Blanco y la gasolinera. Por Cayetano González

¿Qué hacía el ministro de Fomento y número dos del PSOE hablando dentro de su coche oficial, parado en una gasolinera de Lugo, con un empresario gallego que ahora le acusa de haberle entregado 400.000 euros a través de un primo del ministro a cambio de favores para su empresa? El "modus operandi" no deja de ser chocante. Si lo que tenían que hablar no entrañaba ningún tipo de problema para el ministro, ¿por qué no le recibe en su despacho oficial en Madrid, o en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, o manda a un subordinado a que atienda lo que el susodicho empresario quería plantear?

Las acusaciones del empresario Jorge Dorribo son de una enorme gravedad y de momento se han cobrado dos piezas: el parlamentario autonómico del PP, Pablo Cobián, y el ex conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, también diputado autonómico por el BNG, Fernando Blanco. Ambos han dimitido de sus cargos, por lo que la situación política del ministro Blanco se complica por horas a pesar de que hoy haya presentado en los juzgados de Lugo una querella contra el citado empresario por delito de calumnias.

No estará de más subrayar que la presunción de inocencia debe de acompañar a José Blanco y eso a pesar de que el mismo no siguió esa elemental norma democrática en otros supuestos casos de corrupción que salpicaron al PP, de forma especial el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. No hay más que tirar de hemeroteca para recordar lo que decía entonces el número dos del PSOE respecto a Francisco Camps y los trajes que este había recibido.

Las acusaciones del empresario Dorribo, realizadas ante la juez que lleva el caso y que por la condición de aforado del ministro remitirá el caso al Tribunal Supremo, llegan en un momento muy delicado para el PSOE: a cuarenta y cinco días de unas elecciones generales que según señalan todas las encuestas pueden suponer una debacle para los socialistas. Y por eso, Blanco puede haber pensado estos días que las desgracias nunca vienen solas. Puede haber sentido también una cierta soledad y haber echado de menos una defensa más contundente de quienes deberían haberse empleado más a fondo. Empezando por el candidato Rubalcaba que como principal argumento para defender a su compañero de partido ha utilizado el de comparar su honorabilidad con la de un empresario que ha estado en la cárcel.

No sé si Rubalcaba recuerda aquello que dijo el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, del Director General de la Guardia Civil: "Roldan es un hombre honrado" veinticuatro horas antes de que salieran a relucir todos los trapos sucios del jefe de la Benemérita. Blanco tiene derecho a la presunción de inocencia, pero políticamente ha quedado muy tocado después de haber probado su propia medicina y de haber cometido la "chapuza" de recibir a un empresario en una gasolinera.

Periodista Digital – Opinión

Don José. Blanco y en botella. Por Agapito Maestre

Todo lo que rodea esta imputación nos lleva a pensar que estamos ante una terrible trama de corrupción. Es una corrupción más, sí, en un Estado endeudado y, sobre todo, desmadejado.

Dos lecciones importantes pueden extraerse del caso Blanco. La primera es de carácter particular, y afecta exclusiva y directamente al ministro de Fomento: o dimite, de acuerdo con los propios criterios que él mismo aplicó a otros casos de supuestas corrupciones, o estará puesto en cuestión toda su vida. Todo lo que rodea esta imputación nos lleva a pensar que estamos ante una terrible trama de corrupción. Es una corrupción más, sí, en un Estado endeudado y, sobre todo, desmadejado.

Creo que estamos ante una situación de desmadejamiento del Estado; en efecto, aunque la denuncia contra el ministro no surge directamente por parte de un particular, sino que procede de una investigación del juzgado de Lugo acerca de un empresario, que había sido denunciado previamente por la Agencia Tributaria, es de todo punto imposible concebir que, en un Estado serio y vertebrado, un ministro de Fomento y portavoz del Gobierno se reúna con un empresario en una gasolinera para hablar de una mediación del primero en un negocio del segundo con el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, también repercute en la persona de Blanco que dos políticos, uno del BNG y otro del PP, hayan dimitido ya de sus cargos, porque están implicados en el mismo sumario que aparece el propio ministro. Y, por si no teníamos suficiente con todos esos datos, a las pocas horas de conocer la noticia de las acusaciones que recaían sobre Blanco, roban los ordenadores de los administradores concursales donde pudieran conservarse las pruebas contra el ministro. En fin, como se dice de la leche, esto es blanco y en botella.

La lección general del caso también es blanca y en botella. Se refiere al modelo territorial de España que es, por muy benevolente que seamos, el primer causante del endeudamiento, la desvertebración, la corrupción y la descomposición del Estado. Una vez más, en el caso Blanco, hablamos de una corrupción ligada a una Autonomía, la de Galicia; he ahí la enésima prueba de que el Estado de las Autonomías genera corrupción. Del poder central y, por supuesto, de las corruptelas de un posible cacique único, habríamos pasado a los caciquismos locales que, como mínimo, se multiplican por 17. El "Estado de las Autonomías" es una distorsión casi total de lo que se entiende, entre los países de la UE, por administración: las leyes y reglamentaciones de las comunidades son diferentes, no hay fluidez y comunicación entre ellas, ni siquiera hay una lengua común para comunicarse, etcétera... Los caciquismos autonómicos son, pues, los soportes fundamentales del actual estado de corrupción de España.

Libertad Digital – Opinión

La gasolinera de Blanco

La culpabilidad o inocencia de Blanco es algo que deberán dilucidar los jueces, si el Gobierno se lo permite. Pero que un ministro al frente de una cartera con el presupuesto de Fomento esté bajo algo más que la sombra de una sospecha es inadmisible.

No hay más que hacer el ejercicio mental de borrar a su protagonista, su afiliación política y hasta los hechos que no ha reconocido. Piensen en un ministro del Gobierno, del partido que sea, que reconoce haber parado su coche oficial en una gasolinera para departir con un empresario dedicado a vivir de la subvención pública, de un dinero que recibía sobornando a otros políticos. Ese ministro dice que no participó de ese entramado ilegal, sí, pero tampoco denunció al empresario que intentó obtener de él favores políticos. ¿En qué país democrático y desarrollado, no sería obligado ese ministro a dimitir al día siguiente?

Además, si ese ministro hubiera pasado la mejor parte de los últimos años exigiendo dimisiones a sus rivales políticos a la menor excusa, con razón o sin ella, ¿con qué cara puede presentarse ante la opinión pública para defender sus turbias reuniones con empresarios? Más aún cuando ha dado la casualidad, bendita casualidad, de que justo en el momento en que la denuncia se hace pública se roba de forma "muy profesional" numerosa documentación del caso. ¿Y quién puede tener interés en quitar de la circulación esos datos? Sin duda, habrá más de un sospechoso. Pero esos días la jueza que investiga el caso estaba siendo seguida por agentes de inteligencia. Sin duda, otra casualidad.

La culpabilidad o inocencia de Blanco es algo que deberán dilucidar los jueces, siempre que el Gobierno se lo permita. Pero que un ministro al frente de una cartera con el presupuesto de Fomento esté bajo algo más que la sombra de una sospecha es inadmisible. Acierta el PP al exigir que Blanco se aparte de todo proceso de privatización que esté planeando el Gobierno. No porque no se deba privatizar AENA, sino porque no nos podemos permitir que una operación de tal envergadura la realice alguien que se reúne con empresarios corruptos y corruptores en su coche oficial por las gasolineras de España.

