Después de Cádiz. Por Ignacio Camacho

Los españoles nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos; somos expertos en suicidios colectivos.

ERAN tiempos difíciles aquellos de hace 200 años, cuando se reunieron en la Real Isla del León las Cortes de Cádiz. Un país invadido, una ciudad sitiada y una nación dividida por la eterna zanja de la conciencia civil y política. Eran tipos heterogéneos que se miraban de reojo con desconfianza: los liberales, mental y moralmente afrancesados, escindidos en su interior por la tragedia de una patria dominada por extraños a los que en el fondo admiraban; los absolutistas servilones, nostálgicos del viejo orden revocado por la expansión napoleónica; los moderados burgueses, emparedados por la vieja dialéctica de los fundamentalismos; los indianos, incorporados más tarde en medio de un proceso irreversible de descomposición imperial. No fue grato ni fácil aquel encuentro de gente tan distinta en un momento tan delicado, con una España a punto de desangrarse por una herida de conflictos superpuestos, en una crisis de mera supervivencia. Y sin embargo, lo hicieron. Un pacto colectivo, una alianza de soberanía, un acuerdo de concordia, un sueño —demasiado hermoso— de libertad. A trancas y barrancas, y entre serios conatos de fundamentalismo cainita que presagiaban el desastre posterior, se las apañaron para inventar una nación nueva, ilustrada y libre.

Y luego ellos mismos la echaron abajo, claro. Sin tiempo para disfrutarla, más pronto que tarde, apenas expulsados los franceses, en cuanto los nuestros se quedaron a solas con los demonios de siempre. Los españoles no solemos necesitar a nadie para que nos ponga la soga al cuello. Nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos, somos auténticos expertos en demoliciones y suicidios. Las cuentas pendientes de aquel compromiso heroico y milagroso, los trágalas y demás radicalismos fanáticos se saldaron bien poco después con el habitual vuelco fratricida de ida y vuelta, con el maldito vaivén trincherizo de represiones vengativas y ajustes rencorosos. Ocurre de un modo cíclico en nuestra Historia: levantamos prometedoras arquitecturas de esperanza y las derribamos luego con una pasión autodestructiva incombustible y flamígera.

Como los fracasos no se conmemoran, nadie se acordará de lo pronto que España dio al traste con aquel prometedor orden gaditano. Celebraremos el bicentenario glorioso de la Pepa con un estruendo complaciente y orgulloso, pero no se descorrerán cortinillas ni se organizarán congresos que estudien cómo se estropea una obra maestra por culpa de la intransigencia, del sectarismo y de la irresponsabilidad. La retórica de los discursos creará un bucle de melancolía solemne en torno a los pioneros constituyentes y olvidará el desgraciado destino que sufrió su entusiasta inspiración iluminada. Y seguiremos sin aprender lo fácil que es destruir una convivencia cuando se pierde el sentido de lo que cuesta lograrla.

ABC - Opinión

El espíritu de Cádiz

Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal.

LA Constitución de Cádiz, llamada popularmente «La Pepa», cumplirá dos siglos el 19 de marzo de 2012. Su Majestad el Rey inauguró ayer en la localidad de San Fernando, primera sede de la Cortes en aquellas jornadas históricas, los actos conmemorativos de un periodo apasionante que sentó las bases de una nueva era. España como realidad histórica y sociológica es, por supuesto, muy anterior a cualquier texto constitucional. Sin embargo, en Cádiz se proclamó por primera vez la soberanía nacional y se estableció la monarquía constitucional como forma de gobierno de una nación de ciudadanos. España entraba así en la modernidad política al mismo tiempo que otros grandes países europeos. Después, al igual que otras muchas naciones, hemos vivido múltiples avatares, con alternancia de periodos constitucionales y autoritarios. En todo caso, la monarquía ha sido fuente de estabilidad y garantía de libertades, así como factor de equilibrio político que culmina con la Constitución de 1978. En este sentido, han sido desafortunadas las palabras de José Bono, con una interpretación «sui géneris» sobre los periodos democráticos (a su juicio, sólo dieciséis años desde 1812 a 1978), que no corresponde al titular de un alto cargo institucional.

El Rey dijo ayer en Cádiz que aquellos diputados de ambos hemisferios «forjaron los primeros pilares de nuestro Estado de Derecho», siempre en «un clima de trabajo, consenso y solidaridad». Hay que insistir en la necesidad de que la sociedad asuma su propia historia, con luces y con sombras, a partir de un orgullo legítimo por la aportación de los españoles a la libertad política. En efecto, Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal. Aunque algunos afirman lo contrario, ya sea por sectarismo o por ignorancia, la historia constitucional española ofrece aportaciones relevantes al avance de las libertades y al reconocimiento de los derechos. En Cádiz se proclaman la soberanía de la nación, la igualdad de todos los ciudadanos, la unificación de códigos y la existencia de unas Cortes representativas. Hay también una hermosa retórica idealista cuando se exige a los españoles que sean «justos y benéficos» o cuando se afirma que las leyes deberán ser «sabias y justas». Todo ello merece una conmemoración política y académica del más alto nivel.

ABC - Editorial