sábado, 15 de mayo de 2010

Presunto inocente. Por Ignacio Camacho

EL Estado de Derecho ha suspendido de funciones al juez Garzón hasta que la justicia decida si ha aplicado de forma torticera las leyes a cuyo servicio se debe.

Ésta es la única realidad objetiva del monumental alboroto político y mediático que ayer llegó a encabezar el trending topic de ciertas redes sociales de Internet. Alboroto legítimo: las interpretaciones sentimentales -incluso las ideológicas, porque la ideología surge a menudo de los sentimientos y forma parte de ellos- no tienen por qué atenerse a la lógica jurídica. Pero la lógica judicial sí ha de abstraerse de la influencia emotiva: por no hacerlo está procesado el magistrado más famoso de España, al que el sistema ha tratado con la más escrupulosa de las garantías. Garzón ha tenido oportunidad de acogerse a todos los recursos que le permite el derecho procesal, y continúa amparado por la presunción de inocencia. No ha sido declarado culpable; simplemente suspendido de su ejercicio jurisdiccional hasta que su caso se sustancie en un juicio justo.

Todo ese complejo mecanismo jurídico desaparece en la esfera política y social soslayado por la pasión subjetiva. Ahí se impone la potencia esquemática de la propaganda, tanto más eficaz cuanto más simple resulte su formulación retórica. Lo que importa es que el efecto argumental solidifique los prejuicios con una explicación lineal, somera y sin matices. Ésta, por ejemplo: Garzón ha sido sancionado por tratar de investigar los crímenes del franquismo en un país cuyas estructuras permanecen dominadas por los herederos de la dictadura. Una interpretación más falsa que sesgada, más embustera que parcial, pero dotada de la retorcida efectividad que Lenin, Goebbels y otros estrategas de la demagogia atribuían a la repetición de la mentira, capaz de moldear una realidad ficticia con enorme poder de divulgación creativa. Una maquinaria implacable para crear estados artificiales de conciencia colectiva.

Contra esa eficacia aplastante, contra ese arrollador dispositivo de energía simbólica, la justicia no tiene más antídoto que el ejercicio de su independencia soberana, blindada a la influencia de la opinión pública desde la que Garzón, habilísimo manipulador de resortes emocionales y de efectismos publicitarios, ha trazado parte de su estrategia defensiva. No encontrará el aparato judicial un ápice de comprensión en el agitado bando que cuestiona sus decisiones como fruto de una conspiración pervertida. En el plano del debate político y la agitación mediática no tiene una sola baza persuasiva. Sólo dispone de la convicción en las bases de su propia legitimidad como poder democrático, que son las que fundamentan su ejercicio. Derecho contra propaganda, verdad jurídica contra falsificación política. Estado de leyes contra estado de opiniones; un interesante pulso que mide la firmeza de los principios de la democracia frente a su espejo de reacciones públicas.


ABC - Opinión

Aprovecha tu oportunidad. Por Maite Nolla

Los dirigentes de ERC ya han dicho que el resto de España se ha fundido la solidaridad catalana y que tantos años de déficit fiscal justifican que los recortes los paguen otros.

Desde que España ha entrado en concurso de acreedores y Europa y Estados Unidos nos han colocado algo parecido a una administración concursal, los políticos han encontrado una oportunidad, un filón, para venderse como los más austeros y los que más arriman el hombro. En eso son admirables, porque, como buenos supervivientes, muchos de ellos pueden incluso acabar sacando partido de la situación. Eso sí, a veces con un exceso de entusiasmo en los anuncios. En concreto me refiero a la divertida anécdota –divertida, por decir algo– que recoge el periodista Daniel Tercero en su blog, publicada por La Voz de Barcelona, y que afecta a la señora Sánchez-Camacho: mientras ella anunciaba en rueda de prensa la petición de que se reduzcan las consejerías del Gobierno de la Generalitat –agrupándolas al modo que pidió Rajoy el pasado miércoles con los ministerios–, un diputado popular pedía en el Parlament la creación de una consejería de Turismo.

