¿VUELTA A LAS ANDADAS?. Por José María Carrascal

Zapatero negocia el apoyo de los nacionalistas vascos a los próximos presupuestos generales.

YA empezamos. Mejor dicho, ya volvemos a lo de siempre: PSOE y PP vendiendo su primogenitura por el plato de lentejas de los pocos votos nacionalistas. Con el resultado que hemos venido comprobando y sufriendo desde la Transición: un Estado indefenso, una nación discutida, una crisis perpetua, una democracia anémica. Todo para que PP o PSOE puedan teóricamente gobernar. Cuando quienes gobiernan de verdad son los nacionalistas, gentes que no se sienten españoles ni tienen otro interés que el suyo. De España sólo les interesan lo que puedan sacarla. ¿No hemos tenido bastante con 30 años de este juego perverso?

Al parecer, no. Ante el cambio de ciclo que se avecina, ya que el desgaste de Zapatero es de tal calibre que, lo más, llegará al final de su segundo mandato, los dos grandes partidos se preparan para lo que vendrá luego. Y se preparan, no se lo van a creer, repitiendo la estrategia anterior: el PSOE, dispuesto a pactar con el PNV, y el PP, con CiU. La primera operación está ya en marcha. Zapatero negocia el apoyo de los nacionalistas vascos a los próximos presupuestos generales a cambio de transferencias que pueden llegar a romper la caja común de la Seguridad. Algo que sería tanto como acabar con uno de los pocos vínculos comunes que aún tenemos los españoles. Con consecuencias desastrosas, sobre todo para las clases media y trabajadora. Mientras el PP ha dado el primer paso para que CiU apoye su apuesta por el próximo gobierno, a cambio de aceptar un vocal catalán en el próximo Tribunal Constitucional. Se nos dirá que ya hay uno. Pero sabemos que sólo un milagro impidió que votara en el contencioso sobre el nuevo Estatut. De haberlo hecho, ese estatuto anticonstitucional estaría hoy en pleno vigor.

¿Es que no han aprendido nuestros dos grandes partidos, representantes del 85 por ciento de los españoles? ¿Es que su ansia de poder les hace olvidar el compromiso superior que tienen con España y los españoles? ¿Es que no se dan cuenta de que los nacionalismos periféricos deben conllevarse, como decía Ortega, pero nunca ser el árbitro de una nación que no respetan, bien al contrario, niegan? ¿Es, sobre todo, que no ven que la única forma de gobierno hoy en España es la que viene funcionando con tan buenos resultados en el País Vasco, esto es, la gran coalición, que sirve para afrontar los desafíos tanto de la crisis económica, como del terrorismo o de la centrifugación del Estado? Que no lo vea Zapatero, a quien España parece importar poco, se entiende. Pero que no lo vea Rajoy es más preocupante. Yo, de ser Alicia Sánchez Camacho, me andaría con ojo no fuera a pasarme lo que a Vidal Quadras.

ABC - Opinión

Sindicatos. El trabajo que da esta huelga. Por Guillermo Dupuy

No han dado un palo al agua mientras veían cómo un 20 por ciento de trabajadores quedaba indefinidamente en paro, pero van a tener que sudar la gota gorda para lograr que un porcentaje similar de los que aun trabajan deje de hacerlo el día de la huelga.

Decididamente, esta huelga general es, tal y como ha dicho el secretario general de CCOO, una "gran putada". Sobre todo, y paradójicamente, por el mucho trabajo que va a exigir a quienes, como los representantes sindicales, están acostumbrados a no dar un palo al agua, viviendo plácidamente del dinero de los demás. Tratar de conseguir que la huelga a la que, según las encuestas, no piensa secundar el 80 por ciento de los trabajadores no se traduzca en un estrepitoso fracaso, no va ser tarea nada fácil ni cómoda. Y eso que el malestar hacia el Gobierno no falta en absoluto. Lo que ocurre es que una gran mayoría de ciudadanos ve con toda la razón a los sindicatos como los principales cómplices del Gobierno, como los corresponsables de la crítica situación a la que hemos llegado. Además, estos sindicatos que, al margen de secundar al Ejecutivo en su inmovilismo y en sus disparatados planes de gasto público, fueron tan renuentes como él a la hora de reconocer la existencia de la crisis, pretenden ahora culpar de la misma al principal partido de la oposición y a los empresarios. Se trata, por tanto, de una ardua tarea propagandística que, a la vista está, nuestros representantes sindicales no pueden delegar en ningún chichilicuatre si quieren tener mínimas garantías de éxito.

Por otra parte, el supuesto viraje de última hora del Gobierno que ha ocasionado la movilización sindical no deja de ser eso, algo más supuesto que real. No hay más que ver en qué simulacro ha quedado reducida la reforma del mercado laboral, por no hablar del supuesto ajuste en infraestructuras, o los supuestos límites al endeudamiento de ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central.

El caso es que en UGT y CCOO no van a tener más remedio que trabajar más, mucho más, si pretenden que el 29 de septiembre una gran mayoría de trabajadores deje de hacerlo. Estos revolucionarios defensores del statu quo apenas cosecharon el pasado fin de semana apoyos en la patética fiesta minera celebrada en Rodiezmo. Tal vez por ello, este jueves han puesto a "trabajar" en un acto organizado en el Palacio de Vistalegre a 16.000 liberados, traídos en trenes y autobuses contratados especialmente para arropar a sus líderes y hacer una demostración de fuerza ante la huelga.

Con todo, es mucho más lo que van a tener que trabajar si pretenden conseguir ser ellos los únicos que lo hagan el día de la huelga. No han dado un palo al agua mientras veían cómo un 20 por ciento de trabajadores quedaba indefinidamente en paro, pero van a tener que sudar la gota gorda para lograr que un porcentaje similar de los que aun trabajan deje de hacerlo sólo por un día, el próximo 29 de septiembre. Lo dicho: una gran putada.

Libertad Digital - Opinión

La política del margen. Por Fernando Fernández

No sé aún por qué será recordado Rodríguez Zapatero, pero desde luego no como un hombre de Estado.

ESPAÑA tiene ahora margen fiscal, según una vicepresidenta económica que compara peras con manzanas y cae en el espejismo de la recaudación fiscal puntual, y por eso se puede permitir el recién prohibido endeudamiento de unos cuantos ayuntamientos, los que no superen un nivel arbitrario y políticamente calibrado de deuda. Los mercados financieros cogen oxígeno y respiran aliviados tras unos meses de infarto porque la Unión Europea ha decidido posponer la inevitable suspensión de pagos de Grecia, hay margen para desdecirse del recorte del gasto en infraestructuras y ganar unos meses. El desempleo, con más del 40 por ciento de jóvenes en paro y uno de cada dos parados de larga duración, no puede obviamente seguir creciendo al mismo ritmo, hay pues margen para suavizar en la votación final en el Congreso una reforma laboral ya insuficiente y en algunos aspectos, contraproducente. Este sesgo oportunista de la política económica no solo introduce confusión en los ciudadanos e inversores, sino que hace muy difícil tener confianza en el diagnóstico económico del Gobierno y, por tanto, en la necesidad de las medidas de ajuste.

