Mas. Colmenero. Por Maite Nolla

Vale que lo de Mas sobre los niños andaluces fue un chiste. Un chiste como los de Colmenero, el personaje de 'Aída', con eso de que “los negros huelen fuerte, los chinos son raros y los rumanos roban”. La misma gracia, vamos.

Oyendo a Mas, supongo que ahora entienden ustedes por qué Plataforma per Catalunya tiene éxito en Cataluña y sólo en Cataluña. El partido de Anglada toma sus bases del nacionalismo catalán y por eso sus palabras resultan tan familiares y tienen tan favorable acogida. Además, obtiene sus mejores resultados en los feudos más feudales del nacionalismo, donde el PP no ha conseguido rascar un voto en treinta años de democracia. Véase Vic y otras plazas fuertes. Recuerden también que el concejal de este partido que tuvo que dimitir porque su pareja era un señor y de color, no provenía del PP o de Ciudadanos: venía de militar en las CUP, en ERC y en las juventudes de Convergencia, que eso sí es nacionalismo fetén de amplio espectro. Luego es verdad que cada uno toma distintas estrategias electorales, aunque el fondo sea el mismo. Por ejemplo, el sábado pasado a las puertas de la Monumental se repartía un mensaje un tanto disidente con la doctrina, aunque de gran calado intelectual: "Nos quitan los toros, para traer a los moros; No a la mezquita en la Monumental". Es un matiz, lo reconozco, pero entiendan ustedes que no podían dejar pasar la oportunidad de repartir propaganda entre más de veinte mil personas congregadas para el sepelio. Además, CiU no está en contra de los espectáculos taurinos; está sólo en contra de su versión española.

También es verdad que en Cataluña, menos con Ciudadanos, encontraríamos un espacio común y compartido por toda la clase política; y si no, vuelvan a Vic y comprueben que los que pretendían impedir –en contra de la Ley- que los ilegales no pudieran ser empadronados fueron los de Unió, los socialistas y los independentistas. Pero, en definitiva y como dicen ahora los horteras, la "hoja de ruta" de Plataforma per Catalunya es, sin mucho aderezo, el programa sobre inmigración de CiU. De CiU y del obispado, porque el beato Sistach bendijo el inicio de las fiestas de la Mercè con un llamamiento a defender "nuestra identidad" frente a la "abundante inmigración". Vaya, y lo dice justo ahora que los rumanos y los polacos están repoblando las iglesias catalanas que se han vaciado por culpa del nacionalismo. Aunque traigan a sus propios curas –por la cosa del idioma–, el cardenal arzobispo demuestra poca visión de negocio.

Vale que lo de Mas sobre los niños andaluces fue un chiste que merece que le recuerden que a alguno de los miembros de su gobierno –alcalde incluido– tampoco se le entiende demasiado cuando habla en catalán; pero no fue más que un chiste. Un chiste como los de Colmenero, el personaje de Aída, con eso de que "los negros huelen fuerte, los chinos son raros y los rumanos roban". La misma gracia, vamos. Tirí, tirí.

Libertad Digital – Opinión

A Mas se le entiende todo

Lo acontecido esta semana revela de nuevo la necesidad de que el gobierno central recupere las competencias cedidas a la comunidad catalana en materia de educación al objeto de preservar los derechos y libertades recogidos en la carta magna.

Las recientes declaraciones del presidente de la Generalidad pretendiendo ofender a los niños de otras regiones de España a cuenta del idioma, sólo pueden causar sorpresa a aquellos que ignoren la trayectoria eminentemente racista del nacionalismo catalán.

Artur Mas, criatura de Pujol al fin y al cabo, ha tratado de colocarse a la altura de su mentor con sus pretendidos insultos hacia los que utilizamos el idioma común en otras regiones de España. Mucho tendrá que esforzarse para llegar a las cotas de abyección xenófoba alcanzadas por el autor de "La inmigración, problema y esperanza en Cataluña", pero tras sus dicterios en el parlamento regional, es de justicia reconocer que al actual presidente de la Generalidad, voluntad no le falta.

Es improbable que Mas, como afirma, tenga dificultades para comprender a un niño andaluz hablando en español, pues con su antecesor en el cargo, personaje con graves dificultades para expresarse en cualquier lengua, mantuvo decenas de reuniones sin necesidad de recurrir a la traducción simultánea. Se trata más bien de un ejercicio de hipocresía, como acertadamente le afeó el líder de Ciudadanos, para preservar a sus hijos de la pobreza lingüística a que la Generalidad somete al resto de familias catalanas a despecho de la constitución española y las sentencias de los tribunales.

Lo acontecido esta semana revela de nuevo la necesidad de que el gobierno central recupere las competencias cedidas a la comunidad catalana en materia de educación al objeto de preservar los derechos y libertades recogidos en la carta magna, decisión constitucional debería haberse adoptado mucho tiempo atrás. Una vez garantizado el derecho de los niños catalanes castellanoparlantes a educarse en su lengua materna, no habrá problema para que Mas siga ejerciendo de bufón xenófobo por tiempo indefinido. En el parlamento de Cataluña, con las obligadas excepciones, siempre contará con un auditorio de lo más adecuado.

Libertad Digital – Editorial

Recortes dolorosos

El Gobierno de Artur Mas insiste en deteriorar la atención sanitaria con reducciones del gasto.

Es seguro que los recortes que impone esta larga crisis económica tengan que afectar a la práctica totalidad de las partidas presupuestarias públicas, pero hay servicios esenciales -como la atención sanitaria y la educación- que debieran si no quedar al margen, al menos ser abordados con una visión diferente. La Generalitat de Cataluña, que cerró este verano el 25% de las camas hospitalarias y 40 ambulatorios, planea reducir a la mitad la paga de Navidad a los 40.000 médicos, enfermeros y demás personal sanitario del Instituto Catalán de Salud (ICS) y quiere demorar la remuneración de las guardias y horas extraordinarias. El argumento es que hay que cumplir el presupuesto de 2011 y que para ello debe ahorrar 46 millones de euros de aquí a final de año evitando así el despido de interinos.

En un contexto de desempleo masivo y rigor presupuestario generalizado, el recorte que sufra el personal sanitario catalán debería poder ser asumible, pero esta nueva medida se yuxtapone a otras que están deteriorando la calidad del sistema de manera alarmante. Es difícil de aceptar que 10 meses después de tomar posesión, el Gobierno de Artur Mas siga esgrimiendo el derroche del tripartito para justificar una política de austeridad mal enfocada y errática, en la que primero elimina el impuesto de sucesiones y luego anuncia que Cataluña no pondría trabas a una tasa para grandes fortunas, en caso de que obtuviese luz verde del Congreso de los Diputados, sin más precisiones, pero evitando así el precio político de introducir un nuevo impuesto para elevar los ingresos. La coda final de que un concierto económico como el vasco sortearía las dificultades financieras de Cataluña, además de ser un argumento irreal, denota su aspiración a no asumir sus responsabilidades y meramente a alimentar su argumentario.

