LAS bajas de Jesús Merino y Luis Bárcenas como militantes del Partido Popular, y la sustitución de éste en la tesorería de esta formación por José Manuel Romay Beccaría, alivian la presión política que sufrían los populares tras el alzamiento del secreto del «caso Gürtel».
Para Mariano Rajoy, estas decisiones conceden una tregua, aunque le hará falta algo más que el paso del tiempo para reforzar una imagen demasiado lastrada por la falta de respuestas explícitas. La dirección popular ha insistido en que siempre ha actuado con firmeza en el «caso Gürtel». En tal caso, con más motivo deberá revisar su estrategia de comunicación porque el mensaje recibido por la opinión pública no ha sido tan claro. Es cierto que, en este momento, ni uno solo de los imputados conserva la militancia o un cargo interno en el PP y que los resultados de la investigación -nada novedosos- no permiten, en absoluto, hablar de financiación irregular. La comparación con la Filesa del PSOE es inevitable para marcar las diferencias con un auténtico caso de corrupción financiera de todo un partido.
Siendo así las cosas, el PP ha de asumir que la alternativa política y el liderazgo necesarios para atraerse el voto de la mayoría de los ciudadanos implican el abandono de los hábitos tradicionales de la partitocracia, como el de la rutinaria reacción a la defensiva. Rapidez de respuesta, claridad de mensaje y fortaleza ética frente a la corrupción son demandas justas de una sociedad que empieza a estar harta de su clase política. Rajoy puede decir que, más allá de la campaña de filtraciones y manipulaciones contra su partido, nadie tiene motivos para señalarlo como encubridor de corruptos. Ahora sólo resta que el PP sea capaz de transmitir eficazmente esta realidad, más aún después de haber comprobado que el «caso Gürtel» es el clavo ardiendo que le queda al PSOE para, desesperadamente, frenar el avance del PP en las encuestas. Y a medida que el paro siga subiendo, y bajando las esperanzas de una recuperación, la agresividad contra el PP aumentará exponencialmente. Judicialmente aún queda «caso Gürtel» -quizá no tanto en la identificación de nuevos responsables-, pero sus repercusiones políticas son autónomas de los jueces. Por ejemplo, queda por determinar hasta dónde llegan los efectos de las nulidades decididas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque podrían arrastrar importantes diligencias de investigación aún pendientes. Esta incógnita puede despejarse de manera imprevisible en los próximos meses.
ABC - Editorial
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