Esta semana hemos visto cómo dos millones de personas se echaban a la calle en Francia para detener la reforma de las pensiones. Sarkozy ha insistido en que no retirará la propuesta, y nadie duda que cumplirá su palabra. No son descartables nuevas acciones de protesta, pero la edad de jubilación será ampliada. No hay duda. En España, con un Gobierno que solo tiene ocurrencias y no políticas, que demuestra a cada oportunidad, a cada pequeño margen que cree percibir en la situación internacional, que ha adoptado un discurso impuesto pero no compartido, una certeza semejante es un acto heroico, un atrevimiento casi suicida. Las palabras del presidente se han convertido en irrelevantes: duran lo que la necesidad imponga, pero ni un segundo más. La credibilidad de la vicepresidenta Salgado linda peligrosamente con la de los presidentes de clubes deportivos el día después de una gran derrota. Ni siquiera el Boletín Oficial del Estado es ya un monumento a la certidumbre, pues se corrige con rapidez y descaro inusual. Como en las series televisivas, donde nunca nadie muere definitivamente, en la España de Zapatero nunca se decide nada, sino que todo depende de las circunstancias. Sinceramente, ¿cree usted por ejemplo que habrá otra reforma laboral si Zapatero dura dos años más? Con esa política del margen, de buscar siempre atajos, huecos, resquicios en la ley o en la situación económica —qué otra cosa se está haciendo, por ejemplo, con la sentencia sobre el Estatuto catalán— se corren dos riesgos importantes. El primero es obvio, que nuestros acreedores se cansen y se vayan. Pero el segundo es letal, que los ciudadanos no compartan la necesidad de reformas, a pesar de que España ha perdido en un año nueve puestos en el ranking de competitividad internacional. En un país menos sectario, Felipe González sería recordado unánimemente por haber consolidado a España en Europa y Aznar, por haber erradicado el populismo tercermundista e instalado la cultura de la estabilidad económica y presupuestaria. Honestamente, no sé aún por qué será recordado Rodríguez Zapatero, pero desde luego no como un hombre de Estado, ni como un político responsable. La política del margen es incompatible con la visión de futuro. Tiene un profundo efecto deslegitimador y nefastas consecuencias para la recuperación económica. Dado el nivel de incoherencia e improvisación, los españoles pueden legítimamente pensar que las reformas son tan urgentes y necesarias como evitar que un asteroide choque contra la Tierra. Total, siempre hay margen de error en su trayectoria.

ABC - Opinión

ETA. Pearson desmiente a Pearson. Por Emilio Campmany

Pero nosotros, que debemos de ser muy burros, erre que erre, que no se negocia con terroristas y que no se les puede dejar concurrir a las elecciones mientras no hayan inequívocamente dejado las armas.

Pearson es un importante grupo responsable de la edición del Financial Times, FT para los amigos. Y, por lo tanto, igualmente responsable del editorial del pasado martes cuando escribió: "Batasuna ha sido ilegal desde 2003, cuando fue sorprendida metiendo dinero público en los bolsillos de ETA. Si el partido y la banda se comprometen a un alto el fuego (...), esta prohibición debería desaparecer. Prolongarla sólo sirve para apuntalar el cada vez menor respaldo que ETA tiene entre los vascos". Total, que al FT le parece que, una vez proclamado el alto el fuego, lo que tiene que hacer el Gobierno es permitir que Herri Batasuna se presente a las elecciones municipales porque, como dice en otro lugar, "criminalizar la expresión de una opinión política no ayuda y es en última instancia contraproducente".

No conforme con esto, el editorial argumenta que la ETA explota otro agravio que pesa sobre los separatistas vascos como es el de la dispersión de los presos etarras. Concretamente dice: "los etarras han sido encarcelados en prisiones de toda España, lejos de sus familias en el País Vasco. Esta situación es percibida como una injusticia y es un chollo para los recaudadores de ETA. Devolver sus presos a cárceles vascas les privaría de este pretexto para financiarse".

Es un editorial muy raro porque parece estar diciéndole a Zapatero lo que le gustaría que le dijéramos y no le terminamos de decirle todos los españoles: "Mira, ¿no ves como al final han dejado de matar? Ahora, si quieres que ETA no tenga excusas, lo que tienes que hacer es dejar que se presenten a las elecciones, acercar sus presos a su tierra y poco a poco, al fin, todo acabará". Pero nosotros, que debemos de ser muy burros, erre que erre, que no se negocia con terroristas y que no se les puede dejar concurrir a las elecciones mientras no hayan inequívocamente dejado las armas y se limiten, como diría el editorialista del Financial Times, a expresar una opinión política.

Ahora, la pregunta es: ¿se corresponde la opinión del FT con la del otro gran medio propiedad de Pearson, The Economist? Este jueves se distribuye el primer número de la revista tras el anuncio de ETA y en él puede leerse: "Ofreciendo un alto el fuego que no llega a ser el sugerido por los líderes rebeldes de Batasuna, ETA está intentando recuperar el control de sus bases. Para ello no pueden ir más allá de la vaga declaración hecha esta semana y emplear el rechazo a negociar de Zapatero como un pretexto para un eventual retorno a las bombas y a los tiros. Pero si ETA pierde el control sobre los separatistas, puede verse forzada a caminar por la senda de la paz [la cursilería está en el original]. El futuro depende de quién gane esta batalla por los corazones y las mentes de los vascos".

El que la opinión de The Economist esté casi tan equivocada como la del Financial Times no la hace menos diferente. La prestigiosa revista hace irrelevante a Zapatero y todo lo reduce a una lucha entre el brazo armado y el brazo político del separatismo vasco. Su punto de vista no puede estar más alejado del que expresó el periódico económico perteneciente a la misma empresa.

Si la opinión del diario no es la del grupo al que pertenece ¿cómo es posible que haya dicho lo que el Gobierno estaba deseando escuchar? La respuesta ya la dio Quevedo.

Libertad Digital - Opinión

Ajuste fino, ministra gruesa. Por Martín Ferrand

Hemos entrado en una espiral capaz de asfixiar el espíritu de la Constitución en el marco caótico de un Gobierno incapaz.

«EL sentido trágico de la vida española —escribió Ramón María del Valle Inclán— solo puede ofrecerse con una estética sistemáticamente deformada». Así era en 1920, cuando se publicó Luces de Bohemia; pero, noventa años después, la profunda y demoledora transformación que el zapaterismo ha impulsado en España obliga a invertir los términos de aquel sabio diagnóstico. En nuestros días, la deformación sistemática de la estética —y de la ética— que preside la acción política nacional es la que genera un sentido trágico de la vida o, si se prefiere para actualizar la expresión, la que inocula una general desesperanza ciudadana frente al futuro y un sentimiento colectivo de malestar y fracaso. Hemos entrado en una espiral, que convendría detener en su permanente desarrollo, capaz de asfixiar el espíritu de la Constitución y de anular su letra en el marco caótico de un Gobierno incapaz, del que se sirven las fuerzas soberanistas y centrífugas de la periferia, que genera paro, déficit, deuda y, sobre todo y más peligroso aún, grandes disparates y contradicciones.

A finales del pasado mes de mayo, con prisas irresponsables e improvisación notoria, el Gobierno prohibió —con fecha 24.V.10— que los ayuntamientos pudieran acudir al crédito privado. Un día después, la vicepresidenta del ramo habló de un «error de imprenta» y situó la aplicación del precepto en el próximo primero de enero. Ahora, sin que medie error de imprenta alguno y sin mayores explicaciones cabales, lo que anuncia Elena Salgado es que los ayuntamientos podrán endeudarse hasta el 75 por ciento de sus ingresos. Son tres variaciones suficientes para demostrar —por decirlo con amabilidad— el amateurismo del Gobierno. Impulsos y espasmos en lugar de razonamientos, estudios y proyecciones solventes de los efectos que cualquier norma puede llegar a generar.