La cuestión es que los anuncios de gran austeridad, siempre a toro pasado por cierto, van acompañados de campañas de publicidad periodística, a veces en términos de estricta obediencia, a veces queriendo agradar de forma incomprensible. Por ejemplo, volviendo al tema de la semana pasada sobre las flechas hacia arriba y hacia abajo, otro periódico de tirada nacional premia al alcalde Lérida por rebajarse el sueldo y el de sus cargos, a lo que yo objeto dos cosas: primera, si realmente la medida era necesaria y posible, ¿por qué no se tomó antes? Y, segunda, que es mentira, porque el primer edil leridano sigue utilizando su bonito coche oficial para acudir a sus actividades más privadas, incluidos los oficios religiosos. De verdad, ¿pero de quién fue idea esto de las flechas? Y, lo más importante, ¿quién las pone?

De todas formas, la publicidad más grotesca fue la de TVE, que a la hora de hablar de las comunidades autónomas diferenció entre las comunidades socialistas, las populares y las demás. Por supuesto, según TVE las comunidades socialistas, con Montilla a la cabeza, iban a ser las primeras en arrimarse el cinturón y apretarse el hombro, o algo así. También lo iban a hacer "otras comunidades" como la Canaria –aunque gobierne el PP en coalición– o la cántabra del hortera Revilla. Mientras, las comunidades del PP iban a aceptar las medidas con matices. Y para ello, en TVE ilustraron la información con un vídeo de Feijóo diciendo que los gallegos no tenían por qué pagar el despilfarro de Zapatero, cosa que nos devuelve al viejo debate de la unidad del PP y de si es austracista o simplemente Galeuscat.

Como les decía, los políticos van a competir en austeridad, excepto los nacionalistas catalanes, que van a competir en eso, en nacionalismo, porque también ven en esto una oportunidad. Los dirigentes de ERC, que tanto celebraron la única medida económica de Zapatero que fue la aprobación del sistema de financiación autonómico, ya han dicho que el resto de España se ha fundido la solidaridad catalana y que tantos años de déficit fiscal justifican que los recortes los paguen otros. Perdón por la autocita, pero cuando decíamos que el sistema de financiación autonómico era injusto e insolidario, es porque sus principales beneficiarios, con Puigcercós a la cabeza, quieren que sea injusto e insolidario.


Libertad Digtal - Opinión

Justicia a Garzón quitado. Por Tomás Cuesta

EL desplome del ínclito Baltasar Garzón en el pozo sin fondo de sus propias trampas no es la última victoria del franquismo aunque los corifeos de la causa (tantas veces perdida por motivos espurios o por incompetencia temeraria) sostengan lo contrario a tumba abierta y a fantasmón quitado. Si alguien sale ganando es el Estado de Derecho que se ha respetado lo bastante como para impedir que alguien hiciera de su toga un sayo. Que no se ha dejado acoquinar por quienes acostumbran a trampear con leyes y a legalizar las trampas. Que ha diferenciado entre la justicia y la venganza. En resumen, que ha aplicado el código como mandan los cánones.

En este país, tan dado a los refranes, se considera de mal gusto dar leñazos a los restos del árbol fulminado. De ahí que un par de compañeros de fatigas mediáticas y unos cuantos funcionarios esquilmados le dedicaran ayer algún aplauso al abandonar la plaza. Emotiva escena, sin duda, amén de progresista y solidaria. Los magistrados Pedraz y Andreu están más que dispuestos a tomar el relevo y a que no decaiga aunque es harto improbable que tengan interés en remover las sepulturas tal y como anda el patio. No se trata sólo de los múltiples argumentos jurídicos, históricos, políticos y morales que hacían del empeño de su colega una tarea ridícula, sino de la natural y vocacional tendencia de los jueces a dedicarse a aquello que les compete por jurisdicción y dimensión espacio temporal, perspectiva que Garzón había perdido de vista probablemente desde que pensó que se podía saltar de la Audiencia a la política y viceversa sin pasar una mínima cuarentena, un periodo de desintoxicación. Pero, por mucho que Pedraz, Andreu y la compaña se empeñen en respetar lo que su ilustre ex compañero ha dejado a su paso, tendrán que hacer leña, qué remedio, del colmo viejo y hendido por el rayo.

