PRIVILEGIOS / El ex presidente del Congreso cobrará 13.000 euros al mes y Alonso sumará tres salarios, de ex ministro, diputado y portavoz socialista, hasta los 15.000 euros.La clase política no se atreve a abrir el debate público sobre sus sueldos por temor al desgaste que le supondría. Pero es evidente que ha legislado a su favor creando normas que le favorezca, sobre todo para garantizarse una cómoda salida económica cuando los partidos no cuentan con sus empleados en la primera línea o se acerca la edad de la jubilación. Parece que cobran poco en comparación con otros países, pero siguen aumentando los blindajes, muchas veces nada transparentes.
Ningún ciudadano puede percibir dos salarios del erario público, pero sí existe para los ex ministros, ex secretarios de Estado y ex altos cargos de las instituciones cuando cesan. Todos los contribuyentes tienen que tributar por todos sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados y senadores no pagan IRPF porque se le considera una indemnización para gastos de su función.Los empleadores no pueden abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero las Cortes pagan las cuotas patronales y de empleado de diputados y senadores. Y mientras un ciudadano tiene que cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a que cause derecho, a los miembros del Gobierno le basta con jurar el cargo, y los diputados y senadores sólo tienen que acumular siete años.
Si la ministra de Igualdad, Bibiana Aída, la más joven que ha llegado al cargo, decidiera no trabajar más, tendría ya asegurada la pensión máxima. Y los ex ministros y ex altos cargos acumulan además otro colchón importante, ya que cuando cesan pueden cobrar el 80% de su salario hasta dos años como máximo.
Se trata de una vieja Ley de 1980, que pactaron UCD y el PSOE, para acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista.Con el argumento de que los ex ministros pudieran tener dificultades en integrarse a su vida profesional ordinaria se acordó esta indemnización que es compatible con cualquier otra remuneración, pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador.
Varios ex acumularán tres o más sueldos públicos, como es el caso del ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, o el Trabajo, Jesús Caldera, que también podrá añadir la remuneración de la Fundación para el desarrollo de ideas del PSOE. Otros ex ministros ya estaban cobrando el cese, y sumaran ahora el sueldo de diputado y de presidente de una comisión parlamentaria (Trujillo, López Aguilar o Calvo).
A este grupo se sumará también el ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que percibirá 12.933 euros al mes. A lo que podrá sumar el cobro por impartir clases en la Universidad de Alcalá de Henares. Y por primera vez los ex diputados y ex senadores podrán cobrar también una indemnización. Lo mismo sucede con los ex consejeros y ex altos cargos del Gobierno andaluz. Un chollo en plena desaceleración económica.
El ex jefe de la Oficina Económica del Presidente, David Taguas, que tiene la categoría administrativa de secretario de Estado, también va a cobrar el 80% de su salario (en este caso durante 18 meses, que es el periodo en que ocupó el cargo) como indemnización por cese.
Taguas, que sigue siendo funcionario (sus excedencias son vitalicias) percibirá esta dádiva (unos 6.500 euros brutos al mes) más el sueldo de Seopan, que podría alcanzar los 25.000 euros también mensuales. Son legales ambas percepciones. Los legisladores han sido tan permisivos en la elaboración de esta Ley 74/1980 para favorecerse que facilita este tipo de situaciones junto a una ley de incompatibilidades también generosa.
Solbes ha apelado a la «ética» de Taguas para que no reclame la paga del Estado. Sin embargo, el vicepresidente se olvida que él mismo está cobrando ahora, como pasivo, la pensión de ex comisario europeo (unos 3.800 euros al mes), mientras sigue en el Gobierno, como activo, con otro sueldo de 7.205 euros al mes (más la antigüedad por su condición de funcionario). Además, entre 2004 y 2007 estuvo percibiendo, junto al sueldo de vicepresidente, la indemnización por cese como comisario de Economía europeo (unos 8.500 euros al mes). Y cuando deje el actual cargo también cobrará la paga del 80% de su salario durante dos años.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que «Taguas es el único español sin problemas de trabajo» en referencia a la duplicidad de empleos y sueldos del asesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Se olvida también de que el PP modificó en la Ley 24/2001, cuando estaba en La Moncloa, la norma que regula estas indemnizaciones para que los miembros de su gabinete que antes de ser ministros fueron secretarios de Estado (ganan más que los ministros) pudieran cobrar la paga compensatoria como secretarios, porque les resultaba más elevada. Por ejemplo, los anteriores ministros de Ciencia y Tecnología, Juan Costa; Hacienda, Cristóbal Montoro; Justicia, José María Michavila; y la ex titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, cobraron 6.332 euros brutos mensuales como ex secretarios de Estado en vez de los 4.997 euros que le correspondían como ex ministros.
