UN COCHE, UN PRECIO. Por Ignacio Camacho

UNA famosa marca de automóviles acaba de poner en solfa, con una cuña radiofónica de tosca caracterización prosódica regional, no sólo el pomposo plan de ayudas al sector mala y apresuradamente pergeñado por el Gobierno, sino toda la confusión administrativa que el Estado de las autonomías ha implantado sobre el mercado único en España. Al establecer por su cuenta descuentos uniformes en todo el territorio nacional para darle salida a sus acumulados stocks, ésta y otras firmas han venido a abolir por su cuenta el carajal autonómico en beneficio de unos consumidores sometidos a un desbarajuste incomprensible que cuestiona de facto el principio constitucional de la igualdad de derechos. Y han emitido un sencillo mensaje de enorme eficacia ideológica: la empresa privada puede simplificar a plumazos procesos que en la administración pública suponen un infinito laberinto de dificultades burocráticas y políticas.

El mapa autonómico, que ha resultado esencial para equilibrar el desarrollo y la cohesión territorial, se ha ido claramente de las manos de un Estado que en los últimos años -no sólo en los cinco de Zapatero- se ha dedicado a boicotearse a sí mismo con un resultado desalentador de dispersión e inoperancia. Las virtudes del autogobierno se han deformado en el espejo cóncavo de la parodia hasta alcanzar perfiles casi caricaturescos en el desorden y atomización de los servicios públicos. En España hay, por ejemplo, diecisiete calendarios de vacunación, diecisiete permisos de caza, diecisiete planes de estudios y diecisiete modelos de gestión sanitaria, amén de un desparrame de variantes a la carta en materias como la seguridad, la hacienda, la vivienda, la protección civil o la asistencia social. En esta administración centrifugada el Gobierno carece de competencias para imponer medidas de conjunto con las que hacer frente a problemas generales, sean derivados de la crisis o de una simple catástrofe natural.

El caso de las ayudas a la compra de vehículos, con sus diferentes cuantías según la autonomía de turno, ha retratado el caos en todo su esplendoroso desconcierto. Ante el insoluble galimatías de las subvenciones, las marcas más potentes han apostado por descuentos uniformes porque en sus consejos de administración no existen conferencias de presidentes ni comisiones mixtas ni mesas delegadas de (des)coordinación territorial. La verticalidad ejecutiva del sector privado es incompatible con la maraña fronteriza en que ha derivado nuestra desmadejada estructura política taifal. Y frente al insondable guirigay de un Estado descompuesto en diecisiete fragmentos dispersos han implantado por su cuenta la imprescindible unidad del mercado. Un coche, un precio. Ya podría ir aprendiendo el Tribunal Constitucional.

ABC - Opinión