«Pensionazo», pero para todos

Gobierno y oposición no pueden tratar un asunto de esta gravedad sin transparencia, sin empatía hacia los ciudadanos y sin renunciar a privilegios.

LA reforma del sistema de pensiones ya tiene un principio de acuerdo entre el Gobierno y el PP, con el que se ha abordado una de las asignaturas pendientes del Estado de bienestar. La estructura demográfica española hace insostenible la situación actual, en la que cada trabajador ha de responsabilizarse progresivamente de un mayor porcentaje del gasto en pensiones. El camino hacia el colapso estaba recorrido en buena medida y ha llegado el momento de asumir decisiones dolorosas, necesarias e inaplazables. Por eso, el acuerdo entre Gobierno y PP requiere un discurso político y social que lo legitime ante los ciudadanos, que son los que tienen que asumir las consecuencias de un descenso de la población activa y un incremento de la pasiva. El resultado final, se llegue por el aumento de la edad de jubilación o del período de vida laboral computada, va a ser el mismo: cobrar menos pensión. Dado este paso por el Gobierno y la oposición, el discurso legitimador es imprescindible, porque los sacrificios que se piden a los ciudadanos son muy gravosos.

Y no sólo hace falta un discurso de compromiso nacional con la superación de la crisis. Hacen falta también medidas de regeneración de la clase política, precisamente en esta materia de pensiones y compensaciones a cargos públicos. A la inmensa mayoría de los ciudadanos que trabajan no les llegan las indemnizaciones de los altos directivos del mundo financiero. Pero tampoco el trato privilegiado que reciben muchos cargos públicos cuando cesan. En ciertos supuestos está justificada una cantidad indemnizatoria, temporalmente limitada, hasta que se recupere la vida profesional del político. Pero si al ciudadano se le anuncia que su pensión se va a calcular no sobre quince años, sino sobre veinte o veinticinco, es necesario que el pacto político sobre pensiones incluya una revisión de las que cobran, en su cuantía máxima, muchos altos cargos de la esfera pública después de pocos años de actividad. No se trata de un reajuste demagógico que busque castigar a la clase política, sino de demostrar con hechos que los esfuerzos contra la crisis incumben a todos y que la ejemplaridad contra privilegios que muchos ciudadanos consideran abusivos o inmerecidos es la mejor manera de recabar el sacrificio de los ciudadanos. Es necesario revisar en profundidad el sistema de pensiones, modificar plazos de computación y edades máximas y mínimas. Pero el Gobierno y la oposición no pueden tratar un asunto de esta gravedad sin transparencia, sin un sentimiento básico de empatía hacia los ciudadanos y sin ejemplaridad.

ABC - Editorial