La OCDE ha irrumpido con fuerza en el debate español sobre las pensiones que enfrenta al Gobierno con el resto de las fuerzas políticas y con los sindicatos. El diagnóstico del organismo internacional no difiere del de otras instituciones económicas, desde el FMI hasta el Banco de España, y se puede resumir en esta aseveración: el sistema público de pensiones quebrará inexorablemente si no se alarga la edad de jubilación al menos hasta los 67 años y no se amplía el periodo de cotización para calcular la percepción. En resumen, o se bajan las cuantías y se estira la vida laboral, o en quince años el sistema se colapsa. Así lo cree también el Gobierno de Zapatero, que ha reiterado su voluntad de empezar la reforma el 28 de enero, haya o no acuerdo del Pacto de Toledo. Por el contrario, los sindicatos y la izquierda se oponen frontalmente, hasta el punto de que amenazan con convocar otra huelga general. Como tampoco los partidos de centroderecha parecen dispuestos a avalar íntegramente la reforma, cabe preguntarse si se trata de un empecinamiento del Gobierno y si es tan urgente abordar un cambio que produce honda preocupación social. Es evidente que si los mercados y las instituciones internacionales no le hubieran presionado de manera implacable, el socialdemócrata Zapatero no se habría embarcado en un recorte social tan opuesto a la tradición socialista. Pero eso no quita, sino todo lo contrario, para que se le reconozca su sentido de la responsabilidad y su compromiso con los pensionistas del futuro. A ningún gobernante, sea del color que sea, se le ocurriría meter la tijera en el avispero de las jubilaciones si no fuera de todo punto imprescindible. Y nos tememos que en España lo sea, además de urgente. Cuando todos los analistas y centros de investigación coinciden en que el aumento de la esperanza de vida, sumado a una incorporación cada vez más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo, condena a muerte el actual sistema de pensiones, lo responsable es adelantarse a la debacle y corregir el rumbo. Los partidos de centroderecha, empezando por el PP, están de acuerdo en el diagnóstico, pero discrepan de que sea necesario retrasar dos años la jubilación, pues bastaría con que se cumpliera estrictamente la edad de los 65 años, no menos. La propuesta es razonable, pero no es incompatible con la del Gobierno y parece más una excusa para no apoyar a Zapatero, por más que en el fondo compartan su reforma. Tampoco tienen razón los sindicatos cuando vinculan el alargamiento de la vida laboral a más paro juvenil, tesis que resulta poco verosímil cuando hoy el 43% de los jóvenes ya está desempleado. Si alguna censura merece el Gobierno es que se ha visto abocado a esta reforma por su propia debilidad y su nula fiabilidad. Si hubiera hecho antes las reformas profundas necesarias, como la del mercado de trabajo, la fiscal y la del gasto público, hoy no estaría España en el ojo del huracán y sus gobernantes asediados para que den más garantías de futuro a los mercados. Un Gobierno fuerte y con credibilidad habría gestionado sus propios tiempos, en vez de ir a rebufo de quienes desde el extranjero le dictan lo que tiene que hacer.
La Razón - Editorial
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