Debate inane. Editorial del MCRC

Los síntomas de esclerosis ejecutiva que hemos observado este último año han desembocado en el reconocimiento por parte de Zapatero de su propio desgaste: de la pérdida de la causa de gobernar o de la potencia vital para dirigir las aspiraciones de los gobernados. Ahora, ya, ni siquiera vanas palabras de satisfacción de sí mismo tratan de ocultar el estado de impotencia en que se encuentra para resolver la crisis. Así, atendiendo al sentido pactista del Estado de partidos, preconizado y recomendado por el rey para tiempos de turbación.

Zapatero pide y ofrece “consenso” a todos los grupos de la Cámara, con su mejor voluntad. Este bálsamo de Fierabrás del Régimen sería necesario para afrontar el conjunto de las reformas que requiere la crítica situación. Es decir, un Gobierno sin causa ni razón, quiere durar y sostenerse a costa de no gobernar.

La vida política se reduce a operaciones formales del poder, a pura tramitación de expedientes. Cuando Zapatero dice que “vamos a poner toda la carne en el asador”, lejos de tener la intención de realizar alguna acción sustantiva de poder, anuncia la formación de una comisión encabezada por sus lugartenientes: la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y los ministros de Fomento e Industria, señores Blanco y Sebastián, para que “emprendan un diálogo y una negociación con los diversos grupos”, con el fin de arbitrar medidas que despierten la inanimada competitividad de la economía española, fomenten la creación de empleo (aunque bastaría con que se frenase la destrucción), e impulsen ¡nada menos! que la “reactivación” del modelo productivo. Además, ahora que las arcas públicas están vacías, el Gobierno abriga la esperanza de recaudar más dinero luchando contra el fraude fiscal y derribando los tabiques de la economía subterránea, con lo que podría provocar un hundimiento completo.

Mientras, el jefe de la derecha estatal hace oídos sordos a la operación de socorro orquestada en la Zarzuela, y rechaza el pacto para no hacerse “corresponsable” de la irresponsabilidad gubernamental. Rajoy ha recordado las diferencias ideológicas aducidas, no hace mucho, por Zapatero, para no arrimarse al PP, concluyendo que lo que les separa son diferencias al asumir la realidad. Ajeno a ésta parece estar también don Mariano, cuando reclama una rebelión en las filas del PSOE a causa del desvarío de su patrón, como si no estuviera al corriente de la domesticación oligárquica de los grupos parlamentarios.

Movimiento Cívico República Constitucional

Voluntarismo jurídico. Por Pedro M. González

Cuando no existe separación de poderes, las decisiones judiciales no se ajustan a razones de legalidad, sino al voluntarismo político de quien controla la economía y la elección de los cuadros de mando de la Administración de Justicia. Se redacta primero el fallo judicial para construir después los fundamentos de derecho fijando por último los antecedentes fácticos acreditados según sea conveniente, y en la excusa de la plena potestad valorativa del juzgador dependiente. Así la sentencia alcanza su utilidad práctica. La razón de estado suplanta a la lógica jurídica. Es el triunfo del Estado de Derecho y la condena al ostracismo de la República de Leyes.

La portavoz del CGPJ, doña Gabriela Bravo, aseveró sin rubor el pasado 9 de diciembre, en comparecencia ante los medios de comunicación, que está “segura de que según como se vayan desarrollando los acontecimientos se adoptará la decisión judicial más adecuada” en el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace más de veinte días a la fecha de tales declaraciones. Así lo ha indicado la representante del órgano de gobierno de los jueces al ser preguntada sobre si un Juez podría acordar que Haidar sea alimentada de manera forzosa tras la reunión de la Comisión de Coordinación entre el CGPJ y las comunidades autónomas.

Bravo lamentó que se haya llegado a esta situación añadiendo que se trata de un asunto “muy delicado” porque “está viéndose afectada la salud de una persona en aras a sus principios y a una serie de convicciones”, ofreciendo a la par una solución jurídica que se amolde a las determinaciones políticas de Marruecos y España al referir que “al Consejo no le corresponde adelantar decisiones judiciales y según como se vayan desarrollando los acontecimientos estoy segura de que se adoptará la decisión judicial más adecuada”. Afirmación que no puede atribuirse a lapsus de ningún tipo, ya que seguidamente reiteró como a su juicio, al CGPJ no le corresponde hacer valoraciones sobre el fondo del asunto “sino esperar a que las resoluciones judiciales en base al desarrollo de las circunstancias se vayan produciendo. Nos encantaría desde el Consejo que esto tuviera una solución lo más pronto posible”.

La idea que de la Justicia como método objetivo de solución pacífica de conflictos sometido al esencial principio de seguridad jurídica tienen los delegados políticos de su Administración en esta monarquía de poderes inseparados es elocuente de su servil finalidad última. Nada mejor para el triunfo de la causa de la Libertad política que transcribir literalmente sus declaraciones, que los definen nítidamente.

