República en TVE. Por Alfonso Ussía

Televisión Española, siempre tan original y futurista desde que aterrizó Oliart en su poltrona cimera, nos anuncia una serie sobre la Segunda República. Podrían haber elegido también la Primera, porque tanto la una como la otra forman parte de nuestra basura histórica. Les regalo una idea. Hagan otra serie con los maquis como protagonistas. Dan mucho de sí. Los campos verdes, las altas montañas, los guardias civiles con bigotes y expresiones de malvados, y los pobres y heroicos maquis entregados a su ideal y luchando contra todos los elementos. Se pueden entremezclar bellísimas historias de amor. Por ejemplo, la hija del perverso alcalde franquista de una localidad en Liébana, se enamora profundamente del bondadoso e idealista maqui y huye con él al monte. El alcalde monta en cólera, avisa a la Guardia Civil, y un centenar de tricornios persigue a los enamorados, a los que da muerte en una brutal emboscada. En ese punto, se permite incluso a los de izquierdas, emocionarse y humedecer sus ojos como si fueran de derechas de toda la vida. Porque la emoción sensiblera no es «progresista».

La Segunda República constituyó un régimen en un principio decepcionante y en un final vindicativo y sangriento. La España intelectual y pensante que contribuyó a su implantación, detestó a la República apenas un año después de su establecimiento. En 1934, perdió toda su legitimidad. Las izquierdas no reconocieron el triunfo de las derechas en las urnas. La Segunda República convirtió a España en una colonia aterrorizada de la Unión Soviética, y prueba de ello es que el grito patriótico de los republicanos del Frente Popular no era otro que «¡Viva Rusia!». Fueron quemados conventos e iglesias, y la seguridad de los ciudadanos insatisfechos con el régimen dejó de ser una obligación de los gobernantes. Largo Caballero y Casares Quiroga fueron cómplices de los crímenes y las checas. Azaña, un inútil y fracasado desastre que terminó pidiendo paz y perdón al tiempo que huía a Francia. La Primera República mantuvo la Bandera, en tanto que la Segunda se inventó la oriflama efímera y tricolor que también sumó rencores al enfrentamiento social. La Guerra Civil fue consecuencia directa de la perversidad de una República abandonada por la inteligencia y el patriotismo y sometida a la brutalidad. El Frente Popular no dudó en pasar por las armas a decenas de miles de españoles, y entre ellos, a ilustres republicanos. España estaba despedazada en 1934.

Asturias, Cataluña… El levantamiento militar en 1936 contó con el apoyo de la mitad de España. Y el Ejército no se alzó contra una República próspera, justa y democrática, sino contra un régimen putrefacto y sangriento que había perdido toda su legitimidad dos años antes.

Pero la obsesión se mantiene. Una de las mayores bobadas de los empecinados defensores de aquel período trágico es la de intentar convencernos de que los malvados militares de derechas se alzaron contra un idílico régimen que era depositario de la libertad y la cultura. No existió la libertad a partir de 1934 y la cultura se quemó en miles de hogueras distribuidas por toda España. Los gobernantes republicanos terminaron como títeres enfrentados. Y no existe justificación a la represión brutal de los vencedores de la Guerra Civil desde 1939. Fue el fruto podrido de otra brutalidad anterior. La República perdió, y las izquierdas estalinistas cayeron derrotadas. Ni TVE puede cambiar la historia. Dejen de manipular pasados oscuros y dedíquense a las series venezolanas.

La Razón - Opinión

Zapatero contra el PSOE. Por Germán Yanke

Algunos dirigentes autonómicos del PSOE desean que Zapatero anuncie su futuro para que no se conviertan en un plebiscito.

Algunos dirigentes autonómicos del PSOE, que deben enfrentarse a sus contrincantes del PP el próximo mayo, desean que Zapatero anuncie la decisión sobre su futuro antes de las elecciones regionales para que no se conviertan los comicios en «un plebiscito Zapatero sí o Zapatero no». Esa sería, según este planteamiento, la intención de la derecha, formulada en el discurso de Aznar en la inauguración de la Convención de Sevilla: los resultados de mayo deben reflejar «un país que reclama ya el cambio político que necesita». La alternativa, según estos candidatos, sería que en la próxima convocatoria electoral se discutiesen, despejada la gran incógnita, los asuntos autonómicos y locales.

Nada de esto oculta la angustia y el pesimismo, el fracaso anunciado de los socialistas. Como ha apuntado Felipe González, la única decisión que respecto a su futuro correspondería exclusivamente a Zapatero es la de no presentarse ya que la otra, la de repetir, atañe también al partido. Quienes quieren el anuncio del presidente en estos meses que faltan hasta las autonómicas desean, aunque no lo digan abiertamente, que Zapatero revele que se retira. Y que lo haga después de una decisión sobre la reforma de las pensiones para que, soltado el lastre con el que identifican al presidente, se lo lleve todo consigo.

La estrategia de estos líderes regionales del PSOE es tan aciaga como contraria a sus intereses. Si piensan así los barones del partido, qué pensarán los votantes que observan al presidente y su política desde fuera y la padecen de modo más indefenso. Si el desastre es ya considerable, no hacen sino incrementarlo. Y, además, la retirada de Zapatero sólo supondría una ventaja si los candidatos socialistas se convirtieran en algo ajeno al PSOE y a la responsabilidad de haber alimentado una política y al presidente que la ha impulsado. El fracaso es el de un proyecto que ellos, los sostenidos por el líder, pusieron en manos del actual presidente. Pueden lamentarse, pero no quejarse.

ABC - Opinión

La discriminación según el Gobierno del sectarismo

De aprobarse esta ley, la agenda más radical de la izquierda pasará de ser una opción política como cualquier otra, a convertirse en un mandato transversal en contra de la libertad individual utilizando la amenaza de las más duras sanciones.

La ofensiva radical de Zapatero para llevar a cabo su soñada revolución social se intensifica a medida que se acerca el más que probable fin de su penoso mandato, tal vez espoleado por la necesidad acuciante de tener alguna iniciativa que presentar sus hooligans de cara a las próximas citas electorales.

Es en esta clave de urgencia preelectoral en la que hay que situar la elaboración del anteproyecto de ley para la igualdad y no discriminación, cuyo objetivo indisimulado es aherrojar aún más a la sociedad civil para obligarla a homogeneizar su funcionamiento de acuerdo con el paradigma socialista. Ni siquiera la apelación a la existencia de unas directivas europeas que el Gobierno español debe trasponer sirve como atenuante para un texto que consagra, de forma tal vez definitiva, la facultad del Estado para sancionar aquellas conductas que considere contrarias a la agenda social de la izquierda más radical, que de aprobarse esta ley pasará de ser una opción política como cualquier otra a convertirse en un mandato transversal en contra de la libertad individual utilizando la amenaza de las más duras sanciones.

El texto del anteproyecto, además, es un despropósito jurídico, acorde por otra parte con el fondo de la materia que pretende regular. Baste para percibir la magnitud del desaguisado la somera lectura de su exposición de motivos, en que el redactor sugiere, por ejemplo, que los esfuerzos en materia de igualdad son tan importantes para España como "la lucha contra las enfermedades o el aumento de la esperanza de vida" (sic). Nos abstendremos piadosamente de comentar lo farragoso de su redacción y lo inconexo de los preceptos incluidos en su articulado, por respeto a nuestros lectores y porque, además, la incuria jurídica es la divisa administrativa de los equipos formados por Zapatero desde que llegó al poder.

Salvo que su procelosa tramitación parlamentaria consiga mutilarlo severamente o un cambio de gobierno decrete su total eliminación, nos encontramos ante el borrador de una ley que permitirá al Gobierno cerrar empresas y pequeños negocios, convertirá en inviables económicamente a los centros de enseñanza que no transijan con las exigencias ministeriales y, como colofón, dejará sin efecto una de las salvaguardas más importantes del Estado de Derecho, al obligar al acusado a demostrar que no cometió el delito del que le acuse la "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación" o el lobby socialista de turno.

Mientras tanto, la desvergüenza del Gobierno alcanza cotas impensables al garantizar expresamente en este anteproyecto de ley, supuestamente contra la discriminación, su inacción ante la discriminación que los castellanohablantes padecen en gran parte de España, ésta sí muy real, como pueden acreditar los padres que en vano pretenden ejercer en nombre de sus hijos el derecho universal a educarse en su lengua materna.

Sólo un Gobierno sin escrúpulos puede atreverse a imponer una autoridad central para vigilar a la sociedad en su comportamiento privado –la abracadabrante "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación" (sic)–, sólo una mente abducida por el sectarismo ideológico más irredento puede pretender que los individuos modifiquen su curso de acción a su capricho, sólo un gobernante desleal con el mandato que juró hacer cumplir puede perpetuar la discriminación lingüística en una norma que supuestamente pretende erradicar cualquier segregación de la sociedad, sólo un totalitario vocacional puede concebir un brutal régimen de multas y sanciones para aquellos que no acepten de buen grado sus dictados ideológicos y, finalmente, sólo un presidente desnortado, en plena huida hacia el abismo de la catástrofe económica más absoluta, puede elaborar una norma para castigar a las empresas que vacilen a la hora de llevar a cabo en sus plantillas las medidas de ingeniería social diseñadas por personajes como Leire Pajín. En otras palabras, estamos ante un anteproyecto de ley sólo al alcance de José Luis Rodríguez Zapatero.

