El Omeprazol. Por Alfonso Ussía

Mariano Rajoy, al que mucho en lo personal respeto, no parece animado a ganar en las próximas elecciones. No quiere.

Se ha empeñado en reducir sus posibilidades. Lo malo es que somos muchos los millones de españoles que dependemos de la bondad natural de Rajoy. Sólo un triunfo holgado del Partido Popular puede terminar con la pesadilla de sabernos gobernados por un especimen inclasificable como Zapatero. Pero Mariano Rajoy no se enfrenta a su mal. Se limita a engañar las molestias con medidas pasajeras. Es como el Omeprazol, un fármaco formidable que alivia y elimina los dolores esofágicos pero no sana la enfermedad. Lo de Bárcenas no tiene sentido. Que el tesorero imputado en el «caso Gürtel» pida la baja del Partido Popular, le sea concedida y conserve el escaño de senador manteniéndose en el Grupo Popular es de coña marinera. A estas alturas, Bárcenas habría de llevar más de un año fuera del Partido Popular y sin escaño, que rima. Mientras no se demuestre lo contrario, Bárcenas es inocente. Pero en un partido político que asegura combatir la corrupción, esas presunciones no sirven para nada. Las imputaciones que pesan sobre Bárcenas son de una gravedad alarmante. Tendría que haberse ido voluntariamente, pero nadie le animó a hacerlo. La solución del problema ha sido tardía y ridícula. Se ha renunciado a la cirugía a cambio de una pastilla de Omeprazol. Ya pasará el escándalo. Y los socialistas, frotándose las manos con entusiasmo y razón.

Bárcenas no puede conservar el escaño fuera del Partido Popular, ni seguir perteneciendo a su grupo parlamentario si ya no forma parte del Partido Popular. De demostrarse su inocencia en el futuro, Bárcenas puede ser objeto de toda suerte de homenajes y reivindicaciones, pero la sola imputación de haber cometido un delito de corrupción es motivo suficiente y sobrado para ser dado de baja, no a petición suya, del Partido Popular, exigiéndole su buena voluntad para dejar libre el escaño senatorial. Pero Rajoy lleva un año huyendo de su enfermedad, la pusilaminosis, y ha preferido eliminar sus dolores con pastillas de Omeprazol. ¿Bárcenas imputado? Bárcenas a la calle. El PSOE está podrido de casos de corrupción, pero tiene una ventaja sobre el Partido Popular. No le importa y, menos aún, a sus votantes. No se puede hacer una oposición ejemplar adoptando medidas humillantes. Sucede con los políticos. No piensan que sus malas decisiones afectan a la vida y el futuro de millones de personas, que están por encima de amistades, gratitudes personales, componendas o debilidades anímicas. Bárcenas se ha convertido en un grave problema para el porvenir de un amplio sector de nuestra sociedad por su culpa y la de Rajoy, que no ha sabido atacar la enfermedad a tiempo aliviado momentáneamente con la pastilla de Omeprazol.

Así no se gana la confianza de los electores. Los socialistas no necesitan pedir perdón a la sociedad, porque no entra en su código moral. Rajoy sí. Rajoy está obligado, por su propia formación personal, a olvidarse del Omeprazol, cortar simbólicamente las cabezas de los imputados en un caso de corrupción, y pedir perdón por su lentitud pusilánime. Siempre que quiera ganar las elecciones que tiene ganadas. Siempre que quiera, claro.

La Razón - Opinión

Insostenible indecisión

La elevada tasa de paro español, agravada por la crisis económica y financiera, y el envejecimiento de la población están poniendo en jaque nuestro Estado de bienestar.

A los tradicionales cantos de sirena de que el sistema será incapaz de garantizar las pensiones futuras se han sumado los Gobiernos autónomos de Cataluña, Galicia y Valencia planteando por vez primera una reflexión sobre el proceso de aplicación completa de la Ley de la Dependencia. Ello se suma al hecho de que algunos Ejecutivos regionales del PP, como los de Madrid y Murcia, ya están aplicando, de facto, una moratoria. Esta norma puede ser la víctima más propicia a corto plazo de esta crisis. Las arcas públicas adelgazan en plena aplicación de un derecho que, por novedoso, algunos creen que bien puede esperar. Pero hacer ahorros en ese capítulo es una tentación tan fácil como estéril.

El desafío al que se enfrenta la economía española y nuestro aún relativamente modesto Estado de bienestar es de una envergadura muy superior. Con una tasa de desempleo del 19%, una economía sumergida que, según estimaciones, superaría el 20% del PIB y una presión fiscal muy por debajo de la media europea, es difícil que cuadren las cuentas públicas. Pero la solución no puede pasar por recortar gastos en los servicios sociales esenciales, que también están por debajo de la media comunitaria, ni por frenar la extensión de un nuevo derecho, el de la dependencia, que nos aproxima a ese Primer Mundo al que queremos pertenecer y que apenas supone un desembolso anual del 0,5% del PIB.

Respondiendo seguramente a la inquietud general, el presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que no recortará gastos sociales. Pero la realidad es que es su propio Gabinete el que ha puesto sobre la mesa un cómputo distinto para calcular las pensiones, una prolongación de la vida laboral hasta los 67 años o una extensión del contrato laboral de despido más barato. El problema no es que se apliquen tales medidas, algunas de las cuales, como el retraso en la edad de jubilación, están plenamente aceptadas por los analistas europeos desde hace años, sino la ausencia de un diseño más amplio y ambicioso que despeje las dudas a medio y largo plazo que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema y que son anteriores a esta crisis. Más allá de las palabras, es lo que cabría esperar de un Gobierno que lleva la política social en su ADN. Lo contrario conduce a la paradoja de seguir el camino inverso del emprendido por Barack Obama y de alejarse del exitoso modelo nórdico que tanta admiración produce en el sur.

El margen para recortar gastos sociales es muy estrecho, pero existe, como lo demuestra el reciente pacto sanitario. Suprimir subvenciones no esenciales (como los 2.500 euros por natalidad) o racionalizar el gasto son vías a seguir explorando. Pero el desafío requiere valentía en la toma de decisiones. Las acometidas hasta ahora contienen aciertos, pero siguen siendo tímidas y parciales. El plan contra el fraude fiscal ha quedado corto, como la reforma del impuesto sobre las Sicav, ese refugio de las grandes fortunas cuyos beneficios siguen tributando inicialmente al 1%. Se necesita un sistema impositivo verdaderamente progresivo que obligue a pagar a los que más tienen y una revisión de la redistribución de la renta para no despilfarrar ayudas en quienes no las necesitan.

Salir de la crisis no es suficiente. Mantener e incluso seguir avanzando en nuestro Estado de bienestar como hasta ahora es incompatible con el recorte de impuestos que acometió en su día Zapatero y que el PP exige. Y la única manera de lograrlo es aumentar los ingresos, base sobre la que por cierto se asientan los beneficios sociales de las economías centroeuropeas que nos sirven de modelo.

El País - Editorial

Kaczynski, la derecha que nunca se avergonzó de sí misma

Kaczynski nunca pidió perdón por ser de derechas y durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, para bien o para mal, obró siempre en consonancia con las ideas que compartía con sus votantes.

La muerte del presidente polaco Lech Kaczynski, víctima de un accidente de aviación en tierras rusas, une a la tragedia nacional que supone perder de esa forma al máximo representante del país la circunstancia de que, con él, ha desaparecido también su esposa y una parte muy importante de los líderes políticos de Polonia. Un accidente mortal durante el aterrizaje se convierte de esta manera en origen de una crisis institucional que, por fortuna, la madura sociedad polaca y la integridad de sus dirigentes nacionales están solventando dentro de las reglas del estado de derecho. Vaya por delante nuestra solidaridad con el pueblo polaco y nuestra admiración hacia los políticos supervivientes, que siguen manteniendo la normalidad democrática con una solvencia digna de encomio.

Kaczynski fue el político que una gran parte de los ciudadanos europeos de derechas hubiera querido tener en sus países. Al margen de posiciones discutibles en torno a asuntos que tienen que ver con las expresiones de libertad individual, algo a lo que todos tenemos derecho y no sólo los que comparten las creencias o ideas de los dirigentes políticos, lo cierto es que el fallecido presidente polaco, a diferencia de la meliflua clase conservadora de la mayoría de los países europeos, nunca pidió perdón por ser de derechas y durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas obró siempre en consonancia con las ideas que compartía con sus votantes.

