Curiosa coincidencia. Por M. Martín Ferrand

Garzón, que ha tenido papeles protagónicos en los tres poderes del Estado, es encarnación de su mezcolanza.

LA promiscuidad, descarada y obscena, en la que se han instalado los tres grandes poderes del Estado, la falta de la debida superación entre ellos, es una grave enfermedad política, el más potente germen destructor de la democracia. De ahí, con la ayuda de la casuística, el nada deseable y creciente distanciamiento de la ciudadanía de lo que debiera ser punto de referencia y raíz de confianza. El poder Legislativo, amontonado en la multitud de parlamentos con los que nos hemos dotado, es la diana principal de quienes lanzan sus dardos con tra la «clase política»; el Ejecutivo, el vértice del fracaso en la gestión pública, y el Judicial, que debiera ser manantial de certeza, genera más recelos que confianza y, con frecuencia, sirve de referencia para señalar ese amancebamiento institucional que, a partir de la degeneración partitocrática, va mermando la factura pretendidamente democrática que nos trajo la Transición.

La Justicia, la madre del cordero democrático, se ha hecho de cercanías en los Tribunales Superiores de las Autonomías y, con ello, ha perdido el respeto histórico de la distancia. Además, el toqueteo instaurado en tiempos de Felipe González con el Consejo del Poder Judicial y la subordinación que, por el sistema electivo de sus miembros éste tiene del Legislativo que es, a su vez y en los hechos, dependiente del Ejecutivo convierte en sospechosa cualquier sentencia, en inquietante cualquier plazo y en problemática y dudosa cualquier acción que se relacione con la Fiscalía, cuya dependencia orgánica aumenta su intensidad en razón del exceso de celo servidor y agradecido de quien debe su cargo al Gobierno.

En ese marco que describo en líneas groseras, pero que es el quid de nuestras carencias democráticas, cabe entender que la apertura del juicio oral en el que se dilucidaron las responsabilidades de Baltasar Garzón en las escuchas practicadas durante las conversaciones de varios imputados en el «caso Gürtel» con sus abogados defensores, coincide en el tiempo con el que se celebra en la Audiencia de Cádiz contra María José Campanario. Las coincidencias, más que las armas, las carga el diablo y parece razonable el paralelismo entre dos personajes dispares que solo tienen en común la fiebre mediática con la que, la fatalidad o las malas artes —no lo sé—, han sustituido la información veraz y plural que pide la Constitución y que, especialmente en la televisión, brilla por su ausencia. Garzón, que ha tenido papeles protagónicos en los tres poderes del Estado y que es encarnación de su mezcolanza, se sienta en el banquillo. Debe ser cosa de la justicia poética.

ABC - Opinión

La Justicia y la Ley. Por Ignacio Camacho

Garzón tiene más madera de político que de juez, y por eso todo lo que le rodea está impregnado de prejuicios.

QUIZÁ la pena más dura que pueda recaer sobre el juez Garzón sea la constatación de que la Justicia española ha sobrevivido a su ausencia sin grandes cataclismos. Sigue siendo tan lenta, incoherente y politizada como antes, aunque algunos sumarios delicados, como el del bar Faisán, parecen ahora instruidos con mayor diligencia y criterio. Esa normalidad debe de resultar en sí misma un revés moral para el ego cósmico del supermagistrado, un tipo tan valeroso como arrebatado capaz de hacerse sombra a sí mismo; siempre tiene dentro un ramalazo de vehemencia obcecada y de notoriedad incontrolable que neutraliza su indiscutible coraje civil. Sucede que la ofuscación es mala compañera para un hombre de leyes, sobre todo cuando le lleva a brincar alegremente sobre las garantías y otros detalles del derecho procesal. En realidad, Garzón tiene más madera de político que de juez, y quizá por eso todo lo que toca y le rodea está impregnado de arbitrariedades y desafueros que contaminan la necesaria imparcialidad de la acción judicial y expanden a su alrededor una niebla de prejuicios.

En esa bruma de confusión interesada el magistrado se mueve con una naturalidad más propia de la política que del derecho. Experto en el manejo mediático domina los mensajes simplistas y las coartadas de simbolismo ideológico, y cuando se ve en aprietos tiende a sobreactuar con recargadas dosis de victimismo. Ese comportamiento es intrínsecamente político en la medida en que carga sobre los demás una culpa unívoca, según el clásico mecanismo de los liderazgos mesiánicos y banderizos. Al presentarse a sí mismo como paladín franco y espontáneo de causas justas, cualquier obstáculo que encuentre no puede ser sino fruto de una conspiración malvada. Garzón aplica y emite —paladinamente, puesto que deja que otros lo hagan por él— un discurso maniqueo típico de la retórica sectaria, que apela a categorías primarias y dualidades basadas en conceptos esquemáticos: malo / bueno, progresista / reaccionario, etc. Justo lo que el derecho combate a través de su compleja y metódica ponderación de circunstancias, matices, requisitos, reflexiones, casuismos… y reglas.

No cabe duda de que resulta chocante que el instructor del sumario Gürtel vaya a sentarse en el banquillo antes que los imputados en el proceso. Pero eso sucede porque el magistrado ha saltado a la ligera sobre el conjunto de pautas garantistas que tenía obligación de preservar, haciendo —presuntamente, claro— un uso instrumental abusivo de sus facultades jurídicas que, por afectar al derecho a la defensa de los acusados, puede comprometer incluso el buen fin de la investigación y de la causa. Aquí no caben enredos de índole ideológica, ni excusas victimistas ni argumentarios paranoicos. Se trata, simplemente, de que ni siquiera un juez puede situar la justicia —su idea particular de la justicia— por encima de la ley.

ABC - Opinión

El banquillo de Garzón

Con su mala praxis como instructor, el juez estrella ha puesto en vilo la legalidad de las imputaciones contra los acusados del «caso Gürtel»

LA apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por las grabaciones ilegales a los letrados del «caso Gürtel» mientras despachaban con sus defendidos en los centros penitenciarios donde estos cumplen prisión provisional demuestra que hace tiempo que tocó a su fin el ciclo alcista de este «juez estrella». Que Garzón es un mal instructor es algo de general conocimiento entre compañeros, fiscales y abogados. Los abundantes casos en que sus fallos de instrucción han motivado absoluciones o condenas mínimas lo acreditan de forma inapelable. Pero en el «caso Gürtel» Garzón cruzó la línea roja, porque vulneró el secreto inherente al derecho de defensa, como certeramente pone de manifiesto el instructor de la Sala Segunda, sin tener indicio alguno de delito cometido por los abogados defensores. De esta forma, Garzón expropió a los imputados de su derecho a no autoincriminarse y de una defensa efectiva porque tanto él como el Fiscal se pusieron al corriente, ilegalmente, de las estrategias que estaban preparando para sus posteriores comparecencias. Además, Garzón ha puesto en vilo la legalidad de las imputaciones contra los acusados del «caso Gürtel», en la medida en que la nulidad de las grabaciones pudiera contaminar las pruebas obtenidas con posterioridad y a consecuencia, precisamente, de dichas grabaciones. Sin embargo, esta contaminación de pruebas no es un efecto automático, y habrá que esperar hasta el juicio oral para que el tribunal competente decida si son o no válidas. En todo caso, el riesgo de nulidad es cierto y los defensores la esgrimirán legítimamente, porque Garzón se lo ha puesto en bandeja con su proceder contrario a los más elementales principios procesales. Por eso estaría justificado que este proceso por las escuchas del «caso Gürtel» fuera juzgado con rapidez, porque hay personas en prisión cuya situación podría cambiar si el instructor que los encarceló fuera condenado por prevaricador y si las pruebas en que se basó fueran declaradas nulas.

El mito Garzón se va diluyendo, y aflora su mala praxis como instructor. A pesar de la coraza mediático-política que pretende protegerlo, con giras internacionales y vídeos promocionales incluidos, la gravedad de los hechos por los que está acusado es sobre el personaje una enmienda a la totalidad. Prevaricación, cohecho, vulneración de derechos fundamentales. Son los peores delitos que un juez puede cometer. Aunque hay quien quiere ver una conspiración derechista contra Garzón, todo es más fácil de entender si solo se ve a un juez que ha jugado con la ley a su capricho.

ABC - Editorial

Película. Garzón Superstar. Por Cristina Losada

Kosslick, que prácticamente oía hablar de Garzón –y a Garzón– por vez primera, trazó esa muy discutible analogía entre la barbarie del Tercer Reich y las atrocidades de una guerra civil sobre el barro común del ajuste de cuentas con el pasado.

El Festival de Cine de Berlín escuchó a Baltasar Garzón, filmado por Isabel Coixet, con gran respeto y credulidad infinita. Es sabido que un "documental" dice siempre la verdad y toda la verdad. Por principio. La cinta tuvo el honor de contar con la presentación del director del festival, Dieter Kosslick, quien nos servirá de guía en la perplejidad. Y es que tras reconocer que apenas tenía algún conocimiento previo de las andanzas del juez, se manifestaba así después de visionar la película: "Para nosotros, que tardamos 60 años en ajustar cuentas con el Holocausto y los crímenes nazis, es increíble que un país que conocemos tan bien, un país de la UE, pase por esto". Sí, a algunos también nos parece increíble que en un país que conocemos tan bien, en un país de la UE, se tome a España por una democracia de tercera.

