Alonso. Melilla y los lapsus del Gobierno. Por Guillermo Dupuy

Dice el refrán que "el que tiene boca se equivoca", pero la insistencia con la que los lapsus linguae de los socialistas niegan la españolidad a Ceuta y Melilla empieza a resultar tan ofensiva como su débil y condescendiente política hacia Marruecos.

Dice el refrán que "el que tiene boca se equivoca", pero la insistencia con la que los lapsus linguae de los socialistas niegan la españolidad a Ceuta y Melilla empieza a resultar tan ofensiva como su débil y condescendiente política hacia Marruecos. El primero en hacerlo fue el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en noviembre de 2007, con ocasión de la visita a las dos ciudades autónomas españolas de Don Juan Carlos y Doña Sofía, a la que Blanco denominó como "la primera visita de los Reyes de España a Marruecos". Unos días después fue el propio ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el que hacía lo mismo. Ahora ha sido el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, el que de forma inconsciente se ha referido a Melilla como parte de Marruecos, durante su intervención en la Comisión Permanente del Congreso que ha evitado la comparecencia de Moratinos y Rubalcaba. A ello debemos sumar aquel video electoral del PSOE, titulado "España 2004-2008", en el que se borraba del mapa de nuestro país, tanto a Melilla y a Ceuta como a las islas Canarias. Eso, por no hablar del mapa en el que aparecían como marroquíes estas ciudades y estas islas españolas, ante el que el muy "leal" Zapatero tuvo el cuajo de entrevistarse con Mohamed VI en Rabat, siendo líder de la oposición y en plena crisis con Marruecos

No me voy a meter en los inseguros vericuetos del psicoanálisis para analizar lo que Freud llamada actos fallidos de la lengua. Lo que sí que les puedo decir es que considero que la debilidad cuando no condescendencia de la política del Gobierno de Zapatero hacia Marruecos es, ciertamente, tan acomplejada como de la quien cree en el fondo que su posición es ilegítima. La misma despectiva referencia al "perejilazo", con la que el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, criticó el otro día al PP es la propia de quien cree que fue España, y no Marruecos, el que invadió el islote de marras.

Este Gobierno, en su día, ni llamó a consultas al embajador de España en Marruecos ni elevó queja alguna ante las insultantes protestas de Rabat por la visita de nuestros Reyes a las ciudades españolas. Ahora tampoco lo ha hecho ante los insultos de Rabat y el acoso sufrido por Melilla, y ha sido el propio Ejecutivo español el que se ha permitido criticar a Aznar por visitar la ciudad española, cuyos habitantes Zapatero ni ningún miembro del Gobierno ha visitado ni se ha hecho eco de sus denuncias para no "elevar la tensión".

El mismo hecho de que Rubalcaba y Moratinos guarden silencio y no den explicaciones en el Congreso, o que en el comunicado conjunto no se haga referencia a Melilla, es tan ofensivo como los propios lapsus de los socialistas. Claro que, vista la frecuencia con la que los socialistas se equivocan a la hora de situar a Ceuta y a Melilla, casi mejor que no hayan hecho ninguna referencia.

En cualquier caso, ya que parecen olvidar tan fácilmente la Historia, como, lo que es peor, los sentimientos de españolidad de los melillenses, que los socialistas tengan al menos presente, a modo de regla nemotécnica, esos versos de Rafael Guillén, que creo que dedicó precisamente a la ciudad de Melilla: "Que no es frontera el mar por este canto, sólo es agua, y el agua como el llanto, une a los hombres más que los separa".

Claro que este Gobierno es muy capaz de aprendérselos, no para recordar la españolidad de Melilla, sino para cuestionarla como "concepto discutido y discutible".

Libertad Digital - Opinión

Silencio con Melilla

Política de luz de gas a la opinión pública española para que acepte que lo que ha sido una nueva intentona de desestabilización de la ciudad autónoma española a cargo del ultranacionalismo marroquí se quede en un percance pasajero.

EL fugaz viaje del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rabat se cerró sin la rueda de prensa conjunta con su homólogo marroquí, anunciada desde su departamento y que habría supuesto la escenificación de la «normalidad» en las relaciones entre España y Marruecos. En definitiva, habría sido la certificación de que en Melilla no ha pasado nada relevante. Tanto es así que Pérez Rubalcaba no paró un minuto en al ciudad autónoma, donde las funcionarias policiales han sido objeto de eslóganes humillantes y vejatorios por parte de agitadores marroquíes. Política de luz de gas a la opinión pública española para que acepte que lo que ha sido una nueva intentona de desestabilización de la ciudad autónoma española a cargo del ultranacionalismo marroquí se quede en un percance pasajero, irrelevante y, por supuesto, exagerado por la oposición.

No faltó tampoco la política de tapadillo por parte del grupo parlamentario socialista, que impidió ayer, durante la celebración de una sesión de la Diputación Permanente del Congreso, que el Parlamento recabe la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y del propio titular de Interior para dar explicaciones sobre lo ocurrido con Melilla, algo poco coherente con la tesis oficial de que las relaciones con Marruecos son excelentes. De ser realmente excelentes esas relaciones, nada habría sido más fácil para el Ejecutivo que defender en el Congreso y ante la opinión pública una relación de tal condición con el régimen alauí. El Gobierno de Rodríguez Zapatero siempre se ha sentido en un plano de inferioridad respecto a Rabat y con ese baldón ha enfocado todos estos años su acción diplomática con Marruecos. Su silencio en el Congreso añade más incoherencia a su errónea estrategia.

ABC - Editorial

Luces y sombras de la liberación

Bien está lo que bien acaba, afirma una sentencia popular que puede aplicarse a la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados durante nueve meses por los terroristas de Al Qaida. El feliz desenlace, que ha permitido salvar dos vidas, es motivo de alegría general y no hay que escatimar elogios a quienes lo han hecho posible. La operación de rescate ha sido muy compleja, laboriosa, delicada en algunos tramos e incierta. Ha sido necesario sortear sucesivos obstáculos y conjugar los intereses de diferentes actores para que no se torciera el objetivo de traer sanos y salvos a Roque Pascual y Albert Vilalta. En esta ardua labor de coordinación es de justicia reconocer la excelente gestión de la vicepresidenta Fernández De la Vega, así como la de Moratinos y la del director del CNI, Felix Sanz. Dicho lo cual, y sumándonos con entusiasmo a la alegría de los liberados y sus familias, es necesario admitir la evidencia: los terroristas de Al Qaida han ganado la partida. La red islamista ha logrado varias bazas con este secuestro, a saber: ha obtenido un cuantioso botín, cuyo montante parece situarse entre los cinco y los diez millones de euros; ha forzado la excarcelación de uno de sus colaboradores y autor material del secuestro, el siniestro Omar Sharoui; y ha cosechado un éxito propagandístico de grandes proporciones entre los radicales islamistas en general y, especialmente, entre sus simpatizantes del Magreb. Como es natural, el Gobierno de Zapatero ha negado que se haya pagado rescate alguno. Es verdad que no existe unanimidad sobre cómo proceder en estos casos y el debate aún está abierto entre quienes priman la parte humanitaria y quienes abogan por la firmeza. No obstante, también es verdad que hace tan sólo ocho meses España subscribió una resolución de la ONU en la que se comprometía a no pagar rescates a piratas ni a terroristas. El propio Zapatero así se lo ratificó en enero al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, a propósito de Al Qaida. Sea como fuere, lo cierto es que las contrapartidas satisfechas a los terroristas revelan los puntos débiles no sólo de España, sino de todos los países europeos a la hora de gestionar este tipo de crisis. Salvo Reino Unido, que se niega en rotundo a negociar con los islamistas, los demás países de la UE han sucumbido de una u otra forma. Por eso mismo, la única manera de hacer frente con eficacia y sin fisuras a Al Qaida es que Europa adopte una postura común, que bien puede estar basada en la citada resolución de la ONU o en un compromiso específico. La respuesta tiene que ser unitaria, sin excepciones ni casos aparte, sabiendo cada país a qué se arriesga y a qué se obliga. Como muy bien sabemos los españoles, uno de los grandes éxitos de la lucha contra ETA ha sido el pacto entre PP y PSOE para mantener la misma política antiterrorista, gobierne quien gobierne. Y también sabemos a qué ignominia se llega cuando se buscan atajos con los terroristas, como el de Carod-Rovira cuando negoció con los etarras para que excluyeran sólo a Cataluña de su programa de atentados. La misma unidad férrea contra el terrorismo que reclamamos para España la debemos defender para Europa frente a Al Qaida.

La Razón - Opinión

Tras la liberación

La Comisión de Secretos es el lugar adecuado para explicar el secuestro de los cooperantes.