Sus recelos ante el giro que la Unión Europea iba a dar definitivamente con la entrada en vigor del Traslado de Lisboa estuvieron también más que justificados. Para un pueblo tan sufrido a lo largo de la Historia como orgulloso de sus orígenes tal que el polaco, diluir la soberanía nacional en un marasmo burocrático extraterritorial nunca fue una buena noticia. Polonia sabe, mejor que cualquier otro país, lo que significa estar sometida al dictado de potencias extranjeras, y el hecho de cambiar Moscú por Bruselas no iba a significar más que una diferencia de grado. Kaczynski también lo entendió así y actuó en consecuencia hasta que, finalmente, dio su brazo a torcer firmando el tratado por cuestiones geoestratégicas, no sin antes exigir determinadas prevenciones que le llevaron a protagonizar sonoros encontronazos con la canciller Angela Merkel, en aquellos momentos al frente de la UE.

La diferencia con el europeísmo incondicional de los llamados centro-reformistas es notable, pero más aún si lo comparamos con otros presidentes como Zapatero, cuya única prioridad ha sido siempre “volver al corazón de Europa”, a toda costa y a cambio de desaparecer como protagonista de la escena política continental, precio que gustosamente ha pagado en nombre de todos los españoles.

Hay muy pocas naciones sobre la Tierra, y desde luego ninguna en Europa, que hayan sufrido tantas tragedias como Polonia. La casualidad ha querido que su último presidente haya muerto precisamente mientras acudía a conmemorar el exterminio en Katyn de su elite política, militar y social en 1940 a manos del ejército soviético. Kaczynski ya no estará más dirigiendo el devenir histórico de su querida nación, pero entrega a sus compatriotas el legado de su compromiso con las ideas en que siempre creyó y la honestidad intelectual y el valor político para llevarlas a cabo sin pedir perdón por ello. Que la tierra le sea leve.

Libertad Digital - Opinión

Garzón, a la desesperada

«EN consecuencia, todas las infracciones penales que se denuncian se incluyen sin excepción bajo la cobertura de la Ley de Amnistía». Esta afirmación, referida a los hechos que pretendió investigar el juez Garzón en la causa «contra el franquismo», no es de ningún querellante de ultraderecha ni de un fantasma resucitado del anterior régimen. Es la rotunda declaración que incluyó el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el recurso de 20 de octubre de 2008 contra el auto por el que Garzón se atribuyó la investigación de los desaparecidos del franquismo.

Ahora el fiscal no acusa a Garzón de prevaricar, pero otras afirmaciones contenidas en ese recurso podían haber sustentado perfectamente tal acusación. En todo caso, sirven para poner de manifiesto que Garzón ha pasado a una reacción desesperada con su recurso contra el auto de imputación dictado por el juez Luciano Varela. Junto a argumentos de notoria calidad jurídica, el recurso incluye manifestaciones que deslizan la estrategia de Garzón hacia una convergencia con el movimiento partidista de apoyo a su persona. Sólo así se entiende que reclame el archivo de su causa por las «espurias motivaciones» de los querellantes, como si para Garzón la acción popular fuera un privilegio que debe reconocerse sólo a los querellantes con «buenas intenciones». Lo mismo sucede cuando defiende la peregrina idea de que se puede investigar un hecho aunque esté amnistiado, olvidando que las amnistías, como la de 1977, se dictan, precisamente, para no abrir causas penales por esos hechos o archivar las que estén tramitándose. Pero el colmo de la soberbia lo alcanza cuando se atreve a relacionar su futuro procesal con la desprotección «a las víctimas de los crímenes franquistas, condenándolos a no saber nunca qué pasó de sus padres y hermanos». No cabe mayor falsedad, porque fue Garzón el que se apartó de este sumario antes de que se lo ordenara la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y porque, en este momento, hay causas abiertas en diversos juzgados de instrucción por las desapariciones del franquismo. Es vergonzoso este nivel de victimismo y mesianismo con el que se presenta Garzón al apropiarse de la justicia que legítimamente reclaman las víctimas. Bien decía el fiscal en el citado recurso de 20 de octubre de 2008 que «es intrínsecamente injusto sostener que la protección de los derechos de las víctimas depende exclusivamente de que el órgano judicial «a quo» -es decir, Garzón- «pueda seguir adelante con la investigación penal».

ABC - Opinión

El parto de los montes

Las treinta y una medidas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros quedan muy lejos de las expectativas creadas por el Gobierno con la llamada Comisión Zurbano, al frente de la cual puso nada menos que a tres de sus más valiosos ministros: Salgado, Blanco y Sebastián.

El loable propósito de alcanzar un pacto con las demás fuerzas políticas para reactivar el pulso económico ha fracasado y, tras un mes largo de reuniones, borradores y propuestas, los resultados no tienen más entidad que el ratón del parto de los montes. Con decir que lo más llamativo del decreto es la rebaja del «IVA del fontanero» y que esta medida ya fue aprobada en el Congreso poco antes de Semana Santa, basta para poner de relieve la escasa ambición del Gobierno y el fiasco de una iniciativa que se presentó a bombo y platillo como la panacea a la crisis económica. Es verdad que la mayoría de esta treintena de medidas es positiva y mejora en algún aspecto la propuesta anterior que Salgado trasladó a los partidos.

Pero por otro lado, al eliminar una veintena de iniciativas, la vicepresidenta se ha dejado fuera las relacionadas con el recorte del gasto público y otras destinadas a fortalecer el marco industrial y los sectores turístico y agroalimentario. De paso, también ha eliminado, con buen criterio, propuestas menores y un tanto exóticas como las relacionadas con el equipaje aéreo o el impulso empresarial en África Occidental. Por lo demás, acierta el Gobierno en seguir adelante con su apoyo a pymes y autónomos mediante la reducción de cargas administrativas y la más pronta recuperación del IVA de las facturas impagadas, así como en estimular los flujos crediticios dándole mayor protagonismo al ICO para que conceda créditos directos de hasta 200.000 euros. La apuesta por el sector de la construcción también es adecuada, tanto en lo que beneficia a las inmobiliarias (se aplaza hasta final de 2011 la aplicación de la Ley del Suelo en lo relativo a la valoración de los suelos urbanizables), como en lo relativo a la rehabilitación de viviendas. A este respecto, no sólo se rebaja a la mitad el «IVA del fontanero»; también se aplica un 10% de desgravación en el IRPF y se amplía el umbral de renta, hasta los 53.000 euros anuales, para acogerse a estas ventajas. Salgado confía en que así se generarán más de trescientos mil empleos y se amortigue la agonía del ladrillo. En síntesis, se faltaría a la objetividad si se tachara de inútil este paquete de medidas, porque va en la buena dirección. Pero se engañaría a los ciudadanos si se presentara como el impulso que necesita la economía española para salir de la crisis. Lo aprobado ayer no es más que un aseado maquillaje, pero a todas luces insuficiente para lo que se necesita, que es un tratamiento de choque en la reducción del gasto público y una reforma laboral de calado. A diseñar y pactar esa cirujía de hierro estaba destinada la Comisión Zurbano, creada poco después de que el Rey llamara a los partidos a unirse contra la crisis. El artefacto ha fracasado y de ello debe culparse única y exclusivamente al Gobierno, que nunca demostró interés alguno en un pacto de Estado, más allá de su retórica buenista de cara a la galería.

La Razón - Editorial

Los cuentos de Bibí. Por Alfonso Ussía

El Ministerio de la Igualdad y su Instituto de la Mujer, con doña Bibí y doña Laura Seara a la cabeza –la de los mapas del clítoris–, se han propuesto desplazar o prohibir los cuentos de Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente del Bosque por machistas y trasnochados.

En esto se gastan el dinero de los españoles, con el apoyo de la UGT, que manda narices. A Caperucita Roja la dejan en paz por ahora por el color de la capucha, que si fuera naranja, verde o azul, no quedaba de Caperucita ni la cesta de la merienda ni el rabo del pobre Lobo Feroz. La medida adoptada es una de las fundamentales de la nueva campaña de doña Bibí «Educando en Igualdad». Ay, esos cuentos machistas. Propongo que en lugar de arrinconarlos, se adapten al progresismo intelectual que doña Bibí representa, encargando las nuevas versiones al poeta oficial García Montero –también sirve Suso de Toro–, y encomendando la cuidada edición de «Los Cuentos de Bibí» al editor Chus Visor, con subvención asegurada, claro está. De esta manera, nada saldría de casa. «Bambi» también se salva de momento, por temor a la reacción de las hermanas góticas. Algo es algo.

