!La Guardia Civil al servicio del pueblo! Por Manuel Rosa Recuerda

Mi buen amigo José Piñeiro y mejor compañero, me pide a bote pronto este artículo, para conocimiento general de los GUARDIAS CIVILES y lo más importante de la SOCIEDAD a la que servimos y nos debemos, o deberíamos. Me vienen así tantos recuerdos, que debo por ello hacer honor a mi segundo apellido. Todo comenzó aquel 20 de Septiembre de l.986,cuando a las l3´00 horas presento en conducto reglamentario un derecho de petición amparado en el Artículo 29 de la Constitución, solicitando en esencia me autorice el Excmo. Señor Secretario de Estado (D.RAFAEL VERA Y FERNANDEZ HUIDOBRO),recoger más firmas pertinentes a fin de legalizar en la Guardia Civil una ASOCIACION PROFESIONAL al amparo del Art.22 de la Constitución, entrando así con voz propia en el Acuerdo Económico y Social que estaba llevando a cabo con el Cuerpo Nacional de Policía, el indicado Secretario de Estado. En el momento de la entrega del documento al Capitán CARLOS CACERES ESPEJO, sin Don, pues para mí perdió todos los honores, se levantó y apretando mi mano se atrevió a decir! CABOS DEMOCRATAS COMO USTED HACEN FALTA EN LA GUARDIA CIVIL!.Fue un iluso si creyó que me lo creí, pues ambos sabíamos lo que nos iba a ocurrir .Yo ya cumplí mi parte, SEDICION MILITAR, pero cabe preguntarse tras las torturas dicho día, registro de los domicilios sin la presencia del detenido, terror infligido a esposa y tres niños pequeños, que sólo sabían preguntar aterrorizados que dónde estaba su padre, etc.,etc, sólo por un derecho de petición.

Nadie sabía nada de la UNION DEMOCRATICA DE GUARDIAS CIVILES, --UDGC-- pues eso estaba tan solo en mi pensamiento. ¿Que sustancia me aplicaron para sacármela del cerebro? El que en todo momento se identificó como Secretario del Juez Togado Militar, identificado por periodistas como JULIAN HERNANDEZ DEL BARCO, Teniente de los Servicios Especiales de la Guardia Civil, aún hasta hoy me ha sido imposible identificarlo y que se le tome declaración.¿Quien le protege?¿Quién ampara al torturador?¿Estamos en un Estado de Derecho o esto son reductos del franquismo y con mi caso deben desaparecer?.

Eran tantas las claves que debía despejar, para llevarlos a los TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA y tantas las dificultades para poner a LA GUARDIA CIVIL AL SERVICIO DEL PUEBLO, como policías conformadoras de LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, aseguradoras de los DERECHOS DE LOS CIUDADANOS¿?. El que no tiene derechos asegurando los de los ciudadanos, o sea la zorra guardando las gallinas, como buena madre.

Unos escribieron, que yo era PROMETEO, otros que era SISIFO, que por un lado, robaba el saber de los dioses y lo daba al pueblo para que adquirieran la cultura que los hace libres. Lo cierto es que me obligaron a ser fuerte y diariamente subir la gran roca ,por la ladera y vuelta a rodar hasta abajo y vuelta a subir, con las águilas comiéndome a diario las entrañas. Presenté los Estatutos, Acta fundacional y Exposición de motivos de la UNION DEMOCRATICA DE GUARDIAS CIVILES, desde la Prisión Militar de Alcalá de Henares(Madrid),donde me "doctoré" en Derecho Constitucional, me leí todas las Sentencias del Tribunal Constitucional promulgadas hasta entonces y por ello supe que según la STC 81/83,a los 20 días la meritada Asociación tenía la PERSONALIDAD JURIDICA adquirida, pero el Registro de Asociación dijo que como era una Asociación profesional reivindicativa, ello significaba que era UN SIDICATO incidió en la ilegalidad borrando de un plumazo mis derechos constitucionales. Recurrí contra tal tesis, a la Audiencia Nacional y Margarita Robles, entre otros lo confirmó, igual ocurrió con el Tribunal Supremo hasta agotar la vía y llegar al Constitucional, que declaró el derecho y ya aunque SINDICATO eramos legales !que iluso quien lo crea!. El Registro, aún hoy sigue sin darle un número, con lo fácil que es. Lo mismo paso con la Oficina del DEFENSOR DEL GUARDIA CIVIL, Vuelta a subir la pesada roca. Aquel 20-Septiembre-1986 comencé con el HABEAS CORPUS, otra titánica lucha que desembocara en un REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIFICO, después de CIENTO CINCUENTA AÑOS, mediante la STC l94/89 de l6 de Noviembre. LLegué a ser amenazado por dicho Alto Tribunal que si volvía a recurrir en Amparo, sería sancionado con l00.000 pesetas de las de antes, pues lo reconozco que les tenía colapsados mis temas, pero entendía que a la Guardia Civil le hacían falta tantos derechos, que las amenazas para mi humilde parecer eran hueras. Mientras tanto se legalizó todo lo legalizable al SERVICIO DEL PUEBLO. Pero me pregunto: ¿ES TERRORISMO DE ESTADO ?¿HAN SIDO GUANTANAMOS LOS TRIBUNALES MILITARES PARA REPRIMIR NUESTRAS IDEAS?¿NO ERAMOS MILITARES SOLO EN LOS DE ESTADOS DE GUERRA,SITIO O EXCEPCION EN EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS¿.Dejo los interrogantes para otro momento, pues tuve que ir al Tribunal de Estrasburgo y me encuentro que según las claúsulas firmadas por España no era REVISABLE el tema de un GUARDIA CIVIL. Vuelta la roca para abajo y escrito documentado al Consejo de Ministros de España para que quitasen dicho impedimento, para que Da Costa pudiera conseguir la fabulosa Sentencia en 2006. Lo reconozco, no ha sido fácil, pero era tan imprescindible poner a la GUARDIA CIVIL AL SERVICIO DEL PUEBLO, que todo sufrimiento es poco, para lo que le debemos a la SOCIEDAD LIBRE EN UN ESTADO DE DERECHO.