Kosslick, que prácticamente oía hablar de Garzón –y a Garzón– por vez primera, trazó esa muy discutible analogía entre la barbarie del Tercer Reich y las atrocidades de una guerra civil sobre el barro común del ajuste de cuentas con el pasado. Como los alemanes, a su juicio, tardaron sesenta años –que ya es tiempo– en "comprender" el suyo, mutatis mutandis, los españoles han de tener enormes dificultades para digerir su propia historia. En suma, una proyección completa la que realizaba el jefe de la Berlinale, desde la premisa incierta de que hasta la intervención de Garzón, en España nada se había querido investigar sobre la Guerra Civil y el franquismo. ¡Como si Garzón hubiera investigado! Hasta para un alemán es de una ingenuidad pasmosa. Valga como posible excusa que allí ha de ser impensable un carrerón como el del juez superestrella.

España ajustó cuentas con su pasado, por decirlo con la horrenda frase, del único modo que puede hacerlo un país que se quiera civilizado: mediante un acuerdo de reconciliación, que es un pacto de olvido desde la memoria. Hace más de treinta años se hizo. Nadie lo cuestionó. Tampoco los socialistas. Hasta que despertaron a la bestia, por cálculos cínicos y oportunistas, instante en que Garzón se subió al carro deprisa. Creer que se le persigue por antifranquista –será sobrevenido– equivale a acusar a las instituciones españolas y al Tribunal Supremo, en concreto, de connivencia con el franquismo. Y ahí topamos con el tufo ofensivo, paternalista, despreciativo, que desprende la visión de la realidad española que mantienen ciertas gentes europeas. Muy progresistas ellas, piensan que España aún tiene manchas, sigue infectada por su pasado y ocupa un escalón inferior al de sus propios países. Pero a estas alturas de la película no es España, sino Garzón quien tiene que ajustar sus cuentas.

Libertad Digital - Opinión

España, a juicio

DESPUÉS de años de ejercer de gendarme de la legalidad internacional y de someter a fiscalización el funcionamiento jurisdiccional y la historia de otros Estados, ahora es España, en concreto su Transición y algunas de sus leyes democráticas, la que está en puertas de ser sometida a juicio por un Estado extranjero. No es cierto, sin embargo, que un tribunal de apelación de Buenos Aires haya reabierto un proceso penal al franquismo. Lo único que ha acordado ha sido pedir al Gobierno español que informe de si «se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Tan aparatosa formulación —susceptible de interpretaciones divergentes, porque incluiría los asesinatos de demócratas a manos de las milicias republicanas— puede ser fácilmente respondida por el Gobierno español y su Fiscalía General: el juez Garzón tuvo abierta durante 23 meses una causa penal por crímenes contra la Humanidad a la que dio carpetazo el 18 de noviembre de 2008, declarando extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de la jerarquía franquista. Por tanto, sí ha habido investigación, al menos nominalmente, y esta fue clausurada por Garzón y sucesivamente por los diversos jueces de instrucción en los que recayó el sumario por los desaparecidos del franquismo. Además, puede ilustrar el Gobierno español a los jueces argentinos con el dato de que en 1977 las Cortes democráticas, sin tutelas militares, aprobaron, a instancia de la izquierda española, una ley de Amnistía para todos, sin excepción. De esta manera, por la doble vía de la amnistía y de la cosa juzgada, la gran aportación del juez Garzón, es improcedente que la justicia argentina investigue lo sucedido en España

ABC - Editorial

Garzón y sus rehenes. Por Jesús Cacho

Conocí en los años setenta a un modesto albañil que, a base de talento natural y esfuerzo, logró hacer una considerable fortuna construyendo pisos en el sur de Madrid. El buen hombre regresaba cada verano a su pueblo conduciendo orgulloso su Mercedes Benz y presumiendo de su nueva condición de hombre rico. Se había construido su propio chalé y era tal el entusiasmo que ante sus paisanos desplegaba relatando la majestuosidad de la obra, que al dar detalles de la bodega -porque, naturalmente, su nueva casa contaba con una que dejaba en pañales a las viejas cuevas del pueblo-, llegó a manifestar jacarandoso que “las pinturas de mi bodega son más bonitas que las de la Capilla Cristina”. En otra ocasión un antiguo vecino le preguntó cuánto le había costado hacerse rico. He aquí lo que el menda respondió: “lo más difícil es hacer el primer millón; luego la cosa coge excremento…”

También el episodio protagonizado por Baltasar Garzón con la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York, años 2005 y 2006, ha ido cogiendo excremento conforme se han ido conociendo los detalles de un “trinque” que ya va por el millón de euros. Toda nueva aportación noticiosa hace crecer el nivel de detritus que envuelve el entero episodio y que amenaza con pringar a mucha gente. Esta semana han declarado ante el juez del Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa por presunto cohecho y prevaricación en este caso, los representantes de Endesa (con su ex presidente Manuel Pizarro a la cabeza); de BBVA (Francisco González en carne mortal), y de Telefónica (un par de mandaos). Prodigio praeter naturam: ninguno sabe nada; todos escurren el bulto, pero todos soltaron religiosamente la pasta que pidió el malandrín.

«¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron?»

Sabemos ya que a los 302.000 dólares que el Banco Santander regaló al interfecto para financiar unos cursos del Centro Rey Juan Carlos de la citada Universidad, hay que sumar los 625.000 aportados por Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En concreto, Telefónica y BBVA colaboraron con 200.000 dólares cada una en el patrocinio de una serie de conferencias sobre terrorismo organizadas en el Centro de Derecho y Seguridad de la citada Universidad, mientras CEPSA aportó 100.000 y Endesa otros 125.000 dólares. Y en los alrededores de la Audiencia Nacional (AN) hay quien asegura que la cifra real ronda los 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues bien, ¿es el terrorismo un problema exclusivamente español que hay que estudiar precisamente en Nueva York? No parece. Entonces, ¿por qué solo aportaron financiación las grandes empresas españolas? ¿Cuánto puso, por ejemplo, la Fundación Rockefeller? ¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron, que todos los años invierten ingentes sumas en proteger sus instalaciones y pozos de eventuales ataques terroristas? ¿Cuánto donó la gran banca americana? ¿Golpeó Garzón con el mazo la puerta de Citibank, implorando el conocido dame argo, payo?

Ybarra y el caso de las cuentas secretas en Jersey

Pues no. La razón es sencilla: esas grandes corporaciones yanquis quedan fuera del área de influencia de Garzón, no son potenciales justiciables en manos de la criatura. Es decir, no tienen por qué tenerle miedo. Porque esas entregas de dinero, y alguna más que irá saliendo, están generalmente ligadas a algún procedimiento judicial en marcha que, oh casualidad, siempre suele caer en su juzgado. En el caso del Santander, fue una denuncia contra la cúpula del banco, un coletazo del famoso caso de las “cesiones de crédito”, que el magistrado archivó al regresar de su año sabático neoyorquino en lugar de haberse inhibido motu proprio, como era su obligación tras el obsequio recibido. Garzón no dijo la verdad al ocultar la relación que mantenía con el banco. Esta es la clave del arco de este escándalo. En el caso más reciente del BBVA, mientras el aludido sentaba en el banquillo a la cúpula saliente del BBV, encabezada por Emilio Ybarra, con una mano, con la otra pedía dinero a la entrante -ya BBVA-, con un González al frente que directamente se benefició del estallido del escándalo de las cuentas secretas en Jersey y Liechtenstein. Difícil imaginar al de Chantada negando los 200.000 dólares que pedía el andoba. La evocación del caso del juez Estevill resulta inevitable.

La línea de defensa de Garzón ha consistido en argumentar en el caso del Santander que nunca cobró de los fondos aportados por el banco a la Universidad. Es cierto, lo hizo de ese “pool” del millón de euros ya conocido, abrevadero que sufragó también los gastos de su hija -un curso de inglés- y de la propia secretaria judicial o aide de chambre que le acompañó en su año sabático. Por eso resulta tan llamativo que el ex director de Comunicación del BBVA argumentara esta semana que se aseguró de que ni un céntimo del dinero de su banco fuera a parar a los bolsillos de Don Baltasar. Excusatio non petita. Es la mejor prueba de la materia que aquí se trata. ¿Qué impediría reconocer que parte de esos fondos se destinó a pagar a Garzón? Que ello implicaría asumir la relación directa entre los pagos y la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN contra Ybarra y otros. El BBVA ha querido evitar que la justicia establezca una relación causa-efecto entre ese dinero y el pago de un servicio. No reconocer, en suma, que se trataba de una transacción comercial entre el banco y la sociedad Garzón S.L.

«Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, que caracteriza a las democracias de medio pelo»

“Aunque parezca mentira, nosotros nos hemos salvado”, aseguran en otra gran empresa, “seguramente porque estamos lejos de su ámbito de influencia y no tenemos líos en la AN”. Naturalmente que no toda la culpa de este escándalo recae sobre el juez o jueces que utilizan para sus fines dinero ajeno. “¿Necesitas pasta para montar algo…? Pues date un paseo por las cinco o seis empresas de costumbre y pide lo que necesites”, asegura un alto cargo madrileño. “Claro que no se la soltamos a cualquiera. El que pide tiene que presentar avales, poder, influencia y relaciones bastantes”. La responsabilidad de los banqueros y empresarios que, abducidos o atemorizados por garzas y garzones, aceptan este tipo de prácticas, es innegable. Cediendo a las presiones, primero, y amparándolo con su silencio, después. Llamados por el juez Marchena del TS, ninguno -ni Pizarro, ni Paco González- se acuerda de lo ocurrido. Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, a decir la verdad, a denunciar la corrupción, que caracteriza a las democracias de medio pelo. Mejor callar a cumplir con nuestra obligación. Con tan pedestre filosofía, nuestras grandes empresas vienen sosteniendo con respiración asistida ideas sin sentido y proyectos ruinosos, muchos de ellos en prensa, que tendrían que cerrar sin el oxigeno de la banca. Así, los supuestos apóstoles del libre mercado son los que menos creen en el mercado, rehenes de la servidumbre del “hoy por ti mañana por mí” y “mejor estar a bien con fulano o mengano, no vaya a ser que…” La cuenta corre a cargo de los accionistas, sobre todo de los pequeños, y de los consumidores, que al final pagan las comisiones bancarias más abusivas, los teléfonos más caros y el recibo de la luz más elevado.

Una fortuna cercana a los 10 millones de euros

Curioso, por ello, resulta constatar la supervivencia en nuestro país de tanto tunante como sigue viviendo gracias a la venta de literatura relativa al “buen gobierno corporativo”, la “responsabilidad social” y demás hojarasca teorizante. Curioso, también, el silencio que los titiriteros que apoyan la causa garzonita han mantenido esta semana. Las evidencias admiten escasa réplica: “El patrocinio empezó con una llamada que me hizo Garzón” (caso BBVA); “Hablé con el juez Garzón y juntos hicimos el borrador del convenio” (Telefónica). Es decir, que quien pedía la pasta, querido Emilio, era el propio juez, ello acorde con los escasos escrúpulos que se le conocen a un personaje cuya fortuna estiman en los aledaños de la AN cercana a los 10 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas, que ya decía el albañil antes aludido que lo difícil es hacer el primer millón, porque luego la cosa coge excremento. Poco importa, con todo, la cuantía de esa fortuna, seguramente lograda en buena lid, sino las eventuales responsabilidades penales de las tres causas que contra él se siguen: la obligación de inhibirse en la querella interpuesta contra el Santander; la apertura de procedimiento judicial contra una serie de notorios fallecidos (entre ellos un tal Franco), estando vigente una Ley de Amnistía, y la decisión de grabar en la cárcel las conversaciones entre unos encausados y sus abogados.

Mientras tanto y según sus escoltas -que seguimos pagando-, el señorito apenas ha pisado un par de veces La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, donde su amigo, el fiscal argentino Ocampo, le ha buscado acomodo temporal. Dicen en la Audiencia que dos gallos no caben en un mismo corral, sobre todo cuando Ocampo sabe de sobra que la verdadera ambición de Garzón es llegar a ocupar su puesto en La Haya. Su actual empeño, como es lógico, se centra en preparar concienzudamente su defensa en Madrid. Su fiel guardia de corps, con ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo al frente, trabaja al tiempo activamente tratando de cerrar el arribo a Madrid de una serie de celebrities que, bien como testigos de la defensa o, en su caso, como “observadores internacionales”, asistirían a los juicios abiertos contra el Campeador. Se habla de varios premios Nobel de la Paz. Incluso se ha establecido contacto con Nelson Mandela, a pesar de su delicado estado de salud. Sin duda, el mayor espectáculo que vieron los siglos. Para mantener su caché, el sujeto acaba de viajar a la Argentina de los Kirchner, fieles devotos del Estado de Derecho como todo el mundo sabe, para recibir un homenaje. Y dijo Garzón: “desde que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entraron a mi despacho, la vida cambió en mí y en España”. Otrosí dijo el cursi: “No puede un país construirse sobre el olvido”. Ni sobre la soberbia de sentirse por encima de la Ley.

El Confidencial - Opinión

Ofrecimiento. Por Alfonso Ussía

Ofrezco mi verdad al Tribunal Supremo. A pesar de encontrarme fuera de Madrid me pongo, faltaría más, a disposición de la Justicia. No deseo que mi silencio pueda causar perjuicio a una tercera persona, en el caso que me ocupa y preocupa, el futuro del ex juez Baltasar Garzón. Y considero conveniente que otros españoles sigan mi ejemplo con el fin de silenciar chismes y rumores a todas luces injustos.

Creo que he contado mi trayectoria empresarial. En la actualidad soy el presidente de una Sociedad Limitada que está al corriente del día, del pago y de todo lo demás gracias al director de mi agencia bancaria, don Antonio, que me recomienda y cuida, y de mi asesor fiscal. En caso contrario, mi Sociedad Limitada sólo tendría un límite seguro. La bancarrota.

En mi segunda juventud, un ciudadano francés de heroica osadía, Edmond Marcel Ferrié Granier, convenció a sus socios ingleses de un «broker» de Reaseguros domiciliado en España, de mi enorme influencia y penetración social. Fui nombrado presidente de «Ferrie & Rowbothan», que suena fenomenal. Franceses e ingleses nunca se han entendido, y mi labor consistía en apagar fuegos verbales y asistir en septiembre, como flamante presidente, a la cita de los reaseguradores de todo el mundo que se celebra en Montecarlo. Se conoce a ese coñazo como el «Rendez-Vous de Montecarlo», y no se lo recomiendo a nadie medianamente normal. Gracias a mis gestiones, la empresa experimentó una peligrosa senda hacia la quiebra, hasta que al fin la quiebra se produjo.

Previamente, mi inolvidable amigo Juan Garrigues Walker, al que tantísimo debo por su confianza en mi persona, me designó presidente de una sociedad cuya razón social era «Arte y Diseño S.A.». Aquella sociedad no creó arte alguno ni diseñó nada que mereciera la pena, e incluso, que no la mereciera. Hasta aquí mi impresionante trayectoria empresarial, de la que me siento moderadamente orgulloso.

Pues bien. Ni como Presidente de mi actual Sociedad Limitada, ni como máximo responsable en el internacional «broker» de reaseguros «Ferrie & Rowbothan», ni como presidente de pega de «Arte y Diseño S.A.», he recibido peticiones de don Baltasar Garzón Real para financiar sus cursos en Nueva York. Y tengo un gran amigo, filatélico, y presidente de una próspera sociedad dedicada a la compraventa de elegidas colecciones de sellos, y cuya identidad me reservo hasta contar con su permiso de revelación, que en cuarenta años, desde que fue licenciado del Servicio Militar como sargento del Cuerpo de Intendencia, hasta el día de hoy, tampoco ha sido receptor de sablazo alguno por parte de nuestro juez-magistrado de la Audiencia Nacional en lamentable situación confusa.

Escribo el presente texto en mi calidad de empresario. Cada día que pasa, sale a la luz una nueva empresa a la que el juez Garzón ha pedido algún tipo de mangoleta. El Banco Santander, Cepsa, Endesa, el BBVA, y ahora, Telefónica. La media de las mangoletas se establece en unos doscientos cincuenta mil dólares por entidad, lo cual no deja de ser sorprendente. Claro, que Nueva York es muy caro. Menudos son los taxis en Nueva York. Los taxistas de Nueva York se creen que todos los turistas van a Nueva York a divertirse, y no reparan en que hay personas importantes como el juez Garzón que viajan a Nueva York a dirigir cursos. El eterno desconocimiento neoyorquino de la realidad de España.

Por ello escribo en mi calidad de hombre de empresa. Ni Garzón me ha llamado, ni me ha pedido un euro, ni me he sentido presionado para financiar sus cursos. Y para que conste en el Tribunal Supremo, lo declaro y firmo en el día de hoy, sin reserva alguna por mi parte. ¡Ya está bien!

La Razón - Opinión

Otra más. Por Alfonso Ussía

Ahora se ha sabido de Endesa. Banco de Santander, Cepsa y Endesa. ¿Cuál será la cuarta gran empresa? Entre las tres citadas, el juez Garzón consiguió setencientos mil dólares para su curso y estancia en Nueva York. Endesa ha reconocido al Tribunal Supremo que financió a Garzón con 125.000 dólares. Ya vamos por los 700.000, y no me cierro a aventurar nuevas sorpresas. El requerimiento de la financiación se hizo por escrito enviado en un sobre «Confidencial» con el membrete «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez Juzgado Central 5, Audiencia Nacional, Madrid». Mintió con el Santander, mintió con Cepsa y ha mentido con Endesa. A Emilio Botín le escribió «querido Emilio», a Carlos Pérez de Bricio «estimado Carlos», y al presidente de Endesa aún no se conoce el principio de la carta y el nivel de efusión del encabezamiento. Pedir dinero desde la Audiencia Nacional para unos cursos particulares no tiene buena pinta. A ese menester, cariñosamente se le llama «dar sablazos», y ahí no pintan nada los fusilados del franquismo.

