jueves, 28 de julio de 2011

Que no te engañe Rubalcaba, su efecto tiene fecha de caducidad. Por Federico Quevedo

Si hacemos caso a la última entrega del barómetro del CIS, Alfredo P punto Rubalcaba habría conseguido recortar 3,3 puntos la distancia que separa a su partido del Partido Popular, es decir, que el llamado ‘efecto Rubalcaba’ habría tenido, valga la redundancia, efecto favorable a los intereses del Partido Socialista. Si esto es verdad lo vamos a saber muy pronto: si hay adelanto electoral es que ni el conserje de Ferraz se ha creído la encuesta, y si las elecciones cumplen su calendario y son en marzo es que realmente el PSOE le ve posibilidades a su candidato.

Mi apuesta, francamente, va por lo primero. El CIS, por desgracia, es un organismo público al que sus últimos sondeos electorales han desautorizado como fuente sociológica. De hecho, se le llama Centro de Intoxicaciones Socialistas por razones evidentes, básicamente que todas sus encuestas se empeñan en tratar bien al PSOE y al Gobierno y ocultar lo que verdaderamente ocurre en este país, que no es otra cosa que una necesidad imperiosa de cambio político.


Pasó con los sondeos previos al 22 de mayo, y antes de eso ocurrió con los sondeos previos a las elecciones gallegas y europeas, incluso con las catalanas. El CIS ya no sirve como referencia, pero dicho eso, era además lógico que ayer publicara una encuesta favorable a Rubalcaba, en primer lugar porque esas encuestas las cocina el propio Rubalcaba y, en segundo lugar, porque el Partido Socialista necesitaba un sondeo que le imprimiera algo de ánimo, por poco que fuera, que sirviera de paraguas a la que le está cayendo que no es poco.
«Si hay adelanto electoral es que ni el conserje de Ferraz se ha creído la encuesta, y si las elecciones cumplen su calendario y son en marzo es que realmente el PSOE le ve posibilidades a su candidato.»
Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que el 80% de los encuestados creen que las próximas elecciones las va a ganar el PP, y ese dato es revelador. La realidad es que en la respuesta instantánea el PP gana al PSOE, y eso casi nunca ha ocurrido. La realidad es que, hagan lo que hagan Rubalcaba y su equipo, es prácticamente imposible invertir una tendencia que cada día que pasa afianza más la victoria del PP y la necesidad de cambio que tienen los españoles.

Rubalcaba puede manipular las encuestas, y puede salir todos los día a hacer una oferta de saldo para ver si se la compran los del #15M, pero ni se ha enterado de qué va el #15M ni tiene capacidad intelectual para mantener esa tónica de oferta por día durante mucho tiempo. Digo que no se ha enterado de qué va el #15M porque si de verdad lo supiera el pasado lunes en lugar de poner a su equipo a contestar a 15 preguntas previa y convenientemente seleccionadas de entre las 1.500 que le presentaron en Twitter, hubiese sido él mismo el que se pusiera a los mandos del teclado para contestar a cuantas más preguntas mejor sin selección previa de las mismas.

¡Ah! Pero es que esto de las redes sociales es muy complicado porque puede ser que aparezca alguno con ganas de armarte bronca, y Rubalcaba no soporta que nadie le monte una gresca, y mucho menos en Internet que es un medio que él no maneja… Es verdad que tampoco lo hace Rajoy, pero al menos no presume de ello ni se trae al equipo de Obama como si ahora resultara que Rubalcaba va a revolucionar la red con un Yes, we can típico de las campañas yanquis…

De eso nada, y de hacer propuestas verdaderamente implicadas en la resolución de la crisis que atraviesa este país, menos todavía. Hasta ahora, el PSOE le echaba en cara al PP que no tuviera programa y no lo presentara, pero a partir de ahora tendrá que soportar la guasa que supone ver cómo tampoco el candidato Rubalcaba tiene más de dos propuestas serias y sensatas, porque si realmente las tuviera habría que preguntarse por qué no las ha puesto en práctica antes. Pero, sobre todo, es que a este ritmo de promesa diaria no va a dar para llegar hasta marzo, razón de más para creer que las elecciones van a ser cuando le convenga a Rubalcaba, y eso es ahora, en otoño, porque diga lo que diga el CIS las encuestas que de verdad maneja el PSOE dicen que sigue abriéndose la brecha con el PP y que Rubalcaba no ha servido de tapón para frenar la hemorragia de votos que esta sufriendo el PSOE.