En cualquier caso, hombre refranero, hombre majadero y a estos magistrados se les avecina una sobrecarga de trabajo que tiene a medio país en vilo: faisanes, pretorianos, correas, batasunos, traficantes y otros mochuelos; es decir, una fauna de lo más variado espera al reparto del lunes para saber en qué manos queda lo suyo. De seguro que la suspensión del superjuez es para ellos una buena noticia, aunque siempre cabía la posibilidad de que un despiste de personaje tan ocupado les pusiera de patitas en la rue por incomparecencia del juez ante el calendario, esa enojosa cuestión de los plazos, que en los tribunales, no se crean, es cuestión de años, así de ocupado iba don Baltasar, dando charlas por medio mundo, desfaciendo entuertos y dando lecciones morales allá donde requerían sus servicios.

Habrá quien piense que un gran vacío se abre a los pies de la justicia en España tras la expulsión del único juez que salía en los papeles. Sin embargo, fuentes bien informadas aseguran que el desastre judicial español no es cosa de una sola persona. Al contrario, cientos de jueces anónimos, probos funcionarios, esforzados juristas, alérgicos a la fama, comprensivos, compasivos, rigurosos, atentos a los plazos, duros o humanitarios, rígidos o flexibles, según convenga, estrictos, humildes, pacientes y silenciosos siguen al pie del cañón, sin que las aventuras de Garzón les descompongan y ni siquiera les distraigan. Que saben que cuanto más anónimo más relevante es su trabajo. Y que no han olvidado que la legalidad se fundamenta en el rigor jurídico y no en los titulares. O sea, que hay que dictar sentencias y no pregonar cruzadas.


ABC - Opinión

Y Franco se fue de rositas. Por Pablo Molina

No subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

La oleada de cariño desatada en torno a un funcionario suspendido por la autoridad judicial a causa de sus supuestos desmanes jurídicos, es uno de esos detalles que nos permite conocer el punto exacto de cocción de la progresía española, en estos momentos cercano a la ebullición.

De nada sirve explicar que las decisiones del Consejo General del Poder Judicial o de los instructores de las causas abiertas contra Garzón en el Tribunal Supremo no tienen absolutamente nada que ver con su intención de juzgar los crímenes del franquismo. Se trata simplemente de que existen sospechas de que ha violado las normas procesales con contumacia instruyendo causas para las que no era competente, y cerrando otras ante las que se tendría que haber abstenido por sus relaciones con los acusados.

Pues bien, como el progresismo es refractario al pensamiento complejo, el expediente político de apoyo a Garzón se ha resuelto con la proclamación de un mantra asequible para todos los niveles, según el cual Garzón es una nueva víctima del franquismo.


No exactamente del franquismo como tal, puesto que ya pasó a la historia, pero sí de sus herederos que básicamente son la Falange, los implicados en el caso Gürtel con el Bigotes de sargento chusquero, los que no llevamos permanentemente un ejemplar de Público bajo el brazo y, finalmente, todos y cada uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que de forma unánime ha empurado a D. Baltasar, órgano por cierto del que jamás hubiéramos sospechado que estaba tan infiltrado por fascistas y torturadores.

Las movilizaciones, algaradas y concentraciones anunciadas para defender a un funcionario presuntamente prevaricador tienen como elemento aglutinador el mensaje de que estamos ante un combate singular entre Garzón y Franco, en el que éste último finalmente se ha ido "de rositas". La expresión recuerda a aquellas otras puestas en circulación tras los atentados del 11 de marzo de 2004, convocadas a golpe de mensajes de teléfono móvil, instando a la gloriosa infantería del progresismo a evitar que Aznar se fuera de la misma guisa que ahora lo ha hecho Franco.

Con Aznar consiguieron su objetivo. Con Franco lo tienen más difícil porque, ay, decidió morirse minutos antes de que la resistencia antifranquista, que ya lo tenía todo a punto, le expulsara del poder. No obstante, no subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".


Libertad Digital - Opinión

El alguacil alguacilado. Por M. Martín Ferrand

HAY en Jaén un guitarrista excelente, Pepe Justicia, que le afanó el apodo a Baltasar Garzón.