Ayer, para rematar tan burda jugada, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda —mucho traje para tan poco maniquí— se fue a Radio Nacional para aclararnos que, en esto del endeudamiento municipal, los mercados le han permitido al Gobierno realizar un «ajuste fino». Le dice fino —delgado, sutil— al salto que va de la nada al mucho y se queda tan tranquila. Habrá que devolverle la pelota con la afirmación de que Salgado es, aunque mínima y etérea en su presencia, una ministra gruesa; es decir, oscura, confusa y poco aguda. Un especímen típico del zapaterismo. Un esperpento gubernamental que, por contraste, nos convierte a Max Estrella en árbitro de la elegancia, paradigma del optimismo, modelo de alegrías y titular de una penetrante visión, como de lince.

ABC - Opinión

Nacionalismo. Nuestros escritores extranjeros. Por Cristina Losada

La "normalización lingüística" no es un medio para aprender un idioma, sino para aprender a ser catalán, gallego, etcétera. Y para dejar de ser español.

Mi primera percepción del raquitismo cultural propiciado por el nacionalismo –de alta y baja intensidad– tuvo lugar en Galicia hace años. Fue cuando unos universitarios me miraron incrédulos tras mencionar yo, de pasada, que Valle-Inclán era natural de Arosa. "Ah, ¿pero era gallego?". Y tanto. Pero ni don Ramón ni otros literatos gallegos de primer orden figuran en el canon cultural oficialista. Con su exclusión, pagan el pecado de haber escrito su obra en la lengua de Cervantes.

Por idéntico motivo, aunque con mayor recochineo, una serie de autores catalanes viene sufriendo marginación. Ahora, esos reos de traición lingüística han aparecido en un listado del gobierno regional no como miembros del equipo local, sino en el banquillo de los escritores extranjeros residentes. Juan Marsé, que según tal clasificación bien podría ser británico, ha declarado que no le extraña y que, incluso, se siente honrado. Mejor fuera que en el rebaño de los elegidos por quienes retiran la condición de catalán al que no se expresa en lengua catalana. Pero el autor de "Últimas tardes con Teresa" tiene razón al no sorprenderse. La tradición catalanista exhibe, desde sus orígenes, el aborrecimiento del bilingüismo y ha tratado siempre como ajenos a la cultura de Cataluña a cuantos catalanes han escrito en español.

La relación entre la identidad y la lengua es, para el nacionalismo, tan absoluta que sólo quien hable y escriba en la vernácula puede ser considerado catalán, gallego o lo que corresponda. La "normalización lingüística" no es, por tanto, un medio para aprender un idioma, sino para aprender a ser catalán, gallego, etcétera. Y para dejar de ser español. Desde tales presupuestos, no hay convivencia posible y una lengua, la común, ha de desaparecer. Eso es, por cierto, lo que reclamaba la élite intelectual catalana en fecha tan temprana como 1977, cuando en una encuesta realizada por una revista cultural, se mostraba a favor de "liquidar" el fenómeno de los catalanes que se expresaran literariamente en español..

Quién les iba a decir a algunos de los partidarios de la "liquidación" que ellos también serían "liquidados". Y es que uno de los autores expulsados de la "literatura catalana" por la Generalitat es el difunto Manuel Vázquez Montalbán, quien tanto hiciera por legitimar el catalanismo entre los sectores castellanoparlantes de la izquierda. Ni Roma ni Reus pagan a traidores.

Libertad Digital - Opinión

Gobierno en funciones. Por Ignacio Camacho

Los ministros abandonan por goteo implorando el cese en un Gobierno que se desangra. Es un Gabinete en funciones.

EL Gobierno se desangra y Zapatero se ha quedado como el Pantócrator, con un dedo en alto pero inmóvil. Los ministros le abandonan por goteo —la última por ahora en pedirle el relevo ha sido Cristina Garmendia— y le imploran el cese por turnos, pero el líder ha decidido esperar hasta evaluar los daños de la huelga. Lo que queda es de hecho un Gabinete en funciones, que si ya estaba colapsado por falta de cohesión ahora anda simplemente en estado vegetativo. Al presidente le ha fallado el manejo de los tiempos, ese recurso dialéctico con que los políticos encubren su falta de decisión, y el resultado es que se le está pudriendo el Gobierno en la expectativa de su propio desguace.

Claro que los que se quieren ir son los que se pueden ir, los que tienen una vida al margen de la política. Garmendia es una empresaria de éxito que se ha cansado de las falsas promesas de Zapatero, un galán que seduce y olvida. Ni la ministra ni su Ministerio pintan ya nada en un Gobierno que se ha desentendido de la ciencia y de la tecnología. De Gabilondo, otro que no necesita del poder, no consta que haya expresado deseos de retirada pero se dedica a matar su forzoso ocio político escribiendo libros de filosofía. Corbacho no tiene oficio ni estudios pero sí dispone de un sitio donde le quieran, lo que no es poco en estos tiempos de desafecto y de traiciones. Ha preferido el calor de su gente en el cinturón de Barcelona y recoger los restos del inminente naufragio de Montilla.

El presidente abusa de su disciplina de partido y lo va a utilizar como fusible de la huelga: ayer ya lo dejó solo en el Congreso —solo es solo: no había nadie en el banco azul— para defender la reforma laboral, que no ha ideado el Ministerio de Trabajo sino el de Economía, o más bien el grupo de pretorianos de la Moncloa. Como él mismo se ha puesto fecha de caducidad el presidente lo va a achicharrar hasta las cenizas; el líder que se comía los morros con los sindicatos no quiere dar la cara y manda a Corbacho para que se la partan. Y el resto se parapeta en quehaceres que no tiene para evitar salir a una intemperie que se ha vuelto muy desapacible aunque aún colee el verano.

La huelga del 29 quizá tenga poco éxito —y el que tenga dependerá del colapso de los transportes, porque la mayoría no quiere secundarla—, pero sí ha conseguido ya fijarle un paréntesis artificial a la vida pública española. Zapatero se ha hibernado a sí mismo hasta que pase la tormenta laboral (y las primarias de Madrid, que le importan mucho más de lo que sostiene) y está dispuesto a dejar pasar septiembre en blanco. España está bajo un Gobierno provisional, letárgico, que ya ni siquiera oculta su parálisis. Tampoco lo iba a lograr: lleva meses en coma asistido.

ABC - Opinión

CC OO y UGT son los nuevos heraldos de la ruina nacional. Por Antonio Casado

Como heraldos de la catástrofe, los sindicatos toman el testigo del PP. Ahora que Mariano Rajoy ya no se recrea tanto en la morbosa descripción de la ruina nacional (un Gobierno a la deriva que sólo genera paro, recesión económica, exclusión social, fracaso escolar, desprestigio internacional, etc.), Fernández Toxo y Cándido Méndez mantienen vivo ese discurso. Es lógico. Necesitan justificar la convocatoria de una huelga general que parece abocada al fracaso a juzgar por la escasa motivación de los trabajadores detectada en diversos sondeos ante la jornada del próximo 29 de septiembre.

Vistalegre no fue ayer una fiesta porque tampoco lo fue el Congreso, que acaba de fletar la definitiva reforma del mercado de trabajo. Uno de los dos agravios que, según los sindicatos, justifican lo que Toxo cree que va a ser un huelgón. El otro es el famoso tijeretazo del Gobierno al gasto público, que incluye la congelación de las pensiones y el zarpazo al sueldo de los funcionarios. Las dos decisiones forman parte de la lucha contra la crisis económica, que exige reformas estructurales y medidas públicas de austeridad. No hacerlo nos hubiera dejado a los pies de los caballos, como estuvo a punto de ocurrir en mayo, después de la crisis griega.

