuración de los compromisos de subvención a las renovables; imponer más controles y evitar los excesos en la producción renovable; y reformular el sistema de forma que las compañías ya no reciban beneficios regulatorios por las instalaciones amortizadas (nuclear e hidráulica). La regulación eléctrica debería haberse corregido en 2004. No se hizo y los consumidores pagan hoy las consecuencias.

El País - Editorial

Subida de la luz. El caos de la energía. Por Emilio J. González

Nada de esto ocurriría si el Gobierno hubiera tomado el mismo camino que, desde hace ya algunos años, están siguiendo el resto de países de la Unión Europea: el retorno a la energía nuclear.

El Gobierno ha conseguido transformar la política energética en un verdadero caos en el que nadie sabe a qué atenerse excepto a que los ciudadanos pagamos cada vez más por el recibo de la luz a cuenta de las iluminaciones de Zapatero y su equipo. De momento, el Ejecutivo acaba de aprobar un incremento del precio de la electricidad para uso doméstico del 10%–, para recibir bien el año nuevo–, que se suma al aumento de más del 30% que viene registrando desde el año pasado. La excusa es el precio del petróleo, que se ha situado por encima de los 90 dólares por barril, y un euro que se debilita frente al dólar, la divisa en la que se paga el crudo. Pero la realidad es que todo esto no es más que el producto de la insensata estrategia en materia de energía que viene siguiendo ZP desde que llegó al poder.

Hoy por hoy, la estrategia de política energética de los países desarrollados se basa en tres pilares: la seguridad en el abastecimiento, que éste sea a costes razonables y que la producción y consumo de energía sean respetuosos con el medio ambiente. Pues bien, Zapatero ha hecho justo lo contrario en los tres puntos. En primer término, seguimos teniendo una fuerte dependencia de los productos energéticos importados, en concreto, del petróleo y del gas natural. De hecho, el 70% de la energía que consumimos, que se corresponde con estas dos fuentes, procede del exterior, veinte puntos más que la media de la Unión Europea. Y esto no lo ha cambiado, ni mucho menos, la apuesta por las energías renovables que viene desplegando Zapatero desde que llegó al poder y que, a la vista de los resultados, es un verdadero fracaso en tanto en cuanto nuestra dependencia externa sigue siendo muy elevada y expone a la economía española a dos riesgos fundamentales: el de la falta de abastecimiento si algún día hay algún problema en los países que nos suministran productos energéticos, que ni son democracias ni son políticamente estables, y el de encontrarnos expuestos permanentemente a los vaivenes en la cotización del petróleo y del gas, que suelen ser al alza. Con lo cual, pagamos la energía cada vez más cara y, encima, seguimos sin corregir a cuenta de ello nuestro grave problema de balanza de pagos.

Las renovables no nos solucionan el problema porque, si bien no dependemos del exterior en este terreno, son energías muy caras y que hay que subvencionar, tanto vía presupuestos como vía tarifa, y, por tanto, incrementan de manera considerable el recibo de la luz y así, junto con nuestra fuerte dependencia energética del exterior, somos cada vez más pobres y tenemos más problemas con nuestro crecimiento económico a través de los costes de la energía. Encima, para empeorar aún más las cosas, a Zapatero no se le ha ocurrido nada mejor que obligar a las eléctricas que operan en España a consumir carbón nacional para producir energía, el cual es mucho más caro que el carbón importado y, además, es altamente contaminante, lo cual se contradice con los principios segundo y tercero de la política energética en los países desarrollados. Y todo para mantener artificialmente a la minería del carbón de Rodiezmo y demás zonas hulleras, que son caladeros tradicionales de votos para la izquierda. Un capricho que tenemos que pagar entre todos.

