Elecciones. Con la ceja, contra internet. Por Daniel Rodríguez Herrera

Durante estos siete años, internet ha sido para el Gobierno y el PSOE una vía más para hacer propaganda, que siempre ha sido su especialidad. Pero cuando ha tenido que mojarse, ha preferido alinearse con los lobbys afines ya establecidos.

Han sido siete años, siete años marcados por el enfrentamiento con los internautas. Algunos tuvieron miedo de que la amenaza del terrorismo sirviera para coartar las libertades que disfrutábamos en la red, pero en España nunca han hecho falta tantas excusas. Ha bastado que los profesionales del artisteo apoyaran a Zapatero, incluso algunos de los que tradicionalmente se habían colocado más a la izquierda, para que el Gobierno se volcara a legislar para proteger, nos aseguró, los derechos de propiedad intelectual. En la práctica, para intentar sostener con respiración artificial unos modelos de negocio caducos.

Primero vino el canon. Se había empezado a aplicar en los CD y DVD en 2003, tras un acuerdo privado entre los mayoristas de tecnología y las entidades de gestión, obligado por algunas sentencias judiciales. Pero fue el PSOE quien se encargó de consagrarlo en una Ley de Propiedad Intelectual cuya principal innovación fue extender el canon a prácticamente todos los dispositivos imaginables, obligando a pagar no sólo a los consumidores sino también a las empresas e incluso a la propia administración.

Pero aquello no era suficiente y, de hecho, llevó a muchos españoles a razonar que, ya que se les obligaba a pagar copiaran o no películas y música, estaban incluso moralmente legitimados para hacerlo. Así que la presión de quienes hicieron campaña por Zapatero en las elecciones de 2008 tuvo sus frutos al año siguiente con la designación de una representante del gremio, Ángeles González-Sinde, como ministra de Cultura. En la fiesta de celebración de su nombramiento, a la hasta entonces presidenta de la Academia de Cine se les escapó que lo primero de lo que le habían hablado era del problema de las descargas.

Dicho y hecho. Además de repartir pródigamente subvenciones a sus compañeros del gremio, su principal labor ha sido buscar la manera de luchar contra las descargas y el P2P, que cristalizó en la conocida como Ley Sinde. La norma propugna una forma de cerrar por vía administrativa sitios web que enlacen, ojo, no que posean, contenidos protegidos. Ayudados por Lassalle, que consiguió así cerrar a su partido una fuente de voto joven tremendamente sencilla de conquistar, la norma fue el germen del que nacería más tarde el movimiento de los indignados, que sin duda hará la vida imposible al PP si, como parece, termina ganando las elecciones.

Además, será finalmente el PP quien aplique esta ley. Aún no está publicado el reglamento, y aunque se hiciera ya, como cabe prever, sin duda se retrasará su puesta en marcha hasta después del 20 de noviembre. Otro caramelo envenenado, de importancia menor sin duda al lado de la situación económica, que seguramente Rajoy y los suyos se traguen sin rechistar.

Durante estos siete años, internet ha sido para el Gobierno y el PSOE una vía más para hacer propaganda, que siempre ha sido su especialidad. Pero cuando ha tenido que mojarse, ha preferido alinearse con los lobbys afines ya establecidos. Merced en buena medida a la regulación del sector, las conexiones a internet son en España mucho más caras que en otros países europeos. Pero los únicos cambios legislativos que ha promovido el Gobierno han sido para favorecer a los suyos. Como en tantas otras cosas, lo único que hemos recibido los internautas de Zapatero y los suyos ha sido sectarismo y desprecio.

Libertad Digital - Opinión

El barco de los piratas. Por Alex de la Iglesia

«Se necesita cambiar de modelo de mercado. La Red ha cambiado el mundo. Estoy hablando de una auténtica reconversión industrial»

ME llamo Alex de la Iglesia y hago películas. Eso me define. Es mi trabajo. Mis películas no son buenas ni malas, son películas. Además, presido una asociación, sin ánimo de lucro, que busca la promoción y el desarrollo de la cinematografía. No pertenezco a ningún partido ni a ninguna religión. Soy Nihilista Optimista, y me temo que esa tendencia no tiene adscripción política. Intento ser sensato, aunque no lo parezca, sobre todo si han visto mis películas. ¿Qué busco? Intento establecer acuerdos para mejorar las cosas. No cobro por ello. «Este tío es idiota»: es lo primero que tendrán ustedes en la cabeza, y lo comprendo, incluso lo comparto. Desde luego, hablo demasiado.

Otra cosa que me define es que trabajo con el ordenador. Como todos, vivo en internet, soy internauta. Tuiteo, tengo facebook, correo electrónico, y una conexión ADSL que se desconecta a menudo, y que pago religiosamente.

Todo esto lo comento para situarnos. Estos días me he encontrado envuelto en una discusión acerca de la piratería en internet. Parecía que había dos posturas, la de los creadores y la de los internautas. El asunto resultaba peliagudo, porque yo soy creador e internauta. Reflexioné (en la medida escasa de mis posibilidades), sobre el tema, y me encontré con una «falacia», como decía mi profesor de lógica medieval en la Universidad: el problema no está en el enfrentamiento de los intereses de unos y otros, está en los personajes que encauzan los intereses de ambos.

Al parecer hay una gente que cuelga en internet nuestro trabajo, y no lo hace de manera legal. Se llaman piratas. Bien. La gente se encuentra ese material y lo consume. ¿Es eso delito? No. Es lógico. Si es gratis, ¿qué quieren? Si la tienda está abierta, y huelo los pasteles, soy el primero en entrar. ¿Debemos perseguir al que lo hace? No, nadie lo ha pretendido, como, por el contrario, ocurre en otros países. El usuario no tiene la culpa: su ordenador funciona, sin más.
¿La cultura debe ser un bien de acceso universal no retribuido? ¿Somos partidarios del «todo gratis»? Creo que no, y ahora más que nunca. En el caso del cine, opino que nuestro deber es trabajar por su rentabilidad e independencia, y afianzar su aspecto industrial. La piratería no es precisamente una ayuda.

Desde mi punto de vista, esta situación de vulnerabilidad pone en peligro todo el sector audiovisual, que mueve el 4,2 por ciento del producto interior bruto y da empleo a 700.000 personas, con un mercado potencial de 500 millones de consumidores. Me parece razonable, necesario y urgente buscar una solución, y no pasa por culpabilizar al consumidor buscando un enfrentamiento ficticio entre creadores e internautas, sino al que se beneficia de un sistema jurídico ineficaz.

Precisamente, ¿no hay ya una ley que contempla estos casos? Todos sabemos que robar es delito. El problema es que la ley que existe para regular el asunto es predigital, por no decir prehistórica. No es preciso ser un ingeniero de telecomunicaciones para comprobarlo, solo hay que entretenerse cinco minutos en Google y una parte considerable del mercado cultural se encuentra a tu disposición. Libros, discos, películas. ¿Qué hacer?

En nuestro caso, la vida comercial de una película se desarrolla en las primeras semanas de exhibición en salas. La única manera de salvar su vida en los cines es actuar rápido, y siempre con autorización judicial. Para eso se precisa que el perjudicado demande esa actuación, y una vez comprobado que la demanda es legítima, y que existe intención de lucro, enviarla al juez, que decidiría, en menos de cuatro días, según el artículo 20 de la Constitución, si esa medida debe ser ejecutada o no.

