La indisciplina fiscal de las autonomías

Los principales responsables del enorme despilfarro existente son los propios gestores autonómicos; pero el responsable subsidiario es el Gobierno de España.

En los últimos días, PP y PSOE, los dos partidos que representan a casi el 90% de los españoles, se unieron para emprender una reforma constitucional cuyo propósito era limitar el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. La urgencia con la que se tramitó venía justificada, según se nos decía, en que resultaba imprescindible que los inversores internacionales recuperaran la confianza en nuestra economía y un compromiso semejante en la Carta Magna contribuía decisivamente a ello.

Por supuesto, cuantas más garantías les ofrezcamos a nuestros acreedores, menores tipos de interés tenderán a exigirnos. El problema es que ahora mismo nuestra economía –mejor dicho, nuestro sector público– pierde día a día la credibilidad que pudiera restarle, pues el compromiso constitucional se ve diluido por el incumplimiento de otro compromiso más inminente: alcanzar el 6% de déficit para este año.

Si bien parece que, de momento, la Administración central está haciendo los deberes, las administraciones autonómicas lo están incumpliendo de manera flagrante. En los seis primeros meses del año, su déficit asciende al 1,2% del PIB, cuando para el conjunto del ejercicio tienen establecido un límite del 1,3%. Algunas comunidades, de hecho, incluso superan el 2%; es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares.

A la luz de semejantes cifras, se entenderá la urgencia de algunos planes de ajuste tan enérgicos como el de Cospedal, pese al rechazo con el que han sido recibidos por algunos socialistas como Rubalcaba o Salgado; al parecer, para el PSOE, no existe una situación de emergencia que justifique esas medidas u otras aún más drásticas.

Ahora bien, no olvidemos que corresponde al Gobierno central la tarea de forzar a que las autonomías cumplan con sus compromisos financieros. Sin duda, los principales responsables del enorme despilfarro existente son los propios gestores autonómicos; pero el responsable subsidiario es el Gobierno de España. Si hubiese empleado la misma diligencia en reformar la Constitución que en aplicarla para controlar los desmanes autonómicos, jamás habríamos llegado a esta situación.

Libertad Digital – Editorial

La imprescindible reforma de las autonomías

España tiene pendiente cerrar y racionalizar este sumidero de recursos en el que se ha convertido el Estado autonómico.

Más de 30 años después de recuperar la democracia, el modelo de Estado sigue sin estar cerrado en España. El chantaje de los nacionalistas ha conseguido que el Gobierno central no deje de transferir recursos y competencias a unas autonomías que se han convertido en unos reinos de Taifas que ya gastan y despilfarran mucho más de lo que lo hace el Estado central.

España tiene pendiente cerrar y racionalizar este sumidero de recursos en el que se ha convertido el Estado autonómico. Si en las épocas de prosperidad no tenía ningún sentido que despilfarráramos los recursos –en lugar de devolverlos allí de donde nunca debieron salir: el bolsillo de los ciudadanos–, en tiempos de crisis, cuando carecemos de esos recursos y hay que pedirlos prestados a altísimos tipos de interés, no es que no tenga sentido, es que resulta suicida.

De ahí que haya que celebrar que, según González Pons, una de las primeras reformas que acometerá el PP sea la de las autonomías, buscando eliminar todas aquellas duplicidades, ineficiencias y funciones espurias que ni nos podemos permitir ni convendría que se dieran aun cuando pudiéramos. No olvidemos que, según un estudio de la Fundación UPyD, cada año se dilapidan 26.000 millones de euros en duplicidades e ineficiencias autonómicas: casi un tercio de nuestro déficit público.

Desde luego, los cambios anunciados por Pons no supondrán la solución definitiva que nos permita levantar cabeza en medio de esta grave crisis, pero sin duda son uno de los requisitos esenciales para que este país recupere algo de cordura y sensatez, tanto en el terreno económico como, sobre todo, en el político.

Libertad Digital – Editorial

Diputaciones. Los ideólogos. Por Maite Nolla

Pretenden instaurar ni más ni menos que siete provincias al modo nacionalista catalán, que no se llaman diputaciones, sino veguerías. Es decir, la propuesta de Duran es la de casi doblar el sistema actual; a lo nacionalista, pero doblado.

La verdad es la verdad y, aunque la cuestión es más compleja y exige muchas más reformas colaterales, la idea de suprimir las diputaciones no sólo es necesaria, sino que parece casi inevitable. Pienso que la cosa tiene que ver más con el reparto de las atribuciones y con las necesidades de cada caso, pero es un principio. Lo que sucede es que siendo novedoso que en España, por fin, se pueda hablar de reorganizar un poco el amplio concepto de eso que se llama la Administración Pública, nunca se podía pensar que los ideólogos del debate sobre la supresión de las diputaciones fueran Pepe Blanco, Rubalcaba y Duran i Lleida. Y menos que los socialistas le pretendan dar al tema un toque ideológico, y que el socialcristiano quiera darnos un ejemplo de la sensatez del nacionalismo moderado.

De los tres, el que tiene alguna disculpa es el ministro Blanco. Pedirle que antes de dar una rueda de prensa se lea el artículo 137 de la Constitución, el 141 y el 143, y que los procese, ya sé que puede ser excesivo, pero redundaría en su propio beneficio. Dijo el portavoz del Gobierno que las diputaciones respondían a una concepción "preautonómica" del Estado. Franquista, quiso decir. La Constitución no dice que las diputaciones tuvieran que desaparecer cuando se constituyeron las comunidades, ni lo prevé como algo a extinguir. Estamos en agosto, y no es plan de soltar un rollo sobre el carácter potestativo del acceso a la autonomía, pero tan constitucionales son las diputaciones como las autonomías, aunque sólo sea porque son dos cosas distintas. Si lo que ha querido decir Blanco es que lo moderno es lo autonómico y lo retrogrado las diputaciones, que despida al que le ha redactado la nota.

En el capítulo de los falsos, aparecen dos habituales: Rubalcaba y Duran. Difícil determinar cuál de los dos lo es más, pero empezando por el líder nacionalista, dice que su partido lleva proponiendo la supresión de las diputaciones desde 1931. Lo que sucede es que ellos proponen la supresión de la provincia por ser una forma española de dividir y organizar a Cataluña. Pero una vez liberados de la imposición española, ellos pretenden instaurar ni más ni menos que siete provincias al modo nacionalista catalán, que no se llaman diputaciones, sino veguerías. Es decir, la propuesta de Duran es la de casi doblar el sistema actual; a lo nacionalista, pero doblado. Y de Rubalcaba hay que decir lo mismo, porque él cocinó, redactó y votó en el Congreso la ley que prevé esa posibilidad: el Estatut. Vamos, que de creernos su propuesta cabría preguntarse por qué ha necesitado salir del Gobierno para ver la luz. Como con la solución al paro.

Dicho todo esto, el PSOE no saca el tema porque el PP sea ahora el que gobierna en las diputaciones. ¡Bong!, respuesta incorrecta. En el PSOE se apuntan a esto porque ya no saben qué hacer. Con lo cual, a ver si los que se quedan de guardia en el PP en verano se trabajan un poquito más las ruedas de prensa.

Libertad Digital - Opinión

Derroche. ¿Y las autonomías no sobran? Por Pablo Molina

El PSOE es el único que se ha atrevido a señalar a las diputaciones provinciales como objetivo a suprimir, pero desde luego no lo hace para evitar a los contribuyentes la pesada carga de financiar a la legión de desocupados que medran en sus estructuras.

Los políticos se preocupan en primer lugar de su bienestar y el de sus correligionarios y si les queda tiempo (y algo de dinero) hacen como que trabajan para preservar el bien común. Es éste un rasgo transversal en toda la clase política, pero en deslealtad hacia los ciudadanos los socialistas baten todas las plusmarcas. Es algo que se aprecia con perfecta claridad en el debate incipiente sobre la reforma de nuestro organigrama administrativo, en que la clase política ha dejado claro ya que, como mucho, "revisará" su funcionamiento para evitar "duplicidades", pero que de eliminar las fuentes de ingresos de decenas de miles de sus militantes, nada de nada.