Libertad Digital - Editorial

Un acuerdo que no llega

El Ejecutivo necesita ofrecer una imagen creíble ante Bruselas para que los elogios no se conviertan en críticas despiadadas.

TODO apunta —salvo que estemos ante una nueva maniobra de distracción a dos bandas— a un nuevo fracaso en el maratón negociador entre Gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones. Las posturas siguen alejadas en cuanto a la edad básica de jubilación, a pesar de la flexibilidad sobre posibles excepciones, y sobre la cuestión decisiva del número de años de cotización. En rigor, el problema no es social o económico, sino estrictamente político. El Ejecutivo necesita ofrecer una imagen creíble ante las exigencias de Bruselas para que los elogios con la boca pequeña sobre el «buen camino» emprendido por Rodríguez Zapatero no se conviertan en críticas despiadadas. A su vez, UGT y CC.OO. tienen que aparentar esa firmeza en defensa de los trabajadores que se echó en falta durante largos años de mansedumbre mientras se consumaba el recorte de derechos sociales. Para unos y para otros es ahora más fácil jugar al desencuentro, por mucho que una nueva huelga más o menos general sea un pésimo horizonte para la maltrecha economía española. Las declaraciones de Pérez Rubalcaba y los líderes sindicales sobre el alejamiento de sus respectivas posiciones están destinadas a reflejar ese planteamiento que ahora les conviene después de tanto consenso oportunista.

Lo cierto es que el tiempo pasa y el acuerdo no llega. El presidente de Gobierno se ha comprometido a aprobar el correspondiente proyecto de ley en el Consejo de Ministros del próximo día 28 y no tiene otro remedio que hacerlo ante las presiones de nuestros socios comunitarios. Mientras tanto, la realidad sigue su camino, de manera que ocho millones y medio de pensionistas tendrán que recibir la paga extra comprometida por la subida del IPC en 2010. En este contexto, el eventual cambio de cromos entre pensiones y centrales nucleares introduce un factor absurdo que produce perplejidad en la opinión pública. La imagen de dos sindicalistas en huelga de hambre en la sede de la CGT tampoco contribuye a la racionalidad del debate. Las cosas mal hechas traen siempre malas consecuencias, y el tiempo perdido pasa ahora factura tanto al Gobierno como a las organizaciones sindicales ante la lógica indignación de muchos ciudadanos.

ABC - Editorial

Otra vez en Sevilla. Por M. Martín Ferrand

Si el individuo y su libertad no van por delante, el espíritu democrático se desvirtúa.

DICE Baltasar Gracián, quizás para provocar a Antonio Burgos, que en Sevilla se habla mucho y se obra poco y, tal vez por eso mismo, el PP ha escogido la capital andaluza para celebrar en ella una convención —una reunión de rabadanes— con la que iniciar la campaña de cara a las elecciones autonómicas y locales de dentro de cuatro meses. Hace poco más de veinte años, veintiuno, fue en Sevilla donde José María Aznar, al término del viaje al centro que convirtió AP en PP, se convirtió en líder máximo del partido con la bendición llorosa de Manuel Fraga y el impulso de Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, Federico Trillo y Juan José Lucas. Lucas vive hoy una confortable jubilación anticipada en el balneario de la Plaza de la Marina Española, Trillo ha venido a menos y Rato ha ido a más mientras que Álvarez Cascos, justamente irritado, se ha convertido en el hijo pródigo al que conviene seguir de cerca porque las noticias que llegan de Asturias apuntan que su Foro puede ser algo más que un fenómeno regional y convertirse en refugio de descontentos, la ideología mayoritaria en la España presente.

La convención de Sevilla, a mayor gloria de Rajoy, la inauguró Aznar y, sin reconocer que nos debe una «regeneración democrática» que nos prometió en el 93 y el 96, volvió a apuntarla como meta del partido. Sin ella la Constitución carece de sentido; la democracia, de sustancia; la justicia, de identidad; la educación, de eficacia y el gasto público deja de tener límite. «Lo primero, las personas», dice el PP. Es cierto. Si el individuo y su libertad no van por delante, el espíritu democrático se desvirtúa y vive una parodia socialdemócrata en la que se confunden las prestaciones sociales con los derechos cívicos. Añaden los de la gaviota en este gesto con el que piden un voto que les de una mayoría absoluta sin el que sus posibilidades de gobierno son escasas: «Más sociedad, menos gobierno». También esto está bien visto. Anteponer la sociedad al Estado es conveniente aunque, en estos pagos, no se cultive esa demanda liberal que, dicho sea de paso, sorprende en boca de los responsables de un partido que son, casi en su totalidad, funcionarios públicos. Lo de mejor Gobierno es superfluo. Por malo que resultara el que pudiera formar Rajoy con su disciplinada cúpula partidaria, será mejor que el de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la ineficacia compite con la incapacidad y, juntas, dan lugar a la catástrofe que nos aleja de Europa y nos minimiza en el mundo sobre un mosaico de parados y descontentos que, eso sí, preservan sus pulmones de la acción nefasta del tabaco.

MEDIO - Opinión

Cataluña. El microondas. Por Maite Nolla

En la calle en Cataluña me da la sensación de que se prefiere que gane Rajoy, aunque sólo sea porque Zapatero ho ha fet molt malament, pero tienen miedo al PP porque va contra Cataluña –o eso les han dicho–.

Como sabrán ustedes Cataluña se encuentra otra vez en pie de guerra ante una nueva embestida madrileña. Bueno, Cataluña, Cataluña, no exactamente: el nacionalismo y su opinión conjunta. Y embestida, embestida, tampoco; digamos que se trata de una vaguísima propuesta de reforma de las autonomías o al menos del control de su gasto. Pero ya saben que esto funciona como un microondas. Basta con un par de temas mal explicados y debidamente tergiversados para que la opinión oficial se caliente exprés y se despliegue en Cataluña el almanaque de agravios, con su actualización a 2010 con las sentencias sobre el Estatut y sobre la lengua en la educación. La amenaza en esta ocasión adopta la forma de una nueva "LOAPA", como si la primera hubiera tenido algún efecto. Es como acordarse del padre de alguien. LOAPA, LOAPA, LOAPA, que en catalán se dice LOHAPA, porque armonización se escribe con hache. Y puesta la maquinaria en marcha, les da igual que en el PP no sean capaces de decirte tres cosas más o menos razonadas sobre qué quieren tocar del sistema autonómico. Unos dicen que el gasto, otros que algunas cuestiones relacionadas con la sanidad y con la educación, Feijóo dice que si quieren tocar el gasto que se lo digan al Estado que es el que más gasta, y Alicia Sánchez-Camacho en tevetrés –porque en Madrid dice otras cosas cuando actúa como tertuliana, un comportamiento que hasta su querida Pilar Rahola ha afeado– que hay que suprimir el ministerio de Cultura y el de Sanidad, contradiciendo a Rajoy y contradiciéndose a ella misma. Y también les da igual que la relación de fuerzas en el Tribunal Constitucional siga siendo favorable a los nacionalistas, con un vicepresidente nacionalista que adjuntó a la sentencia del Estatut un alegato político a modo de voto particular. Y pese a ello, algunos ven un movimiento de fondo anticatalán en el que Gobierno, PP, PSOE y hasta los sindicatos estarían en el ajo.

El que piense que este tipo de mensajes no cala, se equivoca. De hecho en la calle en Cataluña me da la sensación de que se prefiere que gane Rajoy, aunque sólo sea porque Zapatero ho ha fet molt malament, pero tienen miedo al PP porque va contra Cataluña –o eso les han dicho–, y así te lo manifiestan. Y prueba de que el clima es el que es, la consejera de Justicia se ha visto obligada a pedir perdón por su pasado de abogada del Estado y por haber pleiteado contra los referéndums, en unos términos que ponen los pelos de punta: ella era una profesional que hacía lo que le pedía el cliente. Y que conste que ella ni creía en lo que decía ni estaba de acuerdo. "Los abogados a veces dicen cosas increíbles"; ni que lo jure. Dudo mucho que los abogados o letrados de una administración tengan siquiera algo parecido a una relación abogado-cliente; creo que la cosa va más por defender el interés de la Administración que, a su vez, es el interés general y el del respeto a la Ley –es un resumen del artículo 103 de la Constitución–. Pero la presión ha podido. Una profesional; llegará lejos.

Libertad Digital - Opinión

Piratas muertos. Por Hermann Tertsch

Corea del Sur liberó a la tripulación de un carguero que llevaba seis días secuestrado. Ocho piratas murieron.