Los dos cooperantes españoles de la ONG Acció Solidària secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) el pasado 29 de noviembre fueron liberados ayer. Con el regreso a España de Roque Pascual y Albert Vilalta termina la pesadilla que comenzó con el asalto, en una carretera mauritana, a la caravana de ayuda humanitaria en el que también fue apresada su compañera Alicia Gámez, liberada en marzo pasado. El trabajo del Gobierno, con el apoyo de la oposición y la responsabilidad de la sociedad española en su conjunto, han contribuido a este desenlace.

La resolución de este caso no significa que la amenaza contra intereses internacionales en el Magreb haya cesado, por lo que la misma responsabilidad demostrada desde todas las instancias mientras la vida de los cooperantes estuvo en peligro debería mantenerse ahora que ya están de regreso sanos y salvos. Esta era hasta ahora la prioridad; tras la liberación, lo más urgente es reducir al máximo las posibilidades de que algo parecido vuelva a suceder. Los primeros interesados son, sin duda, los Gobiernos de la región, principal objetivo en el punto de mira de los terroristas y a los que estos hostigan mediante el secuestro de extranjeros. Pero poco o nada podrán avanzar si, desde el resto del mundo, no se toma conciencia de los riesgos y se actúa en consecuencia.

Las organizaciones humanitarias se enfrentan a un dilema que afecta al núcleo mismo de su actividad, pero que no pueden ni ignorar ni resolver a través del simple voluntarismo. Continuar con las caravanas ignorando el riesgo que corren sus miembros puede convertirse en una trampa para los destinatarios de la ayuda. Los terroristas siempre obtienen de los secuestros, y con independencia de cuál sea el desenlace, beneficios de toda índole que tarde o temprano esperan utilizar contra las poblaciones que las caravanas se proponen socorrer. Para ser eficaz, la labor de las organizaciones humanitarias solo se puede desarrollar en unas mínimas condiciones que corresponde establecer a la política. En estos momentos, esas condiciones no existen en el Magreb.

Las fuerzas políticas tienen el derecho de saber cómo se ha logrado la liberación y el Gobierno el deber de explicarlo. El lugar es la Comisión de Secretos del Congreso. Enzarzarse ahora en una polémica abierta sobre las decisiones para salvar la vida de dos cooperantes no solo sería estéril sino también arriesgado. Son muchos los actores que han debido intervenir para obtener la liberación, incluidos varios Gobiernos. Lo único que se obtendría al airear las concesiones que han hecho es retribuir con una bofetada sus gestos de buena voluntad para que dos españoles pudieran regresar a casa, además de colocarlos a merced de los terroristas. La inseguridad en el Magreb es un riesgo para toda la comunidad internacional, no solo para España. Nadie debería perderlo de vista.

El País - Editorial

Ceuta, Melilla y el subconsciente colectivo del PSOE

Tal vez lo que el subconsciente y las acciones de los ministros nos dicen es que, de puertas adentro, Zapatero y los suyos ya han tomado la decisión de rendirse.

Por tercera vez algo que anida en lo más profundo del subconsciente colectivo del PSOE ha vuelto a aflorar. Se trata de la españolidad de Ceuta y Melilla, consagrada por la Historia y ratificada por todos los tratados internacionales pero que no termina de entrar en la cabeza de los hombres de Zapatero. Esta vez le ha tocado al portavoz del partido y ex ministro José Antonio Alonso. Ha afirmado dos veces consecutivas dentro de la misma sesión que el PP envió durante la crisis "a algún dirigente" a Marruecos y que José María Aznar visitó durante esos días el país vecino. No vemos necesario remarcar que el Partido Popular no envió a nadie a Marruecos, sino a Melilla, ciudad autónoma española desde 1497, año de su fundación por el también español Pedro de Estopiñán, para solidarizarse con sus vecinos.

No es la primera vez que esto sucede. En ocasiones anteriores José Blanco y el ministro Moratinos asumieron de palabra que ambas ciudades eran marroquíes. Habrá, por lo tanto, que empezar a preocuparse por la integridad territorial de España y, especialmente, por la suerte de nuestros compatriotas melillenses y ceutíes. Ni los unos ni los otros han sido marroquíes nunca y no quieren serlo en el futuro, por más que los continuos lapsus del Gobierno les hagan temer por el aciago destino que aguarda a sus respectivas ciudades.

El hecho es que, traiciones del subconsciente aparte, el indigno papelón que ha jugado el Gobierno durante la última crisis marroquí ha sido antológico. Primero, con la ciudad de Melilla bloqueada por tierra, negó vehementemente que sucediese nada anormal. Cuando la noticia y el escándalo ya habían saltado a los medios de comunicación, los responsables de Exteriores y el propio presidente del Gobierno miraron hacia otro lado, a pesar de que la situación en el paso fronterizo estaba al rojo vivo. Más tarde, coincidiendo con la visita de González Pons y Aznar a Melilla, clamaron iracundos por la falta de oportunidad de los populares, y lo mal que estaban dejando a España en el extranjero por un viaje que éstos habían realizado dentro de nuestras fronteras. Por último, cuando el monarca alauita ordenó que cesase el bloqueo, Rubalcaba viaja presuroso hasta Rabat para rendir pleitesía al dictador y a su ministro de Interior.

Pocas veces el Gobierno ha juntado tan armoniosamente dosis iguales de infamia, cobardía y traición como las que nos ha servido en estos días estivales. Por otras crisis similares, todas localizadas en la corta pero delicada frontera que compartimos con Marruecos, la primera conclusión que puede extraerse es que la política del Gobierno de Zapatero hacia ese país es de entreguismo sin concesiones. Un riesgo teniendo en cuenta que los vecinos del sur reclaman sin pudor parte de España ante todo aquel que les presta oídos. Nuestro Gobierno, en lugar de mostrar solidez y reafirmar la españolidad de las plazas norteafricanas y de las islas Canarias, se derrite ante una dictadura islámica desprestigiada en todo el mundo civilizado.

Tal vez lo que el subconsciente y las acciones de los ministros nos dicen es que, de puertas adentro, Zapatero y los suyos ya han tomado la decisión de rendirse. Quizá sea, a corto plazo, lo más cómodo, lo que mejor encaja con los prejuicios ideológicos del socialismo español. A largo plazo es un suicidio garantizado, una bomba de relojería que estallará cuando menos lo esperemos. Para entonces es posible que Zapatero ya no esté aquí para contemplar las consecuencias de sus irresponsables actos. Los melillenses y ceutíes, sin embargo, sí que estarán y les tocará pagar el pato de tanta ignominia.

Libertad Digital - Editorial

Liberación feliz y sin respuestas

Vilalta y Pascual ya están en España. Ahora será el momento de analizar las múltiples facetas de este episodio y de conocer aquello que no comprometa la seguridad nacional.

YA están en España. Al Qaeda ya ha liberado a los dos cooperantes españoles que permanecían secuestrados desde el pasado noviembre. Nada menos que 258 días ha durado el cautivero sufrido por Albert Vilalta y Roque Pascual, el más largo en el historial delictivo de la franquicia magrebí de una organización terrorista que opera a escala global. Hay que congratularse por esta magnífica noticia, que culmina la operación de rescate de los miembros de la ONG Barcelona Acció Solidària, una vez liberada hace meses Alicia Gámez. Al margen de las explicaciones políticas que puedan producirse —pese a comparecer públicamente, ayer Rodríguez Zapatero no dio ninguna y evitó someterse a las preguntas de la Prensa—, y al margen de las oscuras contrapartidas que hayan podido obtener los secuestradores, la vida y la libertad de nuestros ciudadanos es un bien que debe presidir la actuación de las autoridades en una materia tan delicada. A diferencia de otros casos recientes —como el del pesquero «Alakrana»—, el Gobierno ha trabajado con eficacia y discreción, al igual que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya contribución ha sido muy notable. Se han cumplido al fin las expectativas suscitadas tras la extradición a Malí del jefe de la célula que llevó a cabo los secuestros, puesto que la probable puesta en libertad en ese país de Omar Saharaui era una condición irrenunciable de Al Qaeda para realizar un canje con los cooperantes españoles. Desde este punto de vista, se explican fácilmente los extraños giros del juicio desarrollado en Mauritania, incluidos los drásticos cambios de criterio del fiscal y la actitud del procesado durante la vista.

Albert Vilalta y Roque Pascual ya pisan suelo español. Ahora será el momento de analizar las múltiples facetas de este episodio dramático, y de conocer toda aquella información que no comprometa la seguridad nacional. El hipotético pago de un rescate que el Gobierno nunca podrá reconocer de manera formal porque sencillamente es ilegal, ya ha generado suspicacias en Francia, por ejemplo, país que recientemente perdió a uno de sus secuestrados en una fallida operación de rescate. Al Gobierno sólo le resta ahora medir con extrema cautela la gestión política del post-secuestro y adoptar todas las medidas necesarias para que este tipo de caravanas solidarias con ayuda humanitaria sólo dispongan de autorización para viajar cuando pueda garantizarse su seguridad. Lo contrario será no escarmentar y regalar nuevas bazas al terrorismo islamista.

