Trichet. ZP, la economía y la ley de Murphy. Por Emilio J. González

Trichet y su equipo, se diga lo que se diga desde la izquierda de este país, no van a actuar pensando sólo en Alemania. Simplemente, van a poner las cosas en el sitio en el que deben estar para evitar males mayores.

A la izquierda española le encanta buscar culpables a lo largo y ancho del mundo a los que imputar la responsabilidad de los males que padece la economía de nuestro país, con tal de que los socialistas patrios puedan liberarse de la carga de sus errores. Según la interpretación que hace de las recientes declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, acerca de una próxima subida de los tipos de interés, que posiblemente va a cortar de raíz cualquier brote de recuperación que pudiera asomar por estos pagos, resulta que la culpa de todo la tiene, otra vez, Alemania, por crecer con fuerza y crear empleo a raudales, y del propio BCE que, según dicen, se olvida de su responsabilidad para quienes están sufriendo en estos momentos las consecuencias más duras de la crisis. Y, como siempre, trata de desviar el foco de atención de su responsabilidad aunque, como siempre también, yerra el tiro.

Lo primero que hay que decir es que si el BCE sube los tipos antes de lo previsto –en principio, nadie esperaba un encarecimiento del precio del dinero hasta el próximo otoño, como pronto– no es por culpa de Alemania, sino porque estamos en un contexto de fuerte subida de los precios de los alimentos y las demás materias primas, agravado por la escalada de la cotización del petróleo que se deriva de los acontecimientos políticos que están teniendo lugar en el norte de África y Oriente Medio. Este comportamiento de los precios constituye una amenaza inflacionista nada desdeñable que se vuelve más peligrosa en un contexto de elevada liquidez como consecuencia de las acciones que está llevando a cabo el BCE para ‘salvar’ a España, Irlanda, Grecia, Portugal e Italia. El problema, por tanto, consiste en que tenemos unos tipos de interés artificialmente bajos que, si no suben pronto, pueden alimentar un proceso inflacionista de serias consecuencias para toda la economía de la zona euro. Así es que Trichet y su equipo, se diga lo que se diga desde la izquierda de este país, no van a actuar pensando sólo en Alemania. Simplemente, van a poner las cosas en el sitio en el que deben estar para evitar males mayores con el crecimiento económico y el empleo en la eurozona.

Por supuesto, al Gobierno de Zapatero esta perspectiva le pone de los nervios. ZP estaba soñando con una recuperación inducida por el ‘tirón’ de la rejuvenecida y fortalecida locomotora alemana que le evitara tener que hacer lo que hay que hacer y hete aquí que, otra vez más, la realidad le coge fuera de juego. Porque, no les quepa la menor duda, si los tipos de interés empiezan a subir, la economía española va a pasarlo todavía peor de lo que ya lo está haciendo. Piensen en las familias que están endeudas hasta el cuello por culpa de una hipoteca que va a subir, y que esto, además, y a diferencia de 2006, cuando empezó la crisis en España, les va a coger a muchas de ellas con al menos uno de sus miembros en paro. Mucho me temo que lo que se avecina en este sentido es una nueva oleada de morosidad que golpee con dureza a nuestro ya de por sí maltrecho sistema financiero, mientras el consumo doméstico vuelve a hundirse, devolviéndonos de lleno a la recesión y a la destrucción de empleo. Las empresas tampoco se van a librar porque al incremento de costes derivado del encarecimiento del petróleo y las demás materias primas se sumará también el de los costes financieros, suponiendo que alguna de ellas pueda acceder a algún tipo de crédito. Y no digamos ya la que le puede caer a un sector público que sigue sin enterarse de que debe dejar de gastar a raudales porque ni las cosas van a volver a ser como eran antes, ni ya va a poder conseguir financiación con la facilidad y el bajo precio con que lo venía haciendo gracias al BCE.

Por supuesto, nada de esto pasaría si, desde el primer momento, se hubiera acometido la reforma laboral, el saneamiento del sistema financiero y el recorte drástico del gasto público, además de haberse permitido el ajuste de verdad del sector inmobiliario. La economía española estaría, entonces, más preparada para afrontar la que ahora se le viene encima. Pero entre que Zapatero no quiso tomar medidas impopulares y contrarias a su ideología y que se empeñó en que la salida de la crisis tendría que ser social o no sería, pues aquí estamos con cinco millones de parados y, probablemente, en puertas de una nueva recesión que va a empeorar todavía más la ya de por sí grave situación socioeconómica de nuestro país. Además, ahora las cosas van a ser más difíciles de arreglar. Por ejemplo, ¿qué administración pública va a recortar sus gastos en vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales, primero, y otras generales, después, donde tantos políticos se pueden ir a la calle juntamente con sus familiares, amigos y correligionarios? Por ejemplo también, ¿van a aceptar los sindicatos los sacrificios de poder adquisitivo de los salarios que exige la crisis o se van a empeñar en adaptar los mismos a una inflación que en España es y será más alta que en el resto de la eurozona, condenando así a más empresas a la desaparición y a más trabajadores al paro? Lo de Zapatero es como lo de la ley de Murphy, que la tostada siempre cae del lado de la mantequilla o, dicho de otra manera más elegante, que toda situación susceptible de empeorar, empeora. Lo malo es que las consecuencias las pagamos los españoles.

Libertad Digital - Opinión

Estado de sobresalto. Por Ignacio Camacho

La prometida legislatura del pleno empleo va camino de convertirse en la del racionamiento energético.

A un año del final de la prometida legislatura del pleno empleo, mucha gente se conformaría ya sólo con que no fuese la legislatura de las cartillas de racionamiento. El fracaso ha sido de tal índole que se da por amortizada cualquier perspectiva que no implique una catástrofe mayor. Con la inflación en alza y agravada por la subida del petróleo; con el sistema financiero en crisis ante la zozobra de las cajas; con el déficit enquistado bajo el despilfarro sin control de las autonomías; con el ahorro familiar agotado y con el precario tejido empresarial a punto de desmoronarse al cabo de un trienio de pérdidas, el único objetivo plausible en materia de empleo consiste en no llegar a los cinco millones de parados. La acumulación de sobresaltos y riesgos es tan vertiginosa que la sociedad española ha empezado a aceptar el 20 por 100 de desempleo como una tasa estable, como un paisaje social recurrente ante el que cada semana desfilan nuevas fatalidades, angustias y desventuras. Crisis sobre crisis, problema sobre problema, los ciudadanos no viven para sustos en medio del desconcierto que transmite un Gobierno incapaz, titubeante y sobrepasado.

La improvisación, el parcheo y la contingencia se han convertido en un hábito político que proyecta una sombría sensación de desamparo. El vaivén de medidas de quita y pon, las alarmas inesperadas, los volantazos a ciegas se suceden en un clima de ofuscación y desbarajuste. El Gobierno ni siquiera es capaz de explicar con claridad cuáles son las prioridades de este continuo estado de emergencia. Sorprendido por las dificultades amontonadas, acuciado por la confusión, se mueve a rebufo de los acontecimientos sin otro plan que el de sortear contratiempos de cualquier modo, inventando sobre la marcha ocurrencias arbitristas y apremiantes que contradicen y trastornan sus propias decisiones anteriores. La reciente alerta energética ha provocado un clamoroso desorden de gobernanza; el poder ha emitido mensajes incoherentes y contradictorios, no ha aclarado si el problema es de precios o de suministro y ha incurrido en flagrantes discordancias de cálculo. El país va a la deriva, entre una bruma de rumores y amagos que afectan a cuestiones claves de normalidad cotidiana, desde el tráfico urbano hasta el abastecimiento de electricidad.

El Gobierno maneja la hipótesis de decretar restricciones esenciales con una ambigüedad irresponsable. Nadie parece dispuesto a aclarar antes de las elecciones de mayo si existe riesgo real de racionamiento del fluido eléctrico o de las gasolinas. El clima de desgobierno se acentúa en un marco social dominado por la incertidumbre. Y los cuatro millones y medio de parados permanecen al fondo de un horizonte de desolación poblado por los fantasmas de un retroceso pavoroso en el que sólo faltaba la amenaza de quedarse literalmente a oscuras.

ABC - Opinión

Desidia ante el fraude

Los planes de ajuste fiscal del Gobierno, con los recortes a los pensionistas y los funcionarios, las subidas de impuestos o el reciente paquete de iniciativas de ahorro energético, tienen como propósito común el saneamiento de las cuentas públicas mediante un aumento de la recaudación y una disminución del gasto. Muchos colectivos de españoles han resultado damnificados por los planes de un Ejecutivo que se vio obligado a girar 180 grados su política económica apremiado por la Unión Europea. Estas medidas fueron el recurso fácil y rápido, mientras se renunciaba siquiera a explorar, ya no a explotar, un filón que permanece oculto y de cuya magnitud sabemos, no por la Administración, que debería ser la más interesada, sino por entidades privadas. La economía sumergida es un fenómeno que se alimenta de contextos de crisis y que en España presenta hoy una magnitud extraordinaria derivada de que la recesión aquí ha sido más severa que en otros países.