Pero no es esa, ni mucho menos, la interpretación de los convocantes de la huelga general del 29-S y los actos de precalentamiento. Sostienen que la reforma laboral y las medidas de ajuste no acabarán con la crisis, no impulsarán el crecimiento ni crearán puestos de trabajo. Además, ahora resulta que los derechos de los trabajadores van a quedar recortados.
Son mensajes elaborados para motivar a los trabajadores que, en estos momentos no acaban de ver la utilidad de la protesta contra las políticas del Gobierno. Pero el discurso no para ahí. A Toxo o a Méndez, o a los dos, les estamos viendo estos días en campaña más política que sindical, incluso contra las previsiones oficiales.

Afirman que la economía caerá más de lo previsto, que los ingresos fiscales estarán por debajo de lo calculado, que tendrá que haber más recortes y que aún así España no alcanzará el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3%, como manda la UE, en cuyo club de dos velocidades nuestro país se situará entre los torpes.

Son pedradas eminentemente políticas que recuerdan el discurso de un partido de la oposición. A saber: el Gobierno ha reventado el Pacto de Toledo en materia de pensiones, pone en peligro la caja única de la Seguridad Social en su negociación presupuestaria con el PNV, Zapatero convierte en papel mojado su presunto cambio de modelo productivo, etc.
Como agoreros no tienen precio. Pero la ciudadanía no acaba de ver esta huelga general como la mejor palanca del cambio en la política económica de Zapatero. Los sondeos siguen hablando de un escaso porcentaje de trabajadores dispuestos a secundar una protesta masiva. Y eso quiere decir que los sindicatos están corriendo un riesgo serio de desprestigiarse aún más.

El Confidencial - Opinión

Fidel se colapsa

Lo más probable es que sus declaraciones sean fruto de los estragos de la edad, porque, aunque puede parecer muy lúcido, nadie puede escapar a los naturales efectos del tiempo.

PARA una vez que Fidel Castro habría dicho la verdad al reconocer el colapso del sistema comunista en Cuba, sus partidarios no han reaccionado —como hubiera sido habitual— aplaudiendo las palabras del dictador, sino que aparecen los exégetas del régimen para tratar de justificar esas supuestas declaraciones como un mensaje críptico de apoyo a las reformas, aún más enigmáticas, que atribuyen a su hermano Raúl. La cuestión es mucho más sencilla: que el régimen cubano no funciona es una evidencia desde hace medio siglo, y que el responsable de llevar al país a la catástrofe ha sido Fidel Castro resulta indiscutible. Si realmente cree que la dictadura no funciona, nadie tiene más motivos para proclamarlo oficialmente, anunciar de inmediato su dimisión y la de su hermano y dar paso a elecciones libres en Cuba para que sean los cubanos quienes decidan cómo quieren ser gobernados y por quién. Esa es la única conclusión honesta y lógica de las palabras que se le atribuyen.

Lo más probable, sin embargo, es que todo sea fruto de los estragos de la edad, porque, aunque una persona de 84 años puede parecer muy lúcida, nadie puede escapar a los naturales efectos del tiempo. Ni siquiera se ha aclarado cuál es la dolencia que le ha obligado a una convalecencia de más de dos años, pese a que haya quien crea que Fidel se ha recuperado hasta para volver, si hiciera falta, a la guerrilla de Sierra Maestra. Muchos se sorprenden de tanta actividad y efervescencia por parte del anciano dictador, que ahora da un paso adelante con sus revelaciones más exóticas. Por desgracia, ni decía la verdad cuando estaba lúcido y vigoroso, ni podemos creer que diga ahora lo que verdaderamente piensa. Lo único claro es que su época —y la de prestar atención a sus peroratas— pasó hace mucho tiempo.

ABC - Editorial

Entre la soledad y la ira

El de ayer fue un día especialmente aciago para el presidente del Gobierno, atrapado entre la soledad parlamentaria con que salió adelante su reforma laboral y la hostilidad de veinte mil delegados sindicales que a la misma hora coreaban gritos de «Zapatero, dimisión» en la plaza de Vistalegre de Madrid. Nunca hasta este jueves se había escenificado con tanta crudeza la desafección de los sindicatos hacia quien ha sido durante seis años su mejor aliado y valedor. Y todo apunta a que sólo ha sido el aperitivo de una jornada mucho más demoledora, la de la huelga general, el próximo 29 de septiembre. Al margen de las consecuencias políticas que se puedan derivar de este episodio, que no serán menores ni incruentas para la reorganización de la izquierda, ayer se rompió también la inercia en la legislación laboral con una reforma apreciable, pero que ha tenido la rara cualidad de no contentar a nadie, empezando por el propio Gobierno socialista, que la ha asumido como mal menor y a regañadientes. Bruselas le había exigido a España una reforma laboral ambiciosa como una de las condiciones para que nuestra economía recuperara la credibilidad perdida y saliera de la depresión. Se abrió así una buena oportunidad para renovar las estructuras laborales, cuyo anquilosamiento frenaba la superación de la crisis, y para sentar las bases de un nuevo modelo de mercado de trabajo con el que impulsar, sin merma de los derechos de los trabajadores, la competitividad y el crecimiento sostenido. No ha sido posible. El Gobierno socialista se encastilló en su tímida propuesta y rechazó llegar a un consenso con el centroderecha que habría permitido una reforma de largo aliento y hondo calado. Se faltaría a la objetividad, sin embargo, si se descalificara en bloque la ley aprobada ayer, porque contiene avances sustanciales, flexibiliza capítulos como el de la contratación y el despido, y aporta más rigor a la política de desempleo. Pero se queda corta, muy corta, y no resuelve anacronismos tan perniciosos como el abuso de la negociación colectiva, además de mantener deliberadamente la ambigüedad en las causas del despido, lo que multiplicará la conflictividad judicial. Este «quiero y no puedo» es lo que explica que Corbacho se quedara solo ante el Hemiciclo, sin más compañía del Gobierno que la del presidente Zapatero. Pese a las buenas intenciones, la nueva ley no nace con el vigor necesario para impulsar la competitividad laboral, que se hunde en los últimos puestos del ranking mundial. Según los datos del Informe de Competitividad Global publicados ayer, la eficiencia del mercado laboral español se sitúa en el puesto 115 y en cuanto a flexibilidad laboral ocupa el lugar 130 de la clasificación. De ahí que en el cómputo general de competitividad España haya descendido en un solo año nueve puestos (del 33 al 42), situándose por detrás de países como Puerto Rico, Chipre, Tailandia o Chile. Como dato complementario, conviene anotar que desde 2004 España ha descendido 19 puestos (del 23 al 42) en esta clasificación mundial, lo que revela que se ha reaccionado tarde y mal a los desafíos de una economía globalizada y en crisis.

La Razón - Editorial

La contrarreforma laboral

La razón por la que Zapatero ha aprobado este fraude de reforma laboral es simplemente porque su sectarismo ideológico le impide reconocer que el socialismo es un fracaso y que hay que abandonarlo.

En mayo de este año los mercados nos dieron un aviso muy serio: no confiaban en las posibilidades de nuestro país para devolver todo el dinero que durante una década se le había ido prestando. Se negaron en rotundo a seguir dándonos crédito salvo a unos tipos de interés prohibitivos lo que, de acuerdo con muchos analistas, nos situó al borde de la suspensión de pagos. Los miembros de la zona del euro se pusieron manos a la obra y, al tiempo que aprobaron un megaplan de rescate de 750.000 millones de euros, exigieron a nuestro país reformas inmediatas en dos frentes: el presupuestario y la regulación laboral.