ABC - Editorial

Estatuto. Desacato y democracia. Por Agapito Maestre

Es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero.

La reacción del Gobierno contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es propia de un régimen despótico. Bajo formas sedicentemente democráticas, puestas en valor por casi todos los medios de comunicación al servicio del "institucionalismo" socialista o popular, asistimos al desmontaje socialista de la Constitución sin que el PP parezca enterarse de lo que sucede. La democracia, en verdad, muere lentamente en España con la colaboración de las principales agencias de socialización política, pero su principal guía es Zapatero.

Las declaraciones sistemáticas del presidente del Gobierno sobre cómo encajar y alojar las leyes orgánicas, e incluso la propia Constitución, en la parte del Estatuto declarado inconstitucional por el Alto Tribunal reflejan de modo explícito la baja, casi nula, calidad de nuestra democracia. El problema es gravísimo, entre otros motivos, porque la oposición, el PP, denuncia con la boca chica tal proceso; es cierto que Rajoy ha reiterado que las sentencias de los tribunales hay que respetarlas, pero eso no es suficiente para detener la estrategia resentida y revolucionaria de Zapatero para desmontar el "régimen democrático".

La desatención, el descomedimiento y la falta de respeto que el Gobierno de Zapatero presta a las reglas de la democracia en general, y al acatamiento de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en particular, es de tal envergadura que parece haber llegado la hora de que el PP ponga en funcionamiento todos los recursos que aún alberga el mortecino sistema democrático español para parar al "Robespierre" de La Moncloa, que nos anunció en el último Consejo de Gobierno la decisión firme de reformar el Poder Judicial para adoptarlo a los deseos de los socialistas y nacionalitas catalanes. Ya no se trata de falta de respeto a las leyes, sino de convertir la ley en el derecho del más fuerte, es decir, la ley es lo que dice y hace el Gobierno.

Porque esa decisión traspasa todos los límites permitidos por una democracia basada en el Estado de Derecho, o mejor, en la división de poderes, es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero. O el PP se suma y pone el altavoz a las críticas formuladas por la Defensora del Pueblo sobre las pretensiones de Zapatero de adoptar la Constitución al inconstitucional Estatuto de Cataluña o tendremos que sospechar que sólo está interesado en el Poder. O el PP pone pronto en funcionamiento político la figura jurídica del desacato, e incluso trata de procesar por alta traición a los principios democráticos a Zapatero, o pensaremos que está de acuerdo con los socialistas para reformar la ley orgánica de la Institución del Defensor del Pueblo, o sea, que está de acuerdo con eliminar cualquier atisbo crítico del Defensor del Pueblo contra el antidemocrático gobierno de Zapatero.

Libertad Digital - Opinión

¿Quién pagó la deuda?. Por César Alonso de los Ríos

EL PSOE trata de distraer con las primarias de Madrid, y Antón Elorza dice que el País Vasco debe estar preparado para la inminente desaparición de ETA. Los constitucionalistas ven muy complicada la ruptura de la unidad jurisdiccional que preconizaba el Estatuto catalán, pero ZP no descarta un entendimiento con CiU. En julio, Montoro no tuvo que romper sus vacaciones porque el vencimiento del pago de la Deuda no supuso la catástrofe que habían anunciado las tertulias y la noticia económica quedaba reducida a la rapidísima recuperación de una molestia del banquero Botín, clave de nuestra seguridad. Pero, quizá, la prueba más significativa de la relajación con la que la gente está viviendo la situación es que de la cuestión de Melilla esté quedando, no tanto el mensaje político por el que se manifestó Aznar (cuando ya estaba resuelto el contencioso con Marruecos), sino el temor de que, a pesar de la crisis, España vuelva a representar la esperanza para millones de africanos. Se ha vuelto a hablar de inmigración y de pateras y, quizá por lo mismo, ha causado tanto impacto la construcción de una Mezquita en Nueva York en la zona castigada por los yihadistas. El peligro religioso del socio «turco».

En esta situación mucho menos insoportable de lo que unos deseaban y otros temían, el PP sigue sin aparecer como el partido que dirige la oposición hacia unos objetivos claros. Confiando en la brutalidad de la crisis, ridiculizó cualquier movimiento esperanzador del Gobierno como aquella visión, efectivamente ingenua, de unos inexistentes «brotes verdes» en el árbol de la economía. No se daba cuenta la dirección del PP de que no cabe la respuesta al optimismo voluntarista basada en la pasividad. Para la ciudadanía, lo más estimable sigue siendo la comunicación inteligentemente basada en la imaginación y la lucha por el cambio.

ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. ¿Quién bloquea qué?. Por Emilio Campmany

Con la actual composición, el TC tumbaría, por utilizar el fino lenguaje prisaico, ese canto a la vida que es la ley del aborto. Y eso explica que el PP no quiera ni oír hablar de renovar a los magistrados.

Las campanas prisaicas llaman a rebato porque el Constitucional está por declarar contrario a nuestra carta magna la ley del aborto. ¿Cómo podría atreverse a tanto? Pues nos explican en ca’ Janli que el PP bloquea la renovación del alto tribunal porque ahora mismo son mayoría los contrarios a la constitucionalidad de la ley al haberse pasado un progresista, Eugeni Gay, al bloque conservador. De forma que, con la actual composición, el TC tumbaría, por utilizar el fino lenguaje prisaico, ese canto a la vida que es la ley del aborto. Y eso explica que el PP no quiera ni oír hablar de renovar a los magistrados que deberían haberlo sido hace tres años ni los que toca renovar en noviembre de este año. Pero, Julio M. Lázaro y Fernando Garea, que son quienes firman la noticia, ocultan algunas cosas relevantes.

La primera es que Eugeni Gay tiene de progresista lo que yo de fraile. Fue designado por el PSOE, pero por indicación de Convergencia i Unió, porque los socialistas se llevan muy bien con los nacionalistas y siempre les dejan comer algo de su plato. Y los catalanistas designaron a un abogado de catolicismo militante, sector Unió, que, si le dejan, se cargará sin el menor remordimiento la ley del aborto socialista.

Pero, sobre todo, no cuentan que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional en 2007 para asegurarse que María Emilia Casas siguiera siendo la presidenta del Constitucional. Y, precisamente con ese fin, modificaron la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal, introduciendo la norma de que, mientras no fuera renovado el Constitucional, el presidente nombrado seguiría siéndolo a pesar de haber expirado el término de 3 años que fija la Constitución. Es verdad que en 2007 deberían haber salido tres magistrados conservadores y tan sólo uno progresista, la Casas, a cambio de 2 y 2. Pero, aun así, los constitucionalistas seguirían siendo mayoría al contar con el voto del progresista Manuel Aragón. Así que el PSOE prefirió seguir en minoría tan exigua con tal de seguir conservando la presidencia y posponer las votaciones todo lo que hiciera falta.

Luego, en 2008, murió Roberto García-Calvo, un conservador, y el PP exigió ser él quien designara al sustituto, puesto que fue ese mismo partido quien designó al fallecido. Los votos habían pasado de 7 a 4 a 6 a 4. Los constitucionalistas seguían teniendo mayoría. Pero, si el PP tragaba con que se hiciera la renovación del Senado sin que fuera renovado García-Calvo, la votación quedaría 5 a 5 y decidiría el voto de calidad del presidente que ya no podría ser María Emilia Casas, puesto que le tocaba ser renovada. El PP no quería renovar si no se le permitía nombrar al sustituto de García Calvo, pero, sobre todo el PSOE no quiso arriesgarse a que el nuevo presidente fuera un conservador o, aún peor, Manuel Aragón y que éste, en calidad de presidente, forzara las votaciones que María Emilia Casas había venido retrasando y que el estatuto fuera derrotado en toda la línea.

Y ahora que han salvado los muebles del estatuto a base de evitar la renovación y mantener en contra de lo que dice la Constitución a María Emilia Casas en la presidencia durante seis años, les entran las prisas por renovar a ver si se quitan de encima al meapilas que les endilgaron los de Unió. Y la culpa de todo es del PP. Hay que fastidiarse.