Nada de esto ocurriría, sin embargo, si el Gobierno hubiera tomado el mismo camino que, desde hace ya algunos años, están siguiendo el resto de países de la Unión Europea: el retorno a la energía nuclear. Esta es la única fuente de energía que, en lo que a España se refiere, cumple con los tres principios de la política energética moderna. Tenemos seguridad en el abastecimiento entre otras cosas porque en nuestro país se encuentran las mayores reservas de uranio de Europa. Su precio no plantea problema alguno ni para el crecimiento económico ni para las economías domésticas porque es un 30% inferior al precio actual de la luz. Y desde que se puede reutilizar el 95% del uranio empleado en la producción de electricidad y para el 5% restante se han desarrollado sistemas altamente seguros de almacenaje de residuos, es una energía limpia. Hasta el fundador de Greenpeace lo reconoce, por no hablar ya del Felipe González que decretó el ‘parón’ nuclear. Pero Zapatero, que sigue anclado en las obsesiones de su adolescencia, no lo admite. Se niega por completo a aceptarlo y se ha empeñado en cerrar las centrales nucleares españolas, le cueste lo que le cueste, cuando en ellas, y en el desarrollo de otras nuevas, reside la solución.

Ahora bien, cuando llega el momento de la verdad, Zapatero tampoco está por la labor de responsabilizarse plenamente el coste de sus decisiones, sobre todo en lo que al apoyo de los ciudadanos a los socialistas se refiere, y ahora pretende que las eléctricas asuman parte del coste con tal de no trasladarlo a las familias en su totalidad. Lo cual es una decisión tremendamente errónea, cuyas consecuencias las vamos a pagar en el futuro. Si hace tiempo que las eléctricas vienen frenando su ritmo de inversiones en España, debido a las crecientes incertidumbres regulatorias que derivan de este Gobierno, ahora, simplemente, van a dejar de hacerlo, con lo cual corremos el riesgo de que suceda lo mismo que a principios de la década pasada, esto es, que los apagones estén a la orden del día porque el Ejecutivo de Aznar se empeñó en bajar la inflación a golpe de reducción de tarifa por decreto y las eléctricas, en consecuencia, dejaron de invertir. Y por si no fuera bastante con ello, las empresas relacionadas con las energías renovables ahora ven cómo peligran sus inversiones porque de la misma forma que Zapatero decidió subvencionarlas, ahora ha decidido recortar las ayudas. Véase, por ejemplo, el caso de las fotovoltaicas. Vamos, que ZP es incapaz de mantener en el tiempo sus apuestas si éstas limitan su capacidad para gastarse los dineros públicos en sus demás políticas ideológicas.

El mundo de la energía, como se ve, es un verdadero caos y está completamente patas arriba a causa de las iluminaciones de ZP, ese presidente tan social que no duda en empobrecer todavía más a los españoles con tal de seguir adelante con sus ocurrencias y no dar su brazo a torcer.

Libertad Digital - Opinión

Recortes. Así que las renovables creaban empleo.... Por Juan Ramón Rallo

El Gobierno no invertía nuestro dinero forzosamente en una industria puntera, sino en una que no estaba en absoluto madura y que sólo podían medrar desmantelando la industria española y vampirizando a nuestras familias.

No creo que sea necesario recordar que una de las mayores tonterías económicas que hemos escuchado en los últimos años ha sido que convenía destinar el dinero de los contribuyentes a las energías renovables... porque generaban empleo. Uno podría buscarse los más variopintos argumentos para justificar la inversión forzosa en este sector no rentable –desde la necesidad de reducir nuestra dependencia del petróleo a la obsesión medioambientalista de disponer de fuentes de energías limpias distintas de la nuclear–, pero no, desde luego, la generación de empleo. No, a menos, claro, que uno quisiera saltarse a la torera todas las leyes económicas habidas y por haber.

Porque destruir valor económico –y eso es lo que sucede cuando los gastos superan a los ingresos– nunca genera empleo. Al contrario, reduce la producción de bienes y por tanto los salarios que pueden percibirse –y si esos salarios son inflexibles a la baja, como acaece en España, genera paro–.

Ya hace casi dos años que Gabriel Calzada, Raquel Merino y un servidor publicamos un estudio en el que calculábamos que, como media, la inversión en energías renovables había destruido en España alrededor de 2,2 puestos de trabajo por cada empleo que se buscaba crear con ellas. El informe tuvo tanta repercusión –no era para menos, pues desvelaba uno de los muchos timos por los que en este país unos pocos se lucran mucho a costa de los contribuyentes– que hubo más gente interesada en atacarlo que en entenderlo.