Dado que en apariencia el Ejecutivo español, pese a su evidente desgana, se puso a trabajar en ello, los inversores internacionales renovaron parte de su confianza en nosotros y volvieron a prestarnos dinero. Sin embargo, esa relajación de las tensiones financieras sólo ha conducido a Zapatero a incumplir sus ya de por sí poco ambiciosos objetivos. Después de las rebajas en el ya raquítico recorte del gasto público, ayer se produjo la contrarreforma destinada a descafeinar la reforma laboral.

Nuestro mercado de trabajo tiene varios problemas, pero dos de los más importantes pueden resolverse a corto plazo sin mayores repercusiones. Uno es el excesivo coste del despido, que actúa como freno no sólo al despido sino sobre todo a la contratación. El otro es la absurda disociación entre la evolución de la productividad y la de los salarios –durante los años de la crisis los salarios crecieron más que durante los años de prosperidad– que introducen los convenios colectivos y que provoca que nuestro mercado laboral sólo pueda adaptarse a los contratiempos convirtiéndose en una máquina de despedir gente.

La reforma laboral incide en estos dos problemas, pero sin solucionar con claridad ninguno de ellos. Para atajar el elevado coste del despido propone socializar parte de los costes a toda la sociedad –lo que hará que los empresarios eficientes carguen con los costes artificiales de los ineficientes– y extender el contrato de fomento del empleo con una indemnización de 33 días por año trabajado –algo que sólo afectará a los eventuales contratos futuros y no a los vigentes. Después de eliminar el aclarador "punto y coma" del enunciado de la ley, la extensión del despido objetivo –20 días por año trabajado– al conjunto de la sociedad quedará a la discrecionalidad de los jueces de lo laboral, lo que en la práctica asegura indemnizaciones de 33 días más costes judiciales a cargo del empresario.

Por otra parte, para remediar la rigidez salarial de los convenios colectivos se introduce la posibilidad del descuelgue del convenio para las empresas con dificultades, pero, de nuevo, todo queda a discreción del arbitraje jurídico. Nada garantiza que las empresas que breguen por sobrevivir puedan ajustar sus salarios a la baja, de modo que, mientras tanto, las compañías seguirán desapareciendo y despidiendo a trabajadores.

Las mejoras de la reforma laboral prometidas para verano –y que en parte llegaban introduciendo el punto y coma para reducir la excesiva discrecionalidad de los jueces– se han quedado en nada. El Gobierno ha creído que no había ninguna necesidad de aprobarlas; no ya por la amenaza de una huelga general que más bien parece dirigirse contra los empresarios y el PP, sino por motivos más simples.

La razón por la que Zapatero ha aprobado este fraude de reforma laboral es llanamente porque su sectarismo ideológico le impide reconocer que el socialismo es un fracaso y que hay que abandonarlo. El problema es que, si hay un próximo mayo (y si Zapatero sigue en el Gobierno lo habrá), ya nadie creerá en nuestras promesas de cambio. Entonces la única solución será la dimisión en bloque del Ejecutivo y apechugar con una enorme crisis económica. Claro que Zapatero se irá a casa de rositas con sus prejuicios ideológicos y los ciudadanos sufriremos durante lustros las consecuencias de sus disparates.

Libertad Digital - Editorial

Reforma laboral fallida

Zapatero ha conseguido que la izquierda y los sindicatos afines —sumisos hasta hace poco— hagan causa común con una huelga general que solo puede conducir a agravar nuestros males.

AYER se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados el texto de una reforma laboral que nace con el lastre de la falta de consenso y la convicción general de que es insuficiente para encauzar la salida de la crisis. El Gobierno se ha empeñado en sacar adelante su propio proyecto. De las cerca de 600 enmiendas presentadas en sucesivos trámites parlamentarios, sólo se han admitido 70, y ayer mismo fueron rechazadas todas las modificaciones aprobadas por el Senado (incluido el ya famoso «punto y coma»), excepto una de escasa relevancia. El PSOE ha salvado el tipo prácticamente en soledad, por la mínima y poniendo de manifiesto que, en la práctica, las culpas de las consecuencias de esta reforma laboral recaerán exclusivamente sobre los socialistas. Ayer, con toda razón, el PP reiteró sus críticas sobre esta oportunidad perdida para hacer frente con seriedad a los problemas de un mercado de trabajo extremadamente rígido, que necesita decisiones mucho más ambiciosas de cara al objetivo fundamental de crear empleo. Rodríguez Zapatero ha conseguido que la izquierda y los sindicatos afines —sumisos hasta hace poco— hagan causa común en la defensa de una huelga general que solo puede conducir a agravar los males que aquejan a una economía actualmente bajo mínimos. Los gritos de «Zapatero dimisión» que ayer se escucharon en el acto sindical de «calentamiento» de la huelga son un reflejo bien significativo del estado de ánimo de miles de trabajadores indignados.

Mientras crecen las colas del paro, nuevos datos vienen a confirmar el deterioro imparable de la situación. Así, España ha caído notablemente en los índices internacionales de competitividad, pasando del puesto 36 al 43, empatado con Puerto Rico. La aparente mejora de las exportaciones, muy limitada en todo caso, se debe más bien al abaratamiento de los costes que a una recuperación inexistente. Es muy significativa la imagen de Celestino Corbacho solo en el banco azul, mientras apura sus últimos días antes de abandonar el barco que zozobra. Una y otra vez, el PSOE pretende salir del paso «como sea», en esta ocasión con una reforma que rechazan los empresarios, los sindicatos, los expertos y todos los grupos parlamentarios, incluso aquellos que permiten su aprobación por razones coyunturales. Un retoque en las causas del despido objetivo y un nuevo recorte de las prestaciones sociales no son ni mucho menos argumentos suficientes para dar el impulso necesario a una sociedad que desconfía profundamente de un Gobierno incapaz e incoherente.

ABC - Editorial

Bondades nefastas. Por Hermann Tertsch

Poner coto a una delincuencia de gitanos balcánicos no es maldad, ni fascismo.

HAY que tener mucho cuidado hoy en día con lo que se dice. Hay que ser muy bueno y comprensivo y tolerante y amante del amor multirracial. Forzosamente. Si no se quiere uno convertir en un apestado que se merece lo peor. Por racista, xenófobo o nazi. Todos estamos advertidos. Ayer le tocó el turno al bueno de Esteban González Pons en la «televisión pública», que podría llamarse «TeleLukashenko». Sólo en Bielorrusia hay en Europa una televisión que rezuma tanto paleoizquierdismo como la casita de Oliart. González Pons tenía que responder a una pregunta sobre el debate abierto en toda Europa sobre la inmigración y en este caso sobre la política hacia la comunidad gitana llegada a Europa occidental desde los Balcanes orientales. González Pons no se batió mal frente a una pregunta, por supuesto malintencionada, que en síntesis venía a plantearle la sospecha de que el PP podría ser tan xenófobo y perverso como Sarkozy. Y el político del PP, consciente de que todo lo que dijera podría ser utilizado en su contra, recurrió a su zurrón de bellas palabras para hablar de las infinitas bondades de la integración, la convivencia y los derechos humanos. Es decir de todos los lugares tan comunes que nadie cuestiona. Sólo al final, con boca algo pequeña, aludió a los derechos de todos, «también de los españoles», y al cumplimiento de la ley por todos. Ahí, en el cumplimiento de las leyes, es donde está la cuestión a la que los políticos no quieren entrar. Por eso hay ya bolsas de inmigración para las que las leyes no parecen regir. Siguen hablando de «los casos aislados de delincuencia», de los éxitos de la integración y de otras quimeras que hace tiempo gran parte de la población sólo percibe para irritarse aún más. Nuestros políticos siguen minimizando u ocultando un problema que, como ya ha sucedido en Alemania o Francia, les acabará estallando bajo sus indolentes poltronas. Parecen estar esperando a que irrumpan en la política racistas de verdad y a éstos obtengan sus primeros éxitos de reclutamiento y votos entre ciudadanos hartos de ser tachados de racistas por expresar sus temores y hablar de realidades cotidianas.

