Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo.
NUESTRO Gobierno de España y su partido socialista obrero experimental no se sienten ni mucho menos derrotados, por mucho sondeo amargo que se desayunen. Ni están paralizados pese al caos, los miedos y los nervios que se perciben entre quienes en municipios y autonomías se ven ya víctimas de la creciente fobia hacia el eterno adolescente. Ahí están los planes legislativos para liquidar en los próximos meses las engorrosas limitaciones que pone el Estado de Derecho a los gobernantes por si caen en la tentación de utilizar el poder del estado para aplastar a las voces críticas y rivales políticos. Se mueven. Las noticias judiciales de los últimos días son muchas. Continúa el goteo de sentencias y decisiones amables para organizaciones etarras y sus miembros. Va poniendo en la calle, con beneficios impensables para presos comunes, a terroristas con condenas graves, delitos de sangre incluidos. Ayer, la Audiencia Nacional absolvió a los veinte imputados en el caso Udalbiltza, acusados de actividad terrorista. Al parecer estos acusados sólo se reunían por sus inquietudes municipales. Nada que ver con terrorismo, dicen. Raro, raro. Una vez más, cuando algunos socialistas tienen prisa por encontrar abertzales buenos que premiar, se desmorona la jurisprudencia del Supremo que dicta que Batasuna es ETA. Coge fuerza el mensaje gubernamental de los buenos y malos. Vuelve a estar de discreta actualidad aquel llamamiento del Fiscal General, Conde Pumpido, a los jueces, pidiéndoles no tuvieran escrúpulos en mancharse las togas por el bien de las bellas intenciones del gobierno. Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo. Ataca de nuevo. Ahora para salvar al juez Baltasar Garzón. Ya saben, el juez estrella que lidera la ofensiva para convertir la guerra civil en permanente causa política actual. Y que está acusado de prevaricar en tres casos muy distintos. Alguno más relacionado con el dinero de los vivos que los huesos de los muertos. En una decisión sin precedentes en nuestro Estado de Derecho, la fiscalía apoya la recusación del supuesto juez prevaricador contra cinco magistrados del Tribunal Supremo que deben juzgarle. Esto un día después de que ya echara una buena mano a Garzón, al pedir y lograr el archivo de una causa contra el ex fiscal jefe Anticorrupción, el ínclito Jiménez Villarejo. Este fiscal, que comenzó su carrera jurando fidelidad al franquismo, se ha erigido en gran héroe antifranquista, una vez comprobado —gracias a Garzón— que Franco había muerto. Acusa a los jueces que imputan a Garzón de ser instrumentos del fascismo español y de estar «en manos de los corruptos». La fiscalía considera que eso no veja a nadie. El juez Ruz le ha dado la razón. No sabemos si esta operación «salvar al juez Garzón» se debe al temor a que, de ser condenado, se vengase de sus antiguos socios como ya hizo con González, Barrionuevo y sus GAL. Porque del caso Faisán sabe un montón. Puede también que la fiscalía esté en campaña electoral y que quiere ayudar a Garzón a generar la «tensión necesaria» —que le diría Zapatero a Gabilondo—. Nada mejor que dividir de nuevo a los españoles en buenos y malos. El líder de la nueva campaña en favor del juez Garzón —y de acoso a los jueves del Supremo— no es oficialmente Conde Pumpido, sino el payaso italiano Leo Bassi. Dirige una campaña que se llama «Franconohamuerto.com». Título poco afortunado diría yo. Porque si fuera cierto, Bassi haría el payaso en Italia, los demás estarían callados como putas y Jimenez-Villarejo seguiría asistiendo firme con su camisa azul y su casaca blanca, a las recepciones del 18 de julio.
ABC - Opinión
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