La Cenicienta es intolerable. Sumisa, obediente, humillada por una tía y unas primas asquerosas, y con unas pretensiones sociales inaceptables en una mujer de hoy. Recomiendo al autor de la nueva versión que Cenicienta sea una agente cubana o palestina, que soporta toda suerte de desprecios y desaires –barrer, fregar y lavar la ropa de las guarras de sus primas–, para pasar desapercibida y culminar su objetivo. Asesinar al Príncipe. Se suprimiría el episodio del zapato de cristal, porque no encaja en la nueva visión de la Cenicienta. Y a la tía y las primas se les aplicaría la Ley de Memoria Histórica, con Garzón o sin Garzón, con severas penas de reclusión.

Blancanieves está preocupada por su mapa del clítoris, y los enanos se enfadan bastante. Llegan de la mina y la casa está desordenada, sin hacer. Además, Blancanieves ha comprado latas de conserva para no cocinar, y ha organizado en una dependencia de la casita un taller de masturbación. Termina liándose con el Mudito, queda embarazada, y a las doce semanas decide abortar porque lo que lleva dentro de sus entrañas es un ser vivo pero no humano, y además le puede salir enanito como su padre. La Bruja es Esperanza Aguirre y el Príncipe no tiene que darle un beso para que se despierte, porque a la Bruja le importa un bledo Blancanieves desde que es socialista, y no quiere saber nada del cuento.

Y la Bella Durmiente del Bosque, que siempre está cansada, se convierte en liberada de UGT y se dedica a hacer mapas del clítoris en colaboración con Almudena Grandes. Es decir, tres mujeres de hoy y no tres pesadas fascistas del ayer. Ardo en deseos de leer las nuevas versiones de tan deleznables cuentos, que tanto daño han hecho a cinco generaciones de mujeres de España, hasta que llegó Bibí.
Y una revelación final, que espero no dañe la sensibilidad de nuestra infancia. De buena tinta he sabido –no me pidan la identidad del informador porque he prometido mi silencio–, que Alicia, la del País de las Maravillas, no es virgen. Y todo, gracias a Bibí.

La Razón - Opinión

España, tras la sombra de Grecia

Es posible que Zapatero pueda permitirse seguir mareando la perdiz. Al fin y al cabo nuestros políticos tienen importantes prebendas garantizadas. Pero la economía española no puede. El caso griego lo acredita.

Todos los analistas coinciden en que la situación del país heleno es insostenible. Con una deuda pública del 115% del PIB y con unos pagos previstos para los próximos días de 10.000 millones de euros (más del 4% de su PIB) parece claro que el Gobierno griego será incapaz, por sí solo, de hacer frente a sus obligaciones. La cuestión parece estar más bien en si se producirá algún tipo de intervención o rescate externo que auxilie a los helenos o si, por el contrario, suspenderán pagos.

En principio el FMI ha mostrado su disposición a ayudar a los griegos tal y como ha hecho desde finales de 2008 con países tan variopintos como Islandia, Hungría, Letonia o Ucrania. Sin embargo, por ventajosas que resulten las condiciones de los préstamos del Fondo Monetario (que se producen a tipos de interés muy por debajo de mercado) no son ni mucho menos gratuitas. El FMI quiere asegurarse de que no está despilfarrando el dinero y de que aquellos países a quienes refinancia tendrán en el futuro una mayor holgura tributaria para amortizar el préstamo. De ahí que suela imponer un draconiano plan de ajuste a aquellos países intervenidos, consistente en hacer en muy pocos años todo lo que deberían haber hecho esas economías en décadas: reducción enérgica del gasto público (con todo lo que ello implica sobre el número y el sueldo de los funcionarios o las transferencias de renta), aumentos de impuestos y reducción de salarios para recuperar la competitividad.

Condiciones muy duras que normalmente las economías se niegan a cumplir. Como han estudiado en extenso Carmen Reinhart y el ex economista jefe del FMI Kenneth Rogoff, a lo largo de la historia las quiebras soberanas se han producido no porque los gobiernos no pudieran articular ninguna medida para devolver su dinero a sus acreedores extranjeros, sino porque el coste social de hacerlo era tan elevado que elegían directamente el preferían impagar. Una irresponsabilidad que, por cierto, esas economías arrastran durante décadas al verse expulsadas de los mercados crediticios internacionales, con el indudable coste en términos de crecimiento y prosperidad a largo plazo que ello acarrea.

El Ejecutivo griego está en esa dinámica: ni sus políticos ni una mayoría de griegos parecen entender en la dramática situación en la que se encuentran. Por ello, han rechazado el plan del FMI para rescatarlos que era bastante más laxo que el de Alemania. Parece que han confiado su suerte a la providencia, pues ni han realizado ajustes ni creen en la necesidad de hacerlo. De ahí que en unos días Fitch haya rebajado la calificación de su deuda a la categoría de bono basura, se haya producido una enorme huida de capitales del país y el coste de su deuda pública haya subido al 7%, cotas casi insostenibles para las economías modernas, en especial para los niveles de endeudamientos griegos.

Desde España no deberíamos contemplar la tragedia helena con distancia, como si no fuera con nosotros. Es cierto que Grecia no es España, pero España va camino de ser Grecia. Es un error pensar que los inversores internacionales discriminarán, ante un eventual impago griego, entre la deuda helena y la española. Las cosas no funcionan así: la crisis mexicana de 1994 se trasladó rápidamente a Argentina y la tailandesa de 1997 se generalizó a casi toda Asia, pese a que el "cuadro macroeconómico" de cada uno de esos países era muy variopinto. En el fondo, sin embargo, todos formaban parte de una misma economía con condiciones subyacentes muy similares e interrelacionadas, de modo que si México o Tailandia impagaban no era improbable que a medio plazo lo hicieran el resto de países de su entorno.

Con Grecia y España sucede algo parecido. Puede que España tenga un endeudamiento público que sea aproximadamente la mitad del heleno, pero la economía española está en coma profundo. No se trata, como piensa o dice pensar Zapatero, de que nuestros niveles de deuda sean comparativamente bajos, sino de que somos una nación sin capacidad para generar ingresos suficientes con los que amortizar la deuda: casi cinco millones de parados, una economía en recesión, una clase política incapaz de tomar decisiones necesarias e impopulares y unos sindicatos irresponsables dispuestos a alentar a la rebelión social.

A principios de febrero los mercados financieros nos dieron un primer aviso: o España cambiaba drásticamente de rumbo o los capitales no sólo no entrarían sino que saldrían de nuestro país. Zapatero y Salgado emprendieron un tour propagandístico por Reino Unido y Estados Unidos para tratar de convencer a los inversores de que eran conscientes de la delicada situación de la economía y que estaban decididos a tomar las medidas necesarias: reducción en 50.000 millones del gasto público y reforma del sistema laboral y de pensiones. En otras palabras, los socialistas prometieron hacer algo así como un plan de ajuste del FMI poco a poco, evitando unas brusquedades que nuestra economía no requería y que probablemente no digeriría.

Para sacar adelante un proyecto de semejante envergadura se requería un amplio consenso social que se bautizó como el pomposo nombre de Pacto de Zurbano, como tratando de rememorar los Pactos de la Moncloa. Ayer supimos que habrá consenso en Zurbano, pero no para sacar adelante las grandes reformas que necesita nuestra economía, sino para lavar la imagen del Gobierno. Ni reforma laboral seria, ni reducción drástica del gasto público ni cambios en el sistema de pensiones.

Es posible que Zapatero pueda permitirse seguir mareando la perdiz. Al fin y al cabo nuestros políticos tienen importantes prebendas garantizadas. Pero la economía española no puede. El caso griego lo acredita: cuando una economía en crisis se topa con una camarilla de políticos irresponsables, el resultado es catastrófico. El problema es que se nos está acabando el tiempo: si Grecia no acepta ser rescatada, los inversores volverán a mirar con desconfianza a España. Y esta vez puede que no haya giras internacionales que valgan.

Libertad Digital - Editorial

Política de mediocridad

EL Gobierno no ha tenido más remedio que conformarse con un Real Decreto-Ley para aprobar unas medidas urgentes que quería presentar como un gran pacto político contra la crisis económica.

