Cerco a ETA

La actuación simultánea de los poderes del Estado contra todos los frentes del entramado terrorista es la única fórmula para derrotar el terrorismo.

EN apenas tres días se ha desvelado la falsedad de la enésima tregua de ETA, con la desarticulación de uno de sus más peligrosos «comandos», probable responsable del asesinato, entre otros, del inspector Eduardo Puelles, y con la información que la Abogacía del Estado ha utilizado para justificar la demanda de ilegalización de Sortu, la última mascarada etarra para estar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La actuación simultánea de todos los poderes del Estado contra todos los frentes del entramado terrorista es la única fórmula que garantiza la derrota del terrorismo, de la manera incondicional y absoluta que es admisible en un Estado democrático y de Derecho. Tan evidente es para los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado que Sortu está bajo el control de ETA, que la Abogacía del Estado pide al Supremo que no se admita su inscripción como partido porque es «continuación o sucesión» de las actividades de Batasuna. En definitiva, la vía legal elegida por la Abogacía del Estado es la de ejecutar en Sortu las sentencias de ilegalización del entramado batasuno. Este procedimiento exigirá una convincente acreditación de la vinculación entre uno y otro. Pero para cumplir esta condición deben servir los informes policiales que ya permitieron al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, afirmar que Sortu es continuación de Batasuna, esto es, de ETA, sumándose así al primer mensaje que lanzó el PP contra la nueva trampa etarra y por el que, como es habitual, fue criticado por dirigentes socialistas. Guste o no a estos, a ETA solo la frena la política antiterrorista asentada en la acción policial y en la ilegalización de su frente pseudopolítico.

Ahora bien, es evidente que la izquierda proetarra no cejará en su empeño de participar en las elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. Y lo hará buscando cobijo en agrupaciones de electores, partidos democráticos —como Eusko Alkartasuna— o franquicias aún desconocidas. La Ley de Partidos Políticos ofrece remedios para todos estos fraudes y ninguno debe ser descartado, menos aún tras la última reforma de la ley electoral, que facilita la impugnación de listas contaminadas y permite la expulsión de candidatos electos que, después de la ilegalización de su partido, no condenen la violencia. Este esfuerzo de todas las instituciones del Estado justifica el consenso político contra ETA, siempre que su objetivo sea la derrota incondicional de los terroristas. Cuanto más cerca esté el fin de ETA, más fuertes y decididas deben ser la presión policial y la acción de los tribunales.

ABC - Editorial