Fuerzas especiales de la Armada de Corea del Sur desplegadas en las costas somalíes liberaron ayer a la tripulación de un carguero que llevaba seis días secuestrado. Ocho piratas murieron. Todos los miembros del comando resultaron ilesos. Tampoco sufrió daño alguno la tripulación de este buque de bandera coreana, compuesta por veintiún hombres de diversas nacionalidades asiáticas. El capitán, que había sido herido durante el secuestro, también está a salvo. El presidente de Corea del Sur advirtió que la operación era una clara demostración de que su país «no tolerará conducta alguna que amenace vidas y seguridad de nuestra gente en el futuro». Aunque aparte de los ocho piratas muertos, han sido detenidos cinco, se da por seguro que parte de la operación ha sido también garantizar que la noticia sobre esta operación ha llegado a los principales centros operativos de la piratería somalí. Con el mensaje de que Corea del Sur no negociará nunca un rescate.

Hace dos meses fue difundida por internet la grabación de una operación de fuerzas especiales de la marina rusa. En ella se mostraba la liberación de un pesquero ruso en aquellas mismas aguas y la captura de un barco de los piratas implicados. Piratas detenidos, algunos heridos, aparecían pidiendo clemencia. Los rusos dejaban claro que no habría piedad. Toda la grabación era una constatación de que aquellos piratas no tendrían una segunda oportunidad. Después la grabación mostraba la voladura del barco pirata y se sugería que la mayor parte de los secuestradores se hallaban a bordo. Se da por hecho que algunos secuestradores fueron liberados para que informaran a sus jefes de la «nueva metodología» rusa en la zona. La grabación, difundida por fuentes militares no oficiales, dio la vuelta al mundo. Nunca hubo confirmación oficial de esta operación. No ha habido más secuestros de navíos rusos.

ABC - Opinión

Pasillos. Por Alfonso Ussía

Para ser diplomático no basta con ser amigo de Trinidad Jiménez o recomendado de Leire Pajín. Hay que estudiar una carrera universitaria con altísima nota media. Preferentemente Derecho o Económicas. Hablar a la perfección dos idiomas con independencia del español. Los hay que dominan tres, cuatro y hasta cinco lenguas. Superar una dura oposición y, de aprobarla, sentirse anímicamente preparado para afrontar una vida al servicio de España en la lejanía. El diplomático es un alto funcionario del Estado, un profesional que siempre defiende los intereses de su nación sea cual sea la ideología y la política del Gobierno de turno.

«La Carrera», que así la denominan los diplomáticos, se consideraba un privilegio décadas atrás. Un privilegio ganado a pulso, pero que conllevaba una distinción social y un prestigio permanentes. En la actualidad, «La Carrera» se ha convertido en un ir y venir por los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por la cantidad de diplomáticos competentes que deambulan por ellos en espera de un destino. La ministra Jiménez, la eterna y sonriente perdedora en todo, está supliendo a los profesionales de la diplomacia por sus amigos y enchufados, no sólo en los destinos en el extranjero, sino en responsabilidades internas de la casa. A los diplomáticos de carrera no se les considera. Bastante tienen con que sean tolerados sus pasos perdidos por los pasillos en los que se distribuyen los despachos de los amigos de doña Trini.

En el franquismo hubo diplomáticos de izquierdas que no se toparon jamás con obstáculos para desarrollar su profesión. Y también de derechas que no por serlo, ascendieron con más rapidez que los demás. La lealtad a España, la defensa de sus intereses y la responsabilidad y competencia en el trabajo eran los requisitos que se les exigían a los hombres y mujeres de nuestra diplomacia. Existieron embajadores políticos en casos excepcionales, y la verdad es que una gran mayoría de ellos dieron también un excepcional resultado. A ese espacio de excepción en «La Carrera» tan sólo concurrían personalidades indiscutibles. Siempre han existido. Pero no tantos como en la actualidad. Y los diplomáticos de profesión siempre los aceptaron por su valor coyuntural, sabedores de que eran los menos. Las embajadas y consulados de España distribuidos por todo el mundo estaban mayoritariamente servidos – la diplomacia es un servicio–, por diplomáticos. Hoy, los diplomáticos van y vienen por los pasillos, suben y bajan las escaleras del Ministerio, piden permiso para entrar en despachos ocupados por quienes no tienen ni idea de política exterior y si han servido a España con Aznar de Presidente de su Gobierno, son tratados como sospechosos e incluso, como enemigos. Con Aznar, a Moratinos y Belarmino León se les consideró respetuosamente y de acuerdo a sus méritos, que fueron muchos.

Pero ahora, con esa señora que fue ministra de Sanidad sin saber en que consiste una inyección intramuscular y en la actualidad lo es de Asuntos Exteriores por haber perdido las primarias de Madrid contra el pobre Gómez, decenas de diplomáticos penan por los pasillos en espera de un destino limosnero, mientras los enchufados mandan y ordenan. El prestigio de «La Carrera» se derrumba fuera de España. A este paso terminarán siendo embajadores –escrito sea con todo mi respeto–, hasta los electricistas del cine o los cámaras de televisión.

La Razón - Opinión

PP. Ante todo, mucho consenso. Por Pablo Molina

¿Cuál es la idea fuerza que va a sobrevolar los privilegiados caletres de los padres conciliares? Pues ni más ni menos que el consenso. El consenso como meta, sea cual sea la materia sometida a escrutinio.

La convención del Partido Popular de este fin de semana en tierras sevillanas no parece que vaya a suponer una revolución programática, entre otras cosas porque el ideario del partido es tan difuso que cualquier ocurrencia encuentra perfecto acomodo por absurda que parezca.

No obstante este carácter tornadizo, consustancial a los partidos de la II Restauración borbónica, y ante la más que posible victoria electoral del PP que la demoscopia anticipa con atisbos arriolanos cada vez más felices, hay votantes que se plantean legítimamente diversas cuestiones sobre la forma en que la muchachada de Rajoy pretende gestionar el desastre zapateril. "Sin ánimo de agotar el tema", ¿qué opina el PP del aborto? ¿Y del nuevo estatuto de Cataluña? ¿Va a seguir financiando "bilateral" y abusivamente a la comunidad catalana en detrimento del resto, como asegura su representante en la zona? ¿Qué piensa hacer con el desastre autonómico en general? ¿Y con la discriminación lingüística en particular? ¿Existe la suficiente determinación, por concretar, para abordar el reparto del agua sobrante de España hacia las zonas desérticas?

Son interrogantes que el Partido Popular no está dispuesto a responder con claridad, porque cualquier afirmación sincera acarrea necesariamente la desafección de una parte de la masa electoral, y la doctrina transversal en esta segunda –y si Dios quiere, última– legislatura de Zapatero es evitar cualquier pronunciamiento que escape al objeto de interés principal de Rajoy en estos años que, como él mismo se ha encargado de aclarar, se circunscribe a la calidad de las retransmisiones deportivas del canal Teledeporte.

No obstante, cuando se convoca un cónclave político hay que fingir que se tienen ideas sobre las que debatir y una línea de acción prevista para arracimar el afecto del cuerpo místico electoral de cara a la cita del próximo mes de mayo. Los padres conciliares del PP, llegados de las agrupaciones diseminadas por toda España, están dispuestos a votar cualquier propuesta de la nomenklatura del partido "con mucha unanimidad", que suele decir un presidente autonómico del PP bastante coñón, pero al menos hay que presentarles algo sobre lo que ser unánimes.

¿Y qué es lo que el partido va a proponer como objeto de estudio –más bien adoración–? ¿Cuál es la idea fuerza que va a sobrevolar los privilegiados caletres de los padres conciliares? Pues ni más ni menos que el consenso. El consenso como meta, sea cual sea la materia sometida a escrutinio. González Pons, al que hay que agradecerle su sinceridad, sin duda involuntaria, lo ha resumido con una frase que muy bien puede figurar en el frontispicio del sínodo andaluz: "Necesitamos con urgencia recuperar y prestigiar los consensos políticos básicos".

Como siempre, desde que Franco dobló la servilleta, la izquierda pone en marcha su revolución social e institucional para que cuando la derecha llegue al poder, si es que llega, simplemente haga la media entre la extrema izquierda y el centro progresista de forma que, como sugirió Zapatero, los socialistas vayan consolidando por la vía de los hechos unas reformas que trasciendan en el tiempo la coyuntural presencia en el poder de sus adversarios políticos.

En el Partido Popular le siguen el juego a Zapatero sin darse cuenta de que es ZP el que los utiliza en su provecho. Sí, todos sabemos que en realidad los dirigentes populares son conscientes de la traición a sus votantes, pero disimulemos lo que sea necesario con tal de llegar al gobierno. El poder, ese es el verdadero y único consenso, aunque a González Pons le hayan prohibido explicarlo.

Libertad Digital - Opinión

ETA está contenta. Por Edurne Uriarte

Togas extraviadas confunden los límites del papel de los jueces y de los políticos, e ignoran el entramado terrorista.

