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Galicia
«Los guardianes de las esencias han de preservar la irracional tiniebla para cultivar el hongo del victimismo. Su objetivo no es, qué tontería, debatir ni rebatir, sino hacer de FAES el sacaúntos con el que se asusta a los niños gallegos.»
La fundación que preside José María Aznar ha contraído una deuda con socialistas y nacionalistas galaicos. Es muy posible que nadie, incluidos los militantes y cuadros del Partido Popular, le haya prestado nunca tanta atención a la FAES como los sagaces dirigentes de los dos partidos recientemente derrotados. Están haciendo un gran trabajo. De seguir así, lograrán que el think tank del PP llegue a ser tan conocido en Galicia como el presentador del programa de variedades más longevo de la tele autonómica. Toda una proeza si se considera que esos semilleros de ideas no suelen disponer siquiera de los quince minutos de fama.
Gracias al tenaz esfuerzo del PSdG y el BNG, la fundación del PP está obteniendo, gratis total, una publicidad impagable. Su nombre está en boca de todos. Resuena día sí, día no en el parlamento y aparece con envidiable frecuencia en periódicos, tertulias y debates. Y esa notoriedad se la debe FAES a un artículo que publicó del filólogo gallego Andrés Freire. La pieza se ha convertido en argumento principal de la oposición, un destino del que pueden vanagloriarse pocos articulistas. Cosa distinta, claro, es que vaya a ser leída. No quieren eso las huestes del difunto bipartito. Y para evitarlo han hecho una labor propia de un Reader’s Digest de factura staliniana. El texto de Freire es paseado por el escenario político y mediático como un artículo "contra el gallego", un "ataque al gallego", "las tesis antigallegas de FAES" y hasta ha dado pie a que se alumbrara una equiparación de FAES con ETA.
Como es costumbre, el autor ha gozado de un derecho de réplica tan limitado como ilimitadas han sido las distorsiones que se han hecho de su pieza. Los guardianes de las esencias han de preservar la irracional tiniebla para cultivar el hongo del victimismo. Su objetivo no es, qué tontería, debatir ni rebatir, sino hacer de FAES el sacaúntos con el que se asusta a los niños gallegos. Y en esa tarea han encontrado un aliado en el propio gobierno de Feijóo, que incapaz de hacer frente a la presión, ha optado por ceder a ella. Su consejero de Educación, Jesús Vázquez, respondía días atrás a la pregunta de un socialista sobre el ya célebre artículo, que él y su departamento no comparten "manifestaciones a título personal contra el gallego". Qué arrojo intelectual, qué valentía. Pero, sobre todo, qué sumisa aceptación de las falacias del adversario. Los hay que se entregan atados.
LIbertad Digital - Opinión
POSTRADOS se ven los ánimos del PP tras los ejercicios espirituales de sus líderes en La Granja de San Ildefonso. En esta ocasión, en lugar de correr las fuentes han galopado los dimes y los diretes. No hay reunión de rabadanes en la que no caiga un cordero, un poco para saciar el apetito de los convocados y un mucho para demostrar autoridad frente a los pastores y zagales que tienen bajo su mando. El poder sólo existe cuando se ejerce. Su potencialidad es mera entelequia y únicamente la plasmación de sus efectos realza la figura de los poderosos. De ahí la debilidad que, en ocasiones, aparenta Mariano Rajoy.
El PP cierra filas junto a Rajoy para enfrentarse al problema que significa Luis Bárcenas. No sé muy bien, a estas alturas, lo que significa eso de «prietas las filas»; pero, sea el orden cerrado o abierto, un tesorero en veremos es un grave daño para una formación política. Independientemente de lo que dilucide y determine el Tribunal Supremo, donde tienden a cronometrar con un calendario, el «caso Bárcenas» es un desgaste para el PP que ha incrementado sus efectos dañinos por la calma rajoyana con la que tratan el problema.
Supongo la inocencia de Bárcenas; pero no es, sólo, cuestión de inocencia o culpabilidad lo que el PP tiene en sus manos. La apariencia es, en la vida pública, tanto o más que la virtud y, de hecho, la caterva gubernamental que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero es muestra de lo que digo: la propaganda y el aliño han conseguido imbuirnos a todos de que son lo que se dice y no lo que parecen. Bárcenas, salga con barba o resulte lampiño, es una vía de desgaste frente a la opinión pública. Rajoy no debe condenarle antes de que los hagan los tribunales, si es que llegan a hacerlo; pero tampoco es cosa de tenerle expuesto en la hornacina de los mártires por la causa del centro.
La gestión de los conflictos internos, inevitables en un grupo que es el de mayor número de militantes entre todos los partidos europeos, es la mejor medida que pueden tener los votantes de la potencialidad de gobierno que albergan sus líderes. Y debe decirse que, en los diferentes casos de aparente corrupción que tanto jalea del PSOE, el PP viene mostrando una escasa capacidad de respuesta. Dejar pasar el tiempo, con la esperanza del olvido, nunca funciona. La mala intención siempre consigue que germine la buena memoria hostil.
ABC - Opinión
Cataluña
«A partir de ahora, el español gozará de menor consideración jurídica en las aulas de Montilla que el urdú o el árabe, idiomas ambos de uso reconocido y amparado por la Generalidad.»
Desde hace apenas unas horas, la prosaica orden administrativa que prohibía utilizar el español como herramienta docente en Cataluña ha sido promovida al solemne rango de ley formal. Lo que nunca se atrevió a hacer Pujol, elevar a la dignidad de mandato parlamentario la sorda persecución del idioma que fue común, acaban de consumarlo sus genuinos herederos, los nacionalistas con mácula pero sin complejos del PSC. Se acabó para siempre, pues, tanto aquella mísera tercera hora de castellano jamás impartida, como la muy teórica potestad de reclamar instrucción primaria en la lengua materna; también, huelga decirlo, toda esperanza. Así, a partir de ahora, el español gozará de menor consideración jurídica en las aulas de Montilla que el urdú o el árabe, idiomas ambos de uso reconocido y amparado por la Generalidad, si bien en horario extraescolar. En la práctica, no obstante, nada nuevo.
Curioso, desconcertante laboratorio de experimentación sociológica, la Cataluña posconstitucional del Tripartito. La mitad de la población se presta dócil y gustosa a aculturizarse, renunciando de grado a su propia lengua en pos de una quimérica lengua propia. Al punto de que algunos parecen ansiar la diglosia con idéntico fervor que los islamistas el martirio. Es el peaje histórico que los hijos se creen llamados a pagar por el pecado de los padres: haber "desnacionalizado" la tierra prometida con el fatal injerto de su gramática parda durante los años sesenta del siglo pasado. Imposible comprender la alegre impunidad electoral de los liberticidas sin saber de esa patología colectiva.
A su vez, la otra mitad del censo, no menos enajenada si cabe, pretende que sus vástagos sabrán mantenerse inmunes y ajenos a esa lógica oculta que explica el uso social de todas las lenguas que en el mundo han sido, a saber, la necesidad. Autistas, contemplan indiferentes el exilio forzado del castellano, en la absurda, pueril certeza de que el mercado no acabará por imponérselo de grado o a la fuerza. De ahí que, pobres víctimas de sí mismos, algunos ya reclamen el derecho a "vivir plenamente en catalán". Algo así como el equivalente gramático a, en nombre de la libertad, exigir un paisaje urbano limpio de negros, judíos y gitanos.
Libertad Digital - Opinión
LA tasa de ahorro de las familias españolas se situó en el primer trimestre del 2009 en el 7,9 por ciento, casi 5 puntos por encima del mismo periodo en el año anterior. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística revelan que dicha tasa se encuentra ahora en más del 14 por ciento de la renta disponible, el nivel más alto de una serie que se elabora desde el año 2000. Como es notorio, estamos ante un efecto directo de la crisis, producto de un reflejo psicológico que repercute negativamente en la inversión y en el consumo. Los españoles tienen miedo a la situación económica y el Gobierno no consigue transmitir confianza por mucho que hable de «brotes verdes» o que mejoren coyunturalmente algunos datos. La gente guarda lo que tiene ante el temor a que las cosas vayan a peor, especialmente en aquellos hogares donde el paro es ya una trágica realidad o amenaza a quienes todavía conservan el empleo. En estas condiciones, se crea un círculo vicioso que reduce el consumo de aquellos bienes que no son estrictamente imprescindibles y prolonga -a veces en exceso- la vida útil de determinados productos que necesitan una renovación periódica. De este modo se pierde, claro está, calidad de vida pero además se hace imposible una reactivación del consumo, situando a muchas pequeñas y medianas empresas ante al opción dramática de cesar en su actividad comercial o industrial.