Los socialistas son los únicos que se han atrevido a señalar a las diputaciones provinciales como objetivo a suprimir, pero desde luego no lo hacen para evitar a los contribuyentes la pesada carga de financiar a la legión de desocupados que medran en sus estructuras, sino porque habiendo perdido el control político de casi todas ellas, el coste para sus paniaguados es prácticamente insignificante. He ahí la solución al enigma de por qué el candidato socialista, tras siete años en el machito, acaba de descubrir que las diputaciones provinciales son órganos administrativos perfectamente inútiles dado el reparto de competencias existente en nuestro sistema institucional.

Si los políticos fueran sinceros con ellos mismos y leales con los contribuyentes acordarían de inmediato una reforma constitucional para eliminar las 17 comunidades autónomas, el mayor desastre político y económico que ha padecido jamás un país civilizado y causa principal de que nuestro futuro común, aún después de que pase la crisis (si es que alguna vez remite), sea perfectamente inviable.

No lo harán, claro, porque ese es el PER de la clase política española, del que viven, y muy bien por cierto, miles de diputados autonómicos y altos cargos con sus correspondientes asesores, todos ellos nombrados naturalmente a dedo.

Ajenos a la realidad y al sufrimiento de los españoles, los partidos políticos acaban de descubrir que "redefiniendo" el papel de las diputaciones provinciales, los problemas financieros provocados por un derroche administrativo sin parangón van a quedar solucionados.

Enhorabuena por el hallazgo y cuidado con los esfuerzos intelectivos. Sobre todo con este calor.

Libertad Digital - Opinión

Castilla La Mancha. Un Potosí de facturas impagadas. Por Guillermo Dupuy

En Castilla La Mancha pasa algo parecido, solo que aquí lo que se está "desenterrando" son tantas facturas sin pagar que si se juntaran podrían cubrir la cara de Barreda, que, créanme, es muchísima cara.

Dicen que los españoles sacamos tanta plata de las minas de Potosí como para hacer con ella un puente que llegara desde el cerro boliviano hasta el Palacio Real de Madrid. En Castilla La Mancha pasa algo parecido, solo que aquí lo que se está desenterrando son tantas facturas sin pagar que si se juntaran podrían cubrir la cara de Barreda, que, créanme, es muchísima cara: Si la semana pasada Cospedal denunciaba la existencia de 1.700 millones de euros en facturas sin pagar, frente a los 700 millones declarados por Barreda en el momento de hacer el traspaso de poderes, este lunes la Junta ha elevado el pufo en casi mil millones de euros más.

El ex presidente socialista tuvo hace unos días la desfachatez de "explicar" los primeros 1000 millones de diferencia al hecho de que "probablemente las facturas se hayan acumulado" en estos dos meses y medio debido a "la preocupación y la zozobra de los proveedores y de los centros de gestión". Ahora no se qué nueva excusa dará Barreda para explicar los otros mil millones de diferencia. Lo que sé es que el ex presidente socialista no tuvo ni "preocupación" ni "zozobra" alguna en disponer, por ejemplo, de una flota de 22 coches oficiales cuyo coste roza el millón de euros, uno de los cuales costó por sí solo los casi 400.000 y que apenas utilizó.

Ignoro si los déficits escondidos bajo las alfombras pueden ser constitutivos de delito, pero deberían serlo. Es más. Aunque no fueran ocultos, considero que debería una ley que fijara un límite al déficit y endeudamiento públicos a todos los niveles de la administración. Si vivir por encima de nuestras posibilidades es siempre una receta segura para la ruina, que nos puede además conducir a la cárcel, en el caso de las administraciones públicas constituye además una adulteración de la democracia. En la medida en la que los gobiernos gastan más de lo que ingresan, los gobiernos no sólo llevan a cabo una funesta política económica, sino que comprometen el poder fiscal de legislaturas venideras sobre la que no deberían tener jurisdicción alguna. La democracia se caracteriza por los límites a los gobiernos transitorios, que precisamente lo son porque tienen límites temporales a su acción de gobierno. Esta acción de gobierno se enjuicia periódicamente por parte de los ciudadanos, pero parte esencial de ese enjuiciamiento queda distorsionado precisamente por la posibilidad de endosar hacia el futuro la factura de lo que hacen en el presente. Si esto ya es grave cuando los futuros gobiernos tienen que hacer frente a las facturas que sus manirrotos antecesores han dejado encima de la mesa, peor aun resulta cuando se las encuentran debajo de las alfombras.

Libertad Digital - Opinión

La rapiña socialista de Castilla-La Mancha

Es de agradecer que, cuando tantos políticos prefieren barrer los pecados de sus antecesores bajo la alfombra, pensando quizá en que así sus sucesores harán lo propio, la nueva presidenta de Castilla-La Mancha lance la voz de alarma.

Existe la desnortada convicción de que el Estado y la política son entes benéficos cuya acción permite evitar los abusos de los realmente poderosos, los banqueros, grandes empresarios y especuladores que, al parecer de algunos, rigen nuestros destinos. Esta idea parte de dos premisas igualmente equivocadas. Bill Gates tiene mucho menos poder sobre nuestras vidas que nuestro alcalde, por pequeño que sea la localidad donde vivamos, ya que podemos ignorar los productos que ofrece el magnate pero no los bandos del regidor, que son de obligado cumplimiento. Y los destinos del sector público están dirigidos por personas de carne y hueso, no por ángeles de la guarda; personas con sus propios intereses, muchas veces distintos a los del electorado.

José María Barreda tenía todos los incentivos del mundo para ocultar las deudas que había contraído Castilla-La Mancha bajo su mandato. No le convenía electoralmente mostrarse como un gobernante manirroto y derrochador que se había pulido el dinero de los contribuyentes. Así que, como tantos antes que él y otros harán después, decidió mentir. Ahora toca mentir, y como no está tan dotado como Rubalcaba para ese arte, ha puesto la patética excusa de que la "tensión política y económica" ha llevado a que en dos meses y medio las facturas sin pagar se hayan multiplicado por más de dos, de unos setecientos millones a 1.742.

María Dolores de Cospedal hace bien en denunciarlo, como hará bien si cumple con su promesa de ir desgranando los despilfarros concretos cometidos por el equipo de gobierno del PSOE. Pero no tendrá consecuencia alguna para Barreda. Los políticos se llenan la boca cuando de lo que hablan es de controlar a las empresas, asegurarse de que no estafan a los consumidores o a sus propios accionistas, incorporando en el Código Penal algunas de las faltas más graves. Pero no son tan rigurosos consigo mismos.

Lo cometido por Barreda es un fraude. En este caso ha perdido las elecciones, pero de haberlas ganado hubiera seguido en la poltrona pese a haberla mantenido al más puro estilo SGAE. Es de agradecer que, cuando tantos políticos prefieren barrer los pecados de sus antecesores bajo la alfombra, pensando quizá en que así sus sucesores harán lo propio, la nueva presidenta de Castilla-La Mancha lance la voz de alarma. Da miedo pensar en lo que puede encontrarse en otros feudos socialistas como Andalucía o Extremadura.

Algunos dirán que es antipatriota denunciar estos desmanes porque pueden reducir la confianza en España. Pero la realidad es la contraria, pues permite albergar alguna esperanza de que el país pueda cambiar de dirección con un cambio de gobierno.

Libertad Digital - Editorial

Autonomías. 121.420 millones de razones. Por Pablo Molina

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos.

El mayor error cometido por los políticos españoles en los últimos quinientos años ha sido, sin duda, la creación del Estado autonómico. Sin ningún precedente conocido en la historia de los procesos constitucionales, los trujamanes de la transición endilgaron a los españoles un aborto jurídico-político ante el que no tienen derecho a la disculpa, porque todos ellos, gente con experiencia acreditada, sabían de sobra la desgracia que hacían recaer en sus compatriotas con el Título VIII de la Nicolasa.

El Estado autonómico, que la casta política, con el Rey a la cabeza, sigue defendiendo como la mayor conquista de nuestra democracia, ha servido para exacerbar los delirios separatistas de las regiones con presencia de partidos nacionalistas, para provocar enfrentamientos entre regiones limítrofes, para fraccionar un mercado ya de por sí pequeño convirtiéndolo en una maraña de regulaciones que ahuyenta al inversor extranjero y para multiplicar por varios factores el gasto público que hemos de soportar los contribuyentes actuales y las dos generaciones siguientes como mínimo. Si este es el éxito del que todos debemos felicitarnos, qué considerará la casta gobernante un fracaso colectivo.