Las últimas aproximaciones al volumen de esa actividad opaca, que escapa a los controles de Hacienda y Seguridad Social, concluye que la economía sumergida en España está alrededor del 20% del PIB, lo que equivaldría a 200.000 millones de euros. Lo que dejaría de recaudarse, más de 30.000 millones de euros, serviría, por ejemplo, para pagar las prestaciones por desempleo durante un año a todos los parados. Nuestro país está a demasiada distancia de Alemania (15%), Francia (12%) o Reino Unido (11%). La comparación con los países de nuestro entorno nos da una idea exacta de la importante diferencia de impuestos que recauda el Estado en esas naciones sólo por combatir esta suerte de mercado negro. Obviamente, nadie se debería sentir aliviado ni satisfecho con un panorama desalentador.

Combatir la economía sumergida no es sencillo, pero la recompensa es lo suficientemente relevante como para que el Gobierno se lo hubiera tomado mucho más en serio. Es un hecho que el Ministerio de Economía ha preferido ocultar el problema sin aceptar ninguna estimación y que ha centrado su lucha contra el fraude fiscal en objetivos más vendibles como las grandes fortunas o los paraísos fiscales. La desidia gubernamental, incluso la tolerancia gubernamental, ha sido un gran error.

No estamos ante un fenómeno inocuo. Las consecuencias son siempre injustas para aquellos que cumplen con la legalidad. Se provocan distorsiones en el mercado laboral con situaciones de empleo precario y falta de cobertura social. La menor recaudación de impuestos y de cotizaciones obliga, como ha sido el caso español, a correcciones impositivas que perjudican a todos los contribuyentes.

El Gobierno ha consentido y ha alimentado un fracaso del sistema que nos empobrece a todos. Hay que concienciar al ciudadano de ello y de la necesidad de no justificar el fraude. Es preciso aliviar la carga administrativa y burocrática en el país, reforzar las medidas de control, acabar con la laxitud legal y tomarse en serio las inspecciones.

La Razón - Editorial

Rubalcaba, el problema de nuestra democracia

A su capacidad dañina, Rubalcaba añade una desvergüenza más que notable a la hora de rechazar cualquier implicación en las turbias operaciones que afectan a su ministerio, por más que las evidencias en su contra resulten incontestables.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue el principal responsable durante el felipismo de poner en marcha la LOGSE, el plan educativo más devastador que jamás ha padecido España y, desde entonces, el personaje no ha hecho más que empeorar. No ha habido pujo contra la democracia y el Estado de Derecho protagonizado por la izquierda española en las dos últimas décadas que no haya contado con el todavía ministro del Interior en el puesto de mando, bien sea intentando ocultar el terrorismo de estado de los GAL, bien organizando la vasta operación de acoso contra el Gobierno legítimo del Partido Popular, que culminaría con las agresiones a sus candidatos y sedes hasta en plena jornada de reflexión electoral tras los atentados del 11-M.

Ya como ministro del Interior del gobierno de Zapatero, Rubalcaba ha insultado a todos los españoles, y muy especialmente a las víctimas del terrorismo, con su protagonismo esencial en la negociación con la banda de asesinos de la ETA, que ha culminado con el asombroso caso Faisán, en el que, como siempre que Rubalcaba anda por medio, nuevamente el Estado está bajo sospecha de haber colaborado con una banda terrorista, hecho insólito que en cualquier otro país se hubiera llevado por delante a todo el equipo ministerial, sino al Gobierno en pleno.

Pero a su capacidad dañina para la libertad y la seguridad de los españoles, Rubalcaba añade una desvergüenza más que notable a la hora de rechazar cualquier implicación en las turbias operaciones que afectan a su ministerio, por más que las evidencias en su contra resulten incontestables. Es lo que ha ocurrido precisamente con el insistente requerimiento de la justicia para que se aporten los nombres de los agentes que, bajo el mando del polémico comisario Sánchez Manzano, se responsabilizaron de las muestras del explosivo utilizado en el 11-M, la prueba determinante para conocer la autoría de los atentados que hasta el momento sigue sin ofrecer garantías de autenticidad.

Pues bien, "gracias" a un equinoccial Pérez Rubalcaba y su facundia detestable, hoy los españoles pueden leer en la portada de un diario nacional la prueba de que el responsable de su seguridad miente a la Justicia y a los ciudadanos sin ningún reparo, al negar que un juzgado haya exigido a su departamento semejante información. Por supuesto que se le ha pedido, y además con insistencia que data ya de un año, sin que Rubalcaba haya tenido a bien prestar su colaboración para esclarecer el mayor atentado de nuestra historia como le exige en primer lugar la preeminencia de su cargo. Por cierto, el atentado que permitió la llegada al poder del partido político que todavía le tolera en sus filas. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Libertad Digital - Editorial

Menos «planes» y más eficacia

El Ejecutivo debería hacer cuentas sobre el coste económico de su ineficacia ante la nevada de la madrugada del sábado en Madrid.

EL viernes por la mañana el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo plan de ahorro energético, mediante la yuxtaposición de una serie de ocurrencias de dudosa eficacia. Por la noche, miles de madrileños quedaban atrapados sin remedio a 22 kilómetros de la capital ante la incapacidad de Fomento para hacer frente a las secuelas de una nevada intensa, pero de escasa duración. El Gobierno anunció a bombo y platillo el ahorro de 2.300 millones de euros, a costa de invertir 1.100 en eficiencia, pero de momento todo se reduce a discutir sobre nuevas subvenciones a las comunidades autónomas para que bajen durante cuatro meses el coste de las cercanías y a ofrecer planes de apariencia ecológica, pero muy discutibles en cuanto a su efectividad. Lo que no es virtual sino una realidad patente, es el espectáculo del caos provocado en la A-6 —entre los kilómetros 22 y 36— ante la inoperancia de las máquinas quitanieves. Las escenas de coches y camiones atrapados provocaron una lógica indignación entre los afectados, víctimas de la falta de previsión del departamento que dirige José Blanco y de la nula capacidad de reacción ante un evento climatológico anunciado con anterioridad.

La imagen de las máquinas bloqueadas (10 de las 14 quitanieves en servicio) es la mejor prueba de una gestión desafortunada que convirtió las proximidades de Madrid en una ratonera para los usuarios de una de las vías principales de acceso a la capital. En lugar de tantos planes sin contenido, el Ejecutivo debería hacer cuentas acerca del coste económico de su ineficacia ante la nevada de la madrugada del sábado. Incapaces de avanzar un solo metro, los vehículos consumían gasolina de forma improductiva y los conductores eran conscientes del sarcasmo que supone anunciar que baja el límite de velocidad cuando el problema es que el coche está paralizado. Rodríguez Zapatero insiste en una retórica vacía a la vez que los servicios públicos funcionan cada día peor, incluyendo la ausencia clamorosa de algunos responsables, como fue el caso de la delegada del Gobierno en Madrid. Con otra nevada como ésta y otro fracaso en la gestión ministerial no hay ahorro que valga, aunque se llenen unas cuantas páginas del BOE.

ABC - Editorial

El poder de la estupidez. Por Tomás Cuesta

Un país en ascenso es aquel en el que opera un número insólitamente alto de personas inteligentes.

LAS primeras ordenanzas marítimas definían el zafarrancho como una coreografía de combate consistente en que quienes estuvieran a babor corrieran con petates, mosquetes, sables y pertrechos a estribor mientras quienes anduvieran por estribor tenían que dirigirse veloces a babor. Lo mismo de proa a popa y de la cofa a la bodega, de modo que cada tripulante de la embarcación debía ocupar a la mayor brevedad posible las antípodas del punto donde se encontraba antes de la orden. El despliegue debía ser imponente, el efecto, nulo en el mejor de los casos. No obstante, el procedimiento se ha transmitido de generación en generación y ha sobrepasado el contexto naval para asentarse como táctica administrativa y estrategia política.

Sin ir más lejos, el contramaestre Rubalcaba dirige un zafarrancho gubernativo que consiste en que cada ministro largue de todo aquello que le resulta ajeno al tiempo que Zapatero reivindica el fantasma del capitán Lozano a cuenta del fantoche del coronel Gadafi y glosa las virtudes de un sistema en el que un tipo como él puede llegar a presidente. Incapaz de disimular la sorpresa que eso le provoca, se entrega a la fabulación de bendecir revueltas. En Francia y en Marruecos, en Washington y en Berlín tampoco salen de su asombro ante la reencarnación hispana del aventurero Simplicissimus, directamente inspirado por el Lazarillo de Tormes y capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia y en todos los bandos con el telón de fondo de la Guerra de los Treinta Años.

En el entreacto del viaje a ninguna parte en avión oficial, la patera nacional enfila la tormenta perfecta del colapso energético a fuerza de remos y candil, de galeotes y de luminarias. A la caña, («¡Dales caña!») el vicepresidente faisandé capea las embestidas del Plan Merkel mientras el armador boquea arbitrando un Plan Marshall y la tripulación de espectros de un buque derrelicto procura soltar lastre y mirar hacia otro lado. Convertido el Consejo de Ministros en un punto de fuga en el que se avizoran el camarote de los hermanos Marx y la camareta de oficiales del Titanic, la desbandada es general, el caos es modernísimo —o sea, matemático— y el sálvese quien pueda es, de aquí a mayo, el único objetivo definido, nítido e irrenunciable.