Lo de «Baltasar Justicia» hubiera quedado bien en las crónicas ditirámbicas que ha promovido el juez a quien acaba de suspender en sus funciones el Consejo General del Poder Judicial. Su ego elefantiásico, sin fronteras, hubiera engordado con tal bautismo y el personaje, entre el drama y la farsa, encaramado sobre sus propios hombros, habría parecido un gigante de la equidad. Garzón es un personaje único. No será fácil encontrar en todo el Continente alguien como él. Alguien capaz de, en unos pocos meses, recorrer los tres poderes del Estado como hizo, en pleno felipismo, al saltar de la Audiencia Nacional, en la que se encaraba con el GAL, a guardaespaldas electoral de Felipe González y, ya integrante del Legislativo, descontento con su promoción al Ejecutivo, en Interior, volver al Judicial. De aquellos polvos vienen los lodos actuales, los que han servido para moldear una figurilla confusa que, con la pretensión de juez justiciero, fue perejil en más salsas de las debidas y gran histrión en el ruedo de los acontecimientos nacionales.

La suspensión de Garzón se sustenta en sus presuntas prevaricaciones y ya nos dirá el Tribunal Supremo, cuando corresponda, de su culpabilidad o inocencia; pero, en el terreno de los valores morales y en el marco de la actualidad, con prevaricación o sin ella, lo que resulta repugnante en la figura del juez suspenso es su desparpajo para, con desprecio al dolor de las víctimas del franquismo, elevar en unos cuantos palmos el megalómano pedestal de su insaciable vanidad. Escuchar las conversaciones de un letrado con su defendido -algo grave-, cobrar o no cobrar de terceros para sufragar su turismo académico -algo feo- y medir con distintas varas los excesos de las dos Españas de la Guerra Civil -algo tremendo- es, en lo moral, menos grave que su desprecio a las familias de una de esas mitades y el uso de las de la otra mitad.

Garzón se queda compuesto y sin ir a La Haya. Su gran capacidad maniobrera trataba de organizar una brillante fuga de sí mismo, pero la diligencia de un juez de la vieja escuela, de los discretos -progresista para mayor inri-, Luciano Varela, ha disparado los mecanismos de defensa que tiene el Estado y las instituciones, tan resquebrajadas, han quedado a salvo. La Justicia es ciega; pero no manca, ni boba.


ABC - Opinión

Cambio de rumbo. Por José María Marco

Lo que ha anunciado Rodríguez Zapatero se parece bastante a lo que habría hecho el PP. Recurrir a lo "social" para discutir el ajuste es hacerle publicidad al PSOE. ¿De verdad piensa el PP que alguna vez va a ser más social que los socialistas?

El mismo día en el que Rodríguez Zapatero anunció su plan de austeridad hubo manifestación delante de Ferraz. Ocurrió por la tarde, era muy poca gente, y alternaban los insultos a Zapatero con los gritos y los cánticos a la mayor gloria del Atlético de Madrid. La escena anticipó la respuesta de los sindicatos de clase, tan templada y circunspecta que han convocado al funcionariado al paro... en semana de puente. Está claro que no quieren molestar mucho.

El plan de Rodríguez Zapatero, que tal vez venga seguido de más medidas de austeridad, ha sido acogido como el final del zapaterismo en lo ideológico, por así decirlo, y como el preludio del fin político de su promotor, que habría cavado su propia tumba y se habría alienado definitivamente los sectores sociales de izquierda que hasta aquí habían sido su más firmes apoyos. La esperanza tal vez sea verosímil en lo ideológico, aunque caben muchos reparos. En lo político, en cambio, es probable que con su maniobra Rodríguez Zapatero haya ganado las próximas elecciones.


Sin duda que es un gesto improvisado de arriba abajo y forzado desde fuera. Aun así, eso mismo tiene valor, porque le proporciona a Rodríguez Zapatero la coartada exterior que siempre ha sido necesaria para poner en marcha las reformas internas. Los españoles, tan antojadizos y mudables en tantas cosas, son extremadamente conservadora en otras. Ningún gobernante en democracia se ha atrevido nunca a iniciar reformas económicas de algún calado sin contar con un motivo exterior. Ahora Rodríguez Zapatero lo ha encontrado. Además, gana prestigio fuera, aunque sea de boquilla. Acaba de nacer el estadista. De hecho, su presidencia de la Unión, fracasada en todo, acaba de inaugurar, aunque sea a pesar suyo, el nuevo espacio económico europeo.