En nuestro país, gracias a la hegemonía mediática de una izquierda simplista y manipuladora, puede existir la impresión de que Francia y Europa se han levantado indignadas contra las medidas de Sarkozy. ¡Quiá! Los doce mil manifestantes que protestaron contra ellas el pasado sábado en París reflejan mejor la realidad. La fotografía de Jane Birkin encabezándola, el prototipo de la «pijoprogre» que vive en el centro de París, en Saint Germain de Prés, donde no verá a un gitano rumano ni buscándolo, habrá confirmado a millones de parisinos de extrarradios —expertos en la convivencia con esta inmigración— que nada se les había perdido en aquella manifestación. Cierto, la cuestión es muy compleja y las medidas de Sarkozy pueden gustar o no. Pero poner coto a una delincuencia de gitanos balcánicos, que existe, y a su falta de voluntad de integración y cumplimiento de las leyes, que también, no es maldad ni fascismo. Temeridad es esa supuesta bondad, simple y mentirosa, que oculta los problemas con nefastas consecuencias.

ABC - Opinión

Beneméritos, pero mal pagados. Por M. Martín Ferrand

Solivianta el ánimo que un centenar de guardias civiles se manifiesten para reclamar algo que la Nación les debe.

YA sabemos que Alfredo Pérez Rubalcaba, gran señor de urdimbres y maquinaciones, tiene mucha tarea por delante. En los últimos días hemos podido verle, en sustitución de los tres vicepresidentes que adornan el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena negociación con el PNV de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos y, en el lugar del vicesecretario general y de la secretaria de Organización del PSOE, dedicado al zascandileo para favorecer a su colega ministerial, Trinidad Jiménez, en perjuicio de Tomás Gómez en el divertido vodevil que ha estrenado el socialismo madrileño de cara a su futuro enfrentamiento electoral autonómico con Esperanza Aguirre. Es mucha la capacidad del cántabro que tiene demostrada su potencialidad polimórfica, poliédrica y hasta polisémica; pero un violín, aunque sea Stradivarius, no soporta más de cuatro cuerdas.

Entre las tareas pendientes, descuidadas, por Rubalcaba no es la menor la de poner al día las condiciones y medios de trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es una responsabilidad que, mirando hacia atrás, puede compartir con sus predecesores en Interior —Alonso, Acebes, Rajoy, Mayor Oreja, Belloch...—, pero que ofende al sentido de un Estado en el que sus equivalentes autonómicos gozan de mejor retribución, mayor respeto y más adecuadas herramientas de trabajo. La Policía Nacional y especialmente, por su naturaleza militar, la Guardia civil tienen demostrada su eficacia y capacidad de servicio y entrega. Por eso solivianta el ánimo ciudadano que, a pesar de jugarse el empleo y empujados por el estado de necesidad, un centenar de guardias civiles hayan tenido que manifestarse para reclamar algo que la Nación les debe.

No vale, como justificación gubernamental, la invocación a la escasez de recursos disponibles. Bien está el ahorro en lo accesorio; pero, en lo fundamental, en lo que afecta a la columna vertebral del Estado, no caben recortes. La Guardia Civil —y la Policía Nacional— merece salarios dignos y no el agravio comparativo frente a sus colegas vascos y catalanes, necesita equipos de trabajo y material que no resulte anacrónico y, sobre todo, tiene derecho a un mayor reconocimiento ciudadano del que tienden a privarles una larga serie de circunstancias, entre las que destacan los complejos instalados entre quienes, sumergidos en la mentecatez plurinacional española, parecen incapaces de valorar adecuadamente lo que es la Nación y lo que deben ser los servicios del Estado que han de protegerla y hacerla funcionar. En cuanto Rubalcaba aligere su carga multifuncional debiera tomarse en serio esta tarea.

ABC - Opinión

BBC. Los altavoces del terror. Por Cristina Losada

Se adoptan definiciones menos negativas, más aceptables y benignas. Y, así, el muy honorable principio de preservar la imparcialidad conduce a ser parciales... en beneficio de los terroristas.

La discusión sobre el tratamiento informativo del terrorismo genera grandes dosis de hipocresía. Todo el mundo (serio) está de acuerdo en que los medios no deben de servir de vehículos a la propaganda terrorista. Sin embargo, helos ahí, tantas veces, en el papel de abrecartas y altavoces, y hasta de figurantes –nunca pescados al azar– en la tramoya publicitaria de alguna banda criminal de esa clase. Se ha especulado sobre los motivos por los que ETA entregó su último vídeo a la BBC y, al calor del fuego, se han contado bonitas historias de reporteros. Pero, navaja de Occam mediante, no parece que estemos ante un gran misterio. A través de la BBC pudo colocar su mercancía en las mejores tiendas de la aldea global y hacerlo de la manera que más le favorecía.

En sus primeros despachos, la cadena permitía inferir que ETA anunciaba el abandono de las "acciones armadas" para siempre. Era, como ha escrito Rogelio Alonso, una tergiversación que facilitaba una interpretación benévola de las intenciones de la banda. Será el síndrome de la primicia: a ver quién está dispuesto a quitarle octanos. O –de nuevo Alonso– sucumbió a las imágenes sensacionalistas ofrecidas por los criminales. Luego, como de costumbre, empleaba el tippex clásico: el término "terrorista" está proscrito por su carga emocional y subjetiva. Por tanto, se adoptan definiciones menos negativas, más aceptables y benignas. Y, así, el muy honorable principio de preservar la imparcialidad conduce a ser parciales... en beneficio de los terroristas.

La prensa británica ya nos regaló, en su día, un reportaje sobre De Juana Chaos, foto montaje incluido, que movía a la compasión con el autor de 25 asesinatos: "Esposado y demacrado, un asesino de ETA aboga por la paz en su lecho de muerte". Pero no se achaquen estas prácticas sólo a un desconocimiento de la naturaleza de la banda y a los residuos de viejas sospechas sobre nuestra democracia. Algo de eso hay, pero la complacencia con los terroristas traspasa fronteras. La propia BBC originó algún escándalo por sus accesos de simpatía hacia el IRA. Y en un caso en que el Gobierno pidió la censura de una entrevista, los periodistas hicieron huelga en protesta por la injerencia. Para encontrar las causas del buen trato a los terroristas en la prensa conviene seguir las huellas de la ideología.

Libertad Digital - Opinión

Política Ni-Ni. Por Ignacio Camacho

La educación no vende, no gana votos, y últimamente ya no es necesaria siquiera para triunfar en política.

TENEMOS una generación ni-ni tan numerosa (la segunda de la UE, por detrás de Italia) que ya se ha instalado hasta en la política. En la nomenclatura de los partidos emerge una pléyade de jóvenes que apenas ha terminado los estudios superiores e ignora lo que es cotizar a la Seguridad Social fuera del amparo de las nóminas de cargos públicos. En Andalucía, Griñán ya le ha dado el poder del PSOE a un par de ellos, cuya principal —y provechosa— escuela ha sido el nido del aparato orgánico; son audaces, agresivos y corajudos, pero les falta formación incluso en su propia ideología porque han llegado a la política en una época en la que la única ideología es el poder. No son ni serán los únicos; el fenómeno se está extendiendo por una vida pública que al fin y al cabo no es sino el trasunto de la propia sociedad. Y una sociedad intelectualmente desarmada no tiene más remedio que regirse por dirigentes modelados con el mismo perfil.