He aquí una de las razones para que los precios mantengan una tendencia a la baja que alcanza ya dimensiones preocupantes en la medida en que responde a una fuerte contracción de la demanda. Los posibles compradores se lo piensan dos o más veces y las familias con menor poder adquisitivo hacen incluso un esfuerzo suplementario de ahorro con el fin de asegurar a medio plazo un mínimo vital. Nadie parece confiar en las promesas del Gobierno sobre ayudas excepcionales o en previsiones optimistas sin ningún fundamento. En definitiva, la caída del consumo en un 3,6 por ciento durante el periodo de referencia es la causa de un incremento del ahorro que el Ejecutivo debería analizar en términos realistas. La gente hace de la necesidad virtud, porque nadie confía en un equipo económico desbordado por las circunstancias y mucho menos en un presidente del Gobierno cuyas promesas suenan a retórica sin contenido para la gran mayoría de los españoles. En este contexto, un dato en apariencia positivo se transforma en un síntoma de la percepción muy negativa que tienen las familias sobre sus posibilidades de salir adelante en los próximos tiempos.
ABC - Editorial
LA TORPEZA de los militares hondureños al expulsar a Manuel Zelaya ha abocado al país a un callejón sin salida. Desde el momento en el que abortaron la posibilidad de deponer al presidente por los cauces democráticos por su ilegal intento de reformar la Constitución han convertido a Zelaya en un mártir, cuando había hecho méritos suficientes para pasar por ser un villano. El error del golpe militar ha provocado que países que están en las antípodas, como EEUU o Venezuela, se pongan de acuerdo en apoyar a Zelaya. Éste ha anunciado que el próximo fin de semana volverá a Honduras, lo que pone en una situación muy complicada al nuevo Gobierno. Regresará, además, con la bendición de la OEA, que ha dado a Tegucigalpa un plazo de 72 horas para restablecerle en sus funciones. Si Zelaya es detenido, como se anuncia, Honduras podría ser expulsada de esta institución, lo que aumentaría el aislamiento internacional del país. La única solución es que se cumpla la ley: que se permita el regreso de Zelaya a la Presidencia y se inicie el proceso para su destitución.El Mundo - Editorial
LOS iraquíes están celebrando con legítima satisfacción el comienzo de la retirada de tropas norteamericanas. Seis años después de la invasión y el derrocamiento del dictador Sadam Husein, el balance tiene más luces que sombras y, sobre todo, permite concebir una clara esperanza de futuro de un país regido por principios democráticos, próspero y pacífico en una zona del mundo donde estas características por desgracia no abundan. Efectivamente, en el periodo de ocupación se cometieron muchos errores y sobre el horizonte más próximo se ciernen todavía graves peligros, pero no se puede negar que la situación en Irak mejora y que la inmensa mayoría de sus líderes están dedicados a la legítima confrontación político-electoral, en lugar de seguir matándose entre ellos. De hecho, la violencia que sigue siendo la principal amenaza para el futuro del país se ha reducido y proviene esencialmente de factores exógenos con escasa relación con la política interna. En realidad, Irak se puede definir en estos momentos como una democracia balbuceante, amenazada por el terrorismo procedente esencialmente de dos fuentes: Al Qaeda, que se infiltra desde Siria, y desde el vecino Irán en forma de armas y explosivos para manipular a grupos chiíes.
La Administración norteamericana del presidente Barack Obama comete un error al ignorar la efeméride, de la que los norteamericanos deberían sentirse más orgulloson que avergonzados. A fin y al cabo, el Irak de Nuri al Maliki es hoy el régimen más parecido que existe al ideal que el presidente norteamericano diseñó en su discurso a los musulmanes pronunciado desde El Cairo. Un espacio de democracia es el mejor camino para tratar de resolver aspectos históricamente tan complejos como la convivencia entre árabes y kurdos, entre chiíes y suníes, para construir en suma un futuro mejor para todos y un ejemplo para los vecinos de esta convulsa región. Se puede decir que aquella «misión cumplida» de George Bush unos meses después de la campaña militar acabó siendo escandalosamente prematuro, aunque ahora su sucesor haría bien en abandonar esta ambivalencia estéril, que recuerda más al candidato opositor que fue que al estadista que le corresponde ser, puesto que si los soldados se retiran, Washington no debería dar por terminado su papel, sino seguir ayudando a que las esperanzas germinen.
Las sombras de este cuadro no son pequeñas, en primer lugar porque todo este proceso no ha tenido lugar sin víctimas, de la violencia, primero de Sadam Husein, de la guerra y del caos que siguió o de los abusos en lugares de infausta memoria. Pero frente a este dolor se alza la realidad de un país que está recuperándose a pasos agigantados y que recobra su plena soberanía, incluyendo la del petróleo. Aquellos que denunciaban que todo el objeto de la invasión norteamericana obedecía al intento de controlar las fuentes de energía, deberían reconocer que se equivocaron. Por desgracia, también se equivocaron los que pensaban que se producirían soluciones inmediatas para la seguridad del mundo, porque la inestabilidad en aquella zona viene de muchos focos, empezando por el régimen teocrático de Irán.
ABC - Editorial
El nacionalismo catalán se ha apuntado uno de sus mayores éxitos políticos con esta Ley de Educación, que consagra la lengua catalana como lengua vehicular.
SI UNA IMAGEN vale en ocasiones más que mil palabras, eso sucede con las fotografías que publicamos hoy en nuestra portada en las que se puede ver como Artur Mas, líder de CiU, marca el camino y el terreno con su dedo a José Montilla, presidente de la Generalitat.
Ambos dirigentes se habían citado en la sede de la institución para transmitir una imagen de consenso en la aprobación de la Ley de Educación, pactada por los dos grandes partidos de Cataluña y refrendada ayer por el Parlament. Pero lo que en realidad ha sucedido, como reflejan metafóricamente las fotos, es que Montilla ha servido de dócil compañero de viaje al nacionalismo catalán, que se ha apuntado uno de sus mayores éxitos políticos con esta norma que consagra a la lengua catalana como lengua vehicular única en la enseñanza.
No cabe mayor contraste entre esta escena de sumisión de Montilla a los nacionalistas y la otra imagen que hoy recogemos todos los medios de comunicación, en la que Zapatero y Patxi López se esfuerzan en transmitir desde La Moncloa un mensaje de unidad y defensa de los valores constitucionales. O sea, lo opuesto al proyecto político del tripartito que lidera el PSC.
Mayor esquizofrenia no cabe porque si en el País Vasco se avanza en la lucha contra ETA tras desalojar al nacionalismo separatista del poder, puede decirse sin exageración que, desde hoy, Cataluña se independiza de España en materia educativa al implantar un modelo monolingüe en las escuelas y relegar el castellano al mismo nivel que el inglés o una lengua extranjera.
Ernest Maragall, consejero de Educación y artífice del texto, se jactó ayer de que «ésta es una ley de país». En parecidos términos, se expresó Josep Maria Freixanet, diputado de ERC, que aseguró que con la ley «se construye el Estado catalán» y se fomenta el sentimiento de pertenencia a Cataluña.
Más alto y más claro no se puede decir porque los diputados nacionalistas de CiU y ERC no reivindicaron que la nueva norma vaya a suponer una mejor enseñanza para los ciudadanos sino que hicieron hincapié en lo que les interesa de verdad: que servirá para avanzar en sus objetivos políticos secesionistas. Así lo establecen los principios que inspiran su contenido, entre los que figura «servir a la construcción nacional de Cataluña», lo que recuerda mucho la asignatura franquista llamada gráficamente Formación del Espíritu Nacional.
De entrada, la Ley de Educación niega a los padres el derecho a elegir lengua para escolarizar a sus hijos, lo que venía siendo una práctica constante pero no figuraba en ninguna disposición legal. Y ello a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre del año pasado, falló que las autoridades educativas tienen que ofrecer formularios para que los padres elijan en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos porque se trata de un derecho amparado en la Constitución.
Los promotores de la norma no sólo han ignorado esta resolución del Supremo sino que han desobedecido la obligatoriedad de las tres horas de enseñanza en castellano, establecidas por el Gobierno de la nación, que ya anunció hace tiempo que recurriría si se consumaba el desafío. El Ejecutivo de Zapatero debería ser coherente y recurrir no solamente este aspecto parcial de la ley sino prácticamente su totalidad. Pero lógicamente no lo va a hacer porque está preso del apoyo parlamentario de los diputados del PSC en el Congreso.
Se comprende que el nacionalismo esté hoy exultante, pero el sumiso Montilla debería mostrarse abochornado por una ley que, al amparo del nefasto Estatuto de Cataluña, fomenta la desigualdad de los catalanes y viola derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
El Mundo - Editorial
El duelo el sol está fijado en la pista del aeropuerto de Toncontín, pero no estoy seguro de que Manuel Zelaya acuda a la cita. Ni hoy ni en las próximas 72 horas. Si lo hace, el ex presidente hondureño no acudirá en pijama, como llegó a Costa Rica hace cuatro días. Aparecerá vestido de terrateniente -con botas y un sombrero Stetson- y escoltado, entre otros, por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Hugo Chávez -figura clave en este vodevil- se ha descolgado de la comitiva.
Vista la reacción de la OEA, la ONU y la UE cuesta oponerse a la teoría dominante, pero lo mejor que podría hacer Zelaya es aprovechar la inmerecida fama adquirida estos días, instalarse en Caracas y vivir del cuento. Seguro que Correa, Morales y Ortega le invitan a sus fiestas.
Abundan quienes deciden cuál es el bando «malo» en cuanto atisban un uniforme, pero seamos serios. Aquí, el culpable es Zelaya.