Sin la decisión del juez no se prohibiría nada. ¿La propuesta es descabellada? Parece que sí. ¿O no? Posiblemente no se haya explicado con claridad, o no se haya defendido con la suficiente vehemencia. O quizá haya personas que consideren que este procedimiento coarta las libertades, están en su derecho. La conclusión es que no se ha hecho nada. Vivo en un país en el que la excelencia coincide, la mayor parte de las veces, con la no-acción. El virtuoso es el que no actúa, y por tanto, nunca se equivoca.
Lo alarmante es que esta situación puede resultar letal para todos, porque, de alguna manera, el permitir que ocurra algo ilegal termina legitimándolo. Sin ánimo de ofender a los responsables políticos, pienso que permitir acciones ilegales no es una actitud propia de un Estado de Derecho. Busquemos un acuerdo, una manera de satisfacer a todas las partes implicadas. Encontremos nexos de unión.

En este conflicto tenemos a los creadores, a los internautas y, en medio, el mar de ADSL. En ese mar gobiernan los piratas. Las descargas ilegales suponen una parte significativa del flujo de información en la Red, que manejan y cobran las grandes compañias telefónicas, orgullosas de no ver ponerse el sol en su imperio. Si yo vendo algo en mi tienda que no me pertenece, ¿no debería, al menos, intentar evitarlo? Estoy absolutamente convencido de que así lo han hecho, os lo aseguro, pero desgraciadamente, con la misma eficacia que cuando llamo desesperado para que me arreglen mi banda ancha, o cuando intento que me cambien el móvil. Sé que es difícil, y la tarea se me antoja inabarcable, titánica. Sin embargo, hay algo que me resulta tremendamente sencillo de entender: cuando yo no hago nada por mejorar algo es porque me encuentro cómodo. Me encantaría comprobar que esta situación es incómoda para alguien más que para los perjudicados, y que los implicados hacen lo posible por remediarlo.

Somos el segundo país con más piratería del mundo. Quizá sería bueno cambiar esta situación, o al menos intentarlo. Todos queremos que internet sea libre, pero esa libertad no puede construirse sobre algo deshonesto.
Para esto se necesita llegar a acuerdos. He estrenado una película en la que la ira y la intransigencia imposibilitan el amor. Podría resumirse así. En este país nos definimos no por lo que somos, sino por lo que no somos. Es más real estar en contra que a favor.

Busquemos la solución cediendo cada parte, y construyendo entre todos una nueva manera de ver y disfrutar el cine. Se necesita cambiar de modelo de mercado. La Red ha transformado radicalmente la manera de entender el mundo. Estoy hablando de una auténtica reconversión industrial. Necesitamos reaccionar rápido, y no hay tiempo para dar marcha atrás. Intentemos ver lo positivo en las propuestas y corregir los errores. Me da lástima la gente que se planta delante de una obra, apoyada en la valla amarilla, y critica la manera en que se ponen los ladrillos. No somos así. No quiero creer que seamos así.

ABC - Opinión

Lamentable Cesar Alierta

Al parecer no es suficiente lo que pagamos los usuarios por la Red de Telefónica. Lamentable comparecencia de Cesar Alierta, Presidente Ejecutivo de Telefónica S.A.

¡Menuda lengua de trapo!

Libertad 2.0 Yo ya he firmado. ¿Y tú?

Las asociaciones Foro Liberal, la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, el Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana, una vez conocido que el anteproyecto de “Ley de Economía Sostenible” pretende liquidar derechos inherentes a las personas como la libertad de expresión, la libertad de mercado, así como la Justicia (violando la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva), con el fin de otorgar privilegios feudales a una industria obsoleta, tecnófoba y caduca que se resiste a introducir los cambios necesarios para adaptarse al progreso, han elaborado el siguiente manifiesto en defensa de la libertad y los derechos civiles que invitan a suscribir a cuantos ciudadanos y asociaciones o movimientos cívicos quieran.

Consideramos que:

1.- Los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el gobierno para instaurar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles.

2.- Los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar en ningún caso derechos fundamentales de los ciudadanos ni se puede admitir que en su nombre se liquide la Justicia.

3.- La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no. Y tal es la medida que el gobierno ha introducido en el despojo legal llamado “Ley de Economía Sostenible”, al articular la Sección Segunda (SS), que será una comisión formada por personas designadas por políticos que decidirá qué contenidos son admisibles y cuáles no.

4.- Un aumento de la libertad en el intercambio de información nunca podrá ser alcanzado por vías políticas, sino por el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación. Internet ofrece por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de comunicar de ciudadano a ciudadano de forma multimedial. De esta manera los propietarios de los medios de comunicación tradicionales -claramente influenciables por lobbies políticos y/ó gubernamentales- pierden su posición de monopolistas y “guardianes” de la información. Los periodistas profesionales han de hacer frente a la competencia nacida en internet, la cual ya es herramienta efectiva a la hora de verificar la veracidad de las afirmaciones periodísticas.

Entendemos que desde la Ley de Economía Sostenible se pretende, sobre todo, salvaguardar los derechos y privilegios de quienes de forma tradicional han contribuído al establecimiento de vías políticamente adecuadas a sus propios intereses y no al servicio de la veracidad informativa.

5.- Los enlaces en ningún caso constituyen un delito, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones los tribunales españoles y existe un derecho a copia privada que desde el gobierno, sometido y entregado a lobbies de presión, se quiere criminalizar. Los internautas son “piratas”, se afirma desde el poder y sus terminales mediáticas.

6.- El intercambio libre y voluntario de archivos (como de libros o de discos) no sólo no es un delito, sino que tipificarlo como tal es un atentado contra la libertad de los ciudadanos.

7.- Como se afirmaba en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por cientos de miles de ciudadanos, “intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo”.

8.- El modelo propuesto por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevará, por el cada vez mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan, a la ruina a unos creadores, cuyo derecho de creación vulnera esta ley, engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión. Además, al introducir inseguridad jurídica, resultará notablemente dañina entre los empresarios del sector.

Por todo ello

1.- Exigimos la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible y la dimisión de las ministras responsables de la comisión de este atentado contra la libertad de los ciudadanos, Elena Salgado y Ángeles González-Sinde.

2.- Así mismo exigimos la inmediata retirada del canon digital, por criminalizar a los ciudadanos presuponiendo que van a cometer un delito e imponiendo un impuesto, otro más, sobre la población para así mantener a los privilegiados por la casta política.

3.- Que se modifique la legislación para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades.

4.- Animamos a los ciudadanos a difundir este manifiesto por cualesquiera medios estén a su alcance y a darle la máxima difusión a nivel nacional e internacional, así como a colaborar en cualquier iniciativa puesta en marcha en contra de la “Ley de Economía Sostenible”.

Firma aquí.

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Mr. Bean y el XSS. Por Daniel Rodríguez Herrera

Ha sido una imagen de notable incapacidad tecnológica la que ha dado este Gobierno del nuevo modelo de desarrollo productivo, basado en el I+D y no en el ladrillo, y todas esas monsergas propias de quien no sabe de qué habla.

Al final, ¿han atacado o no la web de la presidencia española de la UE? ¿Ha sido hackeada? ¿Qué ha pasado exactamente? Resulta difícil de entender para un lego, incluso para alguien que sabe algo de ordenadores pero no de seguridad informática, saber qué ha sucedido en realidad. Porque por mucho que el Gobierno insista en hablar de un "fotomontaje" son demasiados los que han visto directamente en su navegador la foto de Mr. Bean sustituyendo a la del presidente del Gobierno. Y sin embargo, es cierto que la seguridad de los servidores que alojan la web no ha sido comprometida. Pero ¿cómo se traduce este galimatías?

Normalmente se entiende como un ataque el uso de alguna técnica que permite a los malos entrar en el ordenador de otro como si fuera el propio o inutilizarlo de alguna forma. No es eso lo que ha pasado. Lo que se ha producido es un ataque empleando una técnica llamada cross-site scripting o XSS, información que imagino les habrá dejado igual de fríos. Mediante esta técnica pueden lograrse muchas cosas, entre ellas alterar un sitio web sin entrar en él, que es lo que han hecho en este caso.