El Confidencial - Opinión

ETA marca el «timing» Por Martín Prieto

Como de los tabloides ingleses puede esperarse cualquier disparate, el mundo quedaría estupefacto si especularan con la posibilidad que la reina Isabel II estuviera financiando de su peculio el nacimiento de una enésima facción del IRA. Lo que no «pué» ser, no «pué» ser, y además es imposible, como sentenciaba Rafael «el Gallo». Los españoles llevamos casi ocho años tan macerados que sólo nos quedamos absortos, ensimismados, ante cualquier salvajada política excretada de un caletre. Manuel Azaña también lo sentenciaba en sus diarios: «Hay que tener mucho cuidado en poner en circulación una tontería en Madrid porque arraiga mejor que las acacias». La tesis de que ETA marcará el «timing» electoral si emite un comunicado de paz infinita, tendría que movernos al llanto y a la desesperación, pero estamos anestesiados y el desmoronamiento institucional no nos espanta. A ETA le da igual la fecha electoral en la que ingresará al Congreso como Bildu, Sortu o una nueva franquicia que avale el Tribunal que constitucionaliza las pesadillas de Zapatero. Contra lo que repite el candidato, ETA nunca ha estado mejor, más sólida, más cerca de sus objetivos, y, en función de sus intereses separatistas y anexionistas en España y Francia, puede que asegure su mutación en mansos corderos, aunque las armas, los explosivos, el dinero y los zulos los entregue «ad calendas graecas» o cuando se enfríe el infierno. Para llegar a marzo, a Zapatero le basta con aceptar las condiciones etarras a cambio de una displicente palmada en el hombro que le permita mentir en televisión que ETA se ha disuelto. Los bárbaros del norte sí que saben hacer política.

La Razón - Opinión

Están nerviosos. Por Serafín Fanjul

Un tal J.M. Izquierdo, de cuya existencia no tenía la menor noticia con anterioridad, ni para bien ni para mal, largaba un panfleto dedicado a "ultraliberales y ultracasposos", que amenazan, al parecer, la vida y hacienda de los pobres y los rojos.

No suelo leer el periódico El País, por razones fáciles de colegir . Sin embargo, cuando voy de viaje prácticamente es el único diario español que se puede encontrar en Europa, o en México, por poner un ejemplo, y aunque yo no lo compro, nunca falta una mano que cree ser amistosa y lo coloca en las mías, en aeroplanos, casas de amigos y demás. El incorregible vicio de leer cuanta letra impresa me cae cerca hace el resto. El pasado 23 de julio, retornando de Alemania, me pasaron en el avión un ejemplar en el cual destacaba un artículo de opinión a toda página.

Un tal J.M. Izquierdo, de cuya existencia no tenía la menor noticia con anterioridad, ni para bien ni para mal, largaba un panfleto dedicado a "ultraliberales y ultracasposos", que amenazan, al parecer, la vida y hacienda de los pobres y los rojos, entre los cuales establecía una sabia coincidencia implícita. Del mismo modo que ultraliberales y ultracasposos alcanzaban una conjunción planetaria –de las que gustan a la Pajín– para "escaldar" [sic, imagino que quería decir "esquilmar"] los bolsillos de los pobres mediante crisis financieras provocadas, para divertirse amolando al prójimo.


Los ultracasposos se identificaban en el símbolo irrefutable de la peineta de la Sra. Cospedal, que se puso por el Corpus último, y ya como presidenta –¡ horror¡– de la autonomía manchego-alcarreña. El problema para J. M. era la peineta, no el pufo de 1.700 millones de euros que sus compadres le han dejado a la ganadora de las elecciones; tampoco le preocupaba que la mosquita muerta, pero desvergonzada, que cobra en concepto de ministra de Economía haya declarado que la Cospedal arregle el desperfecto (se sobreentiende que con ayuda del Cielo) y no pretenda pedirle dinero a ella, que está para otras cosas. Así pues, J.M. resume el carácter "casposo" de la derecha española en la peineta, instrumento peligroso donde los haya, anticipo de la España "de charanga y pandereta" (que de manera muy original también aparecía) y traicionera señal para que los "corneteros" de la reacción se lancen en los medios de comunicación –se supone que en los poquitos que controla, más o menos, la derecha– a preparar el terreno para, a continuación, pasar a cuchillo a la virginal izquierda; recortando derechos sociales y urdiendo nuevas artimañas para empobrecer a los pobres. Al día siguiente de que entre en vigor, por obra del Gobierno socialista, el aumento del cómputo de años para el cobro de la pensión y del alargamiento de la vida laboral a los 67 años (tras haber congelado las pensiones y rebajado el sueldo a los funcionarios), a J. M. le inquietan en grado sumo los siniestros planes que ultiman en secreto ultraliberales y ultracasposos.

