Por una España posible. Por M. Martín Ferrand

España no aguanta un año y medio más con la presente fórmula de Gobierno, y eso, sin dramatismo, tiene remedio.

FRANCISCO Largo Caballero, a quien llamaban «el Lenin español» y fue uno de los promotores de la Guerra Civil, decía que Indalecio Prieto era el camelo político más grande que había conocido. En el PSOE, donde sus militantes suelen aparecer formando piña y escasos de sentido autocrítico, son viejas las rencillas internas. ¿Cómo no habían de serlo si el PSOE es genuinamente español y tiene establecido un sistema jerárquico cuartelario en el que la obediencia al jefe tiende a sustituir las ideas y los principios? José Luis Rodríguez Zapatero —tan decaído, tan lánguido— se parece más a Largo Caballero que a Prieto. Le interesa más la posesión del poder que sus posibles usos benéficos. De hecho, su única gran obra, la «memoria histórica», un golpe de revanchismo contra el pasado, es el único síntoma verdaderamente izquierdista que se le observa. De ahí las escaramuzas que se observan en su entorno. Unas, las que inspira el número dos del partido, José Blanco, abundan en gestos de convivencia y tratan de presentar una España posible, menos arisca, mejor avenida y con furia de progreso. Otras, las que cursan bajo el manto del supervicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, tienen el aroma acre de la hostilidad al adversario. Le observa como si se tratara de una legión de controladores aéreos, o cosa así, que pueden ser neutralizados con un decreto u otro pase mágico de los que ofrece el repertorio de una democracia meramente formal en la que no hay separación entre los poderes del Estado y en la que las garantías son de calibre variable y en función de su ocasional beneficiario.

Lo evidente es que España no aguanta un año y medio más con la presente fórmula de Gobierno y eso, sin dramatismo, tiene remedio. El más sencillo y menos traumático es el que pueda elaborar el Grupo Parlamentario Socialista con el respaldo de los órganos rectores del partido.

Para aliviar esa generalizada tribulación sirven de bálsamo actitudes como las prodigadas, al hilo de la inauguración de la nueva Estación de Atocha, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro de Fomento y el alcalde de la capital. La certeza y las buenas maneras son exigibles al poder legítimamente establecido. Los ciudadanos tenemos derecho a no ser salpicados por la zafiedad y las intrigas de los gobernantes y, en consecuencia, recibimos reconfortados el testimonio de una España posible en la amable convivencia entre José Blanco, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Las discrepancias no justifican las patadas en la espinilla ni los exabruptos. Salvo que estos fuesen tremendamente ingeniosos...

ABC - Opinión

El Gobierno busca la prórroga del estado de alarma. Por Antonio Casado

En estos momentos el Gobierno se está planteando seriamente la posibilidad de solicitar el permiso parlamentario para prolongar el estado de alarma decretado hace diez días con el fin de desactivar el boicot de los controladores al tráfico aéreo. No es asunto cerrado. No lo era anoche, pero las fechas apremian y la decisión de prorrogar o agotar el preceptivo plazo de quince días es inminente. Lo más probable es que la conozcamos a lo largo de la jornada de hoy, marcada por la comparecencia del ministro José Blanco ante la Comisión de Fomento del Congreso de Diputados, que es la que nos dará la pista sobre las intenciones del Gobierno a este respecto.

Como es sabido, y a diferencia de su declaración inicial, en la que bastaba la comunicación, la prórroga del estado de alarma precisa la autorización expresa del Congreso antes de que expire la vigencia de aquel. Sabemos además que antes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la solicitud. No es necesario pero así ha anunciado Rodríguez Zapatero que se hará. Y, por otra parte, el presidente del Gobierno ha de asistir el jueves y el viernes al Consejo Europeo.

Por tanto, no quedan más fechas que las de hoy y mañana para tomar la decisión, reunir al Consejo de Ministros y celebrar un pleno de la Cámara con formato de “debate de totalidad” en el que se autorizaría o se denegaría la prórroga solicitada por el Ejecutivo. No olvidemos que el domingo, día 19, caduca el preceptivo plazo de quince días para la vigencia del estado de alarma declarado por el Ejecutivo y comunicado inmediatamente al Congreso el sábado 4 de diciembre.

«Simplemente, el Gobierno no se fía de los controladores. Nadie le ha garantizado que no volverán a las andadas.»

Después de los discretos tanteos que el vicepresidente Pérez Rubalcaba, el ministro Jáuregui y el portavoz Alonso han hecho entre los partidos políticos de base parlamentaria, y ante la falta de garantías de normalidad en el tráfico aéreo por parte de los controladores, durante las últimas horas ha ganado terreno la hipótesis de que, efectivamente, el Gobierno pretende la prórroga del estado de alarma como el más eficiente instrumento legal para asegurar que no se producirá un nuevo plante de los controladores aéreos durante las próximas fiestas navideñas.

Simplemente, el Gobierno no se fía de los controladores. Nadie le ha garantizado que no volverán a las andadas. Y no cree que sea suficiente la militarización del servicio (la competencia pasa del Ministerio de Fomento al de Defensa). Tampoco lo fue cuando lo decretó el gabinete de crisis de Moncloa en la noche del viernes 3 de diciembre. Por eso está a cinco minutos de persistir en la militarización de las personas (los controladores pasan a tener la consideración de personal militar). Fue la herramienta más eficaz en manos del Gobierno ante la paralización de un servicio público esencial que provocó el desabastecimiento de un bien de primera necesidad, equiparable a un supuesto de calamidad pública. Son las previsiones descritas en el artículo 4 de la ley de 1981 que desarrolla el precepto constitucional sobre el estado de alarma (artículo 116 de la CE).

La diferencia es que ahora se parte de una situación de normalidad, aunque sea forzada, mientras que en la declaración del estado de alarma del sábado 4 de diciembre la situación era, efectivamente, de caos y desabastecimiento. Ahora sí se parecería a una medida excepcional sólo a título preventivo. La solución, en las próximas horas.

El Confidencial - Opinión

Todos locos. Por Hermann Tertsch

Resulta alarmante comprobar lo poco que alarma el estado de alarma a la inmensa mayoría de ciudadanos

NOS cuenta don José Blanco que es muy posible, mejor dicho, probable, que el Gobierno se vea obligado a prorrogar este Estado de alarma. Que tuvo que imponer cuando los controladores reaccionaron como esperaban que lo hicieran. Resulta alarmante comprobar lo poco que alarma el Estado de alarma a la inmensa mayoría de ciudadanos, todos convencidos de que si no eres un apestado controlador, no te afecta en nada. Te lo cuentan por todos los canales de televisión y radio sesudos analistas y perspicaces observadores de la realidad nacional. Si no eres un enemigo del pueblo declarado como esa banda de desalmados no tienes nada que temer, dicen los de la izquierda y los de la derecha. Y todos se mecen en la nube de esa perfecta normalidad que, según nos cuentan, ha venido a imponer el estado de excepcionalidad constitucional en el que nos ha metido por primera vez en la historia de la democracia el actual presidente del Gobierno y su jefe y previsible sucesor, don Alfredo «Fouche» Rubalcaba.

Si el pueblo se siente cómodo en este Estado de alarma que tanto tranquiliza, no vean lo bien que se siente el Gobierno. Muchos de los miembros de esta tropa gobernante estarán pensando que ha sido un tonto despiste no darse cuenta antes de lo útil que resulta. Como no van a remitir los temores a que repitan o reincidan los controladores, ya animados al ver que las chapuzas jurídicas del Gobierno con la cacareada militarización pueden dejarlos impunes, podemos tranquilamente convencer a la sociedad para que aplauda un Estado de alarma indefinido. Al fin y al cabo, no afecta a las personas decentes, como se solía decir de la «Ley de vagos y maleantes», antes de que naciera nuestro presidente. Pero quizás habría que advertir a algunos, por eso del decoro, que quizás estén ellos en colectivos de otros enemigos del pueblo que tengan que recibir el merecido escarmiento del poder. Porque como molesten más de la cuenta o dañen a la economía nacional, el Gobierno podría verse obligado a pararles los pies con las nuevas armas que se ha mercado. O si se ponen muy bordes, con otras nuevas, porque ahí están el Estado de emergencia y el Estado de sitio.
Todo ha sido pensado, nos cuentan —los padres de la Constitucion estaban en todo— para que un gobierno, aunque sea el más incapaz y fracasado del mundo, pueda mantener el control sobre los conflictos y problemas que él mismo ha generado. ¿Alguien se atreve a descartar que nuestro Gran Timonel se vea obligado en este futuro agónico inmediato a darle otra vuelta de tuerca a sus necesidades de control ante la catástrofe que, lejos de paliarse, se agudiza según se acercan las próximas elecciones? ¿Están todos tan tranquilos ante la perspectiva de un estado permanente de excepción en el que gobierne no ya el náufragado adolescente sino el amo de las sombras y la doblez? Fouche Rubalcaba, implicado como responsable de interior en el caso Faisan, en el presunto delito de alta traición más grave desde la llegada de Tejero a las Cortes, va a ser previsiblemente el jefe de toda esta operación cuyo fin último es impedir la alternancia política en España. Si estamos tranquilos es que ya, definitivamente, han logrado enloquecernos.

