Las viñetas de la vergüenza. Por Pablo Yáñez González

Las imágenes de las viñetas denunciadas por la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística en las que se habla de “hacer país”, de “identidad”, de “conquistadores”, de “guerra”, de “ahogar culturas” y de “luchas por nuestra lengua” llevan presentes en las mentes de los niños de cinco años de un colegio de Alcoy a lo largo de los últimos meses. Son, sin duda alguna, evidencias de un proyecto de adoctrinamiento escolar con tintes totalitarios que solo cabe calificar como “las viñetas de la vergüenza”.

Debemos sentir vergüenza porque esos mensajes son los que desde la educación pública se les transmite a nuestros hijos en muchísimos centros de determinadas Comunidades Autónomas. Debemos sentir vergüenza por la impunidad con la que un profesor emplea su posición de autoridad sobre los niños para formar guerreros de “causas identitarias”.

Debemos sentir vergüenza de unas Administraciones que no ejercen el control suficiente como para evitar estas situaciones en las aulas. Gobiernos que, al subvencionar todo tipo de entidades nacionalistas, juegan con un fuego que amenaza con quemar las posibilidades de una nueva generación.

«Tenemos un sistema enfermo que olvidó que es el ciudadano el que tiene que elegir libremente la lengua en la que vive su vida y nuestra mejor medicina para sanarlo no puede estar contaminada por este tipo de adoctrinamientos.»

Nuestra vergüenza son esas viñetas como reflejo de una sociedad que siente miedo de dejar a sus hijos en el aula y encontrarlos como guerreros que luchan por identidades y lenguas.

Tenemos un problema gravísimo como sociedad. Hemos tolerado que la riqueza lingüística que puede suponer el hablar dos lenguas se manipule para terminar siendo un enfrentamiento. Hemos olvidado que las lenguas son elementos de comunicación y hemos permitido que estén al servicio de determinadas minorías políticas para justificar sus proyectos cuasi-totalitarios. Tenemos un sistema enfermo que olvidó que es el ciudadano el que tiene que elegir libremente la lengua en la que vive su vida y nuestra mejor medicina para sanarlo no puede estar contaminada por este tipo de adoctrinamientos.

Nuestra oportunidad para evitar que en el día de mañana el político de turno decida multar al empresario que rotula en la lengua oficial del Estado pasa por formar jóvenes que comprendan las lenguas como elementos al servicio del ciudadano y nunca a la inversa, unos jóvenes con valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. Somos nosotros quienes tenemos que dibujar unas viñetas diferentes y obligar a la clase política a eliminar los libros apuñalados y las batallas entre “conquistadores y conquistados”.

En mi viñeta, el niño de cinco años no es un “soldado de la nación” y su padre jamás debería haber acudido a nosotros asustado por los deberes de su hijo. En mi viñeta el padre tiene la libertad de elegir la lengua en la que escolariza a su hijo, y el niño tiene la oportunidad de formarse para construir una sociedad sana.

El Confidencial - Opinión

Catalán obligatorio también en la universidad

El nacionalismo catalán ha optado por la autarquía del idioma, el aislamiento de la aldea. El problema es que no es una opción voluntaria, sino impuesta a quienes no comulgan con sus ideas y ansían respirar un poco de libertad.

El notorio independentista Xavier Sala i Martín ha criticado el anuncio por parte del Gobierno de Montilla de obligar a los profesores universitarios a tener aprobado el examen del nivel C de catalán. Para el economista "autoimponer una barrera lingüística es de locos" y rebajaría notablemente el nivel de la universidad catalana. Por su parte, asegura que él jamás hará el examen y si intentan obligarlo dejará de enseñar en la Pompeu Fabra para limitarse a seguir haciéndolo en Estados Unidos.

No cabe duda de que la posición del economista demuestra una notable incoherencia. Sus excelentes argumentos son igualmente aplicables a muchos otros ámbitos. La universidad perderá profesores excelentes si impone esa obligación, sin duda, del mismo modo que la sanidad perderá buenos médicos, la economía buenos empresarios, etc. Pero nunca le han preocupado las imposiciones en otros ámbitos. Sólo cuando le afecta personalmente parece haberse dado cuenta de las perniciosas consecuencias de la falta de libertad lingüística.

Este último decreto del tripartito no es sino una vuelta de tuerca más en el proyecto totalitario en marcha desde los años 80 en Cataluña. El manifiesto de los 2.300 cumplirá 30 años en unos pocos meses, y desde entonces todo ha ido a peor. Con la patética excusa de la "pluralidad", los gobernantes catalanes no han hecho sino procurar construir una nación monolítica a base de leyes, denuncias anónimas y la marginación de la lengua más hablada en la región. Todo ello con el beneplácito, cuando no con la complacencia, de los diversos gobiernos que ha tenido España en este tiempo, más interesados en sus necesidades a corto plazo que en el futuro del país al que decían servir.

El estatuto nunca fue un punto de llegada sino una estación más del camino. Con o sin él, un tripartito necesitado de un último triunfo en el difícil juego del "yo soy más nacionalista que tú" ha decidido atacar la universidad. Lo ha hecho con la torpeza propia de un Ejecutivo que, además de todo, es profunda y completamente inútil. Así, aún no sabemos a qué profesores afectará, si un Premio Nobel podrá hacer carrera en la universidad catalana sin hablar la lengua impuesta por el nacionalismo o si se le impedirá. Sala i Martín ha recordado que en un cuarto de siglo enseñando en Estados Unidos nadie le ha exigido que se examine en inglés. Tampoco existe obligación de pasar ninguna prueba de castellano para enseñar en España. Es la diferencia entre países que son o quieren ser cosmopolitas y regiones que han preferido optar por el aldeanismo, la cerrazón y, por tanto, la incultura.

El nacionalismo catalán, con el aplauso o indiferencia de sus gobernados, ha optado por la autarquía del idioma, el aislamiento de la aldea. El problema es que no es una opción voluntaria, sino impuesta a quienes no comulgan con sus ideas y ansían respirar un poco de libertad. Ni la Constitución ni las leyes lo han impedido, y el TC ha consagrado casi en su totalidad ese camino, confirmando que la desigualdad de los españoles ante la ley es un principio rector del régimen. La obligación de hacer pasar un examen de catalán a los profesores universitarios es un paso más, que casi se diría insignificante. Aunque a estos, que callaron cuando no aplaudieron otros atropellos similares, les parezca el colmo de la insensatez.

Libertad Digital - Editorial

Lengua. Derechos humanos en España. Por Agapito Maestre

La mayoría de la casta política no se ha atrevido en los últimos veinte años a denunciar lo obvio, es decir, pocos han dicho que en Cataluña y Baleares se estaban violando los derechos humanos.

He pasado unos días deliciosos en Londres. Volveré pronto. Siempre se aprende de las diferencias. Dejo Inglaterra, un país que se precia de respetar los derechos humanos, y me entristezco con una noticia que viene de EEUU sobre España. Otra vez los contrastes entre España y el resto del mundo nos sumen en la melancolía. Me entristezco, sí, pero no porque me resulte nueva la información de EEUU, sino por la reacción estulta y frívola que ha adoptado la clase política española.

Cuando hay que demostrar lo obvio, lo evidente, estamos bordeando la tragedia, la muerte de una sociedad abierta y normal. Por fortuna, lo que para nosotros, los españoles, a veces resulta un drama, un esfuerzo sin resultados, es algo obvio y evidente para un norteamericano. Sencilla y natural, en efecto, es la denuncia del Informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre la violación de los derechos humanos en Cataluña y Baleares. Los responsables de la información no tienen nada que demostrar; la cosa está ahí a la vista, el informe muestra con pelos y señales que miles, quizá millones, de niños españoles no pueden escolarizarse en la lengua común, oficial, de su nación.

Es prácticamente imposible escolarizar en español a un niño de Cataluña y Baleares. Terrible. Eso que es evidente y obvio para un observador extranjero, por desgracia, hemos tenido que demostrarlo, justificarlo, durante más de veinte años, los que denunciábamos tales violaciones. Por cierto que, entre los denunciantes de la tropelía, nunca encontramos "ideólogos" y "tratantes" en Derechos Humanos, es decir, jamás vimos el informe de un profesor, o escritor, o ensayista, en fin, alguien que defienda los Derechos Humanos en abstracto que se haya atrevido a denunciar la violación de esos derechos en Cataluña y Baleares. Palabrería sobre los derechos humanos encontraremos por todas partes, pero su defensa efectiva y concreta, por ejemplo, en Cataluña y Baleares, es ya otro cantar.