El tipo, ranchero y rico de familia, no es precisamente un genio.Fue él quien se empeñó en alterar la Constitución, para eliminar la norma que prohíbe la reelección presidencial, siguiendo el ejemplo de Chávez, su financiador petrolero.
Cuando el Congreso, donde el Partido Liberal al que pertenece Zelaya tiene mayoría, votó en contra, ordenó al jefe del Estado Mayor que movilizara la tropa para garantizar la consulta. Cuando el general manifestó sus dudas, lo destituyó. La Corte Suprema restituyó en su cargo al militar y poco después, el Tribunal Supremo Electoral dictaminó que el presidente no tiene atribuciones para convocar ese referéndum.
Zelaya no se dio por enterado. Lo prudente hubiera sido dejarlo seguir y que se estrellara en las urnas, pero jueces, congresistas y militares decidieron mandarlo al extranjero.
Si finalmente se presenta en Tegucigalpa, le darán un buen susto y lo volverán a echar. En noviembre habrá elecciones, como ha prometido su sucesor, y todo seguirá más o menos igual.
ABC - Opinión
El Parlamento de Cataluña ha votado no ya usar, sino abusar de su autonomía. Son los efectos de un recurrido Estatut aparcado en el Tribunal Constitucional. Una cosa es que las comunidades tengan competencias transferidas del Estado. Otra, que usen su autonomía para levantar barreras en España. Montilla ha decidido que la educación en Cataluña será distinta al resto del país. Lo de menos es a qué lengua beneficie. Lo grave es que se recorta la libertad. Con la nueva normativa del socialismo catalán desaparece la tercera hora de castellano para los niños catalanes. No se trata de una opción, sino de una exigencia. Durante la Transición los nacionalismos argumentaron que «sus» lenguas corrían peligro. Y fueron promocionadas. Ahora podría pensarse que en Cataluña el español, la lengua de todos, está en peligro, con menos horas en las clases que el catalán y el inglés. Sin embargo, no creo que peligre el castellano. Es la lengua más usada en Cataluña. Lo que Montilla pone en peligro -con Zapatero mirando para otro lado- es la libertad. ¿Por qué negar a las familias el derecho a decidir cómo educar a sus hijos? El PSC, apoyado por el nacionalismo catalán, muestra su rostro excluyente. El verdadero peligro no es para las lenguas, que por otro lado ni tienen derechos ni están para arrojárselas unos contra otros, sino para la libertad de los catalanes.La Razón - Opinión
No sé si estaré en lo correcto, pero tengo la impresión de que la comunidad internacional se ha precipitado a la hora de valorar lo sucedido en Honduras. Desde un punto de vista democrático, nadie puede negar el carácter legítimo de la presidencia de Zelaya, ahora bien, eso no le habilita para hacer y deshacer a su antojo el régimen constitucional hondureño, máxime cuando lo que la reforma proponía, vía referéndum, era iniciar la revolución bolivariana en ese país, abanderando el caudillismo demagógico y dictatorial que va extendiéndose por América Latina. La máxima magistratura de un Estado democrático también está sometida a los dictados de la ley y a los garantes de su correcta interpretación y aplicación, es decir, el poder judicial, y si no me equivoco, la Corte Suprema de Honduras dictaminó la ilegalidad de la consulta porque de facto podía suponer un golpe institucional desde la propia institución presidencial. Se trataba de seguir los pasos de Chaves, Morales, Correa, Ortega y demás "libertadores" de nuevo cuño que proliferan por Hispanoamérica. Por eso, sin legitimar la asonada militar por lo que tiene de antidemocrático, cabía pararle los pies a Zelaya; lo que sucede es que el cauce escogido ha sido inadecuado, pues deslegitima la honesta acción en defensa de las libertades y garantías, puestas en peligro por el presidente.
La vía del impeachment prevista en la Carta Magna hondureña en su artículo 375 que garantiza la inviolabilidad de la Constitución, hubiera sido la más acertada, puesto que el traslado del presidente a Costa Rica contraviene lo dispuesto en su artículo 102, que prohíbe la expatriación o entrega a un Estado extranjero de cualquier ciudadano hondureño.
Salvar la democracia impone a los salvadores someterse a sus designios. Ésa debe ser la vía por la que opte la comunidad internacional, porque defender la mera restitución en el cargo de Zelaya para que desborde las leyes legítimas de Honduras supondría respaldar el golpe de Estado que desde dentro aquél pretendía.
El País - Opinión
«Hace unos días un ex dirigente de CDC propuso una "declaración unilateral de independencia de Cataluña y luego ver qué pasa". La aprobación de esta Ley de Educación que proscribe el español en la enseñanza no hace sino adelantarnos lo que pasaría: nada.»
El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar, con el respaldo de los socialistas y de los nacionalistas y con el voto en contra del PP y de Ciudadanos, la nueva Ley de Educación de Cataluña por la que se blinda la imposición del catalán como única lengua posible en la enseñanza. Se eleva así a rango de ley lo que no es sino una práctica liberticida que desde hace décadas se lleva a cabo en Cataluña para mayor gloria de su "construcción nacional". La Generalitat ya venía incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que exigían, en concordancia de la Ley de Política Lingüística de 1999, la oferta de la educación en castellano para la enseñanza infantil y primaria. La nueva ley aprobada este miércoles lo que hace, en este sentido, es dar cobertura jurídica a las conculcaciones de unos derechos que en Cataluña ya se venían sucediendo de hecho.
Ahora bien, por mucho que no suponga una novedad, resulta vergonzoso que la oposición de los sindicatos de docentes se haya dirigido, sin embargo, contra el que es, posiblemente, el único aspecto positivo de esta normativa liberticida: el mayor poder que otorga a las direcciones y la mayor autonomía de los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales. Por mucho que esa autonomía se quede coja si no va acompañada, a su vez, de una mayor autonomía de los padres a la hora de decidir qué centro de enseñanza quieren para sus hijos, más prioritaria es todavía la libertad de los padres para elegir en qué lengua aprenden sus hijos.
Resulta delirante que en una parte de España no se pueda estudiar en español, siendo el castellano la lengua materna de más de la mitad de los catalanes y una de las lenguas más habladas del planeta. Además de la aberración pedagógica, representa por encima de todo una fragrante vulneración de los derechos individuales de los catalanes y un claro atentado a la Constitución.
El respaldo del Ejecutivo de Zapatero a esta normativa que fractura a nuestra nación como Estado de Derecho no es sino una nueva muestra de envilecimiento de un gobierno que, por no desairar a sus aliados nacionalistas, no ha tenido empacho en respaldar un estatuto soberanista que proclama a Cataluña como nación.
Hace unos días, el que fuera dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, Enric Canela, propuso que el parlamento catalán hiciera una "declaración unilateral de independencia de Cataluña y luego ver qué pasa". La aprobación de esta liberticida Ley de Educación que proscribe el español en la enseñanza no hace sino adelantarnos la respuesta de lo que pasaría: nada. Poco importa que en España haya una supuesta Ley de leyes que preserva los derechos individuales de los ciudadanos y que proclama el derecho y el deber de todos los españoles a usar y conocer el español. Poco importa que exista un Tribunal Constitucional que supuestamente vele para que una ley de rango inferior –como es, o debería ser, toda ley autonómica–, no vulnere los preceptos de la Carta Magna. Aquí no pasa nada. La independencia de Cataluña se ejercita de hecho. A este paso sólo es cuestión de tiempo que también se proclame de derecho.
Libertad Digital - Editorial
Con la despiadada represión de sus opositores, el carpetazo al fraude electoral y la legitimación del segundo mandato para Mahamud Ahmadinejad, la República Islámica de Irán ha sellado su destino. Y de no hacer nada en contra, también el nuestro. En estos días se han librado dos batallas en Irán cuyos resultados definirán el futuro de Irán, de la región y del mundo entero. Y en ambas batallas, nuestros intereses, los de los valores de la libertad, la tolerancia y la convivencia pacífica, han salido derrotados. De manera evidente, en las calles de Teherán, donde los manifestantes que empezaron su protesta contra un evidente fraude electoral, fueron progresivamente haciendo ver claramente sus deseos por un cambio más profundo, por una vida libre de las imposiciones rigoristas de los ayatolas. Desgraciadamente los instrumentos represores a disposición del régimen islámico y la pasividad occidental ante sus desmanes, han acabado una vez más con todo atisbo de cambio. Los demócratas iraníes han perdido porque el mundo democrático les ha abandonado frente a la tiranía. Con el tiempo se recuperarán, porque nada hay más poderoso que la idea de la libertad, pero está por ver que recuperen la confianza en nosotros, los que hemos preferido hablar con la barbarie a apostar por el cambio.
La segunda batalla se ha desarrollado en un segundo plano, pero no por ello ha sido menos importante y ha enfrentado a clérigos tradicionalistas con la nueva casta emergente cuya máxima expresión es el presidente Ahmadinejad. Aunque a nuestros ojos parezca paradójico, el duelo se libra entre los clérigos de Qom que se han beneficiado en lo personal de la revolución islámica de 1979, y los guardianes de la revolución, personajes volcados en la protección de la revolución misma y su exportación al otras zonas del mundo. Para éstos, con Ahmadinejad a la cabeza, los clérigos se han vuelto blandos y corruptos y su obligación es devolver el espíritu ascético y radical de Jomeini treinta años después de la primera revolución y veinte años tras su muerte. Y quienes han salido vencedores son precisamente estos, quienes reviven el fantasma de Jomeini.
