Vilalta y Pascual ya están en España. Ahora será el momento de analizar las múltiples facetas de este episodio y de conocer aquello que no comprometa la seguridad nacional.
YA están en España. Al Qaeda ya ha liberado a los dos cooperantes españoles que permanecían secuestrados desde el pasado noviembre. Nada menos que 258 días ha durado el cautivero sufrido por Albert Vilalta y Roque Pascual, el más largo en el historial delictivo de la franquicia magrebí de una organización terrorista que opera a escala global. Hay que congratularse por esta magnífica noticia, que culmina la operación de rescate de los miembros de la ONG Barcelona Acció Solidària, una vez liberada hace meses Alicia Gámez. Al margen de las explicaciones políticas que puedan producirse —pese a comparecer públicamente, ayer Rodríguez Zapatero no dio ninguna y evitó someterse a las preguntas de la Prensa—, y al margen de las oscuras contrapartidas que hayan podido obtener los secuestradores, la vida y la libertad de nuestros ciudadanos es un bien que debe presidir la actuación de las autoridades en una materia tan delicada. A diferencia de otros casos recientes —como el del pesquero «Alakrana»—, el Gobierno ha trabajado con eficacia y discreción, al igual que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya contribución ha sido muy notable. Se han cumplido al fin las expectativas suscitadas tras la extradición a Malí del jefe de la célula que llevó a cabo los secuestros, puesto que la probable puesta en libertad en ese país de Omar Saharaui era una condición irrenunciable de Al Qaeda para realizar un canje con los cooperantes españoles. Desde este punto de vista, se explican fácilmente los extraños giros del juicio desarrollado en Mauritania, incluidos los drásticos cambios de criterio del fiscal y la actitud del procesado durante la vista.
Albert Vilalta y Roque Pascual ya pisan suelo español. Ahora será el momento de analizar las múltiples facetas de este episodio dramático, y de conocer toda aquella información que no comprometa la seguridad nacional. El hipotético pago de un rescate que el Gobierno nunca podrá reconocer de manera formal porque sencillamente es ilegal, ya ha generado suspicacias en Francia, por ejemplo, país que recientemente perdió a uno de sus secuestrados en una fallida operación de rescate. Al Gobierno sólo le resta ahora medir con extrema cautela la gestión política del post-secuestro y adoptar todas las medidas necesarias para que este tipo de caravanas solidarias con ayuda humanitaria sólo dispongan de autorización para viajar cuando pueda garantizarse su seguridad. Lo contrario será no escarmentar y regalar nuevas bazas al terrorismo islamista.
ABC - Editorial
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