Carlo Maria Cipolla (pronúnciese Chipola para atajar las agudezas con la rima de los romos mentales) aquel sabio italiano que recopiló y divulgó las leyes esenciales de la estupidez humana, consideraba que la fortuna de las naciones dependía del porcentaje de individuos competentes o incompetentes que estuvieran instalados en el puente de mando. Un país en ascenso es aquel en el que opera un número insólitamente alto de personas inteligentes que mantienen controlada a la fracción inevitable de beocios e ignaros. En los países en decadencia, el esquema es el mismo, mas los acontecimientos fluyen en sentido contrario. Nos asomamos, pues, al revés de la trama. El porcentaje de cenutrios no varía un ápice, pero su encaje en el inmenso puzzle del poder es inversamente proporcional a sus capacidades. Si los estúpidos medran —concluye el gran Cipolla— es porque en torno a ellos florecen los incautos.

En definitiva, que así nos luce el pelo (y al señor Bono, no digamos).

ABC - Opinión

PP. De regeneración en regeneración. Por Maite Nolla

No sirve de mucho que el PP haga una gran declaración de principios contra la corrupción, cuando al final la solución depende del político, del cargo que ocupa, del territorio que pastorea y del delito que se le imputa.

Que el PP presente a estas alturas un nuevo compromiso de obligado cumplimiento y unas pautas severísimas a seguir en casos de corrupción debería servir, al menos, para recordarnos que no cumplieron el anterior. Y que firmaron el anterior porque tenían otro más viejo que no se cumplía. Creo que es mucho mejor y más práctico que reconozcan públicamente que se actúa caso por caso y dependiendo de principios políticos de gran calado intelectual como son las encuestas, y ya está. Es cierto que en estos momentos lo de los ERE supera por cutre y por original a cualquier corrupción imputada al PP, pero algunos populares también tomaron prestado su trozo del pastel, y a la hora de reaccionar, en lo de Camps se ha procedido de forma distinta que en el caso de Bárcenas, diferente que en el de la inesperada aparición de jaguares en un parking y distinto que en el caso de jóvenes diputados de treinta años condenados por el Tribunal Supremo.

Y no ha sido igual la forma de actuar de Esperanza Aguirre que la de Rajoy, por poner dos ejemplos que me vienen así, sin pensar mucho. Miren, aquí se resuelven las situaciones descendiendo al supuesto concreto y se hace lo que se puede; mucho mejor, y así nos ahorran el enésimo manifiesto vacío sobre la regeneración democrática para los tres próximos meses. Por cierto, una palabra sobre la que se requiere la inmediata intervención de la OCU y de la defensora del pueblo para evitar el uso indebido, abusivo y engañoso del término, en perjuicio de los consumidores y usuarios. En definitiva, no sirve de mucho que el PP haga una gran declaración de principios contra la corrupción, cuando al final la solución depende del político, del cargo que ocupa, del territorio que pastorea y del delito que se le imputa.

Por eso, ya me disculparan si tengo, digamos, algunas reservas sobre las bondades del programa del PP titulado Mejor sociedad, mejor Gobierno. También Artur Mas prometió que el suyo iba a ser el "Gobierno de los mejores" y ha acabado fichando a Maravillas Rojo como asesora económica, aunque al menos ha tenido el detalle de no nombrar a Celestino Corbacho secretario general de política lingüística. En fin, es lo que tienen los programas políticos: que son transversales. Al del PP le añades la frase "y reformar el Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial" y te lo firma hasta uno de Izquierda Unida. Pero eso da para otro artículo.

De todas formas, les deseo mucha suerte; hasta la próxima regeneración.

Libertad Digital - Opinión

¡Que intervengan! Por Hermann Tertsch

Conmueve ver cómo piden ahora una inmediata intervención contra Gadafi aquellos que siempre han hecho bandera de la no intervención.

Resulta conmovedor ver cómo piden ahora una inmediata intervención contra Muammar El Gadafi aquellos que siempre han hecho bandera de la no intervención. Aquellos que aun hoy consideran una crueldad un leve embargo contra un asesino de la catadura de Gadafi como Fidel Castro. Ahora quieren que EE.UU. se lance con sus armas y sus hombres a intervenir en Libia para acabar con el dictador. Entre ellos nuestras dos aguerridas ministras de Defensa y Exteriores, Carmen Chacón y Trinidad Jiménez. A los tres meses, si las cosas se torcieran y las fuerzas internacionales se vieran inmersas en una guerra civil, serían capaces de hacer un nuevo llamamiento a la deserción y a dejar a los soldados americanos solos como la que hizo Rodríguez Zapatero en Túnez en el 2004 respecto a Irak. Las cosas no son tan fáciles. También porque Washington sabe lo poco fiable que puede ser parte de Europa en un esfuerzo continuado de guerra. Los más desleales en la alianza urgen acción para que ganen rápidamente los buenos. Ahora que el malo ya es intratable. Para evitar oleadas de refugiados y se reabra el suministro de crudo. Cierto que una mayor premura en el aislamiento total del régimen y en la implantación de la prohibición de vuelo sobre Libia habría acelerado la caída del tirano. Porque ha recibido ayuda por aire y porque los ataques aéreos contra los rebeldes están siendo decisivos en la defensa del bastión del régimen en torno a Trípoli. La situación da esperanzas a mucho dictador. Estaban asustados por la rapidez de las victorias populares en Túnez y Egipto. Gadafi ha logrado, con las matanzas, forzar la lealtad de parte de su entorno. El cálculo es que una rápida y masiva represión sangrienta —una solución Tiananmen— puede ahogar la revolución en el brote, forzar la lealtad del aparato y mantener el control, confiando en la falta de reacción exterior para la continuidad del régimen.

ABC - Opinión

110 Km/h. Hacia la cartilla de racionamiento. Por Pablo Molina

Como carecen del más mínimo sentido del ridículo, Zapatero y los ministros con competencias en la materia deciden por su cuenta cómo debe conducirse la sociedad para alcanzar un determinado objetivo que ellos mismos han fijado de antemano.

Cuando los socialistas llegan al poder es sólo cuestión de tiempo que aparezca el racionamiento de bienes y servicios, y si no nos dan a los españoles la cartilla familiar estilo años cuarenta es sólo porque en plena era digital existen otros mecanismos más avanzados para coaccionar a los ciudadanos.

Zapatero ha aguantado casi siete años sin poner en marcha el programa de recorte de libertades en el consumo que caracteriza al socialismo, pero es solamente porque recibió un país saneado y hasta a él le ha llevado su tiempo acabar con la prosperidad acumulada por los Gobiernos de Aznar, que no es que fueran el epítome de la sagacidad política, pero al menos en economía hicieron una faena muy aseada.

Esto de imponer a los ciudadanos todo un programa de restricciones, y además en parte improvisado como confesó Rubalcaba, es cosa de mucho progreso a lo que se ve, y raro es que "las gentes de la cultura" (sic) no hayan convocado ya un acto público de apoyo a la reducción del límite de velocidad en la autopista y a la sustitución de bombillas en las carreteras, las dos medidas estrella con que el Gobierno de Zapatero pretende solventar nuestra dependencia energética de los hidrocarburos. Debe ser que estamos en época de subvenciones y el culturamen anda muy ocupado.

Como carecen del más mínimo sentido del ridículo, Zapatero y los ministros con competencias en la materia deciden por su cuenta cómo debe conducirse la sociedad para alcanzar un determinado objetivo que ellos mismos han fijado de antemano, ya sea la reducción del consumo de tabaco, de luz o de carburante. Naturalmente el problema que supuestamente quieren solucionar se agrava de forma dramática, porque resulta imposible que un grupo reducido de cerebros, aunque sean tan privilegiados como los de ZP, Pajín y Sebastián, pueda integrar los miles de millones de decisiones individuales que la sociedad entera genera a cada segundo y dar satisfacción a todas las necesidades que surgen constantemente, que no otra cosa es el mercado, a pesar de que los socialistas todavía crean que es una maquinaria aplastante dirigida por los especuladores, la judería internacional y el Papa de Roma.

Es lícito que algún dirigente socialista pueda pensar que es más inteligente que la media de los ciudadanos cuyos destinos administra, pero lo que resulta una locura es que los ungidos progresistas pretendan conocer a los casi cincuenta millones de españoles mejor que ellos mismos y los traten como a deficientes mentales necesitados de tutela. Esto ya no es la "fatal arrogancia" contra la que nos previno Hayek, esto es ya una chulería de ZP y sus muchachos. Y encima carísima, ya lo verán.

Libertad Digital - Opinión

Criaturitas. Por Ignacio Camacho

Confesión sin tapujos: montaron el tinglado de ERE para burlar «los caprichos del interventor». Es decir, de la ley.

NO van a lograr poner diques. El escándalo de los ERE es una marea que cada día deposita más restos de espuma sucia en la orilla del poder andaluz. Una oleada de corrupción que está poniendo de relieve lo peor del régimen tardochavista y muestra al descubierto la maquinaria del clientelismo. Cincuenta cofres de documentos, intervenidos por la Policía en las dos aseguradoras —sólo dos, y siempre las mismas— que hacían de puente en las operaciones, van convertirse en las cajas de Pandora de un sistema viciado. Más allá de los episodios chuscos de los intrusos y polizones, el caso revela el secreto de la hegemonía y deja al pairo el cartón que encubren los falsos discursos del estado de bienestar. Era un bienestar trucado, fullero, comprado con fondos de reptiles creados para disimular mediante derramas arbitrarias la tragedia de la destrucción de empleo.

