sábado, 25 de septiembre de 2010

Colombia ejemplar. Por Hermann Tertsch

La fotografía del cadáver de Víctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño» o «Mono Jojoy», el sanguinario jefe militar de las FARC, aún hoy la mayor organización terrorista del globo, es todo un regalo. Y no sólo para los colombianos sino para todos los demócratas del mundo, tantas veces angustiados por los éxitos de los terroristas y por la confusa y titubeante actitud ante ellos de tantos líderes políticos occidentales.

El presidente José Manuel Santos continúa con esta operación que ha liquidado al «Mono Jojoy» la brillante y ejemplar trayectoria de lucha antiterrorista de su antecesor Álvaro Uribe.

Por primera vez en casi sesenta años, desde el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, que dividió trágicamente al país, es ya imaginable una Colombia sin guerrillas en una democracia triunfante. Si otros países latinoamericanos cayeron en terribles dictaduras en su guerra contra la insurgencia comunista, Colombia ha preservado su democracia, la ha fortalecido y convertido en ejemplar. Que haya sido así quizás tenga que ver con el condimento británico que sin duda mejora la herencia española. Los terroristas que siguen en la jungla ya saben cual es su futuro. «¡Vamos a por ustedes, no ahorraremos esfuerzo alguno y ustedes saben que nosotros sabemos cumplir!». Ese es el mensaje de Santos a los terroristas durante una alocución televisada a la nación colombiana.


Estamos ante un gran triunfo de la perseverancia, la dignidad y la voluntad democrática. Y ante una gran lección a todos los que han sido desleales con la democracia colombiana en esta gran lucha, que han sido muchos —no sólo en la izquierda— y que en parte están aquí.

Porque la cicatería en el apoyo a Uribe por parte del Gobierno español ha sido una más de las muchas vergüenzas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha ido acumulando en Latinoamérica. Que está directamente vinculada a otras como el apoyo a la Venezuela chavista que alimenta a la banda terrorista o a la Cuba castrista, otra aliada del felizmente muerto. Pero Colombia triunfa ahora pese a todas esas miserias.


ABC - Opinión

Zapatero quiere estrangular a las comunidades del PP. Por Federico Quevedo

Ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”

No recuerdo bien cuando lo dijo, pero hay una frase del que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid siendo Enrique Tierno Galván el regidor, Juan Barranco, que perfectamente se podría aplicar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la manera absolutamente antidemocrática con la que está tratando de mantenerse en el poder. Decía Barranco que “el poder solo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a los que ya lo eran antes”. Rodríguez, perdonen que lo diga con esta crudeza, puede ajustarse a este retrato. No un corrupto en el sentido en el que lo entendemos habitualmente, sino en el de quien ha desvirtuado por completo el Estado de Derecho y lo ha vulnerado hasta el extremo de provocar una tensión institucional sin precedentes. No un golfo en el sentido delictivo del término, sino en el de aquel que se sitúa por encima de la ley. Y si un inmoral en el sentido de quien no tiene principios ni responde a motivaciones mínimamente éticas o morales.

Rodríguez sólo se mueve por un estímulo, el del odio, y ya escribía Víctor Hugo que “cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga”. Su afán durante todo este tiempo, desde que llegara al poder en 2004, ha sido acumular más poder e intentar aniquilar a quien pudiera hacerle sombra u oposición. Así, ha actuado como un auténtico killer para los suyos, y como un caudillo déspota para quienes discrepan de él y de sus políticas. Toda su obsesión se ha centrado en un único objetivo: aniquilar al PP, y para ello ha utilizado y va a utilizar todas las armas a su alcance. Eso significa aprovechar todas las circunstancias que le favorezcan en ese objetivo, aun incluso aquellas que puedan repararle otros daños. En ese sentido, la crisis económica, lejos de ser un impedimento, se puede convertir en un aliado coyuntural a la hora de conseguir ese fin. Y ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”.