Si alguien había albergado alguna esperanza de una nueva relación con el Irán de los ayatolas, más le valdría despertar a la cruda realidad. El Irán creado por Jomeini hace ahora treinta años, no es un régimen como cualquier otro. Algo que los occidentales tendemos a olvidar con frecuencia. Es un régimen teocrático, fundamentalista y revolucionario. Y, en ese sentido, es irreformable en sus estructuras e incorregible en su naturaleza. Ahora bien, la victoria ha tenido un precio.
Tres son las consecuencias inmediatas de la continuidad de Ahmadinejad, como bien sabemos, un radical iluminado que espera la venida del Mahdi, el duodécimo Imán y el triunfo del Islam a través del caos y la violencia y que cree sinceramente que él está llamado a acelerarlo. La primera, reconocer que el buenismo y la actitud de conciliación con el régimen de Teherán sólo conduce al fracaso. Obama estaba equivocado cuando pensaba que bastaría con tender su mano para que las cosas cambiasen en Teherán; como los europeos lo estaban al confiar en que el radical e iluminado Mahamud Ahmadinejad fuera vencido en las urnas por el aparentemente más moderado Mir Hosein Musavi; o como lo han estado muchos corazones al imaginar que las acusaciones de fraude electoral terminarían con un recuento contrario a Ahmadinejad o en la repetición de las elecciones presidenciales.
Y es que, empachados de buenismo, es fácil hacerse ilusiones sobre Irán. La realidad es bien distinta: la República Islámica de Irán no es un régimen como cualquier otro. Es un régimen teocrático, fundamentalista y revolucionario. Y, en ese sentido, es irreformable en sus estructuras e incorregible en su naturaleza. Jomeini lo creó hace ahora treinta años para hacer realidad la ley coránica sobre la Tierra y el espíritu de Jomeini lo sigue inspirando. Ahí están los guardianes de la revolución para asegurar que las reformas son imposibles. De hecho, Ahmadinejad representa el triunfo de una elite que prefiere la confrontación al acomodo.
El segundo problema tiene que ver con la ambición nuclear de Irán. En buena medida Ahmadinejad es popular entre los iraníes por su defensa del programa atómico y nada puede hacerle pensar que tiene ahora que abandonarlo. Ha amenazado reiteradamente a Israel y nada le ha sucedido; ha interferido cuanto ha querido en Irak, donde de hecho Irán estuvo en guerra abierta con las fuerzas americanas y británicas, y ni Washington ni Londres movieron un dedo en su contra; está presente en Afganistán complicando la seguridad de ese país y amenazando con su ayuda a las tropas de la coalición, pero tampoco se le ha castigado por ello. Y acaba de renovar su mandato sobre un baño de sangre y todo lo que oye es una débil protesta internacionañ y el gran deseo de los americanos de entablar conversaciones con él ¿Por qué cambiar ahora, además, cuando se observan por primera vez importantes divergencias entre la Casa Blanca y el gobierno en Jerusalén?
De hecho, en todos estos días en los que la atención mundial miraba con esperanza las manifestaciones a favor de un cambio real en Irán, Jamenei, Ahmadinejad y los suyos han continuado con el programa atómico como si nada, anunciando, incluso, el plazo de finalización de la central de Busher gracias a la ayuda rusa. Y por lo que sabemos a través de la Agencia de la energía atómica de Viena, las centrifugadoras no han cesado en el enriquecimiento de uranio. Si todo sigue como hasta ahora, a finales de año Irán tendrá suficiente uranio enriquecido para poder fabricar su primera bomba si así lo quiere. Y lo quiere.
La tercera consecuencia podría sernos de mayor utilidad si fuéramos capaces de extraer las lecciones apropiadas: por lo que se ha visto con esta crisis en la calles y por lo que no se ha visto de las bambalinas, es posible afirmar hoy que el régimen de lo ayatolas no tiene por qué eternizarse y puede muy bien caer como cayó hace ahora veinte años el muro de Berlín cuando nadie se lo esperaba. Pero para que Musavi pueda elevarse a la estatura de Gorbachov se necesita un Ronald Reagan entre nosotros. Y no lo hay. Mientras el presidente americano y sus socios de la UE primen el diálogo y la negociación sobre el cambio de régimen, ni habrá negociación seria, ni cambio de régimen. Pensar otra cosa es simplemente una vana ilusión.
Si a través de los foros internacionales y las promesas de una nueva relación se les da la legitimidad que claramente ya han perdido en casa, no sólo se estará cometiendo una abominación moral y un crimen político, sino que la comunidad occidental se estará poniendo ella misma la soga al cuello, pues si los líderes iraníes quieren la bomba es, sobre todo, para garantizar su revolución islámica, cosa que pasa inexorablemente por el apoyo y manejo a su antojo de grupos tales como Hizbolá en el Líbano o Hamas en Gaza; por la desestabilización generalizada del Golfo; y por la confrontación con Occidente.
Hasta anteayer podíamos haber elegido entre el cambio y el Apocalipsis. Con Ahmadinejad hemos escogido el Apocalipsis. Pero tenemos tiempo para cambiar y optar por acabar con él, su bomba y sus secuaces. Bastaría con quererlo de verdad.
ABC - Opinión
«Para que esa "visión de futuro" de la que ahora nos habla Rubalcaba se haga realidad debemos recordar que en un pasado nada lejano los nacionalistas no fueron los únicos en ningunear esta Ley de Partidos que ahora respalda Estrasburgo»No por previsible ni lógica, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de rechazar por unanimidad el recurso que Batasuna interpuso contra su ilegalización deja de ser una espléndida noticia para los amantes de la libertad, en general, y para los españoles muy en particular. Desde que los principales partidos de nuestro país reconocieron la anomalía democrática que suponía que el Estado español permitiera la representación política y la subvención pública a formaciones políticas que forman parte de un entramado terrorista, no han faltado quienes desde el papanatismo miope o el nacionalismo cómplice han cuestionado la legalidad y legitimidad de la Ley de Partidos y la consiguiente ilegalización de estos voceros del terrorismo. Pero, como bien acaba de señalar la Corte de Estrasburgo, "un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos".
Dentro de la buena acogida que el Gobierno ha dado a esta noticia, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que "una vez que el Tribunal de Estrasburgo ha dado por buena la Ley de Partidos, sí debemos concluir con una visión de futuro y es que en nuestro país, en España, no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia. Nunca más". Ciertamente para que esa "visión de futuro" se haga realidad debemos recordar que en un pasado nada lejano los nacionalistas no fueron los únicos en ningunear esta Ley de Partidos que ahora respalda Estrasburgo. Y es que, a pesar de estar supuestamente en vigor, la negociación que el Gobierno de Zapatero mantuvo con la dirección de ETA –o la que mantuvo el PSE con Patxi López a la cabeza con Batasuna–, fue una clara violación de la letra y del espíritu de la Ley de Partidos; como también lo fue su bochornosa condescendencia a que los proetarras del PCTV y ANV tomaran el relevo; como también lo fue llevar la interlocución con ETA al Parlamento Europeo, o como también lo fue que el fiscal general del Estado equiparara por aquel entonces la Ley de Partidos con un "Guantánamo electoral". No hay que olvidar, por otra parte, que al día de hoy, y aunque esté ilegalizado su partido, los proetarras de ANV siguen estando en numerosos ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Eso, por no hablar de la condición de legales de la que todavía gozan los proetarras de la Iniciativa Internacionalista de Alfonso Sastre.
Muchos de los que ahora aplauden desde el ámbito político, mediático y judicial la decisión de Estrasburgo, defendían hasta hace nada el "diálogo" con ETA. Bien está que algunos de ellos admitan ahora públicamente su error y que se den cuenta de que la única forma de acabar con ETA está en la fortaleza del Estado de Derecho, en la policía y en la justicia.
Bien está también que el juez Garzón haya llamado a Mayor Oreja para felicitarle y para felicitarse por la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Pero no hay que olvidar que, por importantes golpes judiciales que Garzón haya dado a ETA, este juez respaldó públicamente la "paz sucia" de ZP bajo una premisa tan ajena al espíritu y la letra de la Ley de Partidos como la de que "hay que dialogar hasta con el diablo". Pues, no. Con los terroristas y sus voceros no hay nada que dialogar. Hay que ponerlos fuera de la ley, tal y como señala nuestro ordenamiento jurídico y respalda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que ahora no se trata de restregar a nadie su pasado, sino de evitar pretéritos errores e infamias precisamente para que el "escenario de futuro" que ahora nos dibuja Rubalcaba se haga realidad.