Lo fundamental, en cualquier caso, es que Rodríguez Zapatero ha empezado a hacer lo que tenía que hacer si no quería suicidarse. Y a pesar de la impresionante improvisación, no lo ha hecho a ciegas. Siempre podrá presumir de haber subido las pensiones como ningún otro gobernante español en tiempos recientes, y también de haberles subido el sueldo a los funcionarios, en el último presupuesto, por encima de la subida del nivel de vida. El ajuste, por tanto, es menos doloroso de lo que se está diciendo y además no afectará a muchos pensionistas. También el "cheque bebé", ahora retirado, fue una iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero...

Los recortes en inversiones y en transferencias a las comunidades no tienen, por su parte, ninguna trascendencia social inmediata. Y además, no parece que se vayan a tocar las subvenciones a los sindicatos ni a los ideólogos y compañeros de la ceja. Los socialistas saben lo que valen los amigos y la política cultural, es decir la propaganda. Nunca la han descuidado, nunca se la han dejado al adversario y nadie, en ese terreno, les va a poner dificultades. Al contrario. ¿Huelga general? Paro sectorial, y en vísperas de puente.

El PP, ante todo esto, queda en posición deslucida. Ni las comunidades ni los ayuntamientos que gobierna son particularmente austeros, al contrario. Tampoco ha habido una estrategia clara de contención desde Génova, o al menos no ha traslucido. El partido sigue enfrascado en lo que más parece gustarle, que es la cocina interna, los tejemanejes, los rifirrafes entre baronías y los casos como Gürtel. Y además, como no se esfuerza por tener unas ideas propias, se ha quedado sin argumentos. Lo que ha anunciado Rodríguez Zapatero se parece bastante a lo que habría hecho el PP. Recurrir a lo "social" para discutir el ajuste es hacerle publicidad al PSOE. ¿De verdad piensa el PP que alguna vez va a ser más social que los socialistas?

En fin, ahora sí que Rodríguez Zapatero puede resistir dos años, y con el viento a favor.


Libertad Digital - Opinión

Despilfarro en el Senado

MIENTRAS el Gobierno impone grandes sacrificios económicos a los ciudadanos, el Senado parece estar empeñado en malgastar el dinero de todos con iniciativas que, no por ser legítimas, dejan de ser sorprendentes y hasta irritantes.

La Cámara alta pretende maquillar su escaso peso político a través de una farsa lingüística que a buen seguro indignará a los millones de funcionarios y jubilados que se verán afectados por el «tijeretazo» de Rodríguez Zapatero. En efecto, el próximo 24 de mayo está previsto que el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, acuda a la Cámara alta y se dirija a los senadores en catalán. Su intervención será objeto de traducción simultánea al vascuence, catalán, gallego y valenciano con un coste de 6.500 euros para el presupuesto de la Cámara. Pero en tiempos de emergencia económica, este despilfarro es mucho más que una simple anécdota. Javier Rojo, presidente del Senado, es el responsable último de un disparate que tiene su origen en el afán electoralista del PSOE.

Para colmo de males, la reciente moción aprobada por socialistas y nacionalistas permitirá consolidar el esperpento de que los senadores que representan al pueblo español tengan que utilizar auriculares para seguir los discursos pronunciados en lenguas de uso territorial. Javier Rojo pretende justificar lo injustificable apelando a una supuesta «normalidad» en el uso de las lenguas cooficiales en su ámbito respectivo, una falacia que intenta ocultar la triste realidad de que el PSOE prefiere ofender al sentido común a cambio de hacer guiños al nacionalismo.


José Montilla es un político nacido en la provincia de Córdoba que se explica mucho mejor en castellano que en catalán. Su insistencia en defender el Estatuto le lleva desde hace tiempo a ejercer una presión inaceptable sobre el TC y a plantear ahora un debate artificial en la Cámara Alta. De este modo, predominan los objetivos partidistas de un PSC en apuros sobre el sentido institucional y el respeto a la lógica. Sin embargo, está claro que todo vale con tal de arañar algún voto, aunque se trate de una maniobra tan burda que produce una fuerte incomodidad a muchos dirigentes socialistas.

ABC - Editorial

Garzón llegó a su destino

EL Consejo General del Poder Judicial, lejos de fracturarse por el «caso Garzón», se pronunció ayer por unanimidad a favor de suspender en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional.