La excusa de que falta muy poco para las elecciones y que de todos modos Blanco no estará mucho tiempo en su puesto no es presentable. Los políticos deben dimitir porque su presencia al frente de una administración pública la deshonra, y porque su puesto lo pagan los ciudadanos y a ellos se deben. Eso es igualmente válido el día anterior de las elecciones, y el siguiente. PP y BNG han dado ya un paso adelante, y sus cargos implicados en el caso –que pueden muy bien resultar inocentes– ya no cobran del erario ni representan a los gallegos en ninguna institución. Blanco debería dar el mismo paso, aunque sólo fuera para intentar resucitar la cada vez más moribunda campaña de Rubalcaba.

Libertad Digital – Editorial

Los jetas. Por Fernando Jáuregui

Parece que no eran solamente los coches blindados, los favores a cuñados y correligionarios o las tramas gurtelpolíticas. Parece que en determinadas cajas de ahorro anidaban esos jetas, esos caraduras, capaces de blindarse un sueldo para-toda-la-vida, de autoconcederse gratificaciones de escándalo y retiros de mayor escándalo aún. Y si hubiesen sido unos grandes gestores, la cosa, impresentable en todo caso, aún podría tener un relativo pase. Pero resulta que dejaron a sus entidades -llámense CAM o como se quiera- exangües, gracias a un ejemplo de mala gestión e inepcia.

Tampoco podría asegurar que hayan sido solamente algunas de esas cajas ahora "recompradas" por el Banco de España a precios de saldo las que han colocado a jetas monumentales al frente de sus entidades. No: hay despedidores profesionales en empresas públicas y privadas que cobran enormes indemnizaciones cuando cesan en su trabajo de cortar cabezas; algún caso conozco que, solamente con la liquidación que logró llevarse, podría haber salvado una docena de los puestos de trabajo que destruyó.

El jeta es producto típicamente nacional: es el socio que te deja todo el trabajo, excepto a la hora de cobrar. El concejal que se lo lleva crudo o que, al menos, te obliga a colocar al sobrinillo/a. El sableador que alude a la vieja amistad. El que jamás paga el almuerzo, o el que pasa como gastos de empresa la cena con aquella moza que. En fin, que una parte considerable de nuestros males vienen dados por el jeta, españolísimo producto que se cree más listo que nadie y acaba siempre siendo pillado, como no podría ser de otro modo. Pero entonces casi siempre es ya tarde.

Periodista Digital – Opinión

Corrupción. Inmoralidad de los políticos y de la sociedad. Por Agapito Maestre

Al lado de ese tipo de inmoralidades surgidas del sistema de partidos políticos, se desarrolla una picaresca, casi un sistema de corrupción social, en cientos de miles de personas que se sitúan en los márgenes del sistema.

La mugre moral de una sociedad emerge de modo dramático en períodos de crisis económica y social. No me refiero ahora a la corrupción política, auténtico metasistema de algunas sociedades occidentales, entre ellas la española, para comprender el sistema "democrático". Hay otro tipo de corrupción moral que se extiende por toda la estructura social, a veces provocada y promocionada por el sistema político, y otras surgida como respuesta inmoral a la inmoralidad del sistema de partidos, que está llevando a la sociedad española al abismo social y político.

Tres ejemplos muestran la estrecha imbricación entre corrupción moral y sociedad española. Dos son propiamente políticos, pero, ¡ay!, un tercero es una reacción inmoral de la propia sociedad ante el Estado social. El escándalo de algunas Cajas de Ahorros es de libro. Resulta, en efecto, difícil de comprender para la opinión pública que las personas que arruinaron determinadas Cajas de Ahorros no sólo no son perseguidas por delitos tipificados en el Código Penal, por ejemplo por "delito societario", sino que a veces han sido premiadas con suculentas indemnizaciones, así ha sucedido en los casos de una caja de Alicante y otra de Galicia.

Ese escándalo, desde cualquier punto de vista, tiene unos responsables fácilmente localizables: los partidos políticos. La quiebra y, posterior, rescate por parte del Estado de algunas Cajas de Ahorros no pueden entenderse sin el sistema de partidos político que tenemos en España. Toda vez que los presidentes y consejeros de las cajas son nombrados por los partidos políticos. La inmoralidad de esa gente es comparable con el recorte y desmontaje de la sanidad pública que, en Cataluña, está llevando a cabo CiU con un único objetivo: presionar al partido ganador, en las próximas elecciones generales, para que ceda a las presiones nacionalistas en sus exigencias de un estatuto económico similar al de Navarra y el País Vasco. Sí, sí, es una inmoralidad jugar con la salud de los ciudadanos por un objetivo político, pero, sin duda alguna, es también una inmoralidad por parte de los partidos nacionales no denunciar esa treta de los nacionalistas catalanes.

Al lado de ese tipo de inmoralidades surgidas del sistema de partidos políticos, se desarrolla una picaresca, casi un sistema de corrupción social, en cientos de miles de personas que se sitúan en los márgenes del sistema: me refiero a la inmoralidad surgida de la llamada economía sumergida. Son legiones de individuos que no pagan el IVA, es decir, cobran en dinero negro, o eluden el pago de otro tipo de impuestos, etcétera, etcétera... Y "esto", por muy liberales y críticos del Estado social que seamos, es una auténtica inmoralidad, puesto que, en buena medida, si el pago del Estado desciende vertiginosamente en las prestaciones por desempleo, se debe a esa sociedad que no cumple con sus deberes ciudadanos. Es de pavor, en efecto, como se mantiene el ritmo de caída del gasto en prestaciones por desempleo, -8,8 %, y del número de beneficiados, -7,8 %, es decir, que la caída supera con mucho en el mes de julio la estimación anual incluida en los presupuestos; pero también da miedo el número de personas que eluden sus responsabilidades con el fisco, o mejor, su deberes ciudadanos con el Estado social.

La corrupción social, en fin, compite con la corrupción política en una sociedad al borde del abismo de la inmoralidad social.

Libertad Digital – Opinión

La sombra de la corrupción política reaparece en Ronda. Por Antonio Casado

Otro caso de delincuencia que emborrona la sección política de los medios de comunicación. En Ronda se dan todos los supuestos delictivos en los que puede incurrir un gobernante: la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos. Que haya políticos corruptos no es nada nuevo. Lo nuevo, en relación con épocas gloriosamente fenecidas, es que ahora nos enteramos. Y que estas conductas se han investigado y perseguido con creciente contundencia en nuestra reciente historia democrática.

El caso viene sin bautizar, así que el maravilloso pueblo malagueño, sin ninguna culpa de que la corrupción también llegue hasta allí, aparece hoy desgraciadamente asociado a una lista negra de nombres para la vergüenza: “Brugal”, “Pretoria”, “Malaya¨, “Poniente”, y tantos otros en los que andan enredados los profesionales de la política.

Amén de varios empresarios, ayer fueron detenidos el ex alcalde, Antonio Marín Lara, el ex vicealcalde y el ex concejal de Urbanismo de Ronda, todos ellos del PSOE. Es decir, el partido de Zapatero, hoy por hoy en el poder. Dicho sea, en vísperas de un muy posible relevo en Moncloa, como una buena prueba de salud democrática especialmente dedicada a quienes padecen el mal del sectarismo en grado crónico.

