El agravio de las pensiones. Por Martín Ferrand

Por primera vez los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios. ¿Estaremos reaccionando?

SUPONGO que no hay un solo español sensato, sean cuales fueren su posición política y su situación laboral, que no asuma, al menos en la intimidad —como José María Aznar hablaba en catalán—, la urgente necesidad de abordar una reforma profunda del actual sistema de pensiones. Aún así el asunto se presenta como especialmente conflictivo y cabe pensar que inauguraremos el 2011 con algaradas defensoras del insostenible sistema en vigor. Es así porque la Historia acredita que el español utiliza un sistema lógico para el análisis y el raciocinio y otro muy diferente, antagónico, para establecer los cauces de su conducta. Es algo que puede parecer diabólico a un espectador sobrevenido, pero forma parte de la sorda demanda de justicia distributiva y repulsa de los agravios comparativos que anidan en el corazoncito de los ciudadanos comunes.

Consciente de ese estado anímico, el Gobierno del que sigue siendo titular José Luis Rodríguez Zapatero, más lánguido cada día, trata de aplazar el tiempo de las reformas, lo que es temerario, y de producirlas de poco en poco, como los fascículos con los que nos vendieron las enciclopedias o, mejor, tal que los folletines que ilustraban a la mesocracia española antes de que la basura televisiva con patente italiana tratase de secarnos el cerebro con sus abyectos programas en los que la insidia alterna con el mal gusto y el despropósito con la impostura.

Posiblemente el escenario para el debate sobre las pensiones —de paro, jubilación o cualquier otra naturaleza— deberá ser el Pacto de Toledo; pero la degradación que establece la talla mínima de los representantes de los partidos en esa comisión parlamentaria —¡Isabel López i Chamosa es la portavoz del PSOE!— invita a otros marcos y consideraciones. Tampoco importa mucho. La clave de la solución del problema reside en una previa rebaja de la privilegiada situación de los senadores, diputados y altos cargos de la Administración en todo lo que afecta a sus derechos pasivos. Sin ella como pórtico de una reforma sustancial, con sus correspondientes drásticas rebajas, no hay nada que hacer. Ya se advierte la temible ira del español sentado en todo cuanto afecta al caso. El ejercicio de desfachatez de nuestros representantes, que se han apresurado a mejorar su situación en perjuicio y agravio de la nuestra, no es de recibo y puede llegar, con o sin protagonismo sindical, a una movilización colectiva de imprevisibles consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios previa a la inevitable reducción de derechos adquiridos. ¿Estaremos reaccionando?

ABC - Opinión