Libertad Digital - Opinión
La corrupción política es, en España, constituyente. Eso la diferencia de un simple cúmulo de delitos. No, no es delictiva, la política. Aun cuando tantas veces lo haya sido. Pero el delito puede perseguirse. Castigarse, incluso. A veces. La corrupción constituyente crea, por el contrario, norma. Y prolifera en ella. No existe modo legal de perseguirla; porque ella es ley; mejor: fundamento de ley. Y ese blindaje ha trocado a la clase política en otra cosa, que nuestra ingenuidad pensaba arcaica: una casta. Hermética, endógama, impermeable a las tormentas exteriores. Y frente a cuyos arrogantes privilegios, nada puede el ciudadano. Decir que eso pudre la democracia aquí, es decir muy poco.
a casta vive envuelta en sombras. Saber cómo se financia un partido, es abordar misterios más ominosos que los del atanor del alquimista. Entender la súbita opulencia de tantísimo alto cargo, es asomarse a un abismo. Lo mejor del tiempo de los representantes transcurre en blindar sus vidas y fortunas al ojo del despreciable representado. Del Presidente al cacique local de menos monta, todo político hace pucheros cuando evoca lo mal que lo están pasando sus pobrecitos electores. Y ni uno renuncia a un solo privilegio: ni a sueldos, ni a phantoms, ni a muchedumbres de escoltas, ni a viajes fastuosos, ni a dietas faraónicas, ni a colocación de prole. Tan imbéciles nos consideran, que ni llega a pasar por sus cabezas que puedan estar cabreándonos.
Aguirre es la excepción. Rebajar en un 2% el sueldo de su gobierno tiene el valor de un gesto. Crucial, porque certifica que alguien no está ciego. Que hay, al menos, un político que percibe el destrozo que de la democracia ha hecho el onanista autismo de la casta. Si a alguien le queda un átomo de inteligencia, apostará por ella. Sin más, porque no hay otro.
ABC - Opinión
LA ESQUIZOFRÉNICA carrera por la notoriedad emprendida por algunos jueces de la Audiencia Nacional puede tener sus días contados. Sus intentos de abrir causas penales en los más diversos rincones del mundo invocando la justicia universal se topa con el nuevo criterio legal, que establece que los magistrados de la Audiencia no son competentes para juzgar delitos ocurridos en otros países salvo que exista una relación directa entre España y esos delitos. Y no hay, como ayer dictó el Pleno de la Audiencia, relación alguna entre nuestro país y el ataque aéreo israelí de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles en Gaza. El juez Andreu tendrá que archivar la causa por crímenes de guerra contra siete altos mandos israelíes. Otro bofetón al vedettismo judicial.El Mundo - Editorial
QUE la ley de Partidos Políticos -impulsada por el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, cuya determinación adquiere hoy un valor singular- respetaba los Derechos Humanos era una certeza que se tenía desde que fue aprobado un texto que ya reflejaba las garantías establecidas por el Tribunal de Estrasburgo para ilegalizar a una formación política. El Constitucional lo entendió así al rechazar el recurso presentado en 2003 por el Gobierno vasco, presidido entonces por Ibarretxe, contra una ley que estaba permitiendo expulsar a ETA de casi todas las instituciones. Por tanto, cuando los dirigentes de Batasuna recurrieron su ilegalización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado, a través del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, tenía ya preparada la respuesta a la ofensiva de la izquierda proetarra contra la ley de Partidos Políticos. Bien es cierto que durante la tregua de 2006 con ETA hubo algún titubeo en la defensa jurídica de las ilegalizaciones, si bien ha pesado más la realidad de las cosas, es decir, la irreversible naturaleza terrorista de ETA, que los erróneos análisis que llevaron a aquel infausto proceso de negociación política con los terroristas.
La sentencia del TEDH no sólo confirma jurídicamente las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, sino que despoja a ETA de uno de sus últimos recursos para trasladar a Europa su estrategia victimista. Su descripción de España como un país que reprime arbitrariamente las libertades ha fracasado por completo. Es importante el dato de que la sentencia del TEDH ha recibido el respaldo unánime de los jueces que lo componen, a diferencia de anteriores resoluciones sobre ilegalización de partidos, dictadas con una clara división interna. Esta es una buena ocasión para que el Gobierno promueva una nueva campaña de deslegitimación de ETA ante la opinión pública europea, más aún si el entramado batasuno pretende recuperar algún apoyo internacional de la mano de su enésima tapadera, Iniciativa Internacionalista. También han fracasado todos los profetas que, incluso desde fuera del ámbito abertzale, anunciaron el desahucio de las libertades y los derechos democráticos en España por la aprobación de la ley de Partidos Políticos. No sólo no ha habido retroceso democrático por la aplicación de esta ley, sino que la democracia española es hoy mucho más digna con ETA fuera de sus instituciones. Los restos de ANV en los ayuntamientos vascos y navarros y la legalización de Iniciativa Internacionalista por el TC son episodios anómalos -en todo caso, reversibles en cuanto las pruebas lo permitan- de una trayectoria impecable de las instituciones democráticas contra ETA.
El TEDH no podía decir otra cosa distinta. Nadie que apoye la violencia tiene espacio en la democracia, porque tampoco es cierto que todas las ideas sean legítimas: las que defienden o disculpan el terrorismo no lo son. La libertad política no es absoluta para quienes no respetan la ajena. Jurídicamente, la ley de Partidos Políticos se ajusta a las exigencias de necesidad, proporcionalidad y adecuación a los valores democráticos que establece el TEDH. Políticamente, ha sido la iniciativa más acertada y eficaz nunca impulsada por el Estado en la lucha contra ETA, fruto de la decisión de un Gobierno, el de José María Aznar, de no aceptar más resignaciones frente a ETA, y de un gran pacto con el PSOE, el Acuerdo por las Libertades de 2000, que nunca debió abandonarse.
ABC - Editorial
CAIXA Sabadell, Caixa Terrasa y Caixa Manlleu alumbraron ayer la primera fusión de entidades financieras recurriendo al Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob). En un proceso similar se hallan inmersas Caixa Catalunya, Caixa Girona y Caixa Tarragona. Todas estas operaciones han sido promovidas por el Govern de José Montilla, quien ayer trataba de justificar su mediación asegurando que «hará lo posible» para que el sector financiero catalán no pierda peso. La reestructuración bancaria es necesaria, por lo que es lógico que las entidades echen mano de ayudas públicas para redimensionar su capacidad productiva y mejorar su eficiencia. Lo que resulta inadmisible es el afán de los gobiernos autonómicos por mantener el control de sus corporaciones y que la lógica financiera aparezca supeditada a intereses políticos. Es sintomático que ninguna de las concentraciones en curso -Caja Sur y Unicaja; Caja Duero y Caja España; o Caja Ávila y Caja Segovia- se realice entre entidades de distintas regiones. Frente a las maniobras intervencionistas de las Comunidades, el ex ministro Jordi Sevilla y el diputado popular Vicente Martínez Pujalte abogan en un libro por aumentar la independencia de las cajas con propuestas para primar la autoridad del Banco de España y disminuir la capacidad de regulación de los Gobiernos autonómicos. Ambos políticos demuestran que un acuerdo entre los grandes partidos para reordenar con sentido común el sistema financiero es posible.El Mundo - Editorial
MIENTRAS Alberto Ruiz Gallardón, muy astuto, cumplía en La Granja de San Ildefonso con sus compromisos rectores en el PP -¡todo por el centro!-, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, por unanimidad, retirar todos los honores que, en su día, la ciudad le concedió al anterior Jefe del Estado. En un ridículo juego de moviola histórica, concordante con la saña que inspira a José Luis Rodríguez Zapatero, a Francisco Franco ya no le corresponde la Medalla de Oro que le concedió el concejo que presidía Alberto Alcocer, ni la de Honor que firmó el conde de Santa María de Babio. También ha dejado de ser Hijo Adoptivo de Madrid, como proclamó otro pleno presidido por el conde de Mayalde. La iniciativa de arrancarle unas cuantas páginas al libro de la Historia matritense, como cualquiera puede imaginar, la tomó IU, quizá para dar fe de su existencia, y fue secundada con entusiasmo por los concejales del PP y del PSOE, que también estuvieron de acuerdo en negarle a Carmen Polo de Franco el título de Hija Adoptiva, que «mereció», dicho sea de paso, antes que su marido.
Cuando Madrid, según las quintillas de Nicolás Fernández de Moratín, era «castillo famoso que al rey moro alivia el miedo», se alanceaban toros en su Plaza Mayor; pero esto de alancear difuntos, tan zafio e inútil, tiene menos garbo y ninguna gracia. Gallardón no es «el bravo alcaide Aliatar/ de la hermosa Zaida amante...», ni sus ediles merecen el sonar ruidoso, entre solemne y bullanguero, de los añafiles y los atabales. Una capital cuajada de obras insoportables, ensimismada en una tómbola olímpica en lugar de estarlo con un proyecto cívico y urbanístico de más enjundia y menos linimento, no debiera perder el tiempo de su máximo y más representativo órgano rector en darle al pasado pellizcos de monja. Quienes han gestionado, y gestionan, la ciudad más endeudada de Europa -posiblemente del mundo- y llevan amontonado un debe cercano a los 6.000 millones de euros habrían de mostrarse, aunque sólo fuere por guardar las apariencias, más sesudos y equilibrados. En razón de la biología y en aras del sistema educativo, más de la mitad de los madrileños, los menores de 35 años, no saben quién fue Franco y la otra mitad le tenemos tan distante como a Recaredo o Chindasvinto. ¿Hacen falta tanta pompa y tanto gasto, tanta obra y tantísimo boato para tomar razón de que Franco ha muerto?