«La mala noticia es que este tipo de delitos asociados a la política se siguen cometiendo. Y la buena es que se persiguen y se juzgan cada vez con más fuerza.»

Los mismos policías, guardias civiles, fiscales y jueces que acorralan a ETA bajo mando de un Gobierno socialista seguirán haciéndolo exactamente igual -igual de bien- con un Gobierno del PP. Y los mismos policías, guardias civiles, fiscales y jueces que han destapado en estos últimos años tantos casos e corrupción política, seguirán trabajando con la misma vocación de servicio al Estado para combatir esta lacra.

Una lacra vinculada a la condición humana y no a tal o cual partido. Quede para el debate si unos partidos son más diligentes que otros a la hora de retirar las manzanas podridas del cesto (el PSOE andaluz ha anunciado la inmediata suspensión de militancia de todos los implicados), pero pongamos en valor el funcionamiento de las instituciones y de los mecanismos de defensa del Estado frente a los defraudadores de la confianza depositada por los ciudadanos en sus representantes políticos. Sean éstos del partido que sean, en Ronda o en Palma de Mallorca, en Valencia o en Santa Coloma de Gramanet, en Marbella o en Castellón de la Plana.

La mala noticia es que este tipo de delitos asociados a la política se siguen cometiendo. Y la buena es que se persiguen y se juzgan cada vez con más fuerza. La fuerza del Estado de Derecho, se entiende, que nace de la voluntad política de perseguirlos y de la dotación de medios para hacerlo. Tolerancia cero contra la corrupción. Venga de donde venga. Y no hay ninguna razón para poner en duda la adhesión a tal doctrina de los partidos centrales del sistema.

El Confidencial – Opinión

«Torrente» Por Alfonso Ussía

No acaba de convencerme el apodo de «Senador Torrente» al intolerable Casimiro Curbelo. Torrente es un tipo, y al cabo del tiempo, un mito. Es consecuencia del talento y sus películas podrán gustar o no, pero están perfectamente realizadas. Además, por tener todos un poco de Torrente, el policía de Santiago Segura cae bien a la mayoría. Y este Camisiro es inaceptable. Mi enhorabuena de verdad a Elena Valenciano que ha asumido el despropósito con una contundencia y valentía dignas del reconocimiento público.

Con independencia de las groserías que dedicó este senador desnortado a los agentes del orden, lo más abyecto de su actitud es la compañía filial en la práctica del puterío. Es cierto que Torrente y su padre, interpretado por el gran Toni Leblanc, comparten las mismas inclinaciones golfas, pero lo hacen con la gracia especial de los imposibles. Con los hijos se puede ir a todas partes, menos de puticlús. Dice don Casimiro que dimite de su escaño senatorial porque quiere demostrar su inocencia sin el privilegio que supone ser aforado. Vale. Pero no es así. Dimite porque no tiene otra salida, y lo hace tarde y con deshonor. Curbelo tendría que haber enviado su carta de dimisión desde la comisaría, inmediatamente después de ser detenido por su falta de urbanidad, su falta de educación, su falta de ética y su falta de estética. El niño, según el atestado policial, se cachondeó de un policía municipal de aspecto magrebí que «hablaba gangoso y era un maldito moro». La educación recibida.

No hay ñoñería en mi escrito. Curbelo está en su derecho a buscar el amor como mejor le plazca. Bueno, lo del amor es una fantasía. A buscar el placer y el desahogo capitalino en el local que elija y más le satisfaga. Pero respetando a las profesionales que allí trabajan –un trabajo infinitamente más duro que el del senador–, y manteniendo la dignidad que su situación pública le exige. La cadena de improperios, insultos, descalificaciones y faltas al respeto recogidos en el atestado policial dice mucho de la ínfima calidad del senador. Llevar a su hijo de putilinguis, lo dice todo. En la vida de todo ser humano hay esquinas escondidas y aristas desagradables. Cuando se mete la pata de manera tan soez y rotunda, no queda otra amnistía que la humildad de la aceptación. «Señores, me he equivocado gravemente, he actuado con indignidad y me voy a mi casa. Espero que me perdonen mis electores». Esta reacción podría haber amortiguado los desprecios. Pero no supo instalarse en la sensatez. Se cubrió con la armadura de los prepotentes y los poderosos que no han asumido el poder. Amenazó a los agentes del orden después de insultarlos con una zafiedad insuperable. Y se fue con el hijo de la mano a la comisaría a seguir con sus mandangas. Estéticamente, es mucho más placentera la compañía de un padre y de un hijo en una comisaría que en un bar dedicado al más viejo menester de la humanidad. Ahí sobrevuela una inmundicia social de difícil superación.

No es, por lo tanto, ni Torrente ni nada que se le parezca. Torrente es una genialidad que ha salvado los números del cine español. La Ceja abomina de Santiago Segura porque les ha dado una lección de talento, eso que tan angustiosamente falla en nuestra industria subvencionada por todos. Torrente desarrolla un humor desbordado y desbordante, sucio y sutil al mismo tiempo. Don Casimiro tiene de Torrente sólo lo peor, lo superficial. Eso, la grosería supina. No ha estado a la altura y lo han echado. El gesto de dimitir se lo debe a otros. Y lo del hijo...¡cáscaras!

La Razón - Opinión

Rajoy y Rubalcaba, Gürtel y Faisán, odiosas comparaciones. Por Antonio Casado

Odiosas comparaciones y estúpido intercambio de pedradas entre los trajes de Gürtel y el chivatazo del Faisán. Nada que ver en lo judicial. Sin embargo, admito que la derivada política puede ser relevante en el juego de los contrapesos. De una conducta supuestamente delictiva siempre se deducen responsabilidades políticas. Se deben deducir. Por acción o por omisión. Así son las cosas en democracia. Y es evidente que aquí estamos ante dos tipos de conductas igualmente delictivas en su consabido grado de presunción.

Por cierto, las comparaciones sólo son odiosas para quien sale perdiendo. Decidan ustedes. Entre la conducta de los tres procesados (Hidalgo, Pamiés y Ballesteros) que acertada o equivocadamente estaban trabajando para el Estado y los cuatro procesados (Camps, Campos, Costa y Betoret) que cobraban en especie los favores que le hacían a la franquicia valenciana de Gürtel.

Ya entraremos en las diferencias del tipo delictivo aplicado a uno y otro caso. Hoy me limito a comentar la derivada política. Un caso de corrupción cosido al tejido orgánico e institucional del PP y una mala práctica en la política antiterrorista cosida al tejido orgánico e institucional del PSOE. Es de manual exigir responsabilidades a los jefes políticos de los procesados. ¿Hasta qué punto? Según el PP, hasta la inhabilitación de Rubalcaba como candidato socialista a la Moncloa. Es tanto como pedir la de Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa.

«Ni Rajoy ni Rubalcaba se van a sentir políticamente culpables por acción o por omisión de que funcionarios o militantes del escalafón no se comporten como deben.»

Según se desprende de la propia lógica del PP al pedir la inhabilitación de Rubalcaba (Soraya Sáenz de Santamaría dixit), no es Mariano Rajoy menos responsable político de las conductas de los procesados del Gürtel, acreditados dirigentes regionales de su partido, que Pérez Rubalcaba de las conductas de los procesados del Faisán, que eran sus subordinados políticos o policiales cuando se produjo el famoso chivatazo.