Muchas veces, por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google (por ejemplo, "ld"), podrán ver cómo la dirección de la web es un galimatías un poco incomprensible ("http://www.google.es/#hl=es&source=hp&q=ld&btnG=Buscar+con+Google&meta=&aq=f&oq=ld&fp=cd373de720a5339") en el cual se le envía al buscador un montón de información, entre la que destaca el texto que queremos encontrar en la web. En muchas páginas puede suceder que si en lugar de enviar un texto, digamos, normal, se envía código escrito en algún lenguaje de programación se consigue que éste se ejecute, lo que nos puede permitir, entre otros resultados, alterar el contenido que ven los usuarios.

Cuando ustedes accedían a la web por la dirección habitual, www.eu2010.es, veían la web en su estado normal. Sin embargo, el hacker en cuestión hizo circular una dirección similar a esos prodigios de arte abstracto que son a veces las direcciones de las páginas de los buscadores que hacía que la web de la presidencia española de la UE mostrara la imagen de Mr. Bean. No era un fotomontaje, no, pero tampoco fue un ataque clásico, de los que permiten a los malos hacerse con el control de la página. La web, vamos, no fue "hackeada", tal y como se suele emplear ese término.

Pero el problema es que da lo mismo si a esto se le llama técnicamente un ataque o no, porque el resultado que han visto los internautas ha sido equivalente a si lo hubieran hecho. Se trata de una imagen de notable incapacidad tecnológica la que ha dado este Gobierno del nuevo modelo de desarrollo productivo, basado en el I+D y no en el ladrillo, y todas esas monsergas propias de quien no sabe de qué habla. No es que no se lo merezca, claro.

Libertad Digital - Opinión

Arrogarse y descargarse. Por Maite Nolla

Ver a Ignacio Escolar representando a los internautas es como ver a los periódicos nacionalistas catalanes pontificando sobre la dignidad de Cataluña.

No es para desilusionar al personal, pero los internautas, blogueros y demás sois unos pardillos. Entiendo que es muy emocionante pensar que estamos ante la posible dimisión de la ministra de Cultura, que representa la entrada de un grupo de presión en el Consejo de Ministros. Bajo la apariencia de una radicalidad de izquierdas y de la defensa de la cultura, lo cierto es que a los que más perjudica el canon digital es a los que menos tienen. El canon es como el IVA, un impuesto que pagan los pobres más caro que los ricos. Cierto es que el canon ni siquiera tiene naturaleza tributaria –eso conllevaría cierta defensa por parte del pagano– pero es que, como el IVA, lo pagan todos por igual con independencia de su capacidad económica. Y la ministra representa todo esto. Lo mismo que el encarecimiento de productos que hoy en día son casi básicos, como los ordenadores o los teléfonos. Lo mismo que la desproporción inadmisible entre la protección civil y penal de la propiedad intelectual, y la escasa y ridícula de otro tipo de propiedades. Cortarle la luz a un inquilino moroso, declarado moroso por una sentencia, puede ser considerado como un delito de coacciones.

Como decía, sois unos pardillos, queridos. Pensar que porque Zapatero haya dicho que no se va a cortar internet, quiera decir que no se vaya a cortar internet, es de incautos. Necesitaría parte del artículo de Pablo Molina para que cupiera una lista de los embustes y contradicciones de Zapatero y de su Gobierno. Y parte del artículo de cualquiera de mis otros compañeros de Opinión, para hacer un listado de las víctimas que las mentiras de Zapatero han ido dejando por el camino.

Lo que si me ha llamado la atención es que en España arrogarse representatividades sea gratis. Lo vimos con la comedia editorial de Cataluña la semana pasada y lo estamos viendo ésta. Ver a Ignacio Escolar representando a los internautas, es como ver a los periódicos nacionalistas catalanes pontificando sobre la dignidad de Cataluña.

La cuestión es que lo que se pretende es cortar las comunicaciones para resolver pleitos civiles. Lo demás es perderse. Y pensar que Zapatero está en contra de eso es, simplemente, mentira. Zapatero no sólo es el promotor del estatuto de Cataluña, en el que cualquier ilegalidad tiene acomodo, sino que su partido preside, dirige y cobra del famoso CAC, que ya dijo que quería extender sus atribuciones, es decir, su censura, a internet. Y el CAC es lo mismo que el consejo que quieren crear la ministra y Zapatero: un órgano administrativo capaz de censurar a un medio –en este caso, una página– sin intervención judicial. Un estatuto y un CAC con los que está encantado uno de los representantes internautas, llamado Ignacio Escolar. ¡Un ex director de Público defendiendo la libertad!

Otra cosa, ¿desde cuándo una manifestación o una recogida de firmas millonaria ha servido para cambiar nada de alguno de los proyectos iluminados de Zapatero? Lo digo para ir midiendo los esfuerzos.

Libertad Digital - Opinión

Con razón quieren acabar con internet. Por Pablo Molina

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz.

En la sociedad actual sólo se produce un escándalo mayúsculo cuando el protagonista no es de izquierdas o el asunto concreto no está incluido en la agenda progresista. En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.

De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.

En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.

No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.

Libertad Digital - Opinión

El Gobierno tiene un problema: no entiende nada de Internet

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha cosechado su primer fracaso incluso antes de comenzar su tramitación parlamentaria. El mundo de Intenet se ha amotinado contra una norma que convierte a los proveedores de información y contenidos en la Red -medios de comunicación, empresas, blogueros o instituciones sin ánimo de lucro- en sospechosos con carácter preventivo.

Una comisión ad hoc creada por el Ministerio de Cultura -y por lo tanto bajo la esfera del Gobierno- podrá cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial. Si hasta el momento esa potestad sólo podía ejercerse con carácter excepcional e inmediato cuando había razones fundadas ante la comisión de algún delito de carácter general (orden público, defensa nacional, protección de la salud ciudadana o integridad de la infancia), ahora el Gobierno pretende extender ese especial nivel de protección a la propiedad intelectual. Como si esta materia -por importante que sea- tuviera la misma transcendencia que un delito contra la seguridad del Estado.

El sector se ha levantado en armas, aunque sean virtuales. Y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que estamos ante un atropello del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva es una garantía constitucional, y parece evidente que una resolución de carácter administrativo no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información. Lo contrario sería algo muy parecido a la censura previa, erradicada desde hace muchos años de nuestro orden constitucional.

Más allá de consideraciones jurídicas, lo que es relevante es la incapacidad del Gobierno para entender el fenómeno de Internet en toda su amplitud. En El Confidencial sabemos de qué hablamos. La fantasmagórica reunión de ayer entre la ministra de Cultura y un grupo de internautas que se representan a sí mismos, revela hasta qué punto el Gobierno ni si siquiera es capaz de contactar con interlocutores válidos.

«La tutela judicial es una garantía constitucional y una resolución administrativa no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información»

Probablemente, eso tenga que ver con la bisoñez política de la propia ministra, que intentó colar por la puerta de atrás una medida de tanta transcendencia. El cambio legal ni siquiera aparecía en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Ahora, según se anuncia extraoficialmente, es muy probable que decaiga el polémico artículo, lo cual supone un auténtico récord guinness. Se cambia una ley en fase de anteproyecto, antes incluso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Un problema de seguridad jurídica

No se está hablando de cualquier modificación legal, sino de una nueva norma que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de empresas y particulares que constituyen el núcleo de la sociedad de la información, y que de la noche a la mañana podrían verse abocadas al cierre simplemente porque un autor sintiera que la propiedad intelectual de su obra ha sido violada. Ya sea por la publicación de una foto sin autorización expresa o la emisión de una canción sin consentimiento. Es evidente que la legislación debe amparar el derecho de los autores a monetizar su obra, pero es el propio Estado quien debe articular fórmulas sin que sean pisoteados derechos fundamentales.