El tipo que manejaba el tinglado, el capataz encargado de administrar los fondos opacos, se ha retratado en una impagable entrevista en «El País». Tratando de justificarse, el ciudadano Guerrero acusa directamente a sus superiores —los consejeros de Trabajo— de decidir el criterio de ayudas irregulares y revela el planteamiento de fondo que sustentaba el tinglado. Lo inventaron, dice, porque el ERE de una empresa jienense se atascó ante las pegas y reparos que ponía el funcionario encargado de vigilar que se adecuase al procedimiento. «No podíamos estar —declara con sinceridad escalofriante— al pairo de los caprichos del interventor».

Ésa es la cuestión clave. Decidieron crear un procedimiento paralelo —dotado con 647 millones de euros, más de cien mil millones de extintas pesetas— para escapar del control transparente del dinero. Por la cara, con dos cojones, el que manda, manda, y el que no es funcionario. Sin informes de viabilidad, al margen del funcionamiento reglado. No iban a permitir que un interventor de mierda les chafase el montaje. En vez de crear empleo se dedicaban a prejubilar gente mandándoles el sueldo a casa, para que no armasen lío y estuviesen contentos con el régimen. Si había que falsificar los papeles, se falsificaban y a otra cosa. Y de paso metían de matute a dos o tres «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que estaban desempleadas» y que casualmente eran cargos del Partido Socialista y parientes cercanos. Exalcaldes y exconcejales que no podían dejar tirados para mantener la unidad de la familia. Criaturitas; el mismo término paternal, clientelista, caciquil, que usaba Ruiz de Lopera para referirse a su tropilla de incondicionales. Criaturitas que tenían que proteger por su bien de la arbitrariedad de las leyes, los caprichos de los interventores y demás minucias de gente de mal vivir. Puro peronismo proteccionista, al que sólo le faltaba el tambor y el estribillo: estos socialistas, qué buenos son, que nos arreglan la prejubilación.

ABC - Opinión

Un plan a media luz

Tras recibir el rechazo frontal de los expertos, de la opinión pública y de un importante segmento de la oposición a su decisión de limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, el Gobierno aprobó ayer un plan de ahorro energético integrado por 20 iniciativas que buscarán reducir en un 5% las importaciones de petróleo. Según avanzaron el vicepresidente Rubalcaba y el ministro Sebastián, la inversión prevista será de 1.151 millones de euros y estará financiado en un 80% por las eléctricas. Con estas actuaciones, que afectarán al transporte, la iluminación y al consumo eléctrico, el Ejecutivo estima un ahorro de 2.300 millones.

La aprobación de este plan tiene su origen en la posibilidad de que la inestable situación que padece el mundo árabe, y que afecta ya de lleno a algunos países productores de petróleo, desencadene problemas de desabastecimiento. Este escenario tendría consecuencias especialmente negativas para un país que, como España, soporta una dependencia energética del 80%. El Gobierno, que en otras ocasiones ha demostrado una falta de reflejos alarmante a la hora de hacer frente a los problemas, hace bien en anticiparse a esta amenaza. Sin embargo, la cuestión es saber si las medidas puestas en marcha constituyen una solución a largo plazo. Y, ciertamente, un análisis en conjunto del plan de ahorro aporta más incógnitas que certidumbres. No cabe duda, por ejemplo, de que la renovación del alumbrado público en los municipios de más de 25.000 habitantes en los próximos cinco años ayudará a rebajar la abultada factura energética que lastra a las administraciones públicas. Del mismo modo, el establecimiento de una línea ICO para empresas de servicios energéticos o la mejora en la eficiencia del transporte de mercancías suponen pequeños pasos en la dirección adecuada. Pero, al mismo tiempo, son medidas a todas luces insuficientes para un país que no necesita parches en su política energética, sino un cambio de modelo. Porque sólo puede calificarse de parche improvisado la decisión de limitar la circulación a 110 km por hora cuando, en realidad, como demuestra un estudio que hoy publica LA RAZÓN, el ahorro es mayor si se circula a 130. En esta misma línea hay que ubicar el plan de ayudas a la compra de neumáticos eficientes, que sólo afectará al 1,3% de las unidades que se venden cada año. Que a última hora se hayan quedado fuera algunas medidas que el propio Gobierno ya había defendido, como limitar el acceso del tráfico al centro de las ciudades o reducir la velocidad en algunas calles de 50 a 30 kilómetros por hora, no hace sino reforzar el aroma efectista que suele acompañar a sus actuaciones. Una constante que se repite con este plan, cuya inversión, de 1.151 millones, sólo generará un ahorro anual de 2.300 millones. La cerrazón del PSOE en materia nuclear impide a España sentar las bases de un modelo energético de futuro que nos equipare con nuestros socios europeos. En lugar de ello, el Gobierno prefiere buscar culpables. Ayer, casi siete años después de llegar al poder, responsabilizó a los gobiernos del PP del atraso energético español.

La Razón - Editorial

Sí podemos ahorrar por ti

Con idéntica argumentación, el Gobierno bien podría restringir el número de desplazamientos internos que cada español efectúa al año o contingentar el número de ciudadanos que pueden tomar un avión.

Muchas de las medidas que componen ese batiburrillo legislativo con el que el Gobierno pretende solucionar un problema energético que en gran medida ha engendrado él solito entran dentro del absurdo de la lógica intervencionista: buscar beneficios aparentes o a muy corto plazo, desatendiendo sus consecuencias a largo plazo o que vayan más allá del ámbito concreto en el que se apliquen.

Por ejemplo, dado que la sabiduría convencional sostiene que demandamos demasiada energía, el Ejecutivo ha optado por renovar todo el alumbrado municipal público colocando bombillas de bajo consumo. La idea podría tener sentido si consistiera en ir sustituyendo el stock actual de bombillas por las nuevas conforme éstas se fueran estropeando. Sin embargo, carece de toda lógica anticipar todo el gasto de su renovación, especialmente apelando al alto precio del petróleo, cuando el crudo apenas representa el 5% de la producción eléctrica española. La medida es pura propaganda cortoplacista con evidentes perjuicios para la hacienda pública.

Pero dejando de lado las medidas disparatadas y otras cuya conveniencia entendemos que podría discutirse, es menester que regresemos a la medida estrella de limitar la velocidad de circulación a 110 Km/h. Muchos han sido quienes han considerado que tan arbitrario es fijar la velocidad máxima en 110 o en 120 Km/h., de modo que nada habría que objetar al cambio. La diferencia, sin embargo, reside en la dispar justificación que se ha ofrecido para ambas limitaciones.

Apelar a una limitación por cuestiones de seguridad sería un asunto a discutir, en la medida en que el Estado es el propietario de las carreteras y autovías. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero ha respaldado la reducción del límite de velocidad en la necesidad de que los ciudadanos ahorren gasolina; esto es, el Ejecutivo pretende decretar cuáles son los fines vitales que cada español debe elegir y qué medios debe alcanzar para ello. Se arroga, de tal modo, señorío sobre nuestra autonomía de la voluntad en unos terrenos en los que, al menos hasta el momento, carecía de él.

Es cada ciudadano quien debe elegir entre pasar unos minutos menos al día conduciendo –actividad que muchos de ellos pueden perfectamente detestar– o ahorrarse unos pocos euros al cabo del año: se trata de una disyuntiva como la que puede enfrentar quien decide ir a cenar todos los fines de semana o pagarse unas buenas vacaciones en agosto. Con idéntica argumentación, el Gobierno bien podría restringir el número de desplazamientos internos que cada español efectúa al año o contingentar el número de ciudadanos que pueden tomar un avión. Si ambas medidas deberían resultar inadmisibles para un liberal, también debería serlo la limitación de la velocidad máxima en autovía so pretexto de promover el ahorro privado de combustible.

La Dirección General de Tráfico, entre compungidos sollozos liberticidas, se quejaba hace años de que, por mucho que le apeteciera, no podía conducir con nosotros. Parece que este Gobierno se ha saltado todas las barreras éticas y ha decidido que sí puede ahorrar por nosotros.

Libertad Digital - Editorial

Apagón en el Gobierno

La crisis en cadena del mundo árabe descubre, nuevamente, la incapacidad del Gobierno para respuestas de alto nivel.

EL incremento del precio del petróleo ha provocado una reacción improvisada del Ejecutivo, que ayer tomó forma legal en varios reales decretos del Consejo de Ministros para el ahorro de energía. La reducción a 110 kilómetros por hora de la velocidad máxima en autovías y autopistas, junto con restricciones del alumbrado público, entre otras medidas, elude el problema de fondo, que no es otro que la ausencia de un modelo de política energética que reduzca la desproporcionada dependencia exterior de España. Si no hay crisis de abastecimiento, como dice el Gobierno, la decisión de gastar más o menos dinero en combustible corresponde a cada ciudadano en función de sus recursos; y si, como declaró Zapatero, la reducción de velocidad salva vidas y contamina menos, no se entiende por qué solo va a durar cuatros meses y no es definitiva. Estas contradicciones sobre las razones últimas de tales decisiones comparten la misma causa que tuvieron otras tantas cometidas por el presidente del Gobierno y sus ministros, esto es, el desplome político del Ejecutivo. Ante el evidente problema de España con su modelo energético, el Gobierno socialista ofrece un debate y unas propuestas de puro remiendo, confundiendo mensajes y equivocando diagnósticos, pasando de largo ante el hecho de que el precio del barril de petróleo, si sigue subiendo, atacará duramente la inflación, con un alza de precios que se suma al incremento del IVA vigente desde el año pasado. Parece que el frente de los precios es el que debería ocupar al Gobierno.

