Sortu camina paso a paso hacia su ilegalización. Lo que era una evidencia desde su presentación se trasladó ayer negro sobre blanco al Tribunal Supremo en una demanda de la Abogacía General del Estado en la que defiende que es un instrumento de ETA. La Sala del 61 del Supremo admitió a trámite la iniciativa y acordó dejar en suspenso el proceso para la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, tal y como prevé la Ley de Partidos. LA RAZÓN adelanta hoy que los magistrados resolverán las peticiones de la Abogacía y la Fiscalía unos días antes de que concluya el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones forales y municipales, así como que el Constitucional no se pronunciará hasta pasados los comicios.
La Abogacía General del Estado, con los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha presentado una sólida y fundamentada demanda en la que establece una serie de conexiones directas entre Batasuna y Sortu: un promotor de Sortu gestionaba una cuenta para pagar a etarras condenados; otra de las promotoras es citada con un nombre clave como miembro de ETA; el jefe de prensa de Batasuna organiza los actos de la nueva formación; conversaciones de un apoderado y su hijo prueban una estrategia común, y personas vinculadas a Batasuna alquilaron coches para registrar los estatutos. La Abogacía del Estado sostiene que Sortu «forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal»; denuncia «la negativa reiterada» de los vinculados a Sortu «a condenar, rechazar o ni siquiera realizar un juicio negativo de los actos de terrorismo realizados hasta ahora por ETA», y afirma que «el rechazo estatutario» al terrorismo «es cosmético, retórico e instrumental, no real». Nos parece especialmente relevante el párrafo en el que la Abogacía, el Gobierno en suma, confirma que la banda terrorista «no se ha disuelto, no se ha transformado en partido político ni ha manifestado de ningún modo su propósito de cesar la actividad terrorista». La desarticulación del «comando Vizcaya», listo y preparado para atentar, o la exclusiva de LA RAZÓN sobre que ETA mantiene en cada una de las provincias vascas y en Navarra al menos un comando activo, prueban que la banda mantiene la amenaza y no se siente derrotada.
Frente a los cantos de sirena del nacionalismo y de algún sector del socialismo vasco, el «caso Sortu» ha demostrado que el control de ETA sobre ese mundo es férreo. Los terroristas han tutelado este proceso desde el principio, como lo hicieron en otros similares, porque su presencia en las instituciones es vital. Que el Gobierno y el PP se hayan mantenido firmes en este primer envite ha sido la respuesta que cabía esperar. De la misma forma, están obligados a no equivocarse ante el supuesto Plan B de Batasuna. La democracia sólo debe esperar la disolución de ETA. Cualquier opción que no contemple esa premisa tiene que ser frenada. Sería la única garantía de que ese mundo quiere participar en política. Hasta entonces, la estrategia debe centrarse en buscar y lograr la derrota incondicional de los terroristas.
La Abogacía General del Estado, con los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha presentado una sólida y fundamentada demanda en la que establece una serie de conexiones directas entre Batasuna y Sortu: un promotor de Sortu gestionaba una cuenta para pagar a etarras condenados; otra de las promotoras es citada con un nombre clave como miembro de ETA; el jefe de prensa de Batasuna organiza los actos de la nueva formación; conversaciones de un apoderado y su hijo prueban una estrategia común, y personas vinculadas a Batasuna alquilaron coches para registrar los estatutos. La Abogacía del Estado sostiene que Sortu «forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal»; denuncia «la negativa reiterada» de los vinculados a Sortu «a condenar, rechazar o ni siquiera realizar un juicio negativo de los actos de terrorismo realizados hasta ahora por ETA», y afirma que «el rechazo estatutario» al terrorismo «es cosmético, retórico e instrumental, no real». Nos parece especialmente relevante el párrafo en el que la Abogacía, el Gobierno en suma, confirma que la banda terrorista «no se ha disuelto, no se ha transformado en partido político ni ha manifestado de ningún modo su propósito de cesar la actividad terrorista». La desarticulación del «comando Vizcaya», listo y preparado para atentar, o la exclusiva de LA RAZÓN sobre que ETA mantiene en cada una de las provincias vascas y en Navarra al menos un comando activo, prueban que la banda mantiene la amenaza y no se siente derrotada.
Frente a los cantos de sirena del nacionalismo y de algún sector del socialismo vasco, el «caso Sortu» ha demostrado que el control de ETA sobre ese mundo es férreo. Los terroristas han tutelado este proceso desde el principio, como lo hicieron en otros similares, porque su presencia en las instituciones es vital. Que el Gobierno y el PP se hayan mantenido firmes en este primer envite ha sido la respuesta que cabía esperar. De la misma forma, están obligados a no equivocarse ante el supuesto Plan B de Batasuna. La democracia sólo debe esperar la disolución de ETA. Cualquier opción que no contemple esa premisa tiene que ser frenada. Sería la única garantía de que ese mundo quiere participar en política. Hasta entonces, la estrategia debe centrarse en buscar y lograr la derrota incondicional de los terroristas.
La Razón - Editorial
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