Aunque existan excepciones respetables entre los políticos, la mayoría de la casta política no se ha atrevido en los últimos veinte años a denunciar lo obvio, es decir, pocos han dicho que en Cataluña y Baleares se estaban violando los derechos humanos, porque los mesogobiernos de esas regiones impedían que los niños se escolarizasen en la lengua común, el español o castellano. La violación de ese derecho humano era clara. Era algo tan sabido como ocultado vergonzantemente o con chulería por los políticos y sus medios de comunicación. Algunos nos hemos desgañitado denunciando el asunto, pero nadie nos ha hecho ni puñetero caso y, lo que es peor, ni tampoco ahora nos lo harán a pesar de la denuncia de los EEUU, porque España, el gobierno de España y, seguramente, todas sus instituciones políticas, viven de ocultar lo evidente, es decir, de no reconocer que "aquí no funciona la democracia".

No hay, en efecto, un Estado de Derecho normal sin un Estado-Nación decente. El proceso de desnacionalización del Estado-Nación, que comenzó a funcionar a pleno rendimiento en 1982, está llegando a su fin. Por ejemplo, Cataluña sólo está en España formalmente, pero, en la realidad, no hay Estado de Derecho, sino un Estado Nacionalista que impide a los niños un derecho fundamental. Por eso, resulta frívola la reacción de algunos políticos españoles ante la denuncia de EEUU sobre la violación de los derechos humanos en Cataluña. Frívola y, sobre todo, cínica es la reacción de Rodríguez Zapatero negando lo denunciado. Frívolo y, sobre todo, cobarde es el silencio que guarda la casta política catalana y balear sobre lo denunciado, a saber, la "política" lingüística de estas "Comunidades Autónomas" (Cataluña y Baleares) viola sistemáticamente los derechos humanos.

Es difícil hallar en las naciones contemporáneas un proceso de desnacionalización tan grave como el sufrido por España, desde 1978 hasta hoy, especialmente grave en la etapa de Zapatero, pero, en mi opinión, es aún más difícil hallar una casta política más cínica e indecente que la "española" dispuesta a negar lo obvio y evidente.

Libertad Digital - Opinión

El disparate. Por Alfonso Ussía

Más de cuatrocientos millones de seres humanos hablan el español en el mundo. Un californiano y un argentino se entienden en el mismo idioma.

Eso es la cultura. Un español sea vasco, catalán, castellano, gallego o andaluz, encuentra su idioma común en los labios de los indígenas de la isla de Pascua, ese pedazo de Chile desprendido que navega en la inmensa soledad del Pacífico. Colombia discute –con la razón–, con Venezuela –la sinrazón–, en español. Los presos de Cuba lloran en español por lo que España no hace por ellos. No hay lugar en el mundo, por escondido que se halle, en el que no pueda oírse una palabra en español. Y en España, con esta clase política rotundamente gilipollas que tenemos, nos gastamos el dinero en traductores para que, en el Senado, un andaluz le hable en catalán a otro andaluz, y un vasco en vascuence a un castellano, y un gallego en gallego a un montañés, cuando todos hablan y entienden a la perfección el español. No somos un desastre. Somos un disparate.

Lo preocupante es que los políticos no anunciaron a los ciudadanos, los emisores de los votos, sus ridículas intenciones. Y la ruptura entre la sociedad y una amplia mayoría de sus representantes es absoluta. No por mentirosos, no por corruptos, no por meramente inútiles, sino por imbéciles. Las cámaras autonómicas están para hablar en la lengua local y la común. En el Congreso y el Senado no puede usarse otro idioma que el español. Imbéciles los que pidieron el uso de las lenguas autonómicas en el Senado, y más imbéciles aún los que tragaron con la petición. No cabe en cabeza humana tamaña majadería. Todos se entienden y se traducen. En España, cuna del español, no se habla español. Pongámonos en la piel de los nacionalistas e independentistas más radicales. ¿Qué idioma usan para viajar fuera de España? ¿Qué idioma usan para hacer sus negocios fuera de España? ¿Qué idioma usan para viajar y hacer sus negocios por España? El catalán es un idioma vivo, formidable y local. Es práctico tan sólo en Cataluña. El vascuence es la unión de distintos dialectos enfrentados por las montañas, y cuyo dominio está fuera del alcance de muchos dirigentes nacionalistas. Es relativamente práctico sólo en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y la zona vascohablante de Navarra. No se puede añadir el País vasco-francés porque no existe. Los franceses nunca han reconocido un departamento vasco. Y el gallego, como el valenciano, como el murciano, como el bable, como el guanche, y como el mallorquín, entra en el saco de las lenguas locales. Todos ellos, los que hablan el idioma de sus raíces maternas y mantienen la tradición y la riqueza cultural de sus palabras, hablan también el español. Son españoles y es lógico que se entiendan. Y sólo en España, los políticos menosprecian el idioma común, no común solamente con los españoles, sino con cuatrocientos millones de personas esparcidas por el mundo, América principalmente. Y ese disparate, es consecuencia directa de la necedad imperante en la clase política española, que siente complejo hasta de su idioma, el español. Como si Franco lo hubiera inventado, que algunos lo creen así, porque además de la estupidez colectiva, el mayor defecto de España es la ignorancia, la incultura y la brutalidad mental.

Lo que ha protagonizado Montilla en el Senado no merece otro calificativo que el de gilipollez compartida. Nación de locos.

La Razón - Opinión

Decreto de Feijóo. Promesas rotas. Por Cristina Losada

En España, la derecha más tradicional ha sido, casi siempre, regionalista. O sea, gran partidaria de lo plural y diverso, y posmoderna antes de la Modernidad. Feijóo continúa avanzando hacia atrás.

Núñez Feijóo ha presentado, al fin, la criaturita. Es una criatura mutilada, que lleva por nombre decreto de plurilingüismo. Con ella en brazos, el presidente de la Xunta puede presumir de no haber dejado con cabeza a ninguno de los títeres que salieron en el guiñol de la promesa electoral. Si se había propuesto desmentirse a sí mismo, lo ha logrado con creces. Sólo los caballeros de antaño y los feroces radicales se aferran a la palabra dada. Y Feijóo, que no es nada de eso, ha querido demostrarlo llevándose la contraria. ¿Dijo consultas a los padres para elegir el idioma de las asignaturas? Pues ahora queda una y de milagro.

Al igual que Zapatero en lo suyo, el sucesor de Manuel Fraga pide amparo en las circunstancias. Un informe del Consello Consultivo de Galicia sostiene que preguntar a los padres por la opción lingüística que prefieren para sus hijos es una ilegalidad de tomo y lomo. La tal ilegalidad se viene perpetrando en varios países, pero el organismo que preside la hermana de Cándido Conde-Pumpido tiene una idea de la ley diferente a la que rige en esas democracias asentadas. Es más, su idea diverge incluso de la doctrina del Constitucional. Pero Feijóo se ha agarrado al pasmoso dictamen para su "donde dije digo, digo diego". Y una de dos, o su gobierno, por pura ineptitud, ha sido incapaz de preparar un decreto viable a lo largo de un año, o pretende posponer sine die el cumplimiento de sus compromisos.

El escaqueo de Feijóo no es novedad, pues ya durante la larga gestación de ese decreto, fue retrocediendo. No se ha ahorrado con ello ni protestas callejeras ni airados manifiestos acusándole de exterminar la lengua gallega. Pero había que ajustar lo prometido al lecho de Procusto identitario, que es donde descansa el poder en las autonomías. No en vano el PP de Galicia, como dijo una vez el mentado, lleva la identidad galleguista en los genes. Y es que, en España, la derecha más tradicional ha sido, casi siempre, regionalista. O sea, gran partidaria de lo plural y diverso, y posmoderna antes de la Modernidad. Feijóo continúa avanzando hacia atrás.