ABC - Opinión

Wikileaks. Assange, el iluminado. Por Cristina Losada

Asumía también que Wikileaks se manchara "las manos de sangre" en algún caso. Todo sea por la causa. Una causa por "formas de gobierno más abiertas" que, oh, casualidad, tienen como principal blanco a los EEUU y no a las cerradas dictaduras del orbe.

Antes de que se eleve a los altares a Julian Assange como un señor mártir de la libertad de información, convendrá someter a escrutinio sus procedimientos y prestar atención a sus propósitos. Se ha querido rodear el australiano de un halo de misterio, muy conveniente para hacerse un personaje, pero si algo no ha mantenido en secreto son sus intenciones. De ahí que sorprenda el empecinamiento general en considerarle un hombre entregado a la noble tarea de exponer esa clase de tropelías que los gobiernos perpetran y siempre quieren mantener ocultas. Si así fuera, Wikileaks no haría más que sumarse a una labor que ha venido realizando la prensa. Pero lo suyo es distinto.

La actividad de Assange no se encierra en los límites tradicionales del periodismo. Para él, la transparencia no es un fin, sino un medio destinado a provocar cambios sociales y políticos. "Nuestro objetivo no es conseguir una sociedad más transparente. Nuestro objetivo es conseguir una sociedad más justa", declaraba a Time. Y, por supuesto, será él, Assange, quien defina en qué consiste la justicia. En su visión, los regímenes autoritarios, entre los que sobresale EEUU, se fundan en la conspiración. Si las filtraciones llevan a los gobiernos a reducir el flujo de información interna que sustenta el poder de los "conspiradores", tanto mejor: así serán más ineficientes. Resulta que no estamos ante un periodista que quiere informar al público, sino ante el enésimo iluminado que pretende cambiar el mundo. Y si no lo es, se lo hace.

Cabe alegar, en este punto, que sus designios son lo de menos y la revelación de secretos gubernamentales es beneficiosa, incluso cuando pone en peligro la seguridad de una democracia en guerra o la vida de ciertas personas. En un reportaje del New Yorker, el activista reconocía que podía perjudicar a inocentes, pero lo asumía como un "daño colateral": no puede sopesar la importancia de cada detalle en cada documento. Y asumía también que Wikileaks se manchara "las manos de sangre" en algún caso. Todo sea por la causa. Una causa y una lucha por "formas de gobierno más abiertas" que, oh, casualidad, tienen como principal blanco a los Estados Unidos y no a las cerradas dictaduras del orbe.

Pero las intenciones sí importan. Aunque Assange proclama, pretencioso, que lo suyo es "periodismo científico", que da acceso a toda la verdad y permite a cualquiera juzgar por sí mismo, el material que aparece negro sobre blanco es fruto de una selección como la que lleva a cabo el periodismo clásico. Y ahí entran en juego los criterios, los prejuicios y los propósitos. Cuando él y sus colaboradores editaron el vídeo que, con evidente sesgo, titularon "Asesinato colateral", lo hicieron para lograr un impacto y un efecto determinados. No fue una excepción: es su modus operandi. Uno que nada tiene de científico y mucho de la manipulación clásica.

Libertad Digital - Opinión

Doping político. Por Ignacio Camacho

La banca se practica autotransfusiones y el dinero público adultera la musculatura de partidos y sindicatos.

IGUAL que existe un doping deportivo que adultera la competición de élite, hay una droga política que falsifica los mecanismos de la vida pública. Y no se trata sólo del poder, que es adictivo, ni de las encuestas, que son la ración de esteroides con que los dirigentes alimentan sus expectativas y fortalecen su ego, sino de toda una ingeniería artificial que corrompe la lid democrática con dosis espurias de manipulación del sistema. La gente empieza a sospechar que los éxitos de los deportistas españoles se hayan levantado sobre un pantano de farmacopea prohibida pero lleva tiempo barruntando que en la escena política también le están dando gato por liebre. Para empezar, con un sistema electoral que prima la desigualdad y favorece el mercado negro de la compraventa de apoyos; luego mediante una endogamia de intereses cruzados que propicia el tráfico de favores mutuos, y por último con un entramado de financiación que perpetúa privilegios y permite a partidos y sindicatos establecer el ritmo de gasto de una casta de chamanes.

En la competición deportiva, por ejemplo, están prohibidas las autotransfusiones, pero la banca española se las practica de manera rutinaria a la vista de todo el mundo. El Banco central no pone reparos a los arreglos contables y el Gobierno provee avales públicos para las cajas por si no fuese suficiente con el alivio en los balances de los lastres inmobiliarios. El dinero de los contribuyentes funciona también como anabolizante de la política —para fortalecer la musculatura de una partitocracia y de un sindicalismo incapaces de financiarse por sus propios medios— y de las instituciones, que se dopan a base de despilfarro para mantener toda clase de estructuras clientelares. Y el problema es que a diferencia de las federaciones, que aunque a regañadientes se ven obligadas a descalificar a los tramposos, el sistema se autoprotege haciendo de juez y de parte; ignora sus perversiones fraudulentas, esconde las denuncias y no practica controles antidoping. Está inflado de hormonas exógenas y las metaboliza con una naturalidad alarmante.

El resultado de esta tolerancia culpable, o al menos negligente, es un descrédito peligroso de la propia actividad pública, que genera un progresivo recelo ciudadano igual o mayor que el que sospecha en la esfera deportiva. El asunto es tan viejo como la propia política aunque para eso se han inventado las depuraciones, los anticuerpos, las reformas y las catarsis, que son esenciales en una democracia honesta. La española lleva tiempo trampeándose a sí misma pero la crisis ha desnudado manejos inaceptables en tiempos de apuro colectivo. La vida institucional está adulterada por vicios impunes de forma y de fondo y quizá sea hora de practicar a tumba abierta análisis de pureza que la devuelvan a un cierto juego limpio.

ABC - Opinión

Poder político. Más allá de Wikileaks. Por José García Domínguez

Tantas horas perdidas leyendo a Marx, a Simmel, a Popper... y resulta que quien en verdad había entendido el nuevo paradigma era Nicole Kidman: "Oye, egocéntrico infantil, el control es una ilusión. ¡Nadie controla nada!".

Un individuo privado, Ben Laden, es capaz de desafiar al Estado más poderoso de la Tierra. Otro particular, George Soros, decide devaluar la libra esterlina. Un diletante sentado frente a la pantalla de su portátil, ese Julian Assange, se revela más letal que todos los servicios secretos del mundo juntos. Tantas horas perdidas leyendo a Marx, a Simmel, a Popper... y resulta que quien en verdad había entendido el nuevo paradigma era Nicole Kidman. Aquella criatura soberbia que le gritaba con clarividente lucidez al siempre obtuso Tom Cruise en Días de trueno: "Oye, egocéntrico infantil, el control es una ilusión. ¡Nadie controla nada!".

Y es que quizá podamos sonreír ante la definitiva vulgaridad de esos cables diplomáticos de Wikileaks, prosaicos chascarrillos de comadres que dignifican el discurso canónico de Belén Esteban y Leire Pajín, muy superior en forma y fondo. Igual que podremos añorar la elegancia difunta del Grand Siècle, la que envuelve las confidencias desveladas en los papeles privados de Chateaubriand, o en los del Duque de Saint Simon. Podemos, sí, ocultar tras un muro de ironía nuestra absoluta perplejidad. Aunque, por mucho que tratemos de esconderlo, no podremos dejar de ser hijos de la Guerra Fría, cuando, a pesar de todo, el Universo aún semejaba un lugar predecible; un sitio donde, más allá de la eterna querella entre la libertad y la igualdad, de las voluntades imperiales y del equilibrio del terror, los dos bloques, cada uno a su modo, lograban conjurar el caos.