Ahora que se habla tanto de economía sostenible, no estará de más recordar la importancia económica de Internet, y por eso alguien debería mencionar a la ministra González-Sinde (¿por cierto, donde está Sebastián?) que en 2008 las transacciones de bienes y servicios realizadas a través de la Red generaron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Es decir, medio punto del PIB.

Parece obvio que el Gobierno cometería un grave error si para contentar a su base electoral (la SGAE y sus adláteres) pone en peligro el futuro de esta industria, cuya capacidad de crecimiento es colosal. ¿Quién se atrevería a invertir en una empresa que puede ser cerrada durante varios días por una simple decisión administrativa tras la denuncia de un autor?

La era del control previo se ha acabado, e Internet no sería nada sin los enlaces -los célebres hipervínculos- que posibilitan un caudal de información casi infinita. Y si se corta ese cauce se mata la Red, y con ella muere la economía española. Se trata de un asunto demasiado serio como para estar en manos de una ministra que no entiende nada de Internet y de lo que está detrás de la Red. Probablemente como el propio Gobierno, obsesionado con compensar a quienes avalaron a Zapatero para llegar a la Moncloa. Lo que deberían hacer los autores que recientemente firmaron un manifiesto es negociar nuevos sistemas de remuneración en lugar de etiquetar como ‘piratas’ a medio mundo por el hecho de prestarse canciones o películas sin necesidad de utilizar una copia física.

Alguien ha dicho que la patada en la puerta de Corcuera ha sido sustituida por la patada en el router. Esperemos que a la ley González-Sinde le apliquen la misma medicina.

El confidencial

Hacia el secuestro de internet

Los internautas han reaccionado a tiempo y han hecho dar un paso atrás a los políticos. Pero como muchos de sus pasos atrás, será sólo para volver a intentar que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos.

Internet es uno de los mecanismos que más ha abaratado a lo largo de la historia la transmisión de información; esa mercancía tan costosa durante tanto tiempo que hoy resulta accesible y casi gratuita para todo el mundo.

Tal revolución en las comunicaciones, que adquiere su verdadera dimensión cuando la ponemos en perspectiva histórica, supone sin duda alguna una oportunidad muy clara no sólo para enriquecernos, sino también para divertirnos, cultivarnos, relacionarnos y defender nuestras libertades. Gracias a internet, nunca ha sido tan sencillo que personas con motivaciones comunes aúnen esfuerzos en un mismo proyecto (incluyendo los de tipo ideológico); nunca ha sido tan fácil que todo ciudadano que así lo desee pueda convertirse en un periodista que investigue y denuncie los abusos del poder político.

De ahí que los gobernantes siempre hayan observado la red con un cierto recelo. Demasiados ojos y demasiadas voces vigilando y criticando un mundo –el político– tradicionalmente caracterizado por la opacidad y las intrigas. A un mandatario le puede ser relativamente fácil controlar a los grandes grupos de comunicación, que en buena medida dependen de las licencias y de los favoreces que se les conceda desde el Estado, pero sin duda le resulta prácticamente imposible someter a millones de ciudadanos que, de motu proprio, bregan por promocionar sus propias ideas, inquietudes y hallazgos.

He ahí toda la explicación que requiere ese movimiento gubernamental, cada vez más extendido por Europa y que ha terminado por prender en España, que con la excusa de proteger la propiedad intelectual otorga a la Administración la potestad para cerrar páginas web.

Una práctica que no por saberse inconstitucional –el art. 20.5 reza claramente que "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial"– y no por ser conscientes de que atenta contra algunos de los derechos humanos más fundamentales, hará cambiar de idea a los gobiernos sobre la necesidad de regular y poner coto esa gran amenaza para su poder omnímodo llamada internet.

Corresponde a los tribunales de justicia –supuestamente despolitizados, independientes e imparciales– controlar si en la red, como en cualquier otro ámbito de la vida social, se comete algún delito. No es necesario ningún tipo de nueva normativa adicional que, pretendiendo actualizar las leyes a los tiempos, sirva para limitar nuestras libertades. Pero eso es exactamente lo que pretenden nuestros gobernantes: arrogarse la capacidad de censurar páginas web con cualquier excusa.

González Sinde es una política sin experiencia cegada por la codicia y el muy socialista ímpetu prohibicionista. No ha sabido manejar los tiempos y se ha ganado algo parecido a una reprimenda por parte de Zapatero y Caamaño. Esta vez los internautas han reaccionado a tiempo y parece que la avanzadilla intervencionista ha dado un paso atrás. Pero como muchos otros de sus pasos atrás, será sólo para coger impulso, para volverlo a intentar más adelante hasta que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos. Una vez consigan justificar las primeras regulaciones de excepción sobre internet, las siguientes vendrán a manadas. Es una batalla que no se puede perder.

Libertad Digital - Editorial

Rebelión en la Red. Por Ignacio Camacho

EL Gobierno ha pisado un cable de alta tensión y se va a electrocutar en el cortocircuito. Para proteger al lobby de los músicos y artistas ha soliviantado internet sin calcular que la Red es a día de hoy una expresión posmoderna, aunque desordenada, de la soberanía popular, y ha desatado una formidable sacudida digital de protesta, una tormenta cargada de electricidad colérica en el ciberespacio, donde la opinión pública posee una potentísima capacidad asociativa. La blogosfera es un clamor contra el proyecto de protección de la propiedad intelectual y la ley-cajón de Economía Sostenible (?) ha hecho crisis prematura por el flanco más inesperado. Pero los políticos no se enteran porque no navegan por el mar electrónico; ayer se dedicaron en el Congreso a contar parados y discutir si son muchos o pocos mientras la red estallaba en un arrebato de rebeldía.

Al fondo del debate hay una cuestión razonable, que es la de la salvaguarda de los derechos de autor en una sociedad cuya tecnología permite saltárselos y ha extendido la cultura de la gratuidad, pero el Gobierno ha abordado el asunto de la peor manera: de tapadillo y bajo la presión directa de un grupo sindicado que no se recata de exhibir su capacidad de influencia. Hace quince días se manifestaron en Madrid cincuenta mil campesinos y no salió a recibirlos ni un ujier de Agricultura; el martes hubo un puñado de cantantes en la puerta de Industria y salió a parlamentar el ministro. La señora González-Sinde ha puesto Cultura de rodillas ante sus colegas del cine y todo el poder zapaterista parece rehén de sus compromisos con una minoría que a la gente se le antoja un clan de privilegiados. Acaso la alarma de la Red sea injustificada porque el proyecto gubernamental no va tan lejos como parece en la censura, pero la gestión ha sido desastrosa, confusa, maniobrera y llena de oscurantismo, de tal modo que los internautas creen que les quieren cortar la conexión y cerrar por decreto las webs de descargas. El Gobierno que blasona de extender las libertades ha dado la impresión de cercenar la más moderna de ellas para favorecer a sus amigos.

La respuesta ha sido inmediata y arrolladora. Las redes sociales, que son una modalidad espontánea de articulación de la sociedad civil, se han puesto en orden de combate. Hay manifiestos, foros, grupos de debate, una movilización impetuosa llena de ardor guerrero. Democracia participativa en estado puro, de la que le gusta al presidente. Hasta ahora, Zapatero ha hecho oídos sordos a todos los clamores colectivos expresos en forma de manifestaciones; se ha pasado por el forro las protestas de los antiabortistas, de los agricultores, del sector educativo y hasta de las víctimas del terrorismo. Ahora le llega la queja de internet, la quintaesencia de la posmodernidad. Si la desprecia es que se ha vuelto definitivamente sordo.