Libertad Digital - Opinión

Pazo y Moseñe. Por Maite Nolla

Teniendo en cuenta que el señor Pazo te denuncia por menos de eso, a ver quién le dice que su denuncia por no rotular en catalán ha acabado con una sentencia en castellano. Usted misma, señoría.

Afortunadamente, la sentencia que confirma la sanción al señor Nevot por no rotular en catalán suficientemente no crea jurisprudencia. Es más, de la docena larga de juzgados del contencioso-administrativo que hay en Barcelona, es posible que alguno decida que la Constitución aún rige en Cataluña y dicte una sentencia declarando esto ilegal por inconstitucional. Otra de las cosas buenas que tiene esta sentencia es que no entra, en ningún caso, a valorar si que te multen por rotular en castellano es o no legal, aunque parezca un contrasentido. Se limita a reproducir el criterio del Tribunal Constitucional sobre la política lingüística en Cataluña, alegando una sentencia del noventa y cuatro, anterior, por tanto, a la ley actual y que no dijo nada sobre si multar por rotular en castellano es o no constitucional, porque no se planteó.

Contra las sentencias de los juzgados del contencioso-administrativo en materia de sanciones y en cuantía inferior a dieciocho mil euros no cabe recurso. Éste es un elemento clave para entender esta sentencia. Yo no entro a valorar por qué a la señora Moseñe le parece constitucional que se multe a alguien en España por rotular en castellano. No sé si le parece bien, mal, está a favor, le da igual, está "más de acuerdo", como Zapatero, o quiere hacer méritos. Pero que no hubiera dictado esta sentencia de poder ser recurrida, seguro.

La base de la sentencia es la que ya les he mencionado del noventa y cuatro y el resto, con el debido respeto, como dicen los mafiosos, es un lío al más puro estilo Gómez Bermúdez, decorándose con continuas referencias a que esto no es una imposición y que es un error pensarlo y que nada más lejos de la realidad. Esto en la parte en la que se esfuerza en justificar la sanción, que en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se lava las manos directamente.

Y después del jardín jurídico, la señora Moseñe justifica que se imponga una sanción por no rotular en catalán, aunque hubiera un cartel en catalán, porque el cartel que definía la "oferta de servicios" estaba en castellano. Un ejercicio de finura jurídica si tenemos en cuenta que un cartel rezaba "Finques Nevot" y el otro –el delictuoso– "Fincas Nevot Api compra venta pisos solares y rústicas". ¡Ajajá! ¡Aquí te hemos pillao! ¿Aprecian ustedes la sutileza? El señor Nevot se la quería colar a la Administración y a su señoría –jurídicamente, claro–, pero la señora Moseñe ha estado lista viendo la jugada.

Una de las curiosidades de este lance es que el honrado ciudadano que delató a Nevot y que sintió vulnerados sus derechos lingüísticos responde al nombre de Víctor Manuel Pazo Ortiz, como se dice en la sentencia. Y el señor Pazo Ortiz ha recibido el amparo de la señora Moseñe en castellano; porque la sentencia está redactada en castellano, lo que añade a la injusticia, la desidia, ya que los jueces disponen de un servicio de traducción de sentencias y, en general, de toda su producción literaria. Teniendo en cuenta que el señor Pazo te denuncia por menos de eso, a ver quién le dice que su denuncia por no rotular en catalán ha acabado con una sentencia en castellano. Usted misma, señoría.

Libertad Digital - Opinión

La normalización lingüística franquista. Por Guillermo Dupuy

Para aquel régimen, que también era nacionalista, que hubiera españoles que tuvieran como lengua propia el catalán era una "anomalía" tan erradicable como lo es para los nacionalistas de ahora que haya catalanes que tengan como lengua propia el castellano

La major part dels castellans gosen dir públicament que aquesta nostra província (Catalunya) no és Espanya y per ço que nosaltres no som verdaders espanyols. Aquesta província no sols és Espanya mas és la millor Espanya.

(Cristòfor Despuig, en sus col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, 1557)

Claro que Franco fue el inmediato precursor de la liberticida "normalización" lingüística que los nacionalismos periféricos han impuesto en muchas partes de España. Claro que la dictadura prohibió a millones de españoles estudiar en su lengua materna y los sometió a una coactiva inmersión lingüística como han hecho los nacionalistas de ahora con los catalanes o los gallegos. Para aquel régimen, que también era nacionalista, que hubiera españoles que tuvieran y consideraran como lengua propia al gallego, el euskera o el valenciano era una "anomalía" tan incomoda y erradicable como lo es para los nacionalistas de ahora que haya catalanes, vascos o gallegos que tengan y sientan como lengua propia el castellano.

En este sentido, no puedo estar más de acuerdo con el título del artículo de Cristina Losada Normalización lingüística. Franco fue el precursor. Ahora bien, sólo con el título. Y es que, sorprendentemente, lo que utiliza Cristina como base de su equiparación no es la coactiva erradicación de la enseñanza de lenguas españolas que se produjo en España durante la dictadura y la que se produce ahora; tampoco son esos moldes y delirios identitarios que, tanto entonces como ahora, conceden los derechos lingüísticos, no a las personas, sino a los territorios. Tampoco se refiere a esa visión homogénea y coactivamente homogeneizadora que en tiempos de Franco –y mucho antes– negaba la diversidad y el pluralismo de España tanto como ahora los nacionalistas niegan la diversidad y el pluralismo lingüístico de Cataluña o de Galicia. No. En lo que se fija Cristina Losada para hablar de Franco como "precursor" de la liberticida normalización lingüística de ahora es paradójicamente en un decreto que, como el 1433 de 30 de mayo de 1975, firmó el dictador poco antes de morir, y en el que básicamente concedía cierta libertad para estudiar otras lenguas españolas distintas del castellano.

Ahora bien. ¿De cuándo acá esta tardía libertad, o ese tardío reconocimiento de que las lenguas regionales son patrimonio cultural de la nación española, son "semillas" o "precursoras" de la liberticida inmersión lingüística que ahora los nacionalistas perpetran contra otros catalanes o gallegos? En todo caso estos tardíos decretos franquistas serían por el contrario precursores de una visión más liberal, constitucional y realista de lo que es España.

Aunque el régimen del General Franco, sobre todo durante sus primeras décadas, se caracterizara por la falta de reconocimiento y de libertad en materia lingüística, hay que reconocer que en muchos casos no fue tan represiva como son algunos nacionalismos de ahora, que vigilan hasta en qué idioma hablan los niños en el recreo. Es cierto que la dictadura, como ponen en evidencia los decretos mencionados por Cristina, fue paulatinamente reconociendo la diversidad de España y dando cada vez mayor libertad en materia lingüística, como también lo ilustra el hecho de la existencia de ikastolas o de otros centros en los que se podía estudiar lenguas distintas castellano o de editoriales que publicaban en esas lenguas. Ahora bien, esa paulatina mayor libertad no borra lo que de represivo tuvo en su mayor parte de vida el régimen franquista en materia lingüística y, menos aun, es "precursora" de la represión que ahora perpetra la inmersión lingüística nacionalista.

Estoy seguro de que Cristina Losada, tanto o más que yo, suscribe que el castellano no es la única lengua española y que el derecho a conocer y a usar cualquiera de ellas debe estar protegido, tal y como venían a reconocer esos tardíos decretos franquistas. Lo que no acabo de entender es que, por este hecho, Cristina y yo tengamos que sentirnos precursores de la liberticida normalización lingüística de ahora.

Libertad Digital - Opinión

Franco fue el precursor. Por Cristina Losada

Lo terrible para los victimistas del idioma sería aceptar que la semilla de esa planta que cultivan con obsesión la había puesto Franco, su enemigo.

En El Catoblepas, la revista en internet de Gustavo Bueno, siempre encuentra una sorpresas. Así, en su último número, un artículo del profesor Enrique Prado Cueva, documenta que fue el dictador Francisco Franco quien introdujo el gallego, el vascuence y el catalán en la enseñanza. No es broma, sino un Decreto de 1975. Lo firmó el Caudillo en mayo y su contenido fue ampliado unos meses después por otro que suscribiría el Rey Juan Carlos. Todavía técnicamente en el franquismo, esa segunda disposición establecía que "las lenguas regionales son patrimonio cultural de la Nación española y todas ellas tienen la consideración de lenguas nacionales", así como que "su conocimiento y uso será amparado y protegido por la acción del Estado y demás Entidades y Corporaciones de Derecho Público".