La unidad de criterio del presidente y los vocales del CGPJ fue producto de la estricta aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ordena suspender a todo juez o magistrado en cuanto sea imputado o procesado. Y Garzón está imputado y a un paso del banquillo por un delito de prevaricación. Sus defensores mediáticos y políticos no entienden que se ha llegado a este resultado por los principios de legalidad e igualdad. Garzón, que tantas veces hizo un uso extravagante de la ley, no está por encima de esa misma ley y ni uno solo de sus méritos, por loables que sean -y muchos lo son- le eximen de responder por sus actos.

Es lamentable la manipulación que se está produciendo en torno al sumario de la «memoria histórica» y al proceso instruido por el magistrado Luciano Varela. Pero la verdad ha dejado de importar al coro de seguidores que rodea a Garzón. Lo relevante es convertirlo en la última coartada de una izquierda huérfana de ideología y referencias. Quienes creen que Garzón investigó el franquismo, y que por esto mismo ha sido imputado, viven en el más absoluto de los engaños. Es Garzón el único juez español que ha dado carpetazo a un proceso contra crímenes del franquismo, porque fue Garzón el que declaró extinguidas las responsabilidades penales de sus dirigentes por causa de su fallecimiento. Con este precedente no hay tribunal extranjero o internacional que legalmente pueda abrir una causa contra el franquismo. Garzón ha creado el precedente judicial que lo impide.

Los agónicos intentos de evitar la suspensión han sido inútiles, pero de todos ellos el más osado es la oferta que recibió Garzón de su amigo Luis Moreno Ocampo para incorporarse como «asesor» de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al final, la treta no impidió la suspensión. De todos modos, la Comisión Permanente del CGPJ decidió dejar en el aire durante varios días más su aval para permitir a Garzón acceder a ese cargo. Si finalmente el CGPJ accede, será una indignidad para España porque no es de recibo que un juez suspendido, acusado e imputado se integre en una Corte internacional, aunque sea como asesor de otra estrella del firmamento judicial, como es Moreno Ocampo. Hay en España excelentes jueces y fiscales especializados en cooperación jurídica internacional y mucho más idóneos para trabajar en la CPI o en cualquier organismo similar.


ABC - Editorial

Adiós a Garzón

Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido, de forma unánime, cumplir la ley y suspender temporalmente a Garzón de su juzgado. No podía ser de otro modo, pues una vez rechazadas las maniobras dilatorias del abogado del ex número 2 en la lista del PSOE por Madrid su suspensión era automática, según marca la ley. Los miembros del CGPJ podían haber optado por apartarlo antes, pero han preferido no hacerlo hasta que no hubiera más opción. No les librará de las iras de la izquierda, cada día más sectaria, iletrada y emocional.

En Libertad Digital hemos mantenido durante años, mucho antes de que se abriera ninguna de las tres causas que tiene actualmente en el Supremo, que Garzón era indigno de vestir toga. Antes de que abriéramos nuestras puertas, el juez estrella ya había dado muestras de su concepción de la Justicia y su desmedido ego, cuando tras acusar al Gobierno socialista de terrorismo de estado no tuvo problemas en presentarse en las listas del PSOE. Sólo cuando le negaron un ministerio abandonó el parlamento y volvió a su juzgado para intentar procesar a quienes poco antes consideró dignos compañeros de partido. Pese a sus meritorios esfuerzos en su lucha contra ETA, volvió a dejarse llevar por su afán de protagonismo con su empeño de encarcelar a dictadores extranjeros de extrema derecha, mientras rechazaba las demandas interpuestas contra dictadores de extrema izquierda.

Fue por aquel entonces cuando rechazó una querella contra Carrillo, en justa aplicación de la Ley de Amnistía. Siendo el ex responsable de las checas madrileñas de extrema izquierda, no consideró que hubiera razón jurídica para encausarlo. Cerca del final de la segunda legislatura de Aznar comenzó a significarse escribiendo, como juez, contra el apoyo de España a la guerra de Irak. Una vez llegado al poder Zapatero, fue el principal valedor del proceso de rendición ante el terrorismo, manchando su toga, no ya en el polvo, sino en el barro del camino; su actuación en el caso Faisán, siendo la más escandalosa, no fue la única.