La operación de propaganda ha fracasado una vez más, lo que no significa que tales medidas no vayan a ser respaldadas por los demás partidos. El Partido Popular ha anunciado su apoyo, sin entusiasmo y con mucho escepticismo, porque, de nuevo, el Gobierno ha optado por una fragmentación de respuestas al deterioro económico que no se enmarcan en un cuadro general de reformas estructurales. Los parámetros del gasto público -pese a los retoques de aparente austeridad-, el mercado laboral y el sistema tributario siguen intactos y las únicas modificaciones de calado acordadas hasta el momento generan inquietud, como el aumento del IVA a partir de julio. Difícilmente esta subida de impuestos va a aumentar la recaudación si las familias españolas, durante los primeros meses de este año, están incrementando su ahorro sin consumir tanto como el Gobierno esperaba que lo hicieran para evitar la repercusión del nuevo IVA. A esto se le llama miedo e incertidumbre sobre el futuro. Si no hay confianza, no hay consumo ni reactivación autónoma de la actividad productiva. Los buenos datos de la matriculación de vehículos responden a las subvenciones públicas, claro aviso de que el fin de estas ayudas puede dar paso a un nuevo declive de las ventas, como ya han alertado las empresas del sector.

El Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros abunda en la política de medidas paliativas, pero sin ambición alguna a medio y largo plazo. No es temerario pensar que, con esta falta de apuestas por la productividad y la competitividad, el final de la crisis pueda no significar para España el comienzo de la recuperación -tantas veces anunciado como retrasado desde el Ejecutivo-, sino el estancamiento en la mediocridad. Incluso el Gobierno parece consciente de que no es capaz de poner en marcha ese anunciado cambio de modelo productivo y por eso se refugia en la economía del «No-Do»: ladrillo, coches y playa. Todas las acusaciones del Gobierno contra los malos fundamentos del anterior crecimiento económico -tan jaleados por Rodríguez Zapatero cuando decía que sus peores previsiones de paro serían siempre mejores que las mejores previsiones de paro con Aznar- se han quedado sin alternativas, reduciendo su oferta política a la sociedad española a más déficit público y más paro, los dos problemas que hacen imposible la recuperación económica.

ABC - Editorial

La farsa antifranquista de Garzón. Por Cristina Losada

Que se procese a los muertos y a los vivos, como Carrillo, por lo de Paracuellos y por los camaradas entregados a la policía o liquidados al estilo soviético.

Si me importaran un pimiento la legalidad, la estabilidad y la convivencia civilizada, firmaría ahora mismo por la derogación de la Ley de Amnistía aprobada en 1977 por el pleno del Congreso. Ley defendida entonces por Marcelino Camacho como culminación de la política de reconciliación nacional que venían propugnando los comunistas. Personalmente, nada tendría que perder y sí algo que ganar. En mi familia somos varios los que obtendríamos ese certificado que el Gobierno entrega a las víctimas del franquismo. No se nos ocurre pedirlo. La dignidad de los represaliados por sus opiniones políticas no depende de ningún papelito y menos de uno pergeñado por quienes pretenden explotar en su beneficio un maniqueo desentierro del pasado.

Mi instinto revanchista disfrutaría con una causa general por los crímenes del franquismo, la Guerra Civil y la República. Que se sepa quiénes asesinaron a los de derechas y a los de izquierdas, y quiénes de las izquierdas acabaron con tantos rivales del mismo palo. Que se procese a los muertos y a los vivos, como Carrillo, por lo de Paracuellos y por los camaradas entregados a la policía o liquidados al estilo soviético. Y que se condene. Los hijos y los nietos no son responsables de los actos cometidos por sus mayores, pero qué bueno que sus apellidos pasearan por los tribunales. Y qué de sorpresas iba a depararnos.

Ni Garzón ni sus defensores querrían un proceso así. Mucho que perder. Al primero no le interesaron los crímenes ni las víctimas hasta que la corriente, impulsada por el poder, fue favorable para pescar la medalla de único juez dispuesto a encausar al régimen franquista. Cómo si los restantes jueces tuvieran miedo de afrontar un empeño así. Cómo si la ley lo permitiera. Retorció una petición legítima para representar la farsa. Pidió, por si acaso, el certificado de defunción de Franco. Asustó a viudas. Inventó sobre la marcha los delitos que le convenían. Mostró su ignorancia de la Historia y la gramática. Ni siquiera sus paladines sostienen la legalidad de su actuación. Sólo proclaman que el fin justifica los medios. Y tanto, dirá Garzón, cuyo fin no era investigar ningún crimen del franquismo, sino amagar, retirar y salir a hombros de los tontos útiles.

Libertad Digital - Opinión

La verdadera conjunción planetaria. Por José María Carrascal

ESTO es la cuadratura del círculo, el movimiento continuo y la piedra filosofal al mismo tiempo.

Convertir el plomo en oro, conducir con el depósito vacío y algo igual a su contrario. Esa es la conjunción planetaria de la que hablaba Leire Pajín, sin necesidad de Obama. Le ha bastado a Zapatero su dilecto José Blanco. Entre los dos han descubierto cómo se puede salir de la crisis sin ampliar el déficit, sin reformar el mercado laboral y sin sacrificio alguno. Se merecen el premio Nobel, no ya de Economía, sino también de Física y de Literatura, pues no me negarán ustedes que se necesita imaginación para tal hazaña.

El último, por ahora, plan económico de Zapatero se parece a aquella fórmula que buscó inútilmente Einstein para unir todas las fuerzas de la naturaleza. Sin necesidad de haber pasado por las universidades alemanas ni de haber estudiado economía. Sólo con un poco de talante —he dicho talante, no talento—, un mucho de audacia y creer que todo el monte es orégano. ¿Que dicen los expertos que los problemas económicos de España vienen de la construcción? Pues más construcción, pero no en viviendas, sino en ferrocarriles, túneles, puentes, autovías, hasta dejar España como un queso Gruyere y una tela de araña. Eso va a crear un mogollón de empleo, que es lo que necesitamos.

—¿Cómo va a pagarse todo eso, si los presupuestos de los próximos años están cerrados?, preguntamos tímidamente.

—Ningún problema —nos responden—: se dejan los gastos para los presupuestos siguientes. Así no se aumenta el déficit.

—¿Quién va a pagar, entonces, esas obras?, insistimos.

—Las constructoras. Adelantan el dinero, y luego se hincharán a ganar dinero con ellas.

—¡Pero si las constructoras no tienen un duro, si están empeñadas hasta las cejas!, es ahora nuestra objeción.

—Pues que les presten dinero los bancos.

—¡Pero si los bancos tienen también un agujero enorme con los créditos que dieron a la construcción de viviendas que no se venden!

—Ningún problema. Se le pide al Banco Europeo de Inversiones.

—¿Usted cree que Europa va a prestarnos dinero para la construcción, después de habernos advertido contra ella? Además, buena está Europa para préstamos.

—Oiga —escuchamos ya en tono completamente distinto—, usted pregunta demasiado. Usted es uno de esos que sólo saben poner peros, que meten palos en las ruedas, que no arriman el hombro. Usted es incapaz de comprender la belleza, la audacia, la genialidad de nuestro proyecto.

Fue cuando llegaron unos hombres vestidos de blanco y, tras ponernos camisas de fuerza, nos llevaron al lugar desde donde les envío esta postal.

ABC - Opinión

Del compromiso ético de Rajoy y esos sucios sepulcros blanqueados. Por Federico Quevedo

Creo sinceramente que en nuestra respuesta política a este asunto hemos marcado un nivel de exigencia y de responsabilidad sin parangón en la vida pública española. Todos los ciudadanos, pero especialmente aquellos que nos han dado su confianza pueden tener la tranquilidad de que, como Presidente del Partido Popular, no voy a consentir en modo alguno conductas que puedan avergonzar a ningún votante de nuestro partido, independientemente de que estas sean o no sancionables desde el punto de vista penal”.“ Son palabras de Mariano Rajoy, dichas el pasado mes de octubre a cuenta del caso Gürtel, pero igual de válidas seis meses después cuando esta trama de corrupción político-empresarial vuelve a estar de moda -si es que alguna vez ha dejado de estarlo-.

¿Cual ha sido esa respuesta? Es fácil hacer un recuento: Bárcenas dejó el cargo de Tesorero; Gerardo Galeote -al que ahora parece que la Fiscalía absuelve de toda culpa- renunció a su candidatura europea; Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, abandonaron sus cargos en la Comunidad de Madrid, el primero como consejero y diputado, los otros dos abandonaron el Grupo Popular, y los tres fueron suspendidos de militancia; Arturo González Panero, Ginés López Rodríguez y Jesús Sepúlveda abandonaros sus respectivas alcaldías y fueron suspendidos de militancia; Tomás Martín Morales y Guillermo Ortega dejaron sus cargos de vicepresidente de la empresa de suelo de Boadilla el primero y del mercado de Puerta de Toledo el segundo, siendo ambos suspendidos de militancia; José Galeote fue suspendido de militancia y Carlos Clemente solicitó la baja voluntaria.