Así, uno tuvo que asistir a un chorreo de críticas contra irreconocibles muñecos de paja que, según decían, aparecían en nuestro informe. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los críticos ni siquiera fue consciente de que nuestro estudio no comparaba la dotación media de capital en las energías renovables con la dotación media de capital en la economía; ingenuos o maliciosos, trataban de vender al público la mercancía averiada de que estábamos afirmando que las renovables destruían empleo... porque eran más intensivas en capital que el resto de industrias del país.

Más bien, lo que sí hacíamos era comparar el capital medio por trabajador que el Estado tenía que abonar a las renovables para volverlas rentables con la dotación media de capital en el resto de la economía. Vamos, que comparábamos el agujero de rentabilidad del negocio (sic) de las renovables con el uso productivo que se le hubiese podido dar en el sector privado al capital con el que se lo tapaba. Resultado: 2,2 empleos destruidos por cada uno que se pretendía crear... y eso hasta 2008. Si hoy rehiciéramos el cálculo, tras el diluvio de subvenciones de los últimos dos años, a buen seguro sería mucho mayor.

Podría aburrirles con más pseudocríticas carentes de fundamento. Los interesados tienen la opción de acudir al informe que tuvo que encargar la Administración Obama –interesada en extender el timo renovable español a EEUU– para compendiar y dar carácter oficial a todo el cúmulo de errores que ya nos habíamos encargado de refutar con anterioridad en varios artículos.

Pero bueno, y al final, ¿tanta discusión para qué? Pues para nada, al menos en España; en Estados Unidos, pese a las trolas de Obama, sí les fue útil para convencerse de que no era inteligente que nos comparaban el muerto a precio de oro. "Antipatriotas", nos gritó la izquierda; lástima que tanto fanático no se diera cuenta de que el mensaje para nuestro país era otro: imposible de enmendar el pasado, al menos no enmierden el futuro, esto es, supriman las primas a las renovables, al menos a las de nueva instalación. Pero no, ni una palabra sobre el suicidio que suponía seguir cebando un déficit eléctrico que ya estaba a punto de reventar. Los deseos de la izquierda por engañar a los yanquis eran mayores que su honradez para dejar de hacer trampas en su particular solitario. Así nos ha ido.

Al cabo, aquí siempre ha valido más un asentado prejuicio ideológico que un buen razonamiento económico, de modo que, dos años después, al Gobierno socialista y proverde no le ha quedado más remedio que aterrizar forzosamente a la realidad. La vía que ha decretado el Gobierno para sufragar el enorme déficit tarifario destinado a rentabilizar las renovables ha sido directamente no pagarlo y decirles a las eléctricas: con sus molinillos y placas solares se lo coman. El default, cruel precedente para cualquiera que siga confiando en las promesas de este Gobierno.

Claro que si las renovables son tan productivas, eficientes, vanguardistas, sostenibles, enriquecedoras y chupimegaguays, habrá que esperar que a partir de ahora se sostengan sobre sus propios pies y que si mueren sólo sea de éxito, ¿no? Pues no. Lo que ha sucedido en esta canonjía ha sido mucho más simple: su prosperidad era nuestra decadencia. El Gobierno no invertía nuestro dinero forzosamente en una industria puntera –en cuyo caso ya lo habrían hecho las empresas privadas por sí mismas–, sino en una que no estaba en absoluto madura y que sólo podían medrar desmantelando la industria española y vampirizando a nuestras familias mediante un expansivo coste de la electricidad o mediante nuevos y sangrantes impuestos futuros. Lo dicho, todo un chollo para el país. Menos mal que aquí nadie nos hizo ni caso. Dónde estaríamos si no.

Libertad Digital - Opinión

Decreto de Navidad. Por José Antonio Navas

Industria no sabe qué hacer para solventar la insuficiencia crónica de los ingresos del sistema eléctrico.