Libertad Digital - Opinión

Visita a Rabat y Al Qaida

La visita que el ministro del Interior realizará hoy a Rabat ha sido precedida inopinadamente por la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados desde noviembre por Al Qaida, Roque Pasqual y Albert Vilalta. Al margen de los datos concretos, esta venturosa circunstancia dota al viaje de Rubalcaba de una dimensión que va más allá de los problemas fronterizos y de los roces policiales entre ambos países. La amenaza del terrorismo islámico tiene la fuerza, la persistencia y la entidad suficientes como para justificar, por sí sola, una larga entrevista entre los ministros español y marroquí encargados de la seguridad ciudadana. Es necesario, qué duda cabe, deshacer los malentendidos y las fricciones que han marcado las relaciones durante este mes de agosto, con sobreactuaciones y desmesuras por parte marroquí que son impropias de una buena vecindad. Es de esperar que el ministro Rubalcaba, que no es manco en habilidades diplomáticas, ponga las cosas en su sitio y a su homólogo marroquí en el suyo. Es inaceptable, por ejemplo, que se insulte y se veje a las mujeres policía españolas, como también es inadmisible que se denigre a la Guardia Civil, que tantos cientos de vidas salva cada año en aguas del Estrecho. La opinión pública española está hastiada del acoso recurrente de Rabat a Ceuta y Melilla, y espera del Gobierno una actitud más nítida, más inequívoca y más enérgica que la exhibida durante este mes de agosto. En realidad, la pasividad del Ejecutivo ha sido tanto más preocupante cuanto se ha limitado a solicitar del Rey una llamada telefónica al monarca alauita, gestión que a juzgar por los resultados no es descabellado calificar de prematura. Como bien expresó días atrás Juan José Imbroda, presidente de Melilla, la obligación de Rubalcaba es pedir explicaciones a Rabat, no darlas. Al menos en lo que concierne a los contenciosos de su departamento. Pero con la misma convicción, porque lo valiente no quita lo cortés, el ministro español debe fortalecer los acuerdos de cooperación para luchar contra la amenaza terrorista islámica. El último informe del Departamento de Estado norteamericano no deja lugar a dudas: España está en el punto de mira de Al Qaida como «objetivo preferente». El secuestro en Mauritania de los cooperantes españoles no es fruto del azar, sino que obedece a una estrategia pacientemente planificada que los terroristas ejecutarán cuantas veces puedan, porque su razón de ser es secuestrar y atentar a quienes tienen por enemigos mortales. Por tanto, y más allá de roces fronterizos y suspicacias de vecino avinagrado, cabe esperar mucho de esta visita en materia antiterrorista. Sería inaudito que se repitiera un ataque criminal como el del 11-M, cuyos autores conocidos procedían o tenían relación con Marruecos, lo que no conviene olvidar. Y de nuestro vecino depende también en gran parte que Al Qaida no arraige y se propague por el Magreb, poniendo en riesgo la estabilidad de la zona. Si a ello se añade un apaciguamiento de la «guerra» de las mezquitas que se libra en tierras españolas entre diferentes tendencias y obediencias, el viaje de Rubalcaba no habrá sido inútil ni baladí.

La Razón - Editorial

Se cumplió la ley

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

EN un Estado de Derecho, lo lógico y natural es cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Así ha ocurrido en el barrio barcelonés de Gracia, donde —en ejecución de la orden dictada por la Audiencia Nacional— los Mossos y la Guardia Urbana han actuado con eficacia para impedir el homenaje organizado por grupos radicales a la terrorista Laura Riera. Cuando cada uno hace lo que debe, las cosas funcionan de forma razonable: el fiscal solicitó la suspensión del acto, el juez Pablo Ruz la acordó con argumentos bien fundados y las fuerzas de seguridad ejercieron sus funciones en los términos legalmente establecidos. En efecto, impedir la concentración de los grupos antisistema —que ayer todavía pretendían reclamar la libertad del único detenido— era la fórmula más adecuada para que no se produjera un acto de enaltecimiento del terrorismo y para permitir a los ciudadanos disfrutar de las fiestas de su barrio en paz y libertad.

Lo sucedido estos días en la capital catalana debería mover a una seria reflexión a las autoridades autonómicas y municipales. El presidente José Montilla estuvo muy desafortunado con su afirmación de que «no le constaba» la existencia de tal homenaje a la activista de ETA, cuando todo el mundo sabía que estaba en marcha. A su vez, el alcalde Jordi Hereu se lavó las manos hasta el último momento, dejando toda la responsabilidad en manos del juez y adoptando una postura de inaceptable «neutralidad». Hay que dejar de lado extraños complejos y ejercer la autoridad democrática con absoluta normalidad y al servicio del Estado de derecho, que no puede ser alterado por la imposición de grupos antisistema. Menos mal que al final cada cual estuvo en su sitio, la ley se aplicó con absoluta normalidad y, sobre todo, se impuso el sentido común.

ABC - Editorial

Pavimentando el camino de nuevos secuestros

Un Gobierno de un país serio no puede ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.

Aunque al cierre de esta edición aún no haya confirmación oficial, todo parece indicar que los cooperantes españoles en el Sáhara han sido liberados por parte de sus captores, un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda. La cadena de televisión Al Arabiya asegura que se han pagado entre cinco y diez millones de euros por los rehenes junto a la extradición a Mali de Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, único condenado en Mauritania por el secuestro de los españoles.

Que ha habido pago, y que éste ha sido millonario, queda fuera de toda duda. Los terroristas no acostumbran a secuestrar por placer, siempre exigen algo a cambio, generalmente gran cantidad de dinero en concepto de rescate, al que suele acompañar alguna concesión de tipo político o judicial. Los camaradas de Omar Saharaui han hecho un pleno en una operación extremadamente larga, casi nueve meses. Se llevan un rescate muy generoso y la extradición de uno de los suyos al país donde el comando ha permanecido refugiado todo este tiempo.

La importante ahora es saber de dónde ha salido el dinero. El Gobierno, el único que puede reunir y entregar esa cantidad, mira hacia otro lado y pide "responsabilidad" para desviar la atención. Como en secuestros anteriores, en el de los buques Playa de Bakio y Alakrana, o en el de la cooperante Alicia Gámez –que viajaba con los dos que han sido liberados–, Zapatero vuelve a bajarse los pantalones ante los terroristas accediendo a sus demandas pecuniarias.

Desde esta misma tribuna hemos advertido ya en varias ocasiones que lo último que puede hacer un Gobierno democrático de un país serio es ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.

Tal vez por esta razón tan elemental, tan al alcance de cualquiera, Zapatero lleva dos años lidiando con secuestradores en África y, según parece, pagando hasta el último euro que éstos le exigen. La liberación de Albert Villalta y Roque Pascual de la que, desde un punto de vista humano, cabe alegrarse, se convierte así en el preámbulo del siguiente secuestro. Los que han mantenido a los dos cooperantes privados de libertad durante nueve meses en algún rincón del desierto, tienen desde hoy mucho más dinero para perpetrar nuevos crímenes y un aliciente añadido para secuestrar españoles.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero, ante su otoño más gris

El Gobierno tendrá que asumir el coste de una negociación extrema con el PNV para aprobar los Presupuestos, de la primera huelga general en su contra y del progresivo desgaste de Zapatero.

LA reentrada del curso político se presenta harto compleja para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que los apoyos del PNV parecen a día de hoy imprescindibles para evitar una prórroga de las cuentas públicas que situaría la legislatura ante el abismo, obligará al Ejecutivo a aceptar cualquier exigencia extrema —cualquier chantaje— de los nacionalistas vascos, que se ven en una posición de fuerza por primera vez desde que perdieran el Gobierno vasco a manos de Patxi López. El «no» adelantado de CiU a apoyar los Presupuestos y la inminencia de las elecciones catalanas marcadas por el severo desgaste del tripartito en general, y del PSC de José Montilla en particular, dificultan el margen de maniobra de Rodríguez Zapatero, que en principio tampoco podrá contar con ERC ni con Izquierda Unida, seriamente enfrentados al Gobierno tras los «tijeretazos» al gasto social. A ello Zapatero tendrá que sumar el coste de las consecuencias políticas y sociales que se deriven de la huelga general convocada para el 29 de septiembre por los sindicatos mayoritarios, castigados por el Gobierno durante la negociación de la reforma laboral y obligados a recuperar ante sus afiliados una imagen de autonomía tras asumir que su ridícula sumisión al Gobierno en los últimos años paradójicamente no les ha granjeado más rédito que el de sentirse traicionados.

El Gobierno afrontará su peor otoño en una situación de gran debilidad, con un gabinete desgastado, nutrido mayoritariamente de ministros sin apenas peso político, con una imagen creciente de deterioro cada vez más censurada por los ciudadanos, y con síntomas evidentes de división interna y contestación a la Ejecutiva Federal. Esto es, de contestación a Rodríguez Zapatero. La pugna entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez por el control del PSOE madrileño, que se dirimirá en las «primarias» de este partido a principios de octubre, no será con seguridad un caso aislado ante la cita crucial de las municipales y autonómicas de 2011. Más aún, puede llegar a mermar seriamente la hasta ahora incontestable autoridad interna de Rodríguez Zapatero y debilitar su liderazgo en la fase definitiva de la legislatura. Enfrente, el Partido Popular y Mariano Rajoy están llamados a conservar la ventaja que hoy en día le conceden unánimemente todos los sondeos de opinión sin descuidar la labor de oposición. El PP incurriría en una pasmosa ingenuidad si dejara transcurrir los meses en la creencia de que los errores de Zapatero, por sí mismos, van a despejar a Rajoy el camino hacia la Moncloa.