Con el recorte de la paga extra de diciembre, el presupuesto sanitario catalán se ahorrará apenas un 0,5%, un porcentaje nimio que soliviantará a los trabajadores sobre los que recae la atención sanitaria, ya suficientemente tensionada con el cierre de servicios. Seguro que hay en Cataluña otras partidas de gasto que pueden reducirse sin erosionar una piedra angular del Estado de bienestar y la cohesión social. La principal consecuencia del deterioro de la protección social es la exclusión de los más vulnerables.

A nadie le resulta fácil cuadrar presupuestos en este difícil contexto económico, pero es inadmisible que un Gobierno autónomo sucumba a la fácil tentación de contener el déficit reduciendo prestaciones sociales en vez de analizar otras opciones de ahorro, como la de aumentar la eficiencia del sistema. Que los hospitales públicos sigan infrautilizando sus costosas instalaciones por las tardes sí que es inasumible, pero para introducir medidas de racionalidad como esta los políticos tienen que trabajar un poco más y los poderosos sindicatos que controlan el sector ser más flexibles.

El País – Editorial

De dónde recorta el nacionalismo

Para ancianos y discapacitados no hay "liquidez", pero sí la hay para sostener ruinosas televisiones autonómicas, doblar películas al catalán o sostener "embajadas" de Cataluña en el extranjero.

Pocos medios de comunicación han insistido tanto y desde hace tanto tiempo como Libertad Digital en la necesidad que tienen las comunidades autónomas de acometer una drástica reducción del gasto público para contribuir a la recuperación económica. El caso de la Generalidad de Cataluña es especialmente significativo, por cuanto el déficit y el endeudamiento público de esta comunidad es, tanto en términos absolutos como relativos, uno de los más altos de España.

Ahora bien, no todos los recortes, aunque tengan la misma cuantía, nos merecen una misma valoración. Los ajustes que está llevando a cabo el gobierno de Artur Mas no son sólo clamorosamente insuficientes sino que se caracterizan por ir dirigidos contra el bienestar ciudadano al tiempo que dejan intacto el despilfarro destinado a meras cuestiones identitarias.

Buen ejemplo de ello lo constituye el anuncio de que la Consejería de Bienestar y Familia dejará de enviar su aportación mensual correspondiente a septiembre y octubre a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados. El anuncio ha coincidido con la noticia según la cual la Generalidad ha destinado más de un millón de euros para doblar 25 películas en catalán. Para ancianos y discapacitados no hay "liquidez", pero sí la hay para combatir esa "anomalía" que, para el nacionalismo, constituye el hecho de que los catalanes prefieran ver el cine doblado en castellano en lugar de hacerlo en catalán.

Otro tanto podríamos decir del derroche –cifrado en miles de millones- que también, y muy especialmente en Cataluña, constituye la existencia de las televisiones autonómicas, cuyos déficit y endeudamiento constituyen una autentica vergüenza y un saqueo al contribuyente.

Podríamos seguir con el despilfarro que suponen otras áreas de la liberticida política lingüística que padecen los catalanes, como el derroche que constituyen las "embajadas" de Cataluña en el extranjero, que sólo sirven para satisfacer los delirios identitarios del nacionalismo y como medio de colocación de parientes y amigos.

Capítulo aparte merecerían las empresas públicas dependientes de la Generalidad, cuya deuda ronda los 10.000 millones de euros, prácticamente la mitad de la deuda total de las empresas pertenecientes a las otras 17 comunidades autónomas.

En realidad, necesitaríamos muchos editoriales para mostrar los muchos gastos superfluos de donde se puede recortar mucho antes de quitar un solo céntimo a la ayuda de ancianos y discapacitados. Sirvan estos ejemplos, pues, como mero botón de muestra de hasta qué punto el bienestar real y tangible de los ciudadanos importa poco al nacionalismo comparado con la satisfacción de sus delirios identitarios. Para estos últimos nunca falta liquidez.

Libertad Digital – Editorial

Sólo es libertad. Por Ignacio Villa

No hay que ser aficionado a los toros, no hay que conocer el arte del toreo, ni siquiera es necesario ser habitual en los cosos taurinos para saber que la prohibición de las corridas de toros en Cataluña se ha convertido ya en uno de los gestos más antidemocráticos de estos últimos treinta años en España. Una decisión sobre la que es difícil encontrar un precedente.

Hoy no es necesario hablar de verónicas, de bravuras, de trajes de luces y de puertas grandes. Hoy simplemente hay que hablar de libertad. Cuando un Gobierno, sea del color que sea, tiene que prohibir una fiesta popular por motivos políticos, los cimientos más básicos de la convivencia están fallando en lo esencial. Es evidente, así se ha demostrado a lo largo de la historia, que en Cataluña hay una gran afición a los toros, como también existe en gran parte de España o en el sur de Francia. ¿Es eso, una falta contra la identidad de algo o de alguien? ¿Significa atentar contra las normas o las reglas de la democracia? ¿Alguien puede ver en las corridas de toros una ofensa contra alguna sensibilidad especial?

La supresión de las corridas de toros en Cataluña es un atentado directo contra la libertad de los ciudadanos. ¿Alguien puede afirmar o demostrar que un catalán de nacimiento y ejerciente de todos sus derechos es menos catalán por ser aficionado a los toros? Sencillamente: ¡no! A estas alturas, ya nadie oculta que esta prohibición en Cataluña es una simple y burda estrategia política para azuzar un enfrentamiento irreal e inexistente entre el nacionalismo catalán y el mal llamado nacionalismo español. ¿O es que no se dan cuenta los políticos catalanes el ridículo que supone que ahora miles de ciudadanos tengan que viajar a Zaragoza, a Valencia o a Nimes, por ejemplo, para poder disfrutar de una afición que desde luego tiene el sello español pero que es universal? No hay más que cruzar el Atlántico para darse cuenta que en plazas de toros como las de México DF, Lima o Quito se vive la misma afición, sin más etiquetas nacionalistas que no llevan a ninguna parte.

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña, nos sitúa de nuevo ante la evidencia de lo que significa el nacionalismo llevado al extremo. Una evidencia que se traduce en exclusión, en complejos y en prohibiciones. Una realidad que se traduce en uniformidad, y que tiene en el verbo prohibir el peor de los ejemplos.

Una democracia bien asentada ¡nunca prohíbe! Una democracia asienta las bases de una convivencia ordenada, sin imposiciones histriónicas, ni obligaciones trasnochadas. Cuando un Gobierno tiene que prohibir una costumbre popular con una gran afición, con una afición de siglos es que está consiguiendo que falle algo tan básico como es la libertad. Hoy en Cataluña por desgracia no hay que hablar de la afición de toros, hay que hablar de un recorte de libertad. De las libertades de los catalanes.