ETA está contenta con la sentencia de Udalbiltza. Basta repasar el Gara de ayer. Ahora bien, siguiendo la argumentación de Gómez Bermúdez y los jueces que la han redactado, eso, la «afinidad» y la «coincidencia» entre ETA y los absueltos, no prueba que Udalbiltza esté bajo el control o al servicio de ETA. En efecto, y eso puede justificar la absolución, no la cuestiono, pero no la intolerable arenga sobre el peligro de criminalización de las ideas políticas que incluyen los jueces en la sentencia.

Tampoco la interpretación de los absueltos de que la sentencia «está acorde con el cambio de escenario» prueba que esto sea un ejemplo práctico de «togas manchadas», que diría Conde Pumpido. Pero sí de togas extraviadas, muy confundidas sobre los límites del papel de los jueces y de los políticos. Y, sobre todo, tristemente ignorantes del funcionamiento del entramado terrorista.

Entiendo que los nacionalistas se pasen el día denunciando lo que ellos consideran la criminalización de las ideas políticas, incluidas las ideas de todos los órganos políticos de ETA. Entiendo también que lo mismo haga la izquierda que quiere negociar con los terroristas. Y, sobre todo, que lo haga la propia ETA para presentarse a las elecciones. Pero lo asombroso es que sean los jueces quienes se metan en ese charco político. En lugar de limitarse a constatar la falta de pruebas suficientes y absolver.

O, si querían lanzar algún tipo de mensaje moral a la sociedad, en lugar de lamentar que el Estado, ellos incluidos, sean incapaces de proteger a los ciudadanos de las reglas del terror impuestas en el País Vasco. O de explicar por qué las ideas coincidentes con un grupo terrorista son más merecedoras de sus desvelos en la sentencia que el derecho a la libertad de los amenazados y coaccionados. O, simplemente, en lugar de abochornarse por la impunidad legal de las ideas criminales.

ABC - Opinión

Cajas en la encrucijada

La admisión de la insuficiencia de las reformas alienta al optimismo; pero ahora hay que actuar.

La imprescindible reforma del sistema financiero español se ha gestionado hasta ahora, desde las instituciones públicas y desde las corporaciones de las entidades financieras, con poco acierto y una lentitud exasperante. En estos momentos, el estado de situación de la reforma, que afecta principalmente a las cajas de ahorros, indica que se han cerrado con éxito un conjunto de fusiones formales de entidades, pero no se ha avanzado apenas en el ajuste de la oferta implícito en las operaciones y menos en la cada vez más urgente recapitalización del sistema.

Con las nuevas exigencias europeas de solvencia, la banca española necesitará al menos 12.000 millones de capital fresco, además de la recapitalización que cada entidad requiera para cubrir el deterioro de sus activos. Gran parte del dinero debe inyectarse en las cajas para acabar con más de dos años de esterilidad crediticia.

A efectos pedagógicos, hay que distinguir entre dos graves problemas que tienen las cajas sobre el terreno. El primero y más urgente es corregir la situación creada por las fusiones realizadas entre marcas de la misma autonomía (casos de Galicia, Cataluña y Castilla-León), cuyo resultado final es frustrante. Las resultantes de esas fusiones apenas cumplen con los requisitos de solvencia y existe una probabilidad alta de que tales operaciones tengan que corregirse de una manera u otra. Estamos ante un conflicto financiero creado por la pertinacia de algunos Gobiernos autónomos en mantener un poder financiero propio manejado desde instancias regionales.

El otro problema está en las dificultades de las entidades fusionadas para encontrar capital estable en el mercado con el cual reforzar su solvencia. Los mercados están cerrados a cualquier tipo de iniciativa inversora. La fórmula de que las cajas separen el negocio financiero en un banco puede ayudar a que los inversores no extrañen las peculiaridades accionariales de las cajas. Pero pasará algún tiempo antes de que desaparezca el rechazo a invertir en entidades financieras.

A estas dos dificultades de fondo se suma otra complicación más: la política titubeante de las autoridades, según evidencian las aparentes discrepancias entre Economía y el Banco de España sobre la pertinencia de reformar de nuevo la ley para acelerar la recapitalización. El banco, principal impulsor de la propuesta, debe sopesar las consecuencias de un nuevo cambio legislativo y los efectos secundarios de inyectar capital público en las entidades que no consigan recapitalizarse en el mercado.

La primera fase de la reforma se ha quedado corta y en algunos casos resulta irritante (por ejemplo, por la presencia abusiva de ex políticos en los gobiernos corporativos). El reconocimiento de esta insuficiencia y la voluntad política de corregirla invita al optimismo, y así lo han entendido los mercados. Ahora es necesario no titubear.

El País - Editorial

La caja vacía. Por Ignacio Camacho

El Senado ya no es más que una plataforma de acomodo para excedentes de cupo de la oligarquía partidista.

SI no fuese por mascaradas como la de los pinganillos, el Senado pasaría por completo inadvertido a una opinión pública que sigue preguntándose para qué sirve esa institución desde la bienaventurada creencia de que es imposible que no valga absolutamente para nada. En realidad es así: no sirve para nada útil, para nada que justifique su costoso presupuesto, para nada que tenga más sentido que su inexistencia. El Senado no es más que un error de benevolencia de los padres constitucionales, que creyeron que la restauración democrática merecía la solemnidad de un sistema bicameral pero no se atrevieron a restar protagonismo al Congreso otorgando a la Cámara Alta poderes determinantes; los pocos e imprecisos que le atribuyeron han sido limados en la práctica por un sistema político dominado por la oligarquía partidista, que se reserva incluso los escaños de designación territorial para colocar en ellos a sus excedentes de cupo. Como caja de resonancia autonómica, en el supuesto de que eso fuese necesario, no alcanza más que para numeritos de exaltación nacionalista; como órgano de control duplica innecesariamente los debates; como cámara de segunda lectura es inútil, y como instancia de veto está subordinada a su hermana mayor. Podría servir de escenario a comisiones de investigación soberanas, pero tampoco lo permiten los partidos. Por fracasar ha fracasado incluso en su específico método de elección por listas abiertas, que desde el principio han reproducido miméticamente los resultados de las cerradas. El resumen es un vacío sideral, una cháchara hueca, un agujero negro pero muy caro donde sólo resuenan los ecos de alguna farsa sobreactuada como la de la babel lingüística.

De ahí que su reforma, imposible sin la de la Constitución, se haya convertido en un mantra rutinario de los proyectos de regeneración que en España acaban siempre perdidos en el limbo de los deseos abstractos. Los partidos jamás se atreverán a suprimirlo porque hallan en él una honorable —senatorial, ya lo dice el término— plataforma de acomodo para dirigentes amortizados o de segunda línea. Tampoco le darán más poder para que no haga sombra al Congreso. La única solución teórica que han encontrado es la de convertirlo en un foro nacional de las autonomías, sin que nadie sepa exactamente cómo darle forma; podría acabar siendo una herramienta de coordinación legislativa de competencias dispersas, pero eso provoca el recelo de los nacionalismos. En el fondo, la clase política se siente a gusto disponiendo de un inofensivo simulacro de parlamento en el que colocar a la tropa sobrante de su amplia nomenclatura. Cuesta mucho dinero pero esa clase de detalles nunca han preocupado en exceso a nuestra dirigencia.

Ah, eso sí: tiene una biblioteca cojonuda. De las mejores de España. Es una verdadera lástima que tenga tan poca utilidad como el resto.

ABC - Opinión

La inaplazable reforma de las cajas

Ahora, cuando al Gobierno no le queda más remedio que reconocer la realidad, parece que puede comenzar a imperar la sensatez y la racionalidad que deberían haber guiado las actuaciones en este campo desde el primer momento.

Han pasado ya tres años desde que la burbuja inmobiliaria pinchó en nuestro país, colocando al sistema financiero, y en especial a muchas cajas de ahorro, en una situación delicada. Al fin y al cabo, tras más de un lustro de un alocado crecimiento del crédito, la exposición al sector del ladrillo de estas entidades llegó a representar el 70% de todos sus créditos; consecuente, pues, que al derrumbarse este sector se generara un agujero que afectó, de manera especial, a aquellas cajas más politizadas y peor gestionadas.

En estos momentos, la mayor incertidumbre que planea sobre nuestro país es la de la solvencia de muchas de estas entidades crediticias. Zapatero ganó las elecciones generales de 2008 negando la crisis y vendiendo que disfrutábamos del sistema financiero más sólido del mundo y, desde entonces, los adalides de la transparencia y de la regulación del sistema bancario no han hecho nada, más bien al contrario, por reestructurarlo y reconocer la realidad.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, el Gobierno aprobó, forzado por los acontecimientos internacionales, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (posterior FROB) para, supuestamente, reforzar la solvencia de las cajas en peor situación. Pero poco se hizo para lograr que las entidades menos solventes fueran privatizadas y adquiridas por aquellos bancos y cajas en mejor situación, cubriendo el FROB los eventuales agujeros.