Todos ellos están imputados en el caso, y sobre todos ellos ha actuado el PP, y en comparación con como se ha actuado otras veces en casos parecidos, hay que decir que se ha hecho con la suficiente contundencia. Respecto al caso de Valencia, y a pesar de las nuevas revelaciones sobre regalitos de ‘El Bigotes’, la realidad es que las causas sobre Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos han sido archivadas. Sin embargo, en este extracto de la declaración de Rajoy que he citado al principio el presidente del PP afirma textualmente: “No voy a consentir en modo alguno conductas que puedan avergonzar a ningún votante de nuestro partido”, y esa, y solo esa, es la razón por la que Ricardo Costa fue cesado de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario de Valencia, y suspendido durante un año de militancia.

Y, sin embargo, tanto ayer como hoy -y probablemente los próximos días aunque tengo la impresión de que este globo se desinfla más rápido de lo que pensaba-, algunos medios y distinguidos periodistas de esos que van por la vida dando lecciones, y que ahora crucifican al amanecer de una linotipia a los mismos que hace poco lisonjeaban para obtener de ellos beneficios suculentos en forma de títulos nobiliarios consortes y piscinas de tronío, esos, digo, le exigen ahora a Mariano Rajoy que se moje basándose para ello en los informes policiales que suponen el grueso del sumario desclasificado el martes.

Ayer, en un acertadísimo artículo publicado en este periódico -como todos los que publica, por otra parte-, mi querido J. A. Zarzalejos le pedía a Rajoy que actuara y que tomara medidas, medidas que pasaban, si no recuerdo mal, por la suspensión de militancia de los implicados -ya está-, la exigencia de su escaño -se les ha echado del Grupo Parlamentario, pero recuerdo que en España el escaño pertenece a la persona, no al partido, luego no se puede ir más allá-, auditoría interna y quiero recordar que, en efecto, esa ya se encargó hace unos meses, y un discurso catárquico y sin medias tintas, y ese discurso es el que hizo Rajoy en octubre pasado, que es tan válido hoy como entonces porque estamos hablando exactamente de lo mismo.

Es más, a Rajoy hay que reconocerle que en su momento pusiera punto y final a la relación del PP con esta pandilla de corruptos que crecieron a la sombra del poder que iba adquiriendo el partido que refundó Aznar en 1989 en Sevilla, y esto lo escribo a sabiendas de que hoy el propio Aznar -que es el único que todavía no ha dado explicaciones sobre la presencia de Correa en la boda de su hija- ha concentrado en la capital hispalense a su vieja guardia de corps.

Rajoy ha actuado, y lo ha hecho yendo más allá de lo que hasta ahora había ido ningún otro partido político -el PSOE, desde luego, no tiene ni media torta para ir por ahí dando lecciones de ética-. Se puede debatir sobre si eso es suficiente o no, y les remito al artículo que escribí este mismo fin de semana sobre el grave problema de corrupción generalizada que vive este país y las soluciones que hay que darle -ver Dos Palabras del fin de semana-, pero el hecho es que nadie, ni siquiera quienes ahora pretenden aprovechar este nuevo resurgir del Gürtel para atacar a Rajoy exigiéndole un comportamiento que ellos desprecian en el fondo, pueden reprochar al líder del PP una actitud ‘pasota’, porque es rotundamente injusto hacerlo y más viniendo de quienes tienen muchos motivos para esconder sus acciones y ocultar sus espurios intereses.

El papel de la prensa

En este país, en el que hay una inmensa mayoría de cargos públicos electos honrados y honestos y con un comportamiento intachable, sin embargo unos pocos han conseguido poner en tela de juicio a toda una profesión honesta y necesaria, y en la extensión de ese descrédito ha tenido un papel muy importante cierta prensa que lejos de comportarse desde un planteamiento ético, lo ha hecho desde la misma corrupción que decía combatir.

¿Porqué ocultamos los periodistas que toda esa parte del sumario que ahora exhibimos al gran público como si se tratara del descubrimiento del siglo en lo que a corrupción se refiere, no son más que informes, uno detrás de otro, elaborados todos ellos por un departamento de la Policía, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, dependiente directamente del ministro Rubalcaba, a través de José Luis Oliveras? Esa unidad fue la encargada de elaborar otra serie de informes policiales contra el PP en Canarias -caso Soria-, Murcia -caso Totana-, Valencia -caso Gürtel- y varios ayuntamientos de Andalucía, todos ellos desestimados por la Justicia, como lo ha sido el famoso caso de Olleros de Alba en Castilla y León, que El País contó hasta tres veces como gran exclusiva, y que ni siquiera ha sido tomado en consideración por los jueces.

Miren, ninguno de los comportamientos de las personas que se han viso implicadas en este caso puede justificarse, aunque seguramente al final de todo nos terminemos llevando más de una sorpresa y habremos acabado con la carrera política de más de un inocente, pero en ningún caso se le puede exigir a un solo partido político que asuma unilateralmente la responsabilidad de un problema que afecta a toda la clase política sin excepción. Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer, ha ido más lejos que el resto de los dirigentes políticos de este país, y ahora le toca a toda la clase política hacer examen de conciencia, y a la periodística agachar la cabeza y tomarse en serio su papel de vigilantes del sistema y no de conductores del mismo, porque para eso hay que presentarse a las elecciones.

El Confidencial - Opinión

¿Qué hay que hacer para que Rajoy te eche del PP?

Aguirre echó a los implicados al día siguiente de conocerse las acusaciones. Así dio la impresión de ser la que más indignada estaba con sus comportamientos. Rajoy da a entender con su lenidad que Bárcenas sabe demasiado como para desprenderse de él.

Resulta que este jueves ha sido necesario nombrar un nuevo tesorero en el PP: Romay Beccaría. Cualquiera podría pensar que lo lógico hubiera sido hacerlo cuando el anterior inquilino de este puesto lo había dejado, aun temporalmente, hace ya unos cuantos meses. Pero parece que durante todo este tiempo, Bárcenas ha debido mantener su empleo, su despacho y su secretaria. Da la impresión de que lo único que debió ocurrir en julio de 2009 fue que borraron el cargo de la puerta de su despacho y le quitaron las tarjetas de visita.

Y aunque a nadie debería escandalizarnos que el ahora ex tesorero tuviera un "espacio" en Génova, como tampoco que Matas cobrara un sueldo del partido que ya quisieran muchos parados, e incluso quienes conservan su empleo, según aseguran desde la directiva nombrada por Rajoy. Pero el caso es que sí que nos escandaliza, y mucho. Porque no se puede pretender llegar a gobernar España tratando a los españoles como si fueran tontos sin que, al menos, unos cuantos alcemos una ceja para mostrar nuestro descontento.

En cualquier caso, ni siquiera esta extraña dimisión por partes parece haber terminado. No se ha dejado claro si seguirá teniendo despacho en Génova, pese a dejar la militancia del PP "temporalmente". Sin ir más lejos, Manuel Cobo sigue siendo portavoz en el ayuntamiento de Madrid pese a haber sido suspendido, también temporalmente. Tampoco sabemos si el partido seguirá pagándole el abogado. Ni si abandonará el Grupo Popular en el Senado, pese a que sería lo lógico. Lo único claro es que no dejará de ser senador, cosa a la que no puede obligarle Rajoy, al igual que Esperanza Aguirre no pudo forzar a los diputados de la Asamblea de Madrid imputados en el caso a dejar la cámara.

Es, en definitiva, otro abandono más o menos voluntario, como el de Matas. No un cese. No un puñetazo sobre la mesa. No una muestra clara por parte del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que no dejará que la corrupción tenga asilo en su partido. Sepúlveda, el del Jaguar, seguirá siendo asesor del partido. Es difícil huir de la impresión de que, como en julio, esto no es más que un paripé para intentar salvar las apariencias, sin mucho éxito ni de crítica ni de público.