Tengo escrito que, a este paso, al juez Garzón sólo le va a quedar la UIMP de Santander, como al doctor Montes, el de las sedaciones de Leganés. Pero ahí no abonan esos dinerales a los conferenciantes ni a los directores de cursos. Y es una lástima. Lo siento por Garzón, pero más por nuestra decepción. Somos decenas de miles los decepcionados que tanto agradecimos a Baltasar Garzón su meritoria labor judicial contra el terrorismo etarra y sus fuentes de financiación. Agua limpia y pasada. Pero los más decepcionados, los que prudentemente balbucean su indignación, son sus compañeros de carrera. Por mucho que recelaran –casi todos–, de la excesiva luz con la que Garzón se iluminaba a sí mismo, pocos adivinaron hasta qué límite la egolatría de su colega podría alcanzar el prestigio de su nobilísima profesión. Los jueces no piden dinero a nadie para financiar sus cursos y vivir en Nueva York. Cuestión de principios.

Pero a este humilde servidor de ustedes, las peripecias petitorias y recaudatorias de Garzón, le han abierto los ojos. A partir de ahora, cada vez que me propongan dar una conferencia y los honorarios no terminen de convencerme, me dirigiré a las grandes empresas para solicitarles la pasta gansa. Lo haré desde mi libertad e independencia, que no están regladas por la responsabilidad política. «Querido Zutano. El Ayuntamiento de Rosicler de los Valles ha organizado un curso de Literatura del que he sido nombrado director. Por desgracia, y como consecuencia de la crisis, su Concejalía de Cultura no puede abonarme ni los gastos de desplazamiento. Es por ello que para evitar roces en el futuro, tengas a bien aceptar voluntariamente una financiación de 125.000 euros, gesto que valoraré muy positivamente en el presente y en el futuro. El curso será muy interesante y te invito a participar en su desarrollo, aunque no seas un amante de la Literatura. Recuerda que con Garzón te rascaste el bolsillo. Un abrazo de tu amigo»...

Y ni crisis ni flores.

Nota final: Me llaman de «Opinión» para decirme que el artículo ha quedado corto y debo proceder a escribir nueve líneas más. Es lógico. Me he apercibido nada más comenzar a escribir de lo mucho que me aburría hacerlo de nuevo de Garzón. Y no me he estirado. Creo que las nueve líneas se han cumplido. Gracias.

La Razón - Opinión

El favor. Por Alfonso Ussía

El último y gran favor que pudo –ya no puede– hacerle Garzón a Zapatero fue sacar de la cárcel a Rafael Díez Usabiaga con la infame justificación de que éste tenía que cuidar a su mamá. Ahora se sabe que apenas visita a su mamá, pero sigue en libertad. Usabiaga está libre porque el socialista (¿) Jesús Eguiguren, ese personaje que nunca ha dicho dónde está, lo necesita para hablar. Eguiguren y Usabiaga se llevan muy bien en las charlitas que mantienen con asiduidad. Zapatero está informado. La vuelta a las instituciones de Batasuna, es decir, el retorno de la ETA al campo político, es imparable con Zapatero en el poder. Eguiguren no es Pachi López, aunque en el pasado los confundieran. Eguiguren es un socialista «abertzale», como Eguíbar un nacionalista batasunero. En todos los partidos existen los extremos. Entre Javier Solana y Leire Pajín hay más separación que entre Katharine Hepburn y Pilar Bardem, por poner un ejemplo con vocación internacional. En el PSOE no todos están de acuerdo con las maniobras, conversaciones y chanchullos que comparten algunos con los dirigentes del terrorismo en su versión política.

Establecer una comparación entre Nicolás Redondo y Jesús Eguiguren es una grosería. Y eso es lo malo. Que Garzón, siempre inmerso en la política, abrió las puertas de la cárcel a Usabiaga para que éste se ocupara de su mamá, y Usabiaga de quien se está ocupando, y mucho, es del socialista Eguiguren, tan favorable al pacto humillante del Estado con la banda terrorista.

Me pongo en el papel del hijo, y no puedo estar de acuerdo con la actitud de Usabiaga. A una madre no se la puede abandonar así como así. Garzón sabía que Usabiaga se iba a pasar la presumible dependencia de su madre por el pitorro de la chapela, pero la militancia es la militancia, y Zapatero manda y yo obedezco. Pero para muchos, que aún creemos en el amor materno-filial, lo que está haciendo Usabiaga con su mamá no tiene perdón de Dios. No me siento decepcionado por el hecho de que existan conversaciones entre Batasuna y el Gobierno. Se veían venir. Es más, ni cuando estaban enterrando a las víctimas del atentado en la T-4 de Barajas, dejaron de cuchichearse. No me siento decepcionado con Eguiguren. Está en lo suyo y en lo que cree. No me siento decepcionado con Zapatero. El día que dijo que jamás volvería a intentar negociar con Batasuna y la ETA, supe que la negociación se mantenía. Es un mentiroso compulsivo. Y no me siento decepcionado con Garzón, porque ya no está, y decepcionarse con quien no está equivale a sentirse cohibido ante la nada. Pero sí me siento y reconozco decepcionado con Usabiaga por su falta de atención a su mamá. Y un bastante con el juez de la Audiencia Nacional que ha heredado la chapuza de Garzón y no ha ordenado todavía la detención y reingreso de Usabiaga en la cárcel, porque Usabiaga no está cumpliendo con el motivo que Garzón utilizó para regalarle la libertad.

Entiendo que si Usabiaga vuelve a la cárcel a cumplir lo que le queda de condena, Eguiguren se queda sin interlocutor y Zapatero con un palmo de narices. ¿Qué le importa a Zapatero un palmo de narices más? No obstante, la ciudadanía empieza a estar alerta, y no creo que acepte una nueva humillación ante los asesinos. Pero si consigue mantenerse en el poder unos meses más, humillación al canto. Insoportable.

La Razón - Opinión

Garzón puede arruinar el «caso Gürtel»

EL «caso Gürtel» tiene otra sombra.

Primero fueron las grabaciones ilegales de las conversaciones entre abogados y defendidos en centros penitenciarios, flagrante vulneración del derecho a la defensa y a la privacidad de las comunicaciones. Ahora, el Supremo va a ampliar el sumario de las escuchas ilegales a otras posibles ilegalidades no menos graves. Uno de los abogados defensores ha denunciado a las fiscales encargadas del caso de presentar directamente la denuncia del «caso Gürtel» ante Garzón, con la excusa de que una persona mencionada en las investigaciones de esta trama aparecía en el «caso BBVA-Privanza», tramitado por el ahora suspendido juez de la Audiencia Nacional. Además, la ampliación de la querella incluye un hecho sumamente grave si es cierto: los fiscales del caso y Garzón ocultaron que un imputado del «caso Gürtel», Pablo Crespo, había exonerado de culpa a Francisco Camps en el asunto de los trajes.

Por lo pronto, el magistrado que instruye la causa contra Garzón en la Sala Segunda ha admitido la ampliación de la querella y esto supone un salto cualitativo en los hechos. Es insólito que dos fiscales estén siendo investigadas por hechos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad criminal de los fiscales ha sido siempre una quimera y no hay antecedentes en la jurisprudencia penal. Sólo esta novedad es suficiente para medir la gravedad de la nueva querella admitida. En cuanto a Garzón, las diligencias que se practiquen determinarán si hizo bien o mal en quedarse con el «caso Gürtel», pero será una oportunidad para saber cómo es posible que la mayoría de los asuntos relevantes que pasaban por la Audiencia Nacional cayeran en sus manos inapelablemente. El argumento de la conexión entre ambos casos por una misma persona no justifica la presentación directa de la denuncia de la Fiscalía anticorrupción ante Garzón. Las consecuencias de haber vulnerado las normas de reparto son muy graves, porque la ley lo sanciona con la nulidad de actuaciones. Hay que tener en cuenta que no se habría infringido una mera norma administrativa, sino que se habría vulnerado el principio de juez predeterminado por la ley, que es una garantía constitucional para evitar el juez ad hoc. ¿Fue Garzón el juez de conveniencia de la Fiscalía anticorrupción?

Y, por supuesto, si se ha ocultado una declaración favorable a Francisco Camps, habría quebrado la neutralidad a la que se deben jueces y fiscales en la investigación penal y estaríamos ante un caso escandaloso -y delictivo- de obstrucción a la justicia y de indefensión.