ABC - Opinión

Manifiesto “En defensa de los Derechos Fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Prohibir los enlaces para salvar los periódicos. Por Daniel Rodríguez Herrera

Lo malo es que todas estas medidas son un ataque a derechos fundamentales, para cuya violación las conveniencias económicas no deberían ser razón suficiente. Y perder eso de vista parece ser desgraciadamente habitual para demasiados de los Chicago Boys.

La industria discográfica no es la única que se está muriendo por no saber encarar una difícil transición. Los grandes periódicos de papel también están sufriendo lo suyo. Sin embargo, y al contrario que otros afectados por internet, lo cierto es que no pueden culpar a la piratería de sus problemas. Tampoco es que los otros sí puedan, pero al menos es una excusa plausible. En cambio, los diarios se enfrentan a un cambio de hábitos, que ha sustituido el papel por la pantalla, y el notable incremento de competencia que ese mínimo cambio ha traído consigo.

El problema para los diarios no es el cambio de soporte. Al fin y al cabo, cuando bajamos al quiosco pagamos sólo una parte del coste de escribir, maquetar, imprimir y distribuir esos cachos de papel; el resto lo sufraga la publicidad. En internet los costes de impresión y distribución se reducen a la mínima expresión, de modo que los anuncios podrían seguir pagando lo que cuestan los contenidos. Pero claro, al haber desaparecido esos costes, las barreras de entrada a la cosa periodística son ahora ridículas y los periódicos se enfrentan a la competencia de, entre otros, ¡sus propios lectores!

Como siempre que sucede un cambio fundamental, una "destrucción creativa" de esas, las alternativas se reducen a dos grandes grupos: adaptarse o morir. Curiosamente la prensa, mayoritariamente progresista en todo Occidente, parece haber optado por olvidarse de Darwin y hacerse creacionista, con lo que se ríen de los yanquis por eso. Así, en todo el mundo se suceden demandas contra Google News por el pecado de poner a disposición de los usuarios los titulares de las principales noticias y ofrecer enlaces para leerlas en los medios que las publicaron. ¿La razón? Que Google gana dinero y "utiliza nuestros contenidos", según los editores de prensa. Sin embargo, el gigante californiano no hace nada que no hagan los propios periódicos, que se hacen eco (o deberían) de las noticias de sus competidores. Simplemente lo hace de forma automática.

En éstas estábamos cuando Richard Posner entró en juego. Para quienes no lo conozcan, que serán muchos, Posner es un jurista norteamericano de reconocido prestigio (pero de verdad, no al Bacigalupo modo) que al contrario que muchos de sus colegas algo sabe de economía, lo que por otra parte probablemente le haya cerrado las puertas del Supremo. Es un "Chicago boy", con todas las virtudes y los defectos que esa etiqueta conlleva. Tiene un blog que escribe a medias con el Nobel de Economía Gary Becker, en el que ambos exponen semanalmente su visión sobre un asunto. ¿Y cuál fue el de la semana pasada? La muerte de los periódicos.

Mientras Gary Becker lamentaba, básicamente por motivos sentimentales, la suerte funesta de la letra impresa, pero admitía que no había riesgos de muerte de la prensa dada la vitalidad que ofrecía internet, Posner parecía no creer que pudiera existir forma alguna de que pudiéramos tener periodismo sin periódicos. Convencido de que hacerse eco y enlazar a las noticias de otro medio es pernicioso para esos grandes diarios que son los únicos que crean contenidos relevantes, exponía dos soluciones, que mostraban su ignorancia del negocio: prohibir el enlace y la cita a los diarios o prohibir el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor sin permiso de eso, del autor.

Seamos serios, todos los medios en internet quieren que la gente los enlace, porque es la manera de que se los lea más y, por tanto, ganar más dinero con la publicidad y tener suficiente para crear esos "contenidos diferenciales" que tanto le preocupan a Posner. Además, ya está prohibido acceder a las noticias que los medios quieran proteger, como demuestra el Wall Street Journal; otra cosa es que quieran, porque el diario neoyorquino es el único que ha tenido cierto éxito cobrando por parte de sus contenidos.

Pero el problema de Posner es algo más profundo. Al fin y al cabo, podría haber propuesto la obligatoriedad de enlazar con la fuente del contenido, que sería una medida más razonable dentro del entorno de la web, y que podría evitar casos de vampirismo que todos conocemos. Lo malo es que todas estas medidas son un ataque a derechos fundamentales, para cuya violación las conveniencias económicas no deberían ser razón suficiente. Y perder eso de vista parece ser desgraciadamente habitual para demasiados de los Chicago Boys. Es lo que tiene ser "experto" y "tecnócrata", que a veces se pierde de vista lo más importante.

Libertad Digital - Opinión

AVISO: INTERNET NO ES COSA DE GOBERNANTES

«Si hay argumentos jurídicos para recelar de un organismo como la Hadopi, todavía los hay más para recelar de un organismo con interés de parte y de tan escasa transparencia como la Sociedad General de Autores».

Los navegantes de internet –al menos los franceses– pueden sentirse aliviados. El Consejo Constitucional francés acaba de tumbar buena parte de la mal llamada "ley antipiratería" impulsada por Sarkozy, por la que un organismo administrativo –la Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet (HADOPI)– quedaba facultado a cortar el acceso a internet a aquellos navegantes que hicieran descargas de archivos protegidos por derechos de autor. Según esta controvertida ley, los internautas que realizaran este tipo de descargas recibirían un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les cortasen el acceso por una duración entre seis meses y dos años.

Aunque el asunto en litigio sea algo tan moderno como las descargas en internet, no hay que extrañarse de que el Consejo Constitucional francés se haya remontado a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 a la hora de argumentar su oposición a semejante medida: los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y de comunicación y ciertos principios tan esenciales como el de la presunción de inocencia podían, ciertamente, vulnerarse en el caso de que fuera un organismo administrativo, y no un tribunal de justicia, el encargado de enjuiciar y condenar un presunto delito.

A este respecto, también hay que recordar que el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente y por aplastante mayoría el llamado informe Lambrinidis, relativo a las libertades individuales en internet. En él se censuraba que gobiernos o empresas pudieran cortar el acceso a la red como forma de sanción, ya que tal extremo afectaba a derechos clave como el respeto de la vida privada, la protección de datos o la libertad de prensa.

Esperemos que esta noticia desaliente en España a quienes, como los dirigentes de la SGAE, no se contentan con el no menos injusto canon digital, sino que llegan al punto de pretender seguir por el mismo camino que el rechazado por la justicia francesa.

De hecho, el Gobierno de Zapatero ha intentado llegar a una decisión similar mediante un acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de autor y los operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, si bien hay argumentos jurídicos para recelar de un organismo como la Hadopi, todavía los hay más para oponerse a un organismo con interés de parte y de tan escasa transparencia como la Sociedad General de Autores. Dado que estas asociaciones no pueden sustituir a los tribunales de justicia, tampoco se les puede encomendar a ciertos operadores de telecomunicaciones las labores de espionaje que no les corresponden en un Estado de Derecho digno de ese nombre.

El problema es que la voracidad de la SGAE y los favores del Gobierno son tantos que nadie debería descartar que terminen asaltando nuestra vida privada y nuestras libertades con la excusa de la lucha contra la piratería. Es el precio que debemos pagar por una ceja convenientemente colocada.

Libertad Digital - Editorial

Google Wave Preview

wave.gooble.com

INTERNAUTAS, ¡A LA CALLE!. Por Daniel Rodríguez Herrera

Navegante
«Es la sociedad la que debe defenderse de los intentos por fiscalizarnos, tratarnos como culpables al margen de lo que hagamos, espiarnos para ver si cometemos el pecado –que lo es, y mortal– de descargarnos cine español.»