El Ministerio de Industria no sabe qué hacer para solventar la insuficiencia crónica de los ingresos del sistema eléctrico y busca recónditos acomodos para evitar que el recibo de la luz se convierta en una espada de Damocles sobre la cabeza del Gobierno. Ahora, y para suavizar la necesaria subida de precios a partir de Año Nuevo, el ministro Sebastián se ha sacado de la manga un real decreto que echa por tierra gran parte de los acuerdos establecidos en 2009 con el sector. El listón del déficit de tarifa previsto para el próximo ejercicio se eleva en 1.000 millones con la supuesta pretensión de poder bajar los costes de acceso que son uno de los dos grandes vectores, junto al precio de la energía, que conforman la factura eléctrica. El Gobierno recorta además las primas fotovoltaicas por la vía de la limitación de horarios con el fin de ahorrarse 800 millones extra en subvenciones, al tiempo que hace pagar a las eléctricas otros 500 millones por planes de ahorro y eficiencia y por peajes de transporte eléctrico. El decreto de Nochebuena debería servir también para rebajar el «regalito» de esa subida del 10% anunciada en el recibo de la luz. A simple vista sería una buena noticia pero en todo caso el decreto de Noche Buena no es más que otra trampa en el solitario energético que maneja Sebastián.

ABC - Opinión

Demagogia energética

Es difícil competir en demagogia con un presidente que regala todos los años miles de millones de euros de los contribuyentes a las multinacionales de lo renovable mientras presume de "rojo" y "defensor de los trabajadores".

Nada nos alegraría más que el foco con que se mira la intervención pública en el sector energético abandonara "la ideología" y se centrara en la "cuestión económica", como ha prometido Cristóbal Montoro. Si así fuera, las negociaciones para alcanzar un pacto de estado se centrarían en el excesivo papel que juega el Estado en ese mercado, al imponer los precios, subvencionar unas energías y prohibir otras.

No obstante, lo cierto es que no hay muchas razones para tener esperanza. Tanto PP como PSOE han mantenido en sus respectivas épocas al frente del Gobierno la potestad de éste de decidir cómo se produce la energía en España y a qué precio se vende. Durante años hemos estado pagando las consecuencias de la decisión de Felipe González de paralizar la construcción de centrales nucleares y ahora pagamos y seguiremos pagando la decisión compartida por ambos partidos de llenar España de fuentes de energía caras e ineficientes, mantenidas sólo a base de subvenciones.

Cierto es que en lo malo también hay grados y que la demagogia del PP negándose a que se suba el regulado precio de la energía –lo que nos endeuda a todos los españoles aún más con las compañías eléctricas– es difícilmente comparable con la del presidente "antinuclear" que ha decidido mantener los precios a niveles muy bajos mientras multiplicaba los costes con su impulso a tecnologías que merecen sin duda ser calificadas de verdes, pero por lo poco maduras que están para ser explotadas comercialmente. Un presidente que ha decidido cerrar una central nuclear en perfecto estado y completamente amortizada, que podría habernos dado al menos diez años de electricidad a un precio ridículo. Un presidente que regala todos los años miles de millones de euros de los contribuyentes a las multinacionales de lo renovable mientras presume de "rojo" y "defensor de los trabajadores".

El problema es que la crisis nos está obligando a hacer recortes, y el pozo sin fondo que suponen las energías subvencionadas empieza a no ser asumible. De ahí que Miguel Sebastián, que combatió furiosamente aunque sin argumento alguno el llamado "informe Calzada" sobre las consecuencias negativas en el empleo de la política energética del Gobierno, ahora las critique y busque cualquier razón para hacerles una publicidad negativa. Y que busque el apoyo del PP para que éste no se dedique a hacer lo único que sabe hacer el Gobierno de Zapatero: demagogia.

Nos daríamos con un canto en los dientes si este "pacto de estado" supusiera que el Gobierno deja de darles dinero a las energías subvencionadas, abandonara los planes de cerrar Garoña y otras nucleares y eliminara el déficit tarifario, de modo que pagáramos el coste real de lo que consumimos. Incorporaríamos así un elemento esencial en el sector energético, la racionalidad, pero dejaríamos fuera otro: la libertad. Y es que no cabe esperar que los dos grandes partidos decidan reducir su poder sobre la energía, dejando que las empresas compitan en el mercado libre en precio y calidad de suministro. Hasta ahí podíamos llegar.

Libertad Digital - Editorial

El caos renovable

LA intención del Ministerio de Industria de modificar la retribución de las energías renovables con carácter retroactivo ha provocado un auténtico terremoto cuyas consecuencias inmediatas han sido la caída en Bolsa de las empresas del sector y la huida de los inversores internacionales, espantados por el clima de inseguridad jurídica que generan los continuos cambios regulatorios.