ABC - Editorial

Diplomacia del appeasement. Por José María Carrascal

El gobierno Zapatero necesita todo su tiempo y energía para atacar a su verdadero y puede único enemigo: el PP.

«YO no he visto nunca a un ex presidente de Gobierno —ha dicho don José Blanco a propósito de la visita de Aznar a Melilla— con ese comportamiento». Pues yo nunca he visto a un presidente de Gobierno prometer a una comunidad cuanto le pediese. Ni decir que el concepto de nación es discutido y discutible. Ni calificar de «accidente» un atentado terrorista con dos muertos. Ni llamar «desaceleración» a una crisis global. Ni, ni, ni, así podría seguir, enumerando barbaridades, frivolidades y deslealtades de nuestro presidente, hasta agotar el espacio del que dispongo.

Y lo peor de todo es que continúa en ellas. Ahí le tienen «poniendo en marcha el rescate de partes del Estatuto catalán anuladas por el Tribunal Constitucional», según portada de «El País». ¿Es así como se acepta una sentencia del más alto tribunal de la nación? ¿Es así como se gobierna, intentando revertir con decretos-ley una decisión que «laminaba el capítulo de un Poder Judicial catalán en el Estatuto», según el mismo periódico? Y todo por razones electorales, para insuflar aire a un tripartito presidido por socialistas, que ha hecho más por separar Cataluña de España que todos los gobiernos nacionalistas anteriores.

La cosa es todo menos banal. De tener Cataluña su propia Justicia, estén ustedes seguros de que no se hubiera prohibido el homenaje a una etarra convicta y confesa, planeado ayer en Barcelona. Pues ni el Gobierno, ni la Generalitat, ni el ayuntamiento, controlados por socialistas, habían hecho nada por evitarlo, habiendo tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional, a solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, quien lo haya hecho. Pero podemos despedirnos de ello si los planes del presidente se llevan a cabo. A no ser que esté engañando a sus propios compañeros, como ha hecho con todos, prometiendo lo que no piensa cumplir si llegada la hora de la verdad —las elecciones generales— no le conviene. Pero que sigue en su línea de deslealtades está a la vista.

«Gobernamos con diplomacia, lejos del ardor guerrero del PP», ha dicho la vicepresidencia primera, a propósito de la misma visita de Aznar a Melilla. Por lo visto, llama diplomacia a lo que Chamberlain llamaba «apaciguamiento» ante Hitler: ceder ante el agresor con la esperanza de calmarlo. Como se demostró tras Munich, el apaciguamiento no frena al agresor, al revés, le anima a pedir más. ¿Es también «diplomacia» haber concedido a los gibraltareños cuanto pedían, en vez de oponerse a su expansión por tierra, mar y aire españoles?

Claro que el gobierno Zapatero necesita todo su tiempo y energía para atacar a su verdadero y puede único enemigo: el PP.

ABC - Opinión

Preciosa suegra. Por Alfonso Ussía

Las señas externas de identidad de la Izquierda española se me antojan admirables. Ese humilde y al alcance de todos vestido de novia de la compañera Penélope Cruz, diseñado por John Galliano, que lo define de corte principesco, inspiración romántica, escote corazón, ola de encajes y ajustado a la cadera, para contraer matrimonio con el camarada Javier Bardem, me ha parecido precioso. John Galliano diseña para Dior, esa empresa popular que vistió durante décadas a las mujeres de la Unión Soviética y Cuba. Gracias a la publicación obrera «Elle» hemos sabido de los detalles del último grito de la confección nupcial para mujeres aplastadas por la bota del capitalismo. Fuentes generalmente mal informadas de La Moncloa aseguran que la vicepresidenta De la Vega, al contemplar el modelo, tomó la decisión de contraer enlace para así completar su colección de vestidos representativos de la Izquierda. Pero el gozo en un pozo. John Galliano ha diseñado el menestral vestido en exclusiva para Penélope, y no se venderá ni en «Pro-Novias» ni en establecimientos de «pret-a-porter». Una pena muy grande.

Y Moratinos. En Le Change, en la Dordoña, vestido de argentino con caballos de polo, en casa de su suegra. «Mi preciosa suegra», según la ha definido la periodista del diario francés «SudOuest». Espectacular la casa de su preciosa suegra, Micheline Maunac, a la que envío desde estas líneas mis más gentiles saludos. Mientras Melilla se hallaba en situación límite, y el Rey atendía a la solicitud de Zapatero de tranquilizar los ánimos del Sultán de Marruecos, Moratinos negaba el conflicto y se mantenía «permanentemente informado», al tiempo que paseaba con su preciosa suegra por los verdes enfrentados y bellísimos del sudoeste de Francia, disfrazado de criador de patisos en la Pampa sureña. Gracias a esa entrevista en el «SudOuest» hemos sabido que nuestro ministro de Asuntos Exteriores vio la final del Campeonato del Mundo de fútbol de Sudáfrica en una pantalla gigante y al lado de Raúl Castro, «que fue muy amable».

Moratinos es un hombre peculiar. Consigue que sus compañeros de Gobierno trabajen mientras él descansa junto a su preciosa suegra, disfruta del fútbol junto a un dictador comunista, y no oculta su animadversión por la nación de Israel, única democracia del Oriente Medio. Moratinos fue íntimo amigo del millonario terrorista palestino Yasser Arafat, dato que no necesita análisis ni valoración, porque la amistad está por encima de cualquier otro sentimiento, incluido el del amor.

Pero me ha gustado, y mucho, su imagen. Esa elegancia campestre, ese «apenas vestir vistiendo tanto y tan bien» emulando al penúltimo duque de Bedford, ese posado con la preciosa casa de su preciosa suegra, cubierta de parra virgen y florecida de hortensias, ha colmado mi interpretación del buen gusto. Y además, con esa expresión de tranquilidad, con esa mofletuda sonrisa sosegada, con ese empaque de ganadero argentino que aguarda en la puerta de su hacienda la llegada de un príncipe ruso que acude con la intención de estafarlo, y a poco más de mil kilómetros, Melilla provocada, Melilla desabastecida, Melilla amenazada, y él tan pancho, me ha provocado un subidón de orgullo, que no tengo más remedio que hacerlo público. Rubalcaba a Rabat y él con su preciosa suegra, que en su caso no es oración cursi, sino descriptiva.

Creo sinceramente que podemos estar tranquilos con el nuevo aspecto de nuestra Izquierda. «Arriba los pobres del mundo,/ en pie «le bloc de foie truffé».

La Razón - Opinión

Mezquitas. Por Jon Juaristi

El proyecto de mezquita en la Zona Cero no es cuestión de libertad religiosa, sino de tolerancia a la provocación.

HE visto mezquitas en Damasco, en Kairuán, en Beirut, en el Cairo, en Estambul, en Rabat. Y en Jerusalén, por supuesto: plantada una frente al Santo Sepulcro. Conozco cientos de mezquitas. Paso diariamente ante una de Madrid. Trato de no ver en ellas un signo de amenaza, de peligro, como no lo veo en los templos cristianos ni hindúes, ni shinto ni budistas, ni —sobra en mi caso decirlo— en las sinagogas.

En Nueva York he conocido incluso templos polivalentes. Hay uno, en Manhattan, que es sinagoga reformista los sábados y templo metodista los domingos: un enorme estor cubre la cruz desnuda en la pared del fondo durante las ceremonias judías. La escasez de suelo o simplemente de edificios impone a veces dobles o triples funciones a un mismo espacio, como aquellos bares de las películas del oeste que se transformaban en tribunales de justicia cuando hacía falta, pero lo de la polivalencia religiosa sólo lo he visto en Nueva York, que es la ciudad más tolerante del planeta. Aunque no me extrañaría que en otras partes hubiera casos semejantes de simbiosis espacial entre judaísmo reformista y metodismo, porque sus templos no son recintos sagrados, sino lugares de asamblea, de reunión de la comunidad, que es el sentido original de las palabras sinagoga e iglesia.

