La quiebra catalana

La imagen de una Cataluña bien gestionada se desmorona ante unos datos que evidencian el descontrol de determinadas cuentas autonómicas.

LA crisis financiera de la Generalitat de Cataluña protagonizará el encuentro que hoy van a mantener Rodríguez Zapatero y Artur Mas. Las cifras son dramáticas. En 2012, el endeudamiento de Cataluña llegará a los 40.000 millones de euros. Su déficit actual asciende a 7.200 millones de euros, muy superior al que fijó el equipo del anterior presidente catalán, José Montilla, en el traspaso de poderes a los convergentes. La imagen de una Cataluña bien gestionada se desmorona ante unos datos que ponen en evidencia el descontrol que existe en la gestión económica de determinadas autonomías. Sin embargo, Artur Mas quiere nuevas competencias y va a pedir autorización para emitir deuda, con el respaldo de un plan de austeridad que prevé recortar un 10 por ciento el gasto público. Como telón de fondo de esta quiebra financiera de la Generalitat, queda aquel reclamo electoral de un pacto fiscal para Cataluña, similar al Concierto Económico Vasco, que debería recibir un no rotundo por parte del Gobierno, porque si algo es preciso en este momento es la armonización fiscal de España, como parte de una estrategia europea común de estabilidad. La solución para la crisis financiera catalana no es dar soberanía fiscal a la Generalitat, sino requerirle que gestione mejor los recursos que tiene. La crisis económica ha mermado los ingresos de todas las autonomías. Pero en el caso catalán, sus gobernantes deberían auditar la financiación de tanto desparpajo soberanista en los últimos años y medir también los costes de la corrupción. Lo primero que se debe hacer en situaciones deficitarias es recortar gastos innecesarios. El PP de Cataluña los ha cifrado en 1.800 millones de euros, sumando partidas como el gasto de teléfonos móviles, los alquileres de oficinas, el mantenimiento de «embajadas» o la contratación de informes externos, muchos de ellos inverosímiles.

Ante esta situación, es necesario la aplicación de techos de gasto y límites al endeudamiento. Es hora de implantar políticas basadas en la cohesión y la solidaridad. Estas medidas de control de deuda, aplicables no solo a Cataluña, no deberían quedar al arbitrio político del Gobierno central, sino que, como solicita el PP, deberían recuperar el rango legal que los socialistas suprimieron de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Sería una forma de convencer a Bruselas de que España va en serio en el control de sus cuentas, después de que Alemania reformara en 2009 su Constitución para limitar el endeudamiento del Estado. Los planes de Mas no son de este tiempo.

ABC - Editorial