¿Se imaginan que se impusiera esa lógica hasta el punto de dejar inhabilitados a los dos aspirantes a la Presidencia del Gobierno ahora que ya están hechos los carteles? Que no cunda el pánico. Nada de eso va a ocurrir. Ninguno de los dos va a tirar la toalla. Ninguno de los dos se va a sentir políticamente culpable, por acción o por omisión, de que funcionarios o militantes del escalafón que ambos encabezan se comportasen como no debían. Y, dicho sea de paso, no ha sido más entusiasta la defensa que Rubalcaba ha hecho de los procesados del Faisán que la que ha hecho Rajoy de los procesados del Gürtel.

Más difícil lo tiene Camps, siempre dentro del terreno político, que es a lo que se dedica el presidente valenciano. Lo de inhabilitar a Rajoy y Rubalcaba, como dirigentes, estaría en los usos y costumbres de una democracia sana y transparente, en la mente del respectivo adversario, en los procesos de intención, en las estrategias de partido, en el caldo de cerebro de los analistas. Vale. Pero lo de Camps está en un auto de procesamiento con apertura de juicio oral. Dice la alcaldesa de Valencia y compañera de partido, Rita Barberá, que sufre mucho desde que conoció la noticia. No me extraña. Curados de espanto como estamos, tampoco me extrañaría que afrontase el juicio con jurado, previsto para el otoño, en base al reciente respaldo de los valencianos en las urnas. Como si las urnas borrasen los indicios del presunto delito cometido por Camps, Campos, Costa y Betoret.

El Confidencial - Opinión

Camps. Los votos no son un burladero. Por Maite Nolla

Pero los votos no son, o mejor dicho, no deberían ser un burladero. Ni convierten en invisible a la corrupción, como si fueran la capa de Harry Potter.

Menudo argumento aplastante: las urnas avalan un proyecto. Visto así, el voto no es más que un burladero para algunos. Desde luego, el del "respaldo mayoritario" es un argumento con poco peso, porque seguramente el PP hubiera arrasado igualmente en Valencia si el candidato no hubiera sido Camps. Y por mucho que la izquierda y sus cómicos se agarren a un traje ardiendo, el porcentaje de votantes que se van a sentir lo suficientemente ofendidos por el asunto del soborno impropio y que van a cambiar su voto en noviembre o en marzo, es mínimo o ridículo.

Ya lo dijo el filósofo Puigcercós, fino patricio liberal, la corrupción ni da ni quita votos. En primera instancia se valora la urgencia y la necesidad de echar a este desastre de Gobierno, y en segunda instancia se sopesa que si el PSOE presenta a Rubalcaba, que está de Faisán hasta arriba, el PP puede presentar a Camps, que, al fin y al cabo, no robó nada, sino que aceptó unos trajes y gestionó de puñetera pena el asunto.

Pero los votos no son, o mejor dicho, no deberían ser un burladero. Ni convierten en invisible a la corrupción, como si fueran la capa de Harry Potter. Y ahora que el PP ha teñido de azul el mapa de España, ahora que es posible que tengan que poner gradas supletorias en el Congreso porque no va a caber tanto diputado popular, es el momento de tomar decisiones que tengan un respeto hacia los que somos llamados al voto. Es cierto que la imputación o incluso que te abran juicio puede ser una situación de lo más injusta si el tiempo y el juez te dan la razón, pero la política tiene estos riesgos.

También es cierto que no es lo mismo que te imputen por un delito relacionado con la corrupción, que por uno que no tenga que ver con ella, o que, como en el caso de Camps, dé la sensación de que no estamos ante un saqueo o ante una financiación ilegal. O no, no sabría qué decirles. Y también es cierto que seguramente Camps ha hecho muchas cosas buenas y que por eso le ha votado la gente; por ejemplo, poner coto al pancatalanismo subvencionado, pese a las presiones del PP de Cataluña, siempre a favor de tevetrés y del servicio que ésta presta a la construcción nacional que incluye las tres provincias valencianas.

Pero si la idea es no hacer nada, si no hay más criterio que el del caso por caso, dejemos que el votante decida, que, por lo que parece, es lo único que importa. Eso sí, no sellen cada mes y medio un catálogo actualizado de lucha contra la corrupción que ya vemos que no sirve para nada.

Libertad Digital - Opinión

Camps: tres trajes, tres errores

Que Camps deba retirarse de escena por una cuestión de higiene democrática no significa en absoluto que muchos que ahora le critican desde el otro extremo del arco parlamentario tengan la más mínima autoridad moral para hacerlo.

Al final Francisco Camps se sentará en el banquillo acusado de cohecho impropio pasivo. Un escándalo político, ya conocido como "causa de los trajes", que escribirá de este modo, ante un tribunal valenciano, su último capítulo y el primero del recorrido judicial que les aguarda a los imputados de la trama Gürtel, relacionada con el asunto de los trajes. Este caso que afecta directamente al recién elegido presidente de la Comunidad Valenciana no es ni mucho menos el más grave de los que se han incoado a cuenta de la trama corrupta que campó durante años a sus anchas por Valencia y Madrid, pero sí el único que afecta directamente al presidente autonómico.

Se trata de tres trajes que Camps aceptó como regalo a pesar de que sabía de dónde provenían y quien los pagaba. El importe de los mismos no es muy alto, pero se trata, en todo caso, de algo lamentable que no debiera de haber ocurrido nunca. A partir de aquí el presidente encadenó tres errores fatales que no pueden conducir a otro lado que no sea a su inmediata dimisión. Ni Camps debió aceptar los trajes en su momento ni, cuando se destapó el caso, debió mirar hacia otro lado y negar haberlos recibido. Fueron estos sus dos primeros errores, imperdonables ambos, que han terminado por ocasionarle un extraordinario problema de credibilidad a él y a su propio partido. Porque lo que se despacha en este caso no es tanto los trajes en sí mismos, como el hecho de que el presidente valenciano mintió a la opinión pública asegurando que nada sabía de ellos.

El tercero de los errores lo cometió a posteriori presentándose a las elecciones cuando se encontraba imputado. El PP cometió una incomprensible ligereza permitiendo que Camps repitiese como candidato a la presidencia el 22 de mayo teniendo como tenía una causa judicial pendiente. Ahora es Mariano Rajoy y no sólo el atribulado presidente valenciano quien debe una explicación a su electorado y al resto de la sociedad española. Eso si pretende que sus promesas de regeneración democrática sean tomadas mínimamente en serio.

Que Camps deba retirarse de escena por una cuestión de higiene democrática no significa en absoluto que muchos que ahora le critican desde el otro extremo del arco parlamentario tengan la más mínima autoridad moral para hacerlo. El PSOE, perito en mil corrupciones infinitamente más graves allá donde gobierna, no puede dar lecciones cuando los sucesivos escándalos de Chaves y Griñán en Andalucía no han hecho más que empezar a andar. Eso por no hablar de la infamia que envuelve al caso Faisán. Es indignante que la prensa adicta a Zapatero se regodee con el tema de los trajes cuando guarda el más ominoso silencio respecto a la imputación de la cúpula policial en el turbio y criminoso asunto del Bar Faisán.