ABC - Editorial

Antifranquismo. Del miedo a la memoria. Por José María Marco

Si se quiere romper con la maldición de la sospecha de franquismo, habrá que escenificar ese alejamiento con gestos que aclaren las responsabilidades de cada uno y dejen sin argumentos a quienes han utilizado esa sombra para adelantar posiciones políticas

No hay nada como las relaciones públicas. Así se ha demostrado de nuevo en Madrid, esta semana, en la cumbre que rubrica el fracaso de la presidencia europea de nuestro Rodríguez Zapatero. Lo más notable, aparte de la prepotencia con la que esta gente se pasea por las calles, ha sido la catarata de insultos con que algunos gerifaltes latinoamericanos han cubierto a sus anfitriones.

También anduvo por ahí Garzón, cacique global de los Derechos Humanos y la Justicia Universal, tan querido de los Kirschner y los Morales de aquel hemisferio, dechados a su vez de respeto a la legalidad y a la tolerancia, grandes ejemplos de sofisticación intelectual y refinamiento moral que deberíamos imitar como hace el juez estrella, espejo de antifranquistas maduros.

Seguramente la salida de Garzón para el Tribunal Internacional haya suscitado algún suspiro de alivio, sobre todo tras el bloqueo de la causa abierta contra Franco. Ahora bien, es posible que en La Haya, Garzón, con su colega el fiscal argentino que lo ha invitado, encuentre una plataforma más visible aún para cumplir su vocación de justiciero histórico en ruta a Copenhague. En la opinión internacional, el antifranquismo es considerablemente más popular que aquí. En un momento de crisis como este, reforzará además el narcisismo de buena parte de los occidentales, que podrán recrearse a su gusto, como hicieron varias veces a lo largo del siglo XX, en la imagen de una España atrasada, casi bestial, infectada de ultramontanismo y cuartelería. Ese es el pedestal sobre el que Garzón va a seguir levantando su efigie. No lo hará de carne humana, como decían que iban a hacer la estatua de Robespierre, porque el precio de la carne humana anda por las nubes. Aun así, los efectos son similares. Los insultos a España se venden bien.

La dimensión que puede adquirir la campaña de antifranquismo póstumo debería llevarnos a todos a reflexionar, de una vez por todas, sobre lo ocurrido en estos últimos treinta años. La Transición se pudo hacer porque se aceptó un principio muy sencillo: no se iba a utilizar la historia para hacer política, como se había hecho varias veces, y siempre con resultado catastrófico, en transiciones anteriores.

A pesar de esto, quedó un remanente histórico que afecta a las posiciones políticas: el centro derecha fue desde entonces el heredero del franquismo y la izquierda y los nacionalistas, los titulares de la legitimidad democrática. Aunque la Transición puso entre paréntesis la historia, la historia no se fue del régimen democrático, y menos aún se fueron la Guerra Civil y el franquismo. Siempre han estado ahí, de forma más o menos subterránea, a veces explícita, a veces sangrante. Rodríguez Zapatero y Garzón –que en realidad acaba de recobrar la libertad– la han devuelto al primer plano, de donde no va a ser desalojada con facilidad.

No lo desalojará, en cualquier caso, la obcecación en negar cualquier relación con el pasado. Resulta sorprendente, pero cuanto más se aleja la derecha política española de ese fantasma, cuanta más neutralidad quiere aparentar, más se acerca a él y más se le parece... Si se quiere de verdad romper con la maldición de la sospecha de franquismo, habrá que escenificar ese alejamiento con gestos y medidas concretas, inteligibles, que aclaren las responsabilidades de cada uno y dejen sin argumentos a quienes han utilizado esta sombra para adelantar posiciones políticas y, al final, para volver a poner en duda el resultado de la Transición. Hay cosas que siempre vuelven.

Libertad Digital - Opinión

Garzón nunca investigó crímenes franquistas. Por Andrés de la Oliva Santos

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano.

Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.

Pero lo asombroso de este asunto, con todas sus deplorables consecuencias, es que se opina sobre una actividad judicial de don Baltasar Garzón Real que, lisa y llanamente, no ha existido. Se ha inventado esa actividad. Y lo inventado tiene muy poco que ver con la realidad del proceso iniciado y finalizado por Garzón, que le ha conducido a verse imputado por prevaricación.

Aquí no voy a entrar ni en la aplicabilidad de la Ley de amnistía de 1977 ni en la prescripción de delitos ni en la irretroactividad de las leyes penales ni en las reglas admisibles, o no, para el ejercicio de la llamada «jurisdicción universal» o de la «justicia penal internacional». Por encargo de una revista jurídica, me tomé hace tiempo el trabajo de conocer, ante todo, la realidad del pretendido proceso de Garzón sobre crímenes franquistas. Y lo que aquí encontrarán de inmediato es esa realidad, que contrasta brutalmente con lo que se está diciendo, incluso por medios de comunicación, como los citados, que, en principio, son considerados fiables. En esto, esos medios han escrito frívolamente y de oídas, respaldando mentiras.

El limitado espacio me obliga a ser esquemático. De modo que resumiré la realidad en varios puntos:

1º) El famoso proceso de Garzón comienza en diciembre de 2006 al recibir unas denuncias de «desapariciones forzadas». Se trataría de delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero del detenido (art. 166 del Código Penal).

2º) Durante año y medio, Garzón no lleva a cabo investigación alguna de esas desapariciones ni ninguna otra actividad investigadora. Al cabo de esos 18 meses, ya en el año 2008, por resoluciones del día 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008, Garzón solicita a innumerables entidades información sobre otras posibles desapariciones y sobre inhumaciones o enterramientos colectivos en toda España. Continúa la ausencia de investigaciones sobre las concretas desapariciones denunciadas. Esas desapariciones se podrían considerar, es verdad, probables «crímenes del franquismo». Pero no las investiga.

3º) Por Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón introduce en el proceso iniciado en diciembre de 2006 un nuevo hecho, que es, según los términos de ese Auto, el «Alzamiento Nacional». Lo considera un delito contra los Altos Organismos de la Nación. En consecuencia, se declara competente. Siempre en el mismo Auto, Garzón señala, con nombres y apellidos, a una treintena larga de personas como responsables de ese delito. Siempre en el mismo Auto, afirma, por dos veces, que es notorio que todas esas personas han fallecido y anuncia ya que, una vez reciba los certificados de defunción que pide (aunque la ley establece que los hechos notorios no necesitan prueba), declarará extinguida la responsabilidad de esas personas.

Tras el Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón hubiera podido intentar siquiera investigar hechos de apariencia delictiva conexos con el «Alzamiento Nacional» y posteriores a él. No sólo no lo hizo, sino que su planteamiento en ese Auto fue ya de inmediato «carpetazo».

4º) En efecto: un mes y dos días después, el 18 de noviembre de 2008, Garzón dicta otro Auto en el que, recibidos los certificados de defunción, 1º) Declara extinguidas las responsabilidades penales de los por él declarados protagonistas del «Alzamiento Nacional»; 2º) Se declara incompetente para seguir conociendo del proceso que él había iniciado. Casi dos años después de las primeras denuncias de «desapariciones forzadas» reconoce Garzón (no se lo impone nadie: nadie le arrebata su proceso) que los delitos de detención ilegal no están entre los que resultan de su competencia según los arts. 88 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (obviamente, eso podía y debía haberlo resuelto en diciembre de 2006).

5º) De lo anterior deriva: a) Que las desapariciones forzadas, en general, han sido objeto de la actividad judicial de Garzón durante algo más de dos meses (ni un solo día si hablamos de las desapariciones concretamente denunciadas). Lo que en cierto momento (agosto de 2008) pretende Garzón es información sobre otras exhumaciones en marcha o planeadas, para controlarlas todas desde el Juzgado Central de Instrucción nº 5; b) La actividad judicial de Garzón respecto del «Alzamiento Nacional» dura un mes y dos días; c) En ningún momento se investigan por Garzón ni «crímenes del franquismo» en general ni algún crimen en particular en el curso del «Alzamiento Nacional, hecho distinto del franquismo» resultante, que, contando a partir de 1939, dura 36 años más.

Así han sido las cosas. Dejando a un lado la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de delitos y la cuestión de la aplicabilidad a unos hechos de preceptos penales muy posteriores a ellos (retroactividad de la ley penal no favorable) y dejando aparte igualmente si la Justicia penal internacional o sobre «crímenes contra la humanidad» debe seguir tales o cuales reglas, ciertos hechos -que son resoluciones escritas- no se deberían discutir y no debieran inventarse otros muy distintos para sustituir a los reales.

La justa causa de quienes deseaban y aún desean conocer dónde se encuentran enterrados sus familiares o amigos, ¿en qué se benefició a causa de resoluciones judiciales dictadas por Garzón? A mi entender, en nada. ¿Qué concreto (presunto o real) crimen del franquismo fue objeto de una actuación judicial de Garzón? De los papeles del proceso surge esta obligada respuesta: ninguno. Garzón despertó esperanzas que quedaron insatisfechas y movilizó recursos económicos y esfuerzos de gran número de personas, con un único resultado objetivo: miles de páginas y miles de minutos en radio y TV con don Baltasar Garzón como protagonista.