En hilo de mi argumento señalar la gravedad de los hechos cometidos y muy especialmente algo que no nos debe pasar desapercibido: los 80.000 Guardias Civiles priva-dos de libertad por los Mandos, sin potestad judicial alguna al ser simplemente Autoridades administrativas y que por ende el Tribunal de Estrasburgo condenó a España, dándonos por lo tanto la razón a los “sindicalistas españoles”, aquellos que desde siempre creímos en la Constitución. Cabe preguntarse ¿Es GENOCIDIO privar de libertad a tanto buen funcionario por sus ideas democráticas, creando el terror en todo el Colectivo?.Los DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONAS son inherentes al individuo, de tal forma que son de obligado cumplimiento e inalienables, de ahí el criterio hermenéutico reiterado por el Constitucional en las SSTC.,75/l.982,8l/83,l04/86.,etc.,respecto a DEBERSE INTERPRETAR Y APLICAR LAS NORMAS Y LAS LEYES CON AJUSTE A LO PRECEPTUADO EN LA CONSTITUCION. Esperemos que en lo sucesivo, jamás persona alguna, se tenga que defender tan desigualmente, será la prueba de que tiene derechos y le son respetados como PERSONAS.

Un saludo:

Manuel Rosa Recuerda, Cabo de la Guardia Civil , Premio Derechos Humanos y Promotor del movimiento Asociativo y democrático en la Guardia Civil

La Voz Periodística

El per de la memoria histórica

Indemnizar a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico.

LA decisión de la Junta de Andalucía de indemnizar con 1.800 euros a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo entre 1936 y 1950 trasciende cualquier límite establecido hasta ahora en el debate sobre la memoria histórica y reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico. A pocos meses de las elecciones municipales y con las encuestas anunciando un vuelco electoral histórico en Andalucía, el Ejecutivo de José Antonio Griñán se lanza por la pendiente de la demagogia y da otro paso más en la manipulación del dolor de las víctimas republicanas de la Guerra Civil. Es, en efecto, una manipulación por el momento político elegido y por el planteamiento puramente económico de la reparación. Además, consciente del destiempo con que se toma esta medida, la Junta prevé que las humillaciones —corte de pelo al cero, exposiciones públicas, ingesta de ricino...— puedan ser probadas, seis o siete décadas después, mediante declaraciones juradas de la víctima, lo que garantiza conflictos legales e incluso fraudes, pese a la existencia de una comisión que se encargará de valorar las peticiones de indemnización.

La Junta ha actuado en este asunto de manera arbitraria, sin apoyarse en una demanda social concreta que lo justifique, ni falta que le hacía ante la motivación oportunista de la medida. Hay ya suficientes normas sobre la reparación de las víctimas como para amparar en ellas esta medida. El problema no es su coste económico ni las controversias legales que puede suscitar, sino la visión que encierra sobre la sociedad andaluza y su relación con el poder político, una relación sustentada por el subsidio, la subvención y, en general, el gasto público que haga falta para alimentar las redes de dependencia clientelar que tanto han hecho por mantener la hegemonía socialista, ahora en peligro ante el avance del Partido Popular. Es lamentable que la respuesta del Ejecutivo socialista de Griñán ante este desafío histórico que le plantean los andaluces con un probable cambio de gobierno —que tendría en las municipales su primer capítulo— consista en reincidir en métodos que explican el estado político de Andalucía. No es un plan de incentivación del empleo, ni de excelencia educativa ni de lucha contra el fraude en el PER. Lo que se le ocurre a la Junta de Andalucía es poner precio al sufrimiento, como antes se ponía precio al hambre.

