Bien está lo que bien acaba, afirma una sentencia popular que puede aplicarse a la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados durante nueve meses por los terroristas de Al Qaida. El feliz desenlace, que ha permitido salvar dos vidas, es motivo de alegría general y no hay que escatimar elogios a quienes lo han hecho posible. La operación de rescate ha sido muy compleja, laboriosa, delicada en algunos tramos e incierta. Ha sido necesario sortear sucesivos obstáculos y conjugar los intereses de diferentes actores para que no se torciera el objetivo de traer sanos y salvos a Roque Pascual y Albert Vilalta. En esta ardua labor de coordinación es de justicia reconocer la excelente gestión de la vicepresidenta Fernández De la Vega, así como la de Moratinos y la del director del CNI, Felix Sanz. Dicho lo cual, y sumándonos con entusiasmo a la alegría de los liberados y sus familias, es necesario admitir la evidencia: los terroristas de Al Qaida han ganado la partida. La red islamista ha logrado varias bazas con este secuestro, a saber: ha obtenido un cuantioso botín, cuyo montante parece situarse entre los cinco y los diez millones de euros; ha forzado la excarcelación de uno de sus colaboradores y autor material del secuestro, el siniestro Omar Sharoui; y ha cosechado un éxito propagandístico de grandes proporciones entre los radicales islamistas en general y, especialmente, entre sus simpatizantes del Magreb. Como es natural, el Gobierno de Zapatero ha negado que se haya pagado rescate alguno. Es verdad que no existe unanimidad sobre cómo proceder en estos casos y el debate aún está abierto entre quienes priman la parte humanitaria y quienes abogan por la firmeza. No obstante, también es verdad que hace tan sólo ocho meses España subscribió una resolución de la ONU en la que se comprometía a no pagar rescates a piratas ni a terroristas. El propio Zapatero así se lo ratificó en enero al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, a propósito de Al Qaida. Sea como fuere, lo cierto es que las contrapartidas satisfechas a los terroristas revelan los puntos débiles no sólo de España, sino de todos los países europeos a la hora de gestionar este tipo de crisis. Salvo Reino Unido, que se niega en rotundo a negociar con los islamistas, los demás países de la UE han sucumbido de una u otra forma. Por eso mismo, la única manera de hacer frente con eficacia y sin fisuras a Al Qaida es que Europa adopte una postura común, que bien puede estar basada en la citada resolución de la ONU o en un compromiso específico. La respuesta tiene que ser unitaria, sin excepciones ni casos aparte, sabiendo cada país a qué se arriesga y a qué se obliga. Como muy bien sabemos los españoles, uno de los grandes éxitos de la lucha contra ETA ha sido el pacto entre PP y PSOE para mantener la misma política antiterrorista, gobierne quien gobierne. Y también sabemos a qué ignominia se llega cuando se buscan atajos con los terroristas, como el de Carod-Rovira cuando negoció con los etarras para que excluyeran sólo a Cataluña de su programa de atentados. La misma unidad férrea contra el terrorismo que reclamamos para España la debemos defender para Europa frente a Al Qaida.
La Razón - Opinión
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