Esos dos gloriosos precedentes del reconocimiento de las lenguas y de su enseñanza figuran en el BOE de la dictadura. Ahí han permanecido sepultadas esas muestras de la terrible persecución que sufrieron "las lenguas" en tiempos preconstitucionales. Aunque lo terrible para los victimistas del idioma sería aceptar que la semilla de esa planta que cultivan con obsesión la había puesto Franco, su enemigo. Pues qué harían esas interesadas plañideras sin el monstruo que, según clamaba Jordi Pujol hace unos días, perpetró la destrucción del catalán. Qué de los negociantes en identidades, sin el ogro que devoró a las pobres lenguas indefensas. Con qué rellenarían tantos juntaletras sus piezas lacrimosas sin el nacionalista español que impuso a sangre y fuego el castellano imperial. Y qué les contarían a los escolares los profesores adictos a su ideología e infieles a su oficio, sin un genocida cultural en sus fábulas.

"Quien controla el pasado, controla el futuro; quién controla el presente controla el pasado", rezaba uno de los lemas del Partido en 1984 de Orwell. El nacionalismo y sus sucedáneos han tenido buen cuidado de reescribir el pasado a su medida. Su Cuéntame ha levantado una memoria selectiva sólo comparable en su afán de falseamiento a la que cursa bajo el nombre de "histórica". Y es que hay mucho que ocultar, empezando por el racismo originario, el fascismo de algunas de sus vacas sagradas y el apoyo de no pocas de sus figuras al golpe militar del 36. Un hilo conductor que nos lleva a la noticia: Franco puso la primera piedra de la "normalización lingüística".

Libertad Digital - Opinión

Películas en catalán

UNA vez más, la realidad social desmiente el discurso identitario que cierto sector de la clase política se empeña en imponer a los catalanes. En efecto, es muy significativo que 574 salas de cine, lo que representa tres cuartas partes del total, realicen una jornada de huelga contra la norma que les exige programar un 50 por ciento de las películas en catalán, cuando la demanda de los espectadores en ese sentido apenas llega al 20 por ciento. El tripartito acelera por razones electoralistas ciertas medidas que sólo complacen al nacionalismo radical, como las sanciones a los comerciantes que no rotulan en catalán. Son decisiones intolerables en un Estado de Derecho y que ofenden el sentido común de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, José Montilla y sus socios juegan la baza del oportunismo, creando una imagen artificial de conflicto lingüístico en una comunidad donde el bilingüismo social funciona con toda naturalidad frente a las imposiciones oficiales.

De acuerdo con la Constitución, el castellano es la lengua oficial del Estado y, por tanto, resulta inaceptable cualquier prohibición o restricción en su uso, sin perjuicio del respeto y la promoción de las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Además, la Norma Fundamental reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, vulnerada en este caso por la obligación impuesta a las salas de cine de ofrecer un producto que muchos potenciales espectadores no están dispuestos a adquirir. La Generalitat hace política lingüística a costa del dinero de unos y del legítimo derecho de todos a disfrutar de su tiempo de ocio o de formación cultural en la lengua que prefieran. Pendiente de una sentencia del TC que no llega nunca, el Estatuto alienta estas soluciones extremistas en favor de un futuro monopolio del catalán. Por eso, Rodríguez Zapatero no puede eludir su responsabilidad sobre las decisiones del PSC, que pretende ahora competir con los nacionalistas en una política identitaria que desmiente la condición del PSOE como partido de ámbito nacional. Esta vez les ha tocado a las salas de cine, que reaccionan con razón y de forma contundente en defensa de sus legítimos intereses, que coinciden con los de la mayoría social.

ABC - Editorial

Un empresario planta cara a la imposición lingüística en Cataluña

Su delito: rotular sólo en castellano en su negocio, por lo que se le puso una multa de 1.200 euros. En un argumentado y claro escrito recurriendo la sanción, el empresario saca las vergüenzas de la Agencia Catalana de Consumo y vuelve a evidenciar la imposición ligüística que se vive en Cataluña.

Xurde Rocamundi es uno de los muchos empresarios catalanes sancionados por rotular solamente en castellano en su negocio. En un argumentado y extenso recurso de alzada, pide al director de la Agencia Catalana de Consumo que deje sin efecto el expediente sancionador y la multa de 1.200 euros que lleva aparejado.

Su negocio es una inmobiliaria de la localidad de Arenys de Mar cuyo rótulo y carteles informativos del escaparate y los contratos tipo que se usan en la oficina están redactados en castellano.

Según relata el empresario en el recurso, al que ha tenido acceso LD, una inspección de la Agencia Catalana de Consumo derivó en un acta por no tener los contratos y la rotulación en catalán. Se consideraba que el no tenerlos en catalán vulneraba la Disciplina de Mercado y se proponía una sanción.

Ante esto, Rocamundi presentó una alegación en la que defendía su derecho a usar el castellano. Pero al subdirector general de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana de Consumo, tal y como se desprende de estas conclusiones, le dio igual y le impuso una multa de 1.200 euros. Y calificó los hechos como “una infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios”. Realmente la indisciplina consiste en no haber optado por el catalán.

Además, para más inri, no se puede esgrimir que en esta localidad el catalán es una lengua minoritaria, pues el 90% de los comercios rotulan en catalán. A estos, claro, no se les sanciona por no rotular, al menos, también en castellano.

“Si estuvieran sólo en catalán (carteles, rótulo y contrato) no habría sanción alguna, pero al estarlo sólo en castellano sí la hay. El eufemismo al menos en catalán significa, en la práctica y como se demuestra en el presente expediente, que obligatoriamente debe estar en catalán”, denuncia Xurde Rocamundi. “Se trata, en definitiva, al castellano como una lengua extranjera”.

Continúa exponiendo el empresario catalán que, “según la resolución, debemos entender que cuando se hace sólo en catalán o como mínimo en catalán no se vulneran los derechos lingüísticos de los consumidores y/o usuarios”.

Y es que la resolución de la Agencia Catalana de Consumo podría estar amparada en las leyes autonómicas catalanas como la Ley de Política Lingüística y la Ley del Estatuto del Consumidor. “No obstante –señala Rocamundi– la resolución y las normas que le dan cobertura son inconstitucionales porque introducen un trato discriminatorio entre el uso del catalán y el castellano, entre las personas, los ciudadanos, los españoles, que eligen un idioma u otro como herramienta comercial y, en definitiva, de uso cotidiano, salvo que sólo pueda elegirse la lengua en la intimidad”.

Xurde Rocamundi habla de coacción y discriminación. Sobre la primera cuestión, el empresario catalán señala que "la propuesta y la incoación del expediente sancionador ya supone una coacción para el que lo decepciona y una limitación a su libertad (…), pero la sanción impuesta materializa en castigo al desobediente y, además, es usado de ejemplo social a modo de prevención general”.

Y sobre la discriminación, pone de manifiesto que existe en cuanto no existe sanción para quien rotula exclusivamente en catalán. “Igualmente, conlleva otras vulneraciones constitucionales como el derecho al uso del castellano que se reconoce en el artículo 3.1 de la Constitución Española y del principio de libertad lingüística (…)”.

Por todo ello, el empresario de Arenys solicita la revocación de la sanción por supuesta infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

“Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas”

Para denunciar este caso y el de otros numerosos empresarios que están siendo sancionados por la utilización del castellano en sus empresas por la Agencia Catalana de Consumo, la semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de política lingüística.

Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano, Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas” para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción lingüística y la libertad de empresa en Cataluña

Libertad Digital

"Señor ministro Gabilondo me suspenden por utilizar el español en el colegio"

Una nueva asociación velará por la libertad lingüística a nivel nacional

DOCUMENTO IDEOLÓGICO - ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA

El auge, y la propia existencia de nacionalismos en diferentes regiones de España han creado situaciones políticas en las que la libertad lingüística y los derechos constitucionales al respecto, se ven violados y negados a muchos ciudadanos de nuestro país.