Sin quitar un ápice de importancia a los trajes de Camps, en cuestión de escándalos hay categorías. La superior la ocupa sin duda alguna colaborar con una banda terrorista utilizando a las propias Fuerzas de Seguridad de Estado para consumar la felonía. Muchos harían bien en centrar el tiro y, sin olvidar lo uno, acordarse más de lo otro que, esta vez sí, es de una gravedad extrema.

Libertad Digital - Editorial

Levantar las alfombras

El cambio político en Cataluña, que tras dos legislaturas gobernadas por socialistas e independentistas permitió aflorar irregularidades contables y financieras, tal vez sea el antecedente de lo que puede ocurrir en el resto de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. CiU descubrió un agujero oculto del tripartito; en concreto, heredó un déficit real de unos 7.000 millones de euros, casi el doble de lo que había reconocido el anterior Gobierno. Las sospechas sobre una astronómica deuda oculta en las administraciones después de tres años de crisis se han acrecentado en los últimos meses. Esa situación de opacidad financiera ha sido una de las principales preocupaciones del Partido Popular tras el vuelco del 22-M. De hecho, Mariano Rajoy estableció como un compromiso principal tras la victoria el de incrementar la transparencia de las cuentas públicas con un procedimiento de auditoría incluido. La verificación de la situación real de la tesorería en un proceso de traspaso de poderes es un acto de responsabilidad, pero, sobre todo, de prudencia. Como era de temer, comprobado el precedente catalán, han comenzado a aflorar los primeros indicios inquietantes. Los populares han denunciado que la Junta de Castilla-La Mancha acumula 7.000 millones de euros en deudas y que no hay fondos para sufragar la nómina de 70.000 empleados públicos. Se habla de una situación de «quiebra total» de la Administración regional, que no paga ni la luz ni el teléfono ni a los proveedores, a los que debe 2.000 millones de euros. Aunque generalizar sería notoriamente injusto, no hay motivos para creer que Castilla-La Mancha sea la excepción, sino más bien que otras comunidades se encuentren en circunstancias muy poco nada saneadas. Según los datos de distintas consultoras, las administraciones regionales y locales de España tienen una deuda no incluida en las cuentas oficiales de 26.400 millones de euros, que suele estar relacionada con sociedades o unidades institucionales que no se consideran públicas, porque no tienen una mayoría de capital público aunque son controladas por las administraciones. Otro método utilizado para camuflar los números rojos durante estos años ha sido directamente no pagar las facturas. La situación es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. El Gobierno ha censurado la actitud exigente de Mariano Rajoy porque supuestamente siembra dudas en los mercados sobre la salud financiera del país. Pero no es así, sino justamente lo contrario. Lo que perjudica más a España no es la verdad, sino el engaño; no es lo diáfano, sino lo borroso; no son los números reales, sino los rojos guardados en un cajón. Ese mismo discurso del secretario de Estado Gaspar Zarrías fue utilizado por las autoridades griegas con el desenlace bien conocido. Salvo para estrategias políticas cortoplacistas, la transparencia nunca es un problema. Genera credibilidad y confianza, que es lo que más necesita la economía española. Por el contrario, la opacidad es una práctica indeseable en la gestión de los fondos públicos y Rajoy ha acertado con su decisión de levantar las alfombras y ventilar las estancias.

La Razón - Editorial

La costumbre del poder. Por Ignacio Camacho

Paradojas de la larga hegemonía en un poder viciado: Chaves ha tropezado con el fantasma de Juan Guerra.

CUANDO llegó al poder en Andalucía, en plena eclosión del «caso Juan Guerra», lo último que podía imaginar Manuel Chaves es que acabaría él mismo envuelto en acusaciones de favoritismo familiar, escarnecido ante la opinión pública por comprometedoras sospechas de nepotismo. Y defendiéndose, como los hermanos Guerra, con el escudo de una legalidad que no protege el aspecto ético de las conductas políticas. Pero al final, en la última vuelta del camino de su larga trayectoria de dirigente público, ha topado con el fantasma que provocó la caída de su antiguo mentor y ulterior enemigo: el de la complacencia, el consentimiento o la complicidad con actividades de familiares directos situadas en el límite último, si no más allá, del decoro.

Juan Guerra, al menos, tenía una cierta coartada social. Era un pobre hombre, sin oficio ni formación, que encontró en la emergencia —y el beneplácito— de su hermano una oportunidad para medrar y desclasarse sin complejos. Pero los hijos de Chaves han tenido acceso a una educación privilegiada de estudios superiores e instrucción de posgrado. Con su currículum académico y el inevitable respaldo de su apellido podían haber encontrado empleos de razonable cualificación en sectores que no rozasen el ámbito administrativo en que la posición de su padre obligaba a evitar cualquier atisbo de conflicto de intereses. Compañías multinacionales, eléctricas, telecos, bufetes, auditorías, departamentos jurídicos, todo ese amplio organigrama empresarial donde siempre puede encajar sin problemas un economista o un abogado.

Sin embargo, optaron por introducirse en la zona más resbaladiza y delicada de un tejido económico en el que la Junta de Andalucía es el principal regulador y el primer contratista: el comisionismo, la gestión de ayudas públicas, la intermediación institucional. El terreno pantanoso en el que incluso desde la más benévola de las miradas resulta imposible sustraerse a la suspicacia del trato de favor o de la utilización de las influencias para vulnerar el principio de igualdad de oportunidades.

Sin entrar en la legalidad de los procedimientos —el entonces presidente debió ausentarse como mínimo en la reunión del Gobierno que concedía una millonaria subvención a la empresa que representaba su hija—, toda esta desagradable historia de negocios filiales más o menos comprometidos bosqueja el relato de una atmósfera viciada por la costumbre del poder. Un clima de identificación natural, espontánea, entre el ámbito privado y el público, vinculada a una suerte de relajado concepto de la impunidad moral que aflojaba cualquier autocontrol, cualquier cautela, cualquier remordimiento. Un espacio en el que el hábito de la hegemonía política difuminaba las fronteras de la duda hasta perder incluso el reflejo de los escrúpulos y el respeto por las apariencias.

ABC - Opinión

El desplome del «régimen» andaluz

Andalucía no puede seguir así, porque el descrédito de muchos políticos es una rémora en tiempos de crisis económica y social.

AL fin, el Ejecutivo andaluz claudica ante el ultimátum de la juez encargada del «EREgate» y entrega las actas del Consejo de Gobierno, que pueden aportar datos esenciales para la investigación. Al mismo tiempo, se acumulan los escándalos que afectan a familiares del anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves. En concreto, su hijo Iván aparece ahora firmando contratos en calidad de «comisionista», autodefinición que ha puesto por escrito en documentos el vástago del presidente del PSOE. Por mucho que sus amigos pretendan defender lo indefendible, la larga etapa del actual vicepresidente del Gobierno al frente de la Comunidad andaluza dejó secuelas que causan lógico escándalo en la opinión pública y deberían estimular a la Fiscalía Anticorrupción para actuar con una mínima diligencia. En el plano político, resulta imposible para los socialistas andaluces ocultar el enfrentamiento abierto entre Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán, tras el episodio reciente de la salida precipitada de Luis Pizarro, hombre fuerte del chavismo durante largos años. El conflicto ofrece dimensiones a escala nacional, teniendo en cuenta que el ex presidente de la Junta era —y sigue siendo— presidente del PSOE y que su «traslado» a Madrid fue una decisión personal de Rodríguez Zapatero, cuya sucesión ha convertido al partido en una auténtica jaula de grillos.