Trato de no sentirme intranquilo ante las mezquitas, incluso cuando sé que muchas de ellas sirven para que imames enloquecidos propaguen el odio a occidente. Me digo que también he oído siniestras burradas en iglesias católicas de mi tierra vasca y he asistido a alguna bronca en sinagogas americanas, cuando el rabino de turno proponía, por ejemplo, campañas de apoyo a Lori Berenson, la chica judía encarcelada en Perú por delitos de terrorismo, a la van a enchironar de nuevo tras una excarcelación precipitada a lo De Juana Chaos. Me intento persuadir de que no todos los musulmanes son como los chiítas iraníes que ahorcan homosexuales, como los talibanes que matan mujeres a pedradas después de torturarlas, como la gazana que asegura que educará a su hijo, recién salvado de una grave dolencia gracias a un filántropo judío que corrió con los gastos médicos, para que se inmole masacrando israelíes. Quiero convencerme de que la mayoría de los creyentes del islam son gentes amables, pacíficas y respetuosas con los que siguen otra fe o no siguen fe alguna. Me gustaría admirar sin prevenciones ni mala conciencia su civilización, su magnífica literatura (Corán incluido) que he estudiado con todo el interés y cariño posible en un profano en sus filologías. Y con nadie he estado más de acuerdo que con un viejo sufí sirio que me dijo una vez: «Alá no entiende de religiones».

Me esfuerzo en verle al islam aspectos positivos, y viene esta incalificable grosería del proyecto de una mezquita en la Zona Cero, y compruebo que, en el vasto número de la umma, sólo se alzan en contra las voces escandalizadas e inaudibles de un pequeñísimo puñado de musulmanes que, eso sí, comprenden mejor que Obama que el asunto no va de libertad religiosa sino de apuntarse un tanto escarneciendo a la América infiel. Veo lo poco que representan, y se me caen los palos del sombrajo y los minaretes de mis ingenuidades.

ABC - Opinión

José Blanco. Fomento de la confusión. Por José T. Raga

La pregunta que, también en agosto, haría yo al señor ministro es si ha calculado lo que cuesta parar una obra pública, desmovilizar el equipo, despedir al personal, etc., para unos días después continuar con ello, como si nada hubiera pasado.

Ese podría ser el apelativo que figurase en el frontispicio del ministerio del que es titular don José Blanco. La afición, últimamente, del señor Blanco de meterse en todos los charcos, incluso en los innecesarios, le lleva a utilizar referencias necias como eje de sus manifestaciones, lo cual, por su misma condición, suele levantar airadas respuestas, en unos casos, y despertar insaciables apetencias, no confesables, en otros. Ya saben ustedes que, en nuestro país, acudimos con frecuencia al argumento de oportunidad, basado en que "como el Pisuerga pasa por Valladolid". Lo que sí es cierto es que, con ello, y pese a todos los pesares, el señor Blanco ha conseguido ser noticia en un adormecido mes de agosto; si es lo que pretendía, lo ha conseguido. Y no diría yo que no, porque vayan ustedes a saber, qué es lo que circulaba por la mente del señor ministro en esos momentos.

Lo que también ha conseguido, no sé si pretendiéndolo o no, es confirmar el desconcierto del Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero. Yo pensaba que no era necesario hacerlo patente también, en esos momentos en los que trabajados por el invierno, los españoles aspiran a un merecido descanso. ¡Hombre, don José! Esas cosas y las escaramuzas que provocan, se dejan para el invierno, momento en el que el deseo de olvidar a quien nos gobierna se ve desplazado, por aquello de que ya estamos dispuestos a la mala noticia y al despropósito más flagrante.

Yo creo, tratando de encontrar una justificación a tanta incompetencia y a tanta contradicción, que el problema está en que los miembros del Gobierno carecen de vergüenza y de estima personal; quizá se salve alguien, aunque no me viene su nombre a la memoria. Cualquier persona normal, sí, de los que deambulamos a diario por las calles, no aceptaría decir hoy blanco –me refiero al color, no al ministro– y mañana negro. Es más, a la hora de dar una opinión, nos centraríamos en la esfera de competencia propia, respetando la que pertenece a terceras personas. Bien es verdad que si este principio lo practicaran los ministros del señor ZP, y el propio señor presidente, serían verdaderos sepulcros, sin nada que decir, pues no creo que hayan descubierto materia alguna en la que puedan hablar con autoridad; con esa autoridad que dimana del saber, y no con la potestad que proviene del poder.

Lo cierto es que el señor Blanco ha pasado de restringir drásticamente la obra pública, como un ejemplo de lo que hay que hacer cuando se trata de reducir el déficit público, a decir que lo drástico es menos de lo que dijo y que, con un supuesto regalo que le ha hecho la vicepresidenta económica de unos quinientos millones de euros, podrá reiniciar unas cincuenta obras que supuestamente había parado. Como la cuenta es muy elemental y él muy primario, me malicio que, en sus cálculos, salen a diez millones por obra. Ya sería chocante que así fuera, pero para todo hay que estar preparado, aunque sea en agosto. Eso sí, ya ha advertido que no nos va a decir qué obras se salvan de la quema. Nosotros nos lo imaginamos; no hace falta mucha imaginación.

La pregunta que, también en agosto, haría yo al señor ministro es si ha calculado lo que cuesta parar una obra pública, desmovilizar el equipo, despedir al personal, etc., para unos días después continuar con ello, como si nada hubiera pasado. En algunas obras su entidad es tal que ese óbolo de los diez millones casi se irá con los costes de deshacer y volver a tratar de hacer, para deshacer de nuevo porque ya se han terminado los euros. ¡Qué cosas Don José! ¡Quédese usted tranquilo, aunque sea por un tiempo corto! ¡Piense en el bien de los españoles y en su derecho al descanso, que ellos sí que trabajan!

El problema se ha producido cuando el señor Blanco, no quedándose satisfecho con su desprogramación de la obra pública, como la voz de su amo –nada que ver con la discográfica, para bien de ésta– recordó que la técnica del Gobierno ZP consiste en sustituir la acción de gobernar por la de amenazar. No les basta promulgar decretos y órdenes ministeriales, sino que tienen que zafarse en amenazas a un pueblo que parece nacido para sufrir. Y, dicho y hecho, se convirtió en altavoz de su amo y repitió la amenaza contra los que más tienen. ¿Se acuerdan de nuestro presidente? Subir impuestos para que paguen más los que más tienen; aunque, de momento, el aumento del IVA, que también lo pagan y con más sacrificio los que menos tienen, ya va haciendo camino desde el primero de julio pasado.

Pero ¡ah amigo!: ahí le pisó el callo a la señora Salgado –lo del callo es simplemente un decir figurativo– y la vicepresidenta arremetió contra su colega de gabinete, sin temer siquiera a la reacción del presidente, o quizá con su beneplácito; no tengo información privilegiada sobre el particular. Lo malo es que también doña Elena se ha enredado con la negativa a la subida de impuestos, abriendo la puerta a que quizá sea preciso hacer algún ajuste atendiendo a la progresividad, pero sin ánimo recaudatorio. Y la verdad es que esto ya es demasiado para cuerpos tan maltrechos por la acción de un Gobierno esperpéntico. ¿Cómo quedamos, hay o no hay subida de impuestos? ¿Está la bolita en el cubilete de la derecha, en el de la izquierda o en el del centro? Los malabaristas callejeros, lo hacen mejor y, en ocasiones, tienen más gracia.

La guinda al pastel, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se la ha puesto el señor Taguas. ¿Se acuerdan de él? No se ha hecho esperar, pues como lobby del sector construcción, ha salido en defensa de lo que más le pica –la obra pública, y ahí debe estar la causa del arrepentimiento del señor Blanco y de la asignación de los quinientos millones– diciendo que, aunque no se suban los impuestos –quizá le preocupe que tengan que pagar más los que más tienen– sí que es posible establecer tasas que contribuyan a financiar las obras públicas. ¡Otro más diciendo lo que tenemos que hacer o por dónde nos pueden pillar! ¡Pero hombre, sea usted más cauto, que se le entiende todo!

¿Se le ha olvidado al señor Taguas que el impuesto sobre los carburantes se estableció para financiar la inversión en infraestructuras? ¡Miren, sinceramente, déjennos! Tenemos derecho a vivir, aunque atropellados, tranquilos. Y para que ese derecho pueda hacerse efectivo, sinceramente, ¡convoquen cuanto antes elecciones generales! Así demostrarán que aman a España y a los españoles.

Libertad Digital - Opinión

De bobos y desleales. Por M. Martín Ferrand

Esa tropa que gobierna en Cataluña le resulta imprescindible a Zapatero para poder seguir en el machito.

EL último Consejo de Ministros, extemporáneo y hueco, sirve para demostrar la obsesión electorera que preside el ánimo de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, el exiguo contenido de la reunión de rabadanes se centró en el innoble propósito de colaborar con José Montilla en una «operación rescate» para que el Estatut vuelva a ser el que aprobó el Parlament y sancionaron las Cortes en olvido, o rebeldía, de las precisiones dictadas por el Tribunal Constitucional. Eso sí que es deslealtad y no la que le atribuyen a José María Aznar. Deslealtad a la Constitución, al Tribunal que la interpreta y, sobre todo, a los españoles que la respaldamos y que, a falta de otra mejor, la aceptamos como buena para organizar la convivencia democrática que algunos tratan de impedir.