Los procesos de imposición lingüística que han llevado, o llevan a cabo en la actualidad, los diferentes gobiernos autonómicos en Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, suponen no solo el incumplimiento del articulo 3 de la Constitución, referido al castellano, sino de las libertades de circulación y residencia así como un ataque a la igualdad entre los españoles como esencia de la Carta Magna.

Resulta preocupante que estas derivas irracionales se empiecen a reproducir en otros lugares como Asturias, León, Extremadura o Aragón, mediante lentos pero premeditados avances, en un proceso de mimetismo cuyo desenlace supondrá en el futuro espacios sin libertad como los ya conocidos.

La vulneración de cualquier articulo o derecho constitucional que ampara a todos los ciudadanos, se convierte por ello, en un problema de ámbito nacional, cuyas denuncias, consecuencias y soluciones no pueden ni deben encomendarse únicamente a determinados sectores de determinadas regiones de España.

El compromiso con la libertad no se puede considerar pleno si damos la espalda a ese sector de la ciudadanía que sufre el atropello lingüístico, bajo el único pretexto de no sufrirlo nosotros en nuestros propios entornos personales, familiares o laborales.

La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística es una respuesta cívica frente a quienes a través de la imposición y la persecución impiden a miles de personas en España expresarse, educarse, o simplemente desarrollar su vida en la lengua oficial del Estado.

Reivindicamos la libertad lingüística como ejemplo de las libertades individuales, como espacio personal e inviolable, que no puede ser propiedad de los nacionalismos para construir su modelo social homogéneo liberticida y excluyente.

La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística es un instrumento social para la denuncia de estas imposiciones y una apuesta común por la igualdad, la solidaridad y la libertad de los ciudadanos españoles.



La Voz Libre: Pablo Yáñez, presidente de la ANLL: "Estamos dando un paso histórico"

“Estamos dando un paso histórico”, ha afirmado Pablo Yáñez, presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, junto al secretario de la organización, José Vicente Fernández Abril. Ha añadido que desean mostrar su reconocimiento al resto de asociaciones y entidades de defensa de la libertad lingüística, las cuales “durante estos años han llevado a cabo una labor ejemplo de dignidad”.

Yáñez ha realizado un ejercicio de autocrítica al explicar que “hasta ahora habíamos dejado en manos de unos pocos la defensa de las libertades de todos los ciudadanos”. “Cuando asumimos que un problema es nacional pero encomendamos su solución únicamente a determinados sectores de regiones concretas de España, estamos dando una respuesta cobarde”, ha reconocido el presidente de ANLL. “Por ello queremos ofrecer nuestra disculpa a todas esas asociaciones y entidades que hasta ahora se han sentido solas y comprometernos con ellas a que nunca se volverán a sentir así”.

Pablo Yáñez ha recalcado que su fórmula es “trabajo, trabajo y trabajo”. “En octubre empezamos a mantener reuniones informales pero fue durante el mes de diciembre cuando concretamos el proyecto. A día de hoy tenemos 50 socios de 22 provincias diferentes”, explicó.

“Vamos a recorrer España ganando adeptos para la libertad lingüística”, continuó Pablo Yáñez. “Si conseguimos concienciar al enfermero de Burgos o de Valladolid de que si en Baleares se exige catalán, el mercado se cierra, habremos dado un paso. Y si conseguimos que el padre de Granada se de cuenta de que deberá tachar de su mapa laboral no sólo Cataluña, sino también Aragón, Valencia y Baleares, habremos dado otro paso”, añadió el presidente de ANLL

“Todavía hay mucho por hacer porque a día de hoy el 80 por ciento de la población no está verdaderamente concienciada de que se están llevando a cabo ataques esenciales contra las libertades de todo el país”, denunció Pablo Yáñez. Los representantes de la ANLL explicaron que “quien piense que la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística va a defender el castellano está muy equivocado”. “Nosotros vamos a realizar una defensa de la libertad lingüística, manifestó Pablo, quien añadió que no son partidarios de modelos trilingües, bilingües y “mucho menos” monolingües. “Lo que queremos es que los ciudadanos tengan libertad para decidir en qué idioma desean educar a sus hijos y vivir su vida”.

Los representantes de la ANLL han mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido de parte de "la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia (MLL), de la Plataforma contra el requisito del catalán en la sanidad balear, de FACUA, de Impulso Ciudadano, de la representación salmantina de UPS y de Galicia Bilingüe, así como por la presencia en la rueda de prensa del delegado en Madrid de Círculo Balear y de Juan Manuel Villegas, miembro de Ciudadanos".


Libertad Digital: Nace la primera asociación que defenderá "a nivel nacional" la libertad lingüística

Este martes ha nacido en Madrid una plataforma que luchará por la libertad lingüística. Creada por estudiantes, es "la primera que a nivel nacional" defenderá que no se vulneren los derechos. Su objetivo es concienciar que esta es una "batalla" que afecta a todos y no sólo a una comunidad.

Este martes se ha presentado en Madrid la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, una plataforma que pretende defender el derecho de utilizar este derecho en todo el territorio nacional.

Su presidente, Pablo Yáñez, estudiante de 20 años, ha relatado a Libertad Digital por qué ha nacido esta asociación. Su objetivo es dar "un ámbito nacional" a la defensa de la libertad lingüística para que esta lucha no se realice únicamente en las comunidades en las que el castellano es atacado.

"Queremos concienciar a la gente de que cuando se vulneran los derechos constitucionales se genera un problema nacional no sólo en un lugar determinado", sentenció Yáñez, que actualmente es estudiante de Ciencias Políticas. Esta asociación, creada inicialmente por estudiantes y con un perfil juvenil, es "la primera asociación en España que nace para defender la libertad lingüística en todo el territorio nacional".

La ANLL ha tenido un recuerdo muy especial por todas aquellas plataformas que han defendido la convivencia real del castellano con las lenguas cooficiales en comunidades como País Vasco, Galicía, Cataluña o Baleares. Mención especial han tenido Galicia Bilingüe, Círculo Balear, Ciudadanos y el resto de organizaciones que trabajan por acabar con la imposición que los nacionalistas intentan hacer de las lenguas cooficiales.

De este modo, Yáñez consideró que estas asociaciones "son un ejemplo a seguir" e indicó que la recién nacida plataforma tiene que aparecer con una "conciencia autocrítica pidiendo perdón por haberles dejado solos tanto tiempo". "Es un error que los demócratas hemos cometido", indicó.

La concienciación será su principal prioridad. Por ello, su objetivo es que la gente se dé cuenta de que "cuando en Baleares se impone el catalán para acceder a una plaza de enfermero a uno de Burgos se le está restando su libertad". En opinión del presidente de ANLL "es un problema de todos y el recorte de derechos parecía que sólo afectaba allí cuando no es así, nos afecta a todos".

Para poder conseguir esta concienciación, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística pretende "recorrer España ganando adeptos y trasladando el mensaje de que se están vulnerando derechos". Para ello, también se servirán de las nuevas tecnologías.

A su juicio, esta "batalla" tiene que ser mediática y su trabajo será conseguir una concienciación mediante acciones con repercusión mediática".

Asociación Nacional por la Libertad Lingüística

Los otros feijóos. Por Raúl Vilas

El propio sistema autonómico ha propiciado que las taifas compitan en "elementos diferenciadores", nada mejor que la "lengua propia". Cuanto menos "español", más poder para el reyezuelo de turno.

Los árboles, Galicia, no deberían tapar el bosque, España. O lo que es lo mismo, la inexcusable responsabilidad de Núñez Feijóo en el engaño, uno más, a los votantes del PP, no es eximente para muchos otros.

Las políticas liberticidas –hasta el eufemismo utilizado, "normalización", revela sus propósitos totalitarios– que persiguen desterrar el español de la vida pública –grave– y hasta de la privada –mucho peor– no son cosa de hace dos días ni se ciñen únicamente a la región gallega. El Manifiesto de los 2.300 impulsado por Federico Jiménez Losantos en la Barcelona de 1981 está a punto de cumplir 30 años. En él intelectuales y profesionales que vivían en Cataluña expresaban su preocupación por la vulneración de "derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua".