Ahora, cuando al Gobierno no le queda más remedio que reconocer la realidad, parece que puede comenzar a imperar la sensatez y la racionalidad que deberían haber guiado las actuaciones en este campo desde el primer momento. Así, parece ser que el Ejecutivo por fin se ha decidido a expulsar a los caciques regionales de los órganos de gobierno de las cajas en peor situación para, tras un período de saneamiento y recapitalización, proceder a privatizarlas.

Si este proceso se lleva a cabo con transparencia y profesionalidad –dos cualidades que, por desgracia, no abundan en este Ejecutivo, salvo que se le someta a la tutela de Bruselas–, el capítulo final de esta crisis económica podría permitirnos acometer una de las reformas que teníamos pendientes desde los comienzos de nuestra democracia. No tenía ningún sentido que en pleno siglo XXI más de la mitad del sistema financiero español estuviera en manos de políticos autonómicos y locales –especialmente en aquellos casos de cajas con un menor tamaño donde el contacto con las oligarquías y los intereses locales era más intenso– en lugar de en manos de accionistas privados que arriesgaran su propio dinero. De hecho, gran parte del agujero que soportan hoy muchas de estas entidades se debe al sometimiento de la lógica política a los intereses económicos: ahora, cuando su reestructuración ya resulta inaplazable por muchas redes clientelares que haya en juego, es cuando se nos abre la oportunidad de desvincular ambos mundos. No nos saldrá barato a los españoles, pero ciertamente tenemos pocas alternativas. Confiemos en que, ya que vamos a pagar los platos rotos, al menos podamos enmendar los errores del pasado.

Libertad Digital - Editorial

PP. ¿Va Rajoy a derogar lo que no quiso aprobar?. Por Guillermo Dupuy

Algunos podrán objetarme, con toda la lógica del mundo, que el compromiso del PP de acabar con semejante disparate ya va implícito en su crítica. Sin embargo, tratándose de Rajoy, las deducciones lógicas no dan siempre la suficiente garantía o seguridad.

No le falta razón a Mariano Rajoy cuando considera que espectáculos tan bochornosos como el del uso de traductores en el Senado "en un país normal no se producen". Sin embargo, ¿tenemos, por ello, la seguridad de que si el PP gana las elecciones con la mayoría suficiente va a derogar tan ofensivo esperpento? Lo digo porque, al día de hoy, desde el PP no se he hecho un compromiso explícito en ese sentido.

Algunos podrán objetarme, con toda la lógica del mundo, que el compromiso de acabar con semejante disparate ya va implícito en la propia critica del PP y de su líder. Tal vez, sea así. Pero tratándose de Rajoy, las deducciones lógicas no dan siempre la suficiente garantía o seguridad. Prueba de ello es que un diario nacional como La Gaceta vio hace escasos días oportuno llevar como principal titular de portada que El PP cambiará la ley del aborto. Y es que, puestos a inferir modificaciones o derogaciones legislativas partiendo de la oposición del PP a las leyes que el Gobierno de Zapatero ha aprobado, semejante titular de La Gaceta no supondría noticia alguna o lo sería con muchísimos meses de retraso.

Otro tanto se puede decir del llamado "matrimonio homosexual". Es pública y notoria la oposición que el PP hizo a esa ley que desnaturaliza jurídica, histórica y lingüísticamente la institución del matrimonio, y que el principal partido de la oposición recurrió, incluso, ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa oposición en modo alguno garantiza que el PP vaya a modificar esa ley si llega al Gobierno. Y es que cuando al líder del PP se le pregunta si hay o no ese compromiso activo por parte del PP, Rajoy se limita a decir que "esperaré a lo que diga el Tribunal Constitucional y escucharé a la gente".

Que quede claro que, en este último caso, la no sustitución de esta ley por una que equiparase en derechos a los matrimonios y a las uniones civiles del mismo sexo es algo que a mí, personalmente, no me quita el sueño. Pero de lo que se trata aquí es del derecho que deberíamos tener los ciudadanos a saber qué podemos esperar de quienes aspiran a ser nuestros gobernantes.

Otro ejemplo, en este sentido, lo constituiría la ley antifumadores aprobada recientemente. No se puede negar –sobre todo en los últimos tiempos– que desde el PP no se hayan hecho duras críticas a esta empobrecedora y liberticida normativa de ingeniería social. Sin embargo, ¿tenemos, por ello garantía, de que si el PP gana con mayoría suficiente la modificara para que pueda haber oferta hostelera dirigida a los fumadores? En absoluto. A la falta de compromiso activo en ese sentido, se une el hecho de que el PP –a pesar de su reciente oposición y crítica a la ley– la admitio favorablemente a trámite cuando, se diga ahora lo que se diga, ya tenia sus rasgos más radicales y liberticidas claramente perfilados.

¿Y que me dicen de la critica del PP –sobre todo desde que empezó a hacerla Felipe González– a la oposición de Zapatero a la energía nuclear? ¿Debemos deducir por ella que hay un claro compromiso por parte del PP de crear nuevas centrales nucleares o siquiera de prolongar la vida útil de las poquísimas que hay en España? Si lo hay, que me digan dónde. Y, desde luego, no me explico por qué no la publicitan ni la llevan a gala haciendo pedagogía de ella.

Tampoco se puede negar que el PP no se opusiera al estatuto soberanista catalán o su respaldo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, en línea con el Tribunal Constitucional, ha ordenado a la Generalitat que garantice que el castellano sea también "lengua vehicular" en la enseñanza. Sin embargo, ¿tenemos alguna garantía de que un Gobierno presidido por Rajoy obligará a la Generalitat a hacer efectiva esa sentencia, tal y como, al margen de inexistentes compromisos, es su obligación legal? Eso, por no hablar de otros puntos de ese estatuto que el Constitucional ha exigido su modificación.

Aunque podríamos poner muchísimos ejemplos más, déjenme que acabe, en este caso, con un compromiso que Rajoy sí ha hecho, pero como modo de no entrar en profundidad en el debate abierto por Aznar sobre la inviabilidad del actual modelo autonómico. Me refiero a su vaga propuesta de fijar un tope de gasto y endeudamiento a todas las administraciones sean ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central. Al margen de la falta de concreción a la hora de fijar esos topes, ¿qué garantía podemos tener de que Rajoy lo establezca, no ya a administraciones gobernadas por nacionalistas o socialistas, sino a las de su propio partido cuando dos de las tres comunidades autónomas más endeudadas están gobernadas por el PP, tal y como ocurre con dos de los tres ayuntamientos más endeudados de nuestro país?

Total que "sí pero no, no pero sí, tal vez, aunque todo lo contrario, tal y como siempre he defendido". ¿Cosas de ser gallego? ¡Qué va! Ni siquiera cosas de Arriola. Simplemente, exceso de complejos y falta de liderazgo.

Libertad Digital - Opinión

Del fiscal, los jueces y un payaso. Por Hermann Tertsch

Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo.

NUESTRO Gobierno de España y su partido socialista obrero experimental no se sienten ni mucho menos derrotados, por mucho sondeo amargo que se desayunen. Ni están paralizados pese al caos, los miedos y los nervios que se perciben entre quienes en municipios y autonomías se ven ya víctimas de la creciente fobia hacia el eterno adolescente. Ahí están los planes legislativos para liquidar en los próximos meses las engorrosas limitaciones que pone el Estado de Derecho a los gobernantes por si caen en la tentación de utilizar el poder del estado para aplastar a las voces críticas y rivales políticos. Se mueven. Las noticias judiciales de los últimos días son muchas. Continúa el goteo de sentencias y decisiones amables para organizaciones etarras y sus miembros. Va poniendo en la calle, con beneficios impensables para presos comunes, a terroristas con condenas graves, delitos de sangre incluidos. Ayer, la Audiencia Nacional absolvió a los veinte imputados en el caso Udalbiltza, acusados de actividad terrorista. Al parecer estos acusados sólo se reunían por sus inquietudes municipales. Nada que ver con terrorismo, dicen. Raro, raro. Una vez más, cuando algunos socialistas tienen prisa por encontrar abertzales buenos que premiar, se desmorona la jurisprudencia del Supremo que dicta que Batasuna es ETA. Coge fuerza el mensaje gubernamental de los buenos y malos. Vuelve a estar de discreta actualidad aquel llamamiento del Fiscal General, Conde Pumpido, a los jueces, pidiéndoles no tuvieran escrúpulos en mancharse las togas por el bien de las bellas intenciones del gobierno. Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo. Ataca de nuevo. Ahora para salvar al juez Baltasar Garzón. Ya saben, el juez estrella que lidera la ofensiva para convertir la guerra civil en permanente causa política actual. Y que está acusado de prevaricar en tres casos muy distintos. Alguno más relacionado con el dinero de los vivos que los huesos de los muertos. En una decisión sin precedentes en nuestro Estado de Derecho, la fiscalía apoya la recusación del supuesto juez prevaricador contra cinco magistrados del Tribunal Supremo que deben juzgarle. Esto un día después de que ya echara una buena mano a Garzón, al pedir y lograr el archivo de una causa contra el ex fiscal jefe Anticorrupción, el ínclito Jiménez Villarejo. Este fiscal, que comenzó su carrera jurando fidelidad al franquismo, se ha erigido en gran héroe antifranquista, una vez comprobado —gracias a Garzón— que Franco había muerto. Acusa a los jueces que imputan a Garzón de ser instrumentos del fascismo español y de estar «en manos de los corruptos». La fiscalía considera que eso no veja a nadie. El juez Ruz le ha dado la razón. No sabemos si esta operación «salvar al juez Garzón» se debe al temor a que, de ser condenado, se vengase de sus antiguos socios como ya hizo con González, Barrionuevo y sus GAL. Porque del caso Faisán sabe un montón. Puede también que la fiscalía esté en campaña electoral y que quiere ayudar a Garzón a generar la «tensión necesaria» —que le diría Zapatero a Gabilondo—. Nada mejor que dividir de nuevo a los españoles en buenos y malos. El líder de la nueva campaña en favor del juez Garzón —y de acoso a los jueves del Supremo— no es oficialmente Conde Pumpido, sino el payaso italiano Leo Bassi. Dirige una campaña que se llama «Franconohamuerto.com». Título poco afortunado diría yo. Porque si fuera cierto, Bassi haría el payaso en Italia, los demás estarían callados como putas y Jimenez-Villarejo seguiría asistiendo firme con su camisa azul y su casaca blanca, a las recepciones del 18 de julio.