Convertidas en corralitos al servicio de los políticos periféricos más desvergonzados, ni siquiera tienen suficiente con los recursos que se les entrega anualmente gracias al esfuerzo de todos los españoles. No les basta. Por eso necesitan pedir prestado en nuestro nombre una cantidad monstruosa de dinero al exterior, que en estos momentos ya supone casi el 12 por ciento de la riqueza nacional.

121.420 millones de euros deben las autonomías de los cuales casi 35.000 millones corresponden a la comunidad catalana, que a pesar de la exclusividad tribal de que hace gala su clase dirigente no van a ser devueltos por los ciudadanos de tan noble región sino por todos los españoles que, además, hemos de soportar los insultos de los Carod de turno. Nos vacían el bolsillo, piden prestado a cargo de todos los españoles un dineral para colocar a los hermanos tontitos y al resto de la esquerrada y no sólo no están contentos sino que acusan a los que financiamos sus francachelas de oprimirlos una barbaridad. Desde luego porque ellos quieren, porque resulta dudoso que el día que declaren la independencia del estat catalá desde la plaza de San Jaime las lágrimas del resto de España lleguen a formar ni un riachuelo. Qué pena que les falten huevos para dar ese paso.

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos, convertidos en víctimas de un sistema territorial inasumible. Hay que acabar con todas ellas y enviar a los políticos autonómicos al paro, no sólo por dignidad nacional, que ya sería motivo de peso, sino por una mera cuestión de supervivencia. La de nuestros hijos.

Libertad Digital - Opinión

Deuda autonómica insostenible

Antes de llegar a medidas que entrañen un perjuicio directo a las economías familiares, las administraciones públicas están obligadas a sanear sus estructuras.

AL mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional mejoraba las previsiones de crecimiento en Europa para 2011 y 2012 y rebajaba medio punto porcentual las que el Gobierno de Zapatero ha presentado para la economía española, el Banco de España publicó ayer las cuentas de las administraciones públicas. Por primera vez, la deuda de las comunidades autónomas supera, de media, el 11 por ciento de su producto interior bruto. Este porcentaje queda matizado —pero no pierde su significado alarmante— en cuanto se analizan separadamente las situaciones de cada comunidad autónoma. De esta forma se comprueba que Valencia y Cataluña superan el 17 por ciento; y Baleares y Castilla-La Mancha, el 16 por ciento.

En el conjunto de todas las administraciones públicas, la deuda ha crecido hasta el 63,6 por ciento del PIB. Unida a la deuda privada, la situación de endeudamiento de España sigue siendo determinante para impedir la recuperación económica y obligará a replantearse seriamente y en profundidad la viabilidad del estado actual de los servicios y de las funciones públicas. De las crisis se dice que permiten salir de ellas con más fuerza. Lo que no se dice con tanta frecuencia es que este resultado sólo es posible si se toman las decisiones adecuadas y se asumen los sacrificios asociados a esas decisiones. Hay dos opciones. La primera es pensar que el dinero público, en efecto, no es de nadie y, por tanto, ilimitado. La quiebra está garantizada. La segunda es aceptar que de esta crisis España va a salir empobrecida y que habrá que ajustar los niveles de gasto y de prestaciones a este nuevo nivel de vida. No se trata de desmantelar el Estado de bienestar, como denuncia con hipocresía la izquierda. El Estado de bienestar —cuya financiación tiene mucho que ver con la deuda autonómica—, entendido como el que se sustenta por una constante aportación de dinero público, está técnicamente quebrado y se mantiene, por ejemplo, a costa de no pagar facturas a los proveedores. Se trata de hacerlo viable cambiando aquellas premisas que han sido arrasadas por la crisis, como el principio de «gratis total» para determinadas prestaciones.

Ahora bien, antes de llegar a medidas que entrañen un perjuicio directo a las economías familiares, las administraciones públicas están obligadas a sanear sus estructuras, depurándolas de todo cuanto no sea realmente imprescindible desde el punto de vista del servicio público. Televisiones autonómicas, sociedades públicas paralelas, contratación de asesores y gabinetes y subvenciones prescindibles son focos de endeudamiento contra los que hay que actuar con preferencia a cualquier decisión que traslade al ciudadano el más mínimo coste de los servicios públicos que reciba.

ABC - Editorial

Errores de Mas

La deriva propagandística en el debate sobre el déficit amenaza con perjudicar a Cataluña

Nada peor que politizar o hacer propaganda cuando se trata de algo tan serio como ajustar el déficit fiscal por exigencia europea. Eso es lo que está haciendo el nuevo Ejecutivo de la Generalitat encabezado por Artur Mas. Acompañado por una torpeza de Hacienda: la negativa a adelantar, en la forma tradicional, los recursos (1.450 millones) del Fondo de Competitividad, imprescindibles para que Cataluña haga su ajuste en condiciones.

El déficit presupuestario español no lo originan las autonomías, a las que se debe solo una pequeña parte, aunque creciente y descontrolada, y que ha sido subsanada en 2010 gracias al mayor ahorro del Estado. Y a la inversa, el objetivo de cerrar 2011 con un desbalance autonómico del 1,3% sobre el PIB no es un capricho de Madrid: es un tope acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que concurren todas las comunidades.

Administración central y comunidades autónomas deben ejecutar los sacrificios que a cada parte corresponden para cumplir con los compromisos libremente adoptados por España ante la Unión Europea. De lo contrario, quienes sufrirán serán todos los españoles sin distinción. Ahí está el ejemplo de Portugal.

El gobierno de Mas ha cometido tres errores en un asunto que merita prudencia y discreción, cuando los mercados todavía olfatean las debilidades financieras del Reino. El primero es un énfasis excesivo en el presunto desastre de la herencia recibida de su predecesor, el tripartito de izquierdas. Decir que "la caja está vacía", que no se podrán "pagar las nóminas" o que se induce a "maquillar" el presupuesto acaba revolviéndose contra quien lo formula. Los nacionalistas más que nadie deberían creer en la unidad y permanencia del Estado (en este caso, de la Generalitat, que también lo es), y no caer en frivolidades. Al cabo, Mas ha debido optar por una emisión de bonos a particulares, en unas condiciones ligeramente mejores que las del tripartito en otoño, gracias a que los mercados han mejorado su percepción, la de España.

El segundo error es el ruido, el desorden y la inequidad en el anuncio de los recortes presupuestarios. Si la Sanidad absorbe el 25% del gasto de la Generalitat, es lógico que deba quedar afectada. Ahora bien: ¿es acertado el cierre general de quirófanos por las tardes? ¿No sería mejor algo más de valentía con el copago? ¿Era justo este el momento para suprimir el impuesto de sucesiones, que beneficia a los más ricos y en nada contribuye al crecimiento ni al empleo?

El tercer error es desviar el debate sobre el recorte o alternativamente el incremento de impuestos hacia una renegociación financiera que adelanta el "pacto fiscal" prometido por Mas para 2012. Eso es también renegociar traspasos, como los edificios hospitalarios para poder aumentar la deuda. Las cortinas de humo nunca generan claridad. Y menos cuando coinciden con el clandestino voto por la independencia del presidente catalán en un referéndum alegal. O un camino o el otro.

El País - Editorial

La división interior de España

Las competencias autonómicas han acabado creando un Estado descompensado, con fronteras interiores, no marcadas pero reconocibles.

El debate sobre el desarrollo del sistema autonómico de organización del Estado ha sido monopolizado por las tensiones segregacionistas de las comunidades gobernadas por nacionalismos, dejando a un lado, o prestando menos interés, a otros procesos de división interna no menos importantes. Al mismo tiempo que España ha ido generando altos niveles de riqueza y bienestar para la gran mayoría de la sociedad —al menos, hasta la actual crisis—, también es cierto que las competencias autonómicas han acabado creando un Estado descompensado, con fronteras interiores, no marcadas en el mapa, pero reconocibles en múltiples áreas. Aparte de la hipertrofia legislativa causada por diecisiete parlamentos y gobiernos, o de las diferencias fiscales entre regiones con sistema foral y las que no lo tienen, incluso de estas entre sí; las desigualdades en el tratamiento a la familia, en la financiación de servicios públicos básicos (como sanidad o enseñanza) convierten la diversidad autonómica en fuente de agravios. El problema no radica en el propio sistema autonómico, previsto en la Constitución como un modelo de transferencia de competencias estatales con destino a unos entes políticos de ámbito regional. El problema se sitúa en la mutación de este principio autonómico de organización del Estado en una coartada para crear «microclimas» sociales, políticos, normativos, educativos y culturales, que acaban debilitando los lazos imprescindibles para que exista una única ciudadanía. El ejemplo de la ayuda pública a las familias, que recoge la información que hoy publica ABC, es paradigmático de esas desigualdades que comienzan en la cuna misma del español que nace en uno u otro lugar. Ayudas que, para la misma familia, son de cero euros en Aragón o de 2.898 al año en Cataluña.