La Razón – Opinión

Antipáticos. Por Alfonso Ussía

Me altero cuando leo u oigo a un nacionalista catalán haciendo uso magistral del victimismo. Que si el anticatalanismo, que si el españolismo, que si patatín, que si patatán. Nada de eso. Los nacionalistas catalanes, socialistas incluídos, llevan muchos años cerrados a la libertad de expresión y abiertos a la antipatía con el resto de los españoles. Todo lo que dicen resulta antipático, distante y pegado a la aldea. Lo de los toros, mayúscula equivocación y atentado cultural contra centenares de miles de catalanes, no supera la simpleza del cinismo más tosco. Lo del idioma va mucho más allá. En España se prohibe hablar en español. En España se multa por rotular en español, y en España se le llama fascista a quien solicita que sus hijos estudien en español. Así de sencillo. La lengua catalana, rechazada durante siglos por las altas clases de Cataluña, es una lengua viva y moderna que no transcurre por peligro alguno. Su literatura es formidable y no ha sido necesario reiventarlo, como han hecho los nacionalistas vascos con el «batúa» para que se puedan hablar y entender de valle en valle. Los vascos redujeron la fuerza de sus siete dialectos en el siglo XII, arrinconándolo en los espacios rurales y las nostalgias pastoriles. En el siglo XII no había nacido todavía Franco, al que culpan de su limitada expansión. En Cataluña, con Franco o sin Franco, siempre se ha hablado el catalán, escrito en catalán y comerciado en catalán. Su gran pujanza se ha debido al uso natural del bilingüismo, ese tesoro que los nacionalistas catalanes, socialistas incluídos, desean enterrar.

En veinte años, Barcelona ha pasado de ser la ciudad más avanzada y acogedora de España a una inmensa y bellísima aldea que recela de todos los que del resto de España acuden a visitarla. Y Barcelona es la primera y fundamental tarjeta de visita y prestigio de Cataluña. Vargas Llosa lo explicó muy bien hace años y le cayeron barretinas del cielo. Todo ello, nace de una nueva y reciente antipatía imprescindible para defender lo catalán de la infectada influencia de lo español. Parece que ningún nacionalista catalán, socialistas incluídos, ha leído a Maragall, a Espriú o al gran Josep Pla, el payés brillante, irónico y escéptico. Otro, y más profundo, es el problema de los vascos. Los autores que se pueden leer los han escondido, con Unamuno y Baroja a la cabeza. La Literatura catalana de los siglos XVIII y XIX es moderna y palpitante, mientras que la vasca se reduce a una serie de poetas infantiles que no sabían de la existencia de la metáfora.

En España no hay anticatalanismo. Hay hartazgo de la antipatía de los nacionalistas hacia lo que también es suyo. Por defender unas peculiaridades muy respetables, como también lo hacen los vascos, están renunciando a una maravilla cultural e histórica compartida durante mil años. Y lo están haciendo mediante gestos y posturas manifiestamente antipáticas, vejatorias e inimaginables años atrás, cuando Cataluña representaba la avanzadilla cultural de España. Eso es lo que se me pasa por la cabeza y así lo escribo, a vuela pluma, herido porque quieren hacerme extranjero de una parte de España que amo con locura. Como en Vasconia. ¿Por qué tan antipáticos?

La Razón – Opinión

Los toros y la libertad

La Monumental pondrá mañana fin a cien años de toreo en virtud de la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que prohíbe las corridas de toros a partir del 1 de enero de 2012. La terna elegida por la empresa es un cartel de lujo, con José Tomás a la cabeza, con una respuesta del aficionado abrumadora y un lleno absoluto en las 20.000 localidades. Lo que ocurrirá después de este domingo supone uno de los mayores ataques contra la libertad de los ciudadanos, cimentado no en la defensa y la preocupación por la vida de los animales, sino en la animadversión a lo español y en los complejos atávicos del nacionalismo. La respuesta de estos grupos políticos por el supuesto maltrato a las reses bravas se limita a un símbolo de la españolidad de Cataluña como es la Fiesta Nacional, pero no alcanza, por ejemplo, a los tradicionales «correbous», los festejos típicos de los municipios del sur de Tarragona, que fueron blindados por el mismo Parlamento sólo dos meses después de censurar la tauromaquia. La diferencia entre ambos fenómenos es considerable, pues los toros se rigen por un reglamento, normas y controles que amparan al ganado, mientras los «correbous» son entretenimientos callejeros proclives a los excesos. La hipocresía de estos grupos nacionalistas sólo es comparable a la displicencia y la falta de respeto que han demostrado con esa parte de la sociedad catalana que disfruta y respalda con una representación cultural inigualable y con esa inmensa mayoría de ciudadanos que defiende la libertad. Que políticos nacionalistas, como el alcalde de Barcelona y otros, hayan ninguneado a los aficionados es una actitud que no se corresponde con la responsabilidad de quienes representan a todos los ciudadanos de Cataluña. En cualquier caso, entendemos que esa última tarde en la Monumental no puede ser el punto final, sino que debe ser un punto y seguido. La grandeza y la historia de este singular y magnífico producto cultural que es el toreo merece emprender todos los esfuerzos posibles para reparar una injusticia e impedir que Cataluña sea un poco menos libre que el resto de la nación. Hay un buen número de alternativas antes que resignarse a ejercer de víctima pasiva ante un atropello. Primero, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP en octubre de 2010 contra la prohibición por ser contraria a la libertad de manifestación y creación artística, al acceso de los españoles a manifestaciones culturales y a la libertad de empresa, amparados todos estos derechos por la Carta Magna. Segundo, la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, para que el Congreso declare los toros Bien de Interés Cultural en todo el territorio. Y, tercero, que el Gobierno del cambio, que surja de las elecciones del 20-N, blinde la Fiesta Nacional como una disciplina artística arraigada en las raíces culturales de España. Hay, por tanto, respuestas para corregir el desatino y la única alternativa rechazable es la de cruzarse de brazos mientras se transgrede el derecho de la gente a elegir o no su asistencia a un acontecimiento inigualable y admirable con millones de aficionados.

La Razón – Editorial

Limpieza lingüística

El dirigente de CiU Josep Duran Lleida sostiene que es posible la escolarización en castellano en Cataluña. Y así es, siempre que los padres dispongan de los medios económicos necesarios para matricular a sus hijos en un centro privado. Nada extraño, por otra parte. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, Montilla o su sucesor al frente de la Generalidad, Artur Mas, para garantizar que sus hijos reciban una enseñanza competitiva. Sin embargo, no es ese el caso de otros padres, cuyas peticiones en centros públicos y concertados para que sus hijos puedan estudiar también en castellano son recibidas con una batería de obstáculos administrativos, reparos educativos y nada sutiles recomendaciones para que, literalmente, no den la nota y dejen de perjudicar al niño.

Negar esa situación, como hace Duran Lleida, es enmendar la plana a una realidad tan sangrante como por otra parte reconocida con desparpajo por muchos profesores y casi la totalidad de los políticos catalanes. El objetivo, como no han tenido empacho en admitir y difundir durante las tres últimas décadas, es que el catalán, y sólo el catalán, sea la lengua "vehicular" de todos los niños a fin y efecto de erradicar el español de la vida social, cultural y hasta familiar de quienes estén instalados, temporal o definitivamente, en Cataluña. Decir lo contrario, más que mentir, es menospreciar alevosamente los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.