En estas tres décadas han gobernado en España UCD, PSOE y PP. Nadie ha hecho nada. Tampoco el jefe del Estado. Ni un dedo meñique han movido para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, todavía formalmente españoles, residentes en Cataluña que la Constitución les reconoce; sí, aunque suene a recochineo. Lejos de eso, el problema que entonces se localizaba en Cataluña se ha extendido, cual metástasis, por todas las regiones con dos lenguas oficiales, independientemente de que gobiernen en ellas nacionalistas, socialistas o populares. En Galicia, Fraga copió a Pujol la Ley de Normalización Lingüística –esa a la que apela ahora Feijóo para legitimar su traición. En Valencia, más de los mismo, hay zonas en las que es imposible la escolarización en castellano. En Baleares, el PP local se apuntó entusiasta a la fiebre normalizadora... Felipe González, José María Aznar y, cómo no, Zapatero han asistido impasibles desde Moncloa, cuando no han colaborado activamente.

El propio sistema autonómico ha propiciado que las taifas compitan en "elementos diferenciadores", nada mejor que la "lengua propia". Cuanto menos "español", más poder para el reyezuelo de turno. Es, por tanto, inviable, como se ha visto en Galicia, que la solución parta, precisamente, de donde está el origen del problema. Sólo un gran acuerdo nacional podría restituir los derechos y libertades derivados de una Constitución que se ha convertido en papel mojado, víctima de sí misma. Una utopía con este PSOE y, lo más preocupante, también con este PP. Porque no sólo ha mentido Feijóo, Rajoy y su dirección nacional también. En el Congreso de los Diputados el diputado Alfonso Alonso defendió con vehemencia una proposición no de ley en defensa de la libertad lingüística. Lo hizo, claro, poco después de una calcada de Rosa Díez, cuyo partido es el único que reclama una reforma constitucional que devuelva la competencia de Educación al Estado.

En esas estamos. Un diputado frente a 349. O el sistema representativo no funciona, o tenemos lo que nos merecemos. O, lo peor y más probable, que las dos cosas sean ciertas.

Libertad Digital

Feijóo, un viaje de vuelta. Por Cristina Losada

La montaña parió un ratón. Un ratón complejo y, sobre todo, acomplejado. Aunque su pequeñez no lo ha salvado ni salvará del estallido histérico de la inquisición lingüística.

Núñez Feijóo asumió en su día una gran responsabilidad. Tanto en campaña como tras alzarse con el Gobierno autónomico, prometió libertad de elección entre las dos lenguas oficiales en la enseñanza. Con límites, eso sí. La posibilidad de escoger idioma, siquiera en parte, no se había dado nunca en las regiones bilingües. El modelo vasco fue pervertido por el nacionalismo hasta que nada quedó. Fue la suya, por ello, una apuesta fuerte, de esas que marcan, como suele decirse, un antes y un después. De ahí que si hubiera que examinarla a la luz del opúsculo satírico El arte de la mentira política, del Dr. Arbuthnot, amigo de Jonathan Swift, tendría su lugar entre las que "anuncian prodigios". Pues prodigio sería, al fin y al cabo, que tal libertad se instaurara en España.

A la vista de sus Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino no universitario de Galicia, hay que decir que es un título largo para un cumplimiento tan corto de los compromisos que adquirió. En el punto 13 de su "contrato con los ciudadanos" se puede leer: "Debe garantizarse la libertad para escoger lengua en todos los ámbitos". La hemeroteca guarda los detalles de cómo pensaba aplicar ese desiderátum. Baste recordar que ofreció la elección de idioma en las asignaturas troncales. La noche antes de tomar las uvas, presentó un borrador que reduce la capacidad de elegir a una o dos materias. Sólo ha mantenido su palabra en un punto: los alumnos podrán usar la lengua oficial de su preferencia en clase y en los exámenes. La montaña parió un ratón. Un ratón complejo y, sobre todo, acomplejado. Aunque su pequeñez no lo ha salvado ni salvará del estallido histérico de la inquisición lingüística.

No era difícil de cumplir. Así lo demostró Galicia Bilingüe con una propuesta equilibrada que combinaba la elección con horas lectivas en la otra lengua. Pero Feijóo ha decidido volver por dónde el PP gallego solía. Hizo ver que rectificaría el rumbo adoptado en la época de Fraga, al que, por cierto, nada opuso la Génova de Aznar, para regresar después a los viejos malos hábitos con una corrección mínima. Más le habría valido ahorrarse ese viaje de retorno y, con él, la indignada decepción de quienes confiaron en sus promesas. La invención de prodigios está al alcance de cualquier Zapatero.

Libertad Digital - Opinión

Feijóo, seguimos esperando. Por Raúl Vilas

Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde.

Nadie daba un duro por la victoria de Núñez Feijóo en las elecciones gallegas del pasado 1 de marzo. Ni siquiera en Génova –en privado– confiaban en ello. Prácticamente ninguna encuesta daba el PP gallego la mayoría absoluta imprescindible para desalojar de la Xunta a la coalición nacional-socialista de Touriño y Quintana. Finalmente Feijóo logró 39 escaños, uno más de los necesarios para gobernar, y el PP recuperó el Gobierno gallego.

No pretendo suplantar el papel de los sociólogos. Pero no hace falta ser un lince para atribuir el vuelco electoral a dos factores fundamentales: el despilfarro de un Gobierno con modos de nuevo rico –sillas de 3.000 euros, audis por doquier, paseos en yate– y el descontento generado por las políticas de imposición del gallego, sobre todo en la enseñanza. Un malestar que supo catalizar Galicia Bilingüe, capitaneando una auténtica rebelión cívica secundada por otras organizaciones como la Mesa por la Libertad Lingüística.

Feijóo, que de tonto no tiene un pelo, supo ver lo que estaba pasando y situó este asunto como uno de los ejes de su campaña. Esto se tradujo en tres promesas electorales: los padres elegirán el idioma de las asignaturas troncales, habrá una casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula y los alumnos tendrán libertad para utilizar oralmente y por escrito cualquiera de las dos lenguas.

Han pasado ya ocho meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno y el decreto que impone el gallego sigue vigente. Los nacionalistas –no sólo el BNG, el PSOE actúa como ellos– han redoblado la presión durante este tiempo, y el silencio de la Xunta comienza a ser inquietante, como mínimo. Más aún tras asistir a episodios como la burda manipulación de una sentencia del Supremo para deslegitimar el derecho de los padres a elegir, que fue incluso celebrada por el portavoz del PP en el Parlamento gallego.

Hace unas semanas entrevistamos en Sin Complejos –el programa de los fines de semana en esRadio que dirige y presenta Luis del Pino– a Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. Por primera vez percibí en ella cierto desánimo que contrasta con su carácter batallador y optimista. Mala señal. Pero Lago no se rinde, tampoco me sorprende. Esta semana han enviado a Feijóo una detallada y ponderada propuesta –como punto de partida hacia un verdadero sistema de libre elección–para que en el próximo curso escolar sus promesas sean una realidad. Consiste en un razonable reparto de las asignaturas entre las dos lenguas oficiales, preponderando siempre la elección del alumno. Nadie se puede sentir agredido, ni se vulnera ningún derecho. Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. Si no lo hace será un felonía de muy graves consecuencias. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde. Seguimos esperando, Alberto.

Libertad Digital - Opinión

A todos nos duele nuestra lengua. Por Angel López García-Molins

La cuestión lingüística no va bien; ahí está la última polémica sobre la ley catalana. En España, todo el mundo piensa que su idioma materno es maltratado. Lo primero sería cambiar la actitud de los ciudadanos.

A los españoles de hace un siglo, al menos a algunos de ellos, les dolía España. A los de ahora lo que nos duele, sobre todo, es la lengua. Integrados en Europa, con un régimen democrático y con una economía que, pese a la crisis, sigue siendo del primer mundo, ningún ciudadano debería sensatamente tener motivos para el desánimo. Y, sin embargo, los herederos de Miguel de Unamuno y de María Zambrano, de Salvador Espriu y de Alfonso Rodríguez Castelao, tenemos razones más que suficientes para estar preocupados.

La cuestión lingüística en España no va bien; de hecho, va tan mal que ha llegado a poner en cuestión la existencia misma del país en una sucesión de acciones y reacciones, a cual más desgraciada, en la que las culpas se hallan bastante repartidas. No pasa día sin que los medios den noticia de protestas, manifiestos o declaraciones que están continuamente arrojando leña a una hoguera ya crecida de por sí.