Nuevamente una situación sorpresiva, como la de la crisis en cadena del mundo árabe, descubre la incapacidad del Gobierno para respuestas de alto nivel, tanto en lo económico como en lo diplomático. Superado por las dimensiones de su fracaso, intenta escabullirse de los problemas creando otros nuevos. Y, sin duda, aquella remodelación que debía convertir al Gobierno, con el depósito de ideas agotando la reserva, en una fábrica de propaganda y comunicación imbatible se ha quedado reducida a un coro de solistas desafinados en el que cada uno tiene una opinión distinta sobre la última ocurrencia. El único valor político que conserva el Gobierno es la potestad de su presidente para disolver anticipadamente las Cámaras y convocar elecciones generales, expectativa que genera una coalición de intereses oportunistas con los nacionalismos vasco y catalán, pero que aboca a España a la perpetuación de su crisis, cada día más estructural, cuando las principales economías europeas consolidan su recuperación y agrandan la brecha con nuestro país.

ABC - Editorial

De gira por esos mundos. Por José María Carrascal

Por cierto, ¿cuándo se acerca Zapatero a Cuba y Venezuela a cantar las excelencias de la democracia?

CUANDO los gobernantes empiezan a tener dificultades en su país, ya sabemos lo que hacen: irse al extranjero, a lanzar las más extravagantes iniciativas, que allí no les discutirá nadie. Es lo que ha hecho nuestro presidente. Su última gira por los emiratos árabes y el norte de África, en medio de la revuelta que sacude aquel mundo, es el no va más de esa política de evasión, que en realidad es de huida de la realidad. No de esos países, sino del nuestro. Zapatero adoptó en su recorrido los más diversos papeles, cambiando de personaje cada día. Si ante los magnates petroleros del Golfo Pérsico se mostró humilde, pidiéndoles que salvaran nuestras Cajas de Ahorro, en Túnez fue el Rey Mago cargado de regalos. Si en las monarquías que no dejan ni respirar a la oposición se cuidó de no pronunciar la palabra democracia, donde la revuelta popular ha triunfado se explayó sobre las bondades de la misma, los sacrificios que cuesta e incluso sacó a su abuelo fusilado y a su padre «sin libertad», omitiendo que ello no le impidió hacer una excelente carrera profesional. Pero donde su discurso alcanzó la cumbre de la galanura o desfachatez -pues de ambas cosas puede tildarse- fue al aludir a un Plan Marshall para aquellos países, como si se tratara de una coproducción cinematográfica. ¿Sabe lo que fue el Plan Marshall? Porque si lo sabe se daría cuenta, primero, de que eso no se improvisa y, segundo, de que para lanzarlo se necesitan unos medios que hoy no tienen los países europeos y, menos, España, aún en peligro de tener que ser rescatada por sus socios. Pero ¿qué importa eso a nuestro hombre, que habla de oídas y actúa como un bromista de la política, con iniciativas que tienen más pinta de broma que de iniciativas serias?

No hay duda de que ante la cautela de las grandes potencias europeas Francia, Alemania, y de los propios Estados Unidos, Zapatero intenta llenar ese hueco en un mundo árabe en efervescencia. Pero para eso se necesita algo más que buenas palabras, conmovedores recuerdos familiares y planes exóticos. Se necesita una política sólida, coherente. Pero se necesita sobre todo un potencial militar y económico que España no tiene. El ejército español está sobreextendido en las numerosas acciones donde se halla envuelto mundo adelante y de nuestra economía, ¿qué voy a decirles? Con el dato de un paro juvenil del 43 por ciento -próximo al de los países que queremos ayudar- está dicho todo.

En fin, otra manobra de distracción para hacer que hace y no se hable del paro, de nuestra falta de crecimiento y de la inflación que vuelve a mordernos el bolsillo. Por cierto, ¿cuándo se acerca Zapatero a Cuba y Venezuela a cantar las excelencias de la democracia?

ABC - Opinión

¿Peak oil? Algunas verdades sobre el petróleo. Por Emilio J. González

Sólo en Alberta se calcula que hay petróleo para 300 años, al ritmo actual de crecimiento del consumo, que incluye no sólo su utilización para el transporte y para la producción de energía, sino también para los demás empleos.

Los acontecimientos políticos que están teniendo lugar en Oriente Medio y el norte de África han vuelto a poner de actualidad la cuestión del petróleo, ya que dichos sucesos están detrás de la subida de los precios del crudo que viene registrándose desde hace unas semanas. Los comentarios que se leen y se escuchan al respecto son de una naturaleza catastrofista innegable y ante ellos uno pensaría que estamos poco menos que ante el final del mundo, tal y como lo conocemos, si no fuera porque en torno al ‘oro negro’ hay muchas otras cosas de las que nadie está hablando y que, dadas las circunstancias, conviene incorporarlas al debate para desdramatizarlo en lo que a las implicaciones de medio y largo plazo se refiere.

En primer lugar, los problemas actuales tienen su origen en el temor a que las revueltas políticas que están teniendo lugar en Oriente Medio y el norte de África impliquen una situación de desabastecimiento. Hasta ahora siempre se había considerado que sucediera lo que sucediera en esos países, el flujo de crudo hacia las naciones consumidoras jamás se detendría porque dejaría a los países productores sin su principal fuente de ingresos. A mí eso siempre me pareció una ingenuidad y creo que la amenaza del dictador libio de destruir los oleoductos y gasoductos es la confirmación de que no todo el mundo tiene por qué actuar con la racionalidad que muchos en Europa y Estados Unidos les suponen. Lo cual lleva a la conclusión inmediata de que hay que buscar la forma de reducir la dependencia en materia de petróleo de los países potencialmente inestables y, desde luego, poco amigos de Occidente. Pero esto, en cierto modo, resulta casi una obviedad.

Lo verdaderamente importante, a mi juicio, son otras cuestiones. La primera de ellas es que cada vez que sube el precio del petróleo, sea por la razón que sea, acabamos escuchando la misma cantinela acerca de que si la demanda creciente de las economías emergentes, empezando por China e India, está provocando que la tendencia de la cotización del crudo a medio plazo sea necesariamente creciente. Permítanme que niegue la mayor, y me explico. En primer lugar, esa demanda creciente es real. El problema es que la oferta no se ajusta a ella no porque no haya petróleo, que lo hay, y de sobra, como comentaré después. El problema es de capacidad de producción y en eso tienen culpa tanto las empresas como los países productores. Las empresas porque cuando el precio baja no hacen las inversiones necesarias para incrementar la capacidad de producción futura, unas inversiones cuya materialización lleva tiempo, a pesar de que saben de sobra que la demanda a medio y largo plazo es y será creciente. Y cuando el precio sube y las empresas quieren invertir en la ampliación de su capacidad productiva, son los países productores quienes se lo impiden porque quieren beneficiarse de las rentas extraordinarias que les proporciona un petróleo cuya oferta restringen para mantener los precios artificialmente altos.

Vinculado a ello está la famosa historia del agotamiento del petróleo. Hay quien calcula que queda crudo para unos ochenta años, al ritmo actual del crecimiento del consumo, y descarta cualquier posibilidad de mejora en esas expectativas porque el volumen de ‘oro negro’ que contienen los yacimientos que se van descubriendo es menor que el de aquellos otros que se van agotando. Este tipo de mensajes suele provocar el nerviosismo de los mercados cada vez que el petróleo vuelve a ocupar los titulares de los medios de comunicación, pero ¿hasta qué punto es esto verdad? En primer lugar, cada vez que se habla de reservas se trata de reservas cuya explotación en términos de costes es factible a los precios que registre el petróleo en esos momentos, no de aquellas otras cuyo coste de extracción impide que sean rentables si los precios no son altos porque se encuentran en lugares y terrenos de difícil acceso para las perforadoras o a profundidades marítimas importantes. Se trata, por ejemplo, de las reservas aún por medir y explotar del mar de Bering, en el círculo polar ártico. Pero si los precios siguen subiendo llegará un momento en que permitan obtener beneficios de su explotación y, por tanto, hay que incluirlas en las reservas totales.

En segundo lugar, como reconoció Arabia Saudí, que cuenta con el 22,3% de las reservas estándar declaradas, con ocasión de la fuerte escalada de la cotización del crudo en 2006 y 2007, nadie ha declarado cuál es el verdadero volumen de las reservas de cada país, en parte por razones estratégicas, en parte porque todavía no se conoce. En tercer lugar, cuando se habla de reservas de petróleo, se habla de lo que se denominan petróleos convencionales, pero no de los llamados petróleos no convencionales, que son crudos pesados de alto contenido en azufre y no tan fáciles de refinar. Son las arenas bituminosas de, por ejemplo, la cuenca del Orinoco en Venezuela o la provincia de Alberta en Canadá. Sólo en Alberta se calcula que hay petróleo para 300 años, al ritmo actual de crecimiento del consumo, que incluye no sólo su utilización para el transporte y para la producción de energía, que supone un 55% de su consumo total, sino también para los demás empleos que tienen los más de cien derivados del petróleo, de los que se obtienen productos como plásticos, betunes, asfaltos, fertilizantes, fibras sintéticas, etc. Luego, desde este punto de vista, la cuestión no es tan dramática como algunos nos la quieren presentar. Otra cosa son los desajustes a corto plazo entre oferta y demanda, por razones puntuales, pero eso ya es harina de otro costal.