De ahí las metáforas mecanicistas que rigen los modelos mentales que todavía los sobreviven. Esas donde las sociedades se quieren grandes ingenios técnicos provistos de un tablero de mandos desde el que cada palanca acciona las causas que desencadenarán los efectos deseados. Antítesis perfecta de la complejidad heteróclita que emergió al tiempo que caía el Muro y se desbocaban, imparables, globalización y cambio tecnológico. Tantas horas perdidas leyendo a Berlin, a Aron, a Finkielkraut... y resulta que quien andaba en la verdad era Jacques Séguéla, aquel genio del marketing que hizo pasar por un estadista a Mitterrand limándole los colmillos de vampiro que tanto lo delataban. Todo, antes de revelar al común aquel su memorable aforismo: "El secreto mejor guardado del Poder es que no existe".

Libertad Digital - Opinión

¿Qué le pasa a España?. Por José María Aznar

El país está sufriendo la crisis política más grave de su historia reciente

ESPAÑA afronta una situación económica crítica. Junto con Portugal, se halla ahora mismo en el epicentro de la confusión financiera europea. Los inversores están asignando unos riesgos de impago más elevados que nunca a la deuda del Gobierno español desde que el país entrara en la zona euro.

En el ámbito social, la situación resulta inquietante. La tasa de desempleo supera el 20 por ciento. El índice de paro entre los jóvenes rebasa el 43 por ciento.

Los mercados financieros no son los únicos que despiertan dudas acerca de la economía española. La Comisión Europea ha manifestado su preocupación por la capacidad del Gobierno actual para reaccionar y poner en práctica medidas económicas creíbles a fin de reconducir la situación. Allá donde voy, la gente me formula las mismas preguntas: ¿Qué le pasa a España? ¿Cómo es posible que en solo unos años mi país haya pasado de ser el «milagro económico» de Europa a convertirse en su «problema económico»? ¿Qué le ha sucedido a la economía que hace sólo unos años crecía más de un 3 por ciento anual, incluso cuando Alemania, Francia e Italia presentaban un crecimiento cero? En la actualidad es la única economía de los cinco países más grandes de Europa que todavía experimenta un crecimiento negativo.

Todas estas preguntas me causan una gran tristeza y una honda preocupación por el presente y el futuro de mi país. Hace sólo seis años, España creaba seis de cada diez nuevos puestos de trabajo en la zona euro, las cuentas del Gobierno registraban superávit, su reserva de deuda pública decrecía rápidamente y sus multinacionales se extendían por toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Mi respuesta a todas las preguntas sobre España es clara: el país está sufriendo la crisis política más grave de su historia reciente. Las tribulaciones económicas y la falta de confianza en España son fruto del déficit de credibilidad del Gobierno. El elevado precio que está pagando ahora el pueblo español es lo que ocurre cuando los políticos se niegan a reconocer sus errores.

El origen de la crisis de España se remonta a 2004, cuando se tomó la decisión política de abandonar el proceso modernizador que la sociedad inició hace más de 30 años. En aquel entonces, los españoles decidieron por consenso que consolidarían su democracia e instituciones tras casi 40 años de dictadura. El siguiente paso fue entrar en la Unión Europea y más tarde en el euro, y converger económica y socialmente con las naciones más prósperas de Europa. Luego, en 2004, Madrid cambió de rumbo. El Gobierno rechazó el acuerdo plasmado en la Constitución de 1978 y rompió la estructura del Estado español. Diferentes regiones del país se enfrentaron unas a otras. La consecuencia ha sido eliminar buena parte de lo que nos une como españoles y convertir España en un país muy difícil de liderar.

En la esfera económica, una vez que España adoptó el euro y la devaluación de la moneda dejó de ser una opción, el Gobierno abandonó su compromiso con la estabilidad presupuestaria y el proceso constante de reforma necesario para seguir siendo competitivos en los mercados internacionales. Estos errores económicos se aprecian en las intervenciones arbitrarias del Gobierno en la vida empresarial, con un desprecio flagrante por las reglas del juego, incluso las europeas. También vemos un crecimiento inaudito del gasto gubernamental y unas subidas de impuestos generalizadas.

El lugar que ocupa actualmente España en el escenario internacional refleja su pérdida de relevancia en el mundo. El Gobierno ha renunciado a sus responsabilidades y no ha defendido sus intereses nacionales en el extranjero.

Sólo un nuevo Gobierno puede recuperar la credibilidad, y eso pasa por unas elecciones generales.

Un nuevo Gobierno podría animar al pueblo español a emprender un gran proyecto nacional de recuperación, regeneración y reforma de la nación. Para esto no existen milagros ni atajos; no los ha habido en el pasado y no los habrá ahora. Con una nueva agenda nacional y la aplicación de medidas adecuadas, España puede recobrar la confianza y la credibilidad internacionales y sus ciudadanos la confianza en sí mismos y en su nación.

Un elemento esencial de este cambio político será que España reconozca inmediatamente que el Estado tiene que limitar su papel económico y social y abrir nuevos ámbitos de libertad y dinamismo para la sociedad y la empresa privada. España debe efectuar profundas reformas de su estructura administrativa, entre ellas erradicar organismos burocráticos y públicos y racionalizar el gasto público. España no puede demorar por más tiempo la reforma del Estado de bienestar, pero tiene que empezar a restablecer ahora las condiciones para una sociedad próspera abierta a todos.

España es sobradamente capaz de convertirse, una vez más, en un país dinámico y emprendedor que genere empleo y oportunidades. Pero primero ha de acometer la dura labor de deshacer seis años de fechorías políticas. No podemos esperar.

ABC - Opinión

Privatizar sí, liberalizar también

Si, tras la venta de AENA o de Loterías, en lugar de destinar esos fondos a amortizar deuda se destinan a mantener el gasto público a los niveles de este último año. En ese caso estaremos como ahora dentro de exactamente un año.

Como último recurso ante la desesperada situación en la que se encuentran las cuentas públicas, el Gobierno parece decidido a vender parte de algunas empresas públicas. Zapatero necesita hacer caja cuanto antes si no quiere verse el año próximo emitiendo deuda al mismo ritmo que este ejercicio, con los inversores internacionales mirando de reojo por si el Estado llega un momento en que no puede seguir atendiendo los pagos.

El hecho es que, ya sea a la fuerza –como es el caso de Zapatero– o por convencimiento, privatizar empresas públicas es algo esencialmente bueno. Privatizar es, en sentido estricto, devolver a la sociedad civil lo que le pertenece. Los países libres disfrutan de economías libres en las que la participación del Estado se limita a la supervisión y a fijar y garantizar el marco legal donde operan los agentes económicos. Privatizando se gana en eficiencia. Las empresas, enfrentadas a la libre competencia y a la posibilidad de quebrar si no atienden correctamente a su demanda, optimizan los recursos y asignan adecuadamente los factores productivos, lo que, inevitablemente, redunda en mejores servicios y productos más económicos.

En España sabemos mucho de esto. Desde mediados de los noventa el Gobierno fue acometiendo un ambicioso plan de privatizaciones de antiguas, improductivas e ineficientes empresas públicas con excelentes resultados, tanto para las propias empresas como, especialmente, para los consumidores. Esto es algo que hoy por hoy nadie discute, a excepción quizá de la paleoizquierda más recalcitrante.

Que privatizar sea bueno no significa que de la privatización a toda prisa y a cualquier precio se obtengan buenos frutos. Si, por ejemplo, lo que se quiere privatizar son monopolios públicos –caso de AENA o de Loterías del Estado– no se gana eficiencia de ningún modo. La titularidad del monopolio pasa de manos del Estado a las de un empresario, que ningún incentivo tendrá por ser mejor que los inexistentes competidores. No hay pues, ganancia alguna más allá del dinero extra que habrá ingresado el Gobierno una vez efectuada la transacción.

La idea, por lo tanto, no es tanto privatizar como liberalizar. De nada hubiera servido privatizar Telefónica si la privatización no hubiese venido acompañada de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Lo mismo puede decirse en otros sectores como el petrolero, el de los envíos postales o el de las líneas aéreas, liberalizados todos después de que la compañía monopolista estatal fuese privatizada.

Existe, además, otro peligro no menos preocupantes. Si la privatización consiste en entregar patrimonio público a un empresario que medra en torno al poder, el Estado habrá ganado algo, pero el mercado y la sociedad en su conjunto absolutamente nada. Este modelo de privatización, muy común en países como Rusia, tiene efectos perversos sobre toda la economía.

