En estos momentos el Gobierno se está planteando seriamente la posibilidad de solicitar el permiso parlamentario para prolongar el estado de alarma decretado hace diez días con el fin de desactivar el boicot de los controladores al tráfico aéreo. No es asunto cerrado. No lo era anoche, pero las fechas apremian y la decisión de prorrogar o agotar el preceptivo plazo de quince días es inminente. Lo más probable es que la conozcamos a lo largo de la jornada de hoy, marcada por la comparecencia del ministro José Blanco ante la Comisión de Fomento del Congreso de Diputados, que es la que nos dará la pista sobre las intenciones del Gobierno a este respecto.
Como es sabido, y a diferencia de su declaración inicial, en la que bastaba la comunicación, la prórroga del estado de alarma precisa la autorización expresa del Congreso antes de que expire la vigencia de aquel. Sabemos además que antes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la solicitud. No es necesario pero así ha anunciado Rodríguez Zapatero que se hará. Y, por otra parte, el presidente del Gobierno ha de asistir el jueves y el viernes al Consejo Europeo.
Como es sabido, y a diferencia de su declaración inicial, en la que bastaba la comunicación, la prórroga del estado de alarma precisa la autorización expresa del Congreso antes de que expire la vigencia de aquel. Sabemos además que antes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la solicitud. No es necesario pero así ha anunciado Rodríguez Zapatero que se hará. Y, por otra parte, el presidente del Gobierno ha de asistir el jueves y el viernes al Consejo Europeo.
Por tanto, no quedan más fechas que las de hoy y mañana para tomar la decisión, reunir al Consejo de Ministros y celebrar un pleno de la Cámara con formato de “debate de totalidad” en el que se autorizaría o se denegaría la prórroga solicitada por el Ejecutivo. No olvidemos que el domingo, día 19, caduca el preceptivo plazo de quince días para la vigencia del estado de alarma declarado por el Ejecutivo y comunicado inmediatamente al Congreso el sábado 4 de diciembre.
Simplemente, el Gobierno no se fía de los controladores. Nadie le ha garantizado que no volverán a las andadas. Y no cree que sea suficiente la militarización del servicio (la competencia pasa del Ministerio de Fomento al de Defensa). Tampoco lo fue cuando lo decretó el gabinete de crisis de Moncloa en la noche del viernes 3 de diciembre. Por eso está a cinco minutos de persistir en la militarización de las personas (los controladores pasan a tener la consideración de personal militar). Fue la herramienta más eficaz en manos del Gobierno ante la paralización de un servicio público esencial que provocó el desabastecimiento de un bien de primera necesidad, equiparable a un supuesto de calamidad pública. Son las previsiones descritas en el artículo 4 de la ley de 1981 que desarrolla el precepto constitucional sobre el estado de alarma (artículo 116 de la CE).
La diferencia es que ahora se parte de una situación de normalidad, aunque sea forzada, mientras que en la declaración del estado de alarma del sábado 4 de diciembre la situación era, efectivamente, de caos y desabastecimiento. Ahora sí se parecería a una medida excepcional sólo a título preventivo. La solución, en las próximas horas.
«Simplemente, el Gobierno no se fía de los controladores. Nadie le ha garantizado que no volverán a las andadas.»Después de los discretos tanteos que el vicepresidente Pérez Rubalcaba, el ministro Jáuregui y el portavoz Alonso han hecho entre los partidos políticos de base parlamentaria, y ante la falta de garantías de normalidad en el tráfico aéreo por parte de los controladores, durante las últimas horas ha ganado terreno la hipótesis de que, efectivamente, el Gobierno pretende la prórroga del estado de alarma como el más eficiente instrumento legal para asegurar que no se producirá un nuevo plante de los controladores aéreos durante las próximas fiestas navideñas.
Simplemente, el Gobierno no se fía de los controladores. Nadie le ha garantizado que no volverán a las andadas. Y no cree que sea suficiente la militarización del servicio (la competencia pasa del Ministerio de Fomento al de Defensa). Tampoco lo fue cuando lo decretó el gabinete de crisis de Moncloa en la noche del viernes 3 de diciembre. Por eso está a cinco minutos de persistir en la militarización de las personas (los controladores pasan a tener la consideración de personal militar). Fue la herramienta más eficaz en manos del Gobierno ante la paralización de un servicio público esencial que provocó el desabastecimiento de un bien de primera necesidad, equiparable a un supuesto de calamidad pública. Son las previsiones descritas en el artículo 4 de la ley de 1981 que desarrolla el precepto constitucional sobre el estado de alarma (artículo 116 de la CE).
La diferencia es que ahora se parte de una situación de normalidad, aunque sea forzada, mientras que en la declaración del estado de alarma del sábado 4 de diciembre la situación era, efectivamente, de caos y desabastecimiento. Ahora sí se parecería a una medida excepcional sólo a título preventivo. La solución, en las próximas horas.
El Confidencial - Opinión
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