Ahora mismo estamos embarcados en la polémica de la llamada ley del catalán, aprobada por el Parlament de Cataluña, lo que, sorprendentemente, no basta para zanjar la cuestión. Hay quienes se obstinan en mirar para otro lado y se niegan a reconocer que el rey está desnudo. Es una suprema irresponsabilidad política: se quiera o no, casi no existe ningún ciudadano español que esté contento con el trato que le están dando actualmente a su lengua. Si esto se aplicase a su cuenta corriente, a su familia o a su lugar de residencia, estaríamos en puertas de una revolución. Y, sin embargo, la lengua nos constituye sentimental y humanamente mucho más que aquellos factores: uno puede cambiar de ciudad, está continuamente alterando su estado financiero y, si se empeña, hasta puede cambiar de familia, pero nunca perderá su lengua.

Una precisión importante: lo que a los ciudadanos les duele en cada caso no es la lengua por antonomasia, de aquí o de allá, es su lengua.

En España, el 40% de la población vive en comunidades bilingües, de forma que a una mayoría le duele el español, pero a una minoría muy relevante le duelen el catalán/valenciano, el gallego o el vasco. Pasa con esto como con las guerras: los políticos y los estados mayores juegan a destrozarse mutuamente, pero lo hacen por persona interpuesta, de forma que las víctimas siempre son soldados y civiles que lo han perdido todo, sin que su condición doliente permita distinguir a los de un bando de los del otro.

¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que se sienten vejados por lo que denuncian como excesos de la aplicación de las leyes de normalización lingüística, lo cual encorajina de paso a muchos habitantes de las monolingües? Sí, es evidente. ¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que sienten que en España -un país que sólo reconoce sus lenguas en el ámbito regional (y además recientemente)- no dejan de estar de visita? Igual de evidente.

No sé a qué conduce mirar para otro lado y hacer de avestruz en este tema tan delicado. Si queremos seguir viviendo juntos, porque nos interesa mutuamente y fuera hace mucho frío, habrá que resolver esta contradicción alguna vez. Y entiéndase que no estoy propugnando ninguna forma de organización política concreta para España. A mí, como iberista convencido, lo que me gustaría es que la dualidad estatal vigente en la península Ibérica se superase con alguna fórmula viable y aceptada por todos, pero éste es otro debate ajeno a la cuestión que nos ocupa aquí.

Lo que sí propugno es la necesidad de replantear radicalmente la cuestión lingüística.

Dicen que este asunto está muy politizado. Desde luego: por acción o por omisión, abierta o larvadamente, los políticos de uno y otro signo no han hecho más que tensar la cuerda en beneficio propio sin sacar al náufrago ni un milímetro de la ciénaga que lo está tragando. Entiendo que lo más importante es cambiar la actitud de los ciudadanos y que sólo cuando haya cambiado será posible plantear medidas efectivas concretas porque ellos mismos las habrán demandado. Lo contrario sería empezar la casa por el tejado.

En el momento presente lo que predomina es una actitud avasalladora que impone en cada caso la lengua dominante con exclusión de las demás. De un lado está la idea de que el español es la única lengua del país (lo que gustan llamar "lengua nacional"), siendo así que no sólo no es el idioma materno de muchas personas, a las que habría que agradecer permanentemente su esfuerzo al usarlo, sino que, además, el catalán/valenciano, el gallego y el vasco han sido igualmente lenguas generales de España desde hace muchos siglos y por razones de las que no me puedo ocupar aquí. De otro lado está la idea de que estos tres idiomas (que gustan llamar "propios") sólo podrán sobrevivir si sus defensores calcan miméticamente la ignorancia y el menosprecio del otro que han caracterizado a los que sólo están interesados en la defensa del español.

En otras palabras: a lo que se aspira, como mal menor es a que las lenguas coexistan, pero sin propiciar su convivencia, es decir, su vivencia compartida. Es lo que en el antiguo régimen se preconizaba para las clases sociales y para los sexos: coexistencia inevitable, sí, convivencia fecunda, no. Mas si algo caracteriza a nuestra época es la superación de estas desigualdades: la de clase, la de sexo, la de religión... todas, menos la de lengua. Y esto constituye una tragedia, y no sólo hoy, en España viene siendo así desde el siglo XVIII.

¿Tan difícil es hacer posible que en el Parlamento, en los medios de comunicación y en la vida diaria de toda España uno pueda expresarse en cualquiera de los tres romances sin que se le insulte, a pesar de que le comprenden perfectamente con un mínimo de práctica?

¿Tan pernicioso resultaría para la vida social de las comunidades bilingües que los hispanohablantes, que de todas maneras conservarán el español en este mundo de la aldea global, no lo retengan sólo como una variedad oral más o menos vergonzante? Dicho brevemente: ¿acaso no vamos a ser capaces de cimentar la vida de los ciudadanos españoles sobre la convivencia lingüística?

Todo lo que acabo de decir son obviedades, pero soy consciente de que muchas personas lo acogerán con reticencia. Por eso me guardaré muy mucho de proponer que las cuatro lenguas de España sean declaradas oficiales en todo el Estado o que la oficialidad legal de la lengua propia y del español se aplique equilibradamente en las comunidades autónomas bilingües.

Las medidas legales efectivas son las que consolidan un estado de opinión mayoritario -la ley de dependencia, la de igualdad de género-, nunca las que aspiran a crearlo de la nada al estilo de la ley antialcohólica de Estados Unidos en los años veinte. Antes de legislar hay que ganar la batalla de la opinión y de las actitudes.

El tiempo apremia: la herida sigue abierta, y las posibilidades de que se gangrene crecen de día en día. Necesitamos cauterizarla con un gran pacto de Estado: nos va en ello la paz social.

Angel López García-Molins es catedrático de Teoría de los Lenguajes de la Universidad de Valencia.

El País - Opinión

Quien mal anda.... Por Josefina Albert Galera

El libro titulado La lengua del tercer Reich,que tengo delante, me ha recordado un artículo que apareció en septiembre del 2007 en Siglo XXI,reproducido en otros medios, en el que yo misma establecía el paralelismo entre el lenguaje de Hitler y el de los nacionalistas. Es sabido que la apropiación de la lengua desempeñó un papel fundamental en la configuración del pensamiento nazi y en el nacionalsocialismo.

De la manipulación de las palabras se encargó, mediante la comunicación social y política, Goebbels, designado por el propio Führer para llevar a cabo tal función. El ministro de Propaganda del Tercer Reich actuaba por delegación de Hitler, pero en el caso de los políticos, que ayer aprobaron en el Parlament de Catalunya la exclusión definitiva del castellano en la enseñanza, han actuado por su cuenta, con una prepotencia que no les corresponde, al imponer a todos los ciudadanos de Catalunya sus reglas particulares, vulnerando así derechos fundamentales.

Pero lo asombroso del caso es que el presidente del Gobierno de España, nación a la que pertenece Catalunya, apruebe, y hasta justifique en cierta manera, el resultado de la votación en el Parlamento catalán. Resulta inaudito y hasta escandaloso que el señor Rodríguez, al referirse a ello, hable de "amplio respaldo" y de dos "grandes partidos", que a mi juicio han perpetrado, es decir, han cometido un delito, al aprobar esa ley de educación. Habrá que recordarle al señor presidente que también Hitler contó con un amplio respaldo en el plebiscito en 1933, lo que le permitió acceder al poder como líder supremo y pasar a la historia como un monstruo. La palabra Sprachregelung (uso del idioma para fines del régimen), inventada por los nazis, cumplía la misma función que el nacionalismo catalán pretende al prohibir el castellano. Cada vez más estos se parecen a aquellos. Acabarán fundiéndose en una sola cosa, porque, como se dice, "quien mal anda mal acaba".