ABC - Opinión
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dado con la puerta en las narices a los amigos de ETA. No colaron sus dos solemnes quejas en forma de recurso contra el proceso de ilegalización de Herri Batasuna y sus derivadas, Batasuna y Euskal Herritarrok. Les quedaba el Tribunal de Estrasburgo. Y en él confiaban para blanquearse de nuevo ante la opinión pública internacional. Pero los seis magistrados, más el presidente, Peer Lorenzen, han decidido por unanimidad que la conducta de estos grupos y sus vinculaciones con ETA les convierten en enemigos de la Democracia.
El Tribunal respalda así una brillante operación de Estado que, en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa frente a quienes aspiran a reventarlo, contó con el apoyo de la opinión pública, los grandes partidos políticos, los tres poderes del Estado y el Tribunal Constitucional. Aunque el fruto legal más visible de aquella operación fue la Ley de Partidos (2002), la determinación de excluir de la vida política por medios legales a los amigos de ETA ya se había fraguado en el Pacto Antiterrorista (2.000), firmado por PP y PSOE.
Gracias al espíritu y la letra del Pacto previo y la Ley posterior, la representación de los amigos de ETA ha desaparecido del Congreso de los Diputados y del Parlamento Vasco. Prácticamente todas sus organizaciones están fuera de la ley y muchos de sus dirigentes siguen en la cárcel. Solo tienen una cierta presencia municipal en unos cuarenta ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Y ello, gracias al juego de garantías aplicadas por los poderes públicos, incluidos los altos tribunales, precisamente en aplicación de derechos fundamentales como el de participación, el de expresión, el de asociación.
Esos derechos nunca fueron suprimidos o limitados de forma arbitraria en España. Así se infiere de los 50 folios de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Otro varapalo a los amigos de ETA, porque en realidad a quien han sentado en el banquillo es al Reino de España, al amparo de los derechos del hombre y las libertades fundamentales. Nada menos. Herri Batasuna y Batasuna, en sus respectivos recursos (25803/04 y 25817/04), alegaban que su ilegalización, al aplicarse la Ley de Partidos Políticos, habría violado los derechos fundamentales a la libertad de expresión (artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos) y a la libertad de asociación (artículo 11).
Respecto al primero, el Tribunal no reconoce en el Gobierno español la voluntad de excluir las opciones independentistas vascas en razón de sus ideas porque “varios partidos considerados separatistas ya coexisten pacíficamente en varias comunidades autónomas”. Pero donde más evidente es el respaldo de Estrasburgo a la operación de legítima defensa del Estado es en los razonamientos de la sentencia sobre la libertad de asociación, reunión y participación en la vida política. Con toda claridad se reconoce al Estado español el derecho a intervenir contra los partidos que se apoyan en la violencia terrorista y ponen en riesgo “la paz civil y el régimen democrático”.
En una bien articulada argumentación, el Tribunal, en fin, reconoce los vínculos entre Batasuna (y sus derivadas) y una banda terrorista: “Teniendo en cuenta la situación existente en España después de muchos años de atentados terroristas, especialmente en la región políticamente sensible que es el País Vasco, esos vínculos pueden ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia”.
el confidencial
«¿Habrán descubierto los valedores opinativos del proceso que aquello no conducía a ningún lado o, más bien, siempre lo supieron, sólo que ahora no toca?»
Coincidí hace unas fechas con el periodista José María Calleja en una tertulia de televisión de la periferia. "¿Cómo va lo tuyo con Isabel San Sebastián? ¿Cómo fue aquello que la llamaste, 'antiterrorista de discoteca' o así?", le dije con aire primaveral en el piscolabis previo a entrar al estudio. "Estoy querellado", sonrió sin asomo de preocupación, incluso un poco divertido. "Me habré equivocado seguro en muchas cosas. Pero yo creía que hablando con los terroristas se podía solucionar algo, que era bueno, y por aquello me llamaron amigo de ETA y cosas peores". No supe si estaba cantando la palinodia, pero desde luego había buen rollito, no sé si porque en aquel programa de televisión no pagaban lo suficiente para que a Calleja se le fuera estratégicamente la virgen.
Quien sí la ha cantado, la palinodia, es otro amante incondicional y muy principal del diálogo y del "proceso", Iñaki Gabilondo, quien incluso le concede cierta condición humana a Aznar ("él tenía razón y yo no"), cosa meritoria para quien tiene afirmado que todo lo que tenga que ver con el ex presidente le pone del hígado y le hace perder el desasimiento y el aura. ¿Habrán descubierto los valedores opinativos del proceso que aquello no conducía a ningún lado o, más bien, siempre lo supieron, sólo que ahora no toca?
Porque no ha ocurrido nada que justifique ese cambio de opinión, y nadie le ha hecho aparentemente ninguna putada a Gabilondo para que de repente hable con sentido común, cuando nadie lo espera, ni se le pide. Salvo que hay un Gobierno vasco medianamente distinto, todos están donde solían, si acaso ahora ETA mata un poquito menos y Aznar, por mucha razón que tuviera, es odiado un poquito más por esa parte del país que se lo cree todo, sea una cosa antes y ahora su contraria. ¿Quién le devuelve ahora sus cincuenta y nueve segundos de infamia, que fueron algunos más, a Aznar? ¡Pero si de pronto descubrirán que Jaime Mayor Oreja es algo más que el cenizo caduco con "esa cara de ir a dar siempre el pésame" con la que lo pintaron siendo ministro, de modo que votarle en las recientes elecciones al Parlamento Europeo daba hasta mal fario!
Sería mucho pedir que a los fósiles, los resentidos, los antiguos, los amargados, "los de siempre" que se han venido oponiendo a sentarse con los terroristas a hablar de recetas de cocina también se les extendiese el beneficio de esta interesada rehabilitación de Aznar. No da tiempo a dejar de considerarlos unos meros fachas según la doctrina oficial, porque cuando otra vez toque descubrir que lo mejor es entenderse con ETA no habrá que molestarse en volver a ponerles la etiqueta.
Libertad Digital - Opinión
DOSCIENTOS días. Eso es lo que ha tardado la justicia americana en dictar sentencia sobre la estafa piramidal de Bernard Madoff y dejar caer sobre la cabeza (¿de turco?) del timador una condena equivalente a la cadena perpetua. Se puede pensar si el reo habría recibido un veredicto tan duro en el caso de haber estafado a gente del común en vez de a una constelación planetaria de millonarios deslumbrados por el brillo del dinero fácil, pero lo que resulta indiscutible es la celeridad ejemplar con que el sistema ha evacuado la depuración del fraude, incluyendo la reparación parcial de los daños causados a la clientela a través de una forzosa negociación bancaria. En los primeros seis meses de un proceso de esa envergadura, la justicia española apenas tendría tiempo para las diligencias previas y los recursos preliminares, y pasarían años antes de que las víctimas supiesen apenas el paradero de sus evaporados caudales.
No es especulación; los clientes de Fórum y Afinsa aún no saben cuánto dinero han extraviado, ni siquiera si han sido o no objetos de estafa. Diluido el efecto mediático del escándalo y disipada la posibilidad de encontrar en él piezas de caza mayor política, el caso parece haber perdido prioridad para descaminarse entre los recovecos polvorientos del kafkiano castillo judicial español, donde yacen amontonados sumarios de corrupción, pleitos indemnizatorios, contenciosos de larga duración y hasta escalofriantes procesos penales. Algunos de esos aletargados expedientes fueron en su día instruidos bajo el irónico epígrafe del procedimiento abreviado.
Eso sí, los comienzos de cada causa resultan de lo más prometedores. En esos arranques efervescentes con multitudinarios «paseíllos» de juzgado se arruinan reputaciones, se siembran incertidumbres, se ejecutan sumarísimos veredictos de opinión pública y se aplica a los sospechosos pena de telediario. Luego se va perdiendo el gas en un frufrú decadente de burbujas que acaba en un perezoso desmadejamiento disimulado en trámites garantistas, y al cabo de los años, si es que antes el papeleo no se empantana en archivazo, se presenta ante el tribunal un demacrado montepío de canas en busca de un remedo de justicia tardía. Acaso de esa costumbre dilatoria provenga la afición de ciertos magistrados por remover fosas de la guerra (in)civil y hasta pedir el certificado de defunción de Franco; acostumbrados a su propio ritmo deben de pensar que están desatascando urgencias. Con esta justicia de ultratumba no es improbable que en la vista del presunto fraude filatélico acaben declarando algunos herederos de los inversores que hoy siguen preguntándose por el borroso destino de sus ahorros malogrados. Aquí un tipo como Madoff, que tiene 70 años, necesitaría tres vidas para llegar a sentarse en el banquillo de acusados.