Que el portavoz de CiU en Madrid defienda la imposición del catalán entra dentro de lo previsible. No tan evidente, pero casi, es que el PSOE apoye una moción nacionalista destinada a convertir la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en papel mojado, que es lo acontecido en el Congreso. De momento, y no hay indicios para el optimismo, el castellano en la educación catalana seguirá siendo una simple asignatura más, muy lejos de las pretensiones de sentencias y autos del Supremo y del TSJC que la Generalidad se ha saltado a la torera con la complicidad de un sistema mediático pendiente de sus subvenciones y especializado en justificar editorialmente las teorías soberanistas sobre el supuesto expolio de las arcas autonómicas y los presuntos ataques a la "identidad" y la lengua catalana. Ahora, con el apoyo del Gobierno socialista, CiU y la Generalidad tienen vía libre para incumplir la ley y mantener en vigor un método cuya finalidad es impedir que los niños usen una lengua (materna en muchos casos) que es la oficial, por el momento, en el territorio donde son escolarizados.

Si la Generalidad se declara insumisa, el Estado debe dotarse de los instrumentos necesarios para que la ley se cumpla en todo el territorio nacional. En este sentido, es reseñable la iniciativa de cinco asociaciones cívicas ­­­–de Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana– que han presentado una proposición de ley, para que una única norma nacional garantice que, también en este ámbito, los españoles somos iguales ante la ley.

Libertad Digital – Editorial

Cataluña. De la Diada y la depresión del ciudadano. Por Agapito Maestre

Mal la política, sí, pero el mundo del arte y la cultura, de la literatura y el cine, por mucho que hagamos de la necesidad, virtud, no da tampoco para mucho.

El bochornoso espectáculo de la actual ministra de Defensa, una pobre señora sin ningún bagaje intelectual y político, haciendo un canto a quienes desobedecen una sentencia judicial firme del TSJC, es decir, protegiendo la conducta secesionista del mesogobierno regional de Cataluña, es cifra suficiente para levantare deprimido el día que se celebra la fiesta regional de Cataluña. Pero si además se observan todas las mamarrachadas en torno a esa mascarada de "fiesta nacional", entonces habrá que decir que esto no tiene salvación. Nadie aplicará el artículo 155 de la Constitución para suspender la Autonomía de Cataluña por alta traición de su mesogobierno.

Y, como este asunto, este cronista podría citar otro centenar para mostrar que vivimos un país en fase terminal. Ni dentro ni fuera España dice nada a nadie. ¿Cómo no va tener repercusión esa situación, aunque a uno le marche bien la vida privada, en la conducta de cualquier ciudadano de España? La depresión empieza a ser el estado normal de los mejores españoles. Gravísima es la situación actual. Trágica. "Tira", sí, como en nuestras peores épocas: ahí va "la España que se desgarra a lo largo de la historia". Que ningún imbécil me tache de llorón o del 98, porque me acordaré de todos sus antepasados. Aún me quedan fuerzas para cagarme en la puta madre de la entera casta política y sus "arrastraos" mediáticos. Estoy hablando, amigos, de depresión; sí, escribo sobre un mal-estado, un malestar, a veces casi una enfermedad, del alma provocada por las peores élites políticas e intelectuales de esta época.

Y lo más grave es que no resulta fácil hallar consuelo en la cultura de estos últimos treinta años. Nada, nada, nada hay, aquí y ahora, para salir de la depresión política. Será menester recurrir al pasado. A Goya y Jovellanos, a Menéndez Pelayo y Galdós, a Picasso y Dalí, a Buero Vallejo y Gala, y yo que sé a cuantos otros, pero, no lo duden, todos pertenecen al pasado, incluso algunos que están vivos son ya del pasado; por ejemplo, Antonio López, y su exposición en el Thyseen, pueda servirnos para salír de la depre. Quizá, es un buen remedio, pero, naturalmente, reconociendo que este pintor es un hombre del pasado; más aún, desde que Víctor Erice dirigió y estrenó la gran película El Sol del membrillo, hace "mil" años, ya quedó como un hombre grande, grandioso, pero de otra época que no corresponde con la actual, con el aquí y ahora, que tanta desazón provoca en los españoles decentes.

Mal la política, sí, pero el mundo del arte y la cultura, de la literatura y el cine, por mucho que hagamos de la necesidad, virtud, no da tampoco para mucho. En el franquismo, por lo menos, creíamos que todo iba a mejor. Quienes no soportábamos la dictadura, que por cierto no eran muchos y apenas tienen algo que ver con los socialistas de hoy y los demócratas del PP, nos levantábamos cada día con ánimo renovado. Creíamos que "todo iría a mejor". Teníamos espejos donde mirarnos. Había gente vivita y coleando que nos renovaban los ánimos políticos y culturales. Teníamos teatro y cine, novelas y poetas, curas inteligentes y sindicalistas honrados, incluso el Atleti era más Atleti... Había, sí, un mundo cultural vivo para salir de la depre de un día cualquiera de domingo. Teníamos la esperanza de que vendría algo mejor. Hoy nada de eso existe.

Me voy a ver una película de Garci para soportar la próxima semana. Y las que vienen.

Libertad Digital – Opinión

El selectivo respeto a la Ley de los nacionalistas

El Gobierno central, sea del PSOE o del PP, no debería dejarse amilanar por los sollozos de una casta que no tiene ningún interés en cumplir y hacer cumplir la ley salvo cuando resulta compatible con su proyecto de construcción nacional.

En un Estado de Derecho son los políticos quienes deben someterse a la ley y no los ciudadanos quienes son aplastados por la discrecionalidad de los políticos. Algo falla, por consiguiente, cuando las normas son respetadas según le convenga al gobernante de turno.

En este sentido, el caso de los nacionalistas catalanes es paradigmático. Después de pasarse semanas poniendo el grito en el cielo porque PP y PSOE, que representan al 90% de los españoles, los dejaban fuera de la reforma constitucional, pasaron a incumplir por enésima vez una sentencia del Tribunal Supremo –que a su vez emanaba de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut– que les inquiría a convertir el español en lengua vehicular dentro del sistema educativo catalán.

Tras el pertinente llamamiento a la desobediencia civil –que incluso se produjo desde los nacionalistas del PSC presentes en el Gobierno de España– volvieron a rasgarse las vestiduras por que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se negó a celebrar la Diada tras el boicot de las formaciones nacionalistas a la bandera española (boicot asimismo ilegal). Y, finalmente, al terminar una Diada plagada des hipócritas quejas y abiertos insultos hacia los no nacionalistas, unos jóvenes independentistas han seguido instalados en la ilegalidad quemando banderas de España y fotos del Rey.