Por último, cuando un Estado se decide por devolver a la sociedad ciertas empresas o actividades económicas que obran en su poder a cambio de dinero, debe emplear éste para atender problemas de verdad, es decir, para reducir deuda una vez sus gastos y sus ingresos ordinarios se han ajustado en punto muerto. En caso contrario, se estaría dilapidando el patrimonio público para seguir sufragando los despilfarros de ZP. Llevándolo al terreno de la economía doméstica, sería como si una familia altamente endeudada decidiera vender su segunda vivienda, pero no para terminar de amortizar la hipoteca de la vivienda principal sino para adquirir un abrigo de piel, dos coches nuevos y pagarse un viaje de placer a las antípodas. Vendida la casa y hecho el gasto innecesario, esa familia se vería en las mismas uno o dos años después, y ya no quedaría segunda residencia que vender.

Algo parecido nos podría suceder si, tras la venta de AENA o de Loterías, en lugar de destinar esos fondos a amortizar deuda se destinan a mantener el gasto público a los niveles de este último año. En ese caso estaremos como ahora dentro de exactamente un año. El Gobierno habrá gastado a lo loco los 14.000 millones de euros que podría obtener de la venta de los aeropuertos y de Loterías y se encontrará en idéntica situación. Conociendo el paño, todo conduce a pensar que esto último es lo que va a pasar. A Zapatero le queda un año para entrar en campaña electoral y, muy en su línea de hacer las cosas, tiene que aguantar "como sea".

Libertad Digital - Opinión

El chantaje del Gobierno

No puede aceptarse sin más una prolongación del estado de alarma solo porque al Gobierno le resulte así más fácil acallar a los controladores.

EL Gobierno está planteando la continuidad del estado de alarma en el control aéreo como un chantaje moral y político tanto a los grupos parlamentarios como a la opinión pública. Para dar eficacia a esta táctica rechazable, el Gobierno ha renunciado a una resolución del conflicto mediante una negociación laboral, encajando el futuro del problema en la situación de anormalidad que supone un estado de alarma. Es decir, o el estado de alarma o el caos. En efecto, el Gobierno parece empeñado en que no haya alternativa a su propio fracaso, perpetuándolo bajo la vestidura de un acto de firmeza ante los controladores. Sin embargo, el Ejecutivo no puede aspirar a vivir indefinidamente de las continuas descalificaciones a los controladores ni de los juicios insidiosos contra el PP, cada día más demostrativos de las motivaciones políticas que guiaron la actuación del Gobierno. Tampoco de recordar el daño masivo que causó el boicot de los días 3 y 4 de diciembre, porque la falta de medidas específicas que reformen el control aéreo mantiene las condiciones para que se repitan aquellos acontecimientos. Parecería que el Gobierno quiere mantener con vida el conflicto y la amenaza de los controladores para justificarse ante la opinión pública.

La comparecencia de José Blanco hoy en el Congreso debe despejar las incógnitas sobre si el Gobierno va a pedir o no la prórroga del estado de alarma. En caso de que la proponga es imprescindible que la justifique, y esto ha de obligarlo a explicar qué vías legales y de negociación se están siguiendo para resolver de raíz el problema del control aéreo. Lo que no puede aceptarse sin más es una prolongación del estado de alarma solo porque al Gobierno le resulte más fácil este modo de acallar a los controladores que sentarse a pensar planes a medio y largo plazo sobre la navegación aérea. Porque controladores hacen y harán falta, le guste o no al Gobierno. Si muy discutible fue la decisión de decretar el estado de alarma para un supuesto que no es de los previstos en la ley que lo regula, de 1981, pocas dudas caben de que constitucionalmente no hay motivo para prorrogarlo. El Gobierno da la sensación de haberse metido en un laberinto jurídico en que tiene implicadas las jurisdicciones civil, penal, militar y contencioso-administrativa, además de los expedientes disciplinarios laborales, y no sabe salir de él más que huyendo hacia delante con una prórroga de la alarma que sería desproporcionada y seguramente inconstitucional.

ABC - Editorial

Jack, el controlador. Por Félix Madero

Merecemos un Gobierno que no nos mienta, por supuesto. Y que piense un poco, también.

SI Jack el destripador viviera, ¿sería controlador aéreo? Me lo pregunto paseando por Londres, cerca de las calles en las que terminó con la vida de cinco pobres mujeres vecinas del barrio más mísero y violento de la época, el East End. Scotland Yard no resolvió el enigma, y a día de hoy no sabemos quién fue el destripador. En 1888 el East End era un laberinto de calles sucias y oscuras donde vivían miles de almas cuya existencia era inapreciable para el resto de londinenses. Era un mundo aparte, y eso que estaba muy cerca de la actual City. A toro pasado, la literatura vertida sobre los crímenes de Whitechapel salva al asesino y le otorga un don: sus crímenes obligaron a reconocer que Londres y sus autoridades tenían un problema. O sea, que fue el destripador el que puso en evidencia a unos gobernantes que nunca se ocuparon de una zona en la que raro era el día en que no moría un niño de hambre, un alcohólico en la cuneta, un viejo abandonado o una prostituta enferma.

Hasta aquí, lector, la licencia que me tomo con una historia que me ha llevado a mi país. Valga el relato para decir que tengo al colectivo de los controladores por gentes que, ni por asomo, tienen que ver con el monstruo londinense, por favor, quién puede pensar eso. Cierto que no tengo la mejor opinión de ellos, en realidad un escalón por debajo de la que tengo del Gobierno. El de Zapatero ha tenido suerte de encontrárselos en su camino: sus protestas han estado tan mal pensadas y ejecutadas que los españoles han reparado en los que controlan los aviones en el cielo y no en los que deberían controlar a los controladores. Pero eso está cambiando.

Como el mismo Jack el destripador, que mataba para satisfacer a la bestia que llevaba dentro, los controladores han parado España para llamar la atención de su situación: no somos esclavos, dicen. Y les creemos, por supuesto que les creemos. El asesino hizo que las autoridades repararan en el barrio más desdichado de Londres; los controladores, por si faltaran pruebas, han puesto frente a la opinión pública al Gobierno más diletante de la democracia. Y puede que el más mentiroso. Ya veremos en qué acaba la acusación de delito de sedición. Lo veremos cuando a la Fiscalía le venga en gana y termine la investigación para que intervengan los jueces.

El daño enorme, en realidad imperdonable, de los controladores tiene cada día que pasa y de forma palmaria a un primer perjudicado: el Gobierno, y con él un grupo de ministros aficionados —¿por qué seguimos pagando el sueldo del de Industria y Turismo?—, que han dejado bien expresado lo que son capaces de dar. Merecemos un Gobierno que no nos mienta, por supuesto. Y que piense un poco, también. Por cierto a Jack nunca lo descubrieron. Era malo, pero listo.

ABC - Opinión

El récord, la gloria, la muerte súbita: ¿hijos de la química?. Por Antonio Casado

Lo que nos faltaba. La química en el deporte, la corrupción en la política. Y aquí es inevitable la cita: “Sólo nos queda la Guardia Civil”. Como diría Carlos Herrera, mármol para esta frase del atleta Arturo Casado, uno de los sesenta que, con razón, no quieren ser confundidos con quienes hacen trampas en el deporte, en la política y en la vida. Un modo de asumir que vivimos entre tramposos -la trampa tiene las piernas más largas que la ley-, pero aún conservamos la capacidad para detectarlos antes de caer en la resignación.

Lo ocurrido con Marta Domínguez y cía nos hace pensar ahora, con tantos años de retraso, que tal vez lo de Barcelona (1992) no fue el resultado de las inversiones y la planificación. De repente, España se disparó en el ranking y de la noche a la mañana se convirtió en una potencia olímpica al quedar entre las seis primeras del mundo. Excelente balance de aquel famoso plan ADO (¿recuerdan?), que por primera vez en el deporte español planificó la presencia de psicólogos, nutricionistas y médicos en la preparación de los atletas, con inclusión de programas muy precisos para mejorar su rendimiento. Nada menos que 22 medallas. De la noche a la mañana, bien digo, porque cuatro años antes en Seúl (1988) había hecho un pobre registro de 4 medallas.

¿Todo empezó al regreso de Seúl, movidos por el imperativo de que nuestra reinserción internacional respondiese, también en el terreno deportivo, al tamaño y las aspiraciones de la flamante España democrática? Tendríamos ocasión de demostrarlo en Barcelona 92 y no era cosa de fracasar en aquel escaparate mundial de los nuevos españoles. ¿Fue entonces cuando se decidió echar mano de todos los recursos, y no solo económicos y deportivos, para estar a la altura de las circunstancias y hacer lo que seguramente ya se hacía en otros países para potenciar la competitividad de los atletas?

«¿Fue en Barcelona 92 cuando se decidió echar mano de todos los recursos, y no solo económicos y deportivos, para estar a la altura de las circunstancias?»