Entiendo que haya quienes se encuentren a disgusto con la Transición, con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución vigente. Lo que no entiendo ni acepto es que ese disgusto conduzca a falsear el proceso conducido por Garzón, que nada tuvo de heroico y casi todo de antijurídico simplemente en lo procesal. Y la opinión pública -también aquella en la que influyen los medios extranjeros citados- merece saber que, contra lo que se ha repetido machaconamente, nunca Garzón investigó judicialmente los «crímenes del franquismo».

ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Complutense

ABC - Opinión

¿Garzón a La Haya?. Por José María Carrascal

TRAS haberse abierto proceso a Garzón y considerar el Tribunal Supremo idónea la actuación del juez instructor, al CGPJ no le quedaba otro remedio que suspenderle de funciones, si no quería ser él quien infringiese la ley.

Otra cosa es que le autorice a ocupar el puesto de «consultor externo» que le ofrece la fiscalía de la Corte Penal de la Haya. Debe de resultar tentador no ya para sus colegas, sino para buena parte de los españoles, despachar lo más lejos posible a un juez que crea más problemas que resuelve, a tenor de sus actuaciones. Pero son precisamente sus actuaciones las que aconsejan no precipitarse, para no meternos en mayores líos de los que estamos. De ahí lo oportuno de los cinco informes pedidos por la Comisión encargada del asunto, antes de pronunciarse. El primero, al fiscal de La Haya, preguntándole si sigue interesado en tener como colaborador a alguien suspendido -lo que supondría menos exigencias de la Justicia internacional que la española- y, sobre todo, si el cargo conlleva algún tipo de inmunidad, ya que entonces sería un indulto encubierto.

Respecto a los demás informes, puede adelantarse que ni el Ministerio de Exteriores ni el de la Fiscalía General del Estado contendrán objeciones. Pero tanto la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que juzgará a Garzón, como la secretaría del CGPJ, pueden pensar de otra forma, al existir informes de sus expertos que se oponen por razones legales a conceder dicho permiso.

Añadimos otro de sentido común: con tres causas abiertas, Garzón tendrá que estar durante los próximos meses en España más que en Bruselas, dedicando a su defensa la mayor parte de sus esfuerzos.

Quedando además el rabo por desollar. No me refiero a la inmunidad que el juez suspendido puede alcanzar, sino a las atribuciones que en la Corte Internacional pueda obtener. ¿Cuáles serán? ¿Las de un fiscal ordinario o extraordinario? ¿Y si un buen día decide que la ley de amnistía que nos dimos los españoles en 1977 no se ajusta a los criterios de los crímenes contra la humanidad? ¿Y si encausa al Tribunal Supremo español por haberle impedido investigar tales crímenes? Espero no estar dando ideas a alguien tan hiperactivo como Garzón y advierto que se trata de escenarios meramente hipotéticos. Pero el caso ya es de por si bastante complicado como para complicarlo aún más. Si Garzón quiere continuar su actividad en la Haya, lo mejor para él, para la Justicia española y para la propia Corte Internacional es que se vaya con el expediento limpio. Es decir, tras haber demostrado esa inocencia que él y sus seguidores proclaman. Cualquier otra cosa tendría aroma de maniobra estratégica, de huida de la quema, de cierre en falso de un envenenado contencioso.

A no ser, naturalmente, que Baltasar Garzón y sus seguidores no crean en la Justicia española.

ABC - Opinión

Presunto inocente. Por Ignacio Camacho

EL Estado de Derecho ha suspendido de funciones al juez Garzón hasta que la justicia decida si ha aplicado de forma torticera las leyes a cuyo servicio se debe.

Ésta es la única realidad objetiva del monumental alboroto político y mediático que ayer llegó a encabezar el trending topic de ciertas redes sociales de Internet. Alboroto legítimo: las interpretaciones sentimentales -incluso las ideológicas, porque la ideología surge a menudo de los sentimientos y forma parte de ellos- no tienen por qué atenerse a la lógica jurídica. Pero la lógica judicial sí ha de abstraerse de la influencia emotiva: por no hacerlo está procesado el magistrado más famoso de España, al que el sistema ha tratado con la más escrupulosa de las garantías. Garzón ha tenido oportunidad de acogerse a todos los recursos que le permite el derecho procesal, y continúa amparado por la presunción de inocencia. No ha sido declarado culpable; simplemente suspendido de su ejercicio jurisdiccional hasta que su caso se sustancie en un juicio justo.

Todo ese complejo mecanismo jurídico desaparece en la esfera política y social soslayado por la pasión subjetiva. Ahí se impone la potencia esquemática de la propaganda, tanto más eficaz cuanto más simple resulte su formulación retórica. Lo que importa es que el efecto argumental solidifique los prejuicios con una explicación lineal, somera y sin matices. Ésta, por ejemplo: Garzón ha sido sancionado por tratar de investigar los crímenes del franquismo en un país cuyas estructuras permanecen dominadas por los herederos de la dictadura. Una interpretación más falsa que sesgada, más embustera que parcial, pero dotada de la retorcida efectividad que Lenin, Goebbels y otros estrategas de la demagogia atribuían a la repetición de la mentira, capaz de moldear una realidad ficticia con enorme poder de divulgación creativa. Una maquinaria implacable para crear estados artificiales de conciencia colectiva.

Contra esa eficacia aplastante, contra ese arrollador dispositivo de energía simbólica, la justicia no tiene más antídoto que el ejercicio de su independencia soberana, blindada a la influencia de la opinión pública desde la que Garzón, habilísimo manipulador de resortes emocionales y de efectismos publicitarios, ha trazado parte de su estrategia defensiva. No encontrará el aparato judicial un ápice de comprensión en el agitado bando que cuestiona sus decisiones como fruto de una conspiración pervertida. En el plano del debate político y la agitación mediática no tiene una sola baza persuasiva. Sólo dispone de la convicción en las bases de su propia legitimidad como poder democrático, que son las que fundamentan su ejercicio. Derecho contra propaganda, verdad jurídica contra falsificación política. Estado de leyes contra estado de opiniones; un interesante pulso que mide la firmeza de los principios de la democracia frente a su espejo de reacciones públicas.

ABC - Opinión

Justicia a Garzón quitado. Por Tomás Cuesta

EL desplome del ínclito Baltasar Garzón en el pozo sin fondo de sus propias trampas no es la última victoria del franquismo aunque los corifeos de la causa (tantas veces perdida por motivos espurios o por incompetencia temeraria) sostengan lo contrario a tumba abierta y a fantasmón quitado. Si alguien sale ganando es el Estado de Derecho que se ha respetado lo bastante como para impedir que alguien hiciera de su toga un sayo. Que no se ha dejado acoquinar por quienes acostumbran a trampear con leyes y a legalizar las trampas. Que ha diferenciado entre la justicia y la venganza. En resumen, que ha aplicado el código como mandan los cánones.

En este país, tan dado a los refranes, se considera de mal gusto dar leñazos a los restos del árbol fulminado. De ahí que un par de compañeros de fatigas mediáticas y unos cuantos funcionarios esquilmados le dedicaran ayer algún aplauso al abandonar la plaza. Emotiva escena, sin duda, amén de progresista y solidaria. Los magistrados Pedraz y Andreu están más que dispuestos a tomar el relevo y a que no decaiga aunque es harto improbable que tengan interés en remover las sepulturas tal y como anda el patio. No se trata sólo de los múltiples argumentos jurídicos, históricos, políticos y morales que hacían del empeño de su colega una tarea ridícula, sino de la natural y vocacional tendencia de los jueces a dedicarse a aquello que les compete por jurisdicción y dimensión espacio temporal, perspectiva que Garzón había perdido de vista probablemente desde que pensó que se podía saltar de la Audiencia a la política y viceversa sin pasar una mínima cuarentena, un periodo de desintoxicación. Pero, por mucho que Pedraz, Andreu y la compaña se empeñen en respetar lo que su ilustre ex compañero ha dejado a su paso, tendrán que hacer leña, qué remedio, del colmo viejo y hendido por el rayo.

En cualquier caso, hombre refranero, hombre majadero y a estos magistrados se les avecina una sobrecarga de trabajo que tiene a medio país en vilo: faisanes, pretorianos, correas, batasunos, traficantes y otros mochuelos; es decir, una fauna de lo más variado espera al reparto del lunes para saber en qué manos queda lo suyo. De seguro que la suspensión del superjuez es para ellos una buena noticia, aunque siempre cabía la posibilidad de que un despiste de personaje tan ocupado les pusiera de patitas en la rue por incomparecencia del juez ante el calendario, esa enojosa cuestión de los plazos, que en los tribunales, no se crean, es cuestión de años, así de ocupado iba don Baltasar, dando charlas por medio mundo, desfaciendo entuertos y dando lecciones morales allá donde requerían sus servicios.

Habrá quien piense que un gran vacío se abre a los pies de la justicia en España tras la expulsión del único juez que salía en los papeles. Sin embargo, fuentes bien informadas aseguran que el desastre judicial español no es cosa de una sola persona. Al contrario, cientos de jueces anónimos, probos funcionarios, esforzados juristas, alérgicos a la fama, comprensivos, compasivos, rigurosos, atentos a los plazos, duros o humanitarios, rígidos o flexibles, según convenga, estrictos, humildes, pacientes y silenciosos siguen al pie del cañón, sin que las aventuras de Garzón les descompongan y ni siquiera les distraigan. Que saben que cuanto más anónimo más relevante es su trabajo. Y que no han olvidado que la legalidad se fundamenta en el rigor jurídico y no en los titulares. O sea, que hay que dictar sentencias y no pregonar cruzadas.