El próximo domingo 24 de mayo, a las 12 horas, en la Plaza del Rey de Madrid, los internautas nos jugamos mucho. En concreto, que seamos un colectivo al que nadie hace mucho caso porque no molesta al Poder o que la opinión de quienes defendemos una red alejada todo lo posible de las manazas de los políticos sea escuchada y atendida.

Como bien dijera el maestro Carlos Rodríguez Braun, en nuestro querido Estado del Bienestar "la redistribución no es de ricos a pobres sino de grupos desorganizados a grupos organizados". Sólo que este hecho no se limita a las transferencias económicas. Hemos pasado de ser un Estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la ley a volver al Antiguo Régimen en la que se conceden diversos fueros y privilegios que ponen a unos encima de otros. En este caso, a artistas de la ceja por encima de usted y de mí, que cometemos el grave pecado de usar internet en lugar de ir al cine o ver la tele a recibir nuestra ración diaria de soma.

Zapatero nunca se ha preocupado por nosotros. Le basta con tener la máquina de la propaganda lo suficientemente bien engrasada para poder ocupar la poltrona el tiempo suficiente para modelar la sociedad a su antojo. Los estragos de la crisis sólo le quitarán el sueño si logran hacer olvidar a suficientes personas lo mala que es la derecha y lo buenos que son ellos, los progresistas. Y para eso ni siquiera le hace falta que los artistas se manifiesten a su favor o en contra del PP, que lo mismo le da. Basta con que hagan su trabajo, como nos recordó Borja Prieto. Mientras en las pantallas los malos sean curas, las familias estén rotas y los republicanos se transformen en inocentes demócratas, todo irá bien.

Así pues, Zapatero les dará lo que les pida. A no ser que en esa pantalla rectangular en la que basa toda su acción política aparezca un grupo de personas protestando ante los nuevos y los viejos fueros, contra el canon de siempre y el nuevo, ese que pagaremos los internautas, usuarios de móvil y esas televisiones que están naciendo ahora y que de prosperar permitirían romper con ese oligopolio de telediarios de izquierdas o, como mucho, que no molestan. Y sólo lo conseguirá una concentración lo suficientemente numerosa. Los números totales no importan. Sólo existen tres grandes categorías de manifestaciones: las que todos ignoran porque reúnen a tres gatos, aquellas con la gente suficiente como para poder decidir si se informa sobre ellas pero no tantas como para que resulte obligado y ese grupo selecto de movilizaciones que no se pueden ignorar y que hay que tratar de ridiculizar o neutralizar.

Los internautas nos hemos quedado hasta ahora quietecitos delante de nuestro ordenador, que es justo donde nos querían mantener. Desgraciadamente, en este sistema que sólo cambia a base de ruido en las calles, debemos demostrar que somos un grupo organizado que puede suponer un problema en plena campaña electoral. Vendrán partidos, o no, pero eso es lo de menos. Es la sociedad la que debe defenderse de los intentos por fiscalizarnos, tratarnos como culpables al margen de lo que hagamos, espiarnos para ver si cometemos el pecado –que lo es, y mortal– de descargarnos cine español.

Es posible que no lo consigamos. Pero es nuestro deber intentarlo. Allí nos veremos.

Libertad Digital - Opinión

Google alquila un rebaño de cabras para que limpien el solar de su sede principal

• La empresa cree que es un método sostenible y más limpio que el cortacésped
• Paga el préstamo del ganado a una empresa especializada en estos servicios

Todos coinciden en que Google es un paradigma de la modernidad, un exponente de inventiva y éxito empresarial.

Por ello, es toda una lección que haya decidido utilizar un rebaño de cabras para limpiar de maleza y matorrales los jardines de su sede principal en California.

A primera vista, la decisión parece extraña. ¿Puede haber algo más alejado de la innovación y los bits que un puñado de cabras? Algunos medios que se han hecho eco de la noticia han ligado esta decisión a la crisis económica, dando a entender que Google pretendía reducir su gasto en jardinería. Nada más lejos de la realidad. La lectura es otra y tiene que ver con los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como el cambio climático.

Para Google, que parece estar siempre un paso por delante en el camino hacia el futuro, no hay nada más moderno que apostar por la ganadería: es un método renovable, ecológico y limpio de mantener sus zonas ajardinadas.

Y, además, no genera emisiones de CO2, porque al sustituir los ruidosos cortacéspedes propulsados por gasolina por las laboriosas cabras, la compañía está reduciendo su huella de carbono.

Así lo explica Dan Hoffman, responsable de Servicios Generales de la sede de Google en Mountain View, California, en el blog de la compañía donde se ha dado a conocer la iniciativa.

"En las oficinas centrales de Mountain View, en California, tenemos algunos campos que necesitamos segar de vez en cuando para limpiar las malas hierbas y aclarar los matorrales y evitar así el peligro de incendios", explica Hoffman. "Esta primavera hemos decidido afrontar esa tarea con una tecnología baja en carbono. En lugar de usar ruidosas máquinas cortadoras de césped, que se mueven con gasolina y contaminan el aire, hemos alquilado algunas cabras para que hagan el trabajo por nosotros", añade.

Isabel Salazar, responsable de Producto y Marketing en Google España comenta a elmundo.es que la iniciativa californiana forma parte de la responsabilidad social de la compañía. Un 1% del beneficio se destina a promover la salud, el desarrollo de pequeñas empresas, la mejora de servicios púbicos o el medio ambiente.

El uso de cabras en el parque de Mountain View responde a ese último interés: conseguir reducir las emisiones de carbono. Salazar aclara que una medida así no es aplicable en España, puesto que la sede de la compañía carece de jardines por estar situada en un rascacielos madrileño. Sin embargo, Google España ha adoptado medidas de reducción de impacto ecológico, como el reciclaje de todo el papel usado en la oficina o el destierro de las botellas de agua mineral de plástico: todos los empleados rellenan de agua una cantimplora suministrada por la compañía.

Mientras, en California, siguen usando el ganado. "No, no estamos bromeando", aclara Dan Hoffman. "Un pastor nos trae unas 200 cabras y pasan una semana con nosotros, comiendo la hierba y fertilizando el terreno al mismo tiempo" con sus excrementos. Las cabras vienen acompañadas también de un perro pastor, un collie que responde al nombre de Jen.

Para aclarar las bondades de la medida, el responsable de Google explica que, de hecho, les cuesta lo mismo que hacerlo con máquinas de cortar el césped y, desde luego, "es más agradable ver cabras que máquinas ruidosas".

¿Se han vuelto locos en Google? Desde luego que no. De hecho, no son los primeros en utilizar este método. También el Ayuntamiento de San Francisco utiliza ganado para mantener a raya la maleza en algunas de sus zonas verdes; y una competidora de Google como Yahoo también ha recurrido a los animales para cuidar sus terrenos.

De hecho, si Google ha podido 'contratar' un rebaño de cabras es por la existencia de empresas especializadas en prestar estos servicios. California Grazing (Pastoreando California) es el nombre de la compañía que alquila las 200 cabras. Y esta es la forma en la que explican su producto: "¡Nuestra flota de 800 cortadores de maleza autopropulsados y ecológicos están listos para tu proyecto!". Su presentación de intenciones continúa así: "Estos bonitos y baratos cortacéspedes retiran los cardos, los arbustos, la maleza y las especies invasoras permitiendo al mismo tiempo que se regenere la vegetación autóctona, previniendo los incendios y evitando el consumo de combustible". Sus intenciones quedan bien explicadas en el lema con el que se anuncian: Go Green/Go Goat, algo así como "Pásate a lo verde, pásate a las cabras". El cambio climático es una cuestión de peso en todo el asunto. Muchas empresas y ciudadanos sensibilizados están tratando de reducir su consumo de combustibles fósiles. Y sustituir máquinas de gasolina por animales es un paso en esa dirección.