En los próximos meses, la Comunidad Valenciana va a protagonizar un importante vencimiento de bonos. Dado su elevado nivel de deuda, los mercados financieros ya le han dicho al Gobierno de la Generalitat que no van a renovar esa emisión, lo cual va a significar que, si no tiene liquidez, el Ejecutivo de Francisco Camps se va a ver obligado a reestructurar su deuda y, en el peor de los casos, declararse en quiebra. El asunto es grave no voy a engañarles. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Buena parte de culpa la tiene el propio Gobierno central que ha permitido a las Comunidades Autónomas elevar sus techos de gasto durante esos años atrás sin prever las consecuencias de esa política expansiva. Obviamente, el Gobierno Valenciano también tiene su cuota parte de responsabilidad. Pero la cuestión es que el Gobierno de Rodríguez, en lugar de ponerse a estudiar la situación y sus posibles soluciones con el Ejecutivo valenciano, a lo que se está dedicando es a airear sus dificultades en los mercados internacionales y a poner a la Comunidad Valenciana entre la espada y la pared.

¿Por qué? Es bien sencillo: si llegara a producirse una situación de suspensión de pagos, el Partido Socialista tendría un doble argumento ‘electoral’ contra el PP, es decir, que además de corruptos -por el ‘caso Gürtel’-, son malos gestores. Un argumentarlo que no solo le valdría contra el PP valenciano, sino en general contra todo el PP. De hecho, Rodríguez quiere que situaciones parecidas se produzcan en otras comunidades del PP como Madrid o en ciudades importantes como la capital de España o la de la propia Comunidad Valenciana, y de ahí la reciente medida de impedir a ambas volver a endeudarse a partir de enero de 2011, mientras que sí se abre la mano para que puedan hacerlo ciudades gobernadas por el Partido Socialista. El objetivo de Rodríguez es llevar al PP al estrangulamiento económico allí donde gobierna, en un condenable ejercicio de absoluta irresponsabilidad. El presidente está encantado pensando que eso pueda suceder, sin darse cuenta de que es igual a darnos todos un tiro en el pie. Lo es porque, de producirse esa situación, la que de verdad saldría mal parada es la imagen de España en el exterior y, sin lugar a dudas, volverían a reproducirse las tensiones sobre nuestra deuda soberana.

Eso, además de que tal situación pondría bajo la lupa al resto de comunidades autónomas, entre ellas Cataluña cuya situación financiera es igual que la valenciana, con la única diferencia de que no tiene que afrontar vencimientos de deuda inmediatos. Pero todo el mundo recuerda como este verano la Generalitat de Cataluña fue incapaz de colocar su propia deuda en los mercados internacionales. No estamos para andar con jueguecitos electorales. El asunto es de una extraordinaria gravedad, y pone de manifiesto la doblez ética de Rodríguez Zapatero, un gobernante capaz de trocear el Estado con tal de mantenerse en el poder, capaz de dar facilidades a los sindicatos para que la huelga general les salga medianamente bien y después volver a darse los acostumbrados abrazos a costa de desempleo colectivo y el drama de cientos de miles de familias españolas que no llegan a fin de mes, mientras Toxo se va de crucero de lujo y Méndez sigue vistiéndose en un sastre londinense con nuestros impuestos -que, no les quepa duda, van a subir porque el Gobierno necesita esa recaudación-. Además de un mal gobernante, Rodríguez se ha convertido en un episodio negro de la historia de este país. Echarle es un ejercicio obligado de salud democrática. Y mental.


El Confidencial - Opinión

Presupuestos «austeros». Por M. Martín Ferrand

Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos nace para no ser cumplida.

LAS terminales propagandísticas del Gobierno —tan hábiles, tan insistentes— aseguran que los Presupuestos Generales del Estado para 2011, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, son austeros. No es ese un adjetivo que le cuadre al caso; pero, como se sabe, la confusión es pieza indispensable para explicar lo que tiene difícil explicación. Austero es, antes que nada, lo que se ajusta a las normas de la moral. No parece, a la vista de las dispendiosas partidas que lo integran, que los Presupuestos elaborados por Elena Salgado tengan esa característica. Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos, la que debiera marcar la conducta del Gobierno y las Administraciones a lo largo de todo el año, es una Ley que nace para no ser cumplida. Es, como mucho, un boceto que permite intuir la realidad venidera; pero, a diferencia con los países más solventes, en donde obliga a los administradores, aquí les orienta sobre poco más o menos. Tampoco son sobrios y moderados estos Presupuestos. El déficit del Estado que prevén es del 9 por ciento sobre el PIB y eso, albarda sobre albarda, es mucha carga para la Nación. Las partidas del despilfarro siguen siendo muchas e inmensas y abarcan territorios que, en puridad, no entran en las competencias del Estado.