ABC - Opinión

Cascos, llamado a perderse en la polvareda. Por Antonio Casado

En la Convención Nacional del PP, que hoy comienza en Sevilla, con la asistencia de 3.000 dirigentes y cargos institucionales del partido a escala nacional, autonómica y local, también se dedicará un turno a mirar hacia atrás sin ira y con orgullo. Precisamente el video inaugural, que ayer fue presentado por la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, recoge imágenes alusivas a las realizaciones del aznarato.

En algunas de esas imágenes aparece Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento y vicepresidente del Gobierno. De eso iba por aquel entonces. Ahora se trata de un competidor político que acaba de encontrar la carcasa de su incipiente aventura asturianista (Foro Asturias).

«En esas condiciones, era muy lógico que Rajoy no quisiera apadrinar a un líder asturiano que venía a sembrar la discordia, puesto que de antemano rechazaba el entendimiento con la actual dirección asturiana y ni siquiera se molestaba en ocultarlo.»

No será la última vez que circulen imágenes del Cascos de entonces. Lógico. Ocurrirá cada vez que Mariano Rajoy quiera ilustrar su discurso comparativo entre aquellos Gobiernos (1996-2004) y los de Zapatero ¿Una contrariedad en el diseño de la campaña electoral del PP para las autonómicas y municipales de mayo? En absoluto. Si alguien puede salir perjudicado con esas imágenes no es el PP sino el propio ex vicepresidente y ex número dos del partido, porque será como ponerle delante las pruebas de una clamorosa deslealtad.

Sin embargo, él sigue presentándose como la víctima del aparato de Génova (sede central del PP) por la única razón de que Rajoy y Dolores de Cospedal, en nombre de las normas internas creadas en su día por el propio Cascos, se negaron a aceptar sus condiciones. Básicamente una, la de legitimarse en un congreso extraordinario (así se lo pidió personalmente a Rajoy en el mes de agosto) y, acto seguido, usar la guadaña en la depuración del PP asturiano, hasta dejarlo a su medida.

De nada sirvieron las indicaciones del líder nacional para que se entendiera con Ovidio Sánchez, presidente del PP de Asturias, y Gabino de Lorenzo, alcalde y líder local de Oviedo, como paso previo a su designación como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. No hubo forma. Él quería ganarse en un congreso extraordinario el derecho a cortar cabezas. Y en esas condiciones, era muy lógico que Rajoy no quisiera apadrinar a un líder asturiano que venía a sembrar la discordia, puesto que de antemano rechazaba el entendimiento con la actual dirección asturiana y ni siquiera se molestaba en ocultarlo.

Ahora ya está haciendo la guerra por su cuenta. Con muchas posibilidades de perderse en la polvareda -la Iglesia siempre se acaba imponiendo sobre la secta-, mientras la magia de las encuestas ha borrado del todo a los ruidosos seguidores del “yo no me resigno”, aquella bandera alzada en la primavera de 2008, después de la segunda derrota de Rajoy en elecciones generales, por Esperanza Aguirre y otros. Ya han decidido querer a don Mariano, al que están viendo venir con la cesta llena.

El Confidencial - Opinión

Un progresista en el TC. Por M. Martín Ferrand

Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse sobre las segundas y comer por el primero.

HASTA ahora, los presidentes del Tribunal Constitucional que se han sucedido en el cargo fueron siempre juristas notorios y, en su mayoría, expertos constitucionalistas. La elección de Pascual Sala marca un cambio cualitativo en la institución. Es el primer juez de carrera, un magistrado de largo recorrido, quien ocupa la presidencia de una de nuestras instituciones más polémicas e innecesarias. El TC entra en la obsesión de los «nuevos demócratas» que, al igual que los «nuevos ricos», no quisieron, al hilo de la Transición, que al Estado le faltara de nada y buscaron en todos los supermercados institucionales todo lo disponible en los muestrarios. Con una sala especializada en el Tribunal Supremo hubiera bastado para arbitrar el buen uso del texto constitucional y con ello, además de una notable partida del Presupuesto, nos hubiéramos ahorrado muchas e indeseables confrontaciones entre el propio Supremo y el Constitucional. Tampoco hubiéramos tenido que sonrojarnos con algunas peripecias que, desde Manuel García Pelayo a María Emilia Casas, no han hecho brillar tan singular órgano de nuestra organización estatal.

No es la primera vez que el PSOE impulsa la carrera y promueve un nombramiento de Pascual Sala, desde la presidencia del Tribunal de Cuentas a la del Supremo y el CGPJ. Si es la última lo será en función de la edad del personaje, no por los méritos que han acreditado su «progresismo». ¿No les resulta a ustedes obscena esa permanente clasificación en el ámbito de la Justicia entre jueces «progresistas» y «conservadores»? La Justicia y la Educación son los dos territorios en los que más flaquea la fortaleza del Estado. La primera no es independiente y el sistema de elección de sus cargos más trascendentes, una de las más negativas aportaciones políticas del felipismo, pone bajo sospecha a la cumbre de un poder fundamental del Estado que, paradójicamente, se subordina a los otros dos. La segunda puede valorarse por sus frutos.

El aspirante a la presidencia del TC que ha salido derrotado, Manuel Aragón, es un intelectual fino, constitucionalista notable y claro defensor de la unidad de la Nación y, en consecuencia, opuesto a la «nación de naciones» que, como coleccionista de grandes disparates, tanto le complace a José Luis Rodríguez Zapatero. Hubiera perpetuado el perfil académico que ha definido, desde su fundación, el Tribunal y, en parte, nos hubiera evitado la ofensiva y desagradable clasificación dual entre las razas de juristas que optan a los cargos. Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse sobre las segundas y comer por el primero.

ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. Servicios prestados. Por Emilio Campmany

Los jueces y magistrados que en España pelean por ascender a las más altas magistraturas de la Justicia y esperan hacerlo con el apoyo del PSOE, ya saben cómo se las gastan en Ferraz.

Los romanos ofrecían al pueblo asediado que se rindiera la conservación de los propios jefes e instituciones a cambio de un razonable tributo a Roma y amenazaban con la destrucción total a quienes se les opusieran. Cumplían a rajatabla lo prometido. Cuando en su avance llegaban al pueblo siguiente, sus habitantes sabían perfectamente a qué atenerse y la mayoría de las veces escogían rendirse. Esta política les permitió conquistar un imperio inmenso teniendo que pelear a muerte en muy pocas ocasiones.

El PSOE o, mejor dicho, el PSOE de Rubalcaba, porque el de Zapatero no se atiene siempre a estas reglas, hace lo mismo. Castiga cruelmente a los desleales y cubre de honores, cuando no de oro, a los leales. Hoy hemos tenido ocasión de ver la aplicación de las dos caras de esta política en la elección del presidente del Tribunal Constitucional. Que saldría uno de la cuerda del PSOE, lo sabían hasta las madres, dado que eran siete a cuatro. La cuestión estaba en quién sería elegido, si Pascual Sala o Manuel Aragón.

El cordobés de apellido maño tenía la ventaja de poder reunir cierto consenso entre los conservadores, de forma que cabía que fuera elegido por unanimidad o casi, si los izquierdistas le respaldaban. Pero tenía un defecto muy grave, haberse empeñado en ver en el estatuto de Cataluña parido por Zapatero y Artur Mas groseras tachas de inconstitucionalidad. De facto, esto supuso que quien fuera designado por el Gobierno de Zapatero votara con el bloque conservador en lo del estatuto. Así fue como María Emilia Casas se vio obligada a hacer encaje de bolillos durante tres años, evitando someter a votación el bodrio hasta lograr un cierto consenso en salvar lo salvable.