ABC - Opinión

Y Franco se fue de rositas. Por Pablo Molina

No subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

La oleada de cariño desatada en torno a un funcionario suspendido por la autoridad judicial a causa de sus supuestos desmanes jurídicos, es uno de esos detalles que nos permite conocer el punto exacto de cocción de la progresía española, en estos momentos cercano a la ebullición.

De nada sirve explicar que las decisiones del Consejo General del Poder Judicial o de los instructores de las causas abiertas contra Garzón en el Tribunal Supremo no tienen absolutamente nada que ver con su intención de juzgar los crímenes del franquismo. Se trata simplemente de que existen sospechas de que ha violado las normas procesales con contumacia instruyendo causas para las que no era competente, y cerrando otras ante las que se tendría que haber abstenido por sus relaciones con los acusados.

Pues bien, como el progresismo es refractario al pensamiento complejo, el expediente político de apoyo a Garzón se ha resuelto con la proclamación de un mantra asequible para todos los niveles, según el cual Garzón es una nueva víctima del franquismo.

No exactamente del franquismo como tal, puesto que ya pasó a la historia, pero sí de sus herederos que básicamente son la Falange, los implicados en el caso Gürtel con el Bigotes de sargento chusquero, los que no llevamos permanentemente un ejemplar de Público bajo el brazo y, finalmente, todos y cada uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que de forma unánime ha empurado a D. Baltasar, órgano por cierto del que jamás hubiéramos sospechado que estaba tan infiltrado por fascistas y torturadores.

Las movilizaciones, algaradas y concentraciones anunciadas para defender a un funcionario presuntamente prevaricador tienen como elemento aglutinador el mensaje de que estamos ante un combate singular entre Garzón y Franco, en el que éste último finalmente se ha ido "de rositas". La expresión recuerda a aquellas otras puestas en circulación tras los atentados del 11 de marzo de 2004, convocadas a golpe de mensajes de teléfono móvil, instando a la gloriosa infantería del progresismo a evitar que Aznar se fuera de la misma guisa que ahora lo ha hecho Franco.

Con Aznar consiguieron su objetivo. Con Franco lo tienen más difícil porque, ay, decidió morirse minutos antes de que la resistencia antifranquista, que ya lo tenía todo a punto, le expulsara del poder. No obstante, no subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

Libertad Digital - Opinión

El alguacil alguacilado. Por M. Martín Ferrand

HAY en Jaén un guitarrista excelente, Pepe Justicia, que le afanó el apodo a Baltasar Garzón.

Lo de «Baltasar Justicia» hubiera quedado bien en las crónicas ditirámbicas que ha promovido el juez a quien acaba de suspender en sus funciones el Consejo General del Poder Judicial. Su ego elefantiásico, sin fronteras, hubiera engordado con tal bautismo y el personaje, entre el drama y la farsa, encaramado sobre sus propios hombros, habría parecido un gigante de la equidad. Garzón es un personaje único. No será fácil encontrar en todo el Continente alguien como él. Alguien capaz de, en unos pocos meses, recorrer los tres poderes del Estado como hizo, en pleno felipismo, al saltar de la Audiencia Nacional, en la que se encaraba con el GAL, a guardaespaldas electoral de Felipe González y, ya integrante del Legislativo, descontento con su promoción al Ejecutivo, en Interior, volver al Judicial. De aquellos polvos vienen los lodos actuales, los que han servido para moldear una figurilla confusa que, con la pretensión de juez justiciero, fue perejil en más salsas de las debidas y gran histrión en el ruedo de los acontecimientos nacionales.

La suspensión de Garzón se sustenta en sus presuntas prevaricaciones y ya nos dirá el Tribunal Supremo, cuando corresponda, de su culpabilidad o inocencia; pero, en el terreno de los valores morales y en el marco de la actualidad, con prevaricación o sin ella, lo que resulta repugnante en la figura del juez suspenso es su desparpajo para, con desprecio al dolor de las víctimas del franquismo, elevar en unos cuantos palmos el megalómano pedestal de su insaciable vanidad. Escuchar las conversaciones de un letrado con su defendido -algo grave-, cobrar o no cobrar de terceros para sufragar su turismo académico -algo feo- y medir con distintas varas los excesos de las dos Españas de la Guerra Civil -algo tremendo- es, en lo moral, menos grave que su desprecio a las familias de una de esas mitades y el uso de las de la otra mitad.

Garzón se queda compuesto y sin ir a La Haya. Su gran capacidad maniobrera trataba de organizar una brillante fuga de sí mismo, pero la diligencia de un juez de la vieja escuela, de los discretos -progresista para mayor inri-, Luciano Varela, ha disparado los mecanismos de defensa que tiene el Estado y las instituciones, tan resquebrajadas, han quedado a salvo. La Justicia es ciega; pero no manca, ni boba.

ABC - Opinión

Garzón llegó a su destino

EL Consejo General del Poder Judicial, lejos de fracturarse por el «caso Garzón», se pronunció ayer por unanimidad a favor de suspender en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional.

La unidad de criterio del presidente y los vocales del CGPJ fue producto de la estricta aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ordena suspender a todo juez o magistrado en cuanto sea imputado o procesado. Y Garzón está imputado y a un paso del banquillo por un delito de prevaricación. Sus defensores mediáticos y políticos no entienden que se ha llegado a este resultado por los principios de legalidad e igualdad. Garzón, que tantas veces hizo un uso extravagante de la ley, no está por encima de esa misma ley y ni uno solo de sus méritos, por loables que sean -y muchos lo son- le eximen de responder por sus actos.

Es lamentable la manipulación que se está produciendo en torno al sumario de la «memoria histórica» y al proceso instruido por el magistrado Luciano Varela. Pero la verdad ha dejado de importar al coro de seguidores que rodea a Garzón. Lo relevante es convertirlo en la última coartada de una izquierda huérfana de ideología y referencias. Quienes creen que Garzón investigó el franquismo, y que por esto mismo ha sido imputado, viven en el más absoluto de los engaños. Es Garzón el único juez español que ha dado carpetazo a un proceso contra crímenes del franquismo, porque fue Garzón el que declaró extinguidas las responsabilidades penales de sus dirigentes por causa de su fallecimiento. Con este precedente no hay tribunal extranjero o internacional que legalmente pueda abrir una causa contra el franquismo. Garzón ha creado el precedente judicial que lo impide.

Los agónicos intentos de evitar la suspensión han sido inútiles, pero de todos ellos el más osado es la oferta que recibió Garzón de su amigo Luis Moreno Ocampo para incorporarse como «asesor» de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al final, la treta no impidió la suspensión. De todos modos, la Comisión Permanente del CGPJ decidió dejar en el aire durante varios días más su aval para permitir a Garzón acceder a ese cargo. Si finalmente el CGPJ accede, será una indignidad para España porque no es de recibo que un juez suspendido, acusado e imputado se integre en una Corte internacional, aunque sea como asesor de otra estrella del firmamento judicial, como es Moreno Ocampo. Hay en España excelentes jueces y fiscales especializados en cooperación jurídica internacional y mucho más idóneos para trabajar en la CPI o en cualquier organismo similar.

ABC - Editorial

Adiós a Garzón

Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido, de forma unánime, cumplir la ley y suspender temporalmente a Garzón de su juzgado. No podía ser de otro modo, pues una vez rechazadas las maniobras dilatorias del abogado del ex número 2 en la lista del PSOE por Madrid su suspensión era automática, según marca la ley. Los miembros del CGPJ podían haber optado por apartarlo antes, pero han preferido no hacerlo hasta que no hubiera más opción. No les librará de las iras de la izquierda, cada día más sectaria, iletrada y emocional.

En Libertad Digital hemos mantenido durante años, mucho antes de que se abriera ninguna de las tres causas que tiene actualmente en el Supremo, que Garzón era indigno de vestir toga. Antes de que abriéramos nuestras puertas, el juez estrella ya había dado muestras de su concepción de la Justicia y su desmedido ego, cuando tras acusar al Gobierno socialista de terrorismo de estado no tuvo problemas en presentarse en las listas del PSOE. Sólo cuando le negaron un ministerio abandonó el parlamento y volvió a su juzgado para intentar procesar a quienes poco antes consideró dignos compañeros de partido. Pese a sus meritorios esfuerzos en su lucha contra ETA, volvió a dejarse llevar por su afán de protagonismo con su empeño de encarcelar a dictadores extranjeros de extrema derecha, mientras rechazaba las demandas interpuestas contra dictadores de extrema izquierda.