Nos está ocurriendo algo parecido, según lo cuenta Julio Verne, a lo que le pasaba al Capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje submarino. A bordo del Nautilus creía comer solomillo de vaca cuando, en realidad, se zampaba uno de tortuga y, en el postre, las natillas, elaboradas con leche de ballena y endulzadas con algas del Mar del Norte, le resultaban idénticas a las de su abuelita. Después de mucho tiempo instalados en una economía irreal y tratando de mirar, para no verles, por encima de los cuatro millones y medio de parados, termina por confundirse la mermelada de anémonas con la de frutas del bosque. El Gobierno ha perdido la percepción de su entorno y, si alguna vez lo tuvo, el camino que se ajusta a su rumbo.

Estos Presupuestos resultan excesivos para quienes, con los pies en Europa, tienen conciencia de la gravedad del momento y la situación y parecen restrictivos para los que, tan insensatos como una olvidada ministra de Cultura del zapaterismo, piensan que «el dinero público no es de nadie». Naturalmente, de espaldas al Parlamento, como marcan los cánones de nuestra escasa y paródica democracia, los Presupuestos no se perfeccionarán con el debate. El Gobierno ya le ha comprado al PNV los apoyos precisos para que el Anteproyecto, sin más que un trámite litúrgico, pase a ser Ley. Tampoco es para cumplirla.


ABC - Opinión

Elecciones. La Noria es la clave. Por Maite Nolla

El mismo amigo que me decía lo de La Noria y La Clave, también me comentaba que Montilla fue convocar las elecciones y ponerse a hablar en castellano. Y hasta CiU en Sant Cugat ha moderado su discurso y ha rechazado una moción independentista de ERC.

La precampaña electoral en Cataluña empieza a ser más entretenida de lo que nos temíamos, por sorprendente. Tanto para lo bueno como para lo malo, la verdad. Por ejemplo, nunca hubiéramos imaginado que el debate entre los dos aspirantes a presidir la Generalitat se pudiera trasladar a La Noria. Como me decía un amigo esta tarde, La Noria es como La Clave, pero en 2010, valga el juego de palabras. La noticia es que Montilla seguirá los pasos de Artur Mas y parece que ya ha confirmado su presencia en el programa de Telecinco. Mucho nacionalismo y mucha tevetrés, para que los candidatos más o menos nacionalistas acaben jugándose los cuartos en un programa de entretenimiento español. Eso sí, con gran indignación de la directora de la televisión nacionalista y de su presentador estrella, que han reaccionado como Àngels Barceló y Francino cuando se negaron a entregar el premio Ondas a Jorge Javier Vázquez. Telecinco será lo que sea, pero al menos es una televisión privada. Lo otro es un centro de adoctrinamiento permanente, pagado, incluso, por los que no nos queremos dejar adoctrinar. Y a partir de ahí cualquier comparación es odiosa. Entre intentar durante años crear con dinero público una realidad que no existe para convencernos de que lo que es minoritario es lo que piensa la mayoría, y los programas, a veces zafios y cutres, preferiría no tener que elegir, la verdad; pero si hay que elegir, me quedo con los que se pagan sus cosas con la publicidad.

La cuestión es que La Noria no es como los aburridísimos desayunos con la prensa en Madrid, de poca repercusión popular y con un exceso de zumo de naranja, que a esas horas tiene que sentar fatal; La Noria es lo que ve la gente que pone la tele el sábado por la noche en Cataluña. Porque si no fuera así, los dos candidatos no hubieran decidido que les puede hacer más bien que mal dejarse entrevistar allí. Como hizo Blanco, antes de garantizar la huelga de los sindicatos, en verano, en plena guerra con los controladores.