Ha querido el calendario que la apertura de parte del sumario de Gürtel haya coincidido con el veinte aniversario de la primera Ejecutiva de Aznar y el correspondiente acto de recuerdo. Y aunque todos los presentes hubieran querido evitarlo, era inevitable recordar la manera, tan distinta, en que el ex presidente del Gobierno gestionó casos como el de Naseiro o Cañellas. Diferencia que el propio Aznar ha parecido insinuar al indicar que "el PP era y debe seguir siendo" incompatible con la corrupción, una frase en la que está curiosamente ausente un tiempo verbal clave.

No parece que ni Rajoy personalmente ni su PP institucionalmente sean corruptos, ni que haya existido financiación ilegal del partido, por lo que sabemos. Pero con ese empeño de, según sus aduladores oficiales, no dejarse "marcar los tiempos" desde fuera está dando continuamente la impresión contraria. Aguirre echó de su equipo a los implicados al día siguiente de saberse las acusaciones contra ellos. De este modo, dio la impresión de ser la que más indignada estaba con sus comportamientos. Rajoy, en cambio, da a entender con su lenidad que Bárcenas sabe demasiado como para desprenderse de él. Y aunque no fuera cierto, es esa imagen lo que acaba quedando, la idea de que hace falta una condena a un buen número de años para que Rajoy decida al fin expulsar a alguien del partido.

Libertad Digital - Editorial

Mensajes en el «caso Gürtel»

LAS bajas de Jesús Merino y Luis Bárcenas como militantes del Partido Popular, y la sustitución de éste en la tesorería de esta formación por José Manuel Romay Beccaría, alivian la presión política que sufrían los populares tras el alzamiento del secreto del «caso Gürtel».

Para Mariano Rajoy, estas decisiones conceden una tregua, aunque le hará falta algo más que el paso del tiempo para reforzar una imagen demasiado lastrada por la falta de respuestas explícitas. La dirección popular ha insistido en que siempre ha actuado con firmeza en el «caso Gürtel». En tal caso, con más motivo deberá revisar su estrategia de comunicación porque el mensaje recibido por la opinión pública no ha sido tan claro. Es cierto que, en este momento, ni uno solo de los imputados conserva la militancia o un cargo interno en el PP y que los resultados de la investigación -nada novedosos- no permiten, en absoluto, hablar de financiación irregular. La comparación con la Filesa del PSOE es inevitable para marcar las diferencias con un auténtico caso de corrupción financiera de todo un partido.

Siendo así las cosas, el PP ha de asumir que la alternativa política y el liderazgo necesarios para atraerse el voto de la mayoría de los ciudadanos implican el abandono de los hábitos tradicionales de la partitocracia, como el de la rutinaria reacción a la defensiva. Rapidez de respuesta, claridad de mensaje y fortaleza ética frente a la corrupción son demandas justas de una sociedad que empieza a estar harta de su clase política. Rajoy puede decir que, más allá de la campaña de filtraciones y manipulaciones contra su partido, nadie tiene motivos para señalarlo como encubridor de corruptos. Ahora sólo resta que el PP sea capaz de transmitir eficazmente esta realidad, más aún después de haber comprobado que el «caso Gürtel» es el clavo ardiendo que le queda al PSOE para, desesperadamente, frenar el avance del PP en las encuestas. Y a medida que el paro siga subiendo, y bajando las esperanzas de una recuperación, la agresividad contra el PP aumentará exponencialmente. Judicialmente aún queda «caso Gürtel» -quizá no tanto en la identificación de nuevos responsables-, pero sus repercusiones políticas son autónomas de los jueces. Por ejemplo, queda por determinar hasta dónde llegan los efectos de las nulidades decididas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque podrían arrastrar importantes diligencias de investigación aún pendientes. Esta incógnita puede despejarse de manera imprevisible en los próximos meses.

ABC - Editorial

La mano blanda del PP. Por Cristina Losada

De un partido que se enorgullecía de un historial mucho más limpio que el del PSOE y enarbolaba la bandera de la regeneración, se espera que averigüe cómo ha podido mantener tanto tiempo a gentes corruptas en su seno.

En Génova 13 respiran aliviados porque no estalló la tormenta perfecta. La apertura del sumario Gürtel no destapa escándalos nuevos ni ofrece pruebas de financiación ilegal. Tal es el mensaje que transmiten los dirigentes de la casa. Desde luego que aún podía ser peor y más en coincidencia con el espectáculo de Matas. Sin embargo, nada de eso quita un ápice de gravedad a la conducta de un número significativo de altos cargos del Partido Popular. Y tampoco justifica la blandura y la inconsecuencia de Rajoy y compañía ante una podredumbre crecida a la sombra de su organización y extendida en el tiempo y en el espacio.

Entregado al dolce far niente o a hacer lo menos posible, aferrado al deseo de no añadir certeza a lo probable, no ha sido capaz el PP de apartar a todos los sospechosos de haberse enriquecido a costa del erario. La necesaria cuarentena ha sido parcial. Así, Luis Bárcenas dejó de ser tesorero, pero el posible intermediario entre la mafia engominada y los aspirantes a nouveau riche con mando en plaza, permanece bajo el cielo protector de Génova. ¿Cómo no va a deslizar el PSOE que ese trato obedece a un pacto de silencio? ¿No lo haría el PP, y con razón, si fueran los de Ferraz los salpicados? Los ninis de la derecha, que ahora callan o desvían la atención, no dejarían pasar esa oportunidad de oro.

Ante indicios verosímiles de un tráfico de comisiones, sobornos y regalos, un partido ha de preguntarse qué ha fallado en sus mecanismos de control. Máxime cuando no fue cosa de unos meses, sino de nueve años. Y cuando el botín que se repartió al estilo de los piratas del Caribe, asciende a la cantidad de 26 millones de euros. Nada despreciable. ¿Cómo ha sido? De un partido que se enorgullecía de un historial mucho más limpio que el del PSOE y enarbolaba la bandera de la regeneración, se espera que averigüe cómo ha podido mantener tanto tiempo a gentes corruptas en su seno. Una investigación que, de hacerse seriamente, llevaría al epicentro del desastre: la partitocracia, el voto de obediencia, la selección negativa. Y poco importa que Gürtel vaya a tener o no impacto electoral. Si las decisiones de un partido respecto a la corrupción se toman de acuerdo a esa clase de cálculos, apaga y vámonos.

Libertad Digital - Opinión

El banquillo de Garzón. Por José García Domínguez

A efectos sentimentales, los únicos que cuentan para las grandes audiencias de TV, poco importa que los dizque argumentos de Garzón igual hubiesen servido con tal de procesar a Jaime I de Aragón por el feroz exterminio de los moros de Mallorca en 1229.

Si la inteligencia política no constituyera entre nosotros tan exótica planta de invernadero, ni Falange ni nadie se habría querellado con Baltasar Garzón por su penúltimo número circense, aquella peregrina causa general contra el franquismo. Y es que, de los tres procesos judiciales que arrostra el airado telonero de Mister X, es ése el único que sabe ganado de antemano. Una victoria, la suya, llamada a consumarse no ante el Tribunal, que es lo de menos, sino en la errática conciencia de la opinión pública, que es lo de más; sobre todo, tratándose de una víctima de muy patológico narcisismo como la vedette de marras.

Pues, a efectos sentimentales, los únicos que cuentan para las grandes audiencias televisivas, poco importa que los dizque argumentos de Garzón igual hubiesen servido con tal de procesar a Jaime I de Aragón por el feroz exterminio de los moros de Mallorca en 1229. O para abrir diligencias previas contra la calavera de Leopoldo II de Bélgica ante la irregular colonización del Congo, tal como ha señalado el jurista Ruiz Soroa. Desengañémonos, al soberano hervidero audiovisual nada lo conmueve el principio de legalidad. Al contrario, siempre habrá de anteponer cualquier apelación emotiva, por burda que sea, a los tediosos formalismos que exige el proceder del Estado de Derecho.

Así, que un arribista tan sobrado de ambición como huérfano de gramática, el ínclito Baltasar sin ir más lejos, viole todas las reglas procesales habidas y por haber, aquí, ni se comenta. Al cabo, ¿quién iba a echar de menos esos ridículos escrúpulos leguleyos? Es sabido, en este erial del raciocinio, el fin, jamás censurable tratándose de la progresía, siempre justifica los medios. Siempre. Igual da si se trata de acribillar a etarras presuntos por calles y plazas de San Juan de Luz, o de derrocar a Franco treinta y cinco años después de su plácido tránsito en una habitación de la Seguridad Social.