Pero a lo largo de estos años, su fama y el corporativismo le permitieron salir de rositas en más de una investigación. Ha tenido que ocurrir algo tan claro como su doble vara de medir en su causa general contra el franquismo, en que no sólo se desdijo de todos sus argumentos jurídicos para no encausar a Carrillo, sino que tuvo que subvertir el proceso penal para continuar con la causa pese a que las personas que quería encausar estaban muy notoriamente muertas.

Careciendo de argumentos jurídicos para defender al juez estrella, la izquierda se ha dedicado a lo único que sabe hacer: agitar emociones. Garzón estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por atreverse a investigar el franquismo. Pero lo único que sucedía es que se le encausaba porque, siendo juez, nada más y nada menos que juez, había violado la ley. Aquellos que se sumaron al linchamiento de Gómez de Liaño –que tuvo que irse a Europa para lograr que se hiciera justicia–, acusaron al Supremo y en concreto al juez Luciano Varela, de izquierdas, de ser nada menos que franquistas. Esa es nuestra izquierda: la más cavernícola de los países de nuestro entorno.

Aunque resulte arriesgada cualquier predicción relacionada con Garzón, parece improbable que regrese a la Audiencia Nacional. Raro sería que con tres causas abiertas por prevaricación ninguna acabara en condena, lo que conlleva una pena de diez a veinte años de inhabilitación. Teniendo Garzón cincuenta y cuatro años de edad, sólo un indulto le impediría jubilarse fuera de la judicatura. Si así sucedieran, no seremos nosotros quien lo echemos de menos. En Libertad Digital creemos que los jueces deben cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como está escrita y aprobada en un parlamento democrático, sin inventarla a cada paso ni violarla por una causa que consideren superior. Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.


Libertad Digital - Editorial

Emergencia máxima. Por Alvaro Delgado-Gal

A lo largo de los últimos treinta días, se han producido dos hechos cuya proyección en el futuro inmediato no podemos ponderar aún. Ambos son gravísimos, y aunque inconexos, podrían entrar en sintonía de aquí a no mucho.

Voy por orden. A mediados de abril sindicatos, actores, un secretario de Estado, miembros del PSOE e IU, y algunos puntos fuertes del progresismo de carril, se reunieron en la Facultad de Medicina de la Complutense para desautorizar al Tribunal Supremo y exigir justicia democrática. Entendámonos bien, una justicia más alta, más urgente, que la emanada de los procedimientos y la aplicación de la ley por los jueces. Un ex fiscal vociferante llamó a los magistrados de la Sala Segunda torturadores y fascistas. Zapatero pidió, al día siguiente, respeto para el Tribunal. No obstante, se hace invencible la sospecha de que el Gobierno toleró en el mejor de los casos, y alentó en el peor, el infeliz aquelarre. Súmense dos y dos: no es verosímil que el rector ofreciera hospitalidad a los asistentes sin tantear antes el terreno; concurrieron los mismos que han apoyado al Gobierno cada vez que éste ha decidido mover la calle; no se explica qué pintaba allí el señor Zarrías, secretario de Estado y figura de mucho peso en el PSOE; y resultó revelador que casi todos los ministros, mientras callaba el de Justicia, mostrasen su comprensión hacia el acto tremendo.

¿Qué provocó el remolino? En esencia, la admisión por la Sala Segunda de una querella contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Conviene diferenciar tres extremos: el contenido de la investigación, la circunstancia de que el querellante sea Falange Española y la oportunidad de la admisión desde un punto de vista técnico. Sobre lo último existen serias dudas, formuladas en su momento por el Ministerio Fiscal. A lo que parece, no está claro que la figura conocida como «Acción Popular» contemple como querellante a un partido político, para más señas, a un partido que no es víctima en el caso que se está investigando. El hecho de que ese partido fuera Falange añadió leña al fuego. Pero no nos engañemos. Los entusiastas de la Complutense no pusieron el grito en el cielo armados de la Constitución y sus posibles acepciones. El asunto discurrió por otros cauces, por llamarlos de alguna manera. Recuperando la consigna jacobina del complot de los aristócratas, se postuló una vasta conspiración judicial de signo fascista, siendo así que lo único que consta, hasta la fecha, es una discutible decisión del juez instructor, animado por un celo que algunos estiman más proporcionado a las otras dos querellas que pesan sobre Garzón. Se inhabilitó el Estado de Derecho, y se desencadenó una ofensiva cuyo remate ha sido la impugnación de la Transición y de la Monarquía. Conclusiones, las últimas, brutales, aunque coherentes dentro de su simplicidad. Reconstruida la historia de nuestra democracia en clave paranoica, todo encaja. La Transición se verificó por una claudicación de la izquierda, cautiva o intimidada por un Ejército de profesión franquista; las instituciones surgidas de esa claudicación no son, en consecuencia, legítimas; no lo es la Monarquía; y a fin de cuentas, no lo es el PP, cuya ilegalización fue urgida, días más tarde, en una manifestación en Madrid.