Pero donde la paranoia –o la cara dura– rascan los cataplines a San Pedro (por lo alto) es al final. Tras mencionar una truculenta historieta de la Guerra de la Independencia, de huesos de franceses pulverizados y arrojados a la vía pública para que los pisotee el populacho en sus andares sainetescos, o las señoronas con peineta (se infiere que arrellanadas en ricos landós). El mismo plumilla no da mucho crédito al cuento, pero sí augura –y asegura– que eso es lo que preparan los casposos para cuanto progresista topen; y para pasar por encima de tabas y menudillos laicos y progres con sus "Audis y Mercedes", como las de la peineta con el landó. Aunque la verdad, la verdad, los aficionados a los coches caros son los socialistas, sobre todo si los paga el Erario: vean los que transportaban los sublimes traseros de los alcaldes madrileños que han dejado sus ayuntamientos en bancarrota (Getafe, Parla, Alcorcón, Aranjuez), o Pérez Touriño, anterior presidente de Galicia. Y francamente: ¿ustedes se imaginan a Rajoy organizando y dirigiendo los escuadrones de la muerte? Habiendo existido el GAL, el 11-M y el Faisán, ¿a quién le cuadra mejor el papel?

Alfredo Pérez, Cebrián, Pradera y compañía, sosieguen señores, ténganse tranquilos y no hagan el ridículo pagando a tipos como el J.M. Del cual espero seguir sin saber en mucho tiempo. Y lo dicho: están nerviosos, muy nerviosos.


Libertad Digital - Opinión

La trampa de Alfredo. Por José Antonio Vera

Anda Rubalcaba exultante por los resultados de la encuesta autobombo que le han hecho por encargo sus colegas del CIS para vender a la ciudadanía que, lejos de lo que se piensa en general, no es Alfredo una persona de la que no deba uno fiarse, sino al contrario: es guapo, leal, transparente y nada marrullero. La pena es que ni por esas consigue zafarse de la sombra de Chacón, que le persigue. Después de tanta aclamación y ostentación mediática, resulta que la catalana tiene aún la misma valoración que el nuevo líder del socialismo patrio. Cosas de la vida.

Aunque en lo que de verdad anda Pepunto ahora es en lo de ETA. Le va la vida en que la banda le bendiga diciendo que el bueno aquí no es Rajoy sino Rubalcaba. El otrora triministro espera subir de nuevo en el CIS con la inestimable ayuda de ETA, y por eso mantiene abierto el «buzón» con la banda que le facilita la Fundación Henry Dunant.

Favor por favor, a los etarras les facilitó nuestro hombre la legalización de Bildu, y ahora espera de ellos que le devuelvan la ayuda en forma de comunicado diciendo que mientras gobierne el PSOE no van a matar, pero que ya veremos si el que gana es Rajoy. Todo muy bonito, limpio y cristalino. Tal es la nueva trampa que le prepara estos días al PP el inefable Alfredo.


La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El gran tabú. Por José García Domínguez

Ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar.

Más allá de la disputa feroz por las últimas migajas del mantel entre Gobierno y comunidades autónomas, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha estado marcada por un silencio estruendoso. Ése que comparten PP y PSOE a propósito de la evidencia que yace tras las muchas miserias contables que han salpicado la cita. A saber, que ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar. O, si se quiere hablar con algún rigor, del sucedáneo de Estado del bienestar que aquí pasa por tal. Un tabú transversal que responde por educación y sanidad públicas.

A propósito de la primera, el consejero catalán Mas-Colell acaba de plantear una cuestión nada baladí. Por qué los contribuyentes están obligados a pagar los estudios universitarios de su hija, ha preguntado al viento. ¿Y por qué –podría haber añadido– tras obtener la licenciatura, él deberá costearle un posgrado en algún centro privado, a ver si la chica aprende algo? Con respecto a la segunda, Marina Geli protagonizó el gesto más insólito de la política española en los últimos treinta años. Así, siendo consejera de Sanidad del Tipartito, Geli pidió perdón por su personal proceder. Y es que a la buena mujer se le había ocurrido proponer el copago de los servicios médicos con el argumento de que el sistema iba camino de la quiebra. Corría el año 2004.