Josefina Albert Galera, Doctora en Filología Románica

La Vanguardia

Gabilondo se lava las manos frente al nacionalismo catalán

El ministro alega que, mientras el Constitucional no se pronuncie sobre el Estatuto, el Gobierno no puede evitar que la Generalitat proclame su independencia en materia educativa a través de la nueva Ley de Educación de Cataluña

EL PASADO jueves el Gobierno saludó la Ley de Educación de Cataluña (LEC) advirtiendo que estudiaría «sus recovecos» ante la certidumbre de que esta normativa contraviene -como mínimo- el Real Decreto de 2006 del Ministerio de Educación que establece la obligatoriedad de impartir tres horas semanales de castellano. Pues bien, de la entrevista con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que hoy publicamos, se desprende que el Ejecutivo no sólo no va a mover un dedo para impedir que Cataluña proclame su independencia de España en materia educativa, sino que está dispuesto a recurrir a todo tipo de pretextos para pasar por alto el órdago soberanista más importante al que se enfrenta el Estado desde el plan Ibarretxe.

La LEC se ampara en el Estatuto de Cataluña para consagrar el catalán como lengua vehicular única en la enseñanza en esta Comunidad -algo que ya reconocía la Ley de Política Lingüística de 1998-; contraviene flagrantemente la Constitución al imponer un modelo monolingüe en las escuelas y negar a los padres el derecho a elegir la lengua en que van a ser educados su hijos; ignora la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la Generalitat a ofrecer formularios de escolarización bilingües; y se burla del Gobierno -que según el TC es quien debe fijar las enseñanzas mínimas- al relegar el castellano al nivel de una lengua extranjera y al atribuir a la consejería de Educación catalana el diseño curricular.

Pese a estas evidencias de que la LEC es una peana del independentismo que desprecia las leyes del Estado y las sentencias judiciales, el mismo ministro que hace solo dos meses recordaba que «el español es la lengua oficial de todo el Estado» y porfiaba que «todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo», ahora concluye que todas las disposiciones de la ley catalana son legítimas y hay que respetarlas mientras el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos presentados hace tres años contra el Estatuto, cuya normativa es efectivamente de rango superior a los decretos de su departamento.

Gabilondo se lava las manos en la vergonzosa pasividad del TC y pide a las familias que olviden sus derechos básicos y «asuman la legalidad» de la lengua vehicular catalana. Tiene razón el ministro cuando subraya que «el debate de fondo es el debate sobre el Estatuto», pero no por ello podemos evitar recordarle que los derechos constitucionales están por encima de cualquier Carta autonómica, así como preguntarle si se siente pues exento de responsabilidades en Cataluña mientras los magistrados del TC no decidan pronunciarse.

En el trasfondo de la docilidad del Gobierno para con los desafueros de los nacionalistas catalanes volvemos a encontrar las hipotecas de la geometría variable de Zapatero, así como el uso de las lenguas cooficiales como armas arrojadizas. Si no, no se explica que el mismo partido que en el País Vasco pacta con el PP para frenar la euskaldunización programada por el anterior lehendakari, en Aragón ponga en riesgo su alianza con el PAR para promover el catalán a través de la controvertida Ley de Lenguas, o en Cataluña se avenga a hacer de comparsa del secesionismo lingüístico.

El Mundo - Editorial

Agresión al castellano en Cataluña

CUANDO un presidente del Gobierno jura o promete guardar y hacer guardar la Constitución no se trata de una fórmula ritual sino de un compromiso político y jurídico que está por encima del oportunismo y las conveniencias coyunturales. De ahí que sea inaceptable la actitud de Rodríguez Zapatero ante la Ley de Educación aprobada por el Parlamento catalán con el voto favorable de socialistas y nacionalistas. La vulneración de los derechos de los ciudadanos y el desconocimiento del castellano como lengua común a todos los españoles no puede ser analizada desde una perspectiva partidista. El presidente incumple sus obligaciones cuando mira para otro lado en un asunto tan grave porque prefiere mantener una supuesta «paz social» y criticar el «empeño» en hacer batalla política del bilingüismo. Es notorio que el PSOE tiene serias dificultades para sacar adelante la financiación autonómica y que no puede arriesgarse ahora a una rebelión de los diputados del PSC, al tiempo que le interesa mantener abiertos los cauces para un acuerdo con CiU en el Congreso. Sin embargo, el interés particular de un partido político en apuros para completar mayorías parlamentarias nunca puede justificar la pasividad del Ejecutivo y la permisividad del presidente, puesto que la propia Constitución exige que el Gobierno garantice la igualdad de derechos y deberes de los españoles en todas las partes del territorio nacional.

Mientras el TC se eterniza en las deliberaciones sobre el estatuto catalán, la realidad de los hechos desborda ya los posibles efectos de la sentencia. En este contexto, el PSOE prefiere no echar leña al fuego y deja hacer a los partidos catalanes porque necesita votos para una supervivencia política cada vez más complicada. Lo peor de todo es la insistencia en negar la realidad, haciendo creer que en Cataluña existe una «convivencia pacífica» de las dos lenguas y dando por buenas las garantías verbales del consejero de Educación Ernest Maragall. La ley recién aprobada establece, en efecto, que los estudiantes deberán dominar ambas lenguas al llegar a los doce años, pero las buenas palabras no se corresponden con los hechos ya que se elimina sin más la obligatoriedad de la tercera hora de castellano. Ello supone una discriminación para sectores muy amplios de la población y una invasión de las competencias del Estado, profundizando así en la fórmula confederal que altera el modelo territorial sin modificar la letra de la Constitución. Por eso los promotores de la norma hablan de «la ley más importante de la legislatura», hasta el punto de que la búsqueda de acuerdos con CiU ha sido prioritaria sobre las desavenencias internas del tripartito.

Desde la pasada legislatura, la falta de criterio en materia de organización territorial del Estado pasa factura a todos los españoles. No es aceptable que un gobernante ponga en primer plano sus intereses oportunistas cuando están en juego competencias estatales y principios básicos para vertebrar la convivencia en todo el territorio nacional. El castellano es una lengua de dimensión universal, en plena expansión internacional cuya convivencia natural con el catalán responde a la realidad histórica y sociológica. Es muy grave que en una materia tan relevante el Gobierno de España haga dejación de su responsabilidad por razones oportunistas.

ABC - Editorial

El ministro que iba a "garantizar lo que dice la Constitución" sobre el español sigue escondido

Nada más agarrar la cartera de ministro, Ángel Gabilondo dijo que iba a "garantizar lo que dice la Constitución". Se refería a la discriminación del castellano que se está acometiendo en algunas Comunidades Autonómas. ¿Y qué dice la 'Ley de Leyes' que rige España? Algo tan simple como que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Montilla y los nacionalistas acaban de aprobar el destierro definitivo de la lengua común de las escuelas catalanas. ¿Y qué va a hacer el ministro para "garantizar lo que dice la Constitución"? Esconderse.

Ha sido un auténtico atropello. Montilla -de la mano siempre con los nacionalistas- ha sacado adelante una Ley de Educación en Cataluña que establece el catalán como lengua vehicular en las escuelas de aquella Comunidad Autónoma. Por obligación. El castellano se reduce a dos horas semanales, menos de lo que se estudian las lenguas extranjeras. ¿No era el objetivo tratar a la lengua común de España como un idioma ajeno, extranjero?

La Ley ya está viento en popa y a toda vela, pese a vulnerar de raiz el espíritu y la letra de la Constitución Española. La tropelía la ha acometido José Montilla, del Partido Socialista de Cataluña, el hermano del PSOE en aquella Comunidad Autónoma. Y es este mismo Partido Socialista el que sustenta el Gobierno del que forma parte Ángel Gabilondo, el que dijo con rotundidad que iba a "garantizar lo que dice la Constitución".

Los hechos son bien distintos. Pasan las horas, los días,... y Ángel Gabilondo sigue sin poner la cara delante de una cámara de televión. Mucho menos se espera un recurso al desprestigiado Tribunal Constitucional, esa veleta política.

Sólo el Partido Popular y Ciutadans se han opuesto a tal barbaridad. Mientra Gabilondo, el incoherente ministro, sigue escondido, la única esperanza es que sea el partido de Rajoy el que frene este pisoteamiento a los derechos y las libertades de los catalanes, de los españoles, a través de un recurso al Constitucional.

¿Pero que se puede esperar de este tribunal que por omisión -conscientemente- ha dejado que se desarrolle un Estatut que le da patadas a la pobre Constitución en todo el estómago? En el tema de la libertad lingüística, por ejemplo.

Periodista Digital