EL auto del magistrado Luciano Varela, por el que acuerda la continuación del proceso penal contra Baltasar Garzón por prevaricación en el sumario de los desaparecidos del franquismo, implica la suspensión inmediata del juez de la Audiencia Nacional, que deberá ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial.
En este momento, la causa penal está en la llamada «fase intermedia», en la que se decide si, a petición de las acusaciones, se abre o no juicio oral. Sin embargo, el auto de imputación dictado por el magistrado Varela, sin necesidad de esperar a su firmeza, equivale al auto de procesamiento y cumple totalmente la condición establecida por el artículo 383.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ -su Comisión Permanente o su Pleno- aparte a Garzón de sus funciones. Cualquier excusa para no tomar esta decisión será un incumplimiento flagrante de la ley, más aún si se pretende esperar al auto de apertura de juicio oral -que será el siguiente trámite-, lo que supondría una arbitrariedad inaceptable y un agravio comparativo para jueces imputados -pese a la oposición del fiscal- con los que no se tuvo tanta consideración.
La campaña de críticas a los magistrados del Supremo arreciará ahora sobre los vocales del CGPJ, cuyo presidente, Carlos Dívar, está legalmente emplazado a cumplir unos trámites tasados que no debe alterar. Garzón está formalmente imputado por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación, y la ley es tajante al ordenar la suspensión. Además, el auto del magistrado Varela no es una ocurrencia personal: este instructor ha culminado una investigación que, en su principio y en su fin, ha contado con el respaldo de otros cinco magistrados del Supremo, quienes han evitado involucrarse en juicios de fondo para no comprometer su imparcialidad, pero que ya han declarado que no hay motivos para archivar la causa. Aun así, es probable que el próximo frente de este caso sea el de la recusación de esos cinco magistrados por la defensa de Garzón, a lo que se añadirá el coro de inquisidores que ha pretendido proteger a este juez con la deslegitimación de las instituciones judiciales y de los jueces del Supremo. A pesar de los esfuerzos por convertir a Garzón en un mártir justiciero, la opinión del magistrado Varela es que merece ser imputado por un delito de prevaricación.
La campaña de críticas a los magistrados del Supremo arreciará ahora sobre los vocales del CGPJ, cuyo presidente, Carlos Dívar, está legalmente emplazado a cumplir unos trámites tasados que no debe alterar. Garzón está formalmente imputado por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación, y la ley es tajante al ordenar la suspensión. Además, el auto del magistrado Varela no es una ocurrencia personal: este instructor ha culminado una investigación que, en su principio y en su fin, ha contado con el respaldo de otros cinco magistrados del Supremo, quienes han evitado involucrarse en juicios de fondo para no comprometer su imparcialidad, pero que ya han declarado que no hay motivos para archivar la causa. Aun así, es probable que el próximo frente de este caso sea el de la recusación de esos cinco magistrados por la defensa de Garzón, a lo que se añadirá el coro de inquisidores que ha pretendido proteger a este juez con la deslegitimación de las instituciones judiciales y de los jueces del Supremo. A pesar de los esfuerzos por convertir a Garzón en un mártir justiciero, la opinión del magistrado Varela es que merece ser imputado por un delito de prevaricación.
ABC - Editorial
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