No ha provocado el suficiente escándalo, el que merece, el hecho de que todo un presidente autonómico, representante del Estado en su territorio, descalifique a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, por su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de Inmigrantes, otro de los desaguisados legislativos del Parlament.

La Defensora, según Montilla, debiera abstenerse porque, en su día, fue diputada del PP. Eso no es confundir el tocino con la velocidad, error gravísimo entre cocineros y ciclistas, sino imponer la exclusión militante en la vida democrática, algo totalmente descalificador en un gobernante. El error de Montilla no es personal, como el que tiene una verruga. Se trata de algo compartido y generalizado entre los integrantes de su Govern. Joseph Huguet, consejero de Innovación (?) y notable de ERC, ante el recurso de la Defensora, le llamó falangista a Enrique Múgica que ya no es Defensor —¡hay que leer los periódicos, Huguet!— y que, por sus hechos y sus dichos, está tan lejos de Falange como su ofensor de la inteligencia.

Esa tropa que gobierna en Cataluña le resulta imprescindible a Zapatero para poder seguir en el machito y de ahí las cesiones de soberanía que se encierran tras el último Consejo para engordar, contra la razón y el derecho, el Estatut que terminará por arruinar a Cataluña después de haberla privado de muchos de sus numerosos encantos.

Por el momento, el titular de Justicia, el obediente Francisco Caamaño, ya ha sido encargado de preparar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, contra el TC y la mismísima Constitución, parcelar la unidad jurisdiccional del Estado y conseguir, por ejemplo, que, en Cataluña, sin salir de casa, puedan casar las sentencias que les resulten incómodas mientras se contemplan el ombligo.

ABC - Opinión

El «rescate» del Estatut

El debate político catalán, que se avivó con la sentencia del Tribunal Constitucional, ha irrumpido con fuerza antes incluso de que termine agosto y con la mayoría de los políticos sesteando sus últimos días de vacaciones. La iniciativa la han tomado el propio presidente Montilla, que recapitula sus exigencias y aspiraciones en una entrevista con LA RAZÓN; y el Gobierno, que ha aprobado este viernes una serie de medidas destinadas a «satisfacer las aspiraciones de Cataluña», en expresión de la vicepresidenta De la Vega. Para tan elevado propósito, el Gobierno ha prometido reformar la Ley del Poder Judicial y convocar una comisión bilateral para aprobar en septiembre nuevos traspasos de competencias relativas a educación, representación en el exterior, Defensor del Pueblo y participación en instituciones del Estado. Ni que decir tiene que con tanto madrugar el Gobierno pretende que amanezca más temprano en el oscurecido ánimo de los socialistas catalanes, cuyas perspectivas electorales son muy negativas. Es comprensible que las demás fuerzas políticas hayan acogido con cierto escándalo estas decisiones electoralistas del Consejo de Ministros, pero no es lo que más debe preocupar al resto de los españoles. La cuestión de fondo trasciende el «gesto político» en apoyo al PSC y afecta a la lealtad constitucional que deben observar los partidos, y el Gobierno a la cabeza de todos ellos. Dicho de otro modo, si lo que pretende el Consejo de Ministros es burlar la sentencia del Tribunal Constitucional mediante argucias legislativas y relecturas sesgadas, volverá a crujir la estructura del Estado y a dispararse la crispación nacional. Por eso, cabe esperar que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que como perito constitucional validó de forma temeraria el Estatut, haya aprendido la lección que le ha propinado el Alto Tribunal y no tropiece dos veces en la misma piedra. Así, no se alcanza a comprender cómo el Gobierno obrará el milagro de «rescatar» la parte judicial del Estatut cambiando solamente la Ley del Poder Judicial. Si el TC anuló el artículo 97 al completo no fue porque chocara con una ley orgánica, sino con la propia Constitución. De nada puede servir el maquillaje legislativo, pues lo ya sentenciado es inapelable, a saber: que sólo hay un órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ), que el Consejo autonómico no puede realizar nombramientos ni permisos ni autorizaciones de jueces, y que las funciones disciplinarias, las inspecciones y los rescursos contra decisiones de gobierno interno son exclusivas del Estado. Nada de todo esto, verdadero núcleo de las aspiraciones nacionalistas en materia judicial, podrá alterarse mediante una reforma de la ley, por más que se empeñe el ministro Caamaño o el Gobierno en pleno. No estará de más hacer un llamamiento a esa lealtad constitucional de la que tanto gustan alardear los dirigentes socialistas para que no abran otro capítulo condenado al fracaso y la frustración. Los catalanes, a los que tantas veces invocan en vano sus políticos, tienen necesidades más graves y urgentes que remendar un malhadado Estatut por la puerta de atrás.

La Razón - Editoria

Aznar y Rajoy. Por Germán Yanke

Aznar sale de casa y en la dirección del PP tiemblan, para qué vamos a negarlo.

Aznar sale de casa y en la dirección del PP tiemblan, para qué vamos a negarlo. En el Gobierno no tanto porque están ya como estatuas, insensibles, paralizados. Lo acabamos de ver con el viaje relámpago a Melilla, que también ha tenido sus truenos. ¿Ha consultado al partido? se pregunta a un portavoz oficioso del ex presidente. «Dejémoslo en que se ha comunicado» responde con una sorna que significa algo más que la independencia de criterio. El Gobierno se empeña en desviar la atención de lo que es su responsabilidad, que es lo que ocurre en Melilla, y sabe, además, que la estrategia hace mella en el PP. La secretaria general aclara que Aznar no viaja en representación del partido y Mariano Rajoy, vuelto momentáneamente del reposo, subraya lo obvio: que el ex presidente tiene perfecto derecho a ir a cualquier lugar de España y mostrar su solidaridad con policías y ciudadanos. Pero no se sabe ya si el objetivo de este honrado comentario es defender a Aznar de los burdos ataques gubernamentales o calmar las aguas internas: no pasa nada, todos estamos en lo mismo.

El problema de Rajoy con Aznar no es su disparidad de caracteres. Su designación como sucesor no es como heredero, le coloca en la paradójica posición de cargar con lo que se vende como malo sin sumar nada de lo bueno. Si se habla de la guerra de Irak, Rajoy es responsable. Si se analiza el éxito económico de los gobiernos del PP o la firmeza en la lucha contra el terrorismo el mérito es de Aznar y da la impresión de que Rajoy acaba de llegar y él lo sabe por los periódicos. O por los libros y folletos de FAES que, curiosamente, dedica sus esfuerzos para situar como alternativa al PSOE lo que hizo el ex presidente, a veces acompañado de los que no están precisamente cerca de Rajoy, y no tanto lo que el partido pueda hacer en el momento presente.

Es quizá lo que debería cuidar Aznar. Como agitador intelectual, en este desierto refractario a los debates serios, tiene un papel que puede ser muy interesante. Como activista el asunto es más dudoso porque si se percibe que quiere representar «otro» PP el chasco será doble: ni puede hacer uno nuevo (ni «el suyo») y sólo fastidiará el único que realmente existe, que es el de Rajoy.

ABC - Opinión

El gobierno menguante. Por Ignacio Camacho

Melilla y Cataluña: dos problemas, dos cesiones. La teoría del apaciguamiento elevada a su máxima potencia.

SI el régimen de Marruecos propicia un conflicto en Melilla contra los intereses españoles, el Gobierno de España primero niega el conflicto y luego se dedica a aplacar al que lo ha originado. Si el poder autonómico catalán provoca una tensión artificial contra la autoridad constitucional del Estado, el Gobierno que representa esa autoridad se apresura a darle la razón a quienes la cuestionan. Ése es el mensaje que ha recibido esta semana la opinión pública nacional de parte del Consejo de Ministros en su primera reunión tras las vacaciones que oficialmente no ha tomado. Dos crisis, dos problemas, dos cesiones: he ahí la teoría del apaciguamiento elevada a su máxima potencia práctica.

Primer problema: Melilla. Gana Marruecos, que es el que lo ha planteado. El Gobierno español prefiere tildar de desleal a la oposición por preocuparse de los melillenses y hacer lo que tenía que haber hecho algún ministro, que es viajar a interesarse por ellos. Silencio ominoso sobre la vejación a las mujeres policías, una subvención de un millón de euros para proyectos de cooperación y la concertación de dos visitas ministeriales (Interior y Exteriores)… a Rabat. Melilla ni sobrevolarla, no se vaya a enfadar el vecino quisquilloso. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Si durante dos años el presidente ha negado la existencia de una crisis económica mundial, cómo va a reconocerle tal rango al hostigamiento fronterizo de unos aleccionados activistas babucheros.