Desde que entró en vigor este blindaje hace 27 años (estuvo operativo el uno de enero de 1981), muy pocos ex han apelado a la «ética» para no reclamar la cesantía.
Manuel Chaves, Joan Lerma y José Montilla, ex ministros de Trabajo, Administraciones Públicas e Industria en distintos momentos, no solicitaron esta paga (la tramita el ministerio de Presidencia del Gobierno) cuando fueron nombrados presidentes autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente.Pero, legalmente, podrían haber compatibilizado las dos percepciones.
Otro de los altos cargos que decidió no cobrar esta indemnización fue el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras su cese como Jefe de la Oficina Económica del Presidente. Obviamente, tuvo que ver su presencia en el cartel socialista de las elecciones al ayuntamiento de Madrid.
Sobre este asunto los grupos políticos guardan, también Presidencia del Gobierno, un hermético silencio, sobre todo cuando se les pregunta si durante los dos años de este pensionazo los afectados cobran además la nómina del partido.
Por ejemplo, no hay respuesta sobre si José Antonio Alonso o Jesús Caldera percibirán remuneraciones del PSOE ademas de los tres sueldos públicos que tienen a partir de ahora: la indemnización por cesantía de ex ministros; su condición de diputados; y de portavoz del grupo en el primer caso y de presidente de la comisión de Política de integración de Discapacidad en el segundo.
Según los cálculos realizados por este periódico (homogeneizados en 12 pagas brutas al año, que es la fórmula de cobro de los ministros) Alonso lidera el ranking de los bien pagados. El actual portavoz socialista sumará unos ingresos mensuales de 14.728 euros (sin incluir los trienios que percibe por los años de antigüedad en la carrera judicial). Caldera, o los que cesaron hace unos meses (como Juan Fernando López Aguilar, Carmen Calvo, María Antonia Trujillo) acumularán más de 13.000 euros al mes porque además de diputados han sido designados para presidir distintas comisiones parlamentarias.
Les sigue en este peculiar ranking el ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que a su largo curriculum profesional se une el de haber sido el político con mayores ingresos. Por ejemplo, entre 1999 y 2002, junto al sueldo de diputado a partir de 2000, cobró la indemnización por cese como ex comisario europeo (unos 11.000 euros al mes en euros constantes). Ahora, como ex presidente del Congreso, percibirá unos 13.000 euros mensuales). Y a partir de 2009, cuando cumpla los 60 años, podrá acogerse a la pensión anticipada de ex comisario (rondará con los coeficientes que le corresponde los 3.800 euros al mes). Y hay más: también tendrá derecho a la pensión máxima de la Seguridad Social que le garantiza haber cotizado el Congreso por él en más de siete años, y que será complementada con otra privada sobre la que la Cámara ha realizado aportaciones al Plan de previsión.
Sus señorías, diputados y senadores, tampoco van a andar descalzos cuando el paro acecha a los votantes.
Los representantes políticos se han adjudicado después de varias intentonas una cesantía que entra en vigor ahora por primera vez. Eso sí, la indemnización es algo más modesta que la de los ex ministros ya que percibirán el salario de un mes por cada año de mandato.
De esta forma, aquellos que el partido decidió no incluirles en las listas del 9-M, y que por lo tanto no repiten mandato en esta legislatura, podrán percibir al menos cuatro meses de sueldo (14.590 euros en total, a razón de 3.647 euros por mes correspondientes a la asignación constitucional, que es parte del sueldo de los parlamentarios que tributa a Hacienda). El límite se ha puesto en el cobro de hasta 24 meses que, en este caso, podrán percibir cuando dejen el Congreso veteranos diputados como Alfonso Guerra o Francisco Fernández Marugán que recibirán en euros constantes más de 51.000 euros.
Fuentes del Congreso dicen que todavía no se sabe el número de parlamentarios afectados. Pero la cifra no será inferior a la treintena. También se está viendo a quienes, por edad, la Cámara tiene que complementar su suspensión hasta la máxima pública y quienes empezarán a cobrar también la privada.
El caso andaluz
Todos estos blindajes, ampliados en muchos casos, se han replicado en las comunidades autónomas. En Andalucía, los ex altos cargos salientes, con ocasión del nuevo Gobierno formado por Manuel Chaves después de las elecciones autonómicas del 9-M, podrán percibir al menos tres mensualidades (pueden llegar hasta 12 según los años en el cargo) como indemnización. Y aquí la extensión de esta paga es más amplia porque se incluyen hasta a los directores generales.