Sería ilusorio pretender una uniformidad igualitarista en todo el territorio. Cada comunidad debe disponer de un margen para adaptar sus políticas fiscales y sociales a la realidad de sus ciudadanos. El reto es saber ejercer estos poderes singulares sin abandonar el interés general y nacional. Lamentablemente, ser español no tiene el mismo significado en toda España y, por ello, el problema afecta a institucionales del Estado, como el Gobierno y el Parlamento. La afirmación de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones sólo tiene sentido en un Estado dispuesto a garantizar esa igualdad.

ABC - Editorial

Crisis. Infraestructuras, autonomías y la desvertebración de España. Por Emilio J. González

El problema de las infraestructuras es de politización, de no querer entender que España es y debe ser una, que no está compuesta de diecisiete territorios unidos entre sí de forma artificial.

Las infraestructuras en España son un claro ejemplo, uno más, del daño que hace la politización de todo lo habido y por haber, ya sea por parte de las comunidades autónomas, ya por el sectarismo de que hace gala el zapaterismo desde que llegó al poder.

Un plan de infraestructuras tiene que responder a unos criterios lógicos en el que, como en el caso de España, deben entremezclarse consideraciones de naturaleza económica con otras más propias de vertebración del territorio, algo de especial importancia en un país como el nuestro. A esta filosofía respondía el plan que diseñó el Gobierno de José María Aznar para aprovechar la tan abundante como generosa financiación comunitaria de que se benefició España entre 2000 y 2006. Porque las obras iniciadas tenían una doble finalidad. Por un lado, se trataba de conectar a España con los mercados europeos; por otro, de integrar un territorio disperso y un país con tendencia a la desvertebración debido a los nacionalismos de todo tipo. De hecho, el plan de infraestructuras del Gobierno Aznar se enmarcaba no sólo dentro de una estrategia de desarrollo económico sino también, y sobre todo, de fortalecimiento de la idea de España. De ahí que, por ejemplo, se apostará inicialmente por una estructura radial, ya que, a través de ella, se conectaban norte y sur, este y oeste, pero pasando siempre por Madrid, que debe ejercer como centro de gravedad y nexo de unión de lo que tiende a disgregarse a causa de los nacionalismos. Pensemos, por ejemplo, en la oposición de ETA a la famosa ‘Y’ vasca del ferrocarril de alta velocidad. La banda terrorista sabía muy bien que ese proyecto significaba integrar San Sebastián y Bilbao con Madrid y, a partir de ahí, crear lazos económicos, sociales, culturales y personales que hacían más difícil cualquier proyecto independentista. Además, en un país con la forma y las características geográficas del nuestro, la radialidad tiene todo su sentido en términos económicos para, una vez desarrollada la misma, pasar a completarla, en una segunda fase, con una estructura de red entre aquellos puntos en que sea tan necesaria como viable.

Por desgracia, en plena ejecución de este plan vertebrador se produjo el cambio de Gobierno y llegó a La Moncloa un Zapatero con ideas contrarias y dispuesto a rendirse a la menor al catalanismo más furibundo, pensando que, de esta forma, pasaría a la Historia como el presidente que resolvió de una vez por todas la cuestión catalana. Y los catalanes del tripartito no querían un diseño radial de las infraestructuras, sino uno de red que beneficiara más a Cataluña y sus intereses, en contra de los más generales del país, y Zapatero concedió a través de la revisión del plan que hizo Magdalena Álvarez en los años en que estuvo al frente del Ministerio de Fomento. La política, por tanto, empezó a imponerse a la lógica. Y lo mismo ocurrió después cuando se paralizaron proyectos que, por las circunstancias geográficas, beneficiaban a las comunidades autónomas del PP para pasar a primar aquellos otros que favorecieran a las autonomías gobernadas por los socialistas o que éstos pudieran utilizar como parte de su propaganda electoral, véase los innecesarios aeropuertos de León, la tierra natal de ZP, o Castilla-La Mancha, un feudo histórico del socialismo español.

Las autonomías, por supuesto, también tienen su parte de culpa. Y es que en vez de contemplar los proyectos de infraestructuras como elementos de política nacional integradora y vertebradora, los políticos regionales han encontrado en los mismos un nuevo motivo para competir unos con otros para ver quien consigue las mejores infraestructuras. Y si la lógica dicta que una región se tiene que beneficiar de un plan, los de al lado quieren también lo mismo para no sentirse marginados o agraviados, por mucho que carezca de sentido, al menos en una primera etapa, el extender hasta determinados territorios las autopistas o los ferrocarriles de alta velocidad.

En este sentido, es especialmente criticable la actitud mantenida por la Generalitat de Cataluña, que quiere lo mejor de lo mejor para su territorio, sin pararse a pensar si es necesario o no. Además, desde Cataluña siempre se mira hacia Madrid sin ver que el proceso de modernización de sus infraestructuras se ha financiado, sobre todo, con recursos de la propia Comunidad de Madrid, cosa que ni hace, ni ha hecho, una Cataluña que, a pesar de ser la región con el gasto público por habitante más alto de España, no ha invertido en su territorio, sino que ha dedicado sus ingentes recursos a promover el nacionalismo en todos sus aspectos y pretende que, con el nuevo Estatut, el resto de España les pague lo que ellos no están dispuestos a financiar a través de las inversiones del Estado.

El problema de las infraestructuras, por tanto, es de politización, de no querer entender que España es y debe ser una, que no está compuesta de diecisiete territorios unidos entre sí de forma artificial. Todo esto, al final, no es más que otro ejemplo al que nos ha llevado un Estado de las autonomías tan mal concebido como desarrollado, en el que en lugar de primar los intereses nacionales, lo hacen los de todos y cada uno de los reinos de taifas particulares. Así no vamos a ninguna parte, y menos aún si las infraestructuras se convierten también en arma electoral de quien detenta el poder en el Estado, para castigar a unos y premiar a otros con el fin de tratar de cosechar votos.

Libertad Digital - Opinión

Despilfarro. Zapatero, el amo del calabozo autonómico. Por Pablo Molina

A dos meses de las elecciones, ZP puede provocar un auténtico desastre en las autonomías más pródigas del PP, porque algunas de ellas van a tener serios problemas hasta para pagar las nóminas de sus numerosísimos funcionarios.

El grado de asfixia financiera que Zapatero está provocando en las autonomías que no gobiernan el PSOE o los nacionalistas puede llegar a originar graves revueltas sociales en las más afectadas, todas ellas en manos del PP. En Murcia ya ha habido agresiones, alguna de ellas bastante salvaje, y no es descartable que en la campaña electoral vuelvan a producirse algaradas de ese jaez si, finalmente, las finanzas de la comunidad autónoma entran en barrena como se prevé. Las denuncias de los presidentes regionales afectados por el maltrato financiero que el Gobierno está practicando hacia las autonomías que no controla en beneficio de Cataluña y, si sobra algo, de los feudos socialistas, no van a hacer que Zapatero atienda a los intereses generales por primera vez en su mandato y mucho menos estando a unas pocas semanas de las elecciones autonómicas. Los socialistas jamás han tenido escrúpulos y José Luis Rodríguez Zapatero no iba a ser una novedad.

Que el sistema autonómico es el mayor desastre que hemos padecido las últimas generaciones de españoles es algo que cualquier contribuyente sabe de sobra. Las autonomías son diecisiete losas que lastran nuestra recuperación económica y la harán inviable a menos que se acabe con este sinsentido territorial. Ahora bien, como instrumento del Gobierno para torcer voluntades políticas y conseguir mediante el chantaje lo que no se obtiene con una brillante gestión, resultan de lo más apropiado.