La vida te lleva por caminos raros, que dice Quique González, y unan a este traslado del campo de batalla la voluntad de ambos candidatos de expulsar cualquier relación con el independentismo. El mismo amigo que me decía lo de La Noria y La Clave, también me comentaba que Montilla fue convocar las elecciones y ponerse a hablar en castellano. Y hasta CiU en Sant Cugat ha moderado su discurso y ha rechazado una moción de ERC que quería declarar al municipio moralmente excluido de la Constitución, por la sentencia del estatuto y todo lo que ustedes ya imaginan. Lo que sucede es que siempre hay alguno o alguna que no se entera, y Marta Ferrusola, la reina madre del nacionalismo, se ha declarado independentista, por supuesto en tevetrés. Ya saben, éramos pocos....


Libertad Digital - Opinión

Después de Cádiz. Por Ignacio Camacho

Los españoles nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos; somos expertos en suicidios colectivos.

ERAN tiempos difíciles aquellos de hace 200 años, cuando se reunieron en la Real Isla del León las Cortes de Cádiz. Un país invadido, una ciudad sitiada y una nación dividida por la eterna zanja de la conciencia civil y política. Eran tipos heterogéneos que se miraban de reojo con desconfianza: los liberales, mental y moralmente afrancesados, escindidos en su interior por la tragedia de una patria dominada por extraños a los que en el fondo admiraban; los absolutistas servilones, nostálgicos del viejo orden revocado por la expansión napoleónica; los moderados burgueses, emparedados por la vieja dialéctica de los fundamentalismos; los indianos, incorporados más tarde en medio de un proceso irreversible de descomposición imperial. No fue grato ni fácil aquel encuentro de gente tan distinta en un momento tan delicado, con una España a punto de desangrarse por una herida de conflictos superpuestos, en una crisis de mera supervivencia. Y sin embargo, lo hicieron. Un pacto colectivo, una alianza de soberanía, un acuerdo de concordia, un sueño —demasiado hermoso— de libertad. A trancas y barrancas, y entre serios conatos de fundamentalismo cainita que presagiaban el desastre posterior, se las apañaron para inventar una nación nueva, ilustrada y libre.

Y luego ellos mismos la echaron abajo, claro. Sin tiempo para disfrutarla, más pronto que tarde, apenas expulsados los franceses, en cuanto los nuestros se quedaron a solas con los demonios de siempre. Los españoles no solemos necesitar a nadie para que nos ponga la soga al cuello. Nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos, somos auténticos expertos en demoliciones y suicidios. Las cuentas pendientes de aquel compromiso heroico y milagroso, los trágalas y demás radicalismos fanáticos se saldaron bien poco después con el habitual vuelco fratricida de ida y vuelta, con el maldito vaivén trincherizo de represiones vengativas y ajustes rencorosos. Ocurre de un modo cíclico en nuestra Historia: levantamos prometedoras arquitecturas de esperanza y las derribamos luego con una pasión autodestructiva incombustible y flamígera.

Como los fracasos no se conmemoran, nadie se acordará de lo pronto que España dio al traste con aquel prometedor orden gaditano. Celebraremos el bicentenario glorioso de la Pepa con un estruendo complaciente y orgulloso, pero no se descorrerán cortinillas ni se organizarán congresos que estudien cómo se estropea una obra maestra por culpa de la intransigencia, del sectarismo y de la irresponsabilidad. La retórica de los discursos creará un bucle de melancolía solemne en torno a los pioneros constituyentes y olvidará el desgraciado destino que sufrió su entusiasta inspiración iluminada. Y seguiremos sin aprender lo fácil que es destruir una convivencia cuando se pierde el sentido de lo que cuesta lograrla.