La pregunta ha dejado de ser herética desde que el jueves pasado conocimos la detención de 14 personas que se reparten acusaciones de doping, tráfico ilegal de sustancias dopantes y blanqueo de dinero. La pregunta no es herética si tenemos en cuenta que, como escribía ayer el colega Juan Carlos Escudier, solo la hipocresía servida en cantidades industriales permite aparentar que nos estamos cayendo del guindo.

Por el mismo precio, el del estupor ante el caso de Marta y ese entorno descrito en los medios de comunicación como un floreciente mercado negro de sustancias dopantes, es legítimo que la opinión pública también se pregunte si los records, la gloria, las victorias deportivas y las muertes súbitas son hijos de la química o la manipulación genética y no del esfuerzo natural, el sacrificio o el afán de superación del ser humano.

Son asuntos sobre los que se ha teorizado en casos precedentes, como el de la atleta americana Marion Jones, el ciclista francés Laurent Fignon o la nadadora alemana Kristin Otto, todos ellos juguetes rotos del deporte. A uno le rondan esas sospechas cuando habla con gente metida en este mundo y escucha que la testosterona, la H-G-H (hormona del crecimiento), la EPO, los péptidos (mezclados con ácido ribonucleico), etc., pertenecen al lenguaje diario en los ambientes deportivos de la alta competición. Y que en algunos casos, como en el del culturismo, está absolutamente generalizado el uso de estas sustancias adquiridas en ese mercado negro en el que, al parecer, se había metido de hoz y coz la reina del atletismo español como vendedora, por redondear su patrimonio económico. Qué lástima.

El Confidencial - Opinión

Educación. El Informe Pisa y Rubalcaba. Por Agapito Maestre

Salgan al foro público todos ellos, desde Maravall, que sin duda alguna fue el peor, hasta el muchachote que hay ahora, y digan algo. Hablen.

Muchas filosofías han brotado en la soledad. En la cueva de Andrenio, o junto a la estufa de Descartes, brotaron pensamientos decisivos para la humanidad. Se crearon principios que condujeron a los hombres en un andar y desandar caminos; a veces, esos principios fueron seductores por atrevidos y valientes, otras por elegantes y sencillos, y también otras nos gustaron determinadas nociones por fastuosas y deslumbradoras. Leo el Informe Pisa 2009 sobre la educación y me preguntó por los principios, los conceptos, las nociones, las ortodoxias, en fin, cuáles son las doctrinas por las que se dirige la educación, o mejor, la inexistencia de educación en España. No lo sé; lo desconozco.

Quizá en un ejercicio de cinismo podría decir todo lo contrario: conozco de modo exacto por qué hemos llegado a esta situación de desastre educativo. Sé incluso, en un ejercicio de cortesía con el PP, dónde está la caverna solitaria de la que salieron esas perversidades: el PSOE. Pero todo eso, siento decirlo, sería falso; en esta historia de la educación la caverna pepera también tiene responsabilidades; quizá menos que la socialista, sí, pero son ineludibles.

Yo, como otros millones de españoles, no sabemos, en verdad, los cientos de motivos, perversidades y atrocidades políticas que se han cometido para que nuestro país esté a la cola de la educación de la Unión Europea. Es, pues, necesario que reivindiquemos espacios de soledad para pensar de verdad cómo salir de este caos. El Informe Pisa 2009 es demoledor. Es la muestra dramática de una catástrofe terrible. La educación en España no levantará cabeza en décadas.

Hay, sin embargo, algo peor que ese Informe Pisa; se trata de la indiferencia y falta de responsabilidad de los políticos para comentar los datos de este Informe. A las jeremiadas y lamentos generales de los medios, se une el cinismo más descarado de los políticos. Todos pasan de puntilla sobre el asunto. En esta hora solitaria de búsqueda de principios, de explicaciones, lo primero que descubro es un sentimiento básico que me hace desconfiar aún más del futuro de nuestra educación. Todos son circunloquios, rodeos mentales, perífrasis para darse pisto de novedad, todo es bueno para mantenerse al margen del sentido común y de la razón... ¡Cualquier cosa, antes que aceptar lo obvio!

Y lo obvio es fácil de ver: muchos son los culpables de tal situación, pero, sin duda alguna, todos los ministros que han pasado por ese ministerio son culpables del estado lamentable de nuestra educación. Pocos se salvan. Ninguno. Salgan al foro público todos ellos, desde Maravall, que sin duda alguna fue el peor, hasta el muchachote que hay ahora, y digan algo. Hablen. No es necesario que entonen todas sus culpas, sino sencillamente que hagan "autocríticas"; por ejemplo, que les parece un mano a mano entre Rubalcaba y Rajoy, después de todo, los dos han sido ministros de la cosa. Ea, pues, coraje. Digan cuáles son los dos o tres principios que ellos utilizarían para limpiar las heces de la educación española.

Libertad Digital - Opinión

Wikileaks. Por César Alonso de los Ríos

Los diarios que firman la información de Wikileaks son terminales del repulsivo negocio de la organización delictiva.

Wikileaks es una organización delictiva de la información, y los diarios que con su prestigio la analizan, la firman y la venden son los terminales de ese repulsivo y criminal negocio. Digo, por tanto, que lo verdaderamente grave no es solo el robo de esa información por parte de Wikileaks sino su aprovechamiento por parte de algunos de los periódicos que se consideran y son tenidos como cimas mundiales del periodismo escrito. He visto mucho, he vivido mucho en relación con el ejercicio de la información pero nada tan nefasto y, sobre todo, tan asumido desde el punto de vista moral. Como si se tratara de una conquista cuando estamos ante una inmensa derrota.

Como verá el lector, el tono que estoy empleando es voluntariamente grave y podría ser calificado de insoportablemente retórico si no se tratara de la subversión de la libertad de información. No soy el primero en denunciarlo. Ni quiero dar esa impresión. Me gustaría ser uno más. Sería para mí un consuelo formar parte de una legión de periodistas críticos. Estaríamos, una vez más, ante una de esos asaltos que desde sus comienzos, y a lo largo de la historia del periodismo escrito, eran calificados como «muertes de la libertad».

Sabíamos que «la red» necesita regulación con urgencia; que esta es muy complicada; que exige un concierto universal y cualificado formado por juristas, moralistas, políticos, profesionales del periodismo; que habíamos entrado en una situación nueva y que podrían producirse muchos comportamientos indeseables respecto a los modos de conseguir información… Lo sabíamos pero no sospechábamos que «los nuestros» carecieran de fundamentos morales hasta este punto y pudieran llegar a colaborar con una organización de salteadores, menores de edad en muchos casos, con la justificación de la libertad de expresión frente a los Estados y sus métodos en la obtención de información.

ABC - Opinión

De cómo se pisotea la ley a cuenta del control del tráfico aéreo. Por Carlos Sánchez

El maniqueísmo es un viejo compañero de viaje de la clase política. El término alude al persa Mani, (216-277 d. c.), quien llegó a considerarse el último profeta enviado por Dios. Como tal, construyó una religión de carácter universalista (adaptable a todo tipo de etnias) que venía a ser una síntesis de las anteriores: budismo, cristianismo o zoroastrismo. El maniqueísmo -una de las religiones más perseguidas durante la antigüedad- era de carácter dual al plantear el universo como una dicotomía irrefutable entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas o la vida y la muerte. Dios o Satanás.

Realmente, sólo tuvo un par de pequeños episodios de esplendor. El primero, cuando Sapor I, segundo rey de la dinastía persa de los sasánidas, adoptó el maniqueismo. El segundo, algunos siglos después, cuando un rey mongol abrazó también la religión de forma oficial durante cuatro décadas. Dieciocho siglos después, el término todavía se utiliza en el lenguaje político. Fundamentalmente en relación a la existencia de estados autoritarios, en los que los gobernantes aplican con fruición la conocida dicotomía: o conmigo o contra mí. Los plebiscitos, en este sentido, son el paradigma del pensamiento simple y reflejan un sucedáneo de democracia directa que obliga al ciudadano -en ese caso al súbdito- a elegir entre dos opciones aparentemente antagónicas. Como si los matices de la realidad no tuvieran carta de naturaleza.

En coherencia con este esquema simplista de la acción política, el presidente del Gobierno ha querido plantear el conflicto con los controladores aéreos en términos maniqueos. Se pretende trasladar a la opinión pública que quién no respalde la estrategia gubernamental para limitar los privilegios de los controladores están realmente con ellos. Como si el asunto no tuviera multitud de aristas que es necesario precisar. No vaya a ser que el profeta Mani vuelva a reverdecer viejos laureles.