ABC - Opinión
El Tribunal de Estrasburgo cierra el círculo de dudas sobre la ilegalización del partido 'abertzale'.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto punto final a cualquier duda jurídica que pudiera todavía albergarse sobre la ilegalización de Batasuna. Se entierran así las esperanzas, no sólo de la formación abertzale, sino también de ciertos medios nacionalistas de que un órgano jurisdiccional europeo e independiente pusiera en entredicho la actuación de la justicia española y condenara al Estado español por vulneración de derechos políticos fundamentales. El jarro de agua fría afecta directamente al PNV y al anterior Parlamento de Vitoria, que confiaban en una sentencia de Estrasburgo desfavorable a la Ley de Partidos a pesar de haber sido avalada también por el Tribunal Constitucional español.
El veredicto del Tribunal de Estrasburgo no puede ser más contundente, no sólo por su unanimidad, sino por sus argumentos: la actuación de la justicia española -tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional-, sustentada en una probada complementariedad política de Batasuna con ETA, no vulnera los derechos a la libertad de expresión ni de asociación política. El revés jurídico para Batasuna es histórico, y sus consecuencias políticas resultan nefastas para sus pretensiones: se corta de raíz no sólo su posible vuelta a las instituciones sino la de sus segundas marcas.
La formación ilegalizada alegó que la Ley de Partidos le había sido aplicada retrospectivamente; que su disolución fue desproporcionada y que el objetivo de la misma fue impedir el necesario debate sobre la izquierda independentista vasca. En definitiva, que se habían vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Ninguna de estas quejas tiene acogida: no hubo retroactividad porque los hechos y las pruebas son posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Partidos; la disolución no buscó impedir el debate sobre la izquierda independentista vasca, "ya que otros partidos llamados separatistas coexisten pacíficamente en muchas autonomías españolas", y no fue desproporcionada con los actos y discursos demostradamente antidemocráticos del partido disuelto.
Para Estrasburgo no cabe duda alguna: la ilegalización de Batasuna respondió a una "necesidad social imperiosa". Y llama la atención su sintonía con el Supremo y el Constitucional españoles. Coincide con ellos en que la actuación y el discurso de Batasuna y sus dirigentes "no excluyen el recurso a la fuerza para alcanzar sus objetivos"; forman parte "de una estrategia política contraria a los principios democráticos de la Constitución española" y sus probados vínculos con ETA "pueden ser objetivamente considerados como una amenaza para la democracia". Más claro no puede decirse: un partido así no encaja en una "sociedad democrática". Habría sido admisible incluso, aunque no fue el caso, ilegalizar a Batasuna por no condenar los atentados de ETA: "En ciertas circunstancias las omisiones y silencios pueden equivaler a un apoyo expreso".
El País - Opinión
El doctor Montes ha experimentado un nuevo revés judicial. Me intriga lo de este hombre. Abundante melancolía se escapa de su expresión. Sus compañeros de profesión le acusaron de mala «praxis», y en lugar de arrepentido, se muestra enfadado. El socialismo y el comunismo de Madrid están con él. Para mí, que el doctor Montes es una victima de la Izquierda madrileña, que necesita un clavo ardiente para agarrarse a él. No tienen a nadie, y al paso que llevan unos y otros, me da por presentarme a unas futuras elecciones y me los paso por la refajera. Sólo me preocupa de Montes su afán de notoriedad. Le encanta salir en la prensa retratado con su bata blanca y su rostro de congoja contenida. Mira mucho hacia el suelo. No es un luchador en solitario contra una supuesta injusticia. Es el instrumento político de unos incompetentes que pierden votos todos los días.
Pero ahí está. Cualquier día Zapatero nos anuncia que el candidato del PSOE para las próximas elecciones autonómicas en Madrid es el doctor Montes. Más gancho que Gómez tiene. Cuidado con él. De cualquier forma, uno intuye al doctor Montes más cómodo en otros ámbitos. El cine, por ejemplo. Su aspecto es distinguido y su permanente desazón ha marcado su rostro con la bella destrucción que produce la perplejidad constante. Interpretaría admirablemente los papeles dramáticos. El del padre de un «maquis» que se une a su hijo en la lucha serrana y renuncia a disparar contra un guardia civil porque se cruza de improviso un precioso venado. El padre del «maquis», buenísima persona y amante de la naturaleza, precursor del ecologismo «sandía», prefiere ser detenido antes que disparar contra el ciervo. El malvado guardia civil, en lugar de agradecerle el detalle, lo detiene y Franco, personalmente, acude hasta el lugar para ajusticiarlo. Un extracto del extraordinario guión, que podría escribirlo la señora González-Sinde, y le brindo la idea.
Montes sería un gran actor. No de comedia, que hasta ahí podíamos llegar. Pero un melodrama lo bordaría. También, en este supuesto, cuidado con él. El doctor conoce todos los trucos para convocar a la prensa, y a los pocos meses de formar parte de «La Cultura», alcanzaría, sin duda alguna, la presidencia del Sindicato de la Ceja. Un diálogo trascendental entre dos personajes representados por el doctor Montes y Federico Luppi nos emocionaría a todos. Dejaría en ridículo a Peter O´Toole y Richard Burton en «Beckett», por poner una muestra brillante.
El transcurrir de la vida cierra unas puertas y abre otras tantas. Sin pretenderlo, el doctor Montes se ha convertido en un encomiable actor. No descarto la posibilidad de que salte el charco y se afiance en Hollywood. En tal caso, le recomendaría que adaptara su nombre y apellido al inglés. No suena mal. Lou Mounts. Triunfaría. Sin saberlo, ha conseguido superar a una buena parte de los malísimos actores españoles.
Sus directores y realizadores sólo le tienen que indicar que actúe con naturalidad, que se mueva ante las cámaras como lo hace en su vida. Sería grandioso. El único detalle triste es que le quitarían la calle a Pilar Bardem para dedicársela a él. «Calle de Lou Mounts». Me gusta.
La Razón - Opinión
ETA y Batasuna recibieron ayer un varapalo histórico: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de la decisión de ilegalizar a los proetarras.
ETA Y BATASUNA recibieron ayer un varapalo histórico. Los siete magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaron por unanimidad que la decisión de ilegalizar Batasuna en 2004 era «una necesidad social imperiosa», plenamente justificada «para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades».
La sentencia deja sin discurso a la izquierda abertzale y al PNV, que se habían cansado de repetir que la ilegalización de Batasuna era una arbitrariedad del Gobierno y los tribunales españoles y que el Tribunal de Estrasburgo pondría fin a esta vulneración de los derechos de los ciudadanos vascos.
El tiro les ha salido por la culata porque la sentencia dice exactamente lo contrario: que Batasuna es un apéndice de ETA, que su ilegalización es «proporcional» y ajustada a las leyes, que no viola la Convención de Derechos Humanos y que era necesaria para proteger al Estado frente a una organización terrorista.
Los siete magistrados desmontan todos y cada uno de los argumentos de los abogados de Batasuna en un demoledor fallo de 39 folios que concluye que un Estado de Derecho no puede permanecer indefenso ante las amenazas de una banda que asesina y siembra el terror entre la población. En sus fundamentos jurídicos, los magistrados apuntan que la ilegalización de Batasuna, brazo político de ETA, por parte del Supremo estaba plenamente justificada porque había pruebas indiscutibles de un respaldo activo del partido político a los actos violentos del grupo terrorista.
El Tribunal considera que esta asociación de Batasuna y ETA era un motivo legal de disolución y que el Supremo aplicó correctamente el artículo 9 de la Ley de Partidos, aprobada en el verano de 2002. Va incluso más lejos al mencionar que todas las decisiones adoptadas por el Parlamento y los tribunales españoles se encuadran en el marco legal europeo de lucha contra el terrorismo, subrayando que no hay violación alguna de la Convención de Derechos Humanos, como argumentaba la izquierda abertzale.
La sentencia deja, pues, sin discurso a Batasuna, que siempre había afirmado que los jueces españoles estaban politizados y que una instancia judicial independiente como el Tribunal de Estrasburgo les daría la razón. Pues bien, no solamente no se la da sino que sostiene que Batasuna es un partido supeditado a ETA y que ningún Estado democrático toleraría una formación que se dedica a hacer apología del terrorismo. ¿Ahora qué van a decir Otegi y sus compañeros? ¿Van a proclamar que son víctimas de una conspiración en Europa o que los siete magistrados no saben nada de Derecho?
La realidad es que el recurso de Batasuna se ha convertido en un boomerang que les ha dejado noqueados internacionalmente. En cambio, el fallo del Tribunal de Estrasburgo supone una reivindicación de la Ley de Partidos, del Pacto Antiterrorista entre el PP y el PSOE y de la política que se hizo en aquellos años y se ha reactivado ahora.
Merece la pena destacar que el ministro de Interior e impulsor de la ley era entonces Ángel Acebes, que el presidente del Gobierno era José Mª Aznar y que el líder de la oposición que apoyó la iniciativa se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres tienen motivos para sentirse satisfechos, pero lo más importante es que, como dijo ayer Rubalcaba, la sentencia proporciona cobertura jurídica para que los proetarras -sea con su marca, con otra nueva o con listas blancas- no vuelvan a estar representados jamás en las instituciones democráticas.