Dispongámonos, entonces, a contemplar el muy previsible espectáculo. El gran Baltasar, héroe incorruptible y paladín de la conciencia democrática, acosado, zaherido y vilipendiado por los vengativos deudos del fascio redentor. Shakespeare planeando a la altura de Manolita Chen. A ver si con un poco de suerte la banca vuelve a patrocinarle la comedia.

Libertad Digital - Opinión

Una buena noticia. Por Hermann Tertsch

EL de ayer fue un día muy especial para los españoles. Al mediodía se enterraba en la cripta de la iglesia de la Concepción de la calle de Goya en Madrid, en presencia del Rey Juan Carlos I, a un auténtico Grande de España, Guillermo Luca de Tena. Y muy cerca de allí, atravesando la plaza de Colón, se daba a conocer que está a punto de concluir una de las anomalías más grotescas del panorama político y jurídico en España. Una situación intolerable que clama al cielo y que sólo pueden defender los que desde el sectarismo quieren hacer de la democracia española una pantomima. Y enterrar definitivamente el espíritu de reconciliación y voluntad de concordia de la transición. Es decir, la secta que asaltó y secuestró al Partido Socialista hace más de siete años con su caudillo de la revancha que es el presidente de menos de la mitad de españoles y de todos aquellos que no se consideran españoles. Y que ha gobernado durante seis años sistemáticamente en contra de la mitad de los españoles a los que considera enemigos a ser castigados. Hoy, cuando quedan cuatro supervivientes de la Guerra Civil que quiere ganar ahora. Y utilizando con todos los medios a su alcance, prensa comprada y vendida, televisiones dependientes y radios sufragadas, además de algunos notorios asesinos que, después de mandar abrir fosas comunes en Paracuellos, hoy nos quieren dar clases de democracia desde periódicos serviles al Gobierno. Lacayos de Stalin al servicio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, desde luego que yo sepa, no ha hecho ningún gesto nunca para distanciarse de semejantes criminales ni de sus fechorías que sus ideólogos elevan a la llamada «lucha antifascista».

La gran noticia es que el juez Baltasar Garzón se va a sentar en el banquillo de los acusados por lo peor que puede hacer un juez, que es la prevaricación. De momento sólo por un caso de los tres que tiene pendientes. No es poco. Pero esperamos que sea más. Muchos decimos que ya era hora. Que la inseguridad jurídica que provoca este juez dedicado a sus aventuras ventajistas políticas es insoportable en un Estado de Derecho. Y consideramos que la decisión del juez Varela reconforta a quienes creemos en un estado no ideologizado y respetuoso con sus propias leyes. En cuanto que acaba con la impunidad de un juez que, para su mayor gloria propia, se ha buscado sus conveniencias personales en un abuso constante de su posición en la Audiencia Nacional. Como siempre. Hay Grandes españoles como el ayer enterrado, Luca de Tena, y españoles mezquinos que buscan en estrategias populistas o apaños con el poder, sus propios intereses, sus réditos y su gloria mediopensionista. Y que no dudan en generar sentimientos de odio y revancha cuando ven oportunidades de medrar personalmente.

Parece que este miércoles, al menos a un desafuero esperpéntico se le ha puesto coto. El juez Garzón dejará de tener derecho y poder para decidir sobre nuestra libertad, nuestra hacienda y nuestras vidas. Acaba así una inmensa anomalía que empezó con el baile de este juez entre política y judicatura y sus presumibles chantajes a diversos poderes. Quizás ahora se abra el melón del escándalo Faisán, que ha tenido enterrado en su despacho este juez y que, según todos los indicios, implica al Gobierno socialista y a la cúpula de la policía política que mantiene, en una colaboración directa con la banda terrorista ETA. Que al juez le conviniera tener este gravísimo delito en reserva como carta en la manga es muy posible. Como en su día tuvo los crímenes del GAL, que salieron sólo por su fracaso en sus ambiciones en el asalto a la política. En este país donde las cifras, los datos y los hechos nos alarman día a día, donde el pesimismo atenaza las voluntades, hoy podemos dar al menos esta buena noticia. Es más que probable que los españoles nunca más estemos expuestos al capricho y las ambiciones de un juez que es un peligro público. Y así es posible que los españoles sepamos de muchas cuestiones que nos interesan y el Gobierno nos oculta.

ABC - Opinión

Garzón, antes verdugo que víctima

Ante este auto, en el que Varela, magistrado de línea progresista y fundador de Jueces para la Democracia, no desarrolla sino una necesaria defensa de lo obvio, no faltarán quienes traten de volver a presentar a Garzón como víctima de la extrema derecha.

Un auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acaba de dar "luz verde" al proceso que no sólo llevará al juez Garzón al banquillo, acusado de un delito de prevaricación, sino que conllevará, de acuerdo con la ley, su suspensión cautelar en el ejercicio de la función judicial. En un auto de impecable lógica jurídica, Varela no sólo rechaza las nuevas diligencias que, después de haber apremiado al Supremo, había solicitado Garzón, sino que reafirma la "veracidad probable" de las denuncias que acusan al juez estrella de un delito de prevaricación al abrir, sin competencia legal alguna para ello, una causa general a la guerra civil y el franquismo.

Así, ante la surrealista pretensión de Garzón de atender a un supuesto debate sobre el alcance de la prescripción de los delitos, de la irretroactividad de la ley o de la validez de las leyes de amnistía, Varela recuerda que "el limite y también la razón de ser, la única, de la independencia del juzgador en una sociedad democrática es la recta aplicación de la ley vigente". Varela reconoce el derecho a quienes quieran cambiar la legislación vigente a tratar de obtener la mayoría parlamentaria necesaria para ello, pero lo que no se puede admitir es que ello lo trate de perseguir un juez penal en el ejercicio de sus funciones.

Como bien señala Varela, "el ejercicio de la potestad jurisdiccional no es el ámbito propio de la teorización, como tampoco lo es de lo que algunos denominan imaginación creativa, por muy honesta o bienintencionada que se autoproclame". Pretensión nada honesta –añadimos nosotros– por cuanto Garzón, cuando le ha interesado, sí que ha respetado la legislación vigente para proteger a los acusados por crímenes del llamado "bando republicano", tal y como sucedió con el sobreseimiento de la causa contra Santiago Carrillo.

Varela insiste, no obstante, en la "probable veracidad" de que Garzón procediera a sabiendas de la antijuricidad de sus actuaciones al señalar que, con ellas, vulneró principios jurídicos tan elementales y esenciales al Estado de Derecho como los de la legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía del 77. Eso, por no hablar de su ignorancia de hechos no menos notorios como el de que Franco, como el resto de los acusados por Garzón, ya ha había fallecido.

Ante este auto, en el que Varela –magistrado de línea progresista y fundador de Jueces para la Democracia– no desarrolla sino una necesaria defensa de lo obvio, no faltarán quienes traten de volver a presentar a Garzón y su afán de notoriedad como alguien que, movido por el afán de Justicia, ha terminado siendo un nueva victima del franquismo y de las denuncias de organizaciones de extrema derecha como Falange, personada en la causa. Con ello dejarán, sin embargo, en evidencia el mismo desprecio a la ley y al Estado democrático y de derecho que el "juez estrella" ha demostrado en su disparatada actuación judicial, que probablemente no será la única por la que vaya a sentarse en el banquillo. Y es que a Garzón no se le va a juzgar por su visión de la Guerra Civil y del franquismo –vergonzosamente maniquea, dicho sea de paso– sino por haberse saltado a la torera la ley en su función de juez y a sabiendas de lo que hacía. Así mismo, cuestionar el proceso contra Garzón por la ideología de quienes lo han iniciado es tanto como discriminar el derecho que tiene todo ciudadano a acudir a los tribunales en función de sus ideas políticas. Y es que la "imaginación creativa" de algunos parece no tener limites ni en autos judiciales ni en titulares de prensa.

Libertad Digital - Editorial

Garzón, imputado y suspendido

EL auto del magistrado Luciano Varela, por el que acuerda la continuación del proceso penal contra Baltasar Garzón por prevaricación en el sumario de los desaparecidos del franquismo, implica la suspensión inmediata del juez de la Audiencia Nacional, que deberá ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial.