Se trata simplemente de imponer un severo castigo financiero a las autonomías que superen ciertos límites en la catastrófica secuela del déficit que arrojan; algo muy sencillo puesto que salvo Madrid, que suele practicar el sano equilibrio presupuestario, todas las demás son un pozo sin fondo que necesita constantemente del endeudamiento externo para financiar la juerga de sus nutridas castas locales. Así pues, y dado que es el Gobierno central el que tiene que autorizar estos lanzamientos de deuda pública de las autonomías, todo consiste en prohibir a unas comunidades la captación de los recursos necesarios para mantener abierto el chiringuito, mientras a otras se les autoriza subrepticiamente recurriendo a las añagazas habituales de la ingeniería contable, como sucede siempre con Cataluña y ahora también con Castilla-La Mancha y Andalucía.

El resultado es que, a dos meses de las elecciones, ZP puede provocar un auténtico desastre en las autonomías más pródigas del PP, porque algunas de ellas van a tener serios problemas hasta para pagar las nóminas de sus numerosísimos funcionarios. Una ocasión extraordinaria para devolver al Estado la mayoría competencias asumidas y, haciendo de la necesidad virtud, comenzar a poner un poco de orden en este desastre territorial que padecemos, sí, pero usted y yo sabemos que cualquier político se dejaría cortar la mano de su chófer antes que renunciar a una parcela de poder.

Zapatero, que sabe muy pocas cosas pero las sabe muy bien, es consciente de que tiene en su mano la capacidad de maquillar el tremendo desastre electoral que se le avecina en las inminentes autonómicas y municipales, e incluso darle la vuelta a los resultados en algunos feudos rojos que el PP ya da por ganados. No sería la primera vez que los socialistas consiguen algo parecido.

Libertad Digital - Opinión

Concierto. Soy anticatalán. Por José García Domínguez

Una extravagancia feudalizante, la del concierto, gracias a la que la Comunidad Autónoma Vasca sigue hurtando en torno a dos mil millones de euros anuales al erario por el muy quinqui recurso de falsificar a conciencia las cifras del llamado cupo.

Acaso por si alguien aún lo dudara, al joven Oriol Pujol le ha faltado tiempo para demostrar que es hijo de su padre. Tal que así, a la primera de cambio, se ha lanzado a expedir carnés de buen y mal catalán, empleo vocacional en cuyo desempeño entusiasta ha ocupado la mayor parte de su existencia quien lo trajo al mundo. Es sabido, a unos les da por el fútbol, a otros por la Playstation, a los de más allá por el humo de zanahorias, y a éstos por marcar con orín retórico las sagradas lindes de la identidad pedánea. En fin, ya lo advirtió el Guerra cuando fue puesto en antecedentes de que Ortega era filósofo: "Tiene que haber gente pa to".

Consecuente, pues, con su código genético el patriota Oriol acaba de sentenciar que "quien se quede al margen de la defensa de un nuevo pacto fiscal, se quedará al margen de la defensa de Cataluña". Sepan, por cierto, los no avisados que eso del nuevo pacto fiscal es aséptico eufemismo que sirve para designar el concierto económico, la última cantinela vindicativa del catalanismo político tras el sonado fiasco del Estatut. Al respecto, el artículo 339 de la Constitución de Cádiz, aquélla que solo parecen recordar en el departamento de marketing de El Corte Inglés, prescribía lacónico: "Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles en proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno".

Aunque algo ha llovido desde entonces, pero no lo suficiente, según parece. De ahí que los constituyentes, con la Alianza Popular de Fraga a la cabeza, se apresurasen a reimplantar ese derecho de pernada tributario que ahora reclaman para sí los nanonacionalistas de CiU. Una extravagancia feudalizante, la del concierto, gracias a la que la Comunidad Autónoma Vasca sigue hurtando en torno a dos mil millones de euros anuales al erario por el muy quinqui recurso de falsificar a conciencia las cifras del llamado cupo. No como acostumbra a proceder su igual, el Gobierno navarro, que, más condescendiente con el resto de los españoles, se contenta con sisar apenas algo más seiscientos sesenta millones cada doce meses. Huelga decir que por parejo modus operandi, como en su día bien demostró el catedrático Mikel Buesa. Ese otro anticatalán de libro.

Libertad Digital - Opinión

Artur Mas. Cataluña no paga. Por Manuel Llamas

Cataluña percibirá, vía financiación autonómica, mucho más dinero del que le correspondería en base a la evolución de la recaudación fiscal.

Los hechos ratifican que Cataluña es, hoy por hoy, la comunidad autónoma menos solvente de España junto a Castilla-La Mancha, Murcia y, en otro ámbito, el ayuntamiento de Madrid, cuyos responsables apenas han tardado 24 horas en solicitar al Gobierno central el mismo trato concedido a la Generalidad. Es decir, poder endeudarse a largo plazo con el aval del Estado para hacer frente a sus inminentes compromisos de pago.

Se veía venir. La gestión económica del anterior tripartito ha sido todo un fiasco, hasta el punto de tener que emitir los ya famosos bonos patrióticos para poder pagar las nóminas de los funcionarios autonómicos hasta finales de año, evitando así in extremis el suculento escándalo que ello supondría. De hecho, Montilla ha falseado las cuentas al ocultar el terrible agujero presupuestario que dejaba en Cataluña.

Las primeras estimaciones del nuevo Gobierno que preside Artur Mas avanzan que el déficit público superará los 7.000 millones de euros en 2010, más del doble del objetivo inicial –2.600 millones, equivalente al 1,3% del PIB catalán–. Y la situación este año no será mucho mejor: Cataluña precisa captar cerca de 11.000 millones de euros extra en los mercados para cubrir sus necesidades de financiación, tal y como ha reconocido el propio Mas. Esta cuantía corresponde a los cerca de 3.000 millones de euros que acumula la Generalidad en pagos pendientes de diversa índole, los 2.600 millones de déficit público previsto para 2011 y el vencimiento de entre 5.000 y 6.000 millones de euros de deuda a lo largo del año –en esta partida se incluyen los bonos patrióticos–.

Ante esta dramática situación presupuestaria, Mas ha señalado que "la necesitad de ajuste es fuerte". Evidente, pero ¿en cuánto cifra el president dicho ajuste? Según el Plan de Estabilidad elaborado a tal efecto, la Generalidad tan sólo se compromete a reducir en un 10% interanual el gasto público para 2011, unos 3.000 millones de euros.

Una cifra claramente insuficiente para estrechar la gran brecha fiscal existente. De ahí, precisamente, que Mas haya recurrido a Zapatero para cubrir la diferencia a cambio, eso sí, del ya habitual apoyo parlamentario en el Congreso. Dicho y hecho, el Estado avalará (con el dinero del resto de los españoles) la emisión de nueva deuda catalana. Sin embargo, siendo esto grave, la clave del pacto alcanzado reside en que Mas ha reclamado, igualmente, que la financiación estatal que perciba su comunidad el presente ejercicio sea idéntica a la del año pasado.

¿Y esto que quiere decir? Pues que, simplemente, Cataluña percibirá, vía financiación autonómica, mucho más dinero del que le correspondería en base a la evolución de la recaudación fiscal. De hecho, según las últimas estimaciones de ejecución presupuestaria, la Generalidad percibió del Estado un 37% más en 2010 de lo que realmente tendría que haber recibido. Así pues, Cataluña no pagará sus dispendios sino que será el resto de contribuyentes españoles los encargados de afrontar tales desmanes por obra y gracia del sistema de solidaridad interterritorial. En el juego del café para todos está claro que a algunos éste se les sirve mucho más cargado que a otros.

Libertad Digital - Opinión

Renegar de las autonomías. Por Edurne Uriarte

Al PSOE de Zapatero le pasa con el sistema autonómico algo parecido a lo ocurrido con la economía. Que no se ha enterado o que no se ha querido enterar de la crisis, que ha mirado hacia otro lado, que se ha instalado en un mundo imaginario. Y cuando los hechos, el despilfarro autonómico, la desigualdad, la insolidaridad, el permanente conflicto nacionalista, se han instalado en la percepción social y el debate es inevitable, el PSOE ha respondido con tres movimientos de impotencia en el Manifiesto Autonómico del fin de semana.

El primero, la defenestración de la crítica. Con la identificación de los críticos con opositores al sistema autonómico, con centralistas, con renegados. «No es hora de renegar del Estado de las Autonomías», dice el Manifiesto, en un argumento que equivale a colocar en el bando de los renegados de la democracia a quienes pidan, por ejemplo, una reforma del sistema electoral, una reforma constitucional, o, simplemente, un recorte de gastos de los políticos.