Pascual Sala, en cambio, luchó con denuedo defendiendo lo indefendible hasta decir que era preciso declarar la constitucionalidad para evitar que Cataluña se separara de España. O sea, dio un argumento político él, que es quien no debiera considerar más argumentos que los jurídicos.

Pero, probablemente, el mayor mérito de Pascual Sala a los ojos de los socialistas no haya sido su adhesión inquebrantable a la constitucionalidad de lo inconstitucional, sino los servicios prestados durante la época en que fue presidente del Tribunal Supremo, entre 1990 y 1996, los años en que el PSOE tuvo que dar cuentas por el terrorismo de estado. Es cierto que fracasó al intentar impedir que el ministro del Interior socialista fuera a la cárcel por crímenes de la organización terrorista GAL, pero en su disculpa puede alegarse que las pruebas contra Barrionuevo eran abrumadoras. En cambio, tuvo un éxito fulgurante al impedir que Felipe González, obvio superior jerárquico del ministro, se viera salpicado por el asunto con la exótica doctrina de la estigmatización, entre otras triquiñuelas. Recibió su premio yendo al Constitucional y ahora se lo redondean con la presidencia.

Así que los jueces y magistrados que en España pelean por ascender a las más altas magistraturas de la Justicia y esperan hacerlo con el apoyo del PSOE, ya saben cómo se las gastan en Ferraz. Podría decirse que el PSOE aplica sistemáticamente el axioma que, en versión edulcorada, viene a decir "al amigo, todo; al enemigo, nada, y al indiferente, la legislación vigente". Así son y no van a cambiar.

Libertad Digital - Opinión

Pinganillos y deuda histórica. Por José María Carrascal

Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos, y así nos va.

SON mucho, por no decir la inmensa mayoría, los que opinan que la traducción simultánea en el Senado es completamente superflua. Yo diría que lo superfluo es el Senado, los senados mejor dicho, pues hay que contar los autonómicos, todos ellos con sus presidentes, senadores, secretarias, chóferes, pensionistas y, ahora, intérpretes, son cámaras redundantes, pues la función legislativa la llevan los parlamentos, quedando ellos como mero adorno. «Es que son la expresión de la España plural y de las deudas históricas» se nos dice. No; son la expresión de la España de los partidos, los mayores creadores de puestos de trabajo —es un decir— redundantes en nuestro país. Mientras lo de las deudas históricas es el mayor timo. ¿Qué deuda histórica tiene España con Andalucía? ¿La de haberla librado de ser hoy una nación musulmana? Yo diría que la deuda es a la inversa, pero sobre gustos no hay nada escrito. ¿Y con Cataluña, que deuda tenemos el resto de los Españoles? ¿El haber sido el mercado de los productos de su revolución industrial? ¿El cederles los Juegos Olímpicos del 92, que expandieron Barcelona más allá del Tibidabo y la dieron una dimensión universal? Otro tanto puede decirse del resto de las «deudas históricas». Vamos a dejarnos de cuentos y a poner los pies en la realidad. De lo ocurrido en España somos responsables los españoles, y ni Cataluña puede pedir un trato fiscal preferente por aportar más, es decir, por ser más rica, ni Andalucía puede pedirlo por ser más pobre, ya que esas condiciones se las han creado ellas.

«El país de los antepasados», nos llamaba Kant. Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos, y así nos va. Pocas cosas hay más anacrónicas que unos senadores escuchándose por pinganillo, más, cuando lo que tienen que oír tanto da que se oiga o no. Esos miles de millones de déficit que Mas ha encontrado en las cuentas catalanas ¿son también deuda histórica? ¿Se los tendremos que aportar el resto de los españoles, como a Andalucía, seguir financiándole el PER? ¿Es qué va a parar esto? ¿Dónde está la responsabilidad individual y colectiva? ¿Dónde esta el sentido común?

Porque responsabilidad y sentido común, son los fundamentos de la democracia, que viene a ser algo así como la edad adulta de las naciones y de los Estados. Pero por lo que estamos viendo, España no ha alcanzado todavía su madurez democrática, sigue todavía en la infancia o en la adolescencia, años en que se cometen toda suerte de ingenuidades y locuras. O, dicho de otro modo: que nuestra democracia es más bien un simulacro de ella. Quien quiera comprobarlo que pierda una tarde yendo al Senado. O que oiga a nuestro presidente.

ABC - Opinión

Makinavaja en la Fiscalía. Por Cristina Losada

Uno no espera que un fiscal jefe adopte como guía valorativa el lenguaje de Makinavaja, el último choriso, o el florido verbo del concursante habitual de Gran Hermano.

La huelga del Metro de Madrid reveló la existencia de una banda de macarras que actuaba bajo las siglas del sindicato de conductores. Ahora, una decisión del fiscal jefe a propósito de los insultos vertidos entonces, muestra que la obscenidad y la grosería son valores con alta protección jurídica. Según información de El Mundo, el fiscal Eduardo Esteban ha pedido que se archive una denuncia de la Comunidad de Madrid contra los sindicalistas que habían descollado tanto en lo soez como en lo amenazante. No hay motivo, dice el hombre. La expresión "Esperanzita como me quites el 5 por el culo te la hinco" que ornaba un cartel de los huelguistas, no es –sostiene– ofensiva, ni lesiona la dignidad ni menoscaba la fama de la presidenta de Madrid. No es injuria, por tanto. ¿Qué será? Una prueba de cariño.

De haber resuelto el fiscal que ese cartel y varios dichos del mismo tono, aunque insultantes, se encuentran amparadas por la libertad de expresión sagrada, se podría discrepar, pero no ofendería a la inteligencia. Sólo sería una prueba más de que, en España, tal libertad es amplísima en unos casos y estrechísima en otros. Selectiva, desde luego. No depende de qué, sino de quién. Pero Esteban opta por desafiar al raciocinio. No es injuriosa, dice. Y hasta pretende que el cartel apareció en la mesa de los cabecillas sin que ellos se dieran cuenta. Una mano invisible lo hizo, otra mano invisible lo puso y nadie –y menos los de la mesa– se enteró. Puestos a imaginar, si esa tierna amenaza de hincarla se refiriera al fiscal, a un familiar suyo o al presidente del Constitucional, no deberían sentirse ofendidos. ¿Por qué, si "no tiene capacidad para producir realmente un descrédito"?

Para descrédito ya tenemos el argumentario de Esteban, cuya escala de valores suscita interrogantes. ¿Es posible que, en su casa, sean de uso corriente groserías como la mentada? Quién sabe, pero lo cierto es que, entre personas medianamente educadas, no tienen pase. Hay ambientes en los que es costumbre proferir salvajadas. Basta poner la tele para situarlos. No obstante, uno no espera que un fiscal jefe adopte como guía valorativa el lenguaje de Makinavaja, el último choriso, o el florido verbo del concursante habitual de Gran Hermano. Siendo ese el rasero, qué bajo cae el ministerio público cuando la injuriada se llama Esperanza Aguirre.

Libertad Digital - Opinión

La timba. Por Ignacio Camacho

La negociación de las pensiones ha derivado en una timba en la que el Gobierno envida con lo que tiene a mano.

EL Gobierno ha convertido la mesa de negociación sobre las pensiones en una timba en la que envida con lo primero que tiene a mano. En ese quid pro quo desquiciado un día pone sobre el tapete la reforma del mercado laboral y otro la política de energía nuclear, convirtiendo incluso sus decisiones más recientes en sorprendente moneda de cambio. Por ahora sólo está mano a mano con la patronal y los sindicatos; cuando se incorporen a la partida los grupos parlamentarios el tira y afloja puede acabar como el reparto de los presupuestos, un mercadillo en el que las compraventas acaban plasmadas en cláusulas adicionales de las leyes más insospechadas. El zapaterismo ha desarrollado un estilo chapucero de gobernar que consiste en calzar cualquier medida en cualquier ley como si fuese un estrambote. Pero la jubilación es un tema demasiado serio para tratarlo con técnicas de garito.

Esta manera de negociar estira hasta el paroxismo una característica letal del mandato zapaterista, que es la sujeción absoluta e imperativa a los objetivos de plazo inmediato por contradictorios que resulten entre sí. Quizá se refiera a eso Joaquín Leguina cuando dice que el marxismo del presidente es de Groucho, aunque en realidad sería más bien de Harpo, el mudo que transformaba cualquier situación normal en un delirio cómico. En la primera legislatura esta impronta quedó plasmada en la célebre exigencia de lograr un acuerdo «como sea», epítome tan pragmático como desesperado de la elástica coherencia presidencial. En ausencia de principios y convicciones todo vale para todo; la medida de ayer puede ser revocada mañana y la de pasado mañana tal vez anule la de antier. Pero como incluso el caos puede adquirir mediante la costumbre propiedades de sistema es preciso envolverlo en una confusión perpetua de desmentidos y refutaciones que le otorguen textura de descalzaperros completo, y para eso está el tropel habitual de ministros dedicados a desdecirse los unos a los otros, cuando no directamente a sí mismos. Un concepto muy particular de ese valor de Estado que se llama seguridad jurídica.