El problema es que llegados al poder no son sensibles con el problema educativo porque no lo perciben como tal; puesto que les va bien andan encantados de haberse conocido. La (mala) educación no sólo es el principal lastre de la competitividad española sino que lo va a seguir siendo porque la política le ha vuelto la espalda, ensimismada en la bronca, el clientelismo y las tácticas de corto plazo. Las inversiones educativas no proporcionan frutos inmediatos, rentabilizables cada cuatro años a vuelta de elecciones, pero es lo que suministra musculatura a un país y garantiza su desarrollo a futuro. En España los gobiernos modernos han construido escuelas y universidades —de éstas quizá demasiadas— pero no se han preocupado de la calidad de la enseñanza ni de la estructura del conocimiento; hemos estabulado en las aulas a varias generaciones pensando en su educación como un asunto estadístico. Y ni siquiera podemos presumir de cifras.

Van algunas, de antier mismo. Estamos 25 puntos por debajo de la media europea en educación posobligatoria y 14 en titulados de formación profesional de grado medio. Los universitarios de hasta 29 años con un trabajo inferior a su cualificación son un 44 por 100 frente al 23 medio de la OCDE. Y luego están los famosos ni-nis, emblema de una frustración social amenazadora. ¿Hace falta seguir o basta con pasearse por aulas y claustros? La retórica política sobre la innovación, el I+D y otros mantras es pura farfolla; nos falta conocimiento, masa crítica de estudios que aseguren una formación competitiva, y no hay programa de gobernanza que tenga de veras en cuenta esa carencia esencial en una nación contemporánea. La educación no vende, no gana votos, no tiene el tirón inmediato de las subvenciones ni el gancho de los dicterios dialécticos. Y últimamente ni siquiera sirve de requisito para triunfar en la propia política.

ABC - Opinión

Una cita clave en Cataluña

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

Cataluña empieza el curso con la mirada puesta en su principal examen: las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 28 de noviembre, cuatro años justos después de que José Montilla tomara posesión como presidente de la Generalitat. Pero no se trata de unos comicios que sólo interesen a los catalanes, sino que también incumben al resto de los españoles por obvias razones políticas, económicas e institucionales. Tras ocho años gobernada por una coalición de izquierdas e independentistas, la comunidad catalana se enfrenta a un cambio de ciclo que va más allá del presumible regreso de CiU al Palau de la Generalitat para afectar al modelo de sociedad y a la convivencia. La coyuntura es especialmente delicada: aguda crisis económica, desafección política de la ciudadanía a causa de unos dirigentes desacreditados, aumento sin control ni adaptación de inmigrantes, creciente fracaso escolar y un sinnúmero de conflictos derivados del malogrado Estatuto que, lejos de favorecer el encaje institucional, ha exacerbado las tensiones. Ante este escenario altamente volátil, sería demoledor que los partidos y sus dirigentes no enmendaran la forma de hacer política y se entregaran a una campaña barriobajera, pasional y demagógica, dando así alas a los tres principales enemigos de los catalanes: el abstencionismo ciudadano, fruto de la decepción; el abusivo intervencionismo gubernamental, que asfixia a la sociedad abierta; y el separatismo político, que envenena la convivencia entre los propios catalanes y con el resto de los españoles. Los políticos de Cataluña se engañan a sí mismos cuando ocultan la creciente distancia que les separa de los ciudadanos y aprueban normas que apenas si son demandadas o apoyadas por ellos. Un ejemplo nítido es el Estatuto: pese a que su reforma sólo la pedía una ínfima minoría, se embarcaron en una aventura que ha terminado mal y, para colmo, sin el apoyo de la gran mayoría del censo electoral, dudosa representatividad que los dirigentes se han empeñado en ocultar para no reconocer su propio fracaso. Pues bien, el cambio de ciclo que se aproxima también debe conllevar un cambio de gestión en las relaciones del Gobierno catalán con el Gobierno de la nación basado en las relaciones constructivas, el sosiego institucional y la solidaridad interregional. Las reglas del juego, establecidas en la Constitución y garantizadas por el Tribunal Constitucional, están para cumplirse con lealtad, no para burlarlas mediante subterfugios y argucias. En este envite se pone en juego la prosperidad del conjunto de España, pero en especial de los catalanes, cuyas principales preocupaciones no son los experimentos soberanistas, sino el paro, la formación de las nuevas generaciones, la competitividad, el sistema de bienestar y el reto inmigratorio. Todos los dirigentes políticos han coincidido en que Cataluña se enfrenta a unas elecciones históricas. Pues bien, es de esperar que hagan honor a esa cita con la historia y estén a la altura. O cuando menos, que actúen con lealtad a los ciudadanos y lealtad constitucional, que es lo mínimo que se le debe exigir a todo servidor público.

La Razón - Editorial

Salgado rectifica una rectificación de Salgado

Con su irresponsable política de gasto público, Gallardón no sólo está endeudando hasta las cejas a los madrileños,sino que está neutralizando la propia crítica de su partido al Gobierno por su escasa determinación a la hora de apretarse el cinturón.

Los irresponsables bandazos en política económica del Gobierno no cesan: después de que el ministro de Fomento, José Blanco, se llevara este verano la palma en este terreno al anunciar que consideraba "excesivo" el recorte de 6.400 millones en infraestructuras que él mismo había aprobado escasos meses antes, ahora nos sale la ministra de Economía y Hacienda rectificando el Decreto de Medidas de Contención del Déficit que había aprobado el pasado mes de mayo, y que ya contenía, a su vez, una importante rectificación respecto a lo que había aprobado días antes el Gobierno en Consejo de Ministros.

Para que los lectores no pierdan el hilo con tanto bandazo, debemos recapitular: tras reconocer que estábamos en crisis y, se supone, que de aceptar más tarde que de esta no salíamos disparando el déficit y el endeudamiento con ruinosos Planes E, parecía que el Gobierno iba a tomarse en serio las advertencias de nuestros socios comunitarios sobre la necesidad de ajustar los gastos a los ingresos públicos. De ahí vienen, entre otros, el plan de recorte de infraestructuras de Blanco y el plan de contención del Déficit de Salgado, anunciados ambos en mayo. En este último plan, el Consejo de Ministros había decidido prohibir de forma inmediata a todos los ayuntamientos la solicitud de nuevos créditos. Sin embargo, tras las protestas de no pocos ayuntamientos renuentes a apretarse el cinturón, el Gobierno rectificó la fecha de entrada en vigor de dicha prohibición posponiéndola al 1 de enero de 2011. Esta irresponsable modificación, que Salgado tuvo la desfachatez de atribuir a un error del BOE, ha servido para que no pocos ayuntamientos se lanzaran a pedir nuevos créditos, sabiendo que a partir del año que viene ya no podrían hacerlo.

Sin embargo, ahora Salgado nos anuncia una nueva y aun más irresponsable rectificación de su plan, por la que los ayuntamientos con una deuda inferior al 75% de sus ingresos sí podrán seguir pidiendo créditos. Aunque, entre las grandes ciudades, sólo Barcelona y Sevilla están por debajo de ese umbral de endeudamiento, esta rectificación no deja de ser un coladero para que los ayuntamientos prosigan por la suicida senda de vivir por encima de sus posibilidades, endeudando todavía más a sus ciudadanos y obstaculizando las posibilidades de recuperación económica.