El segundo, la grosera confusión entre sistema autonómico y democracia, como si el primero fuera condición esencial del segundo, enviando así a la hoguera de los autoritarismos o de las democracias imperfectas a todos los países centralizados.

El tercero, la entonación de loas al sistema autonómico completamente aisladas de los hechos y de los datos. Sobre todo, cuando el Manifiesto destaca que tal sistema ha garantizado la cohesión social y territorial de España y ha contribuido a la igualdad de los ciudadanos.

Y todo lo anterior en un momento agónico del socialismo de Zapatero en el que la supuesta magnífica salud del sistema autonómico va a tener su reflejo en una escalada de nuevas reivindicaciones de CIU a las que Zapatero va a decir que sí. Porque fortalecen la «cohesión social y territorial de España» y la «igualdad de los ciudadanos» que diría el Manifiesto socialista.

ABC - Opinión

Autonomías. La verdad siempre duele. Por Pablo Molina

Que somos un país pobre y pequeño que no puede permitirse la existencia de diecisiete bandas de derrochadores es tan evidente que incluso el político español medio, tan proclive a la pereza intelectual, podría entenderlo a poco que se esforzara.

Resulta divertido asistir a los esfuerzos de los políticos profesionales del PP situados en sus mandarinatos territoriales por aparentar que el Estado autonómico no es ningún problema para el conjunto de España. De sobra saben que las autonomías son la losa más pesada para el progreso común y el pecio institucional que lastra nuestras posibilidades de prosperar siendo competitivos con el resto del mundo, pero ante la posibilidad de perder sueldos, regalías y cargos oficiales, todos prefieren cantar la palinodia a la Nicolasa por el acierto de su Título VIII, gracias al cual todos ellos, con sus familias y allegados, evitan los rigores de la crisis que azota a los demás.

El documento de la FAES y el discurso de Aznar sobre este grave problema han sido determinantes para que en las autonomías controladas por el PP, el partido al que supuestamente nutre de ideas esa misma fundación, se haya producido un cierto seísmo institucional tras el cual la valiente infantería del partido ha decidido salir a la palestra a defender sus privilegios.

Con Feijóo de abanderado, los mismos políticos del PP que ayer mostraban orgullosos a las visitas su nacioncitas y apoyaban su reconocimiento como tales en los respectivos estatutos de autonomía, dicen ahora que ha sido todo un malentendido y que las autonomías son muy útiles para preservar la unidad de España (sic). La secretaria general del PP, una voluntariosa María Dolores de Cospedal, no ha perdido tampoco la ocasión de cantar las alabanzas autonómicas exigibles al cargo que desempeña, porque, al parecer, las autonomías vertebran muy bien al país. Es una pena que muchos recordemos, por ejemplo, su insistencia en acabar con el trasvase Tajo-Segura, que permite a las regiones limítrofes sobrevivir con el agua que sobra en Castilla-La Mancha, ejemplo escasamente vertebrador y de una dimensión solidaria ciertamente exigua, a pesar del ataque de homogeneidad territorial que parece haberle sobrevenido al leer los primeros párrafos del discurso de su ex jefe.

Que somos un país pobre y pequeño que no puede permitirse la existencia de diecisiete bandas de derrochadores es tan evidente que incluso el político español medio, tan proclive a la pereza intelectual, podría entenderlo a poco que se esforzara. Con un territorio superior a España y un PIB ligeramente mayor que Canadá, el estado de Texas funciona con una cámara compuesta por 31 senadores que se reúne en pleno el tiempo justo para aprobar las leyes de cada legislatura. En España no tenemos exactamente 31 políticos para que gestionen nuestros miniestados sino 2.985 entre parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, miembros de cabildos y consejos insulares, sin olvidar a los imprescindibles 13 consejeros del Valle de Arán, a los que hay que sumar las varias decenas de miles de altos cargos con que cuentan en su conjunto las diecisiete autonomías. Si sólo tuviéramos que pagar su sueldo, dietas y jubilación el problema sería relativo, pero resulta que todos ellos manejan presupuestos elefantiásicos, tanto para nuestra capacidad financiera como para sus merecimientos personales, lo que hace insostenible este estado de cosas por mucho más tiempo.

Los políticos profesionales no van a admitir jamás que el invento autonómico es el motivo de que seamos un país miserable y bastante asquerosito en términos políticos. Los de izquierdas porque no creen en la unidad de España, los nacionalistas porque odian al país al que pertenecen y los centro-reformistas porque tienen miles de ociosos a los que mantener. ¿La solución? Pues naturalmente emigrar a Texas. Antes de que no nos quede ni para pagar el billete de avión.

Libertad Digital - Opinión

Casta. Nadie se baja del coche oficial. Por Emilio J. González

El Gobierno no cuenta con mecanismos para poder embridar a las autonomías, entre otras cosas porque fue el propio ZP el que se cargó la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de que las autonomías pudieran campar tranquilamente por sus respetos.

Estos días varias comunidades autónomas andan pergeñando planes de ajuste presupuestario, dado que ya les resulta imposible seguir tirando el dinero a manos llenas, como han venido haciendo en los últimos años. Los dos casos más significativos son los de Cataluña y Castilla-La Mancha. Lo que está sucediendo con ambas regiones es uno de los ejemplos más claros acerca de la necesidad de acometer una reforma tan drástica como profunda del modelo de Estado.

El nuevo Gobierno de la Generalitat se ha encontrado con que el tripartito ha dejado en las cuentas públicas catalanas un agujero considerablemente superior al que había reconocido el Ejecutivo de Montilla. La idea inicial del Gabinete presidido por Artur Mas ha sido la de llevar a cabo un plan de saneamiento con dos pilares principales. Por un lado, quiere más ingresos impositivos, para lo cual insiste una y otra vez en que se aplique a esta autonomía un sistema de concierto como el que disfrutan el País Vasco y Navarra en función del reconocimiento de los derechos forales que efectúa la Constitución a ambas regiones, y nada más que a ambas regiones. Básicamente, de lo que se trata es de que el Estado dé todavía más dinero a la Generalitat. El segundo pilar es la emisión de más deuda pública, lo cual ha prohibido drásticamente el Ministerio de Economía, para ir tirando mientras mejora la situación económica. ¿Qué es lo que hay de fondo? Pues ni más ni menos que el nuevo Gobierno catalán quiere seguir dilapidando el dinero, cuando Cataluña ya es, con diferencia, la comunidad autónoma con mayor gasto público por persona de España.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha, a la que el mundo se le ha venido encima con la quiebra de Caja Castilla-La Mancha porque ya no puede utilizar a la entidad crediticia para seguir financiándose, quiere recortar este año 770 millones de euros de gasto, para lo cual habla de suprimir el papel en la Administración regional y cosas por el estilo.

¿Qué tienen en común ambos casos? Fundamentalmente, tres cosas. En primer lugar, aquí nadie habla de acabar con todos esos derroches en forma de coches oficiales, visas oro y demás gastos suntuarios que caracterizan a nuestra Administración Pública, por no mencionar esa legión de asesores de todo tipo que parasita los presupuestos. Cualquier cosa antes que bajarse del coche oficial, de dejar de tirar de tarjeta de crédito oficial para financiar gastos harto dudosos, de acabar con las colocaciones con buenos sueldos de los parientes, amigos y correligionarios y de poner fin al clientelismo político a base de ayudas, subvenciones y prebendas de todo tipo. Aquí nadie que viva o dependa de la Administración quiere renunciar a su tren de vida, aunque sea un lujo que un país nunca se puede permitir, y mucho menos el nuestro en las circunstancias actuales de crisis fiscal. Sin embargo, cualquier ajuste presupuestario que se precie debe empezar por poner coto a estos derroches innecesarios de ingentes cantidades de recursos públicos, como ya empezó a hacer desde hace algún tiempo la Comunidad de Madrid. La Administración está para servir al ciudadano, no para que quien la gestiona se sirva de ella para vivir como un sátrapa y consolidar su poder político a costa del bolsillo de los contribuyentes.