Segundo problema: Cataluña. Gana la Generalitat en su gimoteo victimista. La primera medida posvacacional del Gabinete consiste en encargar al ministro de Justicia que encuentre el modo de trocear el Poder Judicial para burlar la ya benévola sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Ni una palabra oficial sobre el recurso de la Defensora del Pueblo a la ley autonómica que pretende imponer el catalán a los inmigrantes, entre otros recortes de derechos, y mucho menos sobre la infame acusación de parcialidad política lanzada por Montilla sobre la titular de un cargo institucional de imparcialidad obligada. Silencio asertivo, silencio culpable.

Y si ante este Gobierno menguante ganan siempre los que plantean problemas (salvo que se trate del PP, acusado universal de crearlos), está claro quién pierde. Pierden los intereses del conjunto de la nación, o de lo que va quedando de ella, preteridos en una amilanada política de concesiones y tráfico de favores. Pierde la España global a la que se supone que representa un poder elegido para defenderla. Y pierde, en última instancia, el propio Gobierno, cuyas competencias y autoridad se reducen en un pintoresco proceso de jibarización que propicia quien más perjudicado sale de él. La pregunta que queda en el aire ante esta complacencia autolimitadora es para qué ponen tanto ahínco en conservar el poder si sólo lo ejercen para reducirlo.

ABC - Opinión

Israel-Palestina, una negociación necesariamente incompleta

La negociación será, por lo tanto, necesariamente incompleta y habrá de reducirse al territorio de Cisjordania, ocupado legalmente por Israel en 1967 durante la Guerra de los Seis Días.

El Gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) volverán a sentarse en la mesa de negociaciones el próximo mes de septiembre. Es la enésima ocasión en la que Israel accede a las demandas de diálogo que, insistentemente, formula la comunidad internacional. Pero ahora, una década exacta después del estallido de la segunda Intifada, el panorama es ligeramente distinto en la región.

A diferencia del año 2000, cuando Yaser Arafat se negó a aceptar lo que Ehud Barak le ofrecía encendiendo con ello la espoleta de una violentísima Intifada, en estos momentos los palestinos no están unidos y carecen de una voz común que, aunque sea de cara a la galería, los represente. Desde la muerte de Arafat en 2004 y la toma de la franja de Gaza por parte de las milicias de Hamas dos años más tarde, los palestinos viven separados geográfica y políticamente. En Cisjordania gobierna el relativamente moderado Mahmud Abbas, fundador de Al-Fatah, partido que controla la ANP. En Gaza la que manda con mano de hierro es la organización terrorista Hamas. Entre ambos grupos las relaciones son francamente malas.

La negociación de septiembre que apadrina la Casa Blanca tendrá lugar entre israelíes y miembros de Al-Fatah. Nada más. El Gobierno terrorista de Hamas, sostenido militar y económicamente por los fundamentalistas iraníes, ni está ni se la espera. La negociación será, por lo tanto, necesariamente incompleta y habrá de reducirse al territorio de Cisjordania, ocupado legalmente por Israel en 1967 durante la Guerra de los Seis Días. Los líderes de Al-Fatah aspiran a que Israel abandone la región y se vuelva a la situación previa a la guerra. El problema es que hoy, 43 años después de aquello, en Cisjordania viven unos 100.000 israelíes, casi todos en las inmediaciones de la frontera con Israel y en las cercanías de Jerusalén.

Dejando a un lado el hecho de que el Estado israelí no puede acometer la evacuación de un número de personas tan grande, las fronteras de 1967 no eran con la entonces inexistente ANP, sino con el reino de Jordania, que hace ya muchos años decidió lavarse las manos en todo lo relativo a los palestinos. Esas fronteras fueron fijadas por los británicos, posteriormente violadas por los países árabes en el 67, y finalmente eliminadas por Israel en una guerra puramente defensiva. Queda, naturalmente, la posibilidad de fundar desde cero un Estado Palestino, pero no con esos fantasiosos límites que no se corresponden con la realidad demográfica actual.

Si llegase a constituirse ese Estado mediante la diplomacia haría falta una buena dosis extra de buena voluntad. En estos momentos Israel vive sitiada por dos regímenes islámicos: uno al norte, el acaudillado por Hezbolá en el Líbano, y otro al sur, en la franja de Gaza, con Hamas como enemigo declarado de Israel y del pueblo judío. Jerusalén no puede permitirse un tercer frente radicalizado en su flanco oriental a escasos kilómetros de la capital. Es imperativo que, se llegue a la decisión que se llegue, el futuro Estado palestino de Cisjordania sea desmilitarizado y puesto bajo la lupa internacional para que no se reproduzcan las experiencias de Gaza y el Líbano. Sería una noticia excelente que algo así ocurriese, que los líderes palestinos olvidasen de una vez la idea de acabar con Israel por las malas y arrojar a sus habitantes al mar. Pero eso no depende de los israelíes, sino de la estatura política y la altura de miras de quienes hoy manejan la ANP.

Libertad Digital - Editorial

Israel y Palestina

Está por ver si la buena voluntad de Obama sea un elemento suficiente para lograr que un conflicto pueda solucinarse de la noche a la mañana.

EL presidente norteamericano, Barack Obama, ha entrado en el capítulo en el que han fracasado hasta ahora todos sus predecesores, demócratas o republicanos: el intento de solucionar el conflicto de Oriente Próximo. Presionando para forzar el inicio de negociaciones entre israelíes y palestinos, ya ha dado un primer paso que ha servido para revivir la esperanza después de un largo periodo de dos años de bloqueo diplomático. Por desgracia, pocas cosas han cambiado en lo esencial desde el último intento, en el final del mandato del presidente George W. Bush, excepto que a finales de septiembre vence el plazo que concedió Israel para congelar la construcción de nuevos asentamientos en los territorios palestinos, un asunto que podría terminar de un plumazo con cualquier negociación. Los palestinos se encuentran divididos sin indicios de que los radicales de Hamas vayan a aceptar en Gaza los acuerdos a los que pueda llegar Mahmud Abbas en nombre de la Autoridad Nacional Palestina y el régimen teocrático iraní y su abierta voluntad de hacerse con armas nucleares es el elefante descontrolado en una sala de negociaciones repleta de porcelana.

Está por ver si en este contexto va a ser posible que la buena voluntad de Obama sea un elemento suficiente para lograr que un conflicto que dura desde hace más de cincuenta años pueda entrar en vías de solución de la noche a la mañana. También la presidencia española de turno de la UE creyó que era posible proclamar la creación del Estado palestino durante el semestre pasado y, al final, la amarga realidad se volvió a imponer sobre los buenos deseos de aquellos en cuyas manos no están las decisiones últimas de las que depende una paz que todo el mundo desea.

ABC - Editorial

El manoseo del Poder Judicial

Si el Gobierno cree que el atajo de reformar la Ley del Poder Judicial para obviar al TC es astuto y eficaz, se equivoca. No pasa de ser un burda trampa a la Constitución.

EL Consejo de Ministros ya ha recibido un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sobre las reformas legislativas que serían necesarias para, en palabras de José Montilla, «reparar los daños» causados por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló e interpretó cerca de cuarenta artículos del Estatuto catalán. El Gobierno se muestra así perseverante en buscar sucedá-neos a los apartados inconstitucionales del Estatuto, con el único fin de dar un bálsamo a las relaciones con el Ejecutivo autonómico y, especialmente, con su presidente, José Montilla. Entre tales reformas se encuentra la del Poder Judicial, una de las materias más corregidas por el TC. Y no era para menos, porque el Estatuto pactado por Zapatero y el líder convergente, Artur Mas, creaba un Poder Judicial propio de Cataluña y sometido a su organización autonómica. La culminación de esta intentona segregadora era el Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano político previsto para suplantar al Consejo General del Poder Judicial y eliminar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, formada sólo por magistrados.

La coartada del Gobierno socialista es que el TC sólo puso reparos de forma y que bastará con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para entregar al frente social-nacionalista el último territorio que le queda al Estado central. Este objetivo ya fue intentado durante el mandato de Juan Fernando López Aguilar, aunque entonces —año 2006— los Consejos Autonómicos de Justicia eran definidos como órganos «subordinados» al CGPJ. En este segundo asalto al Poder Judicial que planea el Gobierno de Zapatero, de común acuerdo con el tripartito catalán, ya existe una doctrina constitucional específica al respecto. Y no es compatible con la pretensión de Zapatero y Montilla de burlar la sentencia del TC mediante la manipulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que ha dicho el TC es que, conforme a la Constitución, el Poder Judicial sólo tiene un órgano de gobierno que es el Consejo General. Tal afirmación excluye la creación de otros órganos de gobiernos judicial no sólo por vía estatutaria, sino también mediante la reforma de la LOPJ. El TC ha dejado claro en su sentencia que el Estado de las autonomías, a diferencia de lo que sucede con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no alcanza al Poder Judicial, el cual es único para todo el Estado. Por tanto, si el Gobierno cree que el atajo de reformar la LOPJ para obviar al TC es astuto y eficaz, se equivoca. No pasa de ser un burda trampa a la Constitución.

ABC - Editorial