La opinión pública exige explicaciones convincentes, mientras se impone la idea de que la única solución razonable es un anticipo electoral, coincida o no con las elecciones generales. La alternativa que plantea Javier Arenas se percibe ya como una necesidad de higiene democrática porque todas las evidencias coinciden en que tantos años de gobierno socialista han generado pautas de control social y clientelismo político que son incompatibles con el pluralismo propio de una sociedad abierta. Andalucía no puede seguir así, porque la pérdida de confianza y el descrédito de muchos políticos son una rémora importante en tiempos de crisis económica y social. Cada día se suceden nuevas revelaciones acerca de prácticas intolerables en un Estado de Derecho, y ello requiere una solución a corto plazo mediante la decisión de los ciudadanos andaluces, indignados hoy día ante la magnitud de tantos favoritismos e irregularidades.

ABC - Editorial

PSOE. Andalucía en El País. Por Agapito Maestre

Lo peor es que la corrupción está concebida como un metasistema sin el cual es inconcebible el funcionamiento del sistema político, social y económico.

Las instituciones políticas en Andalucía están tan degradadas que funcionan por pura inercia. Y, ya se sabe, cuando algo funciona por inercia, basta un tropiezo para que todo se derrumbe. A eso estamos asistiendo en Andalucía. Sin una oposición demasiado dura, el régimen socialista se desmorona por todas partes. Conozco bien el nepotismo y la arbitrariedad de la Junta de Andalucía, yo mismo la he sufrido en mis propias carnes, y, por supuesto, podríamos esgrimir el argumento de que la identificación del PSOE con la Junta por una lado, y la identificación del PSOE con la mayoría del tejido social por otro, son las claves para que el régimen político andaluz sea objeto de estudio de los mejores especialistas en sociedades totalitarias.

A pesar de todo, creo que la ineficacia de los socialistas en la gestión de los problemas de esa sociedad por un lado, y la corrupción, por otro, son el fundamento del régimen andaluz. La corrupción sobrepasa todo lo imaginable en perversidad. No se trata únicamente de que ayer, por ejemplo, la Junta subvencionara una empresa donde trabajaba y seguirá trabajando la hija de Manuel Chaves, o que hoy se descubra que un familiar de Chaves haya actuado de intermediario o comisionista de la Junta, ni tampoco de que mañana alguien descubra y denuncie un nuevo fraude de cualquier ERE. Aunque todo eso es gravísimo, creo que lo peor es que la corrupción está concebida como un metasistema sin el cual es inconcebible el funcionamiento del sistema político, social y económico.

Prueba del lamentable estado de las instituciones es que Griñán, desde que llegó al poder hace menos de dos años, ha tenido cuatro crisis de Gobierno. Ahora se enfrenta, nada más y nada menos, que a la salida de su número dos, Luis Pizarro, quien ha reconocido que su dimisión obedece a discrepancias políticas de envergadura con el propio presidente Griñán. Pero, en mi opinión, la verdadera prueba de que el régimen está en almoneda es que lo reconozca el propio periódico de la Junta de Andalucía. Sí, sí, la cosa empieza a ser tan espectacular que hasta el periódico del PSOE se hace cargo de la crisis institucional de Andalucía.

El País de ayer, como si se tratara de un nuevo milagro de Pentecostés, es decir como si la noticia de la corrupción pudiera ser comprendida en todas las lenguas posibles, anunciaba que el PSOE está en bancarrota en Andalucía. Milagro. La capacidad de actualización, esa exigencia clave del Nuevo Testamento, ha llegado a El País. Es de risa si la noticia no reflejara una tragedia. En todo caso, he ahí la prueba de que la corrupción es tan brutal que no deja nada vivo. Se lo lleva todo por delante, incluso a El País. Lo verdaderamente novedoso es que un periódico, tan ideologizado como el diario de Prisa, es decir, tan dependiente de las consignas del régimen político andaluz, reconozca que el PSOE está sonado. "Va de crisis en crisis". Y él, o sea, ¿El País cómo está?

Libertad Digital - Opinión

El nuevo patio de monipodio. Por José María Carrascal

La vergüenza es algo que no se lleva en Andalucía bajo la hégira socialista, presidida por la mangancia.

ESO de que las regiones se apropien de los ríos de un país sólo puede ocurrir en España, donde las autonomías se creen naciones y la democracia se queda a los derechos sin saber nada de los deberes. Que la Junta de Andalucía, bajo control socialista desde que empezó a funcionar, se apropiase del Guadalquivir por las buenas —o las malas, según el Tribunal Constitucional—, demuestra, primero, su ignorancia institucional y, segundo, su falta de patriotismo. Una comunidad que recibe del Estado mucho más de lo que le da debería tener al menos la educación de respetar lo que al Estado pertenece, tal como quedó escrito en la Constitución. Pero se ve que ni la han leído.

Todo apunta que allá abajo se ha impuesto la norma de arramplar con cuanto pase al alcance de la mano e incluso del pie. El auténtico pillaje que revelan los ERES falsos, propiciados desde instancias gubernamentales, demuestra hasta qué punto la cultura, incultura mejor dicho, del saqueo ha arraigado en aquella comunidad, hasta la metástasis en sus más diferentes capas sociales. Aunque la célula madre cancerosa está en su cabeza, en la Junta. Un presidente que autoriza una subvención millonaria a la empresa donde trabaja su hija y su sucesor en el cargo que dice no haberse enterado de que se estaba empleando dinero para los parados en pagar pensiones e indemnizaciones fraudulentas a individuos de su partido que nunca habían trabajado en las empresas que se alegaban, hubiesen tenido que haber dimitido ya, aunque sólo fuera por vergüenza. Pero basta verles y oírles para darse cuenta de que la vergüenza es algo que no se lleva en la Andalucía bajo la hégira socialista, presidida por la mangancia, adormecida por la impunidad y convertida en un inmenso Patio de Monipodio, donde se traman los negocios más turbios y se toleran las conductas más picarescas.

Ni mucho menos es la única comunidad española donde la conciencia ciudadana está desapareciendo empujada por conductas de unos dirigentes que, de haberse dedicado a la empresa privada, ni siquiera hubieran alcanzado puestos secundarios, y de haber seguido tales conductas, hubiesen tenido serios problemas con la justicia. Es en Andalucía, sin embargo, donde tal proceder adquiere, por decirlo así, un carácter oficial. No faltan los andaluces que se sienten abochornados por ello y lo denuncian. ABC, que nació en Sevilla y tiene un gran arraigo en Andalucía, lo demuestra a diario en su información y artículos. Pero como la moneda mala desplaza a la buena, las malas costumbres se imponen a las buenas.

En estas circunstancias, ¿qué puede extrañar que la Junta quisiera apropiarse del Guadalquivir? «Todo es bueno para el convento,» decía el fraile con la puta al hombro. Aunque puestos a mangar, podía haberse apropiado de Gibraltar.