El nuevo bandazo regulatorio del ministro Sebastián sigue insistiendo en hacer amalgama de todas las tecnologías renovables sin distinción de su grado de madurez ni de su contribución real a la producción eléctrica española. La eólica se ha consolidado como una tecnología madura, promovida principalmente por las compañías eléctricas, que aporta un 18 por ciento de la producción con un coste del 19 por ciento. La industria eólica española, presente en toda la cadena de valor del negocio, se ha convertido en un referente internacional, con empresas líderes mundiales y con una demostrada capacidad para impulsar la actividad industrial, crear decenas de miles de puestos de trabajo, contribuir al autoabastecimiento energético y la reducción de emisiones. Por el contrario, la generosa retribución a las tecnologías solares ha provocado un crecimiento insostenible de las fotovoltaicas y la creación de una burbuja especulativa alentada principalmente por agentes ajenos al sector eléctrico, que han acabado convirtiéndola en un producto financiero.

La producción fotovoltaica estimada en España para 2012 supondrá un 3 por ciento de la producción total, con un coste del 15 por ciento, y la termosolar aportará un 2 por ciento, con un coste del 8 por ciento. Este exceso retributivo ya se había identificado con antelación, pero el ministro Sebastián no llevó a cabo ningún ajuste y permitió la instalación de más de 3.000 MW, cuando el objetivo del PER era de 471 MW, con un coste anual para los consumidores de 2.500 millones de euros.

No podemos seguir pretendiendo tener mayor capacidad fotovoltaica que Estados Unidos ni seguir pagando con el dinero de todos la curva de aprendizaje de una tecnología que importa masivamente los paneles solares de China. La rectificación del Gobierno debe pasar por una regulación estable y una planificación energética ordenada y con visión de largo plazo, que abarate el precio de la energía para las empresas y los consumidores.

ABC - Opinión

Energías integradas

EL proceso de unión entre Gas Natural y Unión Fenosa es una noticia muy relevante para la economía española. Más de veinte millones de clientes en 23 países avalan la realidad de la primera empresa que consolida un modelo integrado de gas y electricidad que repercute en una estructura vertical y ofrece una mayor solidez a los usuarios. En tiempos de crisis es imprescindible desarrollar sinergias y planteamientos empresariales que superen los compartimentos estancos. De este modo, se favorecen el servicio al cliente y la rentabilidad para los accionistas en el marco de un sector muy competitivo que arrastra todavía algunas inercias incompatibles con la dinámica contemporánea de la economía mundial. La empresa gasista anunció ayer de cara a la junta general de accionistas nuevos planes de inversión centrados en el crecimiento orgánico, así como la elevación del dividendo de los accionistas en un diez por ciento anual, todo ello en el marco de un proceso de racionalización cuyo objetivo es adaptar la actividad empresarial a la compleja situación actual. A su vez, Unión Fenosa aprueba la integración con el firme convencimiento de que la evolución del mercado energético exige cambios en un sector que funciona en base a hábitos muy arraigados pero ya superados por las circunstancias.

El Gobierno ha sido incapaz desde el comienzo de la legislatura de plantear una política energética coherente, porque el presidente está empeñado en recuperar un discurso antinuclear obsoleto. Mientras tanto, las empresas privadas mueven ficha en el terreno de la adaptación a un mercado global donde la única regla es la competencia y no se entienden ciertos conflictos artificiales ajenos al libre juego de la oferta y la demanda. En definitiva, las decisiones empresariales deben tener como única justificación el análisis de costes y beneficios al servicio del interés de los accionistas. El modelo integral que refleja el acuerdo entre Gas Natural y Unión Fenosa puede ser pionero a efecto de un nuevo sistema que sirva para racionalizar la gestión y beneficiar a los consumidores y usuarios. También es destacable la búsqueda de un tamaño adecuado para competir en mercados abiertos y multinacionales. La adopción de los acuerdos exigidos por la normativa mercantil por parte de las correspondientes juntas de una y otra sociedad supone así el paso definitivo para una integración empresarial que será analizada con lupa por partidarios y detractores.