Por desgracia, cada vez está más claro que la cesión permanente ante el nacionalismo no ha servido ni para apaciguar su radicalismo ni para integrarlos en España. El Gobierno central, sea del PSOE o del PP, no debería dejarse amilanar por los sollozos de una casta que no tiene ningún interés en cumplir y hacer cumplir la ley salvo cuando resulta compatible con su proyecto de construcción nacional y de enfrentamiento con el resto de España. Cada año nos lo recuerdan con una Diada celebrada de manera sectaria.

Libertad Digital – Editorial

Lengua, patria y nación. Por Carmen Gurruchaga

Descartes dijo: «Mi lengua es mi patria» lo que en versión nacionalista podría significar que no hay patria sin lengua propia y por ello hacen «casus belli» de la supremacía del idioma autóctono frente al nacional, que ellos llaman «estatal», pues el nacional sería el vasco, el gallego o el catalán en el caso de España. Mañana, como cada 11 de septiembre, Cataluña celebra su Diada, una fiesta reivindicativa de sus señas de identidad. Y ¿qué mayor seña que el idioma propio? La reciente sentencia del TSJC , que da dos meses a la Generalitat para otorgar al castellano la condición de lengua vehicular, será utilizada este día por nacionalistas y acólitos para reivindicar el monolingüismo del catalán. Se puede entender el deseo de los nacionalistas por alejar de su comunidad el idioma «opresor» (como si se tratara de un ser vivo con capacidad para construir o destruir a otro), pero resulta casi imposible cuando este punto de vista procede de alguien no nacionalista. Y en ambos casos es inaceptable que personas públicas, con representación institucional, llamen al desacato de una orden emanada del Poder Judicial. La ley dice que Cataluña es una comunidad bilingüe y ésta es la opción que han de respetar los representantes públicos, independientemente del credo político que profesen. Sin embargo, el ataque al fallo del Gobierno por parte del Ejecutivo catalán y de los partidos, menos C’s y PP, hace suponer que no será cumplido, como sucedió con los dos anteriores, emitidos por el Supremo. La ministra Chacón defiende la inmersión lingüística en catalán, y el ministro Caamaño casi incita a la insumisión, mientras el PSC se muestra presto a sustituir al PP en los acuerdos con CiU.

La Razón – Opinión

Cataluña. Gran aparato eléctrico. Por Maite Nolla

Estaremos dos o tres años mareando la perdiz, y no veo yo a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputando por desobediencia a ningún alto cargo de CiU.

Ya sé que visto y oído lo que se ha visto y oído esta semana, pensarán ustedes que por aquí, Diada playera por medio, estamos al borde de la secesión. Y desde luego yo no le voy a quitar hierro a que el representante del Estado en Cataluña –Artur Mas- diga no sé qué de las narices y se niegue a cumplir esta y otras muchas sentencias o resoluciones como esta. Pero siento decirles que no hay nada nuevo, queridos. Ya me dirán en qué se diferencia todo esto de lo que se dijo durante la tramitación del Estatut, su aprobación o cuando el PP presentó el recurso. Antes de la sentencia se llegó a pedir una manifestación preventiva, y después de la sentencia la marca socialista en Cataluña y el actual presidente de los empresarios españoles –repito: españoles- se manifestaron contra el Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional, lo menos que se ha dicho es que es un ataque y una agresión. Pujol pide a los catalanes que se preparen para la batalla, y algunas consejeras hablan incluso de inmolarse, que a mi modo de ver resulta un pelín exagerado, aunque sea sólo políticamente.

No suelo yo darle la razón a Duran i Lleida, pero en algunos casos hemos visto una "sobreactuación" –incluida la suya- que se corresponde poco con los hechos. Es cierto, que los nacionalistas tienen un problema que han creado ellos: nadie cuestionaba su sistema, hasta que se empeñaron en ponerlo por escrito. Pero, por supuesto, esta resolución no se llegará a cumplir. Estaremos dos o tres años mareando la perdiz, y no veo yo a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputando por desobediencia a ningún alto cargo de CiU. Tampoco veo al nuevo Gobierno, dispuesto a hablar de todo con todos, acudiendo a mecanismos de presión que presionen demasiado. El estado de cosas ha cambiado, pero tardará en notarse. Pasados unos días, a lo que hay que esperar es a lo que suceda el 20 de noviembre.

Por eso, después del gran aparato eléctrico, ni el PP va a romper con CiU, ni CiU va a romper con el PP. "No haremos de esta cuestión el eje del debate político, como quieren hacer otros". "Yo no hablo de problemas con la lengua, el problema es la cuestión económica y el paro". Juzguen ustedes mismos y adivinen quién lo ha dicho.

Libertad Digital – Opinión

Mas y las narices. Por Cayetano González

No resulta nada edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, diga que "no cambiará el sistema de inmersión lingüística en Cataluña por mucho que toquen las narices", en referencia al auto del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma en el que se instaba a la Generalitat a adaptar el sistema lingüístico en las escuelas a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se considera también al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, junto al catalán.

No es edificante esa actitud de Artur Mas, porque según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el "Molt Honorable" Presidente de la Generalitat es el máximo representante del Estado en esa comunidad autónoma. Por lo tanto, un desacato y un desafío tan evidente a uno de los poderes de nuestro sistema democrático, como es el judicial, por parte de quien ostenta la máxima representación del Estado, es lisa y llanamente un dislate y un malísimo ejemplo para los ciudadanos.

Para intentar justificar su exabrupto, Mas no ha tenido otra ocurrencia que preguntarse: "¿Quién toca las narices a los franceses con el francés y a los alemanes con el alemán? Nadie. ¿Por qué a nosotros nos tienen que tocar las narices con nuestro idioma, cuando en ningún otro país pasa?". Mas parece incapaz de comprender y de aceptar que los padres que quieran educar a sus hijos en castellano tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, sin que eso suponga una agresión al catalán. Aquí nadie quiere tocar las narices al vecino. Es algo mucho más sencillo pero a la vez más profundo: la gente quiere libertad. Todos los nacionalismos pecan de lo mismo: ponen los derechos colectivos por delante de los individuales. Elevan a categoría de norma suprema las señas identitarias de un pueblo por encima de la libertad individual, en este caso, de elegir la lengua en la que uno quiere ser educado. Aparte que tiene su aquel que en una parte de España haga falta una sentencia judicial para defender que se pueda educar en la lengua común de todos los españoles.

En setenta días los españoles van a acudir a las urnas para elegir al nuevo Gobierno. Si como apuntan todas las encuestas el PP gana y lo hace por mayoría absoluta -algo, esto último, que no agrada a los nacionalistas- Rajoy se va a encontrar, al menos, con dos grandes problemas: la gravísima crisis económica y los afanes soberanistas de los nacionalistas vascos y catalanes a los que en el fondo les importa muy poco que España siga siendo España, como han puesto de manifiesto con su actitud ante la reciente reforma constitucional. Por eso, a partir de las elecciones del 20-N va a ser básico el entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, que juntos representan a casi el 90 por ciento de los ciudadanos. España no está para seguir aguantando más bromas de los nacionalistas.