ABC - Opinión

Romance descoyuntado. Por Alfonso Ussía,

Descoyuntado me encuentro,
descoyuntado me hallo.
El día en que yo nací
nadie me ofreció un trabajo.
Y hoy, superada la cima
del vivir sexagenario
no tengo ni un triste ERE
ante mí para agarrarlo
y salir corriendo a casa
con el bolsillo forrado.
Voy a llamar a Griñán
–Chaves anda muy ocupado–
para explicarle mis cuitas,
para llorarle mi caso.

Descoyuntado me encuentro,
descoyuntado me hallo.
Me llama todos los días
el director de mi banco
para decirme que tengo
mis cifras en colorado.
Cuando el rojo cambia a negro
llega Hacienda y me da un palo,
que en España sólo paga
el que vive del trabajo.
El IVA cada tres meses,
pero el ERE, ni probarlo.
Nací en el cuarenta y ocho
año del siglo pasado,
en un doce de febrero
–le saco a Sabina un año–.

En aquel tiempo a los niños
recién salidos del parto,
nos metían en un nido,
nos daban teta y cuidado
y a los que, muy chuchurríos
nacían, sin consultarnos
–yo, entre ellos–, nos forraban
con pienso complementario
que llamaban «Pelargón»
y que daba mucho asco.
Descoyuntado me encuentro,
descoyuntado me hallo.

¿Por qué –me pregunto humilde–
nadie me ofreció un trabajo?–.

En Jerez de la Frontera
sucedía lo contrario.
Fernández, un socialista
tan decente como honrado,
militante desde el mes
segundo del embarazo,
nada más sacar el cuello
del uterino tocayo,
le dijo a la comadrona
con tono firme y airado:
«Mil gracias, señora mía,
por el mimo y el lavado.
Muy agradecido por todo,
por lo bien que me han sacado
y por dejarme el ombligo
tan bonito y tan logrado.
Estoy muy contento aquí
pero más, no puedo estarlo.

Soy un niño socialista
hijo del proletariado,
y tengo que dar ejemplo
de tesón en el trabajo.
Pídame un taxi ahora mismo
que me lleve hasta el despacho,
porque si no me incorporo
hoy mismo, en algunos años
no podré cobrar el ERE
que me tengo preparado.
Y al cabo de muchos días
y al cabo de muchos años,
el compañero Fernández
político reputado
y Consejero de Empleo
se vio, al fin, recompensado
por el ERE, por el oro,
por el ara y por el aro.
Descoyuntado me encuentro,
descoyuntado me hallo.

El compañero Fernández
es un socialista honrado.
Quien lo dude, es un fascista
y un nostálgico de Franco.
El español no perdona
que el hijo de un proletario
nazca de origen obrero
con un ERE bajo el brazo.
Y así nos va en esta tierra
de envidias, celos y espantos.
Tenemos un Presidente
que no sale de su cuarto
porque de hacerlo, los suyos
lo reciben a gorrazos.
Tenemos al juez Garzón
en el banquillo esperando.
Tenemos cinco millones
de españoles en el paro.

Tenemos a Ángela Merkel
con el bastón preparado.
Tenemos a Pachi López
a Eguiguren entregado
a Eguiguren sometido
y con «Sortu» a medio paso
de lograr que el terrorismo
vuelva a ser legalizado.
Tenemos a Bono en trance,
y a Trinidad en el Cairo
y a Leire por Benidorm
su retiro preparando.
Tenemos a Tomás Gómez
con los autobuses blancos.
Nos han prohibido fumar
pero no vender tabaco.
Tenemos al doctor Montes
en Leganés, sin trabajo.
Tenemos una nación
que se está haciendo pedazos,
y tenemos a Garoña
dispuesta contra tornados.

Y cuando un hombre ejemplar
cobra un ERE bien ganado,
tenemos muy mala uva
y al unísono dudamos
de que nada más nacer
se incorporó a su trabajo.

Desconyuntado me encuentro,
descoyuntado me hallo.

La Razón - Opinión

Dinero de los trabajadores

La gestión del escándalo de los ERE de Andalucía recuerda a los viejos casos de corrupción del felipismo. En aquellos tiempos, primero se negaron, después se intentaron controlar y, por último, estallaron y se llevaron por delante el crédito y la imagen de un partido que llegó al poder con el eslogan «Cien años de honradez». Los viejos «tics» se repiten hoy y, lo que es más sintomático, algunos protagonistas, también. Manuel Chaves y José Antonio Griñán llevan semanas achicando el agua con una versión con tantos agujeros que resulta inverosímil. El caudal probatorio es de tal magnitud que sólo demoran lo inevitable. Documentos y testimonios prueban que la Junta hizo posible una trama de ERE con irregularidades en empresas de Andalucía, con la presencia de beneficiarios que nunca habían trabajado en la compañía o que desempeñaron cargos distintos a los que figuraban sobre el papel. Una red que dispuso de 647 millones de euros, que el propio ex director general de Empleo de la Junta calificó de «fondo de reptiles». Ello fue posible porque Chaves y Griñán eligieron mecanismos al margen del Derecho administrativo y de los procedimientos presupuestarios para camuflar la presencia de ese dinero. Es poco creíble, como sostiene la defensa, que ambos dirigentes desconocieran los reiterados informes de la Intervención General que señalaban desde 2005 que el medio elegido para transferir esas partidas para los ERE a distintos entes instrumentales de la Junta no era regular.

Según Griñán, él no se enteró de nada, porque la Intervención no le elevó dato alguno cuando era consejero de Economía y Hacienda. Pero ayer su testimonio fue de nuevo rebatido con un documento oficial de 2006, que prueba que la Intervención ordenó el traslado de informe definitivo a Griñán en el que se acreditaba que se estaban tramitando subvenciones excepcionales al margen del procedimiento administrativo establecido. Evidentemente, Chaves y Griñán consintieron y no evitaron el monumental fraude que se cometió con el dinero de los trabajadores. Y es éste un elemento moral no baladí, que mide la integridad de los implicados y que los incapacita para ejercer cualquier responsabilidad pública. Hoy, la Junta reconoce casi un centenar y medio de casos irregulares. Muchos de ellos afectan a socialistas y sindicalistas de UGT. Uno muy singular es el del ex consejero de empleo de la Junta, Antonio Fernández, que pasó de números rojos a un patrimonio suculento el mes en que se le concedió el ERE. La Justicia será la que dirima qué clase de delitos y quién los ha cometido, pero existe una responsabilidad política incuestionable. Primero de Chaves, porque la trama comenzó bajo su mandato y porque parece imposible que un presidente no se entere del destino de 647 millones provenientes de sus presupuestos. Y segundo de Griñán, consejero de Economía cuando la Intervención advirtió por pasiva y por activa de lo que sucedía. Y todo ello con la sospecha de que la trama era un instrumento para la financiación ilegal del PSOE. El tiempo y las pruebas corren en contra de Chaves y Griñán, pese a la sospechosa falta de diligencia de la Fiscalía.

La Razón - Editorial

Sombras de sospecha

Los últimos casos conocidos apuntan la posibilidad de que el PSOE se hubiera financiado ilegalmente con parte del dinero de los ERE.