En la cuestión de las pensiones —las que jamás se iban a retocar, recuerden— el Gobierno parecía haberse fijado un propósito innegociable en la edad de retiro a los 67 años, y a esa meta remitía cualquier posibilidad de acuerdo. Ahora ya nada es seguro en el propio núcleo del asunto, mientras alrededor flota ingrávido el resto de la política gubernamental reciente, incluidas las medidas que hace bien poco fueron definidas como perentorias. En esta atmósfera gaseosa no hay modo de saber qué grado de estabilidad tiene cualquier propuesta; lo precario es en este Gobierno una modalidad de solidez. En una de esas vueltas de la baraja igual aparece un comodín que solucione la partida. La única forma de que Zapatero acierte es por una mezcla de azar y oportunismo.

MEDIO - Opinión

Desequilibrio constitucional

El Tribunal Constitucional cerró una etapa convulsa con el relevo de María Emilia Casas, marcada por el debate del Estatut, la polémica prórroga de la presidencia de la propia Casas y el bloqueo del PSOE en las negociaciones para renovar a los magistrados, que provocó que una mayoría de ellos continuara en su puesto con el mandato caducado y, por tanto, propició una situación de interinidad en el Tribunal que, si bien no mermó su legitimidad, no era el estatus más conveniente. Esa situación se prolongó a costa del prestigio de la institución.

Con la elección de Pascual Sala como nuevo presidente y de Eugenio Gay como vicepresidente, el Tribunal Constitucional no envió ayer el mensaje adecuado si pretende enmendar los errores del pasado. La realidad fue distinta. El sector progresista aprovechó una mayoría holgada coyuntural para romper el equilibrio imperante tradicionalmente en el órgano e imponer a dos candidatos muy señalados en puestos clave. Aunque no cuestionemos la formación ni la capacidad de Sala y Gay, e incluso celebremos que al fin sea un magistrado de carrera, el presidente del TC, sus perfiles son los de juristas progresistas, de gran sintonía con el PSOE, sobre todo Sala, y que defendieron, por ejemplo, un Estatuto de Cataluña sin recortes.

Tras la reciente entrada de los cuatro magistrados designados por el Senado, el nuevo reparto de fuerzas ha deparado que la minoría conservadora cuente con cuatro de los once magistrados que componen el pleno, ya que la vacante causada por la muerte en 2008 de Roberto García-Calvo sigue sin cubrirse. Con esta anormal y desajustada formación, parece lógico que se hable del carácter interino de los nombramientos, dado que el propio Gay tiene su mandato vencido, al igual que los otros tres magistrados que esperan ser renovados por el Congreso. Se quiera o no, esta situación cuestiona en su origen a cargos tan relevantes y aconseja repetir su elección cuando el Constitucional tenga su composición definitiva.

Para el Tribunal cualquier actuación que le sitúe fuera de la normalidad democrática no es positiva, y esa condición eventual que desprende lo hace. Los precedentes, sin embargo, sugieren que ni el Gobierno ni el PSOE actuarán con la responsabilidad necesaria, ahora que se han asegurado un TC dominado por los magistrados propuestos a instancias del Grupo Socialista. La izquierda tiene la pésima costumbre de instrumentalizar las instituciones en su propio beneficio siempre que puede o se lo permiten.

Quebrado el equilibrio, facilitado por una composición de fuerzas más ajustada que propiciaba, por ejemplo, un presidente y un vicepresidente de cada sector, las esperadas sentencias sobre iniciativas de tanta controversia social como las del aborto, matrimonio homosexual, la carrera militar o la prohibición de las corridas de toros parecen cantadas a favor de las tesis del Gobierno. Que el máximo intérprete de la Carta Magna actúe bajo estos condicionantes no sólo debilita al Tribunal, sino que afecta también al Estado de Derecho. Urge que el TC deje de ser objeto de manejos políticos al servicio de estrategias cortoplacistas del partido en el Gobierno. Un Constitucional sin la autoridad que le concede el prestigio no cumple con su función.

La Razón - Editorial

La injusticia como norma suprema

Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles.

No son pocos los pensadores que consideran que es mucho más importante para la libertad la existencia de un Estado de Derecho que de la democracia, aunque no sea frecuente encontrarse el primero sin la segunda. Al fin y al cabo, bajo un Estado de Derecho dotado de garantías para la vida y la propiedad, la arbitrariedad del poder político está limitada por las leyes y los tribunales; en cambio, en una democracia en la que la mayoría carece de límites nuestras libertades pueden ser violadas por cualquier decisión política.

En España, el ataque a un orden más o menos liberal ha venido por dos vías: una Constitución que no tuvo como principal objetivo separar y limitar el poder de forma efectiva y una clase política que ha logrado, pasito a pasito, eliminar la independencia judicial, especialmente la del Tribunal Constitucional. Para ello han contado con la colaboración de un buen número de juristas que, bajo el manto del llamado "uso alternativo del derecho" –doctrina que en Estados Unidos recibe el nombre de "activismo judicial"– promueve la violación del Derecho en nombre de otros fines políticos.

Para los practicantes de esta alternativa a la aplicación de la ley, el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases oprimidas frente a las dominantes. Eso supone que el juez debe dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de los derechos ciudadanos que la Constitución protege. En definitiva, según el perfecto resumen que Bermejo hiciera en su día, son de izquierdas y como tales actúan. No como jueces ni como fiscales.

Así, por indicar algunos ejemplos recientes, el Tribunal Constitucional ha decidido que la ley que decreta una pena distinta por los mismos hechos penales dependiendo de si el infractor es hombre o mujer no viola el artículo de nuestra Carta Magna que proclama que todos somos iguales ante la ley, sin que nadie puede ser discriminado por razón de su sexo. Del mismo modo, ha decretado que el Estatut es constitucional en algunos artículos que contradicen abiertamente la Constitución, pero indicando que deben interpretarse de forma totalmente contraria a como están redactados.

Dos de los magistrados que dieron su beneplácito a estos despropósitos serán a partir de este jueves presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, debido a que los integrantes de este tribunal son elegidos por los políticos y los socialistas tienen la mayoría. Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles ante la ley cuando se apruebe la totalitaria ley de igualdad de trato.

Desgraciadamente, parece que cada vez será más frecuente que la libertad de expresión sea menor para unos que para otros dependiendo de su ideología política, o que los derechos que se violan al procesar a un juez que cometió el pecado de tratar a Polanco como a cualquier otro ciudadano se respetarán cuando del juez estrella se trata. La politización de la justicia, es decir, la instauración de la injusticia como norma suprema del ordenamiento jurídico, es cada vez mayor. Y más difícil de revertir.

Libertad Digital - Editorial

Rodillo socilista en el TC

El PSOE mantiene su veto al candidato del PP, Enrique López, y ha bloqueado la cobertura de la vacante del fallecido Roberto García-Calvo.

CON los nombramientos de Pascual Sala como presidente y de Eugeni Gay como vicepresidente del Tribunal Constitucional, el Gobierno y el PSOE demuestran que la teoría del equilibrio representativo en las instituciones solo les sirve cuando les favorece. En diciembre de 2004 lo demostraron con la reforma del sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, para frenar a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial elegida por el Parlamento. La Fiscalía no ha sido ajena a este movimiento de absorción, ejecutado con la excusa de otro equilibrio, el «ideológico», defendido por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

A poco más de un año de las elecciones generales, con el PSOE cayendo en barrena en las encuestas, el TC se renueva con una mayoría, por el momento, de siete magistrados del sector «progresista», frente a cuatro del sector «conservador». Y, además, esta renovación culmina con la designación de un jurista de la más estricta confianza del PSOE, como es Pascual Sala, a quien los socialistas ya hicieron presidente del Tribunal de Cuentas, del TS y del CGPJ. La vicepresidencia recae en un magistrado que satisfará las expectativas de los nacionalistas vascos y catalanes, porque Gay representa ese tópico de la «sensibilidad autonómica», que es un eufemismo de la adscripción a las tesis del nacionalismo, como dejó expuestas en su voto particular a la muy moderada sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña. Lo sorprendente es que Gay ocupa una plaza que debería ser renovada a corto plazo por el Congreso de los Diputados, lo que quiere decir que su nombramiento es una concesión efímera a los nacionalistas o que los socialistas descartan llegar a un acuerdo con el PP en la Cámara Baja.

Entre tanto, los socialistas mantienen su veto al candidato del PP, Enrique López, y han bloqueado la cobertura de la vacante causada por el fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, quien fuera propuesto por los populares. Y nadie parece recordar que están pendientes recursos tan importantes como el de la ley del aborto, paralizado mientras su aplicación favorece a diario la muerte de seres humanos; o la del matrimonio homosexual. El saldo de la renovación del TC favorece claramente al PSOE, pero, sin duda, impide hacer un punto y aparte en la crisis de esta institución, porque las bases de su nueva etapa están asentadas en un periodo de descrédito y de manipulación partidista.

ABC - Editorial