Dudosa constitucionalidad

El primer ‘matiz’ tiene que ver con la publicación el pasado sábado, 4 de diciembre, de un Real Decreto de muy dudosa constitucionalidad en al menos tres apartados. En primer lugar, al decretar que el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares “que designe” [se entiende que el mando militar] adoptarán las decisiones “pertinentes” para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos a afectados (el tráfico aéreo). Como ha señalado el ex magistrado del TC Pedro Cruz Villalón, la ley orgánica de 1981 que desarrolla el mandado constitucional de estado de alarma, excepción y sitio, aclara que “la autoridad competente” no es otra que “el Gobierno o, por delegación de éste, el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad».

«El presidente del Ejecutivo ha querido zafarse de una medida excepcional camuflándose detrás de un mando militar que legalmente no tiene competencias en un estado de alarma.»

Sin embargo, el presidente del Ejecutivo ha querido zafarse de una medida excepcional camuflándose detrás de un mando militar que legalmente no tiene capacidad para ello. Cabe interpretar que por dos razones: una para evitar la mala imagen de que pueda derivarse del hecho de que Zapatero sea el primer presidente al mando de un país en ‘estado de alerta’. Y dos, para dar sensación de dureza al colocar a un militar al mando de la toma decisiones en una situación excepcional.

El segundo punto que traspasa los límites constitucionales tiene que ver la mención que hace el real decreto de declaración del estado de alarma “al artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea”, y que, según el BOE extraordinario del pasado sábado, estipula que “todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal militar”.

Aquí estamos, realmente, ante un error de bulto. El artículo 44 de la citada ley -expresamente derogada y no sólo porque está publicada 18 años antes de la Constitución- habla de que los propietarios de los aeropuertos debían tener necesariamente nacionalidad española. Pera desde luego que la ley de 1960 no habla ni de controladores aéreos ni de nada parecido. Es un error de libro que casi una semana después de que se publicara la norma en el BOE no está subsanada. La norma que realmente habla de sanciones es esta Ley de Seguridad Aérea publicada en 2003. Es decir, 43 años después de lo que dice el Real Decreto publicado el sábado a media mañana.

Hay con todo, un tercer aspecto mucho más delicado. Y es el que se refiere a la militarización de empleados públicos (ya sean personal laboral o funcionarios). Como recuerda Cruz Villalón, la Ley Básica de Movilización Nacional quedó derogada con la entrada en vigor de la Constitución, que sólo permite la jurisdicción militar, como es sabido, «en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio». Y como se sabe, lo que ha decretado el Gobierno es el estado de alarma, el menor grado en términos de intensidad en cuanto a recorte de derechos básicos.

Cruz Villalón llega a la conclusión que el artículo 12.2 de la ley de 1981 supone “la incorporación ficticia de una serie de ciudadanos al ámbito estrictamente castrense» y, por lo tanto, puede ser considerada una disposición inconstitucional. Así de claro. Nos hallamos, sostiene, ante un supuesto en el que se reúne la situación de derogación de una norma preconstitucional con el carácter inconstitucional de una norma posconstitucional.

Una militarización bajo sospecha

¿Y qué es lo que dice el real decreto aprobado y publicado el pasado sábado? Pues que “todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasaran (…) a ser considerados personal militar (…) y en consecuencia sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares”.

Sin embargo, y como han señalado algunos constitucionalistas, aún pese al carácter no político que conlleva la declaración del estado de alarma -Cruz Villalón habla de una decisión políticamente neutra-, la ley ni siquiera prevé la limitación, y mucho menos la suspensión, de los derechos de huelga o de conflicto colectivo, por cuanto pueden estar precisamente en el origen de la propia declaración de alarma. Dicho en otros términos, los controladores no han visto mermados ninguno de sus derechos fundamentales (como es la huelga). La presunta dureza de la fiscalía con los controladores es, simplemente, un movimiento político.

La pugna entre controladores y Gobierno va mucho más allá, sin embargo, de un debate meramente constitucional. Tiene su origen en la legislación laboral que tradicionalmente ha servido como campo de juego pactado entre las dos partes. Y aquí, de nuevo, salta la liebre. El ministro Blanco no se cansa de repetir que el origen de los problemas tiene que ver con la existencia de un convenio colectivo firmado en 1999 -la elección de la fecha no es casual- que limitaba la jornada anual a poco más de 1.200 horas.

«La intervención del Estado no aceptó nunca los incrementos retributivos entre 1992 y 1999, periodo que afecta tanto a PP como a PSOE.»

En realidad, y como dice esta sentencia de la Audiencia Nacional -precisamente la que ayer esgrimió Zapatero-, en febrero de 1992 AENA y el sindicato mayoritario en el sector suscribieron un Estatuto de los Controladores de la Circulación Aérea, pactándose en su artículo 31 una jornada laboral de 1.200 horas. Ni una más ni una menos. Y a partir de ahí comenzaba a funcionar la caja registradora de las horas extraordinarias. Hecha la ley, hecha la trampa. Lo cierto es que ya desde 1999 controladores y Gobierno fueron pactando la prolongación de la jornada de trabajo, conscientes de que lo que habían firmado meses antes era papel mojado. No es un asunto baladí teniendo en cuenta que la jornada anual media por controlador se situó el año pasado en 1.750 horas anuales. Por lo tanto, un tercio más de lo pactado (a un precio superior en 2,65 veces la hora de trabajo ordinaria).

Lo curioso del caso es que la intervención del Estado no aceptó nunca los incrementos retributivos entre 1992 y 1999. Es decir, un periodo que afecta tanto al PP como al PSOE. Y el argumento que dio es que contravenían la legislación general de la administración al tratarse de empleados públicos. Estamos, por lo tanto, ante una ilegalidad manifiesta soportada por todos los gobiernos desde hace al menos 18 años.

Pero no sólo eso. Como dice la sentencia de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente el magistrado Ricardo Bodas, el I Convenio colectivo –se está hablando del año 1992- “es un convenio “atípico” que contiene la regulación extremadamente pormenorizada de una relación laboral específica, cuyo denominador común consiste en que “se prima siempre los intereses de los controladores aéreos y nunca el servicio público de tránsito aéreo”.

Ese es el convenio que ha estado en vigor hasta 2004, aunque plenamente operativo hasta 2010, año en el que las relaciones laborales saltaron por los aires. De esos polvos, estos lodos en un campo minado de ilegalidades. Y como muestra una frase memorable dictada por la Audiencia Nacional. “AENA ha renunciado a sus derechos empresariales en materia disciplinaria en el art. 7, 2 del convenio, en el que se prohíbe sancionar o a incoar expedientes disciplinarios como consecuencia de accidentes o incidentes ATS (servicios de tránsito aéreo) o de acciones relacionadas con las atribuciones técnicas de los controladores, que quedan blindados, de este modo, ante cualquier tipo de actuación profesionalmente reprochable relacionada con estos eventos, que es indudablemente central para su actividad profesional.

Incluso, continúa la sentencia, habiendo renunciado también en el art. 18 del Estatuto a la retirada y escucha de los registros de grabación automática, salvo en supuestos muy excepcionales, perdiendo, por consiguiente, cualquier capacidad de control operativo real de la calidad del servicio, que blinda nuevamente a los controladores aéreos, siendo irrelevante, a estos efectos, que pueda examinarse cuando se haya abierto expediente disciplinario, puesto que el requisito constitutivo para poder abrir razonable y cabalmente expedientes disciplinarios pasa precisamente por poder controlar previa y legalmente la actividad profesional de los controladores. Como se ve, puro descontrol.

El Confidencial - Opinión

Nadie alarma a los muertos. Por Gabriel Albiac

Diez días exentos de ciudadanía, exentos de garantía constitucional. Y nadie alza la voz.

¡TANTO, al fin, para nada! Camino va de terminar el año. Y Madrid se nos trueca en este nudo de nubarrones zinc; un gris de estaño suelda el alma agrietada que se finge un nuevo inicio. Pero no es cierto; todo vuelve, no igual, algo más viejo. No hay eterno retorno, ya quisiéramos los pálidos humanos tener ese consuelo a nuestro caer sin épica en el tiempo, que es el mal, en formidable hallazgo de Ezra Pound. Y, en la melancolía navideña, que empieza ya a empaparlo todo en ese gris de zinc con el que el cielo de Madrid absorbe el alma, se cierra la metáfora primordial. Todas nuestras liturgias convenidas quieren exorcizarla. Pero no hay júbilo ni hojarasca luminosa que pueda acallar del todo la básica sospecha de que nada benévolo nos ha obsequiado el curso de estos meses. Somos más pobres, más tristes, mucho más desencantados. Hemos ganado, eso sí, sabiduría: pero no estamos seguros que valga el precio.