ABC - Opinión

Sintonía Gobierno-sindicatos

Con gran entusiasmo y abuso de superlativos, el ministro de Fomento anunció ayer el acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos que deben regir el día de la huelga general, el próximo miércoles día 29. «Es un acuerdo histórico», proclamó José Blanco para subrayar que nunca antes se había logrado; igual satisfación mostraron los dirigentes sindicales, hasta el punto de que lo han puesto como ejemplo a seguir en futuras huelgas. Sin embargo, detrás de tanto parabién se percibe una estrategia política, diseñada por negociadores ideológicamente afines, para utilizar el acuerdo como arma arrojadiza contra los gobiernos autonómicos del PP. Así se ha comprobado claramente en Madrid, donde los sindicatos no han demostrado interés en consensuar nada. Muy al contrario, su actitud ha sido de confrontación y beligerancia, nada que ver con el tono conciliador empleado con el ministro de Fomento. Tensiones parecidas se han registrado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León; en Valencia, el consenso ha sido precedido por descalificaciones de grueso calibre. Por el contrario, en Andalucía y Cataluña los sindicatos han sido una balsa de aceite. No parece que estos alineamientos y desencuentros carezcan de intención política. La prueba es que los servicios mínimos pactados por los sindicatos con Blanco son prácticamente los mismos que fijó Álvarez Cascos, ministro de Fomento de Aznar, para la huelga de 2002. ¿Por qué en aquel entonces los dirigentes sindicales recurrieron ante el Tribunal Supremo los servicios mínimos fijados por Cascos y ahora los presentan como un hito histórico? Sería de ingenuos esperar que el actual sindicalismo español, lastrado por los prejuicios ideológicos, tratara de igual modo a un Gobierno de izquierdas que a otro de derechas. Por encima de su actual distanciamiento, la sintonía política de CC OO y UGT con el PSOE está a salvo y es la que ha permitido al ministro de Fomento presentarse ante la opinión pública como el campeón de los pactos, cuando en realidad el verdadero pacto es muy otro: no hacerse daño entre ellos y desviar toda la agresividad política hacia el PP y sus gobiernos regionales, empezando por el más significativo: el de Esperanza Aguirre. Por lo demás, la cuestión central de los servicios mínimos no es tanto el porcentaje que se ha fijado para cada uno de ellos, pues siempre serán discutibles, cuanto su estricto cumplimiento. De nada sirve, por ejemplo, que se establezcan en un 20% los transportes de cercanías, si luego los piquetes los boicotean en las horas punta y siembran el caos para impedir que los viajeros lleguen a su puesto de trabajo. En este punto, el Gobierno debe actuar con el mismo celo y entusiasmo exhibido con los sindicatos para garantizar el derecho al trabajo de cuantos, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y llevar a cabo su jornada laboral con normalidad. Tanto derecho tienen los sindicatos a parar como los trabajadores a trabajar. Si el Gobierno no pusiera los medios necesarios para hacer cumplir los servicios mínimos y para proteger a los obreros de piquetes y coacciones significaría que el «acuerdo histórico» del que se ufana Blanco incluye cláusulas secretas nada democráticas.

La Razón - Editorial

Falsear las cuentas para seguir arruinándonos

Dado que por prejuicios ideológicos no se quiere recortar el gasto, se opta por anunciar que los ingresos serán mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma puede pensarse que van a serlo.

La ley de los Presupuestos Generales del Estado nació como una manera de limitar el poder y la discrecionalidad política. Se trata de un documento que establece las líneas maestras del gasto público a las que tiene que someterse el Ejecutivo durante un determinado ejercicio.

En España desde hace años, pero especialmente en esta última legislatura, los Presupuestos se han convertido en una representación teatral más de nuestros políticos. Son un trámite parlamentario que una vez superado da manos libres al Gobierno para que haga y deshaga a su placer. En ningún momento se espera que se cumplan, pues ya desde el comienzo se diseñan para ser incumplidos.

Previsiones macroeconómicas absurdas tras previsiones macroeconómicas absurdas, llevamos cuatro años en los que el Gobierno ha inflado de manera descabellada sus pronósticos de ingresos fiscales y sobre esa base de irrealidad ha aprobado cuantiosos despilfarros que no podíamos permitirnos bajo ningún criterio.