El segundo denominador común es no querer aceptar que la realidad presupuestaria de nuestro país ha cambiado de forma drástica y no va a volver a ser lo que era. Durante años, las autonomías se han beneficiado de las ingentes cantidades de recursos, en forma de impuestos vinculados con la vivienda, que les ha aportado la burbuja inmobiliaria. En vez de reducir la presión fiscal que sufren los ciudadanos, todas las autonomías, con la excepción de Madrid, han optado por utilizar esos dineros para ampliar más y más sus gastos en cosas y en políticas que ni se necesitan ni nadie había demandado. Lo lógico sería que ahora, desaparecidos esos ingresos para siempre, esos gastos a que dieron lugar pasaran también a mejor vida. Sin embargo, prácticamente ninguna región está por la labor de ajustar verdaderamente su política presupuestaria a esta nueva realidad, no porque este año haya elecciones autonómicas sino, simplemente, porque casi nadie quiere ver reducido en un ápice el tremendo poder que proporciona el manejo de ingentes cantidades de dinero público.

Por último, aquí todo el mundo quiere seguir gastando alegremente, pero a ninguna autonomía se le ocurre subir los impuestos para financiar esos gastos innecesarios, que es lo que deberían hacer si quieren seguir por esa línea, porque nadie quiere asumir los costes políticos de una decisión que irritaría profundamente a los votantes de la comunidad que la tomara. Por el contrario, desde las administraciones regionales se sigue presionando al Estado para que transfiera más y más recursos sin entender que ni el Gobierno central tiene ya margen para ello, que no pueden seguir derrochando el dinero como hasta ahora y que los problemas económicos de nuestro país no son sólo competencia del Estado, sino también, y sobre todo tratándose de presupuestos, de las propias comunidades autónomas.

Ahora Zapatero dice que las va a meter en cintura y las va a obligar a reducir su déficit. Personalmente, y con el historial del personaje, todavía tengo que verlo para creerlo. Pero es que, además, el Gobierno central no cuenta con mecanismos para poder embridar a las autonomías, entre otras cosas porque fue el propio ZP el que se cargó la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de que las autonomías pudieran campar tranquilamente por sus respetos en este terreno, dentro de ese modelo de desconstrucción del Estado que el presidente del Gobierno se ha afanado en aplicar con denuedo. Pues bien, ahora que del modelo de Estado apenas quedan ya los cimientos, es hora de cambiarlo, entre otras cosas para devolver a la Administración central competencias, poderes y dineros que nunca debió perder ni transferir.

Libertad Digital - Opinión

¿Recortar las autonomías? Por José María Carrascal

«No necesitamos ni una nueva constitución ni un recorte de las autonomías. Necesitamos que vuelvan a ser aquello para lo que se pensó: la casa común de todos los españoles, dando al Estado lo que es del Estado y a las autonomías lo que es de las autonomías, que bastante trabajo es».

QUE el Estado de las Autonomías necesita un repaso parece evidente. Al menos todos se quejan de él. Lo malo es que a unos les queda demasiado estrecho, y a otros, demasiado ancho, haciendo muy difícil el consenso necesario para reformarlo.

La principal objeción que se le hace es que resulta demasiado caro. Un país como el nuestro no puede soportar 17 gobiernos, 17 congresos, 17 senados, más el central, con todo lo que ello lleva consigo. Puede que en tiempos de bonanza económica fuera asumible. En plena crisis, significa un lastre agobiante para la recuperación. Todo eso es cierto. Pero no lo más importante. Lo más importante es que el Estado de las Autonomías no está cumpliendo el papel que le asignaron sus diseñadores: el de articular definitivamente España. Usando un término orteguiano, el de vertebrarla. Por cierto que Ortega fue el padre de una España articulada en «Grandes Comarcas», que se correspondían casi exactamente con las actuales Comunidades Autónomas. Ni la Dictadura de Primo de Rivera ni la República le hicieron caso, siendo una de las causas del desencanto del filósofo con la última.

Vino a hacérselo, medio siglo después, la democracia española, como en bastantes más cosas de las que se cree. La Constitución de 1978 reconoció la pluralidad de España, liberándola del corsé centralista que la constreñía, para ajustarla a lo que realmente era, es decir, para hacerla más igual a sí misma. Pero en modo alguno para trocearla en su diversidad. La mejor prueba de que no es lo que algunos intentan que sea la tenemos ya en su artículo segundo, donde establece que «se funda en la indisoluble unidad de la Nación (con mayúscula) española», si bien reconoce «el derecho a la autonomía de las nacionalidades (con minúscula)». Nación, por tanto, hay solo una; nacionalidades, varias. Lo que ensamblaba pluralidad con unidad. Sin embargo, la deriva de ese Estado ha ido en sentido contrario: convertir las nacionalidades en Naciones, alguna incluso con ínfulas de Estado, al que exigen tratar de tú a tú. A ello han contribuido muchas cosas, empezando por el poco caso que hacemos los españoles a lo importante y el mucho a lo baladí, y terminando por la dejación de responsabilidades de los dirigentes políticos. En ese sentido, la indiferencia de nuestro presidente de Gobierno hacia la nación, «un concepto discutido y discutible», ha sido tan determinante como costoso. Expandiendo las autonomías cada vez más, lo único que conseguimos es convertirlas en soberanías, y una nación, por no hablar ya de un Estado, no puede sobrevivir con soberanías distintas sin negarse a sí misma. Pero esa es la dinámica que se ha impuesto en España, con Cataluña como liebre, a la que siguen el resto de las comunidades. Sin que sirva volver a la idea original de solo tres nacionalidades históricas, dejando el resto como regiones: primero, porque ya se ha superado; luego, por el agravio comparativo que significaría, incompatible con la igualdad democrática.

Incluso en el plano más bajo de los dineros, nuestro Estado autonómico chirría. Su pecado original fue conceder a Navarra y a las tres provincias vascas un estatuto especial que les permite recaudar todos los impuestos en su territorio, para pasar luego al Estado lo que consideren este invierte en ellas, mientras los demás deben pagar directamente a la Hacienda española. Una grosera discriminación, que choca con la paridad de derechos y deberes que se supone en todo Estado de Derecho. Con los catalanes exigiendo un pacto fiscal semejante al de los vascos que, de conseguirlo, reclamará el resto. Así no se hace un Estado. Así, se deshace. Y si la Constitución del 78 lo está propiciando, la necesidad de ajuste, si no de reforma, se hace imperativa.

Con ser todo ello urgente, lo que hace necesaria la reconsideración de nuestro modelo de Estado es algo todavía más importante: que nos está llevando en sentido contrario de la historia. Una vez más, los españoles estamos marchando en dirección opuesta a la de los demás pueblos del planeta, o al menos, a la de los más importantes, principal causa de nuestros fracasos. Mientras el mundo tiende a unirse en grandes bloques, nosotros nos empeñamos en fraccionarnos. Mientras la globalización avanza, la provincialización está de moda en España. Mientras el inglés se convierte en el idioma universal, con el español ganando terreno incluso en Estados Unidos, nosotros no lo enseñamos en algunas escuelas o lo equiparamos a los idiomas locales en el Senado. ¿Es eso marchar en el sentido de la historia? No, es marchar contra ella. El caso más... iba a decir horripilante, pero lo dejo en chusco, es el del ya citado «pacto fiscal» exigido desde Barcelona. Cuando en toda Europa se alzan voces a favor de homogeneizar los impuestos hasta lograr una fiscalidad única europea que permita afrontar la crisis con mejores armas que las actuales, el nuevo gobierno de la Generalitat quiere un fisco propio. A tales delirios lleva el nacionalismo, en tal pozo nos han metido la frivolidad de nuestros políticos y la despreocupación de la ciudadanía. ¿O es que los españoles no sentimos España como algo nuestro, y solo buscamos sacar de ella lo que nos interesa? ¡Esa sí que es una pregunta para la que se necesitaría no un artículo, sino un libro! Sin que fuese seguro bastaría para contestarla.

Lo urgente es: ¿tiene remedio? ¿Estamos todavía a tiempo de cortar la hemorragia? Y en caso de que lo estemos, ¿qué remedios hay que aplicar?

De entrada, hay que decir que la solución no se ve por ninguna parte, con los dos grandes partidos —los únicos que pueden conjuntamente hacerlo— más alejados que nunca. Se ha avanzado tanto en la deconstrucción de España, que alguien tan sensato y amante de ella como Stanley Payne ha llegado a decir que «España es el primer país de Europa que puede deconstruirse». Se dirá que ha habido otros que lo hicieron, Yugoslavia, Checoeslovaquia, pero eran naciones de nueva planta, con poco fundamento, mientras que España lleva cinco siglos a cuestas.