Hemos sido engañados. Lo sabemos. Con cinismo admirable, una banda de fríos sinvergüenzas exhibió ante nosotros el oropel más sobado: el del progresismo. En su nombre, prometieron todo. Disparates. Salvar de la miseria a aquellos mismos a los que su desvergüenza había hundido en una pobreza sin retorno. Ni una sola razón, ni un argumento apuntaló siquiera la exhibición de aquel delirio. Sólo impávidas promesas de haber apostado por la orilla buena de la historia: progreso, izquierda, sentido… Y eso tuvo más fuerza que todos los argumentos que mostraban, sin lugar a error ni duda, que caminábamos sin freno hacia la bancarrota. No es extraña esa unanimidad en dar creencia a lo más infantil de la mente humana: la fe en seguir el vector ascendente del sentido histórico. Un maestro al cual ahora nadie lee lo escribió en su glacial nota testamentaria: «la estabilidad de la religión viene de que el sentido es siempre religioso». Y, hoy, en España no hay otra religión vigente que la del progreso. De ella vivieron los asesinos del Gal como viven ahora los impecables analfabetos del estado de alarma.

No se pude vivir así. Seamos serios. En esta indiferencia desolada. No son los lerdos controladores quienes quedaron desprovistos de la plenitud de sus derechos ciudadanos el día 4. Fuimos nosotros. El estado de alarma no distingue entre buenos y malos: afecta a todos. Y seguimos así. Como si nada.

Yo recuerdo —tenía entonces dieciocho— el estado de excepción del 69. Vivíamos en una dictadura, así que tampoco era tanto lo que aquello cambiaba: el franquismo era un estado de excepción permanente. Lo vivimos, sin embargo, como un acto de guerra contra población civil. Eso era aquello. Eso es esto. Y que ahora vivamos en democracia no hace sin agravar la prórroga de un recorte en nuestros derechos, que suspende provisionalmente la plenitud constitucional. Que, por ejemplo, hace imposible realizar elecciones generales —esa epítome de la democracia— durante su vigencia.

Es el síntoma de una sociedad enferma. Pienso yo que terminal. ¿Quién sabe? Puede ser —¡ojalá!— que me equivoque. Diez días ya, exentos de ciudadanía, exentos de garantía constitucional. Y nadie alza la voz. Todos caminan, la cabeza gacha, bajo este cielo gris de zinc con algo de espejo de nuestra muerte.

ABC - Opinión

Wikileaks. Catalonian Connection. Por Emilio Campmany

La Barcelona cosmopolita y faldicorta de los 70 que presumía de estar más cerca de París que de La Mancha hoy es una especie de Nápoles en el que, debajo de un decorado de cartón piedra, es posible encontrar toda clase de podredumbre.

Lo de Wikileaks no es para tanto. La mayoría de los documentos filtrados no contienen más que banalidades recogidas a salto de mata en la prensa local. Pero llama la atención que los diplomáticos norteamericanos hayan descubierto algo que todos sabemos, pero de lo que no queremos hablar. Cataluña es el mayor centro mediterráneo de radicales islamistas. Y no sólo, sino que su puerto, a pesar de haber disminuido dramáticamente su actividad en beneficio del de Valencia, es una importante vía de entrada del tráfico de personas, drogas y dinero negro. Así pues, la Barcelona cosmopolita y faldicorta de los setenta que presumía de estar más cerca de París que de La Mancha hoy es una especie de Nápoles en el que, debajo de un decorado de cartón piedra probablemente diseñado por un mal imitador de Gaudí, es posible encontrar toda clase de podredumbre.

En los informes enviados a Washington se responsabiliza de esta situación y de lo poco eficaz que es la lucha de las autoridades a las fuertes rivalidades entre los servicios de inteligencia españoles, entre los que incluye el que se supone poseen los Mossos d’Esquadra.

En Washington no se limitaron a leer los informes, sino que decidieron instalar en su Consulado de Barcelona un centro de espionaje desde el que combatir estas amenazas toda vez que percibieron algún grado de incapacidad en nuestras fuerzas del orden. Y, al hacerlo, acordaron la necesidad de contar con la colaboración de las autoridades catalanas más allá de la que puedan tener del Ministerio del Interior.

Los nacionalistas catalanes llevan años empeñados en la propaganda del Freedom for Catalonia y del Catalonia is not Spain. Y al final, al otro lado del charco se han enterado de que, en efecto, Cataluña ya no es del todo España, pero no para ser algo mejor, sino para convertirse en algo peor.

Pero, ¿hay algo realmente nuevo en todo esto? Sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han sido expulsados de Cataluña. Sabemos que el fomento de la lengua catalana y la persecución del español han conducido a atraer conscientemente a la inmigración magrebí y a desincentivar la latinoamericana. Sabemos que tenemos las leyes penales más permisivas de Europa, lo que atrae a aquí a toda clase de organizaciones criminales europeas. Sabemos que la necesidad de lavar el dinero negro de los negocios inmobiliarios de los políticos, con los que se financian nuestros partidos, ha hecho de nuestro país la mayor lavandería de dinero sucio de Europa. Sabemos que la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos ha exigido no ser demasiado atentos a la hora de controlar el hachís que por aquí pasa con destino al resto de Europa. Sabemos que en España, pero especialmente en Cataluña, el dinero público que haría falta para combatir el crimen, se gasta en informes inútiles, que cobran asociaciones fundadas por los partidos, y en subvenciones arbitrariamente adjudicadas a empresarios amigos de los políticos. Sabemos, y lo saben los catalanes, que en Cataluña están peor que en el resto de España porque allí gobiernan los nacionalistas. Y sabemos que esto sólo puede arreglarse abriendo un proceso constituyente que empiece por achicar la elefantiasis que padece nuestra administración.

Ahora sabemos que los americanos también lo saben. Y parece que se han dado cuenta de que no vamos a hacer nada para remediarlo. No hay en ello ninguna novedad, pero no deja de ser triste leerlo negro sobre blanco en un informe redactado por un funcionario extranjero.

Libertad Digital - Opinión

Algo huela a podrido en.... Por José María Carrascal

En la política, en los negocios, en todas partes, el triunfar a cualquier precio viene siendo lo aceptado socialmente.

Se comprende la conmoción desencadenada en España al saberse que una de las atletas de más renombre se ha visto implicada en un caso de drogas, como antes lo fuera el mejor de nuestros ciclistas. Apareciendo tras ellos una trama cuyo alcance no llega a verse, lo que sólo aumenta la congoja. El deporte era uno de los campos en los que los españoles podíamos sentirnos más orgullosos. Con buenas razones: éramos campeones mundiales de fútbol, teníamos la primera raqueta de tenis, un hombre en el mejor equipo de baloncesto, medallas de oro en no sé cuántas competiciones atléticas, etc., etc. Los éxitos eran tales que incluso el resto de los estamentos del Estado se arrimaban a esos jóvenes triunfadores, en busca de contagiarse de su aura y hasta el presidente del Gobierno anunció en 2009 que asumía personalmente el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Estado para el Deporte. Claro que lo hizo poco después de haber afirmado que habíamos sobrepasado económicamente a Italia y pronto lo haríamos a Francia. ¿Ha ocurrido lo mismo con el deporte? ¿Se trataba de una burbuja artificialmente hinchada? Esperemos que no, aunque lo más necesario hoy es aclarar cuanto antes los casos sometidos a investigación, para que la mancha no se extienda y las sospechas no aumenten.

La justicia nos dirá, primero, si hubo delito y, en ese caso, si se trata de casos aislados o de una trama más o menos generalizada. No pudiendo haber contemplaciones con los envueltos, de haberlos. Junto a esos atletas que pueden haber violado la ley y el código deportivo, hay otros muchos que los han respetado estrictamente y se han ganado sus triunfos a pulso. Ellos y ellas son las primeras víctimas de esta supuesta estafa, pues estafa es ganar por medios ilícitos.

Dicho esto, conviene hacer una reflexión de más alcance y nada alegre: ¿no ha sido ésa la tónica imperante en España durante los últimos años y aún décadas? ¿Acaso en la política, en los negocios, en la cultura, en todas partes, el enriquecerse rápidamente, el triunfar a cualquier precio, el conseguir lo que se buscaba sin respetar cualquier tipo de normas y leyes no viene siendo lo usual e incluso lo aceptado socialmente en nuestro país? Si a diario vemos y oímos sobre la trama Gürtel, sobre la del Palau de la Música, sobre nuestros ayuntamientos corruptos, sin que se salve ningún partido, excepto los que no alcanzan el poder, si hasta las Cajas de Ahorro se han convertido en cajas B de los políticos que las manejan, si, en fin, los últimos responsables tienen más interés en ocultarlo que en aclararlo, ¿por qué nuestros deportistas, o al menos algunos de ellos, iban a ser distintos?