ABC - Editorial

Un simulacro de reforma no servirá

Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con el franquismo, haya sido hasta ahora tan renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera de la normativa laboral del régimen anterior.

Después de que la ministra Salgado prorrogara hasta finales de junio el plazo dado a los agentes sociales para llegar a un acuerdo respecto a la reforma del mercado laboral, Zapatero ha anunciado este miércoles que el día 16 se aprobará dicha reforma en Consejo de Ministros, "tanto si hay acuerdo como si no".

Bien está que el Gobierno haya por fin asumido sus responsabilidades, que durante tanto tiempo ha delegado a un "diálogo social" tan eterno como estéril. Ahora falta por ver si esta reforma, que Zapatero nos asegura tener ya "prácticamente perfilada", en verdad "afecta a aspectos esenciales" de nuestro rígido mercado laboral.

Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con la dictadura franquista y la memoria histórica, haya sido hasta ahora tan irresponsablemente renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera en lo esencial de la normativa laboral del régimen anterior. Lo verdaderamente negativo de ella, sin embargo, es su coactiva rigidez, que disuade a los empresarios a hacer nuevas contrataciones, al tiempo que les aboca a despidos mucho más masivos por no faciltiarles ajustes de salarios o de plantilla más parciales.

Desde aquí no podemos, por tanto, sino reivindicar la plena libertad contractual para que las relaciones laborales sean las que libremente acuerden las personas que en ellas intervienen. Son las personas que quieren contratar y la que quieren ser contratadas las que, sin coactivas intromisiones de terceros, deberían establecer las condiciones de su relación laboral y el eventual coste de rescindirla. Lo que es insostenible es que en un marco en el que empresas y clientes interactúan con la máxima libertad y flexibilidad, la relación entre empresarios y trabajadores, sin embargo, esté constreñida por una rígida regulación, mucho más costosa de rescindir que un contrato matrimonial.

Si verdaderamente se quiere alentar a los empresarios a que contraten y que lo hagan de manera indefinida, lo que es esencial, y más aun en los tiempos de incertidumbre que padecemos, es no disuadirlos con coactivas y elevadas indemnizaciones en el caso de querer en el futuro rescindirlas. Las barreras de salida ejercen siempre de barreras de entrada. Es por ello vital que la reforma de nuestro mercado laboral vaya encaminada a reducir drásticamente las indemnizaciones por despido que no hayan acordado en libertad el empresario y el trabajador, individualmente considerados. No hay nada más improcedente que forzar una relación cuando una o las dos partes que en ella intervienen ya no la quieren prolongar. Por ello no sólo es necesario reducir la cuantía de la indemnización sino también ampliar las causas del despido procedente para aquellos casos en los que no haya un pacto expreso.

La erradicación del actual sistema de negociación colectiva, y su sustitución por uno que dé primacía a la negociación descentralizada a nivel de empresa, también es esencial para reforzar otros elementos de flexibilidad como son los horarios o la movilidad ocupacional en el seno de la propia empresa. Resulta simplemente delirante que, por culpa de esta rémora del socialismo gremial o nacionalsindicalista, sea con frecuencia más fácil en muchas empresas gestionar un despido parcial que un cambio de las condiciones de trabajo de los empleados. Esta rigidez, junto a la inmunidad que se ha dado a unos salarios frente a la crisis y a la falta de productividad, es una de las principales razones por las que el ajuste haya tenido que venir de la mano de una masiva destrucción de empleo.

Tendremos que esperar a ver en qué se concreta la reforma a la que ya ha puesto fecha Zapatero. De lo que de ella han filtrado algunos medios de comunicación, ya podemos decir, sin embargo, cualquier cosa menos que afecta a "aspectos sustanciales" de nuestro mercado laboral. Y es que, de confirmarse que su "reforma" básicamente va a consistir en un nuevo contrato en el que se reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días trabajados, mientras se obstaculiza el contrato temporal, a lo que asistiríamos es a un mero maquillaje, a un simulacro de reforma. Semejante y ridículo cambio apenas reduciría el efecto negativo que para la contratación tienen los altos y coactivos costes del despido, mientras que sellaría la única válvula de escape que ahora mismo tiene el sistema.

Habrá que esperar a ver, con todo, si hemos pasado de un simulacro de "diálogo social" a un simulacro de "reforma" por parte del Gobierno. Eso sí que sería una auténtica barbaridad.

Libertad Digital - Editorial

Demagogia fiscal

EL PSOE hace pagar las consecuencias de su incapacidad para afrontar la crisis a los pensionistas y a los funcionarios públicos, pero no renuncia a los gestos demagógicos dirigidos hacia el sector más radical de la izquierda.