Por último hay que decir que hay otras opciones distintas al petróleo, además del gas natural, que cuanto más suba el precio de éste, más van a entrar en competencia con el mismo. Me refiero a los biocombustibles. Hoy por hoy ya hay biocombustibles que son rentables con precios del petróleo por encima de los 70 dólares por barril, pero lo más importante de todo son dos cuestiones en torno a los mismos. La primera de ellas es que, a medida que surgen nuevas generaciones de biocombustibles, y ya vamos por la cuarta, mejor es su balance energético –cantidad de energía consumida para producir una unidad de energía de biocombustible– así como su contenido energético. La segunda es que, a medida que va avanzando la tecnología, su coste de producción no sólo se reduce, sino que surgen nuevas posibilidades de obtención de biocombustibles sin que su producción tenga que competir con la producción de alimentos, al menos en lo que a la utilización de las tierras cultivables se refiere. En consecuencia, si contemplamos las cosas con una visión de medio y largo plazo, el asunto no es tan dramático como algunas voces interesadas nos quieren hacer ver. Otra cosa, ya digo, son los problemas puntuales, como los actuales relacionados con Oriente Medio y el norte de África. Pero eso implica situaciones de escasez a corto plazo, no el panorama a medio y largo plazo que algunos nos pintan.

Libertad Digital - Opinión

De la impostura. Por Hermann Tertsch

En Túnez ha protagonizado Zapatero su penúltimo esperpento y el alarde supremo de falta de principios.

ATRAPADOS todos como estamos en la inmensa escombrera en que han convertido la vida pública y la economía de este país, disparates y desafueros que en otros países —y aquí en otras circunstancias— despertarían una sana indignación y repudio social, aquí nos parecen ya anécdotas. En realidad lo son, dada la magnitud del daño general. ¡Cómo indignarse ya por 20.000 litros de combustible que el presidente del Gobierno tuvo a bien consumir para dormir en su cama en Moncloa y volver horas después hacia el Mediterráneo oriental por donde había venido el día anterior! Sin que el protagonista se planteara siquiera la posibilidad de que el gasto añadido y evitable de este capricho personal ofendiera a quienes son conminados a diario a sacrificarse y añadir dificultades a sus muy difíciles vidas, por el bien del ahorro nacional. ¡Cómo no tomarse ya como chufla y oportuna chirigota el concurso de ocurrencias de los ministros sobre el ahorro energético! ¡Cómo no reaccionar con gesto aburrido ante la enésima trampa que permite nuevos endeudamientos suicidas mientras se predica rigor en el gasto! No haremos disquisiciones históricas sobre las causas de que esta sociedad tenga las tragaderas que tiene. Aunque habría que reflexionar sobre la maldición que ha llevado a la sociedad española a comenzar el siglo XXI con tal mansedumbre ante el delirio de sus gobernantes, que dejado a España marginada de la evolución común de los países desarrollados y la relega en prácticamente todos los campos, en muchos a la competencia directa con el Tercer Mundo.

Hablemos hoy de una política exterior que define a su responsable. Comenzó con una traición efectista, aquí largamente aplaudida. Fue la primera gran grieta en un jarrón que hoy es sólo loza rota. En la que se amontonan capítulos de vergüenza con Cuba y Venezuela, de enajenamiento con la UE, de impericia paleta con China. Lo explica muy bien Javier Rupérez en su libro «Memorias de Washington» recién publicado en «La Esfera de los libros». La retirada de Irak bajo los socialistas estaba prevista en Washington y no habría supuesto un problema insalvable en las relaciones. La forma en que se hizo, en un acto de deserción, por sorpresa pese a garantías contrarias del ministro de defensa y poniendo en peligro la seguridad de otros aliados, destruyó en minutos una relación de confianza labrada en décadas y que ya tenía categoría privilegiada. Pero la máxima expresión de la traición y hostilidad hacia nuestro aliado y suprema potencia la protagonizó Zapatero en Túnez. Allí hizo un llamamiento a los demás países aliados a unirse a la deserción. Cuando a diario morían decenas de soldados norteamericanos. Aquella vileza no se la perdonará Washington nunca a Zapatero. España sufrirá por ello cuando él lleve tiempo jubilado.

Si en Túnez comenzó aquella política exterior ideologizada, tercermundista y tan ignorante de la historia y la realidad, en Túnez ha protagonizado ahora Zapatero su penúltimo esperpento y el alarde supremo de falta de principios. En tono paternalista —dando consejo al buen salvaje—, les dijo a políticos tunecinos, todos con más experiencia, cultura, dominio de idiomas y conocimiento de la historia que él, que con la democracia se disfruta mucho. Y que su abuelo, ese protomártir que promociona desde que llegó a Moncloa, murió fusilado. «Como muchos, José Luis, como muchos» le podían haber respondido. Tan sólo un día antes, en Abu Dhabi, ante los jeques de un régimen mucho más implacable que el derribado por los tunecinos, no había hablado de disfrutar en democracia. Sino de dinero que ansiaba de quienes reprimen a los demócratas. En tres días, todo un alarde de impostura y amoralidad. Y lo llama «realpolitik».

ABC - Opinión

Zapatero. Turismo democratizador. Por Emilio Campmany

Si llega a quedarse unas horas más y les endilga a los tunecinos todo su repertorio de sansiroladas, podrían haber concluido que quizá no fuera tan conveniente instaurar una democracia si ello incluye el riesgo de tener que padecer un presidente así.

En Túnez deben de haberse quedado boquiabiertos y ojipláticos, en estado de aturdida estupefacción de ver lo que puede ocurrirles si, como les asegura que ya es inevitable Zapatero, finalmente se democratizan. "No sabéis cómo se puede disfrutar de la democracia. En mi caso, hasta he llegado a ser presidente del Gobierno". ¿Qué habrá querido decir? Siempre es difícil hacer la exégesis de las palabras de Zapatero, pero en este caso la misión es casi imposible. Puede haberse limitado a querer decir que, para disfrutar de la democracia, lo mejor es llegar a presidente del Gobierno. Pero más bien parece haber querido explicar que, en una democracia, es posible incluso que alguien como él llegue a tan alto cargo. Pero, entonces viene una ulterior pregunta. En un hecho tan fatal como es el tener que padecer semejante presidente ¿dónde está el disfrute? Quizá quería referirse a lo mucho que disfruta él porque no creo que estuviera pensando en lo mucho que disfrutaremos los demás cuando lo echemos, que algún día será.

Tampoco ha estado mal el modo en que les ha contado su experiencia vital de la Transición: "Mirad, mi abuelo fue fusilado por Franco. Cuando yo cumplí 15 años, murió el dictador, y tres años después, a los 18, ya teníamos una Constitución". Para que supieran cuál es hasta ahora el final del viaje, podía haber añadido: "Y ahora, que acabo de cumplir 50, me paso la Carta Magna por el forro de mis caprichos y no veas lo que disfruto". Así, habría sabido el octogenario primer ministro tunecino Beji Caid Essebsi cómo acaba la historia.

Lo mejor ha llegado al final. Cuentan las crónicas que, con gran convicción nuestro presidente les ha aconsejado a los tunecinos "una nítida separación de poderes". Igualico, igualico que aquí. No sé si en Túnez saben de cómo Felipe González se las apañó para forzarle las costuras a la Constitución y establecer un sistema de control de los nombramientos de las altas magistraturas judiciales, de cómo Aznar prometió cambiar eso y no cambió nada y de cómo Zapatero usa y abusa del sistema. Pero, si están al cabo de la calle, habrán pensado en lo granítica que puede ser la faz del turista democratizador.

Menos mal que, antes de seguir avergonzándonos, el presidente se ha vuelto enseguida echando no sé cuántas toneladas de queroseno quemado a la atmósfera. Si llega a quedarse unas horas más y les endilga a los tunecinos todo su repertorio de sansiroladas, podrían haber concluido que quizá no fuera tan conveniente instaurar una democracia si ello había de incluir el riesgo de tener que padecer un presidente así todos los días del año durante quién sabe cuánto tiempo. En definitiva, si la visita llega a ser de tres días, habría sido contraproducente porque los tunecinos podían haberse sentido tentados de clamar por la vuelta de Zine El Abidine Ben Alí antes de arrostrar el riesgo de tener que padecer un similar alud de fatua verborrea durante años como aquí estamos aguantando.

Suárez ya no se acuerda de que fue presidente. Felipe González cree que nació para serlo y no acaba todavía de entender que no siga siéndolo. Aznar cree, probablemente con razón, que hasta ahora ha sido el mejor. Y Zapatero tendrá que jurarle a sus nietos que lo fue y ya veremos si llegan a creérselo. Cosas de la democracia.

Libertad Digital - Opinión

Sin puño y sin rosa. Por M. Martín Ferrand

El socialismo clásico es un fracaso continental, en España hemos sustituido los obreros por parados.

ALGUNOS de los candidatos que el PSOE presentará en las elecciones locales y autonómicas del próximo mayo han decidido el diseño de su propaganda con dominio del color rojo, pero sin la presencia de la rosa, el puño y la sigla que define desde 1879 al socialismo español. Vivimos tiempos en los que los fines tienden a justificar los medios; pero, aún así, esa condición vergonzante de quienes aspiran a gobernarnos y no son capaces de soportar el peso de su propia identidad parece bochornosa. Sería más ético, y muchísimo más elegante y señorial, que si no se sienten orgullosos de su pertenencia al partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero se den de baja y acudan a las elecciones bajo otro manto protector. Además, la ocultación de la sigla socialista en los carteles y demás anuncios electorales de quienes representarán al PSOE en los concejos y parlamentos regionales, ¿no tiene visos de disimulo y estafa, de ocultación de la verdad?