En este momento, la causa penal está en la llamada «fase intermedia», en la que se decide si, a petición de las acusaciones, se abre o no juicio oral. Sin embargo, el auto de imputación dictado por el magistrado Varela, sin necesidad de esperar a su firmeza, equivale al auto de procesamiento y cumple totalmente la condición establecida por el artículo 383.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ -su Comisión Permanente o su Pleno- aparte a Garzón de sus funciones. Cualquier excusa para no tomar esta decisión será un incumplimiento flagrante de la ley, más aún si se pretende esperar al auto de apertura de juicio oral -que será el siguiente trámite-, lo que supondría una arbitrariedad inaceptable y un agravio comparativo para jueces imputados -pese a la oposición del fiscal- con los que no se tuvo tanta consideración.

La campaña de críticas a los magistrados del Supremo arreciará ahora sobre los vocales del CGPJ, cuyo presidente, Carlos Dívar, está legalmente emplazado a cumplir unos trámites tasados que no debe alterar. Garzón está formalmente imputado por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación, y la ley es tajante al ordenar la suspensión. Además, el auto del magistrado Varela no es una ocurrencia personal: este instructor ha culminado una investigación que, en su principio y en su fin, ha contado con el respaldo de otros cinco magistrados del Supremo, quienes han evitado involucrarse en juicios de fondo para no comprometer su imparcialidad, pero que ya han declarado que no hay motivos para archivar la causa. Aun así, es probable que el próximo frente de este caso sea el de la recusación de esos cinco magistrados por la defensa de Garzón, a lo que se añadirá el coro de inquisidores que ha pretendido proteger a este juez con la deslegitimación de las instituciones judiciales y de los jueces del Supremo. A pesar de los esfuerzos por convertir a Garzón en un mártir justiciero, la opinión del magistrado Varela es que merece ser imputado por un delito de prevaricación.

ABC - Editorial

Un "ecolojeta" de derechas. Por Lorenzo Ramírez

Como buen político, Costa defiende una cosa y la contraria, haciendo luego con el dinero de los ciudadanos lo que le venga en gana.

La nueva religión mundial ya no es el cristianismo, ni el islam ni por supuesto la fe judía. Todo está preparado para que los ciudadanos reciban con los brazos abiertos a su nuevo dios: el ecologismo de salón. Sus profetas trabajan a destajo en la teoría del cambio climático generado por el hombre y para ello están dispuestos a falsificar los datos que hagan falta, amenazar a los disidentes y utilizar la política para que en todos los rincones del planeta los ciudadanos se sientan culpables y, para resarcirse, llenen las arcas públicas de dinero fresco.

Hasta ahora, la mayoría de estos profetas provenían de las filas de partidos políticos de corte socialdemócrata, pero ahora le toca el turno a personajes que, bajo la careta liberal, hacen buena la dedicatoria del libro de F. A Hayek, Camino de Servidumbre, ya saben: "A los socialistas de todos los partidos".

El último en subirse al carro "ecolojeta" ha sido el ex ministro español Juan Costa que, tras su paso por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha descubierto que el crecimiento económico es malo y la causa de la pobreza mundial, además del origen de la destrucción del planeta. Por supuesto se trata de una gran falacia, pero tristemente la mayoría de la población se la traga.

Cuarenta minutos le bastaron al gran César Vidal para desarmar el discurso cansino y apocalíptico de Costa. El periodista cuestionó la base científica de las afirmaciones que hace este político en su nuevo libro titulado La revolución imparable: un planeta, una economía, un Gobierno. La tesis de Costa no es suya, sino que la ha tomado de sus profetas predecesores, ya saben, el fin del mundo tal como lo conocemos llegará en una década debido a la quema de combustibles fósiles. El Apocalipsis climático ha llegado. Un poco pretencioso, ¿no creen?

Para empezar, el denominado "consenso científico" sobre la influencia del ser humano en el cambio climático (antes denominado como "calentamiento global") no existe. Los únicos que lo defienden son un grupo de personas que han elaborado una serie de informes para Naciones Unidas y que fueron recogidas en el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles), así como los políticos que se aprovechan de ello. De hecho, muchos de los científicos que participaron en los estudios se negaron a firmar el documento de conclusiones y fueron desterrados al campo de la pseudociencia, arrojados fuera del pensamiento único que impera en nuestros días. Todo aquel que cuestione el informe es un reaccionario que desea el fin de la vida en la Tierra, muy moderado y riguroso, sí señor.

Pero lo más grave del asunto no se encuentra en este lavado de cerebro masivo. A los políticos y a los oligopolios no les interesa nada más que nuestro dinero y poner coto a lo que queda de nuestra libertad. Por ello, los profetas de esta nueva religión quieren que paguemos por el uso de nuestra "huella ecológica" y que nos sintamos bien por ello. Este enfoque, que comparte Costa al 100%, se traduciría en una Hacienda global que se encargaría de recaudar los fondos que los ciudadanos ganan con el sudor de sus frentes. El que consuma energía de forma "excesiva" o "no sostenible" será penalizado, siempre según los criterios de la casta política.

La fiscalidad verde es la etapa final del proceso, acompañada por la pérdida de poder de las naciones y el dirigismo empresarial por parte de los gobiernos, es decir, la nueva cara del capitalismo de Estado. Según Costa, si se acompaña los nuevos impuestos "verdes" con la renuncia al crecimiento económico acabaremos con la pobreza en el mundo. No tiene ni pies ni cabeza, lo sé, pero el caso es que cuela en muchos círculos de intelectuales, especialmente en los "progres". Costa riza el rizo cuando asegura que el libre mercado es la mejor forma de asignar recursos. Como buen político, defiende una cosa y la contraria, haciendo luego con el dinero de los ciudadanos lo que le venga en gana.

Si se quiere acabar con la pobreza mundial y facilitar al Tercer Mundo la salida del pozo económico y político, la solución es mucho más sencilla. Que se eliminen las ayudas a la exportación, que se acabe con los aranceles y con todo tipo de subvenciones, dejando competir a los países menos desarrollados en igualdad de condiciones. Claro que esto provocaría un aumento de los parados agrícolas en Estados Unidos y Europa, haría perder votos a los políticos, generando cambios profundos en casi todos los sectores económicos. Es decir, señor Costa, que se produciría una "revolución" como la que usted reclama, sólo que en esta a lo mejor no se aprovecha de ello.

Libertad Digital - Opinión

Luis Bárcenas & Cía. Por José García Domínguez

Tras las clamorosas revelaciones del sumario, uno de los dos sobra en el Partido Popular, o Bárcenas o Rajoy.

Establecido "sin ningún género de dudas" en fulminante legajo que el senador del Reino de España Luis Bárcenas resulta ser un más que presunto delincuente común, todas las incógnitas del mundo recaen ahora sobre sus nada hipotéticos ángeles custodios, comenzando por don Mariano Rajoy Brey. Y es que, de persistir instalado en lo suyo de siempre, el abúlico dontancredismo ético y estético, quien al final va a tener que demostrar su inocencia, si puede, habrá de ser el propio líder del PP.

De hecho, la única prueba indiciara que apunta a Gürtel como una eventual Filesa bis es la errática, ambigua, desconcertante actitud del mismo Rajoy. Cómo entender, si no, la fulminante decapitación preventiva de Ric Costa, apenas un simple voceras periférico, al tiempo que se pasea bajo palio al Rey Midas de la calle Génova, individuo digno de toda sospecha a quien las Cortes Generales desposeyeran al oprobioso modo de la inmunidad parlamentaria.

Generoso hasta el inconfundible hedor a cuerno quemado, a don Mariano sólo le ha faltado ponerle un piso –otro más– a Luis el Silente. Aunque no le desasiste la razón a Cospedal al señalar que el despacho, el parking, la secretaria y la minuta del abogado de mucho postín no debieran ser llamados privilegios. Pues, en previsión de escarnios tales, el rico idioma castellano dispone de la voz "escándalo", sin duda, mucho más acorde y precisa con tal de retratar un paisaje de connivencia fáctica entre tomante y donante como el que nos ocupa.

Así, tras las clamorosas revelaciones del sumario, uno de los dos sobra en el Partido Popular, o Bárcenas o Rajoy. Sin ningún género de duda, además. Puede el gallego persistir en su indolencia ausente, ajeno como suele a todo roce con los bordes más ariscos de la cruda realidad. Puede, sí, pero seguir alojando a L.B. en el limbo de los justos desacreditaría hasta la nausea esa alternativa de regeneración cívica, moral y política que dice postular el PP. Tiempo habrá, por lo demás, para esclarecer cómo a un contable sin firma, voz ni voto en Administración alguna le cupo apartar un kilo largo en coimas. El mismo tiempo que acreditará si era Rajoy quien sostenía a Bárcenas o viceversa.

Libertad Digital - Opinión