Si la imagen del Gobierno, modificando constantemente y a peor, su política económica es patética, no menos lamentable es la imagen que, desde el PP, está dando, sobre todo, Alberto Ruiz-Gallardón. El consistorio que preside este "verso suelto" del PP es el más endeudado de España. Sólo él acapara el 50% de la deuda total de las capitales de provincia, con una deuda que supera nada más y nada menos que el 148% de sus ingresos. Con esta irresponsable política de gasto público, Gallardón no sólo está endeudando hasta las cejas a los ciudadanos madrileños, al tiempo que les causa no escasas molestias con sus faraónicas obras, sino que está neutralizando la propia crítica de su partido al Gobierno por su escasa austeridad y determinación a la hora de apretarse el cinturón.

Claro que no menos bochornosas han sido, en este sentido, las declaraciones del secretario de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, quien, en lugar de denunciar el irresponsable coladero que conlleva esta última modificación de Salgado, da la impresión de que le parece insuficiente. Así, Moreno ha acusado a Salgado de "faltar a la verdad" porque la "mayoría" de los municipios grandes "no se va a beneficiar" de la modificación del decreto. Asimismo, Moreno ha explicado que una gran mayoría de los municipios de más de 100.000 habitantes tienen un nivel de endeudamiento de más del 75% por lo que no podrán pedir nuevos créditos. Vamos, como si lo deseable fuera que no hubiera límites al endeudamiento de las administraciones (¿dónde quedó toda la saludable retórica favorable al déficit cero del PP?).

Por mucho que a estos políticos, que piensan más en el bolsillo de los administradores que en los de los ciudadanos, les parezca un "beneficio" seguir endeudándonos, lo que es un hecho es que los ayuntamientos no pueden quedar al margen de los planes de austeridad y de control del gasto que pide a gritos nuestra economía. Que los consistorios puedan seguir viviendo por encima de sus posibilidades, puede ser un provecho para los políticos y sus redes clientelares, pero no lo es en absoluto para los ciudadanos. Sin embargo, ya ven, aquí el PP y el PSOE parecen que compiten para ver quien es el más irresponsable.

Libertad Digital - Opinión

El factor Zapatero

La previsible derrota del PSC en las elecciones del 28-N alcanzaría de lleno a Rodríguez Zapatero a cinco meses del resto de comicios autonómicos y locales.

LAS elecciones catalanas del 28 de noviembre tienen una serie de valores políticos añadidos que harán que sus resultados trasciendan a la política nacional, además de constituirse en el juicio ciudadano sobre la tormentosa legislatura que ahora acaba. Quiera o no el PSOE, el 28-N es la primera prueba de fuego para Rodríguez Zapatero, porque a estas elecciones llegan en mal estado dos de sus invenciones políticas más críticas: el Estatuto de 2006 y la fórmula del tripartito socialnacionalista. Estos ejes de la política catalana son producto de la ingeniería de partido puesta en marcha por Zapatero en 2003 para sentar las bases de una consolidación del poder de izquierda en España, lo que exigía un pacto extremista con los nacionalismos radicales contra el PP y una subversión de los principios del Estado de las Autonomías. Ambos objetivos han sido un fracaso, como se vio en Galicia y el País Vasco, donde, respectivamente, el PP gobierna y permite a los socialistas gobernar; y como se ha visto en la sentencia del Tribunal Constitucional, que desmontó buena parte del tinglado confederal urdido por Zapatero. Además, se añade el balance, puro y simple, de la gestión del tripartito de Montilla, lo que pone a los socialistas catalanes en puertas de una derrota previsiblemente abultada, una derrota que alcanzaría a Zapatero a cinco meses del resto de elecciones autonómicas y de los comicios locales, lo que explicaría los mensajes escépticos o críticos de algunos barones territoriales del PSOE sobre la deriva del Ejecutivo central y sus llamamientos bien a una crisis de Gobierno, bien a una mejor comunicación con los ciudadanos. En ambos casos, se trata de síntomas claros de desconfianza, más o menos incipiente, en el factor Zapatero como estímulo electoral.

En relación más inmediata con el electorado catalán, la situación del PSC resulta claramente contraindicada para afrontar unas elecciones tan comprometidas como las del 28-N. Aparte de abandonos sonados, como el del consejero Antoni Castells, la llegada del aún ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no ha propiciado mensajes o imágenes positivas para el futuro candidato Montilla. Por el contrario, ha sido una decisión que garantiza complicaciones para los socialistas en una campaña en la que la economía y el desempleo van a estar muy presentes. Un candidato con el marchamo de una tasa del 20 por ciento de paro es muy vulnerable, y aún le queda la huelga general. El estado del socialismo catalán es manifiestamente defectuoso, internamente inestable y externamente asociado al fracaso de Rodríguez Zapatero en el Estatuto de 2006 y en la gestión de la crisis económica.

ABC - Editorial

El embrollo de unas primarias donde Zapatero se la juega. Por Antonio Casado

El otro día atribuí indebidamente a Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación, un papel de asesor en el equipo de Trinidad Jiménez. Me llama para precisar que nada tiene que ver con la campaña de la ex ministra en su disputa con Tomás Gómez por la candidatura socialista a la presidencia de la Comunidad madrileña. Rectifico encantado. No es la primera vez que me intoxican y no será la última.

Además, y por el mismo precio, el de la cordialidad, me quedo con su comentario sobre la aventura emprendida por la ministra de Sanidad, con la escolta de dos compañeros de Gabinete, Blanco y Rubalcaba. “No es que me hubiera importado echarle una mano, pero de haberlo hecho confieso que lo tendría muy difícil”, me dice Miguel.

Y tanto. Se han metido en un buen lío. No solo la ministra, sino quiénes la empujaron, empezando por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero. No han podido hacer mejor las cosas para convertir al líder de los socialistas madrileños en un referente de la política nacional y elevar su índice de conocimiento a cotas que Tomás Gómez, el insumiso, nunca pudo imaginar. Ya solo falta que el Consejo de Ministros y la Ejecutiva Federal le declaren persona non grata para lograr su definitiva consagración.

El enredo es considerable y tendrá consecuencias para Zapatero, por mucho que se empeñe en convencernos de que él no se juega nada en estas primarias. No puede declararse exento después de haberse implicado tanto. Este lunes, ante la Ejecutiva reunida en Ferraz, volvió a mostrar su inequívoca preferencia por Trinidad Jiménez. Si pierde la apuesta, otros se la cobrarán. Dentro y fuera de su partido. Así son las cosas en política.

De modo que sólo saldrá del embrollo si se produce una victoria de su ministra sobre Tomas Gómez en las primarias del 3 de octubre y luego, en las autonómicas de mayo, Esperanza Aguirre pierde la mayoría absoluta y el PSOE sienta a Trinidad Jiménez en la Puerta del Sol. Si la secuencia es otra, Zapatero pagará la apuesta perdida con nuevos desperfectos sobre su ya castigada imagen pública, siendo la mejor de las hipótesis que Gómez saliera airoso en las elecciones autonómicas después de reventar la apuesta de Zapatero en las primarias.

Solo una ventaja tiene la dinámica propia de esta pugna, tal y como se ha planteado. Me refiero al protagonismo que regala a los dos candidatos, sobre todo a Gómez que, efectivamente, partía con una desventaja considerable respecto a Jiménez, tanto en los índices de conocimiento como en los de valoración.

Lo demás son desventajas. Gane quien gane. Si Gana Gómez, Zapatero y Moncloa quedan desautorizados, por no decir en ridículo. Si gana Jiménez, el fantasma de la bicefalia se instalará en el PSM, al menos entre el octubre de las primarias y el mayo de las autonómicas, con una más que probable espantada de Tomás Gómez. Desautorizado por los militantes, lo normal es que dimitiera como secretario general del PSM.

El Confidencial - Opinión