ABC - Opinión

Controladores. La estirpe de Caín. Por José García Domínguez

Nosotros, los españoles, en todo tiempo prestos a anteponer el miope afán partidista por encima del interés general. Como las tribus bárbaras, refractarios a la más elemental solidaridad interna con tal de defender el acervo común.

La enésima extorsión al Estado de ese gremio medieval que se quiere ajeno a toda autoridad humana o divina, el de los controladores, de nuevo está dejando entrever lacras profundas, atávicas, de la sociedad española que algunos ingenuos creímos enterradas después de la Transición. La más venial, por cómica, quizá sea la inveterada afición del paisanaje patrio al arbitrismo en las más arduas cuestiones. De antiguo es sabido que, aquí, cualquier chisgarabís armado con una calculadora de bolsillo le imparte lecciones al primer premio Nobel que se ponga a tiro, tanto da que hablemos de astrofísica como de economía. Nadie se llame a asombro, pues, ante la súbita erupción de sesudos jurisconsultos que acaba de producirse igual en las barras de los bares que en las redacciones de los periódicos.

Así, ya no hay entre nosotros plumilla o tertuliano que, muy sobrado, se prive de sentar cátedra a propósito de los enrevesados matices de las leyes de navegación aérea y sus abstrusas imbricaciones tanto con el ordenamiento laboral como con el derecho constitucional autóctono. Un prodigio del saber ecuménico nada nuevo, por lo demás. Recuérdese al respecto aquella inflación de expertos en pilotaje de grandes petroleros que aconteció cuando lo del Prestige. Desde Manolito Rivas y Suso de Toro hasta la última reencarnación del almirante Nelson en Ferraz, todo el mundo parecía llamado a impartir magisterio sobre cómo gobernar naves de ochenta mil toneladas bajo un severo temporal y sometidas al errático capricho de los vientos cambiantes.

Un asunto trivial según parece, más sencillo aún que cubrir la quiniela, de creer a tamaña recua de cráneos privilegiados. Rasgo mucho más triste, sin embargo, es el del eterno particularismo celtíbero que también ha vuelto a aflorar estos días con esa crudeza tan arisca, tan hosca, tan rifeña, tan inconfundiblemente nuestra. Nosotros, los españoles, en todo tiempo prestos a anteponer el miope afán partidista por encima del interés general. Como las tribus bárbaras, refractarios a la más elemental solidaridad interna con tal de defender el acervo común. Incapaces de siquiera concebir otra política que no sea la de tierra quemada. Disparando a matar con furia y dispuestos a nunca hacer prisioneros siempre que el enemigo a batir, ¡ay!, seamos nosotros mismos. Nosotros, la triste estirpe de Caín.

Libertad Digital - Opinión

Treinta años después

A los treinta años de la caída del suarismo, España vive un peculiar ritornello de su propia experiencia histórica.

AUNQUE a los deudos de Adolfo Suárez les irrita cualquier comparación histórica con Zapatero, al que consideran carente de la generosidad y la grandeza del gran protagonista de la Transición, existe un hilo objetivo de similitud en el carácter audaz de ambos y en su inclinación por el aventurerismo político, esa tendencia a embarcarse en desafíos no controlados basándose en una intensa autoconfianza y en una especial habilidad para la improvisación. Ese paralelismo parcial, de moda durante la primera y triunfal etapa de poder zapaterista, se ha intensificado en los últimos años al producirse en torno al actual presidente un fenómeno de desgaste acelerado semejante al que acabó con la dimisión de su primer antecesor. Hubo un momento, a finales de 1980, en que Suárez perdió de golpe su seductor carisma de demiurgo y se convirtió en la diana de todos los conflictos de un país económicamente estancado e institucionalmente débil, hasta el punto de generar un repudio unánime que le identificaba como el problema esencial de aquella crisis de Estado. El proceso de desprestigio resultó extremadamente similar al que ahora ha triturado el liderazgo de Zapatero, si bien hay tres diferencias esenciales: el peligro militar, afortunadamente desvanecido en la España contemporánea; la solidez del Partido Socialista frente a aquella UCD descuartizada y, por último, la salida a través de la renuncia más o menos forzosa del responsable principal del colapso.

Salvadas las distancias circunstanciales, la escena pública española vive ahora pendiente del momento en que Zapatero acabe de aceptarse a sí mismo como el eje de un bloqueo político que compromete la estabilidad de la nación y las perspectivas electorales de su partido. A estas alturas nadie parece dudar, ni dentro ni fuera del PSOE, de que haya interiorizado ya su propio descarte como candidato; la incógnita consiste en primer lugar en saber cuándo lo hará público, y en segundo término en si ese paso atrás implicará también una retirada inmediata del poder que cierre el círculo plutarquiano de la analogía suarista. En favor de esta última hipótesis cuenta el protagonismo creciente de un Pérez Rubalcaba que cada vez reúne un más acusado perfil de heredero de emergencia y en cuyo rostro de apesadumbrada gravedad se encarna a día de hoy el fantasma de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Treinta años exactos después del comienzo de la caída del suarismo, España vive en todo caso un peculiar ritornellode su propia experiencia histórica. La aventura equinoccial del zapaterismo se precipita hacia el fracaso en medio de un fragor de conspiraciones y dudas. El país a la deriva, las instituciones bloqueadas, la oposición a la espera y el presidente hundido. Tratándose de Zapatero, sin embargo, el margen de sorpresa nunca es descartable. Está escrito que las tragedias históricas suelen repetirse como farsas.

ABC - Opinión

Treinta años después. Por Ignacio Camacho

Freno al Estado de Alarma

El Gobierno mantiene una escrupulosa reserva sobre si prorrogará el Estado de Alarma decretado el pasado 4 de diciembre. El ministro José Blanco anunció ayer que será mañana, ante los diputados presentes en la Comisión de Fomento del Congreso, cuando responda a todas las interrogantes. Da la impresión de que el Ejecutivo se mantiene en una vacilación permanente hasta el último minuto sobre cómo reconducir un conflicto que jamás debió llegar a esta situación, y que provocó la crisis aérea más grave que ha sufrido España. La falta de certidumbres y las sospechas de que de nuevo la situación deambula en el alambre de la improvisación agudizan la percepción de que el Gobierno no sabe cómo salir del apuro y teme unas vacaciones navideñas con sobresaltos en los cielos. La realidad es que, tras el motín de los controladores y su indiscutible y grave responsabilidad en el colapso que atrapó a cientos de miles de personas de la que tendrán que responder, estamos prácticamente como estábamos no ya el 4 de diciembre, sino en febrero con el decreto llamado a dar la puntilla a la rebeldía de los controladores o, si se apura, en 2004, cuando el Ejecutivo denunció el convenio colectivo, origen del contencioso. Seis años malgastados y de ineficiencia con supuestas soluciones improvisadas en tres decretos en el último minuto para recurrir finalmente al Ejército.

José Blanco, desde luego, tiene mucho que explicar. Todo lo que el presidente del Gobierno fue incapaz en su comparecencia en el Congreso sobre la negociación del nuevo convenio, la homologación de los controladores militares, la frustrada contratación de controladores en el mercado internacional o los procesos de formación de los nuevos profesionales. Pero sobre todo tiene la obligación de zanjar una medida de excepción que fue adoptada, no lo olvidemos, en respuesta a un conflicto laboral como hay tantos en la Administración.

Entendemos que el Gobierno, en general, y José Blanco, en particular, deben ser conscientes de que el Estado de Alarma no es una iniciativa más sin mayores consecuencias o alcance. No es así. Estos días, en los que se ha conocido además por informaciones de LA RAZÓN que el Gobierno tenía infiltrados entre los controladores y que pudo poner en marcha una negociación urgente en vez de recurrir a medidas de excepción, han crecido las dudas constitucionales sobre la conveniencia de la aplicación del Estado de Alarma, previsto para hacer frente a catástrofes naturales, crisis sanitarias o severo desabastecimiento de productos básicos, lo que parece no encajar con lo acontecido. En cuanto a la militarización de los controladores sólo estaría contemplado constitucionalmente en el Estado de Sitio.

El PP ya anunció que es muy dudoso que se sume a la ampliación de esta situación «excepcional» en la que se limitan derechos constitucionales y se requiere la salvaguarda del Poder Judicial. No existen argumentos que sostengan la prórroga de un instrumento lesivo para la normalidad democrática, más allá del temor de un Gobierno incapaz de afrontar con éxito una negociación laboral y sindical por complicada que sea.

La Razón - Editorial