ABC - Editorial

El Instituto Juan de Mariana denuncia en el Congreso de los EEUU los efectos del intervencionismo energético en España

El pasado viernes el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, habló en la Casa de Representantes de EEUU acerca de los perjudiciales efectos económicos de las políticas energéticas y climáticas europeas en el marco de la actual crisis financiera global

• El Instituto Juan de Mariana aconseja en el Congreso de los EEUU liberalizar el mercado energético.
• Los empleos verdes que generan las subvenciones a las renovables son "trabajos de alto riesgo o subprime" que requieren de continuas de ayudas públicas.
• La intervención sobre el mercado eléctrico reduce la competitividad de la economía española y está provocando numerosas deslocalizaciones industriales.
• La prima de las renovables sumará al abultado déficit tarifario español 3.000 millones de euros en 2008.

El pasado viernes el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, habló en la Casa de Representantes de EEUU acerca de los perjudiciales efectos económicos de las políticas energéticas y climáticas europeas en el marco de la actual crisis financiera global. Tras más de una hora de exposición concluyó que la subvención de las denominadas "energías renovables" y el racionamiento sobre la combustión (con comercio de los derechos de emisión racionados) que impone el protocolo de Kioto están socavando nuestras posibilidades de superar la actual crisis económica. Por eso aconsejó liberalizar el mercado energético y acabar con los privilegios concedidos a los dueños de los negocios de energías "renovables".

Durante su presentación Gabriel Calzada detalló los resultados de la experiencia española en la subvención de las energías "renovables", las regulaciones para reducir las emisiones de CO2 y el mercado de derechos de emisión. A lo largo de su presentación mostró el elevado coste -cifrado en miles de millones de euros- y los exiguos beneficios -que apenas llegarían a 0,07 grados centígrados en 2050 de cumplir todos los países con sus costoso compromiso- y los exiguos beneficios que ha reportado el sistema de racionamiento de emisiones de gases efecto invernadero.

Asimismo explicó cómo este mercado artificial junto a las cuantiosas regulaciones adoptadas con el fin de complementar las medidas del protocolo de Kioto han alterado la estructura productiva y han provocado desinversiones en nuestro país y "exportación de empleos hacia otros países".

La mayor parte de la exposición estuvo dedicada al análisis de los resultados de la política de subvenciones y otros privilegios concedidos a las "energías renovables". El profesor de economía aplicada en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Rey Juan Carlos explicó cómo estas intervenciones sobre el mercado eléctrico reducen la competitividad de toda la economía española y están provocando numerosas deslocalizaciones.

Además, señaló que los tan cacareados "empleos verdes" que generan las subvenciones a las renovables son "trabajos de alto riesgo o subprime" que requieren continuas inyecciones de ayudas (que implican la destrucción de empleos en otros sectores) y que, como está ocurriendo en estos momentos, se transforman en decenas de miles de despidos (entre 30.000 y 40.000, según las propias asociaciones empresariales del gremio) apenas se reduce la subvención, mostrando así su insostenibilidad.

Este sistema, según se evidenció durante la presentación, redirige el escaso ahorro real a formas de producción energéticas ineficientes incrementando así el coste de producción de la energía, elevando los costes unitarios de producción de numerosos bienes y lastrando la generación de empleo en países desarrollados en los que los salarios son relativamente altos.

Por otro lado, el empecinamiento en apoyar estas formas de energía poco productivas en contra de lo que los consumidores están demandando en el libre mercado, ha contribuido al enorme déficit exterior (que en su mayor parte se debe a compras de petróleo) e impide la salida del actual credit-crunch (restricción del crédito).

Además, el modelo energético español y las políticas climáticas de corte intervencionista aplicadas en el caso español han llevado, según explicó el presidente del Instituto Juan de Marina, a un abultado e innecesario gasto público en el sector en un momento en el que esos fondos son enormemente necesarios en negocios verdaderamente sostenibles, que requieren capitalización.

Por último, durante la conferencia se analizó el insoportable lastre que el déficit tarifario, al que la prima de renovables contribuirá este año en unos 3.000 millones de euros adicionales, supone para la salud del sistema eléctrico español y de toda una economía que pretende salir cuanto antes de la crisis.

Contacto:

Comunicación: comunicacion@juandemariana.org

El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el Instituto no acepta subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo nos proponemos estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III.

Instituto Juan de Mariana