Periodista Digital – Opinión

Ocho de cada diez catalanes quieren que la enseñanza sea bilingüe. Por María Jesús Cañizares

Un sondeo de DYM para ABC desmonta las tesis del Gobierno de MasLa mayoría de encuestados son contrarios a las multas lingüísticas.

Los designios lingüísticos del Gobierno de Artur Mas se contraponen a las preferencias de los catalanes. Así lo revela una encuesta de la empresa DYM para ABC, según la cual, el 81 por ciento de los ciudadanos de Cataluña prefieren que en los colegios públicos se impartan asignaturas en catalán y castellano.

De los datos de ese sondeo, obtenidos a partir de 1.141 entrevistas efectuadas poco antes de que CiU ganara las elecciones autonómicas de noviembre de 2010, se concluye que la inmersión lingüística que el Ejecutivo autonómico intenta mantener, en contra de las numerosas resoluciones judiciales —la más reciente es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en ella se da un plazo de dos meses para que la Generalitat garantice la igualdad idiomática en las escuelas—, dista mucho de los deseos de los catalanes.

Comercios y cines
El 40 por ciento de los encuestados quiere que la mitad de las asignaturas sean en catalán y la otra mitad en castellano; el 37 opta por la mayoría en catalán y alguna en español, y un 4 aboga por la mayoría en castellano, con alguna en catalán. Solo el 15 por ciento es partidario de que todas las asignaturas sean en catalán. El bilingüismo al 50 por ciento es defendido principalmente por votantes del PSC (46%), mientras que la preeminencia del catalán es avalada por el electorado de CiU (44%).

La encuesta recaba también la opinión de los catalanes sobre las sanciones lingüísticas y las cuotas de doblaje. El 68 por ciento apoya que los establecimientos comerciales puedan decidir el idioma en el que instalan sus rótulos, sin ninguna obligación legal de hacerlo en catalán, frente a un 28 por ciento que sí defiende la regulación. Precisamente, ayer ABC publicaba las opiniones de empresarios sancionados por la Generalitat, así como de madres de alumnos a las que la Justicia ha dado la razón en su defensa del bilingüismo escolar.

Por otro lado, el 73 por ciento es favorable a que los cines decidan libremente el idioma de las películas que proyectan, sin ninguna obligación legal de emitir una parte en catalán, frente a un 22 que se declara en contra de esa libertad. Quienes integran esa mayoría partidaria de que no haya imposiciones legales son votantes de PSC y de CiU. El anterior gobierno tripartito aprobó una ley de cine en el que obligaba, bajo pena de multa, a que la mitad de las copias de películas que se exhiben en Cataluña estén dobladas al catalán.

La lengua es uno de los caballos de batalla del nacionalismo catalán, junto al pacto fiscal. CiU pretende convertir ambas materias en condición «sine qua non» para apoyar la investidura del presidente del PP, Mariano Rajoy, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, siempre y cuando los populares no saquen mayoría absoluta. Algo más que probable, dijo ayer el candidato de CiU, Josep Duran Lleida.

Más a corto plazo, Cataluña celebrará el próximo domingo su Diada Nacional y las instituciones catalanas aprovecharon la gran expectación creada por la entrega de la Medalla de Honor del Parlamento autonómico al entrenador del Barça, Josep Guardiola, para reivindicar de nuevo el modelo de inmersión lingüística. Así lo hizo la presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert, quien denunció durante su discurso los «intentos de romper nuestra convivencia y cohesión social», en alusión a la última interlocutoria del TSJC. «Nadie puede desestabilizar el sistema de inmersión en las escuelas, que es un modelo cívico y pedagógico de éxito porque ha permitido integrar armónicamente a todos los alumnos y no segregarlos», dijo la dirigente de UDC, quien advirtió de que, a pesar de las dificultades, «nadie puede apagar la llama de la catalanidad ni la voluntad de ser un pueblo libre y una nación plena».

ABC – Actualidad

La mala leche/La mala llet. Por Rafael Torres

En el actual litigio entre el castellano y el catalán se advierten muchas cosas, entre ellas que las lenguas no se inventaron tanto para entenderse como para no comprenderse en absoluto. Ahora bien; aunque en el origen de los idiomas figure esa función, tan grata a todas las tribus, que permite comunicarse a los miembros de la misma son que los de otras peñas se enteren de nada, hemos de coincidir en que en los tiempos actuales eso queda, cuando menos, viejuno.

Partidarios y detractores de la "discriminación positiva" del catalán en Catalunya andan a la greña de nuevo, ésta vez con un propósito claramente electoralista al fondo. Pocos se preocupan de que la gente se exprese con decoro en la lengua que sea y que con ella acierte a comunicar con precisión y elegancia sus ideas, sus necesidades y sus sentimientos. Se trata, más bien, de una cuestión política en su modalidad más indeseable. la de la dominación. ¿Que usted rotula en castellano su establecimiento? Le multo. ¿Que mi hijo no puede dar todas las asignaturas, incluso gimnasia, en castellano? Pues le denuncio. Y así todo el rato, cuando lo cierto es que al ser el castellano y el catalán lenguas tan estrechamente emparentadas, el aprendizaje y el uso de ambas debería ser, y lo es en la práctica diaria, un automatismo que no generara problemas.

Es cierto que esa "discriminación positiva" (¿puede ser positivo algún género de discriminación?) que instituye la apabullante supremacía del catalán en Catalunya, eso que se ha dado en llamar "inmersión lingüística", ahogamiento del castellano más bien, se traduce en excesos que establecen, como si dijéramos, un tipo de ciudadanos de segunda, versión contemporánea del xarnego, aquellos a los que en el habla se les nota horrores que no nacieron allí ni, en consecuencia, aprendieron a nombrar las cosas de la vida en la bellísima lengua de Verdaguer. Pero tan cierto y tan incontestable como eso es el derecho de los pueblos a hablar en el idioma que les de la gana, aunque al final todos tienen que fastidiarse y aprender inglés.

Para mí que lo que hay, lo que crea, encona y enrrancia el problema es el poco gusto por reconocerse, por apreciarse, por agradar. La mala leche. La mala llet.