A medida que avanza la investigación sobre la financiación irregular de expedientes de regulación de empleo en Andalucía se conocen nuevos episodios de malversación y aumentan las sospechas de que pudiera tratarse de algo más que de un trato de favor a amigos y familiares de autoridades, sindicatos o militantes socialistas. Acreditados numerosos casos de personas que se han beneficiado de fondos que no tenían derecho a recibir, se abre ahora la posibilidad de que parte de ese dinero pudiera haber financiado ilegalmente al PSOE andaluz. La sospecha no es infundada porque cada día que pasa se hace más nítida la implicación directa de militantes de este partido, como sucedió, según informaba ayer ABC, con el desvío de 300.000 euros que estaban previstos para el ERE de Hitemasa y que acabaron en manos de tres particulares, uno de ellos militante del PSOE-A. El PP también cree que ha habido financiación irregular a los socialistas en el caso de la donación de un local a su agrupación de Camas, por parte de un ex concejal del PSOE en esta localidad y también receptor ilegal de fondos para un ERE.

La presunción de inocencia debe respetarse para las personas, pero los hechos no admiten discusión y se acumulan los que apuntan a un fraude masivo del que hasta ahora se sabe que ha sido cometido o consentido por autoridades de la Junta de Andalucía, que ha supuesto la desviación ilegal de fondos destinados a pagar despidos, que ha beneficiado a personas que nada tenían que ver con las empresas afectadas por los ERE y que algunos de esos beneficiados eran militantes socialistas. Ni la Junta de Andalucía ni el PSOE pueden darse por ajenos a estas malversaciones, al margen de si su responsabilidad final es penal, administrativa o solo política. A diferencia de otros casos de corrupción, en este hay una planificación concertada de desvío de fondos a cargo de autoridades autonómicas, conscientes de que malversaban caudales públicos, con el coste de una degradación absoluta de lo que debe ser una política eficiente contra el desempleo y una gestión honrada de los fondos que se ponen en manos de las administraciones para el interés general, no para el beneficio particular. Los socialistas andaluces se enfrentan al fin de la impunidad política de décadas de hegemonía absoluta, ejecutada con desprecio a los sistemas de control parlamentario y a los procedimientos legales para la gestión económica de la cosa pública.

ABC - Editorial

Una imputación judicial recalienta el caso de los ERE's. Por Antonio Casado

Se anima la pugna de los dos grandes partidos por ver quién mea más alto, o más bajo, según se mire desde una orilla u otra, en materia de corrupción. En la cuenta particular de gurteles valencianos frente a ERE's andaluces, el borrón se lo apuntó ayer el PSOE. El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ya está imputado por el fraude de los famosos Expedientes de Regulación de Empleo aprobados y financiados por la Junta de Andalucía.

El asunto de los ERE's fraudulentos es una más de las numerosas formas de malversación del dinero público que hemos ido conociendo a lo largo de los años. Por mejor decir, es una forma de malversación de un objetivo tan decente como minimizar los daños por pérdida de puestos de trabajo en empresas fallidas. Discutible en una concepción estrictamente liberal del sistema, de acuerdo, pero decente, siempre que las malas prácticas no lo contaminen a favor del amiguete, el familiar, el vecino o el compañero de partido.

Lo de Mercasevilla, detectado por la Intervención General de Hacienda en 2005, no se quedó ahí. Se hincha, como dice el cuento. El citado ex consejero de Empleo (2004-2010) recibió ayer una comunicación de la jueza que lleva el caso, Mercedes Alaya (Juzgado número 6 de Sevilla), anunciándole que será llamado a declarar como imputado en la causa. Con procurador y letrado, Fernández deberá explicar en sede judicial cómo se gestionaron los 650 millones destinados por los poderes públicos a la reestructuración de empresas en crisis.

«Patinaron los dirigentes socialistas andaluces al anunciar que el escándalo no rebasaría el ámbito de competencias del director general.»

Ese era el objetivo decente. Del uso que se pudo hacer de esos dineros de todos los ciudadanos ya nos dio una pista el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, cuando lo calificó con descaro de “fondo de reptiles”. Y del rigor con el que fueron administrados nos hacemos una idea a la vista del propio expediente personal de Antonio Fernández (sí, sí, el ex consejero ahora imputado) como prejubilado de la empresa González Byass en el año 1981. Pero, ojo al dato, la fecha de antigüedad en la empresa obrante en el expediente -ya corregido, al parecer- era la de su nacimiento.

La derivada política es imparable. Y va a más. Patinaron los dirigentes socialistas andaluces al anunciar que el escándalo no rebasaría el ámbito de competencias del director general. La imputación del consejero deja el listón indagatorio de la jueza a los pies del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, hoy vicepresidente del Gobierno central, y del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pues ambos tuvieron bajo su autoridad política e institucional al ex consejero Fernández, un histórico dirigente local del PSOE gaditano.

Griñán y Chaves tienen la obligación de construir un relato convincente que acredite lo que el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atribuyó a “una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas que aprovecharon su posición al frente de algunas empresas ajenas a la Administración autonómica” ¿Sin colaboradores necesarios de cierto nivel dentro de la Junta? No parece creíble. Y si lo es, el presidente andaluz no debería desaprovechar la ocasión de cargarse de razón ante una comisión parlamentaria, donde deben ventilarse las responsabilidades políticas mientras el procedimiento judicial sigue su camino.

El Confidencial - Opinión

Régimen corruptor

Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica.

EL Gobierno socialista andaluz se enfrenta a una epidemia de casos de corrupción que lo ponen contra las cuerdas, no solo por su responsabilidad política inmediata derivada de hechos gravísimos, sino también por su responsabilidad histórica en la gestión de la autonomía andaluza. A los escándalos de Mercasevilla y de la financiación fraudulenta de multitud de expedientes de regulación de empleo, se suma ahora una probable malversación de fondos europeos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores. El fraude consistía en que la empresa beneficiaria de la subvención despedía a los trabajadores contratados inmediatamente después de recibir la ayuda europea. La Junta de Andalucía era la encargada de tramitar las solicitudes de subvención de las empresas, que podían realizar este fraude con total impunidad por la falta de control posterior. Hasta 1.600 empresas podrían estar implicadas en este fraude, cuyas dimensiones hacen inverosímil que pudiera pasar inadvertido a las autoridades autonómicas. Además, una de las empresas investigadas, «Qualytel Teleservices, S. A.», con claros vínculos personales con el socialismo andaluz, fue contratada por la Junta de Andalucía para atender servicios telefónicos como el de asesoramiento a mujeres maltratadas; y también se le ha adjudicado —lo que parece un sarcasmo— el contrato de la Agencia Tributaria para la atención telefónica de la campaña del impuesto sobre la renta que comenzará el próximo mes de mayo.

Tanta corrupción es una manifestación enfermiza de un régimen político asentado en la servidumbre social, la compra de voluntades y el victimismo como coartada. El régimen socialista en Andalucía se está retratando en estos casos inadmisibles de gestión corrupta de fondos públicos, tanto más reprochables por tratarse de una comunidad autónoma aquejada por la tasa de paro más alta de España y sumida en una constante reivindicación de deudas históricas y agravios comparativos frente a otras comunidades. Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica y de toda la red paralela de sociedades públicas. Es hora de saber cuánto ha costado la corrupción en Andalucía, y no se puede esperar a que los procesos judiciales terminen con sentencia, aunque en este caso la Fiscalía parece haber actuado con mayor claridad que en los de Mercasevilla o el fraude de los ERE. La revelación de la verdad sobre los fraudes masivos en Andalucía es una responsabilidad política que antes o después habrá de cumplirse.

ABC - Editorial