Pretendía un objetivo modesto, cobrar un euro por consulta. Tuvo suerte: el presidente de la Generalidad, tras obligarla a un acto de pública constricción, no la cesó. E pur si mouve. Pues, como ningún estudiante de primero de económicas ignora, si el precio de un bien es cero, la demanda tenderá a ser infinita. E infinita, aquí y ahora, significa planetaria. Cuando se pueden atravesar continentes por menos de doscientos euros, "todo el mundo" es, literalmente, "todo el Mundo". De ahí que únicamente el Servicio Catalán de Salud deba ofrecer sus prestaciones al cuarto de millón de extranjeros que ha reclamado su tarjeta sanitaria. Cotizantes o no, es lo de menos. ¿La razón? Para acceder a sus servicios, apenas se requiere figurar empadronado en alguno de los 8.116 municipios que hay en España. Clamoroso, decía, el silencio.


Libertad Digital - Opinión

Un rumbo preocupante

La posibilidad de un cercano comunicado de ETA ha provocado en la clase política reacciones de distinta índole sobre el siguiente paso de la banda. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aclaró ayer que no se espera la disolución de la banda. En términos muy parecidos se expresó el fiscal coordinador de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que confirmó que «ETA mantiene su entramado militar, logístico y político». Nuestro periódico publica hoy en exclusiva que la banda y personas con acceso al Gobierno intercambian mensajes a través de la fundación suiza Henry Dunant, que ya actuó como intermediaria en la negociación de 2006-2007.

A través de este «buzón», ambas partes logran información para confeccionar su estrategia a corto y medio plazo, tomar las decisiones correspondientes y reaccionar ante distintas coyunturas. Inevitablemente el funcionamiento de este «buzón» debe ser enmarcado en una secuencia de acontecimientos que configura una escenografía alarmante: la legalización de Bildu y la más que probable de Sortu, las decisiones de Interior con determinados presos terroristas, las interpretaciones laxas de la Ley que están permitiendo homenajes a los reclusos etarras, los fallos favorables a Arnaldo Otegi, que está a un paso de recuperar la libertad, y las maniobras del Ejecutivo para desactivar el escándalo del chivatazo a ETA, entre otros. Hablar de situaciones circunstanciales en la lucha contra el terrorismo es posible, pero poco probable.


Como publica hoy LA RAZÓN, en el Partido Popular sopesan además la posibilidad de que el Gobierno blinde un falso escenario de alto el fuego con actuaciones políticas y jurídicas de rectificación compleja. Los populares están obligados a actuar con prudencia, como siempre lo han hecho en esta materia, pero no pueden ni deben asumir una política de hechos consumados nociva para el Estado de Derecho como la que pueden heredar. El PP tiene que estar especialmente atento a lo que se mueve entre bastidores y mantener a toda costa su decisión de expulsar a Bildu de las instituciones y de reactivar el cerco contra el entramado de ETA.

Los episodios de estas últimas semanas nos evocan la etapa del mal llamado proceso de paz, en el que se sobrepasaron varias líneas rojas de la democracia. Se buscaron atajos a costa de acabar con la unidad de los demócratas y se cayó de bruces en la tregua-trampa de ETA. Aquello tuvo un desenlace trágico. Esperemos que no se cometan los mismos errores y que no se busque como sea un escenario artificial para amortizarlo electoralmente. Sería un error histórico que pagaríamos todos. La dignidad del Estado de Derecho, la superioridad moral de las víctimas y la memoria de los muertos sólo hacen aceptable un final con vencedores y vencidos, con resarcimiento del daño causado a los inocentes, el arrepentimiento público de los asesinos y el cumplimiento de las penas. Si el final no se atiene a estas condiciones, ETA podrá entender con razón que los más de 800 asesinatos fueron necesarios y la democracia asumir que podría haberse ahorrado tanto dolor para acabar así.


La Razón - Editorial

Lecciones de la CAM

La pésima gestión de la caja intervenida se explica sobre todo por la espuria presión política.

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) está descubriendo prácticas financieras irregulares en la entidad que, por sí mismas, justificarían la sustitución de los gestores y la entrada del Banco de España en la gestión. Del examen minucioso de sus balances se desprenden tropelías graves, como la concesión de créditos al 0% de interés a consejeros de la entidad, la financiación arriesgada de los proyectos faraónicos de la Generalitat valenciana (durante los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps) y un riesgo inmobiliario exagerado, probable consecuencia de obligaciones de financiación impuestas con criterios políticos.