Periodista Digital – Opinión

Por narices. Por José Antonio Vera

Artur Mas no ha estado muy elegante al pedir que no le «toquemos las narices» con relación al catalán. Ciertamente no creo que nadie se dedique a hacer tal cosa con el presidente de la Generalitat por muy hermosas que pueda tener las aludidas protuberancias. Lo que hace la gente es reclamar aquello a lo que tiene derecho, porque así lo recoge la Constitución y lo reconocen una vez tras otra los tribunales de Justicia en sus sentencias: el derecho a que el castellano sea también lengua vehicular en Cataluña. Y lo que hacen Mas y su gobierno, con el aplauso vergonzante del PSC de Montilla y del PSOE de Rubalcaba, es vulnerar la legislación e incumplir los fallos judiciales, permitiéndose el lujo de airearlo, incitando claramente a la desobediencia. Amén de confundirse y confundir, algo en lo que es un especialista. Dice que «nos tocan las narices a los catalanes con nuestro idioma». Oiga, señor Mas, nadie se mete con el catalán ni lo ningunea ni minusvalora. Al contrario, a todo el mundo le parece perfecto que el catalán sea lengua vehicular en la enseñanza. En segundo lugar, el castellano, como «lengua mayoritaria» que es en realidad en Cataluña, como bien sabe nuestro querido president, es también «el idioma propio» de cientos de miles de catalanes que lo tienen por «lengua materna», a los que se margina «por narices» imponiéndoles un sistema en el que el bilingüismo no se traslada a las aulas ni a la Administración. El único lugar donde pervive el bilingüismo, amen de en la calle y en la sociedad civil, es en los aeropuertos gestionados por el Estado. En todos los demás –Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, TVs, radios autonómicas y empresas públicas– el castellano ha sido expulsado e incluso perseguido. Eso es moneda de uso común, lo sabe todo el mundo y a ello han contribuido particularmente los señores Pujol, Montilla y Mas, con la inhibición –por intereses políticos puntuales– de González, Aznar y Zapatero.

A partir de aquí, el único que «toca la nariz» es el molt honorable president, haciendo un problema de algo que, con espíritu de concordia y voluntad de entendimiento, tendría fácil solución: bastaría probablemente con que, amen de las dos horas de español actuales, se obligara a impartir como vehicular en castellano una asignatura troncal de las que hoy (como todas) se imparten «sólo en catalán». Eso no implica modificación alguna del sistema, ni es malo para los estudiantes, sino al contrario. Si, además, decidiera Mas dar en inglés otra de las asignaturas que hoy se dan «solo en catalán», llegaría a la cuadratura del círculo, y probablemente conseguiría un modelo educativo más competitivo del que tiene, claramente deficitario con relación a los dos idiomas (el español y el inglés), más importantes del mundo.

No es hablar por hablar. Hay cientos de ejemplos. El otro día nos avergonzamos unos periodistas al comprobar el nivel de castellano escrito de cierto político formado en la inmersión, cuando respondía un Chat por internet. No eran faltas de ortografía. Era un auténtico horror.

La Razón – Opinión

La chulería de la Generalidad

El resto de niños es objeto de una discriminación intolerable, pero que se prolonga ya por espacio de tres décadas al calor de un sistema electoral que hace de los nacionalistas una fuerza imprescindible para la gobernación de España.

El empecinamiento de la Generalidad catalana en contra del cumplimiento de las sentencias y los autos a favor del castellano en las escuelas debería haber provocado actuaciones legales hace ya mucho tiempo, desde la ya lejana época en la que Pujol implantó el tortuoso experimento de ingeniería social conocido como "inmersión lingüística". Sin embargo, la ausencia absoluta de reacciones más allá de las declarativas ante los constantes desafíos al Estado de Pujol primero, del tripartito después y ahora de Artur Mas, ha generado un ambiente de impunidad absoluta que, al parecer, exime a las autoridades catalanas del acatamiento judicial e incluso presentarse ante la sociedad como víctimas de un supuesto acoso centralista a sus elementos identitarios.

El desprecio de los dirigentes nacionalistas al Estado, a los jueces y, lo que es aún más sustantivo, al derecho de los padres y de los escolares a recibir una educación que incluya el español en sus estudios es la verdadera seña de identidad de esa clase política, cuya ostentación del desacato evidencia su escasa, por no decir nula, altura moral. La Generalidad se ha situado notoriamente al margen de la ley, pero no es previsible que ni el PSOE, cómplice del intento de eliminación de todo lo que suene a España en Cataluña, ni el PP puedan forzar la reintroducción del castellano en la educación pública catalana. Como es sabido, la mayoría de los políticos de esa región y con especial intensidad quienes más defienden dicha inmersión, llevan a sus hijos a colegios privados, donde pueden estudiar también en el idioma común de los españoles sin que ello menoscabe sus competencias en catalán. El resto de niños es objeto de una discriminación intolerable, pero que se prolonga ya por espacio de tres décadas al calor de un sistema electoral que hace de los nacionalistas una fuerza imprescindible para la gobernación de España.

Sólo una mayoría absoluta del PP o un pacto de este partido con fuerzas declaradamente antinacionalistas como la formación de Rosa Díez o Ciutadans en Cataluña podría subvertir una situación que ha llevado a la enseñanza en Cataluña a un estado comatoso, con valoraciones escalofriantes en los informes Pisa, incluso por debajo de la media española. Sin embargo, eso es lo de menos para la mayoría de los políticos catalanes y para un gran porcentaje de profesores, cuya función lejos de preservar el catalán consiste en frenar cualquier conato de reintroducción del castellano. Ya el año pasado se negaron a aplicar la tercera hora en español que exigió el Supremo. Y ahora, se chotean de un auto cuya única finalidad es que quien así lo desee pueda procurar a sus hijos una educación pública de una cierta calidad o, al menos, que no desprecie el idioma que hablan más de cuatrocientos millones de personas en todo el mundo.

Libertad Digital – Editorial

Doble ataque de contrariedad de los nacionalistas de CiU. Por Antonio Casado

Quisieron traficar políticamente con su eventual incorporación al reciente consenso para reformar la Constitución, que finalmente no fue posible, y ahora sobreactúan en el debate sobre la llamada inmersión lingüística. De nuevo la invención del agravio como palanca negociadora. Alguna vez habrá que empezar a decir que los partidos nacionalistas no son una especie protegida en el régimen democrático alumbrado en 1978. Están tan expuestos como los demás a las vicisitudes del juego político. Unas veces se gana y otras se pierde. Con las mismas reglas para todos, incluida la canalización de la voluntad popular a través de los partidos políticos y la formación de mayorías.

Aplíquense el cuento los dirigentes de CiU (Convergencia y Unió), en funciones institucionales después de haber ganado en las urnas el democrático derecho a ejercer el gobierno de la Generalitat. Calificar de antidemocrática la reforma constitucional pactada por los dos grandes partidos nacionales (por innecesaria, redundante o inútil que a muchos nos pueda parecer) o interpretar como un ataque a Cataluña las sentencias del Constitucional y del Supremo sobre el uso de la lengua catalana en la enseñanza, es sacar las cosas de quicio.

El quicio de todo lo que ocurre en un Estado de Derecho es el imperio de la ley como expresión de la soberanía nacional y la obligación de los poderes públicos de cumplirla y hacerla cumplir. Eso parece haberlo olvidado el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien hace un par de días advertía de que se mantendrá firme en la defensa de la identidad catalana. ¿Y eso porque los más altos tribunales del Estado del que también forma parte la Generalitat han sentenciado que las dos lenguas oficiales de Cataluña, el catalán y el castellano, son vehiculares en los planes educativos?