Tomás Gómez y Jaime Lissavetzky, los socialistas que optan a líderes de la oposición en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ya han presentado las primeras piezas de su campaña, como lo ha hecho Óscar López, aspirante a presidir la Junta de Castilla y León, sin que las cuatro letras que identifican la formación a la que pertenecen, y que los respalda, luzcan en ellas. Dado el relativismo moral en el que nos han incrustado las circunstancias sociopolíticas de Europa y España, es muy posible que ese ocultamiento no le importe a nadie, ni tan siquiera a los más veteranos socialistas; pero es todo un síntoma de descomposición del partido —más partido que nunca— que fue socialista, obrero y español y que, a juzgar por los hechos va teniendo muy poco de esas tres notas identitarias. El socialismo clásico es un fracaso continental, en España hemos sustituido los obreros por parados y ser español no cotiza en muchas de las circunscripciones centrífugas que han desvirtuado las Autonomías que se diseñaron en 1978.

Unos candidatos sin biografía pertenecientes a un partido enmascarado son, en el caso de Madrid, una ofensa a la ciudadanía. Más aún si se tiene en cuenta que sus predecesores, como la crecientemente repipi Trinidad Jiménez o el risible Miguel Sebastián, no actuaron según la confianza de sus votantes y se buscaron la vida (política) en cargos de mayor lucimiento y menor sacrificio que el de jefes de la oposición frente a un gobierno con mayoría absoluta. Llegan al provocador desparpajo de que Lissavetzky, que es miembro todavía del Gobierno que ha fraguado el insoportable paro que padecemos, propone hacer de Madrid «la ciudad del empleo».

ABC - Opinión

Túnez. ZP, nuestro Jimmy Jump. Por Cristina Losada

Si fuera coherente con las intenciones proclamadas, Zapatero iría al Bagdad de sus pecados. Pero el presidente se ha montado en la ola de cambio orientado únicamente por la lucecita roja de las cámaras.

El catalán Jimmy Jump se ha hecho conocido por colarse en los eventos internacionales y captar la atención de las cámaras durante los cinco segundos que tardan en expulsarlo. No tiene otro oficio ni otra aspiración que la de ganarse, de ese modo vergonzante, su instante de fama. En su última aparición, durante la gala de los Goya, el presentador, que era el humorista Buenafuente, pidió perdón a la audiencia, como catalán, por la irrupción de aquel "imbécil". Salvadas algunas distancias y detalles como el atuendo, la visita de Zapatero a Túnez ha sido un número similar al de ese sujeto ansioso de notoriedad. El presidente quería ser el primer mandatario occidental en aparecer subido a la ola de cambio del mundo árabe, y aun sin saber a qué orilla irá a parar. Pero, qué importa. El caso es saltar, como Jimmy, en medio del acontecimiento que encandila a las televisiones y chupar cuota de pantalla histórica.

Con la capacidad para trivializar los grandes conceptos, propia de los que se han encontrado todo hecho, Zapatero instruyó a los tunecinos acerca de la democracia en los términos que se emplean para recomendar un espectáculo, un crucero, un manjar. "No sabéis cómo se disfruta", les confesó, para definir acto seguido el mayor de los placeres: uno puede llegar a presidente, ¡como él mismo! Ya antes había dado muestras de estar impresionado –perplejo, incluso– por ese logro, pero en Túnez se le advertía un eco del "sueño americano": cualquiera puede llegar al Despacho Oval. Y es que además de darse aires kennedyanos con un canto a la extensión de la democracia, propuso un plan Marshall destinado a los países árabes, que esperará, supongo, que pague, de nuevo, Washington.

Los tunecinos bien pudieron preguntarle cómo no persuadió a Ben Alí de los deleites de la democracia en los pasillos de la Internacional Socialista. O cómo elogia la Transición por su "consenso de fondo para mirar al futuro", si está empeñado en mirar hacia la guerra civil y el franquismo. Por algo les colocó la historia de su abuelo. Allí tuvieron la delicadeza de no hurgar en el doble discurso. Desde aquí, sin embargo, es obligado interrogarse sobre el distinto rasero que trasluce su conducta. Se ignora si las revueltas árabes conducirán a la democracia, al islamismo radical o a la persistencia de cleptocracias militares. Se conoce, en cambio, que el único país árabe donde la democratización está en marcha es Irak. Si fuera coherente con las intenciones proclamadas, Zapatero iría al Bagdad de sus pecados. Pero el presidente se ha montado en la ola de cambio orientado únicamente por la lucecita roja de las cámaras.

Libertad Digital - Opinión

Democracia sin filtros. Por Ignacio Camacho

La falta de filtros de calidad política ha permitido alzarse al poder a un colectivo sin capacidades dirigentes.

NO lo puede remediar. Está tan encantado de haberse conocido que se pone a sí mismo de ejemplo cada vez que —la última, en Túnez— se le ocurre ponderar las virtudes de la democracia. En su elogio de la igualdad de oportunidades Zapatero tiende siempre a presentarse como un paradigma, y ni por un momento da en pensar que precisamente su caso plantea dudas sobre las limitaciones del sistema: cómo un político de escasa preparación y mediocre trayectoria puede llegar a presidente del Gobierno.

Uno de los problemas más graves de la democracia española —recientemente denunciado por el riguroso informe de la Fundación Everis— consiste en el empobrecimiento de la clase dirigente. En la falta de filtros de mérito, de liderazgo y de calidad política que ha permitido alzarse al poder a un colectivo mermado de conocimientos y de experiencia que se ampara en la cohesión de organizaciones cerradas y estructuradas en torno al criterio de fidelidad jerárquica. Zapatero es el epítome de ese defecto porque ha alcanzado la cúpula y esa visibilidad ha puesto en escandalosa evidencia su penuria de formación, su exigua solvencia y su infantilismo político; pero de él para abajo existe una pléyade de gobernantes de distinto nivel caracterizados por la ausencia de capacidad de gestión, de criterio intelectual y de sentido de la responsabilidad, cuyo principal y casi único capital reside en una fuerte ideologización y una rocosa determinación para sobrevivir a costa del erario público. No sólo en el PSOE: hay —muchos— zapateros y zapateritos en el PP, en las formaciones nacionalistas y en Izquierda Unida: gente que no ha hecho en su vida otra cosa que militar en unos partidos capaces de garantizarles una carrera institucional por puro instinto sectario y sin demostrar ninguna competencia específica. Y en ese gregarismo laten los vicios del sistema, desde la corrupción al clientelismo.

En un país como Túnez, castigado por largas experiencias dictatoriales y expolios de casta, un panorama así puede sonar a música celestial; pero no es Túnez sino Alemania, Francia o Gran Bretaña el referente de comparación de la democracia española, donde la igualdad de oportunidades ha derivado en ausencia de selección de méritos debido a la predominancia de mecanismos de adocenamiento basados en la obediencia. La carencia de cualificación de la dirigencia política es una lacra en una sociedad que sí se ha vuelto bastante exigente, por necesidades de competitividad, en la cualificación de sus cuadros directivos civiles. La falta de soluciones y respuestas a la crisis, la política de gestos, ocurrencias e improvisaciones es el resultado de ese negligente abandono de la ambición de excelencia. Y lo que Zapatero ve desde hace años como una virtud —«Sonsoles, no sabes los cientos de miles de españoles que podrían llegar a presidente»— se ha convertido en una verdadera deficiencia colectiva.

Libertad Digital - Opinión

La estrategia de la derrota

Sortu camina paso a paso hacia su ilegalización. Lo que era una evidencia desde su presentación se trasladó ayer negro sobre blanco al Tribunal Supremo en una demanda de la Abogacía General del Estado en la que defiende que es un instrumento de ETA. La Sala del 61 del Supremo admitió a trámite la iniciativa y acordó dejar en suspenso el proceso para la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, tal y como prevé la Ley de Partidos. LA RAZÓN adelanta hoy que los magistrados resolverán las peticiones de la Abogacía y la Fiscalía unos días antes de que concluya el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones forales y municipales, así como que el Constitucional no se pronunciará hasta pasados los comicios.

La Abogacía General del Estado, con los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha presentado una sólida y fundamentada demanda en la que establece una serie de conexiones directas entre Batasuna y Sortu: un promotor de Sortu gestionaba una cuenta para pagar a etarras condenados; otra de las promotoras es citada con un nombre clave como miembro de ETA; el jefe de prensa de Batasuna organiza los actos de la nueva formación; conversaciones de un apoderado y su hijo prueban una estrategia común, y personas vinculadas a Batasuna alquilaron coches para registrar los estatutos. La Abogacía del Estado sostiene que Sortu «forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal»; denuncia «la negativa reiterada» de los vinculados a Sortu «a condenar, rechazar o ni siquiera realizar un juicio negativo de los actos de terrorismo realizados hasta ahora por ETA», y afirma que «el rechazo estatutario» al terrorismo «es cosmético, retórico e instrumental, no real». Nos parece especialmente relevante el párrafo en el que la Abogacía, el Gobierno en suma, confirma que la banda terrorista «no se ha disuelto, no se ha transformado en partido político ni ha manifestado de ningún modo su propósito de cesar la actividad terrorista». La desarticulación del «comando Vizcaya», listo y preparado para atentar, o la exclusiva de LA RAZÓN sobre que ETA mantiene en cada una de las provincias vascas y en Navarra al menos un comando activo, prueban que la banda mantiene la amenaza y no se siente derrotada.

