La división de opiniones del Tribunal Supremo sobre si la ley está o no de parte de los amigos políticos de ETA (Sortu), en su pretensión de competir con el resto de partidos, es la misma división de opiniones que sobre la cuestión podemos detectar en la clase política y en la opinión pública, con las debidas correcciones cuantitativas según hagamos la prospección en el conjunto de España o sólo en el País Vasco. Políticos y ciudadanos vascos, más favorables a la legalización de la llamada izquierda abertzale, se entiende.
Un hecho tan simple y tan verificable es suficiente en sí mismo para rebatir las acusaciones dirigidas por los responsables de la antigua Batasuna contra el alto tribunal. En un comunicado hecho público ayer, atribuyen el fallo del Supremo al resultado de una estrategia concertada y definida por los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP. Refiriéndose a los 16 magistrados de la sala, dice textualmente: “Queremos denunciar que en vez de analizar argumentos jurídicos se han basado en una decisión política para decidir”.
Un hecho tan simple y tan verificable es suficiente en sí mismo para rebatir las acusaciones dirigidas por los responsables de la antigua Batasuna contra el alto tribunal. En un comunicado hecho público ayer, atribuyen el fallo del Supremo al resultado de una estrategia concertada y definida por los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP. Refiriéndose a los 16 magistrados de la sala, dice textualmente: “Queremos denunciar que en vez de analizar argumentos jurídicos se han basado en una decisión política para decidir”.
Cualquiera puede ver que eso no se corresponde en absoluto con el recuento de posiciones finales. El nueve en contra y siete a favor es un correctivo “legal” en toda regla al Gobierno, a los dos grandes partidos y a quienes desde el principio no hemos contemplado otra posibilidad que la del frenazo “político” a la operación de blanqueo “legal” y “político” iniciada por la Batasuna de siempre con otros collares.
El nueve a siete de los magistrados del Tribunal Supremo sobre la solicitud de inscripción de Sortu, la nueva marca, en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior desmiente clamorosamente la conspiración política denunciada por los afectados.
De todos modos conviene recordar que tras el discutido fallo del Supremo -se acabó la unanimidad-, sigue vigente la doctrina judicial según la cual la vieja Batasuna, a la que se pretende dar continuidad, forma parte de “una estructura integrada en ETA para hacer más eficaz la acción terrorista”.
Frente a tan claro pronunciamiento de los más altos tribunales (Supremo, Constitucional y Estrasburgo), y ante las numerosas pruebas presentadas en sus demandas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, los meros retoques formales no han servido a la nueva Batasuna para presentarse como algo distinto a la organización ilegalizada en marzo de 2003, la misma que desde junio de 2003 figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Eso también es aplicación del Estado de Derecho. Próxima estación: Tribunal Constitucional.
El nueve a siete de los magistrados del Tribunal Supremo sobre la solicitud de inscripción de Sortu, la nueva marca, en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior desmiente clamorosamente la conspiración política denunciada por los afectados.
«El nueve en contra y siete a favor conocido ayer es un correctivo “legal” en toda regla al Gobierno, a los dos grandes partidos y a quienes desde el principio no hemos contemplado otra posibilidad que la del frenazo “político” a la operación de blanqueo “legal” y “político” iniciada por la Batasuna.»No solo eso. Además les ofrece la oportunidad de reconocerse en los argumentos técnicos -no políticos- utilizados en los votos particulares y en las posiciones defendidas por casi la mitad de los magistrados. Todo ello en virtud de principios fundamentales como la separación de poderes, la igualdad ante la ley y el derecho de participación política, engranados en ese Estado de Derecho que ETA y sus amigos quisieran reventar, unos por las buenas y otros por las malas. ¿Eso les iguala? El ministro de Justicia, Caamaño, lo explicó muy bien. Las similitudes les hace a todos ser ilegales. Tanto ETA como Batasuna están proscritos por ley. Pero las diferencias -los medios a utilizar, básicamente-, acaban en la cárcel a la luz del Código Penal y no de la Ley de Partidos Políticos. Eso les hace diferentes.
De todos modos conviene recordar que tras el discutido fallo del Supremo -se acabó la unanimidad-, sigue vigente la doctrina judicial según la cual la vieja Batasuna, a la que se pretende dar continuidad, forma parte de “una estructura integrada en ETA para hacer más eficaz la acción terrorista”.
Frente a tan claro pronunciamiento de los más altos tribunales (Supremo, Constitucional y Estrasburgo), y ante las numerosas pruebas presentadas en sus demandas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, los meros retoques formales no han servido a la nueva Batasuna para presentarse como algo distinto a la organización ilegalizada en marzo de 2003, la misma que desde junio de 2003 figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Eso también es aplicación del Estado de Derecho. Próxima estación: Tribunal Constitucional.
El Confidencial - Opinión
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