viernes, 9 de abril de 2010

Del compromiso ético de Rajoy y esos sucios sepulcros blanqueados. Por Federico Quevedo

Creo sinceramente que en nuestra respuesta política a este asunto hemos marcado un nivel de exigencia y de responsabilidad sin parangón en la vida pública española. Todos los ciudadanos, pero especialmente aquellos que nos han dado su confianza pueden tener la tranquilidad de que, como Presidente del Partido Popular, no voy a consentir en modo alguno conductas que puedan avergonzar a ningún votante de nuestro partido, independientemente de que estas sean o no sancionables desde el punto de vista penal”.“ Son palabras de Mariano Rajoy, dichas el pasado mes de octubre a cuenta del caso Gürtel, pero igual de válidas seis meses después cuando esta trama de corrupción político-empresarial vuelve a estar de moda -si es que alguna vez ha dejado de estarlo-.

¿Cual ha sido esa respuesta? Es fácil hacer un recuento: Bárcenas dejó el cargo de Tesorero; Gerardo Galeote -al que ahora parece que la Fiscalía absuelve de toda culpa- renunció a su candidatura europea; Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, abandonaron sus cargos en la Comunidad de Madrid, el primero como consejero y diputado, los otros dos abandonaron el Grupo Popular, y los tres fueron suspendidos de militancia; Arturo González Panero, Ginés López Rodríguez y Jesús Sepúlveda abandonaros sus respectivas alcaldías y fueron suspendidos de militancia; Tomás Martín Morales y Guillermo Ortega dejaron sus cargos de vicepresidente de la empresa de suelo de Boadilla el primero y del mercado de Puerta de Toledo el segundo, siendo ambos suspendidos de militancia; José Galeote fue suspendido de militancia y Carlos Clemente solicitó la baja voluntaria.


Todos ellos están imputados en el caso, y sobre todos ellos ha actuado el PP, y en comparación con como se ha actuado otras veces en casos parecidos, hay que decir que se ha hecho con la suficiente contundencia. Respecto al caso de Valencia, y a pesar de las nuevas revelaciones sobre regalitos de ‘El Bigotes’, la realidad es que las causas sobre Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos han sido archivadas. Sin embargo, en este extracto de la declaración de Rajoy que he citado al principio el presidente del PP afirma textualmente: “No voy a consentir en modo alguno conductas que puedan avergonzar a ningún votante de nuestro partido”, y esa, y solo esa, es la razón por la que Ricardo Costa fue cesado de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario de Valencia, y suspendido durante un año de militancia.

Y, sin embargo, tanto ayer como hoy -y probablemente los próximos días aunque tengo la impresión de que este globo se desinfla más rápido de lo que pensaba-, algunos medios y distinguidos periodistas de esos que van por la vida dando lecciones, y que ahora crucifican al amanecer de una linotipia a los mismos que hace poco lisonjeaban para obtener de ellos beneficios suculentos en forma de títulos nobiliarios consortes y piscinas de tronío, esos, digo, le exigen ahora a Mariano Rajoy que se moje basándose para ello en los informes policiales que suponen el grueso del sumario desclasificado el martes.

Ayer, en un acertadísimo artículo publicado en este periódico -como todos los que publica, por otra parte-, mi querido J. A. Zarzalejos le pedía a Rajoy que actuara y que tomara medidas, medidas que pasaban, si no recuerdo mal, por la suspensión de militancia de los implicados -ya está-, la exigencia de su escaño -se les ha echado del Grupo Parlamentario, pero recuerdo que en España el escaño pertenece a la persona, no al partido, luego no se puede ir más allá-, auditoría interna y quiero recordar que, en efecto, esa ya se encargó hace unos meses, y un discurso catárquico y sin medias tintas, y ese discurso es el que hizo Rajoy en octubre pasado, que es tan válido hoy como entonces porque estamos hablando exactamente de lo mismo.

Es más, a Rajoy hay que reconocerle que en su momento pusiera punto y final a la relación del PP con esta pandilla de corruptos que crecieron a la sombra del poder que iba adquiriendo el partido que refundó Aznar en 1989 en Sevilla, y esto lo escribo a sabiendas de que hoy el propio Aznar -que es el único que todavía no ha dado explicaciones sobre la presencia de Correa en la boda de su hija- ha concentrado en la capital hispalense a su vieja guardia de corps.

Rajoy ha actuado, y lo ha hecho yendo más allá de lo que hasta ahora había ido ningún otro partido político -el PSOE, desde luego, no tiene ni media torta para ir por ahí dando lecciones de ética-. Se puede debatir sobre si eso es suficiente o no, y les remito al artículo que escribí este mismo fin de semana sobre el grave problema de corrupción generalizada que vive este país y las soluciones que hay que darle -ver Dos Palabras del fin de semana-, pero el hecho es que nadie, ni siquiera quienes ahora pretenden aprovechar este nuevo resurgir del Gürtel para atacar a Rajoy exigiéndole un comportamiento que ellos desprecian en el fondo, pueden reprochar al líder del PP una actitud ‘pasota’, porque es rotundamente injusto hacerlo y más viniendo de quienes tienen muchos motivos para esconder sus acciones y ocultar sus espurios intereses.

El papel de la prensa

En este país, en el que hay una inmensa mayoría de cargos públicos electos honrados y honestos y con un comportamiento intachable, sin embargo unos pocos han conseguido poner en tela de juicio a toda una profesión honesta y necesaria, y en la extensión de ese descrédito ha tenido un papel muy importante cierta prensa que lejos de comportarse desde un planteamiento ético, lo ha hecho desde la misma corrupción que decía combatir.

¿Porqué ocultamos los periodistas que toda esa parte del sumario que ahora exhibimos al gran público como si se tratara del descubrimiento del siglo en lo que a corrupción se refiere, no son más que informes, uno detrás de otro, elaborados todos ellos por un departamento de la Policía, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, dependiente directamente del ministro Rubalcaba, a través de José Luis Oliveras? Esa unidad fue la encargada de elaborar otra serie de informes policiales contra el PP en Canarias -caso Soria-, Murcia -caso Totana-, Valencia -caso Gürtel- y varios ayuntamientos de Andalucía, todos ellos desestimados por la Justicia, como lo ha sido el famoso caso de Olleros de Alba en Castilla y León, que El País contó hasta tres veces como gran exclusiva, y que ni siquiera ha sido tomado en consideración por los jueces.

Miren, ninguno de los comportamientos de las personas que se han viso implicadas en este caso puede justificarse, aunque seguramente al final de todo nos terminemos llevando más de una sorpresa y habremos acabado con la carrera política de más de un inocente, pero en ningún caso se le puede exigir a un solo partido político que asuma unilateralmente la responsabilidad de un problema que afecta a toda la clase política sin excepción. Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer, ha ido más lejos que el resto de los dirigentes políticos de este país, y ahora le toca a toda la clase política hacer examen de conciencia, y a la periodística agachar la cabeza y tomarse en serio su papel de vigilantes del sistema y no de conductores del mismo, porque para eso hay que presentarse a las elecciones.


El Confidencial - Opinión

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