De aquellos lodos de falsedad hemos acumulado unos polvos cercanos a 200.000 millones de euros en nuevo endeudamiento. Dado que por prejuicios ideológicos no se quería recortar el gasto, se optó por anunciar que los ingresos iban a ser mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma podía pensarse que iban a serlo.

El resultado de estas reiteradas mentiras ya lo estamos empezando a sufrir: si este año hemos padecido incrementos en los impuestos especiales, en la tributación del ahorro y en el IVA, para 2011 ya nos han anunciado recortes en algunas de las deducciones más importantes para las clases medias –como la de la vivienda– y aumentos en los tipos marginales del IRPF que afectan con especial intensidad a los trabajadores cualificados y, por tanto, a nuestro capital humano. Y, probablemente, esto sea sólo el principio, porque las estimaciones más optimistas –las del Gobierno– consideran que cerraremos 2011 con un déficit presupuestario de 60.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a toda la recaudación anual por IRPF. Así pues, parece que las nuevas subidas de impuestos, más allá de las ya anunciadas, son inevitables bajo este Ejecutivo manirroto.

Pero lo peor de todo es que seguimos repitiendo ese ejercicio de autoengaño que tan caro nos ha sido: inflar ingresos para no tener que recortar despilfarros. El Gobierno asume que en 2011 creceremos un 1,3%, más del doble que la siguiente previsión más optimista de todos analistas. Siendo así, los ingresos serán de nuevo mucho menores de lo presupuestado y el déficit, en consecuencia, muy superior a esos 60.000 millones.

Las mentiras de Zapatero y Salgado de hoy son nuestros impuestos de mañana. El momento para pararles los pies debería ser ahora y no más adelante cuando el daño ya esté hecho (es decir, cuando la deuda pública ya esté emitida). Pero el PSOE ya se ha encargado de comprar el necesario apoyo del PNV para sacar adelante estos falseados Presupuestos.


Libertad Digital - Editorial

El espíritu de Cádiz

Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal.

LA Constitución de Cádiz, llamada popularmente «La Pepa», cumplirá dos siglos el 19 de marzo de 2012. Su Majestad el Rey inauguró ayer en la localidad de San Fernando, primera sede de la Cortes en aquellas jornadas históricas, los actos conmemorativos de un periodo apasionante que sentó las bases de una nueva era. España como realidad histórica y sociológica es, por supuesto, muy anterior a cualquier texto constitucional. Sin embargo, en Cádiz se proclamó por primera vez la soberanía nacional y se estableció la monarquía constitucional como forma de gobierno de una nación de ciudadanos. España entraba así en la modernidad política al mismo tiempo que otros grandes países europeos. Después, al igual que otras muchas naciones, hemos vivido múltiples avatares, con alternancia de periodos constitucionales y autoritarios. En todo caso, la monarquía ha sido fuente de estabilidad y garantía de libertades, así como factor de equilibrio político que culmina con la Constitución de 1978. En este sentido, han sido desafortunadas las palabras de José Bono, con una interpretación «sui géneris» sobre los periodos democráticos (a su juicio, sólo dieciséis años desde 1812 a 1978), que no corresponde al titular de un alto cargo institucional.

El Rey dijo ayer en Cádiz que aquellos diputados de ambos hemisferios «forjaron los primeros pilares de nuestro Estado de Derecho», siempre en «un clima de trabajo, consenso y solidaridad». Hay que insistir en la necesidad de que la sociedad asuma su propia historia, con luces y con sombras, a partir de un orgullo legítimo por la aportación de los españoles a la libertad política. En efecto, Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal. Aunque algunos afirman lo contrario, ya sea por sectarismo o por ignorancia, la historia constitucional española ofrece aportaciones relevantes al avance de las libertades y al reconocimiento de los derechos. En Cádiz se proclaman la soberanía de la nación, la igualdad de todos los ciudadanos, la unificación de códigos y la existencia de unas Cortes representativas. Hay también una hermosa retórica idealista cuando se exige a los españoles que sean «justos y benéficos» o cuando se afirma que las leyes deberán ser «sabias y justas». Todo ello merece una conmemoración política y académica del más alto nivel.

ABC - Editorial