Frente a los cantos de sirena del nacionalismo y de algún sector del socialismo vasco, el «caso Sortu» ha demostrado que el control de ETA sobre ese mundo es férreo. Los terroristas han tutelado este proceso desde el principio, como lo hicieron en otros similares, porque su presencia en las instituciones es vital. Que el Gobierno y el PP se hayan mantenido firmes en este primer envite ha sido la respuesta que cabía esperar. De la misma forma, están obligados a no equivocarse ante el supuesto Plan B de Batasuna. La democracia sólo debe esperar la disolución de ETA. Cualquier opción que no contemple esa premisa tiene que ser frenada. Sería la única garantía de que ese mundo quiere participar en política. Hasta entonces, la estrategia debe centrarse en buscar y lograr la derrota incondicional de los terroristas.

La Razón - Editorial

El silencio de Sortu

La nueva marca 'abertzale' debe mostrar su autonomía de ETA más allá de sus estatutos.

El trámite judicial para decidir sobre la inscripción de Sortu, la marca política con la que la izquierda abertzale se propone presentarse a las elecciones de mayo, ha dado un nuevo paso al haber admitido el Tribunal Supremo la demanda en contra de la Abogacía del Estado. Era lo esperado a tenor de los informes de la Policía y la Guardia Civil, cuyas conclusiones recoge la Abogacía. De acuerdo con la demanda, Sortu no es solo una continuación de Batasuna, algo que sus líderes han querido destacar de forma expresa, sino que, además, la banda terrorista estaría detrás de una estrategia en la que la condena de la violencia sería solo cosmética.

Este es el punto principal sobre el que tendrá que resolver el Supremo, cuya sentencia, en cualquier caso, podrá ser recurrida ante el Constitucional. Si los promotores del nuevo partido se han comprometido de verdad con las vías políticas, nada podrán objetar al hecho de que el Estado utilice los recursos judiciales para confirmarlo, sobre todo cuando se dispone de indicios en sentido contrario que deberán valorar los magistrados. El largo historial de sangre que los dirigentes de Sortu dicen estar dispuestos a cerrar con su nueva iniciativa justifica todas las cautelas, ejercidas con escrupuloso respeto a las garantías que establece la ley.

Mientras la decisión avanza en la vía judicial, la izquierda abertzale podría estar perdiendo una ocasión inmejorable para ganar la credibilidad que le niega su inmediato pasado, además de algunos hallazgos recientes como la presunta vinculación de Sortu con cuentas bancarias de la banda. La detención de un comando terrorista con explosivos listos para ser usados sería una primera prueba sobrevenida para demostrar que es cierto cuanto proclama la nueva fuerza política. Refugiarse en el silencio como han hecho sus dirigentes pone de manifiesto la existencia de un debate interno del que, en estos momentos, no importa tanto el resultado como su propia existencia. Si el rechazo de la violencia fuera tan concluyente como han venido sosteniendo desde la presentación pública de Sortu, no habría lugar para vincularlo a ninguna conveniencia política. La contradicción a la que se enfrenta la izquierda abertzale es que cuanto más demuestra su capacidad de influencia sobre ETA, más se confirma que forma parte del entramado que ha perseguido la justicia española y ha avalado el Tribunal de Estrasburgo.

Mantener el consenso entre las fuerzas democráticas para que sea la justicia la que decida sobre la inscripción de Sortu es algo imprescindible para seguir avanzando en la lucha antiterrorista. Si la izquierda abertzale ha dado los pasos que se han plasmado en sus nuevos estatutos, y si los pistoleros no se deciden a reclamar el protagonismo por el único procedimiento que saben hacerlo, es porque la política seguida por el Gobierno de común acuerdo con la oposición está dando resultados. Es a Sortu a quien le corresponde hablar sobre la detención del comando, y no a las fuerzas democráticas sobre el futuro de Sortu.

El País - Editorial

Sortu, el señuelo que el PSE no quería ver

Aún estamos a tiempo de evitar que vuelva a producirse algo tan lamentable como lo que sucedió hace cuatro años. No hay que bajar la guardia y actuar de inmediato. Ellos ni perdonan ni se despistan, el Estado de Derecho tampoco debería de hacerlo.

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre la validez de la tregua de la ETA, puede ir despejándola desde ya mismo. Es, como ya se advirtió en su momento, una trampa, una simple estratagema para ganar tiempo, reorganizarse y acceder de nuevo a una porción de poder municipal en las elecciones de mayo. Nada que no supiésemos ya pero que, gracias a la detención de dos terroristas en Bilbao y Galdácano, puede servir para refrescar la memoria de los olvidadizos. En cuanto la banda hubiese conseguido sus objetivos, estos dos individuos se habrían puesto a funcionar atentando, según se desprende de la investigación, contra un juez vizcaíno y un agente de la Ertzaintza.

La ETA, por lo tanto, está muy lejos de haber declarado una tregua, y esto debería hacer que ciertos socialistas vascos como Jesús Eguiguren se sonrojasen de vergüenza. Una vez hecho esto no estaría de más que revisasen su opinión sobre Sortu, la penúltima marca inventada por los terroristas para concurrir a las elecciones. Sería una noticia casi tan buena como la que nos ha regalado el Tribunal Supremo al admitir a trámite la demanda contra esta formación de perfil, como mínimo, filoetarra.

La abogacía del Estado considera que Sortu es la sucesora de Batasuna, ilegalizada hace ya casi una década después de que los jueces considerasen probado que aquel partido no era más que un órgano de la banda terrorista cuyo cometido era copar las instituciones democráticas a través de las urnas. Nos encontraríamos, pues, con la enésima reedición de un partido que es ilegal no por sus ideas, sino por su vinculación con una banda terrorista.

Que el Tribunal Supremo actúe es una buena noticia, pero no deberíamos confiarnos. Tal vez lo de Sortu no sea más que un señuelo para distraer y, en paralelo, aparezca otra formación que, esta sí, consiga sortear los impedimentos legales. No sería la primera vez que algo así sucede. Coincidiendo con las municipales de 2007 los proetarras presentaron dos partidos distintos: EHAK y ANV, que terminó haciéndose con un buen número de concejalías gracias a la pasividad selectiva de la Fiscalía General del Estado. Meses después, cuando se probó que compartía caja de financiación y que había desviado cerca de 1,5 millones de euros a Batasuna, fueron ilegalizadas de manera fulminante. Pero ya era tarde. Los concejales –y algunos alcaldes– siguieron ahí.

Aún estamos a tiempo de evitar que vuelva a producirse algo tan lamentable como lo que sucedió hace cuatro años. No hay que bajar la guardia y actuar de inmediato. Ellos ni perdonan ni se despistan, el Estado de Derecho tampoco debería de hacerlo.

Libertad Digital - Editorial

Cerco a ETA

La actuación simultánea de los poderes del Estado contra todos los frentes del entramado terrorista es la única fórmula para derrotar el terrorismo.

EN apenas tres días se ha desvelado la falsedad de la enésima tregua de ETA, con la desarticulación de uno de sus más peligrosos «comandos», probable responsable del asesinato, entre otros, del inspector Eduardo Puelles, y con la información que la Abogacía del Estado ha utilizado para justificar la demanda de ilegalización de Sortu, la última mascarada etarra para estar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La actuación simultánea de todos los poderes del Estado contra todos los frentes del entramado terrorista es la única fórmula que garantiza la derrota del terrorismo, de la manera incondicional y absoluta que es admisible en un Estado democrático y de Derecho. Tan evidente es para los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado que Sortu está bajo el control de ETA, que la Abogacía del Estado pide al Supremo que no se admita su inscripción como partido porque es «continuación o sucesión» de las actividades de Batasuna. En definitiva, la vía legal elegida por la Abogacía del Estado es la de ejecutar en Sortu las sentencias de ilegalización del entramado batasuno. Este procedimiento exigirá una convincente acreditación de la vinculación entre uno y otro. Pero para cumplir esta condición deben servir los informes policiales que ya permitieron al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, afirmar que Sortu es continuación de Batasuna, esto es, de ETA, sumándose así al primer mensaje que lanzó el PP contra la nueva trampa etarra y por el que, como es habitual, fue criticado por dirigentes socialistas. Guste o no a estos, a ETA solo la frena la política antiterrorista asentada en la acción policial y en la ilegalización de su frente pseudopolítico.

Ahora bien, es evidente que la izquierda proetarra no cejará en su empeño de participar en las elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. Y lo hará buscando cobijo en agrupaciones de electores, partidos democráticos —como Eusko Alkartasuna— o franquicias aún desconocidas. La Ley de Partidos Políticos ofrece remedios para todos estos fraudes y ninguno debe ser descartado, menos aún tras la última reforma de la ley electoral, que facilita la impugnación de listas contaminadas y permite la expulsión de candidatos electos que, después de la ilegalización de su partido, no condenen la violencia. Este esfuerzo de todas las instituciones del Estado justifica el consenso político contra ETA, siempre que su objetivo sea la derrota incondicional de los terroristas. Cuanto más cerca esté el fin de ETA, más fuertes y decididas deben ser la presión policial y la acción de los tribunales.

ABC - Editorial