Y esos cinco siglos son los que nos dan esperanzas. Hemos vivido momentos muy duros, muy difíciles, incluso de guerras civiles, y, mal que bien, hemos aguantado. ¿Por qué vamos a rompernos ahora, precisamente cuando todo empuja a la unión? Demostraríamos tener una insana tendencia al suicidio colectivo, que un pueblo tan vital como el español no ha mostrado incluso en sus peores momentos.

Pienso que lo que vuelve a fallar son las elites, dirigentes capaces de sacar lo mejor que hay en nosotros, en vez de lo peor, como ocurre últimamente. De ilusionarnos, en vez de azuzarnos, de centrarnos, en vez de radicalizarnos. Y con la Constitución, lo mismo. No necesitamos una nueva. Necesitamos que vuelva a ser lo que era: la «casa común de todos los españoles», la que unía en vez de separarnos, huyendo de los excesos que la desvirtúan, dando al Estado lo que es del Estado, y a las autonomías, lo que es de las autonomías. ¿Recorte de las autonomías, por tanto? No, devolverlas a su papel original de encargadas de los asuntos inmediatos de sus respectivos ciudadanos. Que bastante trabajo es.
Pero para eso se necesita que todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría, aceptemos que el coste de esa convivencia es aceptar nuestra diversidad. Teniendo en cuenta que los costes de no aceptarlo son que el Estado se nos caiga encima y la nación se nos hunda bajo los pies.

ABC - Opinión

La clase política y el Estado autonómico

Lo lamentable no es tanto que los principales partidos no ofrezcan una solución compartida a la inviabilidad del actual modelo autonómico, sino que ambos niguen la existencia misma del problema.

Zapatero ha aprovechado este miércoles la aprobación definitiva del Estatuto de Extremadura para abordar en el Senado el debate que avivaba hace unos días el ex presidente del Gobierno José María Aznar en torno a la inviabilidad del actual Estado autonómico.

Tal y como era previsible, Zapatero ha dado una visión idílica del actual modelo autonómico destacando que es el "más idóneo" porque acerca la administración a los ciudadanos y porque, además, reconoce la "pluralidad" de España y sus diversas identidades. Tras una encendida defensa del "vigor" y la "vitalidad" del modelo estatal español, Zapatero se ha limitado a pedir un "esfuerzo conjunto y exigente" para gestionar los asuntos públicos "con la mayor austeridad y eficiencia posible".

La verdad es que el ánimo reformador que traslucía un día antes el líder de la oposición Mariano Rajoy tampoco es que fuese mucho más allá. Así, Rajoy ha manifestado que no plantea que el Estado central recupere competencias y que el Estado de las autonomías "ha sido muy útil pero necesita reformas". La primera consiste en restablecer el tope de gasto que antes marcaba la ley de estabilidad, tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos y la administración del Estado. La segunda, a juicio de Rajoy, sería configurar una unidad de mercado con "pocas normas claras y entendibles" en todo el territorio nacional. "Si en toda Europa vamos hacia normas comunes, no tiene sentido que haya 17 regulaciones distintas, porque es algo que afecta a la propia creación de empleo". Finalmente, Rajoy ha propuesto desarrollar desde el Estado una "regulación básica" para "garantizar la igualdad de los ciudadanos" en toda España.

Aunque la clase política no se atreva a reconocer públicamente la realidad tal y como es, lo cierto es que el Estado autonómico se ha convertido en un monstruo de 17 cabezas, causante de numerosos despilfarros y duplicidades, generador de cuantiosas redes clientelares y del monumental incremento de funcionarios. Es, a su vez, el causante de fracturas en la unidad de mercado, origen de la falta de vertebración que dejó en evidencia la derogación del Plan Hidrológico Nacional, o potenciador de lo que nos separa en detrimento de lo que nos une, con lamentables consecuencias especialmente en el ámbito educativo. Se ha convertido, en definitiva, en el causante de la crisis institucional que padece España como nación y, tal y como denuncian numerosos organismos independientes, en un auténtico lastre para nuestras posibilidades de recuperación económica.

Algunos dirán –y dirán con razón– que todos estos males no son consustanciales a cualquier modelo autonómico o descentralizado. Y ciertamente no tendría por qué ser así si cada palo aguantase su vela y los organismos autonómicos, además de serlo a la hora de gastar, lo fueran también a la hora de recaudar, aunando así autonomía y responsabilidad. De hecho, se pueden plantear distintas reformas, desde la que van encaminadas a que el Estado recupere competencias en detrimento de las autonomías, a las de corte federalista favorables a una consolidación o extensión de las mismas por parte de la autonomías, pero transfiriéndoles también la responsabilidad recaudatoria en pro de lo que podría ser una sana y responsable competencia entre ellas.

Lo que es lamentable es que la clase política se niegue abordar ese debate y a consensuar una profunda reforma de lo que al día de hoy en un insostenible modelo autonómico. Cerrar lo ojos a esta realidad, y salir con lugares comunes, tales como el de que las autonomías han sido responsable del desarrollo del país en el pasado o lo de la cercanía de la administración al administrado no es de recibo. Es innegable que España ha avanzado en muchos aspectos desde que goza de democracia, pero nada indica –todo lo contrario– que sea gracias, y no a pesar, de nuestro modelo autonómico. Otro tanto ocurre con la recurrente cantinela de la "cercanía" de la administración al administrado. Lejos de ser idónea, en muchas ocasiones la mayor proximidad del grupo de interés al poder que se da en las comunidades autónomas eleva el beneficio del político que regula o legisla en su particular interés. Además, puestos a potenciar la proximidad, ¿por qué no suprimir las competencias autonómicas en beneficio de las municipales?

En cualquier caso, es evidente que si los partidos nacionales no quieren abordar en profundidad este asunto es porque ninguno de ellos quiere enfrentarse a los nacionalistas, cuya única reforma que aprobarían sería la de suprimir las autonomías que no fueran las que ellos gobiernan, en lo que sería un proceso asimétrico y disgregador, aun más letal que el que ahora padecemos. De hecho, las direcciones de los partidos nacionales son cautivas ellas mismas de sus propios barones regionales que compiten también con los nacionalistas en este insostenible reino de taifas.

Libertad Digital - Editorial

Censura al Senado

El ridículo de los pinganillos es buena prueba de la debilidad del PSOE ante la voracidad de sus coyunturales aliados nacionalistas.

DE acuerdo con la Constitución, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es un sistema de bicameralismo imperfecto, porque el Congreso tiene funciones mucho más relevantes que la llamada —por razones históricas— Cámara Alta. El Senado busca desde el primer día un encaje que no encuentra como cámara territorial, de tal manera que los debates políticos o académicos sobre su reforma se suceden una y otra vez sin ningún resultado positivo. Los grupos parlamentarios que han apoyado la puesta en marcha de una «torre de Babel» cometen un grave error. Este es el peor camino posible para reivindicar el prestigio de una Cámara ignorada —salvo circunstancias muy concretas— por la opinión pública y que los propios partidos degradan al concentrar todos sus esfuerzos e iniciativas en el Congreso. Así, el Palacio de la Plaza de la Marina se ha convertido en un foro para celebrar actos ajenos, como la conferencia de presidentes autonómicos, y en una asamblea residual donde se pactan algunos cambios de última hora en las leyes que aprueba el Congreso. Ni siquiera sirve de nada el derecho de veto que le corresponde, como se ha demostrado hace poco con los presupuestos generales del Estado para 2011.

Sin embargo, hay una función exclusiva de la Cámara Alta, de máxima importancia en situaciones de crisis. Según el artículo 155 de la Constitución, el Senado debe aprobar por mayoría absoluta las medidas impulsadas por el Gobierno frente a las comunidades autónomas que incumplan sus obligaciones. Ello demuestra la intención del constituyente de convertir esta Cámara en pieza maestra para la defensa del «interés general de España», al que se refiere literalmente la norma citada. Por tanto, el Senado debería actuar como garante de la coordinación entre las diferentes instancias y es el lugar menos adecuado para ofrecer una imagen de confusión y dispersión. El ridículo episodio de los pinganillos es buena prueba de la debilidad del PSOE ante la voracidad insaciable de sus coyunturales aliados nacionalistas. Una vez más, es el Senado como institución el que saldrá perdiendo si no rectifica de inmediato este despropósito.

ABC - Editorial