Además de la misma cesantía contemplada para los ex ministros, Chaves se ha asegurado una pensión vitalicia del 60% de su salario cuando deje el cargo, y que superará en más de 17.000 euros anuales el límite de la pensión máxima de la Seguridad Social que determina la Ley de los presupuestos generales del Estado. Lo mismo se ha reservado para los ex vicepresidentes y ex consejeros salientes.El nuevo Gobierno andaluz ha incluido en el nuevo organigrama dos vicepresidentes que no figuraban anteriormente y de los 15 miembros del equipo, siete son nuevos.
Los ex parlamentarios de la Asamblea andaluza también podrán acceder a la indemnización. La asignación será de una mensualidad de sus retribuciones y periódicas por cada año de ejercicio con un mínimo de tres y un máximo de 12.
APOYOS
30 años para conocer el sueldo del Parlamento
Mientras se obliga a las empresas privadas (las cotizadas) a informar detalladamente del sueldo de sus consejeros, la transparencia sigue siendo la asignatura pendiente de la clase política. Hasta 2006, el Congreso y el Senado no informaron 'a su manera' del sueldo de sus 'señorías'.
El caso es que todavía ahora las Cortes facilitan en dos folios los datos generales de las remuneración de los parlamentarios para que cualquiera que lo desee haga sus propios cálculos. Pero faltan detalles importantes. Por ejemplo, sólo se mencionan las percepciones por mes sin citar el número de pagas al año. Quizá para que nadie haga números o se crea que es por 12, como cobra el Gobierno. Pero, en realidad, cobran 14 pagas, en las que se incluye una indemnización para gastos de alojamiento y manutención exenta de IRPF. Lo curioso es que si el año tienen 12 meses, sin tener en cuenta las vacaciones, reciben dos meses más de retribución por esta dieta.
Una jubilación de oro
80% El ex presidente del Congreso, y los ex ministros y ex secretarios de Estado cobrarán el 80% de su salario en el momento del cese durante dos años, compatible con otras remuneraciones públicas o privadas.
14.728 euros al mes. Es la suma de los sueldos que percibirá el ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso.
13.000 euros al mes. Algunos ex ministros cobrarán esa cifra porque son diputados y presiden comisiones parlamentarias.
LA 'ETICA' DE SOLBES
El vicepresidente ha apelado a la «ética» de Taguas para que no reclame la paga del Estado. Pero se olvida de que él mismo sumó a su sueldo la cesantía de ex comisario europeo.
ANDALUCIA
Las autonomías están ampliando para sus políticos el blindaje de sus dirigentes. Tras el 9-M, siete ex consejeros de la comunidad andaluza podrán recibir una indemnización, así como los ex parlamentarios de la asamblea y todos los ex altos cargos de su administración.
Una ley a 'la medida'
En 1980 el PSOE y la UCD pactan acabar con las pensiones vitalicias franquistas a cambio de una indemnización por cese.
En 1998 PP y PSOE acordaron incluir a los secretarios de Estado en esta Ley.
En 2001 el PP modificó la norma para que los ex ministros que habían sido secretarios de Estado pudieran cobrar su cesantía más elevada.
Sueldo de Taguas
Soraya Saénz de Santamaría: «David Taguas [ex jefe de la Oficina Económica de Moncloa] es el único español sin problemas de trabajo; recuerda a la 'beatiful people' de los años 90».
Las excepciones
Miguel Sebastián rechazó la paga que le correspondía como ex jefe de la Oficina Económica de Moncloa ante su candidatura a alcalde de Madrid.
Chaves, Lerma y Montilla también renunciaron a su paga como ministros cuando fueron nombrados presidentes autonómicos.
El Mundo
Mientras se sigue hablando del pacto educativo -para Zapatero es "fundamental", para Gabilondo "va bien", para el portavoz educativo del PP en el Congreso, "no hay voluntad de hacerlo" y para la portavoz del PSOE, aunque el desacuerdo con el PP es profundo, "en absoluto aleja la posibilidad del pacto"- el ministro se saca de la manga la posibilidad hacer obligatoria la enseñanza hasta los 18 años "como sucede en otros países europeos". Y cita a Portugal". Usando sólo el sentido común, eso de ampliar la escolaridad obligatoria tendría que ser uno de los puntos básicos de ese (im)posible pacto escolar que debería ser una prioridad política de todos los partidos, pero que a veces parece más una operación de marketing. Y sobre todo, pensar en prolongar la escolaridad supone la necesidad de más dinero para la educación, lo que, con la que está cayendo, parece imposible. ¿De dónde saldrá si con lo que gastamos no llega? Imaginar que las autonomías, que tienen las competencias educativas, van a aceptar más gastos sin ningún ingreso nuevo parece un disparate político.
