El Gobierno avisa: vienen "tiempos duros" y los españoles deberán resignarse y esperar a que la tormenta escampe. Mientras tanto, desde Moncloa se plantean parches de dudosa efectividad y que no son apoyados por el Parlamento. Del debate en el Congreso de los Diputados se pueden extraer algunas conclusiones interesantes para determinar el grado de maniobra y voluntad que tiene el Ejecutivo en la aplicación medidas anticrisis.
Todos los grupos parlamentarios atacaron la gestión del Gobierno y su falta de previsión en la pérdida de vigor de la economía, a lo que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, replicó con críticas indiscriminadas, especialmente al PP, justificando la existencia de la crisis por la política del ex presidente Aznar a finales de los años noventa y por las turbulencias financieras estadounidenses, que han secado la liquidez de las empresas y ha generado la desconfianza en la salud de los bancos y cajas de ahorros.
A pesar de que desde Moncloa se había filtrado a varios medios de comunicación que la intervención de Zapatero se centraría en ofrecer soluciones para paliar el espectacular crecimiento del desempleo, con una tasa de paro que
ya alcanza el 11 por ciento, el
presidente se limitó a anunciar tres iniciativas cuyo éxito está en entredicho antes incluso de llevarlas al papel.
Se trata de la creación de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, la inyección de dinero de todos los contribuyentes en el sector de la promoción de viviendas y la ya explicada subida del 6 por ciento de las pensiones mínimas.
Nuevos vehículos de inversión
En primer lugar, la llegada a España de las
Real Estate Investment Trust (REIT), es decir, vehículos de inversión que aportan ventajas respecto a otros modelos, como pueden ser los Fondos de Inversión Inmobiliaria que ya existen en España.
Según explica José Luís Suárez, profesor del IESE, “la ventaja de los REIT es que son sociedades anónimas, como cualquier otra empresa, que normalmente cotizan en Bolsa, con la diferencia de que no están gravados por el Impuesto de Sociedades, ya que están obligados a distribuir hasta el 100 por cien de sus beneficios en forma de dividendo a los accionistas”.
Zapatero explicó en el Congreso que las nuevas sociedades cotizadas "contribuirán a dinamizar el mercado inmobiliario", ya que servirán para facilitar el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador, proporcionarán flexibilidad a las inversiones inmobiliarias de las empresas y aportarán liquidez a las inversiones en esta actividad.
Esto es cierto, pero sólo cuando los mercados bursátiles pasan por una etapa de estabilidad y cuando los inversores confían en la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, factores que, en la actualidad, no se producen.
El presidente del
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Graham Chase, alerta de que “una de las condiciones
para garantizar el éxito de estas sociedades de inversión es que se establezcan en países que gozan de una economía y un mercado de valores estable, y podría ser bastante peligroso que se introdujeran en mercados con grandes fluctuaciones”.
En la actualidad, todo lo que suene a ladrillo provoca el terror en los inversores, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, por lo que parece difícil que la medida remonte la actividad de las promotoras.
Dinero de todos para premiar la ineficiencia
En segundo lugar, el presidente apostó por destinar dinero público, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para salvar la cara a unas inmobiliarias que se han endeudado hasta límites insospechados, han destinado parte de sus recursos a aventuras empresariales en otros sectores de actividad y han adoptado un modelo de negocio a todas luces insostenible, sobre todo en una economía donde la deuda de las familias supera en un 20 por ciento su renta disponible, con un entorno alcista de tipos de interés.
En concreto,
el Gobierno dará 3.000 millones de euros para financiar a los promotores que pongan sus pisos en alquiler, lo que, según Zapatero, permitirá ampliar los plazos de los préstamos que han solicitado estas empresas para la construcción de viviendas, ya que
el sector financiero ha cortado el grifo a las inmobiliarias como consecuencia del hundimiento de las ventas y
la caída de los precios, que ya alcanza el 8 por ciento.
En España sí hay subprime
Lo que Zapatero no explicó es que los bancos y cajas de ahorros no prestan dinero a las promotoras porque no lo podrán devolver. Aunque para el inquilino de La Moncloa la razón de la crisis de liquidez internacional se encuentra en el estallido de la crisis de las hipotecas basura en EEUU (subprime), esto no implica la falta de responsabilidad nacional.
Modelo de pensiones “insostenible”
La tercera medida que propuso Zapatero es el aumento de las pensiones mínimas en un 6 por ciento para el próximo año. Esta subida añadirá más factores de riesgo a la evolución futura del sistema de pensiones, que, según un informe interno del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es ya “insostenible”.
De esta forma, a la hora de calcular la pensión entrarían en ponderación los primeros años de la vida laboral que, en líneas generales, tiene retribuciones más bajas que los del final de la carrera (en la actualidad se tienen en cuenta los últimos 15 años para calcular la prestación).
Otra vía para evitar que la Seguridad Social entre en déficit sería aumentar las cotizaciones sociales, según Trabajo, pero esto es imposible si lo que se persigue es crear empleo. A más cargas empresariales menos incentivos para contratar.
Desviación del IPC
Y todo ello, sin contar con la carga que supondrá para las arcas publicas la compensación a los pensionistas por la desviación del Indice de Precios de Consumo (IPC). La ley obliga a compensar a este colectivo por cada décima que separe a la inflación del 2 por ciento.
Las previsiones de la Comisión Europea (CE) revelan que España cerrará el año con una inflación del 4,5 por ciento, es decir, dos veces y media por encima del objetivo. Eso sí, Zapatero apuntó este miércoles que la tasa se situará en el 4 por ciento a final de año, ya que “la CE siempre se equivoca”.
En definitiva se tratan de parches que no sólo no van a impulsar la economía española, sino que dificultarán la salida de la recesión en el largo plazo. En épocas de vacas gordas siempre es necesario ajustarse el cinturón y adoptar medidas que, aunque sean impopulares, son necesarias. Son las tantas veces mencionadas y nunca realizadas “reformas estructurales”, entre las que destacan la reforma del mercado laboral para dotarlo de flexibilidad, la congelación de los sueldos de los cargos públicos (de todos) y la liberalización de sectores intervenidos, entre otras iniciativas. Pero de esto, nada de nada.