La asociación entre Google y los empresarios del Go Green/Go Goat podría parecer una modernez propia de la extravagante California, pero en realidad es algo muy extendido y con profunda razón ambiental. En España, sin ir más lejos, hay expertos en desarrollo rural y gestores forestales que denuncian que el abandono de la ganadería extensiva, es decir, en libertad, ha provocado que los montes se deterioren, se llenen de maleza y sean más propensos a los incendios.

Benigno Varillas, fundador de la revista de ecología 'Quercus' y un referente en el mundo del medio ambiente, defiende que los pastores deberían ser reivindicados como personal antiincendios y retribuidos por ello.

Domingo Jiménez Beltrán, ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ha realizado estudios sobre cuánto cuesta mantener limpio el terreno forestal. Son unos 60 euros por hectárea año. Es una renta que Jiménez Beltrán sugería en un artículo que recibieran los propietarios que hagan su trabajo. Ese trabajo que antes hacían los pastores con la ganadería extensiva.

Jaime Izquierdo, experto en desarrollo rural y asesor del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se pregunta si ciudades como Madrid, por ejemplo, podrían tener una división de ganadería para cuidar ciertas áreas verdes.

De hecho, explica, en la Casa de Campo ya pasa cierta parte del año un rebaño de ovejas de los que participan en el día de la reivindicación de la Trashumancia. "¿Podría hacerse de manera oficial y organizada?". "¿Podría Madrid tener un rebaño para cuidar jardines que se convirtiera en aula abierta sobre ganadería, que pasara el año entre los jardines y los pastos de montaña abandonados en la sierra de Madrid y que, incluso, acabara ofreciendo productos alimenticios made in el Departamento de Jardines?".

Las propuestas lanzadas al aire por el experto encuentran respuesta en EEUU. Allí, son empresas como California Grazing las que lo están llevando a la práctica. Lo están haciendo ya, y nada menos que con Google. ¡Go Green/ Go Goat!

El Mundo

UN NUEVO IMPUESTO A INTERNET. Por Daniel Rodríguez Herrera

Navegante

«Es difícil creer en la seriedad de ningún político al explicarnos las medidas con las que pretende sacarnos de esta crisis si entre ellas no está la inmediata supresión de todas las televisiones públicas.»

Existen pocas cosas más absurdas en una sociedad democrática que los medios de comunicación propiedad del Estado. Con ellos se obliga a los ciudadanos a pagar por televisiones perfectamente serviles a los designios de los partidos en el poder. Cualquier excusa con respecto a su mantenimiento cae en el ridículo en un escenario en el que la TDT ya está llenando los números de nuestros mandos a distancia de decenas de canales que no nos cuestan un duro. Y en momentos de crisis, en los que es crucial que los gobiernos se aprieten el cinturón, resultan un gasto inadmisible.

Las televisiones públicas son contraproducentes en una democracia y resulta difícil creer en la seriedad de ningún político al explicarnos las medidas con las que pretende sacarnos de esta crisis si entre ellas no está la inmediata supresión de todas las televisiones públicas, sea vía privatización o directamente mediante el cierre. No sólo RTVE, sino también las autonómicas.

Y en este escenario el Gobierno anuncia un aumento de los gastos de la televisión pública que serán pagados, en parte, por los impuestos de todos y, sobre todo, por dos nuevas tasas que deberán sufragar las empresas de televisión privadas y las operadoras de telecomunicaciones.

Sobre ese primer impuesto no se ha escrito mucho, especialmente porque las principales cadenas están de acuerdo con el trato, pues estiman que ganarán más de lo que pierden. Sin embargo, se olvida que muchas otras empresas que están intentando hacerse un hueco como buenamente pueden van a ver muy mermadas sus posibilidades de romper con el oligopolio de las telecincos, antenatreses, cuatros y sextas, que en breve será aún más pequeño gracias a las fusiones. Libertad Digital TV, Veo o Intereconomía TV, entre otras, tendrán que pagar este diezmo sin que vayan a ver aumentados sus ingresos por la desaparición de TVE del mercado publicitario. Lo cual aumenta las barreras de entrada del sector, con lo que se aseguran de que no habrá alternativa informativa al progresismo que reina en el oligopolio.

Pero lo que ya resulta indignante en grado sumo es el impuesto a las operadoras de telecomunicaciones. Este fin de semana Zapatero aseguraba en Vistalegre que la economía española crecería de acuerdo a un nuevo modelo resumido en la frase "menos ladrillo y más ordenadores". Su modo de conseguirlo consiste en... subir el precio de las conexiones a internet y las comunicaciones móviles con un nuevo impuesto a las empresas del ramo. Un hacha, el tío. Así es como se pretende estimular un sector desde el poder, encareciendo sus costes y, en el caso de internet, reduciendo su clientela que optará, al menos en parte, por dejar de conectarse para ahorrar dinero en estos tiempos. De toda la vida se sabe que ésta es la mejor manera de impulsar las nuevas tecnologías, por supuesto.

No existe ninguna razón para hacer pagar a las operadoras, salvo que son un blanco fácil y que, como ya lo había hecho Francia, existen más posibilidades de que Europa dé el visto bueno. Las balbucientes excusas de De la Vega de que las operadoras "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos es ridícula. Las operadoras ya pagan un canon por el uso del espectro y el beneficio que les puede suponer que TVE ponga sus programas en internet es minúsculo, aparte de que se estaba llevando a cabo al margen del modelo de ingresos de la cadena. No hay más que ver las cifras que obtiene la web de RTVE en OJD; si eso justifica un impuesto del 0,9% exigimos otro del 0,5% para Libertad Digital, que más o menos es lo que nos correspondería por los "beneficios" que obtienen las operadoras de nuestra presencia en la red.

En definitiva, que el Gobierno ha encontrado otra vía para atracarnos, que es lo que suelen hacer los gobiernos. Otro motivo para manifestarse el día 24, en la Plaza del Rey de Madrid.

Libertad Digital - Opinión

ZP imita a Sarkozy y pagan los internautas. Por Antonio José Chinchetru

Ventanas

«Parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos".»

¿Cuéntame cómo pasó le parece la serie más casposa de la televisión desde hace décadas? No importa. Además de con sus impuestos, dentro de poco usted pagará parte de lo que cobran sus protagonistas por poder leer artículos como este. ¿No ha visto jamás, ni tiene intención de hacerlo, el programa presentado por Anne Igartiburu? Eso es lo de menos, si quiere leer su blog favorito o tener el suyo propio contribuirá económicamente a su mantenimiento. ¿No soporta cómo presentan el Telediario Lorenzo Milá y María Escario? A ellos les da igual, si usted pretende usar el correo electrónico pagará parte de sus sueldos. ¿Considera una perfecta tontería un programa en el que unos cuantos famosos participan en un concurso de baile? Aplique cualquiera de las respuestas anteriores.

No es importante si a uno le gustan o no los programas de Televisión Española. Tampoco lo es si no se pone jamás delante del televisor y sin embargo pasa mucho tiempo frente al monitor del ordenador. Rodríguez Zapatero ya ha decidido por usted. Es cierto que todos los ciudadanos ya estamos obligados a mantener ese "ente" a través de unos Presupuestos Generales del Estado que salen de nuestros bolsillos. Pero dentro de poco será peor. Si no fuera suficiente con eso, parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos" (aunque, por cierto, a mí nadie me ha dicho donde están mis acciones ni a cuanto cotizan en la bolsa).