Lo nuevo es el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la Generalitat a no demorar en más de dos meses la aplicación de las sucesivas sentencias del Constitucional (junio 2010) y el Supremo (diciembre 2010). La consejera de Educación del Gobierno de Cataluña, Irene Rigau, ha anunciado la intención de recurrir el auto. Lo que no puede recurrir es la doctrina del Tribunal Constitucional y la última palabra jurisdiccional del Tribunal Supremo. Por respeto y lealtad al ordenamiento jurídico-político que nos hemos otorgado el conjunto de los españoles, incluidos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas.

“Ellos se lo guisaron, ellos se lo comerán” decía la semana pasada un airado Durán i Lleida, portavoz parlamentario de CiU, porque su partido no fue invitado a cocinar el pacto para convertir el equilibrio presupuestario en mandato constitucional. “Ellos”, como dice Durán en alusión a PSOE-PP, representan el 83,8% de los votos y el 92% de los escaños. Y aún así, los dirigentes de los dos grandes mostraron una casi obsesiva voluntad de incorporar al acuerdo a un partido nacionalista periférico que representa el 3 % de los votos y los escaños.

A escala nacional, claro. “Lo que ustedes llaman nacional”, dijo Durán la semana pasada en el Congreso. Esa forma de expresar su ataque de contrariedad lo explica todo. Todo menos la obsesión de los partidos centrales de seguir tratando a los nacionalistas como si fueran urogallos en peligro de extinción.

El Confidencial – Opinión

Obediencia a los tribunales

La Generalitat catalana está dispuesta a prolongar la polémica lingüística hasta donde la ingeniería procesal le permita, algo que, por lo demás, es lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional han sido favorables a que el castellano fuera lengua vehicular, pero a día de hoy el modelo de inmersión lingüística de Cataluña discrimina a los castellanohablantes sin atender a las resoluciones judiciales. Asistimos ahora a otro nuevo capítulo de una polémica endémica derivada de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dado dos meses al Ejecutivo nacionalista para equiparar el castellano y el catalán en el sistema educativo de la comunidad. El Tribunal apremiaba a la administración a cumplir una sentencia concluyente del Supremo que había sido desobedecida. El conflicto con la lengua en Cataluña afecta de lleno a fundamentos nucleares del Estado de Derecho, por lo que cuesta creer que en pleno siglo XXI se mantengan actitudes maximalistas y resistentes por parte de la mayoría de los políticos catalanes, a excepción del PP. Que ayer mismo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, asegurara, en tono desafiante, que, digan lo que digan los tribunales, se mantendrá el modelo de inmersión lingüística en las aulas es una respuesta antidemocrática e irracional. Homs, como el resto de la Generalitat, no puede desconocer que en un Estado democrático y de derecho el sometimiento a la Ley no es cuestionable y que las decisiones de los tribunales no son interpretables, sino que son de obligado cumplimiento. Nadie está por encima de la Ley, ni siquiera los nacionalistas. El recurso a la resolución del TSJC es legítimo, así como la defensa del modelo que entienden mejor para la sociedad, pero ir más allá es situarse en una posición de desobediencia que no es propia de políticos rigurosos. La polémica lingüística no tendría recorrido en ningún país de nuestro entorno. Los nacionalistas, que han instrumentalizado históricamente el catalán en favor de su estrategia, que no de los ciudadanos, han manejado como un dogma que los idiomas tienen derechos. No es así, los ciudadanos son sus titulares y, en este caso, los padres son los poseedores del derecho a elegir en qué lengua deben ser educados sus hijos. Y, mal que les pese a los nacionalistas radicales, la realidad es que el castellano es la lengua oficial del Estado y Cataluña es una parte de España. Ha causado también perplejidad cómo los políticos nacionalistas y socialistas se han lanzado en tromba contra el PP en este asunto con el falso victimismo y la retórica trasnochada habituales. Es evidente que toda esa sobreactuación contra los populares responde a un interés electoral. El PSOE y su candidato quieren pescar en este río revuelto con la esperanza de que el globo se hinche y la mayoría absoluta del PP se complique. Los populares no han aparcado ni la moderación ni el buen criterio en un debate que algunos quieren abordar de forma visceral. La posición del PP se ciñe al cumplimiento de las decisiones judiciales y al respeto al derecho constitucional de los padres. Una actitud equilibrada y, sobre todo, justa.

La Razón – Editorial

Batalla insensata

El Supremo no cuestiona el modelo lingüístico catalán; insta a que no se excluya el castellano.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la Generalitat a revisar el modelo de inmersión lingüística en la enseñanza, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, está abriendo una indeseable guerra política. A escasos días del 11 de septiembre, Diada de Cataluña, y a dos meses de las elecciones del 20-N, los partidos han hallado un buen arsenal propagandístico con el que cargar sus baterías dialécticas. El PP y Ciutadans, por un lado, y el resto de partidos, por otro. Se trata de una batalla que en nada beneficia a una sociedad que convive desde hace casi 30 años en armonía con un modelo de inmersión lingüística ampliamente aceptado, aunque con algunas dificultades para dar satisfacción a las demandas minoritarias de ciudadanos que desean una enseñanza en castellano para sus hijos.

La inmersión lingüística parte de la Ley de Normalización de 1983, que el Parlamento catalán aprobó sin un solo voto en contra. El Supremo dio luz verde a la ley en 1988 y el Constitucional la avaló en 1994. Pero en 2010 la sentencia sobre el nuevo Estatuto introdujo de manera explícita un matiz que hasta entonces solo se daba por supuesto: el carácter del castellano también como lengua vehicular de la enseñanza, aunque sin cuestionar el lugar central que la ley y los propios tribunales atribuyen al catalán en su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo admite la demanda de una familia a favor de la escolarización en castellano para sus hijos, pero, por primera vez, vincula este derecho subjetivo a su dimensión también como lengua vehicular, además del catalán. A este reconocimiento explícito se debe el revuelo creado por la sentencia del Supremo que el Tribunal Superior de Cataluña ha ordenado ejecutar a la Generalitat en el plazo de dos meses.

Al contrario que en otras comunidades que cuentan con varias líneas escolares en razón de la lengua, Cataluña optó desde el tardofranquismo por una sola para evitar, tras el aluvión de inmigración del resto de España en los años sesenta, que nadie se sintiera discriminado por su lugar de nacimiento. Y el tiempo ha avalado un modelo al que, poco a poco, se fueron sumando todas las fuerzas políticas parlamentarias. El informe PISA y los estudios de los expertos constatan que los alumnos catalanes, al concluir la enseñanza obligatoria, tienen un grado de conocimiento del castellano igual al que tienen los de otras comunidades autónomas monolingües.

El Gobierno catalán ha anunciado un recurso contra el auto, pero, entretanto, deberá cumplirlo en los términos que considere más ajustados a la sentencia del Supremo. Reforzar en alguna medida el castellano en la enseñanza no cuestiona el modelo de inmersión lingüística vigente desde hace 30 años, como tampoco lo hace el Supremo. En determinadas zonas y sectores educativos catalanes ya se hace mediante una aplicación inteligente de la ley. Es lo que el Gobierno catalán debe hacer en cualquiera de los casos.

El País – Editorial