Fue por aquel entonces cuando rechazó una querella contra Carrillo, en justa aplicación de la Ley de Amnistía. Siendo el ex responsable de las checas madrileñas de extrema izquierda, no consideró que hubiera razón jurídica para encausarlo. Cerca del final de la segunda legislatura de Aznar comenzó a significarse escribiendo, como juez, contra el apoyo de España a la guerra de Irak. Una vez llegado al poder Zapatero, fue el principal valedor del proceso de rendición ante el terrorismo, manchando su toga, no ya en el polvo, sino en el barro del camino; su actuación en el caso Faisán, siendo la más escandalosa, no fue la única.

Pero a lo largo de estos años, su fama y el corporativismo le permitieron salir de rositas en más de una investigación. Ha tenido que ocurrir algo tan claro como su doble vara de medir en su causa general contra el franquismo, en que no sólo se desdijo de todos sus argumentos jurídicos para no encausar a Carrillo, sino que tuvo que subvertir el proceso penal para continuar con la causa pese a que las personas que quería encausar estaban muy notoriamente muertas.

Careciendo de argumentos jurídicos para defender al juez estrella, la izquierda se ha dedicado a lo único que sabe hacer: agitar emociones. Garzón estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por atreverse a investigar el franquismo. Pero lo único que sucedía es que se le encausaba porque, siendo juez, nada más y nada menos que juez, había violado la ley. Aquellos que se sumaron al linchamiento de Gómez de Liaño –que tuvo que irse a Europa para lograr que se hiciera justicia–, acusaron al Supremo y en concreto al juez Luciano Varela, de izquierdas, de ser nada menos que franquistas. Esa es nuestra izquierda: la más cavernícola de los países de nuestro entorno.

Aunque resulte arriesgada cualquier predicción relacionada con Garzón, parece improbable que regrese a la Audiencia Nacional. Raro sería que con tres causas abiertas por prevaricación ninguna acabara en condena, lo que conlleva una pena de diez a veinte años de inhabilitación. Teniendo Garzón cincuenta y cuatro años de edad, sólo un indulto le impediría jubilarse fuera de la judicatura. Si así sucedieran, no seremos nosotros quien lo echemos de menos. En Libertad Digital creemos que los jueces deben cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como está escrita y aprobada en un parlamento democrático, sin inventarla a cada paso ni violarla por una causa que consideren superior. Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

Libertad Digital - Editorial

Emergencia máxima. Por Alvaro Delgado-Gal

A lo largo de los últimos treinta días, se han producido dos hechos cuya proyección en el futuro inmediato no podemos ponderar aún. Ambos son gravísimos, y aunque inconexos, podrían entrar en sintonía de aquí a no mucho.

Voy por orden. A mediados de abril sindicatos, actores, un secretario de Estado, miembros del PSOE e IU, y algunos puntos fuertes del progresismo de carril, se reunieron en la Facultad de Medicina de la Complutense para desautorizar al Tribunal Supremo y exigir justicia democrática. Entendámonos bien, una justicia más alta, más urgente, que la emanada de los procedimientos y la aplicación de la ley por los jueces. Un ex fiscal vociferante llamó a los magistrados de la Sala Segunda torturadores y fascistas. Zapatero pidió, al día siguiente, respeto para el Tribunal. No obstante, se hace invencible la sospecha de que el Gobierno toleró en el mejor de los casos, y alentó en el peor, el infeliz aquelarre. Súmense dos y dos: no es verosímil que el rector ofreciera hospitalidad a los asistentes sin tantear antes el terreno; concurrieron los mismos que han apoyado al Gobierno cada vez que éste ha decidido mover la calle; no se explica qué pintaba allí el señor Zarrías, secretario de Estado y figura de mucho peso en el PSOE; y resultó revelador que casi todos los ministros, mientras callaba el de Justicia, mostrasen su comprensión hacia el acto tremendo.

¿Qué provocó el remolino? En esencia, la admisión por la Sala Segunda de una querella contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Conviene diferenciar tres extremos: el contenido de la investigación, la circunstancia de que el querellante sea Falange Española y la oportunidad de la admisión desde un punto de vista técnico. Sobre lo último existen serias dudas, formuladas en su momento por el Ministerio Fiscal. A lo que parece, no está claro que la figura conocida como «Acción Popular» contemple como querellante a un partido político, para más señas, a un partido que no es víctima en el caso que se está investigando. El hecho de que ese partido fuera Falange añadió leña al fuego. Pero no nos engañemos. Los entusiastas de la Complutense no pusieron el grito en el cielo armados de la Constitución y sus posibles acepciones. El asunto discurrió por otros cauces, por llamarlos de alguna manera. Recuperando la consigna jacobina del complot de los aristócratas, se postuló una vasta conspiración judicial de signo fascista, siendo así que lo único que consta, hasta la fecha, es una discutible decisión del juez instructor, animado por un celo que algunos estiman más proporcionado a las otras dos querellas que pesan sobre Garzón. Se inhabilitó el Estado de Derecho, y se desencadenó una ofensiva cuyo remate ha sido la impugnación de la Transición y de la Monarquía. Conclusiones, las últimas, brutales, aunque coherentes dentro de su simplicidad. Reconstruida la historia de nuestra democracia en clave paranoica, todo encaja. La Transición se verificó por una claudicación de la izquierda, cautiva o intimidada por un Ejército de profesión franquista; las instituciones surgidas de esa claudicación no son, en consecuencia, legítimas; no lo es la Monarquía; y a fin de cuentas, no lo es el PP, cuya ilegalización fue urgida, días más tarde, en una manifestación en Madrid.

No creo en absoluto que el Gobierno deseara llegar a donde han llegado sus palmeros más bozales. Su propósito era juntar fuerzas, recitar conjuros, resucitar la unidad ensayada cuando lo del chapapote, lo de Irak y todo eso. Ahora bien, tampoco creo que advierta, con la lucidez deseable, qué peligroso es lo que ha ocurrido. Zapatero ha corroborado su propensión a salirse del perímetro en que se encierran las reglas de juego. No es la primera vez que lo hace, pero nunca se había forzado el motor tanto como ahora. El segundo hecho nos remite al miércoles 12 de mayo. Apelando a las tormentas financieras, y sin mayores explicaciones, el presidente anunció un plan de austeridad que contradice sus diagnósticos económicos de los dos últimos años y anula sus compromisos políticos más solemnes. La causa de esta volte-face es perfectamente conocida. El remolino griego amenazaba con tragarse también a España, España es demasiado grande, y los que mandan más que nuestro presidente le han leído la cartilla y le han impuesto, que no sugerido, un recorte inmediato -y no será el único- del gasto público. El Gobierno, sin tiempo para hilar más fino, ha metido el bisturí en las partidas que controla de modo directo: Obras Públicas, pensiones y salarios de los funcionarios. ¿Cómo ha reaccionado la opinión?

Con algunas excepciones, como la de este diario, de modo decepcionante. Para ser más precisos: con unas maneras, y unos argumentos, que revelan una asombrosa, y temo que genuina, ignorancia de lo que es una democracia. Seamos claros: el problema fundamental no está en que las medidas sean necesarias, que lo son, hasta el punto de que no sólo son necesarias, sino insuficientes.

El problema no está tampoco en atinar con la combinación parlamentaria que permita aprobar el recorte en el Congreso. Ni está en las oportunidades que la terrible emergencia abre a la oposición, o a tal o cual partido minoritario y agazapado. El problema está en que el sentido democrático más elemental exige que Zapatero deje las riendas a otro, preferiblemente de su mismo partido. En democracia existe lo que los ingleses denominan accountability, responsabilidad personal frente a los ciudadanos. La responsabilidad exige coherencia moral, y la coherencia moral no se preserva con maniobras en el Parlamento, sea cual fuere el buen éxito de éstas. Es un valor más básico. Quien se desmiente aparatosamente, o gira y enseña una cara que nadie reconoce, carece de títulos para liderar lo contrario de lo que representaba ante sus electores o el conjunto de la nación.

Hemos dado pruebas, en el espacio de treinta días, de una inmadurez colectiva que corta el resuello. Los partidos, en su conjunto, tienen el deber de ponerse a la altura de los acontecimientos. El pueblo también, por supuesto. Pero el demos tiende a inhibirse en las etapas de bonanza, o a estallar en erupciones erráticas en los momentos de emergencia. Si la oferta política no se corrige, habremos dado un paso serio hacia la desnaturalización irreversible de la democracia. El peor de los escenarios, espero que no confirmado por el desarrollo de las cosas que están por venir, sería aquel en que abril se superpusiera a mayo. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de que los mismos que han alentado la discordia a impulsos de un oportunismo miope y rutinario intenten salvar la cara frente a su parroquia menos ilustrada atizando causas radicales en el terreno de los símbolos. La necesidad en que el PSOE se encuentra de contar con el PP opera en contra de esa contingencia terrorífica. Pero no sabemos aún de qué lado caerá la moneda, o si el propio PP sabrá distinguir entre lo verdaderamente importante y los cortocircuitos que atajan el camino hacia el poder. Todos dependen de todos, o, si se quiere, todos dependemos de todos. Aunque no todos somos iguales. Debiera estar claro a quién corresponde dar el primer paso.

ABC - Opinión