La de ayer fue otra jornada complicada para el sistema financiero español después de que el presidente del Gobierno comentara el miércoles que el proceso de reestructuración de las cajas contribuiría a la recuperación de la economía y de la confianza de los mercados; 24 horas después, la agencia de calificación Moody’s rebajó el rating de España en otro escalón, desde «Aa1» hasta «Aa2», con perspectiva negativa por el coste del plan de recapitalización para sanear el sistema bancario y el descontrol del endeudamiento autonómico. El anuncio de Moody’s se produjo horas antes de que el Banco de España cifrara en 15.152 millones de euros las necesidades de capital de doce entidades para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno. Un volumen por debajo de los 20.000 millones previstos por el Ejecutivo e inferior a la mitad de lo estimado por Moody’s (40.000 o 50.000 millones) o Fitch (38.000). El propósito principal de la recapitalización de bancos y cajas era recuperar la confianza de los mercados en la economía, y por eso las exigencias han sido altas para las entidades. No sólo los requisitos de capital principal han estado muy por encima de los de sus colegas europeos y los previstos en Basilea III, sino que además el Banco de España no ha tenido en cuenta los planes de salida a Bolsa en el futuro, con lo que los deberes de financiación son aún mayores. Las cifras del Banco de España retratan una realidad preocupante, pero con el valor añadido que supone conocer el estado de las entidades y poner fin a las elucubraciones. Los mercados internacionales mantienen serias dudas sobre España que no ha disipado ni el decreto para recapitalizar la Banca, convalidado ayer en el Congreso con el respaldo del PSOE y CiU y la abstención del PP, ni el informe del supervisor. El propio Banco Central Europeo recomendó expresamente al Banco de España que aproveche la coyuntura para despejar reticencias, lo que demuestra que hay reparos sobre nuestra solvencia. Es evidente que estamos en una encrucijada que aconseja interpretar los avisos de las agencias de calificación y del propio BCE como exigencias que hay que satisfacer ante las más que previsibles tensiones en el precio de la deuda española tras un periodo de estabilidad de los bonos. La tercera entrega de la reforma financiera del Gobierno necesita tiempo para despejar las incertidumbres que genera sobre el crédito doméstico y la propia recuperación de la economía, y también para demostrar si está en condiciones de generar confianza. Y todo ello dependerá no sólo del éxito del proceso de recapitalización, sino también de que las entidades sean capaces de sanear intensamente los balances bajo un esfuerzo de transparencia. Son condiciones imprescindibles para mejorar el actual déficit de credibilidad internacional y demostrar la solidez que esperan los mercados y las instituciones. La reforma del sistema financiero llega tres años tarde. Ahora pagamos la negligencia del Gobierno y la coyuntura nos obliga a un esfuerzo mayor. No crecemos porque el crédito no fluye, y no lo hará hasta que las entidades no superen la etapa actual.
La Razón - Editorial
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