Se ve que a falta de ideas propias, el presidente del Gobierno está dispuesto a copiar todo lo malo que se le ocurra a alguien de fuera. Y, tal vez fascinado por el carisma personal que dicen que irradia el presidente de la República Francesa o puede que obnubilado por la belleza de la mujer de este, ha decidido aplicar una de esas muchas malas ideas que tiene Nicolas Sarkozy. Como queda muy bonito y supuestamente culto –como si TVE fuera algo parecido a una cadena de calidad– quitar los anuncios de la televisión pública, pues se hace. Y de paso se elimina la competencia desleal que hasta ahora sufrían las privadas, empezando por las muy socialistas Cuatro y La Sexta. Lo malo es que alguien tiene que pagar el invento. Pues nada, a explotar un poco más la gallina de huevos de oro llamada conexiones a internet. Lo mismo, dicho de paso, que pretende la SGAE.

Se nos dirá que no lo pagaremos los usuarios, que quien tiene que afrontar ese gasto son las operadoras. Pero pretender que estas no lo repercutan en las tarifas es simplemente de ingenuos, idiotas o mentirosos. De hecho, las "telecos" ya han advertido de que financiar la televisión pública de esa manera puede llevar a un aumento de precios. Para alegrar la vida a Emilio Aragón, Juan Luis Cebrián, Paolo Vasile y José Manuel Lara, sin plantearse en serio el sentido de esa herencia del franquismo llamada TVE, desde el Gobierno han decidido exprimir todavía más el bolsillo de aquellos ciudadanos y empresas que se conectan a internet.

Tal vez la última cumbre hispano-francesa no tenga nada que ver con que ZP haya decidido ahora copiar esa idea de "Sarko". Pero, por si acaso, que el presidente del Gobierno no vuelva a reunirse con ningún mandatario extranjero al que se le haya ocurrido en el pasado alguna cosa mala para los ciudadanos.

Libertad Digital

Las telecos subirán la factura del teléfono e Internet para poder financiar RTVE

La historia de siempre: al final los ciudadanos acaban pagando la falta de previsión y los intereses de unos pocos. Ahora ha tocado el turno con el asunto de la nueva financiación de RTVE. Las privadas, que inicialmente advirtieron que no iban a soportar más cargas -pagan un 11% de sus presupuestos en derechos de autor e inversión al cine-, han hecho cuentas y no dicen ni pío. Y es que a cambio podrían repartirse casi 600 millones de euros más en el nuevo pastel publicitario. Las 'telecos', en cambio, advierten que con este impuesto subirán las tarifas. Lo dicho, otra vez toca rascarse el bolsillo.

En este conflicto de intereses, nadie quiere hacerse cargo de la abuela pero sí recibir su parte de la herencia. Con la supresión de la publicidad en RTVE, las cadenas privadas se están frotando las manos pensando en el nuevo reparto publicitario. Concretamente podrían ganar entre 480 y 600 millones de euros por aportar un 3% de sus presupuestos brutos para la Corporación.

Sorprende el nuevo cambio de disposición de las privadas. Hace sólo unos días, Uteca mostraba su rechazo a la posible implantación de este modelo de financiación alegando que las cadenas estaban sometidas a muchas cargas en relación con las tasa que deben pagar por los derechos de autor y la inversión para el Cine. Ahora callan, quizá con la promesa de que en la próxima Ley General Audiovisual -que se debería aprobarse antes de acabar el año- se incluya una rebaja de los actuales cánones porque, como han reconocido fuentes de la asociación, "otra cosa es que cambie el reparto pero no la cantidad".

Las telecos, por su parte, no han mostrado tanta complacencia. Tendrán que aportar el 0,9% de sus presupuestos, una cantidad que asciende a los 290 millones de euros y que representará el 40% de los ingresos de RTVE. Ante esta situación, han tomado medidas. Durante un encuentro con la prensa, el presidente de AETIC, Jesús Banegas, ha advertido que subirán la factura del teléfono e Internet para compensar.

Banegas ha revelado que están estudiando la posibilidad de especificar en color rojo en las facturas el porcentaje que pagan sus clientes por mantener la televisión pública. Además ha explicado que las telecos son el quinto sector en España con más cargas sólo superada por el tabaco, el alcohol, los carburantes y el juego, sectores que pagan más porque su actividad perjudica la salud y provoca, según Sanidad, costes extra al Estado. "Las TIC, en cambio, son necesarias para mejorar la competitividad del país", ha señalado el presidente de AETIC.

¿Conclusión? Con el nuevo sistema de financiación de RTVE, los españoles acabaremos resintiendo un poco más el bolsillo. Además de los 550 millones que recibirá la Corporación -cerca del 45% de su presupuesto- procedente de los PGE, los españoles nos veremos sometidos a la subida de las operadoras. De nada sirve que las empresas de un sector que el pasado año facturaron 102.668 millones de euros digan en los recibos que el Ejecutivo es el culpable del aumento. Al final, acaban pagando los mismos.

Periodista Digital

El Gobierno británico desarrolla un sistema para interceptar todos los correos electrónicos

El Gobierno laborista británico está desarrollando tecnología secreta para poder controlar todos los mensajes electrónicos enviados por la red, revela hoy el dominical The Sunday Times. El Centro de Comunicaciones del Gobierno podrá interceptar y supervisar todos los correos electrónicos, las visitas a internet y la actividad en las redes sociales además de todo tipo de llamadas telefónicas.

Para ello recurrirá a una serie de “cajas negras” que se insertarán secretamente en la infraestructura de comunicaciones, explica el periódico. El programa se lanzó hace un año, pero se ha sabido de su existencia gracias a una oferta de empleo publicada por el Centro de Comunicaciones en la prensa especializada.

La semana pasada, la ministra del Interior, Jacqui Smith, anunció que el Gobierno había decidido renunciar a su tan ambicioso como polémico plan de crear una base de datos única en la que se guardarían todas las comunicaciones efectuadas en el país. La ministra no mencionó, sin embargo, que el Gobierno había decidido dedicar más de un millón de euros en tres años, a ese programa de espionaje de los ciudadanos, denuncia el periódico.

Según la directora de la organización de defensa de los derechos humanos, Liberty, Shami Chakrabarti, reciente víctima ella misma del espionaje del Gobierno, el anuncio de la ministra es sólo “una cortina de humo”. “Nos opusimos a la base de datos de Gran Hermano porque permitía al Estado acceder directamente a las comunicaciones de todos los ciudadanos. Pero con esta red de cajas negras se pretende conseguir lo mismo aunque por la puerta trasera”, dijo la conocida abogada.

Según fuentes citadas por The Sunday Times, el Gobierno ha concedido ya un contrato por 200 millones de libras (224 millones de euros) al gigante estadounidense del sector de la defensa Lockheed Martin. También se ha firmado un segundo contrato con Detica, empresa británica de tecnologías de la información, que mantiene estrechos vínculos con el espionaje británico. Según esas fuentes, el director del Centro de Comunicaciones del Gobierno, Iain Lobban, supervisa actualmente la construcción de un nuevo complejo en el interior de ese cuartel general, situado en las afueras de la localidad de Cheltenham, en el condado de Gloucestershire.

Una enorme sala trufada de superordenadores permitirá a los espías del Gobierno supervisar y grabar los datos que pasen por las cajas negras instaladas en las conexiones de los servicios de internet y las compañías telefónicas.
Por el momento, los espías que trabajan en esa central sólo pueden interceptar las comunicaciones en casos concretos y si se lo autoriza expresamente el titular del Interior o un secretario de Estado, pero con los nuevos planes del Gobierno, todos los ciudadanos del país podrán ser espiados en todo momento, señala el periódico.

El anuncio publicado en la prensa especializada que reveló esos planes solicitaba a una persona que pudiera hacerse cargo de un programa gubernamental bautizado “Mastering the Internet” (Dominando Internet), a la que se prometía un salario anual de hasta 112.000 euros. El Gobierno afirma que no se trata de leer el contenido de los mensajes intercambiados en internet, sino de saber con quién se comunican determinados individuos y qué portales de internet o redes sociales visitan habitualmente, algo imprescindible para combatir el terrorismo internacional.

La Razón