El Mundo - Editorial
Emocionado y conmovido estoy ante la frase que hoy no acababa de creerme ver pronunciada por el gran hombre bueno del buenismo. Ha dicho que José María Aznar no se equivocaba. Y que ETA es un problema policial. Quienes siempre hemos luchado con la idea de la existencia de Dios estamos probablemente más cerca de la afirmación. Si Iñaki Gabilondo dice que Aznar tenía razón en algo, nadie debiera tener problemas en aceptar el mucho vino en las bodas de Canaa, ni los panes y los peces en la fiesta campestre ni la propia Santísima Trinidad. Toda la progresía hundida de golpe, caída del más inmenso caballo ante la puerta de Damasco, como cuando Milovan Djilas reveló la obviedad de que Josip Broz Tito y sus comunistas eran una banda de hipócritas, ladrones y puteros. Cierto que Gabilondo no espera como Djilas serias represalias, seguirá bien pagado y escuchará la Novena de Brückner como si el drama no fuera con él.
¡Pero qué bonito es escuchar una enmienda tan rotunda! Una enmienda a la totalidad que conlleva muchas más de las que pretende su autor. Si el gran pope del sectarismo izquierdista, el adalid del odio personal casi patológico que se ha generado desde el poder y sus aledaños contra el ex presidente en los últimos años dice que Aznar tenía razón en algo, se ha roto un sortilegio. Si Gabilondo dice que Aznar tuvo en algún momento razón, está diciendo que Zapatero y sus palanganeros de bajo coste como Enric Sopena y otros tantos, no la tenían ni tienen. Y da por hecho que su propia enmienda revela que la incapacidad de hacerla del resto de los fabuladores demuestra cómo todos ellos se aferran a la mentira.
ABC - Opinión
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La colisión entre el ex mandatario y el presidente del Gobierno ha dado paso a la inquietud en el socialismo. Y es que la sombra que proyectan sus sonadas diferencias es alargada.
En el PSOE ha surgido un pulso entre su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, y su mayor referente, Felipe González. El primero tiene el Poder del partido y del Gobierno; el segundo tiene detrás su aureola de tótem, así como importantes apoyos mediáticos. El choque ha sido tal que el partido se muestra dividido.
Zapatero y González hace tiempo que no se hablan, aunque –cortesía obliga– compartieron mesa y mantel antes de las elecciones europeas del 7 de junio. El primero, erre que erre, sigue empecinado en dar una respuesta ideológica a la crisis. El segundo echa pestes de su sucesor y añora reformas estructurales y un acuerdo con el Partido Popular que exigiría un cambio en el rumbo de la política económica.
Felipe González arrancó la pasada campaña electoral propinando un tirón de orejas a José Luis Rodríguez Zapatero: "Podría hacer más contra la crisis". Tras la derrota del 7-J, el ex presidente siguió lanzando dardos envenenados contra el jefe del Ejecutivo, cuestionando su liderazgo pero, sobre todo, reclamando un plan anticrisis y un diálogo con el PP en busca de consenso para afrontar el duro calvario que queda por delante.
Es impensable que un líder de la dilatada experiencia y trayectoria de González afirme cosas así porque se le escapen, sin medir las consecuencias que tienen sus palabras para el presidente del Gobierno. Si hasta quien sigue siendo un importante referente político en el PSOE asegura que Zapatero está perdiendo un "tiempo precioso" incumpliendo con su obligación de gobernar, para qué quieren más sus adversarios políticos.
El interpelado tampoco se calló y le aplicó a su antecesor un código de señales fácil de descifrar. En síntesis, José Luis Rodríguez Zapatero le propinó un "nunca se ven las cosas igual cuando se está en el Gobierno que fuera" que sonó a muchos dirigentes socialistas a "despliegue de un certificado de defunción del felipismo", según ha podido constatar El Semanal Digital en fuentes del PSOE.
Dicho lo cual, destacados miembros del socialismo se han lanzado a especular sobre las consecuencias del rifirrafe entre González y Zapatero. Dada su extrema debilidad, el ex presidente puede hacer más daño al actual inquilino de La Moncloa si se lo propone y, de hecho, la marejada interna provocada por su choque ha llevado oficialmente a un intento de rebajar tensiones entre ambos líderes y a intentar explicar sus diferencias en términos generacionales.
Sin embargo, entre los zapateristas se reprocha en privado a Felipe González su "falta de generosidad" para con José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso extienden la idea de que el otrora presidente "lleva el cesarismo en la sangre y experimenta el deseo de marcar el rumbo al partido". Entre la llamada "vieja guardia" hay opiniones para todos los gustos. Una de las más extendidas es que las palabras de González deben ser entendidas como un "aviso". Pero los felipistas no ocultan sus críticas por lo que estiman una creciente altivez de Zapatero.
el semanal digital
Estatut
«Esperemos que el Tribunal Constitucional, en su absurda pretensión de contentar a todos, no se dedique a jugar con el lenguaje y con nuestra nación. Porque, como dijo Confucio, "cuando las palabras pierden su significado, los hombres pierden su libertad".»
A tenor de sus declaraciones al diario La Razón, se podría pensar que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, desconoce la sociedad en la que vive y la opinión de sus conciudadanos. Creer que la sentencia sobre el Estatuto "debería satisfacer a todos" porque "será la sentencia que demanda la Constitución" y ésta "es la norma que nos hemos dado libremente", son ganas de hacerse pasar por ingenua y pretender ignorar el hecho de que en este asunto existen básicamente dos posiciones encontradas e irreconciliables entre los que consideran que España es una nación y los que consideran que se trata de un contenedor de naciones
Para empezar, y al margen de su contenido, una sentencia como la que nos ocupa –la más decisiva de cuantas haya dictado este Tribunal en toda su historia– no debería satisfacer a nadie con más de tres años de retraso. Pero es que además, la presidenta del Tribunal Constitucional no puede fingir ignorar que los promotores de este "Estatuto" han pretendido con él un cambio encubierto de nuestra Carta Magna. Fue uno de sus principales promotores, el presidente de la Generalidad catalana, Pasqual Maragall, quien, el 29 de marzo de 2004, con las Cortes Generales surgidas del 14-M todavía por constituir y la formación del nuevo Gobierno en fase inicial, hizo un solemne llamamiento a Zapatero desde el Consejo Nacional del PSC en el que instaba al recién elegido presidente del Gobierno español a que "no se limitara a administrar la continuidad constitucional" y llevara a cabo, por el contrario, "una nueva lectura de los textos fundamentales" y decidir "qué sigue vigente, qué estorba y qué hay que añadir a lo aprobado hace 25 años". Lo "aprobado hace 25 años" no era, ni es otra cosa que nuestra –se supone– vigente Ley de leyes , pero que el presidente socialista de la Generalidad quería dejar atrás, 25 años después, en pro de una "gran transformación política" que, según dijo entonces, "requiere el Estado español". En esta línea, Maragall animó aquel día a Zapatero a emprender, "libre de las hipotecas del PP", una "construcción política y jurídica de lo que desde el principio de la democracia estaba en la mente del PSC y de la mayoría de los españoles".
La alegría por la inesperada victoria del PSOE en esas elecciones ocultaba a Maragall el hecho de que, si bien a partir de entonces, los socialistas y sus aliados nacionalistas tenían mayoría en el parlamento para aprobar lo que a su vez aprobara el parlamento autonómico, no tenían sin embargo las mayorías cualificadas para cambiar la Constitución. Eso por no hablar del referéndum nacional que también exige la reforma. Fue este hecho el que llevó a los impulsores del Estatut a cambiar de estrategia y a fingir que el estatuto estaba "limpio como una patena" y era perfectamente compatible con la Constitución sin tener que "añadirle" ni "quitarle" nada.
Una vez redactado y aprobado ese estatuto soberanista, Maragall tuvo la honestidad intelectual –dicho sea en su descargo– de reconocer que el Estatut era "inviable" sin "una reforma previa" de la Constitución.
La pretensión de Casas, en cualquier caso, de que la sentencia "debería satisfacer a todos" es insostenible y no hace más que alimentar la generalizada sospecha de que se va a tratar de una "sentencia explicativa", de esas según las cuales cada uno puede deducir lo que quiera, lo cual en realidad no debería satisfacer a nadie.
A mí esto de las "sentencias explicativas" y de las "lecturas flexibles" de nuestra Carta Magna me recuerda una de las lúcidas reflexiones que hizo el filosofo Fernando Savater en el acto inaugural de UPyD. La ley en las democracias –vino a decir el filósofo– aparece para zanjar las discusiones, no para darles comienzo. Es decir, la gente tiene sus ideas, sus opiniones y precisamente por eso hace falta una ley para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Si la ley se convierte en el comienzo de interminables discusiones, entonces estamos en las manos de quienes quieren atropellar nuestros derechos.
Esperemos que el Tribunal Constitucional, en su absurda pretensión de contentar a todos, no se dedique a jugar con el lenguaje y con nuestra nación. Porque, como dijo otro filósofo –en este caso, Confucio– "cuando las palabras pierden su significado, los hombres pierden su libertad".
Libertad Digital - Opinión