En las cuentas de la entidad se detecta además el seguimiento de criterios insensatos de crecimiento, impuestos probablemente con la finalidad de superar los resultados de Bancaja. El crecimiento a cualquier precio explicaría el aumento desorbitado del número de oficinas, contrario a la gestión prudente que muchas entidades habían adoptado ya a partir de 2007, cuando empezaban a atisbarse los primeros síntomas del crash financiero.


El caso de la CAM es pues un ejemplo perfecto de las perniciosas consecuencias que se producen cuando la gestión de una entidad bancaria se entrega en manos políticas. Cuando se repite desde las instituciones de control financiero que las cajas de ahorros han de ser dirigidas con criterios profesionales y se reclama una disminución de los vocales políticos en sus consejos, se pretende exactamente evitar este tipo de saqueo de las instituciones cuando se imponen una financiación obligada de proyectos políticos sin rentabilidad alguna o promociones inmobiliarias dirigidas por amigos de los poderes autonómicos. Las cajas no pueden ser las ventanillas abiertas siempre para financiar a cualquier coste las ocurrencias de los Gobiernos autónomos; por esa razón, las fusiones de cajas en la misma región, sin cortapisa alguna del mercado o de gestores independientes, debe ser revisada inmediatamente por el Banco de España.

En el caso de la CAM, la investigación de sus balances debería extenderse a las relaciones entre la Generalitat valenciana y la dirección de la caja. El primer paso para evitar la impunidad de los gestores ya se ha dado al destituirlos inmediatamente. Pero, a la vista de las extrañas operaciones que están aflorando tras la intervención, parece razonable suponer que no son los únicos responsables de la quiebra de una caja que, solo para cubrir las necesidades de capital, va a exigir un saneamiento de 4.000 millones de euros. Los corresponsables políticos, si los hay, también deberían hacer frente a sus responsabilidades. Una vez conocidas las cuentas de la entidad, se entiende mejor el tortuoso caso Camps.

La CAM ofrece un muestrario de errores que deberían evitarse en el futuro mediante las modificaciones legales oportunas. Además, es una baza política para instar a las comunidades empecinadas en mantener sus cajas locales a que acepten un modelo más abierto y profesional.


El País - Editorial

Salvar al candidato Rubalcaba

Este juez condecorado por Rubalcaba trata de evitar las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados.

No, no nos referimos al fantástico y propagandístico barómetro del CIS que asegura que el PSOE ha recortado en 3,3 puntos la distancia que le separa del PP desde que Rubalcaba ha sido designado candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Estamos hablando de algo infinitamente más grave como es el posible intento de un juez condecorado por Rubalcaba de evitarle las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados en el bar Faisán. Nos referimos a Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y a su injustificada decisión de convocar el pleno de la Audiencia para debatir a estas alturas si los tres acusados que estaban a las órdenes de Rubalcaba tienen que ser juzgados por colaboración con banda armada o por encubrimiento.

Minutos antes de que Bermúdez, sin necesidad legal alguna, tomara esta decisión, el juez instructor Pablo Ruz había desestimado un recurso de los tres procesados, ratificando que debían ser juzgados por colaboración con banda armada puesto que para la comisión de este delito no era ni es necesaria "la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos".


Por mucho que Bermúdez haya basado su personal decisión de elevar esta cuestión al pleno en su supuesta "complejidad e importancia jurídica", basta leer lo que el propio Bermúdez afirmó en su sentencia del 11-M para que el asunto quede meridianamente claro: "El delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos e ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad".

Si Bermúdez, que tendría que ser, pues, el primero en reconocer que dar un soplo a ETA para evitar la detención de los cabecillas de su red de extorsión es claramente un delito de colaboración con banda armada, eleva, sin embargo, la cuestión al pleno, es porque sabe, como sabemos todos, que allí son mayoría los magistrados de "tendencia progresista", muchos de los cuales pueden considerar, como consideró Garzón en su día, que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo". Téngase en cuenta, además, que si García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros son acusados de un mero delito de encubrimiento se sentarían en el banquillo de un juzgado de Irún y la pena máxima no podría superar los tres años de prisión. Si, por el contrario, se les acusa de un delito de colaboración con banda armada, los entonces subordinados del actual candidato socialista y del actual ministro del Interior serían juzgados por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados han venido confirmando hasta la fecha todas las decisiones del juez Ruz, y se enfrentarían a una condena que podría ascender a los 10 años de cárcel. Mucho tiempo como para pensar que no fueran a tirar de la manta y decir que lo que hicieron no fue por motu proprio, sino, como apunta la lógica más elemental, siguiendo órdenes de sus entonces superiores.


Libertad Digital - Editorial

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ABC - Opinión