Lo realmente decisivo es la realidad de esta formación. En concreto, si su creación responde o no a la estrategia institucional de ETA.
LA izquierda proetarra presentó ayer los estatutos de una nueva formación política, con la que pretende recuperar espacio político y presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo. La supuesta novedad es que, según los portavoces que explicaron las bases del proyecto, los estatutos rechazan el uso de la violencia, incluida la de ETA. Claro que si esos portavoces son Rufino Exteberría e Íñigo Iruin, la novedad suena a trampa, al enésimo disfraz con el que ETA quiere volver a colarse en las instituciones con un «caballo de Troya». También los estatutos de Acción Nacionalista Vasca rechazaban la violencia y acabó ilegalizada y disuelta por el Tribunal Supremo. La nueva máscara de Batasuna rechaza la violencia en medio de una tregua de ETA, pero bastará que ETA reanude sus actos terroristas con la excusa de que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de la tregua para que el nuevo partido justifique en el «conflicto político» su negativa a condenar el terrorismo. La cuestión esencial no es la condena a ETA. Ni Batasuna fue ilegalizada por no condenar el terrorismo ni el nuevo partido pasará los filtros legales solo por rechazar —que no condenar— la violencia venga de donde venga. Lo realmente decisivo no es lo que digan los estatutos, sino los hechos y la realidad de esta formación. En concreto, si su creación responde o no a la estrategia institucional de ETA. Y mientras entre sus fundadores estén personas judicialmente vinculadas con los terroristas y no haya una clara segregación de este partido respecto de los fines de ETA, la obligación del Gobierno es actuar legalmente contra él.
Tal actuación debe empezar inmediatamente, suspendiendo la inscripción del partido político, bien porque lo considere una asociación ilícita, en cuyo caso deberá comunicarlo al fiscal para que presente la querella correspondiente; bien porque lo considere sucesor de un partido ya ilegalizado. Y si finalmente este partido es inscrito, porque no hay posibilidad legal para impedirlo, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal son las únicas instituciones que pueden pedir al Tribunal Supremo su ilegalización. Cualquiera que sea la opción contra esta nueva Batasuna, es el Gobierno de Rodríguez Zapatero el único que puede promover, en plazo breve, los procesos legales para que los Tribunales impidan su constitución como partido legal o, en todo caso, su actuación como instrumento de ETA. No hay que engañarse. Tras esta iniciativa está ETA, como director de una orquesta terrorista en la que unos matan y otros se hacen pasar por políticos.
ABC - Editorial
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