No creo en absoluto que el Gobierno deseara llegar a donde han llegado sus palmeros más bozales. Su propósito era juntar fuerzas, recitar conjuros, resucitar la unidad ensayada cuando lo del chapapote, lo de Irak y todo eso. Ahora bien, tampoco creo que advierta, con la lucidez deseable, qué peligroso es lo que ha ocurrido. Zapatero ha corroborado su propensión a salirse del perímetro en que se encierran las reglas de juego. No es la primera vez que lo hace, pero nunca se había forzado el motor tanto como ahora. El segundo hecho nos remite al miércoles 12 de mayo. Apelando a las tormentas financieras, y sin mayores explicaciones, el presidente anunció un plan de austeridad que contradice sus diagnósticos económicos de los dos últimos años y anula sus compromisos políticos más solemnes. La causa de esta volte-face es perfectamente conocida. El remolino griego amenazaba con tragarse también a España, España es demasiado grande, y los que mandan más que nuestro presidente le han leído la cartilla y le han impuesto, que no sugerido, un recorte inmediato -y no será el único- del gasto público. El Gobierno, sin tiempo para hilar más fino, ha metido el bisturí en las partidas que controla de modo directo: Obras Públicas, pensiones y salarios de los funcionarios. ¿Cómo ha reaccionado la opinión?

Con algunas excepciones, como la de este diario, de modo decepcionante. Para ser más precisos: con unas maneras, y unos argumentos, que revelan una asombrosa, y temo que genuina, ignorancia de lo que es una democracia. Seamos claros: el problema fundamental no está en que las medidas sean necesarias, que lo son, hasta el punto de que no sólo son necesarias, sino insuficientes.

El problema no está tampoco en atinar con la combinación parlamentaria que permita aprobar el recorte en el Congreso. Ni está en las oportunidades que la terrible emergencia abre a la oposición, o a tal o cual partido minoritario y agazapado. El problema está en que el sentido democrático más elemental exige que Zapatero deje las riendas a otro, preferiblemente de su mismo partido. En democracia existe lo que los ingleses denominan accountability, responsabilidad personal frente a los ciudadanos. La responsabilidad exige coherencia moral, y la coherencia moral no se preserva con maniobras en el Parlamento, sea cual fuere el buen éxito de éstas. Es un valor más básico. Quien se desmiente aparatosamente, o gira y enseña una cara que nadie reconoce, carece de títulos para liderar lo contrario de lo que representaba ante sus electores o el conjunto de la nación.

Hemos dado pruebas, en el espacio de treinta días, de una inmadurez colectiva que corta el resuello. Los partidos, en su conjunto, tienen el deber de ponerse a la altura de los acontecimientos. El pueblo también, por supuesto. Pero el demos tiende a inhibirse en las etapas de bonanza, o a estallar en erupciones erráticas en los momentos de emergencia. Si la oferta política no se corrige, habremos dado un paso serio hacia la desnaturalización irreversible de la democracia. El peor de los escenarios, espero que no confirmado por el desarrollo de las cosas que están por venir, sería aquel en que abril se superpusiera a mayo. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de que los mismos que han alentado la discordia a impulsos de un oportunismo miope y rutinario intenten salvar la cara frente a su parroquia menos ilustrada atizando causas radicales en el terreno de los símbolos. La necesidad en que el PSOE se encuentra de contar con el PP opera en contra de esa contingencia terrorífica. Pero no sabemos aún de qué lado caerá la moneda, o si el propio PP sabrá distinguir entre lo verdaderamente importante y los cortocircuitos que atajan el camino hacia el poder. Todos dependen de todos, o, si se quiere, todos dependemos de todos. Aunque no todos somos iguales. Debiera estar claro a quién corresponde dar el primer paso.


ABC - Opinión