El mensaje de que es necesario crear un nuevo impuesto «para los ricos» ha calado por todas partes, aunque nadie sabe con certeza quiénes se incluyen en dicha categoría, ya que Rodríguez Zapatero y sus ministros siguen dando bandazos y emitiendo señales contradictorias. Algunos dirigentes territoriales se apuntan ahora a esta escalada de populismo fiscal, aprobando incrementos del tramo autonómico del IRPF que se deben concretar a través del correspondiente proyecto de ley.

En el caso de Cataluña, el Ejecutivo gravará las rentas superiores a 120.000 euros anuales con dos puntos a partir de ese nivel, y con cuatro puntos para las rentas superiores a 175.000 euros. Se trata, pues, de una definición amplia del concepto de «ricos» en la medida en que incluye a muchos profesionales que perderán a partir de ahora cualquier incentivo para mejorar sus ingresos con tal de no incorporarse a tramos sujetos a mayor gravamen. En total, la subida alcanza al 0,5 por ciento de los contribuyentes catalanes y se espera recaudar así unos 75 millones de euros, cifra que por sí sola supone una contribución muy limitada a la reducción del déficit. En Baleares, el Ejecutivo que preside Francesc Antich ha optado también por esta vía, nada convincente, porque carece de efectos recaudatorios suficientes y solo pretende lanzar una cortina de humo para cubrir la ineficacia de los responsables políticos ante la crisis.

Lo cierto es que tanto Rodríguez Zapatero como muchos líderes territoriales del Partido Socialista han perdido su credibilidad ante los ciudadanos y pretenden ganar algunos votos entre una izquierda trasnochada que se deja seducir por la retórica absurda que recuerda a la obsoleta lucha de clases. Al final, salen perdiendo aquellos cuyas rentas están plenamente controladas y se corre el riesgo de una fuga de capitales que podría llevar al efecto contrario al deseado. Las actitudes populistas no sirven de nada a la hora de generar confianza en una sociedad que no se conforma con palabras vacías y no está dispuesta a aceptar como una noticia jubilosa la mejoría estacional del desempleo o el crecimiento de una décima en el PIB. Zapatero y los suyos siguen empeñados en seguir un camino que no conduce a ningún sitio

ABC - Editorial

Contra los ricos. Por M. Martín Ferrand

LA gran diferencia entre la Europa de la Contrarreforma, la nuestra, y la que vivió la Reforma Protestante que impulsó Lutero reside, fundamentalmente, en la valoración social de las personas acaudaladas, de los ricos.

Entre nosotros, y dicho sea coloquialmente y sin ánimo de discusión teológica, la fe es suficiente para alcanzar la salvación eterna y en la salsa luterana y calvinista se exige, además, el esfuerzo. El trabajo que perfecciona a la persona, la justifica biográficamente y dignifica moralmente. Allí suponen que un rico es la consecuencia de una intensa vida productiva, forjada en el ahorro y en la asunción del riesgo de las inversiones y aquí suele ir por delante la sospecha de la procedencia ilegítima de cualquier patrimonio dilatado que no arranque de la nobleza de la sangre y de la herencia.

En ese entendimiento, tan poco socialista y tan propio de José Luis Rodríguez Zapatero -el líder que declina-, ha dicho el presidente que, «en breves semanas», el Gobierno presentará una nueva figura tributaria que no afectará al 99,9 por ciento de la población y que se dirige únicamente a los ciudadanos con una alta capacidad económica. ¿El 0,1 por ciento de la población? Lo primero que debiera aclararnos el intelectual de León nacido en Valladolid es la duración de una semana breve. Hasta ahora, cuando mejor que peor íbamos tirando, todas las semanas eran de siete días, pero la reducción de tiempo en las semanas también es asunto para la inquietud colectiva.

Zapatero, como un tirador con mira telescópica de los que, al servicio de los malos o de los buenos, aparecen en las películas, está apuntando a alguien concreto. Eso es políticamente torpe; éticamente, impresentable y hacendísticamente, inútil. El volumen de las recaudaciones fiscales depende del multiplicador, del número de quienes satisfacen un determinado impuesto, mucho más que del multiplicando y, por mucho que quiera ordeñar los bolsillos de cuatro mil personas, no será así como compense el déficit y, mucho menos, como fomente la actividad económica que, con la correspondiente creación de empleo, genere la riqueza que nos falta y nos libere de la pobreza que nos acongoja. Como, además, las apariencias engañan puede llevarse un chasco monumental porque, dos docenas de excepciones al margen, uno de los grandes males nacionales reside en el hecho de que nuestros ricos son bastante pobres.

ABC - Opinión