República Constitucional

El amiguísimo real. Por Editorial

Manuel Prado y amiguete del Juanca

La acostumbrada mendacidad de los medios de propaganda del Régimen se hace mucho más espesa cuando tienen que abordar asuntos que comprometen la reputación del Monarca. Del fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal han destacado su faceta empresarial y su carrera diplomática, sin atreverse a señalar lo que realmente le ha distinguido.

De todas maneras, Jesús Cacho, un periodista insólitamente audaz, nos ha desvelado en “El negocio de la libertad” la personalidad y las obras de ese majestuoso edecán. La trayectoria triunfal de Juan Carlos I ha estado asociada a la de distintos favoritos, a los que ha ido dejando por el camino: Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, etcétera. Sin embargo, a la hora de prestar o negar su ayuda, el Rey siempre se ha atenido con Manuel Prado a la ley de las simpatías y no de las capacidades. Las relaciones que se basan en querer lo que cada uno posee son efímeras; en cambio, la amistad fundada en el carácter, y que se busca por sí misma, es permanente. Más allá de lo que Talleyrand lograba hacer con Napoleón (adivinaba su pensamiento más secreto, e invariablemente lo animaba a ejecutarlo) entre valido y monarca existía una afinidad especial. Así, a propósito del escándalo del Gran Tibidabo, el Rey confesó a Rubalcaba: “Manolo es ante todo mi amigo y no le voy a dejar ahora tirado”.


Al intendente real le cuadraba más la función de pedigüeño: de forma habitual llegó a pedir fondos para las campañas electorales de la UCD, para consolidar la institución monárquica y salvar la democracia, y hasta para poder utilizar las bases para la reconquista de Kuwait, algo que no acabó de sentar bien a los prebostes del emirato, que han intentando recuperar su dinero (el caso KIO). En la obra citada de Cacho, podemos leer cómo ese baluarte mediático de la Corona que es Luis María Anson, tras escuchar unas grabaciones, quería a toda costa que los negocios de Prado (que tendría que exiliarse) se desligasen de las finanzas de la Casa Real: si el escándalo llegaba a explotar, el entonces director del ABC tenía preparada la abdicación del Monarca a favor del Príncipe. Desde que Conde fue laminado a instancias de un Polanco que se convirtió en el máximo valedor de la Corona, ningún banquero, empresario o figurón mediático, ha llegado a gozar de tanta cercanía real. Ahora, Florentino Pérez y Pedro J. Ramírez aspiran a ser los privilegiados chambelanes del Reino partidocrático.

República Constitucional

Corrupción institucional. Por Miguel Rodríguez

Cuando se habla de corrupción en debates públicos, es difícil desplazar a los contertulios de una idea de la corrupción basada en casos personales, detectados en tanto que se enfrentan a un sistema político y legal determinado (en buena parte por ellos mismos, deberíamos añadir). Pero apenas se cuestiona que sea éste precisamente el que esté corrupto, y que, en tal caso, la aparición de uno o cientos de casos de corrupción no se explica por la exclusiva malicia del criminal, los cuales son frutos lógicos y naturales de tal árbol, sino por la descomposición del árbol mismo.

Cuando, por ejemplo, nos enteramos de que cierto periódico de un pueblecito de Gerona recibe setenta euros de la Generalidad de Cataluña por cada ejemplar que vende, que cuesta sólo un euro, con la excusa de una “promoción de la cultura catalana”, sabemos que se trata de algo inmoral y políticamente corrupto. Pero la búsqueda de un culpable concreto de semejante monstruosidad tenderá a diluirse en responsabilidades cada vez más altas en el escalafón legal, que alcanzan a la Generalidad misma, el Parlamento catalán, y, si se quiere ir hasta el final, a la Constitución española. En efecto, es por eso por lo que tantos crímenes y corruptelas han sido pasados por alto por la justicia. El creador de una idea tan ignominiosa está a salvo. Es más, será aplaudido y considerado un campeón de la cultura y un héroe nacional. Pero, en todo caso, de creador no tiene nada, pues su engendro es tan sólo la consecuencia de una red de concesiones cuyo origen escapa a todo análisis subjetivista.

Es por tanto pueril argüir, como hacía un periodista recientemente en un debate televisivo, que, habiendo tratado a muchos políticos durante décadas, no ha conocido a ninguno corrupto. En primer lugar, como si, de estar realmente cometiendo algún delito, se lo fuese a decir al susodicho periodista. Pero ante todo porque este tipo de análisis no percibe que la degradación moral comienza desde la cúpula del poder, y que la vigencia un régimen político u otro determina el grado de corrupción moral de una sociedad. El discurso de la democracia no es psicologista, lo cual sería el refugio partidócrata por antonomasia (“yo no he hecho nada, o nada que no hayan hecho otros”), y debe saltar a examinar las causas de la corrupción desde un plano institucional, donde las soluciones toman la forma de una mecánica de fuerzas.

REPÚBLICA CONSTITUCIONAL